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CASOS POSIBLES En el Estado de Derecho Constitucional, por la complejidad de las relaciones sociales, políticas y jurídicas, etc., pueden presentarse una multiplicidad de conflictos, de los que seleccionamos los que siguen: 1) Podría suceder que, un día cualquiera, un Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, toma la iniciativa y se dirige a la Asamblea Nacional para reformar parcialmente la Constitución, indicando que es sobre asuntos que no restringen los derechos y garantías constitucionales; y, la Corte Constitucional, califica y da paso al proyecto, el mismo que luego, es tramitado y aprobado, con palmaria violación del procedimiento establecido en la misma Carta Política –y restringiendo derechos fundamentales– por la Asamblea Nacional controlada por el Presidente. 2) Podría ocurrir también, que la Asamblea Nacional, mediante resolución de la mayoría de sus miembros, por su propia iniciativa, decide reformar la Constitución y la tramita en dos debates –sin respetar los términos entre el primero y el segundo– y aprueba el proyecto de reformas, para luego de estas contravenciones constitucionales, someterlas al referéndum ciudadano. INTERROGANTES De los casos planteados fluyen, entre otros, los siguientes interrogantes: ¿Será consecuente con la Constitución, someter cualquiera de los proyectos aprobados por la Asamblea Nacional –con quebrantamiento de las formalidades previstas en la misma Ley Suprema–, al pueblo o debe declararse que estos proyectos de reformas a la Carta Política, son inconstitucionales? ¿De admitirse el control jurisdiccional, cuál debe ser el órgano legitimado para declarar la inconstitucional? HIPÓTESIS Los casos indicados en los dos numerales anteriores y las interrogantes, permiten la formulación de las siguientes hipótesis: 1- En el proceso de reforma constitucional, es posible agregar a la Carta Política un artículo que amplíe el sistema constitucional, como por ejemplo: si se le otorga rango judicial a las decisiones administrativas de los denominados jueces de coactiva.


2- Podría derogarse una norma fundamental que reduzca el sistema constitucional, por ejemplo: la eliminación del precepto constitucional que prohíbe la pena de muerte. 3- Podría eliminarse una norma positiva de la Carta Política e introducir otra, por ejemplo: una disposición que determine que la Corte Nacional de Justicia ya no tendrá 21 jueces, sino que la integrarán sólo 3 designados por el Presidente de la República. 4- Podría eliminarse un artículo de la Constitución, sin introducir ninguno nuevo, por ejemplo: se elimina los cargos de primero y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Es innegable que las hipótesis propuestas generarían inevitables infracciones constitucionales; pues, la creación del ordenamiento constitucional, como ha quedado analizado, es la manifestación del Poder Constituyente originario y el trámite de reformas a este sistema positivo, comúnmente, está a cargo del Constituyente derivado y, obviamente, surgirá la contradicción cuando éste –el Constituyente derivado– no respete los límites materiales y formales previamente establecidos en la Ley Fundamental. Las hipótesis expuestas no dejan dudas, por lo que, apoyados en los conocimientos previos sobre la materia, podemos afirmar que sí es posible que una reforma a la Constitución sea inconstitucional. Sin embargo, y a pesar de esta posibilidad cierta –de inconstitucionalidad de la reforma a la Carta Política–, pueden ensayarse otras hipótesis complementarias: 1- Podría considerarse que, a pesar del quebrantamiento de las formalidades que la Constitución determina expresamente, el referéndum popular saneará la transgresión y por ello, no será necesario un control de constitucionalidad –a cargo de la Corte Constitucional– al proyecto de reforma. 2- También se puede concluir, que en los casos propuestos –por la incuestionable inconstitucionalidad–, será justo y leal con la Carta Política vigente, que los proyectos de reformas a la Ley Fundamental, sean declarados así por la Corte Constitucional que es el organismo especializado –con más legitimidad para estos menesteres– que debe asumir sus obligaciones con valor e integridad.

hipotesis  

escrito de diferentes hipotesis

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