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Delegación de Pastoral Obrera. Boletín Junio 2010. pastoralobrera@archisevilla.org

Una reforma laboral para despedir, más fácil y más barato El abaratamiento y la agilización del despido constituyen las fórmulas clave que pone en marcha la nueva reforma laboral realizada bajo la presión de los mercados, y los mercados, ya se sabe, siempre quieren más. Es su carácter. El día 16 de junio, el Consejo de Ministros aprobó el decreto que regulará el mercado de trabajo. Los contenidos que tiene esta reforma básicamente son: facilita y abarata el despido, impulsa un mayor crecimiento de la temporalidad, flexibilizando los modos de contratación y pone en riesgo elementos importantes de la negociación colectiva incrementando notablemente el poder discrecional de las empresas en detrimento de los derechos de los trabajadores. El Real Decreto que promueve el Gobierno confirma el giro que éste ha dado a las políticas económicas y sociales cuya primera expresión fue el Plan de austeridad, seguido del Plan de ajuste que ha congelado las pensiones, ha rebajado los salarios de empleados públicos, retrasa el desarrollo de la Ley de atención a las personas dependientes, reduce considerablemente la inversión pública, entre otras medidas, que sólo pueden provocar un mayor retraso en la salida de la crisis económica y mayor destrucción de empleo. El Gobierno amenaza con continuar planteando una reforma de las pensiones de carácter regresivo. ¿Qué se pretende con la reforma laboral? Sin saber cómo, hemos pasado de la reforma del capitalismo a la reforma laboral. Ya la tenemos aquí, su necesidad ha sido aceptada por todos y aceptado ha sido el argumento de que sin reforma laboral no hay salida a la crisis económica. Afirman que dichas propuestas se realizan para crear empleo. Pero hasta dirigentes de la patronal, personalidades expertas y otros economistas liberales más sinceros y rigurosos reconocen, por el contrario, que las reformas de este tipo no lo crean. Lo que ocurre sencillamente es que esta reforma laboral se basa en una serie de falsedades que de tanto oír se dan por buenas y en un abanico de prejuicios ideológicos que se difunden sin cesar para disimular lo que de verdad se busca con la reforma laboral. La primera falsedad es que la reforma laboral sea necesaria para hacer frente a la crisis y más concretamente para acabar con el paro que ésta ha provocado. Es falso porque el desempleo que hoy día se registra en nuestra economía no es el resultado de la legislación laboral, de los costes de despido imperantes. En un país en que hay más de cuatro millones de parados es difícil de vender la especie de que despedir es caro y complicado. Es bastante evidente que se han perdido tantos puestos de trabajo como consecuencia de la crisis financiera que ha provocado la irresponsable actuación de la banca y que ha dejado sin financiación a miles de empresas. Por tanto, para hacer frente a la crisis lo necesario no es la reforma laboral sino dar soluciones a estos problemas que la originaron. Otra falsedad es la que deriva de afirmar que se podrá garantizar volumen de empleo o de mejor calidad simplemente actuando sobre el mercado de trabajo. Tesis que se ha demostrado en innumerables ocasiones que es falsa, porque la creación de empleo no depende simplemente de las condiciones de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo sino de lo que pase en el mercado de bienes. Lo que puede ofrecer una reforma como esta es lo mismo que produjeron las anteriores: mano de obra más barata y más dócil, puestos de trabajo más precarios y mejores facilidades para obtener beneficios a costa de producir menos y peor. Lo que crea empleo general es la demanda global del conjunto de la economía y no la demanda de trabajo de cada empresa. Es una falsedad también decir que se puede combatir la dualidad en el mercado de trabajo incorporando nuevas formas de contrato y concretamente un tipo único. Porque se soslayan las razones que han dado lugar a esa dualidad y que fundamentalmente tienen que ver con el modelo productivo y de creación de actividad que han impuesto las grandes empresas con gran poder de mercado a las demás, y no con los modelos de contrato. También es falso afirmar que se va a crear más empleo o de mejor calidad abaratando el despido o flexibilizando la contratación. Es justamente lo contrario lo que ha ocurrido después de las reformas anteriores. Lo que ha venido después de todas ellas ha sido el aumento de la temporalidad y de la rotación de los contratos (hasta 13 millones en


el pasado año) y nunca aumentos en la calidad del empleo o incluso de su volumen con independencia de las condiciones generales de la economía. Y tampoco es exactamente cierto decir que el mercado laboral español es rígido, o más que otros países de la Unión Europea, cuando hemos podido comprobar que las empresas han podido realizar ajustes de todo tipo y recurrir a prácticamente cualquier tipo de contrato en estos años y a despedir sin problema a la mano de obra que no podían asumir cuando la crisis bancaria ha destrozado la actividad económica. Como tampoco lo es que los salarios españoles sean excesivamente altos y limiten nuestra competitividad. El problema del empleo en España no está en el mercado de trabajo. Está en el modelo de crecimiento, en el predominio de un tipo de actividad de bajo valor añadido y dependiente, en el tamaño tan reducido de las empresas que han impuesto las grandes, en la escasez de capital social que permita competir por una vía diferente a la de abaratar la mano de obra, en la gran oligopolización de los mercados, en el excesivo poder político de la banca que le permite imponer condiciones favorables a sus beneficios. En resumen, la reforma laboral que la gran patronal y la banca han demandado al gobierno no responde a las causas que han provocado la crisis y el desempleo, no va a lograr crear más puestos de trabajo, no acabará con la dualidad entre empleos indefinidos y temporales, no elevará la productividad ni mejorará la competitividad de nuestras empresas, salvo las de aquellas que solo la buscan abaratando la mano de obra. Desde hace mucho tiempo sabemos que lo único que busca esa política no es otra cosa que crear mejores condiciones para que los poderosos ganen más dinero todavía. La reforma consolida el abaratamiento del despido por una doble vía. En primer lugar, se abre la puerta a que cualquier vaivén en una empresa justifique el despido por motivos económicos, que comporta una indemnización de 20 días por año, frente a los 45 ordinarios del despido improcedente. La segunda fórmula -la más clara- de abaratamiento del despido consiste en aplicar sin titubeos la pretensión inicial de este proceso: universalizar el contrato fijo con indemnización de 33 días, frente a los 45 ordinarios. Esta reforma del Gobierno supone una nueva vuelta de tuerca a la flexibilidad del mercado de trabajo, entendida como pérdida de derecho de los trabajadores y reforzamiento del poder empresarial. Es un golpe al derecho del trabajo que nació para equilibrar un poco el poder entre el empresario que tiene un poder absoluto sobre los medios de producción y el trabajador o trabajadora que tiene que vender su fuerza de trabajo. Estas medidas son desequilibradas e injustas, que confirman la ofensiva de los mercados financieros contra los derechos de los trabajadores y el estado de bienestar. Y lo más grave, NO VAN A CREAR EMPLEO. Como hemos repetido hasta la saciedad. A los sindicatos ya no les queda más que dos caminos: la calle o la calle. UGT y CC OO han convocado un paro general para el 29 de septiembre por la reforma laboral, con tres meses de antelación. Si los sindicatos queremos sobrevivir a la catástrofe a la que estamos abocados tenemos que dar un cambio radical en la forma de hacer y de actuar. Caminar hacia posiciones más de clase, cuestionar sin titubeos el modelo antidemocrático al que nos llevan los mercados y formar parte activa de un nuevo bloque social democrático frente a la dictadura de los mercaderes. Los sindicatos somos útiles en la medida en que cumplimos con nuestro fin, que no puede ser otro que la defensa de los intereses de la clase trabajadora y un compromiso con la justicia social y el bien común. Los ciudadanos necesitamos del sindicalismo para avanzar hacia una verdadera democracia social. La decisión a la que nos enfrentamos es si debemos reformar el sistema para garantizar los beneficios de la economía productiva, o debemos reformar el sistema para saldar la «deuda social» garantizando unas condiciones de vida dignas para todas las personas. Es la hora de la responsabilidad compartida en la vida política, haciendo un esfuerzo de pacto, de diálogo. Es la hora de los sindicatos, que deben defender los derechos inalienables de los trabajadores y trabajadoras. Es la hora del ciudadano y de la clase empresarial, que debe mirar menos a su cuenta de resultados. Es la hora de la solidaridad. Nunca se puede permitir que sean los pobres los que paguen los platos rotos de una sociedad que se ha enriquecido vorazmente. No se puede perder tampoco la política social. Es la hora también de la Iglesia, de ser fiel al Evangelio y de estar al lado de los empobrecidos, de sacar la rica Doctrina Social, una luz que ayude a entender la situación. Una doctrina que, como oferta, llegue a las mesas de nuestros políticos y a nuestras vidas. En ella hay claves solidarias y serias para ayudar a salir del túnel. En definitiva, es la hora de arrimar todos el hombro, de comprometernos a apoyar cuantas iniciativas, sindicales, políticas y/o sociales, de movilizaciones que se convoquen en defensa de los empobrecidos del mundo obrero y del trabajo. Archidiócesis de Sevilla. Delegación de Pastoral Obrera. Boletín 21 de Junio de 2010

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