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trabajo en negro: nuevo proyecto de ley para combatir la precarización A contrapelo de un paro nacional que reclamaba mayores beneficios para una minoría privilegiada de los trabajadores, la presidenta anunció un proyecto de Ley para combatir el flagelo que sufre uno de cada tres trabajadores. El principal objetivo del proyecto de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, es regularizar la situación de 300.000 trabajadores precarizados en el plazo de un año, y de 650.000 en dos años.

22.04.14

El crecimiento del empleo registrado y la baja del no registrado ha sido una constante desde 2003 a la fecha.

Mientras que el trabajo en negro pasó de 49,6% en 2003 a 33,5% en 2013, el empleo registrado subió del 37% en 2003 al 50% en 2013. En América Latina, el promedio de empleo en negro es del 50%, mientras que en algunos países como Bolivia, llega al 70%. El eje del nuevo proyecto es justamente atacar el núcleo duro del empleo en negro, con un nuevo régimen de reducciones en las contribuciones patronales de microempresas y con mayores poderes de fiscalización e inspección para el Estado Nacional. En su contenido, se plantean beneficios para que 290.000 microempresas -que no sean sociedades anónimaspuedan registrar a sus trabajadores, reduciendo sus costos laborales. Por ejemplo, las empresas con menos de 15 empleados recibirán un descuento del 100 por ciento en el pago de aportes por cada nuevo empleo que generen en un año. También se limitarán las cuotas que puedan cobrar las ART -Aseguradora de

Riesgos del Trabajo- en este sector. Por otra parte, se restringirá la entrada a este régimen por un tope de facturación, que según fuentes del Ministerio de Trabajo, llegaría a 1.800.000 pesos por año. También quedarán fuera, por un plazo de 12 meses, quienes despidan personal. Otro punto central es la creación de un Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, donde figurarán las empresas que violen la legislación laboral. Estas no podrán acceder a subsidios y créditos de bancos públicos ni a ser contratistas del Estado. Además, si reinciden, no podrán deducir los costos laborales del Impuesto a las Ganancias. Por último, el Ministerio de Trabajo podrá fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales en todo el país, retomando así las facultades que habían sido delegadas a las provincias. El objetivo es mejorar la capacidad de inspección del Estado Nacional, ante los posibles vínculos entre las patronales y los gobiernos provinciales. Mientras que el proyecto ya fue presentado en el Congreso, dirigentes de la CGT opositora como el Momo Venegas -quien conduce el sindicato con mayor nivel de empleo en negro- advirtieron que “el


06 trabajo en negro no tiene nada que ver con nuestros reclamos”.

trabajadoras de casas particulares:

contrato laboral para todos El Gobierno Nacional reglamentó el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, votado hace un año por el Congreso, que reemplaza un antiguo decreto sancionado por la autodenominada “Revolución Libertadora” que derrocó al gobierno constitucional del General Perón.

Esto permitirá la incorporación de más de un millón de trabajadoras a los regímenes de seguridad social, como ser cobertura por riesgos de trabajo y enfermedades laborales, obra social, jubilación, etc. Desde la votación de este régimen, más de 400 mil empleadas fueron registradas por sus empleadores.

Entre otros puntos sobresalientes del decreto reglamentario, se encuentra la obligación de que los empleadores contraten una ART sin importar la duración de la jornada laboral ni la cantidad de días trabajados en una semana. A su vez, las trabajadoras que se desempeñen 32 o más horas semanales para el mismo empleador, salvo que exijan el pago en efectivo, recibirán su salario en forma bancarizada a través de una cuenta sueldo. Por otra parte, se crea el Servicio de Conciliación Obligatoria, que garantizará la celeridad en la resolución de los conflictos individuales. Para llevar a cabo este trámite, ambas partes deberán contar con sus respectivos abogados. En caso de no llegar a un acuerdo, el trabajador podrá iniciar una acción ante el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Otro de los puntos centrales es la estipulación de una jornada de trabajo de ocho horas diarias o 48 semanales con un descanso de 35 horas corridas desde el sábado a las 13 horas. Esta determinación es decidida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, institución que también regulará las prestaciones -ropa, elementos de trabajo y alimentación- a cargo del empleador. También el Régimen establece que la contratación de menores de 18 años -permitida solo desde los 16 añosdeberá celebrarse por escrito con la autorización de padres o tutores y registrarse ante la autoridad del Ministerio de Trabajo. Este contrato no puede superar la jornada de seis horas diarias, ni ser cumplido en horario nocturno (desde las 20 a las 6 del día siguiente). Si la menor contratada no hubiese terminado los estudios obligatorios, el empleador deberá señalar en el contrato las obligaciones que asume para que los finalice. A su vez, el empleador deberá exigir cada 12 meses la presentación de un certificado que acredite

la aptitud física de la adolescente.

subejecución: macri ataca las políticas sociales de profundidad

Reasignaciones de partidas y subejecución son las formas que aplica el macrismo para vaciar y destruir las políticas sociales más progresivas de la ciudad, que afectan a los sectores más vulnerables. Según un informe de la Fábrica Porteña que analiza la ejecución presupuestaria de 2013, el Gobierno de la Ciudad busca vaciar programas de alto impacto social como el de Reintegración, Integración y Transformación de Villas del Instituto de la Vivienda, con una ejecución del 24,15% de su presupuesto. Otros ejemplos en este sentido son el del PROMUDEMI (Programa Municipal de Microempresas) que otorga créditos para cooperativas de trabajo a tasa cero, con una ejecución del 28,64%. La estrategia de vaciamiento paulatino busca en otros casos -de mayor visibilidad y con mayores niveles de resistencia- no vaciar completamente los programas pero sí disminuir su peso presupuestario y el efecto de sus políticas. Nos referimos, por ejemplo, a las actividades administrativas de las regiones sanitarias 1 y 4 –Comunas 1, 2, 3, 4, 12, 13 y 14- ejecutadas en un 62,23% y un 77,66% respectivamente- donde se reducen las capacidades y se reasigna su presupuesto a la publicidad oficial. Por otra parte, programas con presupuestos de


mayor magnitud son subejecutados con el objetivo de reasignar estas partidas y reducir su impacto. Es el caso del Mantenimiento de la Red Pluvial -destinado a disminuir el riesgo de inundaciones- que fue ejecutado en un 88,25%, lo que implica que 20 millones de pesos de su presupuesto fueron utilizados para eventos o publicidades. En el mismo sentido, fueron subejecutadas las partidas para Infraestructura y Equipamiento de hospitales -con una ejecución del 77,67% de sus 112 millones- y para Atención de la Salud Mental- con una ejecución del 79,9% de sus 106 millones.

Otro problema más profundo reside en que muchos programas subejecutados en sus objetivos físicos -a cuántas personas llegan- a causa de la falta de monitoreo y control, reciben cada año menos presupuesto, logrando su reducción a través de una estrategia de paulatino desguace. El informe hace referencia a programas como Atención a Niños y Niñas en situación de emergencia -debía alcanzar a 17.350 niños y llegó a 11.730-, y al de Atención a Niñez y Adolescencia Vulnerables- 1.948 niños de los 3.610 proyectados-. En la misma lógica, las Becas Estudiantiles del Ministerio de Educación solo alcanzaron a 7 mil de los 41 mil alumnos que buscaba cubrir el programa, un 17,65% de ejecución. La estrategia del Gobierno de la Ciudad es en primera instancia vaciar los programas que rechaza ideológicamente, mientras éstos tengan poca visibilidad, bajo presupuesto y una burocracia reducida. Cuando no se cumplen esas condiciones, les ejerce un desgaste evitando que cumplan sus metas -sin monitorearlos-, para al año siguiente reducir todavía más sus presupuestos con el argumento de que no cumplen sus logros. El presupuesto no ejecutado es destinado a publicidad, eventos y otras políticas que no benefician

a la población más vulnerable de la ciudad, desprotegida y librada a su propia suerte.

bolivia:

la lucha por una salida al mar Bolivia perdió su salida al mar en 1879 tras su derrota en la Guerra del Pacífico, lo que significó la pérdida de 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio a manos chilenas. Después de la guerra, se firmaron múltiples tratados en los que se establecía la posibilidad de que Bolivia accediera al mar a través de una “transferencia de territorios”. El actual reclamo del gobierno boliviano se basa en que tanto en la negociación de 1950 -durante el gobierno constitucional de Carlos Ibañez del Campo- como en la de 1976- con la dictadura de Pinochet-, Chile estuvo de acuerdo con ceder una salida soberana al mar a través de un canje territorial. También se basa en las resoluciones de la ONU que manifiestan interés por una solución para el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. En 2006, los gobiernos de Bachelet y Evo Morales firmaron una agenda de 13 puntos que incluía el reclamo por la salida al mar, pero que no llegó a resultado satisfactorio alguno. Según el propio presidente boliviano, en esa agenda se exploró la ruta de una posible salida al Pacífico.

A partir de la llegada al gobierno de Sebastián Piñera en Chile, las negociaciones se empantanaron. Fue por eso que el 24 de abril de 2013, Bolivia presentó una demanda en la Corte Internacional de Justicia en la Haya (CIJ). Su objetivo principal es que el tribunal obligue a Chile a sentarse a dialogar y disponga cuáles son


06 los plazos para la resolución del conflicto. Recientemente, el gobierno de Evo Morales presentó la memoria del mar como fundamentación de la demanda. A partir de esta presentación, el gobierno chileno tiene un plazo de 90 días para solicitar la incompetencia de la CIJ en el asunto. En caso de no realizar esa solicitud, tendrá tiempo hasta el 18 de febrero de 2015 para presentar su contramemoria, sosteniendo los argumentos que puedan invalidar la posición boliviana. El antecedente inmediato es el litigio entre Perú y Chile por la frontera marítima llevado ante el CIJ, que terminó con la resolución en enero de este año a favor de Perú, incorporando una porción de mar de 20.000 kilómetros cuadrados hasta ahora en manos chilenas. A su vez, en septiembre de 2013, la comisión de relaciones exteriores de Perú aprobó un convenio para ceder una salida al mar-no soberana- a Bolivia, hecho significativo de la integración entre países hermanos.

massa en brasil:

de su plataforma para llegar al gobierno en 2015 ante los poderosos industriales de San Pablo y ante dirigentes políticos como el ex presidente Cardoso. Acompañado por una delegación que incluía a José Ignacio de Mendiguren -ex dirigente de la UIA-, al diputado Felipe Solá y al economista Miguel Peirano, el programa económico de Massa dejó encantado al establishment brasileño: “Hizo sentir a todos los empresarios muy cómodos y esperanzados si él es la persona que los argentinos eligen para suceder a la presidenta”, afirmó Thomas Zanotto, director de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo. El ex intendente de Tigre prometió “previsibilidad y confianza” y habló del “tiempo de una nueva generación, sin los prejuicios del pasado”, frente a los industriales más poderosos del continente que pelean por la implementación de políticas de libremercado en toda la región. Estos empresarios, con inversiones en la Argentina-en compañías como Odebrecht, AmBev, Camargo Correa y Grupo Vicunha- reclamaron contra las restricciones del gobierno argentino para realizar transferencias de utilidades a las casas centrales de las empresas.

Según ellos, el Mercosur no tiene sentido si existen “trabas comerciales”, como denominan a las políticas de defensa de la industria nacional.

en busca de una alianza contra la patria grande

Si bien las declaraciones de Massa no salieron de definiciones conceptuales, sí se refirió a un futuro trabajo en conjunto con Brasil en áreas como “la matriz energética, las telecomunicaciones y las inversiones”.

A pesar de haber sido elegido como diputado, el líder del Frente Renovador sigue recorriendo el mundo como si su trabajo legislativo fuera menos importante que su campaña presidencial. En este caso, la escala fue Brasil, donde presentó las líneas generales

Así también habló de políticas regionales, destacando la necesidad de potenciar el Mercosur y de formar un bloque único

-rompiendo la idea de la Patria Grande- entre Brasil y Argentina. Finalmente, en su encuentro con el ex presidente Cardoso, fue invitado a un seminario sobre América Latina que contará con la presencia de algunos ex presidentes (Lagos de Chile y Uribe de Colombia) y candidatos presidenciales de la derecha como Henrique Capriles de Venezuela y Aecio Neves de Brasil.

unen:

con el apoyo del ex presidente de la rúa, se rearma la alianza Mientras no descartan una posible alianza con el macrismo, los dirigentes de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica-ARI, el Partido Socialista y Proyecto Sur se disponen a reeditar la vieja fórmula de la ALIANZA que dejó al país en la peor crisis económica, social y política de toda su historia. Quien fuera su principal dirigente y presidente del país hasta el estallido de diciembre de 2001, Fernando de la Rúa, mostró su apoyo a la nueva alianza: “seguirá una línea de acción útil, práctica, con clara definición de las políticas de Estado”, y afirmó que el radicalismo logrará una gran actuación: “si sigue manteniendo una línea clara de oposición al gobierno”. Es que si bien los dirigentes no son los mismos, el objetivo sí lo es: derrotar al oficialismo con un rejunte de partidos. Para ello se valen de un programa que intenta captar el voto antikirchnerista de centroderecha, montándose sobre un halo de “progresismo” que seduce a una parte de las clases medias urbanas. Ese fue el disfraz que usaron durante las elecciones legislativas de 2013, y que les permitió obtener el


segundo puesto a nivel nacional -con algo más del 21% de los votos- y en la Ciudad de Buenos Aires -con el 32,23% de los sufragios. El llamado “Frente Amplio Unen” presenta sus precandidatos presidenciales para 2015 de cara a las PASO que se realizarán en agosto de 2015. Algunos de sus dirigentes, como Cobos y Aguad, confirmaron que la nueva alianza podría ser aliada del PRO en caso de que la próxima elección presidencial llegará a una segunda vuelta.

ucrania: un acuerdo que no afloja las tensiones

Hace solo algunas semanas, y tras la anexión rusa de Crimea, comenzaron a darse levantamientos armados prorusos en el este y sur de Ucrania que terminaron en la toma de edificios públicos y con la deserción de una parte del ejército ucraniano. Ante esta situación, el gobierno ucraniano movilizó efectivos militares contra los sublevados, y endureció las penas para quienes cometieran delitos de separatismo. En paralelo, el presidente ruso Putin denunció que esas tropas estaban integradas por sectores ultranacionalistas, por lo que se reservaba el derecho de intervenir militarmente si se veía seriamente amenazada la población rusoparlante. Por su parte, las tropas ucranianas no lograron restablecer el orden en las regiones sublevadas y hasta fueron atacadas por la población civil. Es así que Ucrania, con elecciones presidenciales pautadas para el 25 de mayo, camina

al filo de una guerra civil que amenaza con generar una escalada entre Rusia y la OTAN. Ante esta situación, los cancilleres de Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y el gobierno interino de Ucrania se reunieron en Ginebra y llegaron a un acuerdo para pacificar la zona. Mientras que Rusia se comprometió a cooperar para el desarme de los grupos sublevados y el desalojo de los edificios públicos tomados, el gobierno ucraniano garantizó una amnistía para quienes hayan participado del levantamiento, y una futura reforma constitucional que permita mayor autonomía para las regiones y un estatuto especial para la lengua rusa. Por otra parte, se acordó el envío de una misión de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que permita supervisar la implementación de las medidas acordadas. Para Rusia la negociación ha sido exitosa, puesto que logró excluir cualquier mención a Crimea en el acuerdo, a pesar de que Estados Unidos no reconoce su anexión. Por otra parte, logró que Ucrania se comprometa a reformar la constitución para reconocer a las comunidades rusoparlantes del este y sur del país. Es que la principal demanda de los sublevados es la ilegitimidad del gobierno interino por integrar en su seno a sectores ultranacionalistas que niegan la pertenencia de las comunidades rusoparlantes a la nación ucraniana.

La coincidencia de intereses entre los sublevados y el gobierno ruso se da por las relaciones económicas que este último mantiene con el este de Ucrania -por donde pasa una parte del gas ruso que importa Europa-, por lo que apoya el reclamo de

una autonomía muy amplia-tanto política como presupuestaria y fiscal- para esas regiones. En ese sentido, Putin instó a que los países de occidente financien el déficit presupuestario de Ucrania para que el país pueda pagar la deuda de 2.200 millones de dólares que mantiene con la compañía rusa Gazprom. Por su parte, Estados Unidos no logró que Rusia se comprometa a retirar sus tropas de la zona fronteriza con Ucrania -unos 40.000 efectivos- ni que se reviera la anexión de Crimea. Su posición consiste en mantener las sanciones a funcionarios rusos, mientras moviliza sus tropas en Polonia y amenaza con castigos económicos más profundos.

Hacia el futuro, el mayor problema consiste en que los sublevados prorusos no reconocen el acuerdo, y afirman que no abandonaran los edificios públicos tomados hasta que no renuncie el actual gobierno ucraniano. En tanto, este gobierno prohibió el acceso a su territorio a los hombres rusos de 16 a 60 años de edad, y a los ucranianos con domicilio en Crimea, justificándose en la “operación antiterrorista” para terminar con los levantamientos. Su estrategia consiste en esperar a que los sublevados acepten la oferta de amnistía y desalojen los edificios ocupados, caso contrario amenazan con acciones militares.


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fábricas recuperadas: el bauen en peligro de desalojo

El Hotel Bauen, construido para el Mundial de 1978 con fondos estatales “cedidos” por la dictadura a un empresario aliado, fue una de las 2.000 empresas que se declararon en quiebra durante la crisis del 2001. Ante la desidia empresarial, los trabajadores decidieron convertirlo en una cooperativa de trabajo en 2003, recuperando los 130 puestos de trabajo que había destruido la patronal. El día en que se cumplían 11 años de una exitosa y ejemplar gestión obrera, llegó una orden de desalojo para restituir el hotel a los mismos patrones que lo habían vaciado y destruido. El plazo vence en menos de dos semanas, por lo que los trabajadores solicitan la inmediata intervención del Estado Nacional.

Como el BAUEN se construyó con créditos de la banca pública que nunca fueron devueltos por la patronal, los cooperativistas exigen que el Estado se posicione como acreedor principal y tome posesión de su patrimonio.

Estos argumentos surgen de una demanda judicial iniciada por la empresa contra el Estado, por una supuesta demora en el desembolso de los préstamos con los que se construyó el hotel. En 2007, la justicia estableció que el grupo empresario Lurkovich le debía al Estado 8 millones de pesos, actualizados a 20 millones en 2012, según cálculos de los trabajadores. Esa sentencia fue apelada y se encuentra actualmente en la Corte Suprema, tribunal que todavía demora una resolución necesariamente urgente. Por otra parte, durante los últimos seis años los trabajadores presentaron distintos Proyectos de Ley en el Congreso Nacional para lograr la expropiación definitiva del inmueble. Al no avanzar en el Poder Legislativo, esperan que el Estado se erija como dueño del inmueble, para así negociar un futuro alquiler o compra del hotel sin la ex patronal de por medio. Mientras tanto, el cinismo de los antiguos dueños parece no tener límites: la empresa MERCOTELES afirmó que no hará despidos si llega a hacerse cargo del hotel, y que destinará una fuerte inversión para “recuperar las instalaciones”.

Los mismos que cerraron el hotel en 2001 porque “daba pérdidas”, afirman ahora que van a invertir para recuperarlo, después de que durante 11 años los trabajadores invirtieran más de dos millones y medio de dólares, manteniendo las fuentes de trabajo y el funcionamiento del hotel.


motochorros:

medidas mediáticas que ya fracasaron en otros países A pesar de que solo el 26% de los robos en la Provincia de Buenos Aires -el 6% en Capital Federal- se llevan a cabo por los llamados “motochorros”, la Emergencia en Seguridad dictada por el gobierno bonaerense busca estigmatizar a los motociclistas como posibles delincuentes. En esa línea se aprobó una nueva normativa que obliga a que los acompañantes que viajan en moto tengan la obligación de llevar casco y chalecos reflectantes, en los cuales figure la patente del vehículo. Asimismo, los trabajadores que realizan deliverys y mensajería deberán cumplir con los mismos requisitos, aunque viajen sin acompañante. Para quienes no cumplan con las medidas, se prevé desde retiro del vehículo o de la licencia, hasta multas de entre 500 y 5 mil pesos. Copiando una política llevada a cabo en Colombia, que lleva ocho años de implementación sin haber logrado bajar los niveles de inseguridad, se busca responder a la demanda de medidas efectistas de corto plazo. Sus debilidades salen a la luz estudiando las deficiencias del caso colombiano.

Por un lado, en Colombia los delincuentes usan los chalecos

y cascos para salir a robar sin llamar la atención, por lo que muchas veces no son parados en los controles. Por otra parte, usan motos robadas, chalecos y cascos con números falsos, que solo sirven para despistar a las autoridades. A esto se suma que la medida generó un negocio escandaloso para quienes fabrican los chalecos. En nuestro país, un estudio realizado por la Asociación “Motociudadanos” demuestra que el término “motochorro” fue creado por Clarín en 2007, en paralelo con la campaña de Macri a jefe de gobierno, en la que su eje principal era la inseguridad. Después de la victoria macrista, el término desapareció de los medios hasta el lanzamiento de la candidatura de Francisco De Narvaez como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, un nuevo abanderado de la mano dura. Nuevamente los motochorros desaparecieron de los medios hasta que en abril de 2010 el macrismo, con su jefe de gobierno procesado por escuchas ilegales, decidió enviar un proyecto similar al del gobierno bonaerense para ser aprobado en la Legislatura Porteña. Solo en junio, julio y agosto de 2010, el diario Clarín publicó 86 artículos a favor del proyecto, que terminó fracasando. En los últimos años, los motochorros volvieron a ser parte de los titulares cotidianos de los grandes multimedios, que los ubicaron como el “enemigo número uno” para combatir la inseguridad. Desde la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios denunciaron la discriminación que genera esta decisión, y afirmaron: “es inaceptable que se tomen medidas sin ningún tipo de análisis, solo con fines mediáticos y totalmente alejadas de la realidad que vivimos como sociedad”.

progresar: el frente renovador pide derogarlo y reinstaurar el servicio militar obligatorio El intendente de Malvinas Argentinas y militante del Frente Renovador Jesús Cariglino, atacó el programa PROGRESAR por “darle plata a los chicos para que estén de gira”, y solicitó la restauración del Servicio Militar Obligatorio. A pesar de que este programa otorga un incentivo de 600 pesos por mes para que jóvenes de entre 18 y 24 años puedan terminar sus estudios, y teniendo en cuenta que para cobrarlo se deben presentar los certificados de estudio y salud; el intendente massista afirmó que: “Quedan solos en la casa, empiezan a tomar “birra”, y quizás, después a robar un teléfono”. A la estigmatización de los jóvenes como “posibles delincuentes”, Cariglino le sumó la idea de restablecer el Servicio Militar Obligatorio, derogado en 1994 tras el asesinato del conscripto Omar Carrasco, con la difusa idea de que la juventud pueda “cursar sus estudios”. A contrapelo de estas declaraciones, el programa -con una inversión de 3.015 millones de pesos del Estado Nacional- tiene por objeto generar oportunidades de inclusión social y laboral a través de un incentivo que permita que los jóvenes terminen sus estudios y se capaciten en ambientes de trabajo. La prestación de 600 pesos está destinada a jóvenes cuyos grupos familiares o ellos mismos estén desocupados o que tengan un ingreso menor al Salario Mínimo Vital y Móvil.


06 A poco más de dos meses de su lanzamiento, el Programa cuenta con 861.280 inscriptos de los cuales 278.335 ya comenzaron a cobrar la primera ayuda económica. De ese total de beneficiarios, unos 200.220 viven en la Provincia de Buenos Aires. Mientras que el 45% de los inscriptos quieren terminar sus estudios secundarios, un 26% cursa el nivel universitario, un 24% el terciario y oficios, y solo un 5% la primaria.

peronista, una mortalidad de 130 a 36 por cada cien mil habitantes. En ese contexto, se proyectó y se comenzó a construir lo que iba a ser el mayor hospital de Latinoamérica especializado en la atención de esa y otras enfermedades infecciosas. La autodenominada “Revolución Libertadora”, que derrocó al gobierno constitucional del General Perón, abandonó el proyecto, dejando una enorme construcción sin terminar. En la actualidad, tras décadas de abandono y de falta de políticas de vivienda, habitan en el edificio unas 98 familias en condiciones de precariedad extremas.

Por otra parte, la nueva reasignación de subsidios para el consumo de gas y agua permitirá mejorar las partidas que financian este programa y la Asignación Universal por Hijo. Según el comportamiento de los usuarios, la reducción de subsidios podría significar un ahorro de 8.000 millones de pesos para destinarse en ambos programas, lo que llevaría a un aumento del 20% en cada prestación.

Sin acceso al agua potable ni al sistema cloacal, y en una estructura edilicia visiblemente desgastada, los vecinos viven arriba de un basural que ocupa los cuatro subsuelos, donde se acumulan montañas de basura, roedores y enfermedades que nunca fueron saneadas por el gobierno porteño. Como resultado de esa situación, los estudios epidemiológicos demostraron que son comunes las afecciones en la piel, respiratorias e infecciosas entre los habitantes del edificio.

zona sur:

Tras las denuncias de la Junta Vecinal, la Jueza Elena Liberatori dictó en noviembre de 2013 una resolución por la cual ordenó al gobierno de la ciudad que procediera en forma urgente a la limpieza del basural y de los tanques de agua, además de la fumigación y desratización en forma periódica. En la misma resolución se establecía que el ejecutivo porteño debía hacerse cargo de la provisión de agua potable. A pesar de ello, el gobierno macrista solo cumplió con la fumigación y la limpieza de los tanques, siendo que, según sus funcionarios, la limpieza del basural y la construcción de un desagüe se encuentran en licitación.

falta de obras para las 120 familias que habitan el elefante blanco Los primeros gobiernos peronistas de 1946 y 1952 llevaron a cabo una política de salud apuntada a mejorar la calidad de vida de los sectores populares. Esto incluía la lucha contra la tuberculosis, una enfermedad que pasó de tener, en el transcurso del gobierno

Más allá de estas medidas necesarias, la solución habitacional parece estar ausente de las políticas de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo testimoniaba una vecina del lugar: “Nosotros creemos que está bien que realicen el saneamiento, pero lo que pedimos es una vivienda digna, y no buscamos que nos regalen nada ya que estamos dispuestos a pagar, pero queremos salir de acá porque nuestros hijos están enfermos”.


La Gaceta del Patriota Nº6