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la gaceta del patriota Suscribite a la gaceta enviando un mail a info@cafedelospatriotas.com.ar Diseño e impresión. Coop. Gráfica del Pueblo

justicia social aumentan 40% las asignaciones universales y 35% las familiares

Mientras la oposición y sus economistas siguen exigiendo un ajuste en las cuentas públicas, la Presidenta de la Nación anunció un nuevo incremento para la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares, por embarazo y por discapacidad. La actualización de la AUH, muy por encima de cualquier pronóstico sobre inflación, demuestra que el objetivo de estas políticas sociales sigue siendo el mismo: redistribución, crecimiento económico e inclusión social. Frente a la última devaluación y los aumentos de precios, el gobierno nacional plantea el sostenimiento del poder adquisitivo de los sectores más humildes a

20.05.14

través de un fuerte apuntalamiento en la redistribución del ingreso, como lo viene haciendo desde la asunción de Néstor Kirchner.

Es así que en la actualidad, los 4 millones de argentinos más pobres perciben el 44% de sus ingresos a través de la ANSES, mientras que en 2003 solo recibían un 14%. Por su parte, los 4 millones más ricos reciben solo el 8% de sus ingresos por ANSES, mientras que en 2003 recibían el 11%. En ese sentido, un reciente estudio de la CEPAL sostiene que en América Latina la desigualdad se reduce entre un 2% y un 14% con intervenciones estatales como la AUH. Nuestro país figura en el segundo puesto de esta medición con un 12% de reducción de la desigualdad por políticas sociales. Observando las actualizaciones de todas las asignaciones podremos notar cómo la impronta de las mismas sigue siendo direccionar mayores recursos hacia los sectores más desprotegidos.

En el caso de la AUH, el aumento es de 40% (de 460 a 664 pesos) y alcanza a 3.414.759 niños y niñas, 82.531 mujeres embarazadas y un total de 1.887.920 familias. En cuanto a las asignaciones familiares, los trabajadores que perciban hasta 5.300 pesos cobrarán el mismo porcentaje de aumento -40%- que alcanzará a 1.833.379 niños y 1.025.489 familias. Por su parte, quienes cobren hasta 6.600 pesos tendrán un aumento del 35%, y quienes cobren hasta 15.000 cobrarán con un 20% de aumento. Los que superen esa cifra recibirán deducciones al impuesto a las ganancias por cada hijo, por lo que también se verán beneficiados. Nada de esto podría haberse realizado sin la recuperación del sistema previsional por parte del Estado, siendo que las AFJP utilizaban los aportes de los trabajadores para hacer negocios privados, comprar acciones y básicamente favorecer a las empresas “amigas”. Basta con observar que en estos últimos seis años se ahorraron 34.460 millones de pesos -6.733 millones de dólares- en comisiones que se pagaban a los ejecutivos de las AFJP. Esta situación no fue denunciada por los medios, que ahora dicen que el gobierno despilfarra “la plata de los jubilados” para poner a estos en contra de quienes perciben la AUH.


10 Son los mismos medios hegemónicos que ocultan que, a pesar de que el 77,7% de la inversión social que realiza la ANSES se destina a jubilaciones y pensiones, los aportes y contribuciones de los trabajadores solo representan el 60% del total recaudado por este organismo. Para llegar a ese nivel de inversión se requieren otros impuestos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias. Este último representa el 17% de los ingresos de la ANSES, y su abolición es uno de los caballitos de batalla de la aristocracia obrera que representa Moyano -el 1,7% de los trabajadores- pero también del establishment que lo paga asiduamente. Como lo demuestran los números, si el impuesto a las ganancias fuera abolido, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se verían seriamente dañadas. Por otra parte, a pesar de que algunos dirigentes opositores como Carrió, Sanz y Del Sel, afirman que las madres pobres se dedican a tener hijos para cobrar más asignaciones y que los jóvenes utilizan ese ingreso para comprar drogas, las investigaciones demuestran todo lo contrario. Roxana Mazzola, especialista en el tema afirma que esos ingresos: “en su mayoría los administran las mujeres en busca de útiles o materiales para el colegio, vestimenta y para poder incorporar alimentos en una dieta un poco más rica: con verduras, carne, o mejorar la calidad del producto”. Por lo tanto, la AUH es en ese sentido uno de los programas estatales que más apuesta al desarrollo del mercado interno con inclusión, lo que también beneficia a comerciantes e industriales, que ven elevadas sus ventas por la mayor demanda. Pero por sobre todas las cosas, la AUH ha servido para mejorar los niveles educativos y de salud en millones de niños. Es que para el cobro total se precisan los certificados de escolaridad y de salud. Un 20% de la

AUH se retiene todos los meses, para ser cobrado una vez al año cuando se corroboran que los chicos se realizaron todos los controles de salud y finalizaron el año educativo correspondiente. El impacto de estos requisitos puede verse reflejado en el aumento del 25% de la matrícula escolar desde la creación de la AUH en 2009 y también en la multiplicación de las vacunas aplicadas.

subtes la linea h llegará hasta recoleta, pero no a la villa 31

Antes de terminar su mandato, Mauricio Macri planea terminar tres nuevas estaciones de subtes de la línea H. Si bien la legislatura votó en julio del año pasado que esa línea tendrá una estación en la Villa 31 -llamada Padre Mugica-, el macrismo planea completar solamente las estaciones Córdoba, Santa Fe y Las Heras en el barrio de Recoleta. Por otra parte, el macrismo cumple un año de gestión de la red de subtes -después del traspaso por parte del gobierno nacional- con el pago de $1.765.281 en concepto de multas por casi mil faltas cometidas en la prestación del servicio y el mantenimiento de las estaciones. Entre las faltas graves cometidas se encuentran fallas en los frenos de las formaciones que trasladan a miles de usuarios por día.

A esta deficiente gestión parece no importarle que la Villa 31 esté desconectada del tejido urbano, que solo un ramal de la línea 100 ingrese allí y que muchos de sus

35.000 habitantes deban caminar hasta 20 cuadras para tomarlo. Tampoco le importa que la legislatura haya sancionado en 2009 la Ley de Urbanización del Polígono Villas 31 y 31 bis, para la cual ya existe un proyecto y un presupuesto que no se aplica a causa de que el ejecutivo no la reglamenta. A pesar de esta decisión de corto plazo, el PRO planea –a partir de su voto afirmativo en la votación que posibilita que el subte llegue a la villa- una estrategia alternativa en el caso de mantenerse en el poder tras las elecciones de 2015. Esta consistiría en combinar un jugoso negocio inmobiliario con las tierras donde se construiría la estación, y la expulsión paulatina de los habitantes de la villa. Es que la llegada del subte elevará el valor de esos terrenos, para que luego el macrismo se los entregue a empresas del sector inmobiliario. La ideóloga de esta estrategia es la propia legisladora Gabriela Michetti, quien afirmó en el programa de Mirtha Legrand que:

“el sector inmobiliario compra esos lugares de la Villa 31 y la gente puede comprarse con ese dinero una casa en la ciudad o cualquier otro lugar. Y ese lugar puede integrarse al puerto o ser un sector de barrios para clase media”. La idea de erradicar la villa dio su primer paso cuando en septiembre del año pasado, los bloques del PRO, la Coalición Cívica y Proyecto Sur aprobaron un proyecto para exigirle al gobierno nacional que transfiera las tierras de la 31 a la Ciudad.

america latina el imperialismo y la alianza del pacifico

La Alianza del Pacífico (AP) es un bloque comercial conformado por Chile, Colombia, México y Perú. Surgido en 2011, en el mismo momento en que el MERCOSUR se ampliaba por primera vez integrando a Venezuela, este bloque permitió unificar a los gobiernos de signo neoliberal bajo la egida de los Estados Unidos frente al creciente poder de otros organismos como UNASUR, ALBA y CELAC. En el documento fundacional los países miembros señalan la necesidad de: “avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes de servicio, capitales y personas”. Es que el concepto principal de la AP es la desprotección de las industrias nacionales -a veces cuasi inexistentes entre sus miembros- , la desregulación estatal en sectores estratégicos y la consiguiente liberalización de las fronteras económicas, para lo que ahora denominan “economías abiertas”. La mega especialización exportadora de sus países -basada en los designios de las trasnacionales- no les permite tener posibilidades de complementariedad, por lo que el único sentido de la alianza es liberar todo lo que se pueda para aumentar el comercio y continuar la situación de dependencia que impide su pleno desarrollo.

Como continuación del frustrado ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), Estados Unidos ve en la AP la concreción de aquel proyecto en forma parcial, con una novedosa imagen aparentemente “latinoamericanista” e “independiente”. Entre otras medidas, ya tomadas en este sentido, podemos ver cómo se redujeron al 100% las tarifas aduaneras entre los países miembros a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y con Estados Unidos, la Unión Europea y otros países asiáticos. Mientras que Chile firmó 13 TLC, Perú firmó diez, México seis y Colombia cinco. El slogan de los acuerdos de la alianza podría resumirse en: “aperturismo y desregulación con países proteccionistas”. La AP ha sumado a Estados Unidos como “país observador”, un eufemismo que parece aclarar el interés político y económico del país del norte.

Esto fue denunciado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien afirmó: “Quiero decirles que EE.UU está dividiendo la UNASUR. Los países que conforman la Alianza del Pacífico son parte de una conspiración que viene desde el norte para dividir y que UNASUR no avance hacia la liberación definitiva”. Asimismo, Rafael Correa, presidente de Ecuador, reforzó esta lectura: “esta alianza no concibe la integración como crear una gran sociedad de ciudadanos de la región, sino crear un gran mercado, crear consumidores”. En el mapamundi, la estrategia de Estados Unidos es vulnerar la creciente influencia de China en Latino-


10 américa a través de la reedición de los TLC. Es que el gigante asiático comienza a ocupar un rol cada vez más importante en cuanto a niveles de inversión -sobre todo para minería, energía e infraestructuray en cuanto a financiamiento, llegando en algunos casos a romper con la hegemonía del FMI como forma principal de capitalización para la región. La estrategia de la AP es seguir sumando miembros y quitarle poder al MERCOSUR, como lo demostraron las recientes declaraciones del ministro de relaciones exteriores de Chile, al afirmar que planean invitar a Brasil a formar parte de la alianza. En la misma línea fueron las declaraciones del vicepresidente uruguayo, Danilo Astori, quien afirmó que su país aspira a convertirse en miembro pleno. Esto generó ya varios cortocircuitos al interior del MERCOSUR, cuando Uruguay denunció la “inacción” de este organismo y Brasil respondió afirmando que este país no puede negociar su ingreso a la AP separado de sus actuales socios. El verdadero choque de intereses tiene su origen en los distintos objetivos que persiguen actualmente la AP y el MERCOSUR. Mientras que el primero aspira a liberalizar completamente las fronteras aduaneras, el segundo -a pesar de su origen liberal- tiene como objetivo convertirse en una unión aduanera, la cual consiste en que todos sus integrantes impongan las mismas tarifas a los productos importados desde otros países ajenos al MERCOSUR. Otra diferencia importante es que mientras que la UNASUR y el MERCOSUR buscan una integración entre pueblos, a través de sus organizaciones sociales -como pudo observarse en la Cumbre Social del último organismo-, la AP creó un Consejo Empresarial que se dedica a “asesorar” a los gobiernos en sus políticas económicas de integración. Por otra parte, con la reciente llegada al gobierno de Chile de la presidenta Michelle Bachelet, la UNASUR esperaba que este cambio de signo político posibilitara un debilitamiento de la AP. Sin embargo, la definición del nuevo gobierno es otra: “nosotros

vamos a continuar actuando en la Alianza del Pacífico en la medida en que no se transforme en un bloque político-ideológico”. Con esa conceptualización, Chile pretende estabilizar una alianza entre pacífico y atlántico: “Este no es un bloque de los librecambistas y eficientes, versus los estatistas ineficientes. Tenemos que tener respeto a los países del Atlántico, y buscar convergencia en la diversidad”. En ese sentido, la reciente visita de Bachelet a nuestro país y su posterior encuentro con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, demuestran la intención de Chile de mantenerse en la UNASUR y en la AP, y potenciar la relación entre ambos organismos.

adicciones

ley de atención obligatoria para las obras sociales y prepagas A partir de la sanción de la ley que establece el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, las obras sociales y prepagas se encuentran obligadas a prestar cobertura para el tratamiento de todo tipo de adicciones -drogas, alcohol, tabaco, entre otras- para sus afiliados. La inclusión de estos tratamientos en el Programa Médico Obligatorio también obliga a los establecimientos de salud pública a brindar gratuitamente las prestaciones. En principio, la ley deja de hablar de “adicciones” para referirse a consumos problemáticos, donde se incorporan las nuevas tecnologías, la alimentación y los

juegos de azar. Esto permite romper con la vieja idea de que las adicciones estaban relacionadas solamente con el abuso de sustancias legales (psicofármacos) o ilegales (marihuana, cocaína, etc.

El ejemplo más ilustrativo es el de una persona que consume alcohol y maneja, provocando un accidente. No necesariamente sea un adicto al alcohol, y sin embargo realiza un consumo problemático para su salud y la del resto de la sociedad. En ese sentido, los tres objetivos fundamentales de esta norma son la prevención, la asistencia y la integración, opuestos a la vieja lógica represiva que instaló Estados Unidos. Por una parte, y en paralelo con la política del SEDRONAR -la autoridad de aplicación de esta nueva ley-, se ordena la creación de Centros Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos, especialmente en las zonas de “mayor vulnerabilidad social”. Por otra, se priorizan los tratamientos ambulatorios, dejando a la internación como un recurso extremo, en casos donde pueda aportar mayores beneficios que las intervenciones en el ámbito familiar o social de los pacientes. Por último, el nuevo Plan establece la integración social a través del trabajo, ordenando al Estado la inclusión de quienes sufran estas problemáticas en contextos de pobreza, en dispositivos especiales para el desarrollo laboral y educativo. Expertos en la materia destacan la importancia de que las obras sociales incorporen este tipo de cobertura tomando en cuenta la situación actual de los pacientes: “Después de tomar la compleja decisión de buscar ayuda en un centro especializado, después de elaborar un presupuesto a la medida de sus necesida-

des terapéuticas, el paciente comienza a deambular por las obras sociales para ver quién puede colaborar en su tratamiento. Con mucha suerte consiguen cobertura en la parte farmacológica, en el supuesto caso que necesite medicación, pero no mucho más que eso”. En ese sentido, la ley plantea un esquema en el que se comenzará a trabajar junto a las ONGs que realizan tratamientos en el área, para poder contar con su larga experiencia en la materia y coordinar todo lo que sea necesario.

Bossio afirmó que para 2016 no existirán más juicios de este tipo.

A pesar de que la ANSES viene pagando las sentencias -este año se pagarán 50.000-, todavía quedan unas 338.417 demandas en trámite -sin sentencia, o apeladas por este organismo estatal- que representan al 4,8% del total de jubilados y pensionados. Con la excusa de un virtual colapso de la Cámara de Seguridad Social que lleva adelante estas causas, la Corte decidió que las apelaciones puedan ser resueltas por las cámaras federales de las provincias, organismos no especializados en la materia. El objetivo de los supremos es “agilizar” el supuesto retraso en el pago de reajustes por parte de la ANSES.

petróleo

En la misma acordada, la Corte también intimó al Poder Ejecutivo para que le ordene a este organismo “acatar” los fallos y dejar de lado las apelaciones. Sin embargo, el problema se plantea en torno a casos que presentan situaciones muy disímiles entre sí, y que para la ANSES no pueden generalizarse. A contrapelo de esta posición, su titular afirmó que el organismo paga cada vez más sentencias, y exhibió los datos que confirman esta afirmación: mientras que en 2011 se pagaron unas 17.992, en 2013 fueron 39.448 (un aumento del 119%). En el mismo sentido,

Por su parte, funcionarios del mismo Poder Judicial advirtieron que la decisión de la Corte vulnera el principio de especialización del fuero y daña su autonomía, lo que no ayudará a que los jubilados cobren las sentencias con mayor asiduidad.

galuccio propone unir las petroleras estatales de latinoamérica En el marco del IV Congreso Internacional de Gas y Petróleo, realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; el presidente de YPF propuso la conformación de un bloque que integre a las empresas petroleras nacionales de la región. Tomando como eje el tremendo potencial político y económico que tendría la integración energética latinoamericana, Galuccio argumentó su propuesta retomando algunas de las ideas expuestas por Evo Morales en el discurso inaugural:

“Si tener el dominio de la energía es poder político; agruparse y encontrar sinergias es todavía tener más poder. En los países de la región tenemos importantes empresas nacionales con experiencias y fortalezas que podemos compartir para el crecimiento energético de la región y llegar a conformar un G-10 de la energía”. La historia indica que América Latina tuvo intentos por lograr la integración energética durante la segunda mitad del siglo XX. En 1959 se fundó la CIEN -Comisión Interamericana de Energía Nuclear- dependiente de la OEA. Unos años después, en 1965, se creó la ARPEL –Asistencia Recíproca Petrolera Estatal Latinoamericana- que en los 90, con las privatizaciones de por medio, se convertiría en “Asistencia Recíproca Petrolera Empresarial Latinoamericana”. Sin embargo, la idea originaria de ARPEL tenía como objetivo defender y fomentar los intereses de la región, además de propiciar el desarrollo de la industria petrolera por medio de acciones estratégicas en común. En ese sentido, el presidente de YPF destacó la actual integración llevada a cabo por los gasoductos que cruzan países y las centrales eléctricas operadas de forma conjunta entre otras formas de intercambio energético. A su vez, recalcó el estudio y la exploración llevada a cabo en conjunto entre las YPF boliviana y argentina para evaluar el potencial hidrocarburífero


10 del país hermano. En los últimos años, América Latina ha sido la gran sorpresa del mercado petrolero mundial. Mientras el aumento de las reservas a nivel mundial ha sido del 20%, entre 2009 y 2011, en Latinoamérica fue del 40%. Por otra parte, nuestro continente produce más de 8.192.950 de barriles de petróleos diarios, cifra cercana a la del primer productor mundial, Arabia Saudí que produce 10.520.000. En caso de concretarse la propuesta, el G-10 quedaría conformado por las empresas PEMEX (México), Ecopetrol (Colombia), Petroamazonas (Ecuador), Petroperú, Enap (Chile), PDVSA (Venezuela), Petrobras (Brasil), YPFB (Bolivia), YPF y ANCAP (Uruguay).

economía

retenciones, fondo federal solidario y obra pública en las provincias Como venimos afirmando en esta gaceta, las retenciones -o derechos de exportación- forman parte de un esquema impositivo que permite desvincular los precios internos y externos, y al mismo tiempo sostener crecientes ingresos para que el Estado invierta en el desarrollo del país. Uno de los mejores ejemplos para graficar este sistema es el que nos brinda el Fondo Federal Solidario (FFS).

Desde su promulgación en 2009,

el 30% de las retenciones a la soja -en todas sus variedades y derivados- se destinan al FFS para financiar obras públicas en las provincias que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales. El gobierno nacional distribuye ese fondo entre las provincias de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Las más beneficiadas son Buenos Aires (19,93%), Santa Fe (9,28%) y Córdoba (9,22%). A su vez, las provincias deben destinar no menos de un 30% del total recibido a los municipios. En el primer cuatrimestre del año, las provincias recibieron 4.932 millones de pesos a través del FFS, 77,5% más que en 2013 como consecuencia de la liquidación record de divisas por parte de las agroexportadoras. Aún si se descuenta el efecto de la devaluación, las provincias recibieron 626 millones de dólares, un 15,2 % más que en 2013. Para dar un ejemplo del impacto del FFS en las provincias observemos el caso de Córdoba. El presupuesto provincial 2014 estipula que invertirá 3.824 millones de pesos para inversiones públicas, por lo que los 827 millones recibidos en 2013 a través del FFS representan el 21% de los fondos disponibles para esas obras. A contrapelo de estos datos, economistas y dirigentes de la UCR, PRO y Frente Renovador prometieron a los directivos de la Sociedad Rural que si llegan a ser gobierno en 2015, su primera medida sería: “eliminar las retenciones”. A pesar de que repiten esta idea cada vez que pueden, no dan explicaciones sobre el impacto que esto generaría en las provincias, y por sobre todo en los municipios de todo el país que perderían un ingreso vital para sus presupuestos.

ciudad

En ese sentido, el proyecto propone reformar la Ley de Ministerios para crear un Ministerio de Vivienda que planifique y ejecute las políticas de vivienda -construcción, créditos, etc.- que hoy necesitan los habitantes de la ciudad. A su vez, ese organismo podría intervenir en los casos de miles de familias que no cuentan con una garantía para poder alquilar.

Mientras el jefe de gobierno sigue sin cumplir con las leyes de urbanización de villas, y la justicia porteña pretende criminalizar a militantes sociales por la toma de terrenos en la villa 20; el legislador del Frente Para la Victoria Jorge Taiana, presentó un proyecto para crear un Ministerio de Vivienda.

Mientras tanto, el gobierno nacional anunció la construcción, a través del plan PROCREAR, de 3.800 nuevas viviendas para unos 15.000 porteños en los barrios de Parque Patricios y Pompeya. Las 22 hectáreas donde se realizará la construcción serán aportadas por el gobierno nacional, que con esta obra complementará las más de 4.600 viviendas que ya están en ejecución en la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional el programa ya cuenta con la construcción de 110.000 viviendas en todo el país.

proponen la creación de un ministerio de vivienda

Los fundamentos del proyecto se basan en la crisis habitacional actual:

“diversos estudios señalan que hay cerca de 150.000 viviendas desocupadas, que el 40% de los ingresos de los porteños y porteñas que alquilan se destina a pagar esa renta; y que unas 500.000 personas están afectadas por problemas serios en relación al hábitat en la Ciudad”. Por otra parte, allí se afirma que esta problemática se intensifica con la limitada instrumentación de políticas de acceso a la vivienda, por parte del gobierno de la ciudad, para hogares en situación habitacional crítica, tanto en lo que respecta a créditos como a planes de construcción. Estas dificultades para el acceso a la vivienda en la ciudad llevaron a que el 60% de las personas que se radicaron entre 2001 y 2010 lo haya hecho en asentamientos o villas, la mayoría de las veces ocupando terrenos.

trenes

medidas gremiales en medio de la recuperación ferroviaria Trabajadores de la Línea Sarmiento realizan desde el lunes 12 un quite de colaboración exigiendo que el Estado pague una gratificación por productividad y un 40% de aumento salarial. El primer reclamo apunta a una remuneración extraordinaria por productividad que cobraron en 2005 otros ramales como el San Martín, el Belgrano Sur y el Roca. La diferencia consiste, según el ministro Florencio Randazzo, en que resulta imposible que los trabajadores del Sarmiento cobren esa suma: “es poco serio que quieran cobrar este concepto cuando llevan casi 128 mil horas de paro en lo que va del año”. En lo que respecta al aumento salarial, el sindicato acordó el pago de un anticipo salarial a cuenta de la

finalización de la paritaria que todavía continúa en negociación. A pesar de estos datos, el Ministerio de Trabajo intervino para intentar destrabar el conflicto que afecta a miles de pasajeros, a través de una mesa de diálogo con la Unión Ferroviaria. El mayor problema consiste en que la Lista Bordó -que conduce el “Pollo” Sobrero- amenaza con un paro total, en caso de que sus reclamos no sean aceptados. Por su parte, el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, solicitó a los trabajadores que depongan la medida argumentando que existe una mesa de negociación y que entre otros puntos la política del gobierno nacional permitió: “en estos últimos diez años, recuperar casi un 700 por ciento del poder adquisitivo de los trabajadores”. La medida generó demoras de más de treinta minutos para los trabajadores que utilizan la línea, producto de que solo funcionaban cinco de las trece formaciones. A su vez, se lleva a cabo cuando faltan dos meses para que esta línea sume 24 nuevas formaciones -72 coches- de última tecnología en cuanto a seguridad y confort, que contarán con frenos ABS, aire acondicionado, blindex y cámaras de seguridad.

A eso se suma la renovación de todas las vías y del sistema de señalamiento, en conjunto con la reconstrucción de las estaciones. En términos generales, el gobierno nacional está incorporando 1.200 coches nuevos que reemplazan a los 480 existentes con una antigüedad de 50 años. Además de la línea Sarmiento, otra de las que se verá beneficiadas a mitad de año será la Mitre con la inclusión de 30 nuevas formaciones. Por su parte, la Línea San Martín ya estrenó la nueva flota de trenes que circula entre Retiro y José C. Paz, logrando dupli-

car la frecuencia en horas pico. Tomando en cuenta las características de la medida de fuerza, y teniendo en cuenta quiénes son los dirigentes sindicales que la conducen, puede avizorarse la motivación política de la misma. Sobre todo, teniendo en cuenta que Sobrero forma parte de las alianzas de la CGT opositora conducida por Hugo Moyano, y que ambos compartieron el último paro nacional contra el gobierno. Con respecto a la medida de fuerza contra el gobierno nacional, afirmó: “Este es un gobierno que tiene que durar un año y medio sin la chequera. Y sin la chequera no saben hacer política. (…) Lo que creemos que necesitamos es un plan de lucha: golpear, golpear, golpear, hasta que los podamos poner de rodillas”.


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proyección del documental y charla - debate

celulares:

proyectos para declarar servicio público a la telefonía celular Las empresas de telefonía celular forman parte de un sector de la economía que amasó fortunas multimillonarias durante los últimos diez años en base a elevadas tarifas y pésimos servicios.

Dos de las principales empresas, Claro y Movistar, tuvieron un ingreso por ventas de 124.341 millones de pesos entre 2009 y 2013. Esto les permitió ingresar al ranking de las 25 empresas que más venden en el país, del cual hace diez años no formaban parte. Por otra parte, según el último “Reporte Global de Tecnologías de la Información” del Foro Económico Mundial, nuestro país se encuentra entre los ocho en los que el minuto de celular es más caro. Esto se combina con que en las quejas de los usuarios a las organizaciones de defensa del consumidor, los celulares aparecen en el primer puesto. Las más recurrentes apuntan a la baja calidad del servicio y a la poca transparencia de los precios que en muchos casos aparecen acompañados por “promociones” u otros ítems que el cliente nunca solicitó. En nuestro país existen actualmente unos 45 millones de líneas móviles activas, de las que se encuentran desregulados sus precios y sus normas de calidad. A partir de 2013, el gobierno nacional obligó a las

campo de batalla, cuerpo de mujer

empresas a informar cualquier cambio en sus abonos con 60 días de anticipación. Al mismo tiempo, se estableció que todas las telefónicas deben facturar las llamadas por segundo, y no por minutos, como lo hacían anteriormente, lo que representa un ahorro de entre el 10% y el 30% para los usuarios. Este año, el Poder Ejecutivo envió a Movistar, Personal y Claro, un cuestionario para determinar cómo construyen sus precios, sus costos y como garantizarán las inversiones para mejorar el estado de la red.

En el mismo sentido, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado comenzó a tratar cinco proyectos de ley que plantean la declaración de la telefonía celular como “servicio público”. Esto permitiría que el Estado pueda fijar el precio de las tarifas que cobran a los clientes, regular los estándares de calidad y las características de la prestación. Además se podrían prohibir las penalidades que deben pagar los usuarios al rescindir el servicio, y se consignaría a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) como la autoridad de regulación. Todas las iniciativas prevén otorgar un fuerte protagonismo a los usuarios, estableciendo el derecho a recibir indemnizaciones por incumplimientos de las empresas, entre otros puntos. Por su parte, el gobierno nacional anunció recientemente la apertura de licitación de dos nuevas bandas para la telefonía celular con tecnología 4G, que permitirá descongestionar y mejorar el servicio.

En el Ateneo General San MartínCafé de los Patriotas se llevó a cabo la proyección del documental “Campo de Batalla, Cuerpo de Mujer” y una interesante charla-debate sobre género y derechos humanos. La actividad contó con la presencia del director de la película, Fernando Álvarez, y del equipo realizador. Durante el terrorismo de Estado, las mujeres presas y detenidas-desaparecidas fueron sometidas a situaciones de violencia atravesadas por una relación jerárquica de género. En el documental, dieciocho sobrevivientes de distintos lugares del territorio argentino reflexionan sobre sus experiencias, y comparten las dificultades para ser escuchadas, para contar, para declarar y denunciar públicamente a los represores como violadores. Los realizadores de la película enmarcaron su trabajo en el contexto de la apertura de los juicios en contra de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar y en la necesidad de visibilizar la violencia de género contra las mujeres en particular, cuestión que ha permanecido silenciada durante mucho tiempo. Las leyes y decretos que intentaron perpetuar la impunidad dejaron por fuera los delitos de apropiación de bienes inmuebles, el secuestro de menores y las violaciones. Sin embargo, las primeras dos cuestiones

fueron materia de una gran cantidad de procesos, mientras que las violaciones no fueron objeto de enjuiciamientos durante el periodo en que estuvieron vigentes las leyes de impunidad. Al día de la fecha, existen hay 5 represores juzgados por este delito y 80 procesados. La naturalización de la violencia de género, la dificultad para ser escuchadas tanto en el ámbito social como judicial, la vergüenza que muchas mujeres víctimas de estos crímenes han sentido, fueron importantes obstáculos a la hora de denunciar y juzgar estos hechos. La palabra circuló entre los asistentes, entre voces conmovidas y las ganas de aportar a la reflexión. Por una parte, se destacó que las construcciones del género son históricas, que se han transformado a lo largo del tiempo. En los años 70 recién tenía lugar la segunda ola del feminismo y estaba comenzando a discutirse “El segundo sexo” de Simone de Beauvoir. El sistema machista y patriarcal atravesaba a la sociedad en general de ese momento, tal como en gran medida sigue ocurriendo en la actualidad. La lucha de las feministas a nivel local e internacional ha sido fundamental para desnaturalizar la violencia de género. Los juicios por los crímenes cometidos en Yugoslavia y Ruanda datan de los 90 y fueron un indicador del comienzo de la instalación de esta temática en la agenda mundial.

La apertura hacia otras construcciones de género en nuestro país es propia de los últimos 15 años. También es importante considerar que luego de una primera etapa en que las víctimas eran consideradas como “universales”, se abrió paso a la consideración de las subjetividades, la reivindicación de las historias de militancia, y de los compañeros detenidos-desaparecidos como seres humanos, como padres, como hijos, como hermanos. Con la posibilidad de hablar de los sujetos, empieza a incorporarse también la cuestión de género. La violencia contra las mujeres en la actualidad no quedó afuera del debate. Se puso de manifiesto la necesidad de pensar también la violación como un hecho cotidiano para muchas mujeres, silenciadas, que en sus hogares viven su sexualidad de manera muy violenta. En este sentido, se comentó que en 2012 en CABA y Gran Buenos Aires, hubo unas 5000 denuncias de violaciones, de las cuales más del 80% correspondíana menores de edad. Esto lleva a preguntarse cuántas mujeres adultas no denuncian y están pasando por calvarios que tienen que ver con la violencia de género. Todos los asistentes saludaron la iniciativa y la potencia del documental para reflexionar sobre un sistema opresor que ubicó – y en gran medida continúa ubicando - a las mujeres como objetos de maltrato y degradación. A través de la política y la militancia, estas cuestiones empiezan de a poco a ser transformadas. Aunque todavía quede un largo camino por recorrer hacia la igualdad de género.


24/5 sábado 31/5 sábado Un gaucho de la Guardia del Monte, contesta al manifiesto de Fernando VII, y saluda al Conde de Casa-Flores con el siguiente cielito en su idioma. 1820 (Fragmento). Bartolomé Hidalgo. La gauchesca del siglo XIX abarca, como etapa fundacional, el período que comienza en 1810 con las guerras por la independencia y finaliza en 1830, para luego dar comienzo a los siguientes períodos. Su momento culmine llega en 1872 con el Martín Fierro de José Hernández. El principal exponente de los comienzos del género es Bartolomé Hidalgo a quien pertenece el poema. Estos versos eran exhibidos en lugares públicos, con motivos de los días patrios para deleite de los porteños. Si bien el título del poema y su desarrollo nos hace pensar que el autor es un gaucho, no es así. Hidalgo pertenece a la clase letrada rioplatense y ha recibido una educación a la que no accedía el gauchaje. De esta manera los poemas que luego se incluirían dentro del género gauchesco son el resultado del cruce de los hombres de cultura civil y los gauchos, durante las guerras de la independencia. De los “cielitos” cantados en los campamentos, los intelectuales toman la métrica y la rima para llevarlo a la forma escrita. Se le atribuye a Hidalgo ser el precursor de esta poesía, ya que es el primero en encontrar la “entonación” del gaucho, la reproducción de su forma de hablar y de su forma de vida. Es decir que lo propio del género gauchesco no es la presencia del gaucho ni la vida pastoral de la pampa, sino el lenguaje en el que se expresa. Las clases letradas se apropian del lenguaje popular y lo utilizan para expresar sus posicionamientos políticos. Es así que por lo general los temas de las obras están relacionados con las batallas de la independencia, pero en este caso refiere a “el manifiesto de Fernando VII”. Llamado Manifiesto de los Persas es un documento impulsado por los diputados españoles en el que solicitaban a Fernando VII el retorno al Antiguo Régimen. En el poema se rechaza la posibilidad de que América pueda caer bajo este régimen, con giros paródicos y amenazas, reivindicando la lucha patriótica. Otra característica del género que se manifiesta es ligar lo oral con lo escrito. La métrica y la rima del poema, propia del cielito remiten a una enunciación oral, que en realidad es escrita. Lo interesante es la tensión que esto genera ya que el texto está supuestamente enunciado por un gaucho cuando este necesitan que le lean el Manifiesto. El logro de la gauchesca es introducir a este público a un mundo político-literario con un motivo ideológico. El ciclo (cielitos -> gauchesca-> lectura al gauchaje -> difusión oral) recupera la oralidad y la sigue generando. El autor se borra intencionalmente y pone la obra en boca de todos, lo vuelve a su origen oral, popular y anónimo. Es así que la poesía gauchesca tiene una funcionalidad política, alienta la incorporación de la población rural a la historia. Para ello retoma la expresión oral y los cantos propios de las culturas populares y los lleva a los folletines públicos. De este modo estas operaciones dan cuenta de la importancia de los medios escritos de difusión, de la literatura, y de su potencial político desde los comienzos de nuestra historia nacional.

Ya que encerré la tropilla y que recogí el rodeo, voy a templar la guitarra para explicar mi deseo.

Cielito, cielo que sí, ya se le murio el potrillo, y si no que se lo digan Osorio, Marcó y Morillo.

Cielito, cielo que si, mi asunto es un poco largo; para algunos será alegre, y para otros será amargo.

Quien anda en estos maquines es un conde Casa-Flores a quien ya mis compatriotas le han escrito mil primores.

El otro día un amigo, hombre de letras por cierto, del rey Fernando a nosotros me leyó un gran Manifiesto.

Cielito, digo que no, siempre escoge Don Fernando para esta clase de asuntos hombres que andan deletreando.

Cielito, cielo que sí, este Rey es medio zonzo y en lugar de D. Fernando debiera llamarse Alonso.

El Conde cree que ya es suyo nuestro Río de la Plata: ¡cómo se conoce, amigo, que no sabe con quién trata!

Ahora que él ha conocido que tenemos disensiones, haciendo cuerpo de gato, se viene por los rincones.

Allá va cielo y más cielo, cielito de Casa-Flores, Dios nos librará de plata pero nunca de pintores .

Cielito, cielo que sí, guarde amigo el papelón, y por nuestra Independencia ponga una iluminación.

Los que el yugo sacudieron y libertad proclamaron, de un Rey que vive tan lejos lueguito ya se olvidaron.

Dice en él que es nuestro padre Y que lo reconozcamos, que nos mantendrá en su gracia siempre que nos sometamos.

Allá va cielo y más cielo, libertad, muera el tirano, o reconocernos libres, o adiosito y sable en mano .

Cielito, digo que sí ya no largamos el mono, no digo a Fernando el séptimo, pero ni tampoco al Nono.

¿Y qué esperanzas tendremos en un Rey que es tan ingrato, que tiene en el corazón uñas lo mismo que el gato?

Después que por todas partes lo sacamos apagando , ahora el Rey con mucho modo de humilde la viene echando.

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“la revolución de mayo y los sectores populares”

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“radiografia de la clase dominante/2 concentración y extranjerización en los 90” Charla Debate a cargo de Ricardo Aronskind, licenciado en Economia 19.00 hs Entrada libre y gratuita

Gabriel Di Meglio es historiador doctorado en la Universidad de Buenos Aires, institución en la que también obtuvo los títulos de profesor y de licenciado en Historia. Es autor del libro ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo (2007) y también de

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La Gaceta del Patriota N° 10