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A la comunidad Universitaria, Dentro de sus 40 años de existencia, el Movimiento Gremial de la Universidad Católica se ha planteado de manera firme en el medio universitario, defendiendo los intereses de los estudiantes en relación a los distintos temas de la contingencia. Como herederos de esta tradición, no podemos ser menos ante el debate actual respecto de aquellos temas que tienen una incidencia directa en nuestra Universidad y en el quehacer de la Educación Superior. De igual modo, mantenemos nuestro estilo de hacer primar la razón por sobre la violencia. Las controversias no se resuelven en las calle sino en el debate y en las ideas creativas. Estamos convencidos de que las piedras no son para lanzar, sino para construir. De esta forma hoy venimos a reafirmar una vez más nuestro compromiso con la Comunidad Universitaria, planteándonos como un Referente de Ideas, cimiento esencial para construir una mejor universidad. Manteniéndonos firmes en la defensa de nuestros principios fundadores, las siguientes propuestas pretenden reafirmar el papel subsidiario que el Estado debe tener en relación a la Educación Superior, consagrado en la Constitución. Hoy en día lo que este rol implica está siendo debatido específicamente en dos instancias: las garantías del acceso de todos los chilenos a la Educación Superior y la libertad de enseñanza.


FINANCIAMIENTO Desde hace mucho tiempo se ha venido peleando por el financiamiento de la Educación Superior y que todos quienes quieran estudiar puedan hacerlo, independiente de su situación socioeconómica. Aun cuando se han hecho esfuerzos no hay una solución definitiva. Actualmente rigen 5 sistemas de financiamiento para los estudiantes pertenecientes a las Universidades del Consejo de Rectores. Queremos referirnos a dos de ellos: Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y el recién aprobado crédito con Aval del Estado. Los problemas del FSCU son de estructura, ya que está pensado para que no se recuperan los créditos por lo que termina siendo una beca. Al tener una tasa fija de 2% real, y al cancelar sólo 5% del sueldo mensual por un período máximo de 15 años, después de lo cual se perdona el crédito, no se están recuperando los fondos. Año a año se meten 55 mil millones de pesos al fondo, que no se recuperan (dineros provenientes de que los impuestos lo pagan todos, aun cuando los beneficiados son unos pocos. Los egresados ganas entre 4 y 6 veces más que alguien sin estudios). El sistema es discriminatorio, ya que sólo es para Consejo de Rectores (42% total estudiantes) lo que produce una desigualdad ya que instituciones privadas y carreras técnicas sólo pueden optar a crédito con aval del Estado. (10.300 MM vs. 69.000 MM del FSCU durante el 2005). Por esto, a pesar de que aumenta el presupuesto, no se mejora la desigualdad. Además ambos créditos están definidos de acuerdo al arancel de referencia, por lo que no se cubre el total de la carrera. No da libertad a los alumnos para elegir su carrera y establecimiento con anterioridad a la postulación al no saber el monto del crédito. En relación al crédito con aval de Estado, se logra un sistema que sea justo para todos estudiantes, pero hay dos problemas. La Universidad es el aval del crédito durante los estudios del alumno, lo que crea un incentivo para que las Universidades no aseguren la calidad de los estudiantes y además una barrera de entrada a los alumnos porque deben asumir un riesgo. Además el Estado no es aval del 100% del crédito una vez que el estudiante egresa de la carrera, lo que hace que las tasas de interés aumenten. Ante estos problemas se plantean los siguientes puntos: •

Ajustar fondo solidario, ampliarlo a las instituciones privadas, (58% que estaba

excluido) de manera de hacer un sistema justo para todos los estudiantes. Además se debe aumentar el período de pago y no condonar la deuda, de forma que los recursos vuelvan y así


beneficiar a más alumnos. Además se propone flexibilizar la cuota de pago, de manera de adecuarse a la realidad de cada egresado. •

Evaluación del arancel de referencia, ya que es una forma de restringir la

calidad. Se debe estipular un arancel para cada carrera de cada universidad, evaluando cada programa, de forma de fortalecer la calidad. •

Exigimos que la FEUC debe preocuparse de los intereses de los estudiantes de

la Educación superior desde la CONFECH, pero en ocasiones en que se esté perjudicando los intereses de los estudiantes de la PUC, actué firmemente para defenderlos. •

El Estado debe ser aval por el 100% del crédito con aval del estado, de forma

de disminuir el riesgo por estudiante y hacer más baratos los créditos. De esta manera se hace más justo para todos los estudiantes, ya que las tasas tienden a igualarse. •

Durante los estudios el aval debe ser mixto (Universidad-Estado), de manera de

garantizar la calidad de los profesionales y además establecer un esfuerzo por parte de las Universidades de apoyar a que sus alumnos logren obtener sus títulos. •

El Estado no puede establecer que carreras están sobresaturadas, sino que debe

informar cuales son las condiciones de empleo y de sueldo una vez egresado para que cada persona que quiera ingresar sepa cuales son las condiciones futuras. •

Actualmente para obtener el crédito se debe estar matriculado en alguna

universidad. Exigimos que el crédito sea para el alumno y no para la Universidad, es decir, que antes de estar matriculado en una determinada universidad, el estudiante sepa cual va a ser el monto del crédito antes de postular. Propuestas Aporte Fiscal Directo (AFD) •

Actualmente no se conoce con transparencia la forma en que se asignan estos recursos. En nuestro país urge la necesidad de asignarlos eficientemente dado que escasos y claramente es más justo que estos sean no sean asignados por criterios históricos sino que por méritos. De esta forma promovemos que se creen fondos concursables de manera de fortalecer la calidad e incentivar a ala educación.

Ampliar los fondos a todos los establecimientos de educación superior.

Fondo destinado a Investigación y Postgrado.

Configurar una política de evaluación de rendimientos de los fondos.


Propuestas Aporte Fiscal Indirecto (AFI) El espíritu con que fue creado el AFI es el de premiar la excelencia de las universidades. Para que la decisión de a quién premiar por esta excelencia no pasara por un burócrata sentado en su oficina, se decidió, en un paso democratizador tremendo, empoderizar a los 27.500 mejores puntajes en la PSU de manera que sean ellos quienes eligen qué universidades se deben premiar por su excelencia. El AFI no fue creado con motivos de generar equidad en el ingreso a la Ecuación Superior, sino que se creó para determinar a qué universidades se debe otorgar financiamiento. Tomando esto en consideración, y dado que las universidades consideran dentro de sus puntajes de postulación las NEM, se debería considerar ésta variable en el sentido que ésta podría ser capaz de entregar información sobre los méritos académicos de los postulantes, en consecuencia proponemos: •

Criterios de asignación del AFI que tomen en consideración tanto el puntaje de la PSU como las NEM. Sin embargo, todos sabemos que existen amplias diferencias en la dificultad de obtener una misma nota en diferentes establecimientos. Entonces se requiere de un mecanismo que permita corregir esta diferencia, de manera de poder comparar a los diferentes alumnos y sus puntajes, no solo en su generación, sino que en comparación con alumnos de otros colegios. En definitiva, se estaría transformando una variable dicotómica en una continua, que es lo más adecuado para este caso.

Proponemos que la inclusión del criterio de las NEM en la asignación del AFI sea corregido por puntaje promedio que el establecimiento educacional obtuvo en la PSU. Esto aparte de permitir comparar las notas entre distintos colegios, genera un círculo virtuoso por el cual los mejores estudiantes de la clase tienen incentivos para compartir sus conocimientos con el resto de sus compañeros.


ACREDITACIÓN Desde el año 2003 que se está discutiendo en el Congreso el proyecto de Ley de Acreditación que hoy se encuentra en discusión por parte de una comisión mixta. En este proyecto, el Estado, a través de la Comisión Nacional de Acreditación, se estaría nombrando a sí mismo como árbitro de qué es lo que constituye una educación universitaria de calidad. ¿Le corresponde al Estado declarar qué se puede o no se puede enseñar alguna institución de educación superior? Eso sería a todas luces un atentado contra la autonomía propia de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, a la vez que un grave atropello de la libertad de enseñanza. Si bien todavía se discute en el Congreso si en esta ley la acreditación sería obligatoria o voluntaria, es necesario tener en cuenta que la nueva Ley de Financiamiento de la Educación Superior sólo será aplicable para alumnos que deseen ingresar a las instituciones acreditadas. Así, el Estado estaría ejerciendo implícitamente una coerción sobre las instituciones de Educación Superior, medida que nos parece reprobable e injusta. El Estado estaría instrumentalizando el financiamiento de los sectores más pobres con el fin de hacer primar sus propios criterios de “calidad”. Ante esta realidad, no podemos sino levantar la voz y hacer una nueva propuesta. La solución para el problema de la calidad no está en que el Estado se convierta en árbitro y decida qué educación es buena, utilizando la presión del financiamiento para que las instituciones se adecúen a sus criterios. Estamos convencidos que el papel del Estado en esta situación es del garantizar un sistema de información adecuado, que permita al estudiante informarse, según sus propios criterios, sobre los datos institucionales de las universidades, institutos y centros de formación técnica. a las que puede postular. Corresponde al Estado asegurar también que la publicidad y campañas que realicen los establecimientos estén acorde a la información recopilada por las agencias pertenecientes al Sistema de Acreditación de Calidad de la Educación Superior. Asimismo, creemos que la acreditación, por consiguiente, debe ser voluntaria, con el fin de que sean las mismas instituciones las que tomen la iniciativa de acreditarse, generando competencia que a la larga mejorará los programas que cada instituto ofrece. Recordemos que los costos del proceso de acreditación son financiados por los propios


establecimientos, lo que nos parece otro motivo fundamental para que ellos mismos decidan libremente si se acreditan o no. Aun cuando ya es parte de los cambios al proyecto, con respecto a la participación estudiantil en los procesos de acreditación que las casas de estudios emprendan, manifestamos absolutamente necesario que la Comisión Nacional de Acreditación establezca como uno de los criterios básicos para las agencias acreditadoras, o los pares evaluadores, la consideración obligatoria de la opinión de los alumnos a través de distintos canales. Consideramos que son los estudiantes de cada institución los qué mejor conocen la realidad de su casa de estudios y consecuentemente serán los mejores capacitados para aportar debidamente dentro del proceso.

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL Dado que los estudiantes son el principal actor de la vida universitaria, es de suma importancia para ésta que se pueda contar con una participación estudiantil activa. Las formas de participación hay que verlas desde un punto de vista global y no centrarlas únicamente en el derecho a voto en el consejo superior, sino que hay que explorar múltiples canales de participación de los estudiantes frente a la educación que reciben. Con respecto al voto de los estudiantes ante el consejo superior, creemos que esto puede ser un buen medio para dejar testimonio de la opinion de los estudiantes frente a la toma de decisiones de la Universidad. Al no entenderse esto como una forma de cogobierno,

no existe ningún riesgo de la no

sustentabilidad del proyecto educativo en el largo plazo. Por lo anteriormente señalado, exigimos que tengan opinión y voto en la toma de decisiones, teniendo voto en el consejo superior por medio del Consejero Superior, por lo que deben cambios a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) en su artículo 49, donde prohíbe expresamente la participación con derecho a voto de estudiantes y funcionarios en los órganos encargados de la gestión y dirección de las Universidades, así como en la elección de sus autoridades.


SISTEMA DE INGRESO Además de los problemas relacionados con el financiamiento universitario mencionados en este documento, existen problemas de desigualdad entre los alumnos de colegios privados, subvencionados y municipales. No todos tienen las mismas oportunidades por la diferencia en la calidad de la educación recibida. Por esto exigimos que el estado revise los efectos de la reforma educacional dado el tiempo que ha transcurrido y evalúe nuevas políticas. Además se exige que se estudie si la PSU hace más justo o no el ingreso, comparando los resultados obtenidos por lo colegios municipales con los privados. La información debe ser pública para que todos podamos hacer estudios de calidad y mejorar así el sistema. Hemos visto con los últimos años que la diferencia existente entre ambos tipos de establecimientos se ha mantenido, por lo que creemos imperante que el sistema de ingreso se encargue de solucionar esto. Los criterios de evaluación y de ingreso a la Universidad deben exigir una evolución rigurosa y justa para todos. De esta forma proponemos estudiar establecer un criterio de corrección de las notas de enseñanza media en la ponderación de los puntajes de ingreso. Se puede establecer un índice, relacionado con el los resultados SIMCE de cada establecimiento para establecer dicha corrección. Finalmente, como Movimiento Gremial de la Pontifica Universidad Católica, hemos querido mantener siempre nuestro estilo de hacer las cosas, es decir, haciendo primar la razón por sobre los actos violentistas en temas de importancia que implican cambios en la educación, los que manifiestan controversias y hacen surgir problemas.

Consejo Ampliado, Mayo 2006


Propuestas Educación MGUC 2006