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SOBRE LA CHIRINADA JUDICIAL TUCUMANA


La comparsa “republicana” que procura llevar a la presidencia de la Nación a Mauricio Macri eligió lograr sus objetivos apelando a una “campaña sucia” que tiene en su corazón una cada vez más insolente seguidilla de denuncias de fraude electoral. En realidad, no estamos ante verdaderos enemigos del fraude. Son expertos en la peor forma de fraude que es la proscripción. El 16 de setiembre de 2015, tal como lo hizo el 5 de abril de 1931 contra la incorregible “chusma radical” o el 18 de marzo de 1962 contra la no menos incorregible “negrada peronista”, el poder real vuelve a anular elecciones. Esta anulación intempestiva, ridícula e insostenible no tiene valor por sí misma sino por el principio que sienta: dos jueces cualesquiera sin jurisdicción electoral pueden negarle a las mayorías populares el derecho a elegir a sus gobernantes. No nos engañemos. La oposición ya no solo procura tomar venganza de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, embarrarle su retorno al llano por la más grande de las puertas que la historia concede a un argentino, la del amor de su pueblo. Pretende cerrar otra vez el camino a la libre expresión de la voluntad popular. En los comicios tucumanos los conspiradores antidemocráticos mal llamados “oposición” dieron un paso más en su intento de avasallar la soberanía popular. El estáblishment y la embajada de Estados Unidos se ven perdedores en las elecciones y por lo tanto pretenden impedir la libre expresión de la voluntad soberana de las mayorías argentinas.


Cuentan para ello con la complicidad de una corporación judicial elitista y antidemocrática, que busca sobreponer al resultado de los comicios, por claro y unánime que sea, medidas cautelares cortadas al gusto de los intereses antinacionales. La chirinada tucumana demuestra que ése es el sentido de la campaña de deslegitimación del núcleo mismo de la democracia. Ya se inició durante las PASO bonaerenses y en ese momento solo parecía esconder la incapacidad manifiesta de la oposición de conseguir fiscales, ni siquiera a cambio de dinero. Pero ahora muestra sus intenciones verdaderas. La antipatria nunca gustó del principio de igualdad que preside el proceso electoral de la democracia burguesa: “naides más que naides”, al menos en el cuarto oscuro. Durante largas décadas lo sustituyeron con golpes militares, económicos o parlamentarios. Ahora solo les queda el recurso al golpe judicial. Para ello, sin embargo, tienen que presentarse tal cual son, como defensores del voto calificado. No otra cosa surge del lenguaje alambicado y miserable con el que niegan legitimidad a las elecciones porque, según ellos, están “viciadas de clientelismo”. Decir eso y decir que las mayorías entregan su voto a cambio de una prebenda, como sí lo hacen por cierto esos políticos en su práctica cotidiana en el poder, es una y la misma cosa. ¿De qué prebendas hablan? De la ayuda oficial a quienes todavía no fue posible sacar del pozo de miseria desesperante en cayeron cuando gobernaban los mismos que ahora “denuncian fraude” antes, incluso, de que se produzca el acto eleccionario, como en el Chaco. Entre 1976 y 2003 pusieron a la nación entera en cautiverio imperialista. Ahora acusan a las mayorías de estar cautivas de los planes sociales. “Chusma”, “descamisados”, “cabecitas negras”, “negros de mierda”, “boliguayos”, “gronchos”, ahora se convierten en “planeros”. Tienen una gran capacidad para la injuria. En realidad, el objetivo de los gobiernos que se instalaron en la Argentina en 2003 es terminar con los planes sociales. Para ello, procuran (con mayor o menor acierto, pero con ese objetivo inscripto en su razón misma de ser) construir una economía integrada que termine con las causas estructurales de la exclusión. Quienes se benefician con los planes paliativos son los más conscientes de la importancia de ese rumbo, que es el único que puede sacarlos de los planes sin exterminarlos como cucarachas. Por eso lo apoyan. Pero ese rumbo aterroriza a los beneficiarios del coloniaje argentino, restaurado en plenitud a partir de 1976, y nunca desafiado hasta la pueblada de diciembre de 2001. Lo que los moviliza es la mera sombra de una transformación que los aparte definitivamente del control absoluto de nuestra economía, señores de la vida y de la muerte de todos los argentinos. Entonces, esos políticos del estáblishment que pueden dar clases de fraude, como testimonió obscenamente en su momento Carlos “Si decía lo que iba a hacer no me votaban” Menem, o Federico “Durán Barba nos ordenó que habláramos pavadas” Sturzenegger, acusan a los demás de perpetrar o preparar fraudes en elecciones de las que en realidad los argentinos debemos sentirnos orgullosos.


Se rasgan las vestiduras porque las urnas, justamente agradecidas, apoyan masivamente al gobierno nacional y a sus próximos continuadores, y les son frontalmente esquivas. Es el “fraude clientelista”, dicen. Es decir, hablemos claro: quieren el voto calificado. Macri, el capital imperialista, y su variada comparsa pretenden sustituir el “voto clientelar” por el “voto libre” de un puñado de banqueros saqueadores, otro puñado de rentistas agrarios, y un tercer puñado de gerentes con el alma helada para las cosas de la Patria. Vieja tradición, que había alcanzado su máxima pureza cuando reemplazaban el voto popular por el voto de una Junta de Comandantes en Jefe, camino que hoy les está vedado pero que nunca descartarán. Intentan sustituirlo por el voto de dos oscuros jueces sin jurisdicción electoral que, sesionando en una Cámara con solo dos tercios de sus componentes, se convirtieron en los grandes electores de un comicio tucumano que arrasó


con todas las aspiraciones de los perpetradores eternos del fraude en la Argentina. La chirinada judicial busca disciplinar al pueblo tucumano, y por extensión a todos los argentinos, para que dejemos de oponernos a los designios de la minoría explotadora aliada al capital extranjero. La grave situación institucional generada en la política tucumana por el Dr. Cano y sus secuaces exige la más contundente respuesta del pueblo argentino. Esta provocación señala hasta dónde están dispuestos a llegar la oligarquía, las grandes empresas imperialistas, sus alquilones de la política y sus servidores enquistados en el seno mismo de los poderes del Estado. Ni hablar de los extremos a los que puede entregarse el sanguinario ejército de escribas a sueldo del gran capital, que si tuvieran la rienda libre que añoran dejarían al Gordo Lanata del tamaño de un botón. Incapaces de vencer en una elección, decidieron que no haya más elecciones. Solo admiten las “opciones” entre candidatos que sean de su agrado, como ocurrió entre 1983 y 2001. Volver a esa época de abyecta infamia fraudulenta implica abrir las puertas a una nueva destrucción de la Nación argentina y empujar a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas a la más desesperada miseria. Quieren controlarlo todo. Pero no controlan las calles. La chirinada tucumana requiere actos de gobierno que no solo repriman y castiguen a quienes la ejecutaron sino que les quiten las ganas de imitarlos a todos los que piensan repetirla y ampliarla. Esos actos solo pueden sustentarse, creemos, en una movilización popular tan pacífica como masiva e inmensa. Hasta que sea posible modificar las leyes para que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse, la sediciosa intentona oligárquica (hoy “tucumana”, mañana nacional) debe ser abortada y castigada con el máximo rigor que autoriza la legislación vigente. Las autoridades nacionales fueron plebiscitadas en elecciones que, como las tucumanas, todas las autoridades partidarias admitieron como válidas, pero ningún juececito gorila se atrevió a declarar nulas a partir de “denuncias” periodísticas sin más valor que el escaso que tiene quien las emitió. Tienen todo el derecho a aplicar ese rigor, que el país necesita para no intoxicarse en los gases asfixiantes con que nos atacan los enemigos de la soberanía popular. Para Mauricio Macri, dos jueces tucumanos “dan esperanzas para el futuro”. Para el campo nacional y popular en su conjunto, la esperanza está en las calles y en la fuerza con que el gobierno nacional ponga término a estas intentonas golpistas. Daniel Scioli no puede ser vencido en las urnas y marcha hacia una victoria aplastante en la primera vuelta. De todos depende que esa perspectiva se convierta en realidad. Para concretar los avances, la timidez es la peor de las recetas.

LA ÚNICA SALIDA A LOS DEFRAUDADORES SON LAS MASAS ARGENTINAS EN LAS CALLES Y EL GOBIERNO CON EL LÁTIGO DE LA LEY EN LA MANO.


Nestor gorojovsky secretario general Bailón Jerez Juan María Escobar Rubén Rosmarino Lorena Vazquez Hugo Santos Aurelio Argañaraz Pablo López Jacinto Paz Silvio Zuzulich Edgardo Sánchez


Sobre la chirinada judicial tucumana