Léase si quiere gobernar (en serio)
CONTEXTO
Mientras Transparency International (1998) define el fenómeno de la corrupción como uno que permanece oculto e implica la apropiación de recursos públicos para obtener beneficios privados mediante más de una forma específica de conducta -de acuerdo con Merino (2013b)-, el World Forum on Governance reconoce el fenómeno de la corrupción de una manera más amplia, al considerar que no sólo incluye actos ilegales o prácticas indebidas que se encuentran fuera de la norma, sino que también se asocia con “el uso de la influencia en favor de intereses específicos que llevan a desviar recursos en perjuicio del interés público y que con frecuencia sucede a través de conductas que se presumen legales” (p. 139). En México, la corrupción se presenta como un problema sistémico imbricado en el aparato institucional del país, que encontró terreno fértil en prácticas informales derivadas del control central que ejerció el Poder Ejecutivo sobre los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Gobiernos locales, sobre la base de lealtades y complicidades para el funcionamiento del sistema político y a través de un aparato burocrático que aprovechó los espacios de discrecionalidad para el uso y abuso de los recursos del Estado (Dussauge, 2010). El proceso democratizador vivido en el último cuarto del siglo XX modificó los esquemas de acceso al poder dando paso a una mayor pluralidad política. Se pusieron en marcha reformas de desregulación económica y procesos de descentralización administrativa. Desde el Estado mismo, se impulsó la modernización de la gestión pública mediante nuevos esquemas institucionales enfocados a la transparencia presupuestal, la rendición de cuentas, la fiscalización y el combate a la corrupción. Sobre esta última, México tuvo una participación activa en las estrategias internacionales que nos comprometen a impulsar acciones para atajar este fenómeno. Lo anterior condujo a que el eje de control del Poder Ejecutivo se modificara y se abrieran espacios para una mayor competencia política. Sin embargo, ello no significó la eliminación de compromisos e intereses de las nuevas elites políticas en ascenso. De hecho, lejos de acotar
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