Page 1

9

DOCUMENTO

ciones que vaya determinando la propia SHCP”. Es decir que el pago tendría que fijarse en función de las devoluciones o compensaciones. Para enredar todavía más las cosas, la 59 legislatura llegó a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para pagar impuestos que dejaron de cubrir desde 2007, 2008 y 2009. Si los impuestos no se pagaban desde entonces, ¿cómo fue que los anteriores diputados contrataron un despacho para recuperar los pagos “en exceso” que habían hecho a Hacienda?

DEUDA DE LA LVIII LEGISLATURA SAT 138 millones 299 mil pesos IMSS 11 millones 301 mil pesos IPEJ 104 millones 446 mil pesos Salarios 29 millones 471 mil 410.46 pesos (nov) Salarios 29 millones 471 mil 410.46 pesos (dic) Aguinaldo y Prestaciones 58 millones 942 mil pesos Honorarios técnicos 3 millones 612 mil 600 Gastos fijos 11 millones 692 mil 245 pesos Lopez Castro 58 millones 66 mil 183 pesos Deuda

344 519 mil 183

El poder de la firma La crisis financiera que mantiene hundido al congreso local, tuvo su origen en un rosario de abusos que se cometieron al amparo de la discrecionalidad, de complicidades y del poder de la firma. Los 58 millones de pesos que un juez determinó que los diputados deben pagar a un despacho de consultores, es el más claro ejemplo de la herencia truculenta que dejó la 58 legislatura y que la 59 la hizo más turbia. A la luz del derecho, ni el contrato, ni los convenios, ni el monto reclamado debió haber procedido legalmente de no ser por una serie de omisiones y errores de los propios legisladores. La historia se remonta a marzo de 2009 cuando el congreso celebra un contrato con Consultores López Castro y Compañía, S. A. de C. V. para recuperar el Impuesto Sobre Productos del Trabajo (ISPT) que hubieran enterado en demasía ante Hacienda. El contrato fue signado por la secretaría general y de acuerdo con el recurso que el Congreso del Estado presentó en 2010 ante el Tribunal Administrativo del Estado, carece de validez pues el secretario general no tenía la representación para

firmarlo. Además, según la ley orgánica, debió pasar por una licitación y a través del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios. El acuerdo establecía que el despacho obtendría el 40 por ciento de lo recuperado ante Hacienda, pero incluía una cláusula en la que garantizaba recibir al menos 42 millones de pesos con base en estimaciones y no a los recursos devueltos. Es decir, que recuperara o no los impuestos la empresa cobraría. Dos semanas antes de concluir la anterior legislatura, la secretaría general celebró un convenio de pago donde reconocía la deuda. Según el expediente 242/2012-2 Consultores López Castro y Compañía, S. A. de C. V. demandó al congreso por incumplimiento del contrato y aportaron como prueba el citado convenio. En los alegatos, el área jurídica del congreso pidió la nulidad del contrato fundatorio por violación a distintas disposiciones incluida la incompetencia para haberlo celebrado. Pero el 22 de marzo de 2011, sin aprobación del pleno, mesa directiva y la comisión de administración celebran un convenio que ratifi-

can ante el juez donde aceptan pagar 58 millones 66 mil 183 pesos a la empresa con lo que dan por “allanado” o concluido el juicio. Irónicamente, en autos del abultado expediente consta una comunicación de Hacienda que señala que no existe evidencia de haber devuelto recursos del ISPT al Congreso del Estado de Jalisco. En Familia Aunque pueden criticar por múltiples abusos a la 59 legislatura, nunca podrán cuestionarla por el profundo respeto que tuvo a la familia. De los mil 327 empleados que acumuló en los tres años, al menos 156 eran hermanos, es decir, casi diez por ciento del total de la nómina. Un trabajo especial realizado sobre la plantilla del personal, advierte sobre la práctica común de colocar a hermanos en distintas áreas. Al cierre del pasado congreso había 39 diputados, diez directores, doce coordinadores, 693 trabajadores de base, 502 supernumerarios y 71 bajo el régimen de honorarios. La lista de hermanos más

9

numerosa la integraban los Hernández Vázquez que suman cinco posiciones. Curiosamente aunque cuatro tienen base, Gloria Hernández Vázquez como supernumeraria y auxiliar en la sala U2 ganaba más de 70 mil pesos mensuales. Otros agraciados son los Martínez Martínez con cinco espacios. Encabezados por el diputado José María (hoy senador por Jalisco), figuran Francisco Javier, Livier del Carmen, Roberto y Perla del Rocío. Dos de ellos tienen base y dos estaban como supernumerarios. Otros diputados que cargaron con sus hermanos son Juan Pablo Cerrillo Hernández, con Marco Antonio como auxiliar con sueldo de 27 mil pesos mensuales y Olga Araceli Gómez Flores con su hermana Carmen Paulina como asistente administrativo. Por si fuera poco, había más de cien niveles de tabulación y asignación discrecional de los pagos. De esta forma, había asistentes o auxiliares administrativos con salarios de siete mil pesos mensuales hasta los que recibían 40 mil; secretarias de 50 mil, asesores de 60 mil y el caso de un auxiliar con salario de más de 70 mil pesos mensuales. Según fuentes del congreso, además de los 156 hermanos figuraban sobrinas, sobrinos, suegros, cuñados, esposas y hasta novias. Se estima que un 25 por ciento de la nómina hasta la pasada legislatura habría sido conformada por parientes o personal con lazos afectivos cercanos. La red de complicidades se cierra con el “diezmo” que padecían algunos supernumerarios que recibieron trabajo a cambio de ceder parte de su sueldo. De ahí el “bono” disfrazado que intentaron hacer efectivo varios diputados con la liquidación de tres meses de salario para su equipo porque esa era la rebanada de pastel con la que algunos querían marcharse de la 59 legislatura


Pagina 9  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you