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La historia en la basura: los archivos perdidos de Donald Pierson* Roberto Lima En este texto se reconstruye e interpreta el proceso que culminó con la destrucción del archivo de datos de campo que el equipo de Donald Pierson (1900-1995) recolectó en su investigación sobre el Río San Francisco. Dicho archivo consistía en varios millares de fichas mecanografiadas, con información recogida por el equipo de 22 investigadores que Pierson coordinó, en una investigación que incluyó diez ciudades dispersas por todo el Valle del Río San Francisco en la década de 1950. Se analiza, entre otros factores, la indiferencia de la entidad que tenía la custodia del acervo, la subestimación de este autor en la historiografía de la antropología brasileña, estrechamente ligada a las críticas a los estudios de las comunidades, y la vulnerabilidad de los archivos brasileños. Palabras Clave: Donald Pierson, Río San Francisco, archivos de antropología, notas de investigación, des­trucción de archivos History in Trash: the Lost Archives of Donald Pierson This paper reconstructs and interprets the process that culminated with the destruction of field data archive that the team of Donald Pierson (1900-1995) collected in its investigation on San Francisco River. This archive consisted of several thousands of typed cards, with information collected by 22 researchers who were coordinated by Pierson on a research that included ten cities placed throughout San Francisco River Valley in the 1950’s. Among other aspects, it discuses the disregard of the entity that held the archive in custody, the underestimation of the author in the historiography of Brazilian Anthropology, closely linked to the criticism of community studies, and the vulnerability of Brazilian archives.

p. 111: ¡Si no hay solución…!. Foto: Jerónimo Palomares. p. 112: Peluquero. Foto: Jerónimo Palomares, 2007.

Keywords: Donald Pierson, San Francisco River, Anthropology archives, research notes, archives destruction Roberto lima: Universidad Federal de Goiás, Goiânia, Brasil nadanacuca@gmail.com Traducción: Clara Isabel Martínez

Desacatos, núm. 34, septiembre-diciembre 2010, pp. 107-118 Recepción: 30 de agosto de 2008 / Aceptación: 13 de mayo de 2009 * Agradezco al Acervo Memoria de la Compañía de Desarrollo de los Valles de San Francisco y del Parnaíba (CODEVASF) y al Archivo Edgard Leuenroth de la Universidad Estadual de Campinas, São Paulo, el acceso a los manuscritos de Pierson aquí citados, especialmente a la Biblioteca Pública Luiz de Bessa de Belo Horizonte, Minas Gerais, por la oportunidad de investigar en lo que quedó de los ficheros del proyecto San Francisco. Anexamos a este texto la moción de repudio aprobada en la plenaria general de la XXII Reunión de la Asociación Brasileña de Antropología (ABA), el 19 de julio de 2000. La parte inicial de esa investigación fue financiada con una beca de doctorado de la CAPES y del CNPq. La redacción final tuvo el apoyo del CNPq-Brasil (beca PDE). Agradezco las sugerencias de los colegas, mismas que fueron incorporadas dentro de mis límites y de los límites de extensión del texto. Obviamente, todo lo que está escrito aquí es de mi entera responsabilidad.

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l presente artículo trata de hechos ocurridos en la época en que estaba investigando para mi tesis de doctorado sobre el Río San Francisco (defendida en el año 2002). El objetivo es presentar una interpretación de lo sucedido a partir de la información recolectada. Al buscar fuentes bibliográficas sobre ese río, cuya posición en el imaginario nacional es la de un ideologema1 fundamental en la creación del discurso nacionalista brasileño, entré en contacto con los trabajos de Donald Pierson (1900-1995). Inspirado por la propuesta que dicho autor expresó en varias ocasiones —de que se hicieran reanálisis del material bruto de campo del proyecto de investigación que él había coordinado en la década de 1950 (y que posteriormente él mismo donó a la Fundación João Pinheiro)—, elaboré como primera pro­ puesta de tesis una actualización de los datos sobre prác­ ticas religiosas recogidos en las diez ciudades estudiadas por Pierson y su equipo. Como veremos más adelante, esto no fue posible. ¿Acaso esta historia tendría que comenzar por el fin? Si es así, pues que el principio sea a través de la pista que detonó esta crisis: una carta de una investigadora de la Universidad de Duke en la cual se afirma que los archivos de Donald Pierson y sus colaboradores, referentes a su investigación en el Río San Francisco, habían sido tirados a la basura2. ¿Tienes alguna información sobre el contenido de los archivos de Pierson en Belo Horizonte o en Campinas? Tengo una amiga en Brasil que llamó a Belo [Horizonte] (Funda1 El término ideologema lo tomamos de Jameson, quien señala: “is an amphibious formation, whose essential structural characteristic may be described as its possibility to manifest itself either as a pseudoidea —a conceptual or belief system, an abstract value, an opinión or prejudice— or as a protonarrative, a kind of ultimate class fantasy about the ‘collective characters’ which are the classes in opposition” (Dameson, 1981: 87, subrayado desde el original). El Río San Francisco ha si­do llamado “mediterráneo brasileño”, “río de la integración nacional”, “factor precipuo de la existencia brasileña”, entre otros epítetos. 2 Pierson era un autor prolífico. Además del archivo destruido de la Fundación João Pinheiro, también existen partes de sus archivos personales (cartas, originales y manuscritos) en el archivo Edgard Leuenroth, Universidad de Campinas (67 fólderes de archivo), como parte del acervo del bello proyecto História da Antropologia do Brasil, dirigido por Mariza Corrêa, y en los “Donald Pierson Papers” de las Special Collections de la biblioteca de la Universidad de Florida, donde además existen “4 pies lineales” de originales de Pierson.

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ción João Pinheiro) y le avisaron que casi todo el archivo de Pierson había sido desechado. Estoy esperando más detalles de esto y en cuanto los tenga te aviso. ¿Ya consultaste el archivo en Belo [Horizonte]?3

Así comienza este relato cuyo origen se puede ubicar el 28 de diciembre de 1951, cuando Donald Pierson, representando a la Escuela de Sociología y Política de São Paulo y a la Smithsonian Institution, firmó un convenio con la Comisión del Valle de São Francisco (CVSF), por un valor de 490 000 cruzeiros4 para realizar “estudios de carácter sociológico y ecológico de la región” (Peltier y Pierson, 1951: 85)5. De allí resultó el proyecto en el que Donald Pierson y más de dos decenas de colaboradores6 realizaron

3 Como no solicité autorización a la investigadora para la publicación

de su carta, conservaré el anonimato de la misma. Procederemos de igual manera con todas las cartas que me hicieron llegar “con carácter personal” y que estoy utilizando como material de investigación en este artículo. 4 La actualización de ese valor es difícil por los años y la inflación. Por las tablas del Banco Central de Brasil, tendríamos el valor de R$ 117 740 30 en mayo de 2010 o cerca de U$ 65 400 00. Pero ese valor parece más bien pequeño frente a lo necesario para el proyecto. 5 La CVSF fue una agencia estatal creada el 15 de diciembre de 1948 para promover el desarrollo regional, teniendo como modelo a la Te­ nnessee Valley Authority. No obstante, por diferentes motivos —entre ellos los relacionados con las vicisitudes de la política brasileña, por un lado, y por el otro, debido al propio carácter de sus dirigentes—, esa agencia nunca funcionó teniendo como referencia un plan de desarrollo regional, a pesar de contar con un presupuesto seguro (1% de lo recabado por la Unión). Por el contrario, sus acciones siempre se dieron como consecuencia de alianzas personales y con el eterno carácter de “paliativo” (Dantas, 1972). La enorme cantidad de irregularidades administrativas hizo que la agencia fuera rebautizada como Superintendencia del Valle de San Francisco (SUVALE) y posteriormente, en 1974, como Compañía de Desarrollo del Valle de San Francisco (CODEVASF). La conjunción presupuesto asegurado/desdén por un plan de acción ayuda a explicar algunos de los acontecimientos narrados en este artículo, como la demora en publicar los resultados del proyecto de Pierson. 6 En total eran 22 colaboradores: Levy Cruz, Aparecida Joly Gouveia, Lucas Nogueira Garcez, Frederico Barros Brotero, Zilda Cruz (esposa de Levy Cruz), Fernando Altenfelder Silva, Maria Galvao Cardoso, Lídia Altenfelder Silva (esposa de Fernando), Cândido Procópio Camargo, Octavio Costa Eduardo, Plínio Figueiredo, Arthur de Moraes Cezar, Natália Rodrigues Bittencourt, Alceu Maynard Araújo, Ma­ ria Wagner Vieira da Cunha, João Vicente Cardenuto, Noêmia Pereira Toledo, Geraldo Semenjato, Alfonso Trujillo Ferrari, Esdras Borges Costa, Maria Isabel dos Santos, Gastao Thomas Almeida, Neide Carvalho, Padre Aldemar Moreira. Esta lista corresponde a los integrantes de los cinco equipos de investigación participantes en el proyecto. Debo decir que muchos de ellos ya murieron, lo que hace de la reconstitución del archivo un trabajo de gambusino entre parientes y archivos dispersos por el territorio brasileño.


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la principal investigación que se ha hecho hasta ahora sobre el Valle del Río San Francisco. La pesquisa se llevó a cabo en diez ciudades divididas en cinco pares, distribuidos de la siguiente manera: el primero en el “altiplano occidental”, la ciudad de Correntina y la región al oeste de ésta, denominada Gerais; para el segundo se escogió un lugar ribereño de economía pesquera, Xique-Xique y Marrecas; el tercero en el área de Caatinga, donde hay cría de cabras y se estaba introduciendo el riego, Cabrobró e Isla de la Asunción; el cuarto fue en la región de cultivo de arroz en el bajo valle, Piassabucu y Potengi; el quinto y último fue en el alto San Francisco (Hacienda Diamantina). En términos de cobertura, este proyecto tal vez sólo pueda compararse con el proyecto Brasil Central, dirigido por Roberto Cardoso de Oliveira y David Maybury-Lewis. Como resultado inmediato de esta investigación, varios libros y numerosos artículos fueron publicados7, pues en las cláusulas 8ª y 9ª del convenio constaba que:

Pero también se obtuvo otro resultado —realizado en las sombras de la investigación— del cual no se habló en aquella época: como los 22 investigadores estaban obligados a entregar al coordinador del proyecto copias de sus notas de campo, éstas fueron clasificadas y mecanografiadas con copia, dando lugar a un archivo, contenido 7 Cito sólo las monografías: Cerrado e Retiro, de Esdras Borges Costa, 1960; Xique-Xique e Marrecas, de Fernando Altenfelder Silva (1961); Canta Brasil (1957), Populacoes Ribeirinhas do Baixo São Francisco (1961), Escorco de Folclore de uma comunidade (1962), todos de Alceu May­nard de Araújo; Porengi de Alfonso Ferrari (1960); O Homem do Vale do São Francisco, de Pierson (1972). Gran parte de los artículos fue publicada en la revista Sociologia, dirigida en aquella época por Emilio Willens y Romano Barreto. Esta revista amerita una exhumación, pues en sus volúmenes se puede apreciar buena parte del movimiento de creación de los currículos de Ciencias Sociales en Brasil en el periodo que va de 1940 a 1960.

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La Escuela de Sociología y Política de São Paulo se obliga a entregar a la CVSF […] las monografías de las comunidades estudiadas, que serán elaboradas por los respectivos directores de investigación, bajo la dirección general del profesor Donald Pierson, y que serán publicadas por la CVSF y […así como] los originales de un libro a ser elaborado, en inglés, para el Institute of Social Anthropology de la Smithsonian Institution por el profesor Donald Pierson, sobre toda la región del Valle del Río San Francisco (Peltier y Pierson, 1951: 87 verso).

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en 15 cajitas de 26 x 18 x 12.5 (Pierson, 1987). En suma, un registro minucioso de la vida de la población ribereña en las puertas del inicio del ciclo de las grandes hidroeléctricas y de los distritos de riego8. 8

Es importante subrayar el valor histórico de estas fechas, pues en 1953 se define el lugar de la primera gran hidroeléctrica en el Río San Francisco, la cual fue inaugurada en 1955, ejerciendo un profundo impacto no sólo en las comunidades que tuvieron que ser reubicadas, sino también en las comunidades de aguas abajo que vivían de la agricultura en tierras inundables (en Três Marias el río variaba su descarga entre 200 m3 /s en la época de secas y 6.500 m3 /s en las grandes inundaciones) y que vieron cómo el caudal del río se fue regularizando en un volumen aproximadamente constante de 550 m3 /s. Este fenómeno es parte del imaginario de la población ribereña, la comunidad cimarrón del Río das Rãs, donde los habitantes, al no darse más las grandes inundaciones, afirman que “el río comenzó a secarse con [la construcción de] Três Marias”.

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Así es como a principios de la década de 1980, con más de 80 años de edad, Pierson comenzó a preocuparse por el destino que tendría aquel rico material cuando él muriera. Entonces retomó la correspondencia con cada uno de los investigadores que participaron en el proyecto, con el objetivo de solicitarles su autorización para donar las copias de las fichas que estaban en su poder9 a una “institución de investigación idónea” que, según su criterio, tendría que ser brasileña, de preferencia ubicada en el Valle del Río São Francisco. Pierson estaba muy motivado por una práctica incipiente en esa época: el reanálisis antropológico:

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La esperanza de encontrar un lugar seguro donde pudieran guardarse permanentemente mis copias de notas viene de le­ jos; sin embargo, este sentimiento se hizo más fuerte cuando, a solicitud de los directores de los Annals de la American Academy of Political and Social Science, elaboré la reseña de una obra del antropólogo Robert E. Hinshaw, quien al estudiar al pueblo localizado a los bordes del lago Atitlán, en Guatemala, utilizó con fines comparativos las notas de otro antropólogo, el profesor Sol Tax, referentes al mismo pueblo pero de 30 años atrás. Así, fue posible que Robert E. Hinshaw estudiara la vida de aquel pueblo in depth, o sea, a través de los cambios experimentados en las tres décadas previas a su investigación, obteniendo así, fácilmente, una visión por­ menorizada de aquello que fue [el pueblo] treinta años atrás para aquello que es ahora (Pierson,1987: 107-108). (Cursivas mías)10

Pierson estaba consciente de que la preservación de este archivo mantendría una puerta abierta entre el pasado y el porvenir en las investigaciones antropológicas sobre la región. La búsqueda de un lugar adecuado y seguro fue bastante cuidadosa, como se desprende de una carta dirigida a Rodrigo Octavio Coutinho, fechada el 4 de agosto de 1981:

9 Esta correspondencia, realizada entre 1981 y 1983, se encuentra en

el Archivo Edgard Leuenroth, especialmente en los fólderes 002-008, 056-058, 063-070. 10 Posteriormente este tipo de estudios se volvió bastante común. Se pueden citar los reanálisis del material de Tepoztlán de Robert Redfield hechos por Oscar Lewis, de las islas Trobriand de Bronislaw Malinowski por Stanley Tambiah, de los ndembu de Víctor Turner por Marisa Peirano y, para dar un ejemplo bien brasileño, de los krahó de Júlio Melatti por Manuela Carneiro da Cunha.

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Actualmente mi preocupación tiene que ver con las notas de campo escritas por nuestros 22 investigadores y por mí en ese entonces, organizadas en São Paulo por categorías y mecanografiadas por Maria Isabel dos Santos, mi fiel secretaria en aquel tiempo, y sus auxiliares. No quiero que estas copias de notas desaparezcan un día, cuando yo ya no esté […], todavía hay en ellas muchas y muchas cosas inéditas (Carta depositada en el Archivo Edgard Leuenroth).

En la correspondencia con Rodrigo Octavio Coutinho se percibe que este último también estaba gestionando la donación al Archivo Público Mineiro, a la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y a la Universidad de Brasilia (UnB). Al respecto se dice que la UFMG se mostró “poco comprensiva” (según palabras de Coutinho) y la UnB tampoco aceptó el material, como se desprende de la carta (5 de junio de 1983) de Pierson a Roberto Cardoso de Oliveira, entonces en la Universidad de Brasilia. Según dicha carta se infiere que Cardoso de Oliveira rechazó la custodia del material por no entender de qué se trataba (la carta de Pierson es una explicación de la naturaleza del acervo y no está escrita en el tono usualmente pulido y cordial del autor). Finalmente, Pierson acordó con la Fundación João Pinheiro que fuera ésta la depositaria del acervo. En testimonio concedido a Mariza Corrêa (publicado en Corrêa, 1987) se aprecia claramente el orgullo que él sentía de esta fundación, por ser sus directores “brasileños de futuro” y “hombres de visión” y, para él, esta opinión se confirmaba con la carta del director de la Fundación João Pinheiro, Aluísio Pimenta: Esta oportunidad mucho honra a la Fundación João Pinheiro, que viene procurando ofrecer su colaboración en el esfuerzo de preservar el acervo cultural… (carta de Pimenta a Pierson, cit. por Pierson, 1987)11.

A pesar de que Pierson hace una detallada descripción de los trámites para la donación, no proporciona la fecha exacta. No obstante, se puede decir, sin temor a equivocarnos, que la donación se hizo en 1984. Dada la proxi11 Esta carta, fechada el 7 de octubre de 1983, se encuentra en el Ar-

chivo Edgard Leuenroth.


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midad de la fecha, se entiende el asombro y el horror que causó saber que en tan poco tiempo 80% de este material haya sido destruido, según cálculo aproximado presentado vía telefónica por la dirección de la Biblioteca Pública Estatal Luiz de Bessa, en Belo Horizonte, adonde el ar­ chivo fue transferido. En los primeros contactos, tanto el personal de la Fundación João Pinheiro como el de la Biblioteca Pública Estatal Luiz de Bessa fueron extremadamente evasivos: no se sabía por qué y se ignoraba la fecha; tampoco se conocían las circunstancias en que se había hecho la transferencia (de las conversaciones sólo se desprendía que, aparentemente, la destrucción ocurrió durante el traslado del material). Sobre estas cuestiones, la lacónica respuesta obtenida, tanto de la Fundación João Pinheiro como de la Biblioteca Pública, era: “sucedió en el gobierno pasado”. Fue necesario viajar a Belo Horizonte para empezar a entender lo que había sucedido. A la negativa inicial de la Fundación João Pinheiro y de la Biblioteca Pública Estatal Luiz de Bessa de explicar los hechos, siguieron las de­ claraciones, a veces dramáticas, de los directores de las dos instituciones12: Sr. Roberto Lima: He intentado hablar por teléfono con usted varias veces sin conseguirlo. Quiero aclarar que el archivo de Donald Pierson estuvo en nuestra Biblioteca a lo largo de 12 años, yo misma lo recibí. Estuve fuera de la Fundación João Pinheiro durante siete años y cuando regresé consideré mejor transferirlo a la Colección Mineiriana en la Biblioteca Pública Estatal, [el mueble con] ese archivo se fue junto con otros archivadores vacíos que donamos a la Biblioteca. Lo sentimos, pero la funcionaria que los recibió, ignorando la importancia del acervo, a pesar de que el archivador estaba sellado y pegado con cinta adhesiva, todas las fichas fueron tiradas a la basura [sic]; otra funcionaria, al descubrir la falla y sabiendo de nuestra transacción y del contenido de los cajones, intentó recuperarlo, consiguiendo sólo el 10% de lo enviado. Todo esto fue para nosotros motivo de gran insatisfacción y frustración, pues conocíamos la gran importancia del archivo; nos sentimos culpables de la pérdida y de la

12 Como ya se explicó anteriormente, seguiré sin dar los nombres de las personas involucradas, básicamente por dos motivos: 1) por ser datos de investigación cuyos informantes solicitaron guardar la identidad, y 2) porque creo que la cuestión principal es institucional.

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falla, sin saber dónde nos habíamos equivocado. Y por increíble que parezca, desde entonces varias personas nos han buscado para la consulta de tales fichas. Estoy a su entera disposición para cualquier otra aclaración.

En las declaraciones de las personas directamente involucradas, tanto de la Fundación João Pinheiro como de la Biblioteca Pública Luiz de Bessa, siempre se alegó la existencia de “atenuantes” para entender el porqué de la pérdida ocurrida en diciembre de 1998: había presión del secretario de Cultura para la inauguración del nuevo edificio de la biblioteca, y se consiguió la donación de cierto número de estantes para libros y ficheros con la Fundación João Pinheiro. El archivador con el acervo de Pierson fue enviado en el mismo camión pero no se avisó del contenido. Resultado: era necesario pintar los muebles y así se hizo. El contenido fue tirado a la basura. Nótese que no había una acta de cesión de bienes (termo de cessão en portugués) de los muebles y del archivo (y para abril de 2000, cuando estuve en ambas instituciones tratando de entender cómo sucedió esa pérdida, todavía no la había), o sea, la transferencia fue informal y no hubo interés de ninguna de las partes en designar a una persona informada del contenido y del valor del acervo que supervisara personalmente la transferencia, lo que obviamente exime al pobre pintor de cualquier culpa, y finca en las instituciones la responsabilidad de lo ocurrido. Deteniéndonos a pensar en el bote de basura donde fueron depositados, fiel y delicadamente, los millares de fichas de trabajo de campo, nos quedan enormes interrogaciones: ¿a quién sirve esta práctica del olvido?, ¿cómo es posible crear una memoria técnica de las ciencias sociales, del modo de vida de las poblaciones tradicionales brasileñas, e incluso de los proyectos nacionales brasileños, si muchas veces las propias instituciones que deberían preservar este acervo no lo hacen?13 Considerando la memoria como un puente entre el pasado y el presente, aunque motivada por el presente, y a

13 Vale la pena recordar y reconocer el trabajo del personal del Acervo

Memoria de la CODEVASF que impidió, literalmente, el reciclaje de todo el material referente a la extinta CVSF, donde se encuentran, por ejemplo, los originales del acta del convenio entre la ELSP y la CVSF. A

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pesar de la importancia de Pierson en la antropología de Brasil14, parece que nuestro autor cayó en el “lado oscuro de la memoria”, ya sea por “darwinismo intelectual” o por una “visión hobbesiana de la vida intelectual”15. Entre las posibles explicaciones de tal ostracismo menciono dos: la primera se refiere a una cuestión metodológica; a saber, la estrecha asociación entre Pierson y los estudios de comunidades. Para Josildeth Consorte, Pierson fue “el principal incentivador de este tipo de estudios entre nosotros” (Consorte, 1996: 71). En segundo lugar, pero ligadas al prejuicio, están las críticas a la manera en que condujo las conclusiones de su estudio sobre las razas en el estado de Bahía (y a la teoría que derivó de ese estudio): subliminalmente, él habría ido a Brasil a procurar una situación racial mejor que la estadounidense (Pierson había realizado un survey en Nashville antes de venir a Brasil). Acerca de las críticas a la metonimia entre los estudios de comunidades y Pierson, hay algunos aspectos que deben considerarse. El primero es que, de hecho, así como hubo un ciclo de estudios de comunidades en Brasil, también hubo un “ciclo de críticas” y, en esta danza de la teoría, muchos autores y referentes teóricos de Pierson (y él mismo) fueron dejados en el ostracismo16, a veces injustamente, pues en relación con sus propios escritos etnocontinuación cito a una de las trabajadoras: “Había una enorme cantidad de cajas en el garage [del edificio de la CODEVASF en Brasilia, Distrito Federal] y nadie sabía lo que era aquello: ¡Ah… es papel viejo, es para reciclar. Un día, otra bibliotecaria y yo fuimos a ver lo que era y nos asustamos: ¡eran todos los documentos de la desaparecida CVSF ! Entonces creamos el Acervo Memoria, para impedir que aquello fuera a dar a la basura” (entrevista con la bibliotecaria de la CODEVASF, 1999). 14 No tiene sentido retomar aquí una lista de artículos y libros editados, traducidos y firmados por él (por su propia cuenta, siete libros y 70 artículos) dado que esto puede encontrarse en la charla entre Pierson y Corrêa (1987: 63-68) y en Lippi Oliveira (1987), donde también aparece una lista de alumnos que él asesoró. 15 Expresiones utilizadas por Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti para explicar el no reconocimiento de la importancia de Oracy Nogueira —alumno, amigo y colaborador de Pierson— en la so­ ciología brasileña (véase <www.fiocruz.br/hscience/vol2n2/dep22. html>). Agradezco también a Maria Laura el acceso a algunas de las cartas de Oracy Nogueira dirigidas a Pierson en las que se trata el olvido de ambos. 16 Basta con ver los autores a quienes él dedica su libro Teoría e Pesquisa em Sociologia (1970 [1945]): “Simmel, Durkheim y Sumner, los pioneros de la sociología científica”. Aunque Durkheim sigue leyéndose bastante y su obra se sigue editando, Simmel pasó mucho tiempo sin leerse en Brasil y Sumner no se ha reeditado en portugués desde 1950.

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gráficos, si Cruz das Almas es un estudio de comunidad, no podríamos decir lo mismo de O Homem no Vale do São Francisco. No quiero detenerme en la crítica a las conclusiones de sus estudios sobre la raza pues estoy consciente de que es necesaria una discusión más amplia sobre la influencia de Pierson en sus alumnos para verificar hasta qué punto “los etnógrafos de los países periféricos habían aprendido con sus maestros de los países centrales la teoría del mirar descentrado que presuponía fijar el punto de fuga de esa perspectiva universalista en la cultura occidental europea” (Carvalho, 1999: 5). En el caso del autor de Negros e Brancos na Bahia, incluso una crítica coherente como ésta puede ser descartada: es que entre todos —críticos y defensores— hay unanimidad en ver la obra de Pierson y su actividad docente como el punto de partida de la renovación de los estudios sobre la raza en Brasil17. Es decir, no hay manera de negar el papel de Pierson como promotor y fundador de un discurso cuyos desdobles originaron algunas de las más interesan­ tes perspectivas sobre el racismo en Brasil en dos de sus alumnos, amigos, colaboradores y —en algunos momentos— férreos críticos: Oracy Nogueira y Florestan Fernandes18. O sea, hay algo en la crítica que termina por enaltecer a Pierson. Si pensamos que el buen profesor es aquel que desea que sus alumnos vean más lejos que él, esa faceta es reconocida por sus exalumnos, como se desprende del testimonio (2003) de Esdras Borges Costa, profesor jubilado de la Fundación Getúlio Vargas: “si el trabajo de Pierson no floreció en la Escuela Libre de Sociología y Política (ELSP), como él quería, floreció en no­sotros, en las instituciones donde trabajamos o en las que creamos”. Pero no es sobre este aspecto de la producción de Pierson que versa el presente texto, aunque es relevante la alusión a su papel como director de tesis para entender la importancia del acervo perdido. Volvamos, entonces, a las cuestiones que son objeto de este artículo. 17 Véase Bacelar, 1997; Cavalcanti, 1999 y s. a.; y Nogueira, 1970. 18 Sin contar la importancia que Guerreiro Ramos —otro autor

central en el pensamiento sobre el racismo en Brasil— concedió a las clases que tomó con Pierson en su formación intelectual. Véase Lippi Oliveira, 1995.


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Por numerosas que sean las críticas, hay algo en lo que nadie cuestiona a Pierson: su capacidad para observar y describir la vida de las comunidades que estudiaba, algo que tiene que ver con el propio rigor de su metodología de observación y que se percibe también en el cuidado con que acometía la tarea de dirigir los trabajos de sus alumnos. Al respecto, es interesante ver el Apéndice II de Pierson (1970) (“Algunas sugerencias metodológicas para el estudio de una comunidad rural”). Originalmente se trataba de una guía de sugerencias de investigación utilizada por los miembros del Proyecto San Francisco con el objetivo de dar uniformidad a las rutinas y los temas, de manera que las investigaciones realizadas por los cinco equipos pudieran ser comparadas y sistematizadas19. A Pierson le preocupaba en extremo registrar los dichos y acontecimientos en los términos de los propios nativos20, sabedor tal vez de la caducidad de su teoría, pero también de la importancia del retrato fiel, con más razón tratándo­ se de regiones donde había un total desconocimiento de la demografía local21 y hasta de lo más elemental de la geografía local22. Pierson era consciente de esto y no se

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Escenas más recientes de la ciudad, 1971. 19 Véanse los fólderes 064 y 066 del acervo de Pierson ya citado, don-

de se encuentra la correspondencia intercambiada entre él y los grupos de investigadores del Proyecto San Francisco, en campo. Es interesante ver cómo cada carta de pronto era respondida con largas listas de sugerencias. Además, cuando sentía que una de las cuestiones planteadas por alguno de los investigadores podría interesar al resto, inmediatamente enviaba copias a los otros equipos para que las ideas circularan continuamente. Hay que recordar que todo esto sucedió antes de la llegada de las fotocopiadoras a Brasil, y que toda esa red se tejía vía correo aéreo, ya que en esa época Brasil era una especie de archipiélago y el transporte interregional se hacía por vía marítima, fluvial o aérea. 20 Esta práctica impidió la publicación en inglés del libro sobre el Valle de San Francisco, pues había muchísimas expresiones difíciles de traducir que Pierson prefirió conservar en portugués, lo cual dejó bastante insatisfechos a los editores. También por eso, aunque listo desde 1959, el texto en inglés sólo tuvo su versión final hasta 1991. El original de esta obra se encuentra en la colección Pierson de la Universidad de Florida (en línea: <http://web.uflib.ufl.edu/spec/manus cript/guides/Pierson.htm>). 21 Véase el prefacio del tomo I de Pierson, 1972, para tener una idea de lo difícil que era obtener datos concretos sobre mortalidad infantil, crecimiento poblacional, etc. Debido a tal carencia, y dado al “hágalo usted mismo”, el primer censo confiable de las localidades estudiadas fue realizado por el equipo de Pierson. Hecho que ya había ocurrido antes: como muestra Bacelar (1997), los datos presentados por Pierson (1945) para la región del Recôncavo Baiano todavía son los mejores que hay para la época. 22 Los únicos datos sobre la longitud del río de que se disponía eran los levantados por Halfeld ¡en 1860!

conformaba con la indiferencia con la que, hasta cierto punto, había sido tratada su obra, como se desprende de una carta dirigida a Oracy Nogueira, fechada el 25 de octubre de 1972, cuando ya era seguro que se editaría O Homem no Vale do São Francisco, obra monumental que demoró 13 años en publicarse (entre la fecha de entrega del manuscrito y su presentación): Contando con su comprensión amiga y respeto, tal vez convenga decir aquí de paso que me sentí enormemente preocupado cuando tuve que esperar durante largos años la publicación de esta obra, sabiendo que a cada día que pasaba la información perdía actualidad. Creo que no será difícil entender la “agonía intelectual” por la que pasé. En aquella época, puedo confesarlo también, francamente, el único consuelo que tenía era saber que, cualquiera que fuera la pérdida de actualidad de dicho material, después de tan larga demora, la obra no carecería de valor histórico pues las investigaciones se habían hecho con cuidado; al contrario, el valor se incrementaría a cada año que pasara23. 23 Carpeta 041 del acervo de Donald Pierson en el Archivo Edgard Leuenroth.

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Dicha preocupación, que varias veces fue calificada de manera simplista de empiricista, en realidad disfrazaba lo que para él era la misión de su vida: “la preparación de futuros investigadores en ciencias sociales a través de investigaciones hechas por ellos mismos, bajo la dirección de personas más experimentadas, desarrollándose, en el proceso, cualquier otra actividad necesaria para su realización” (Pierson, 1987: 42 y Cavalcanti, 1999: 99). En el marco de este proyecto, Pierson formó a 22 investigadores. Y efectivamente, en este proceso se acumuló una inmensa cantidad de datos primarios sobre el Río San Francisco, material que sólo fue usado en parte en las publicaciones del grupo de investigadores, restando “mucha y mucha cosa inédita”. Esta plétora de información del archivo frente a los textos publicados se da porque un libro es una historia que cuenta el autor. Una historia contada es una elección entre otras posibles, las cuales no salen a la luz en esa ocasión pero pueden aparecer posteriormente si los elementos constitutivos son conservados para, en otro momento, ser organizados bajo otros presupuestos y con otros objetivos. Ésta es una cuestión fundamental cuando se habla de archivo. Para Derrida (1995) la gran importancia del archivo está en el porvenir, en él quedan consignados los futuros posibles. Ése es el violento poder que detentan los archivos (y algo todavía más atemorizante: el que detenta quien detenta el archivo, el arconte del archivo). Entre el 6 y el 8 de abril del año 2000 intenté ordenar lo que quedó del archivo de Pierson en la Biblioteca Pública Luiz de Bessa, a partir de las “palabras clave” anotadas en el encabezado de cada ficha24. Aparentemente, la mayor parte de lo que se rescató pertenece a la misma serie, pues encaja en algunos marcadores que también fueron conservados. Además de este material, se encontró una cantidad razonable de fichas que no encajan en estos marcadores (cerca de 30%). Lamentablemente, la mayor parte de lo que quedó es material de segunda mano, es decir, son fragmentos tomados de las fuentes bibliográficas consultadas. Aun así, se constata que del material restan24 Cada ficha tenía, en los términos de Pierson, de cuatro a seis “palabras clave” (por ejemplo: nombre del informante, fecha, nombre de quien colectó la información, lugar, tema, subtema).

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te (muchas de las fichas están marcadas con una pequeña “v”, tal vez indicando su in­clusión en el texto o su revisión) se podría elaborar una interesante tesis sobre el Río San Francisco. De las pocas fichas elaboradas a partir del material “de primera mano” —los fragmentos ordenados de los dia­ rios de campo— rescatadas, algunas eran muy simples, referidas a situaciones prosaicas, como la narración de las dificultades para encontrar alojamiento digno para el equipo de investigadores; otras eran bastante complejas, como, por ejemplo, la presentación de calendarios agrícolas pormenorizados (semejantes a los que Evans Pritchard elaboró y presentó para los nuer), o las descripciones minuciosas de las embarcaciones usadas en el bajo San Francisco. Entonces, es posible imaginar, soñando por un momento, cuántas historias no podrían todavía contarse con la información contenida en aquellas fichas, que prácticamente no fueron consultadas después de la donación. Sólo hay, al respecto, el registro de tres investigadoras del grupo de Pierson que regresaron a consultar el material25, y del equipo de la Fundación João Pinheiro que en 1985 elaboró —en buena medida con la ayuda de este fichero—una bibliografía sobre el Río San Francisco, como se muestra en la presentación de la publicación: En la elaboración de esta investigación deben ser destacadas dos contribuciones: una es la del doctor Donald Pierson, au­ tor de exhaustivas notas sobre el Valle de San Francisco, además de una bibliografía sobre la región. La Fundación tiene la custodia de ese material y usó ampliamente sus citas (Pimenta, 1985: IX).

Si se hace un apretado resumen cronológico de la relación entre Pierson y el Valle de Río San Francisco, es posible percibir una tremenda tensión por mantenerse vivo y en la memoria: en 1950, Pierson hace un viaje por todo el Valle del Río para seleccionar las ciudades que serían estudiadas; en 1951 firma el convenio con la CVSF para realizar la investigación colectiva; en 1952, los equipos hacen trabajo de campo; a lo largo de la década de 1950 y prin25 Se trata de Márcia Alves de Souza, Cecília Maria Di Lascio y Hay­

dée Guanais Dourado (Pierson en Corrêa, 1987: 110).


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cipio de la siguiente, se publican decenas de artículos de los participantes del proyecto (como ya se mencionó, buena parte en la revista Sociología) y las monografías de los jefes de equipo (publicadas por la CVSF); en 1959 queda listo el libro síntesis de Pierson. Ese periodo marca el ápice de la productividad de Pierson, pues a mediados de la década de 1950 sale de Brasil por motivos de salud y regresa a Estados Unidos, sin lograr recuperarse del todo. El libro O Homem no Vale do São Francisco quedó listo en 1959, “durmió” durante 13 años en diferentes cajones de comisiones y ministerios, dándose por perdido en más de una ocasión, hasta que fue publicado en 1972. En esa etapa Pierson mantiene una vasta correspondencia con sus colegas de la ELSP —en esos días pasaba por una severa crisis— y con conocidos suyos del Congreso Nacional brasileño y de la CVSF/SUVALE, con el objetivo de mantener al grupo de la ELSP y tratando de dar segui-

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miento a las publicaciones. Con el temor de morir y el riesgo de que el material del trabajo de campo se perdiera, Pierson dona el archivo a la Fundación João Pinheiro, que lo recibe en 1983. La tensión que permea gran parte de la correspondencia conservada en el Archivo Edgard Leuenroth también se evidencia en las entrevistas que hice a varias personas que de alguna manera trabajaron con él (como Mireya Suárez, Mariza Corrêa y Sebastião Vila Nova). Tanto para Suá­rez (de quien fue asesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México) como para Corrêa, Pierson vivió con el sentimiento de que las ciencias sociales en Brasil eran malagradecidas. Vila Nova señala que el desinterés es de tal magnitud que la biografía de Pierson que él escribió fue publicada en Portugal (1998), pues ninguna editorial brasileña se mostró interesada en ella. Finalmente, Pierson falleció en 1995 y, sólo cuatro años después, el material bruto de lo que él llamó su “más ambicioso proyecto” fue tirado a la basura. Hay una frase que no está en el mensaje original de la Fun­dación João Pinheiro citado en este texto, pero que em­puja como queriendo ser enunciada, de manera que tomé la libertad de reescribir el párrafo agregando lo que en mi opinión faltaría, aunque entre corchetes: Todas las fichas fueron tiradas a la basura […] para nosotros fue motivo de gran insatisfacción y frustración pues sabíamos de la enorme importancia del archivo, nos sentimos culpables de la pérdida y de la falla, sin saber dónde nos habíamos equivocado. [Ese archivo nunca fue investigado] y por increíble que parezca, desde entonces varias personas nos han buscado para consultar tales fichas.

Desde mi punto de vista, la frase faltante revelaría una vía para la interpretación de lo sucedido, pues pone en jaque la conciencia de la importancia del archivo por parte de las propias instituciones encargadas de custodiarlo. Aunque la frase no apareciera en el correo electróni­ co, yo la escuché más de una vez cuando estuve en las dos instituciones verificando el material que había queda­ do. Esta frase siempre venía acompañada de otra aún más non sense —“[…] pero, ¿no estás de acuerdo conmi­ go en que cuando un autor publica un texto él ya usó todo lo que era interesante de sus notas?”— que era uti-

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lizada para minimizar el impacto de la destrucción del archivo26. Es necesaria aquí una digresión. Este texto trata de la destrucción de un archivo, pero la historia reciente de Brasil es permanentemente construida a partir de este tipo de supresión de rastros, lo que sitúa el “caso del archi­vo de Pierson” como sólo uno de los elementos de una vasta estructura de silenciamiento de las voces de los vencidos. Baste recordar que la República Brasileña, declarada en 1889, se inaugura con la orden dada por Ruy Barbosa de destruir los archivos de la esclavitud (1890) y con la masacre de Canudos (1897), en la que miles de campesinos fueron asesinados por el ejército brasileño. Además, la manera en que se han hecho los arreglos políticos en Brasil siempre ha privilegiado el desvane­cimiento de la memoria, un ingrediente más de la vulnerabilidad de los acervos en el país. Un ejemplo de esta situación puede ser la inexistencia de artículos semejantes a éste que relaten e interpreten la destrucción de la biblioteca del Centro Latinoamericano de Investigación en Ciencias Sociales, ocurrida durante el último periodo dictatorial. Como dijera Walter Benjamin, el pasado siempre está en riesgo. Lo descrito hasta ahora lleva a invertir la famosa frase de Benjamin (2008): “todo documento de barbarie también es un documento de cultura”. Porque la creación de la autonombrada “nación cordial” se hace gracias a la supresión de las huellas de la violencia perpetrada en contra de los “subalternos” y del silenciamiento de los discursos alternativos sobre los procesos históricos. El caso que nos ocupa, la destrucción del acervo de Pierson, sería un excelente ejemplo (en su lado absurdo) de la construcción del pasado vacío y homogéneo de la nación (Anderson, 1993; Jameson, 1981; Bhabha, 2002). Desafortunadamente, es posible pensar un acto de destrucción por pura negligencia, como en este caso, como una forma de borrar otras versiones potenciales del pasado, o la posibilidad de respuesta de un inves­tigador que muchas veces fue criticado más de lo que correspondería.

26 Este tipo de cuestiones ya fue planteado y no creo que sea necesario

volver a tal discusión.

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Pero también tenemos, en éste y en otros casos27, ejemplos de cómo se instituyen y se “desinstituyen” las instituciones en Brasil. Y en este punto aflora otra cuestión que al parecer también tuvo que ver con lo sucedido: la salida del acervo de Pierson de la Fundación João Pinheiro obedeció, al parecer, a los propósitos actuales de di­cha fundación de trabajar con políticas públicas de Minas Gerais28, y el Río São Francisco, con sus más de 2 600 km, excede con mucho ese estado. Por otro lado, exactamente por las mismas razones, este acervo no encajaba en el perfil de la colección a la que fue donado: la Colección Mineiriana de la Biblioteca Pública que, como su nombre lo dice, también estaba centrada en Minas Gerais. Sólo tal coincidencia podría explicar el extraño hecho de que el acervo pudiera salir de un lugar y no necesitara llegar a otro, pues fue eso precisamente lo que sucedió: no hubo acta de cesión, no se supervisó el traslado y, en apariencia, tampoco hubo la intención de saber si la persona responsable de la recepción del archivo estaría en la Biblioteca (la persona que estaba “al corriente de la donación […] estaba de vacaciones”). Con esto llegamos al final de este artículo informativo que deja todavía algunas preguntas resonando: la auto­ridad del arconte sobre el archivo ¿es —o puede o debe ser— tan grande que éste tenga la facultad para des­ truirlo? En la Reunión Brasileña de Antropología del año 2008, Lívio Sansoni presentó, en el grupo de trabajo “Archivos e historias de la antropología brasileña: tradiciones visi­bles e invisibles”, el proyecto de lo que él llamó un “anti-museo de la antropología de las relaciones raciales en Brasil”, que estaba implementando en el Centro de Estudios Afroorientales de la Universidad Federal de Bahia

27 Como la afortunada casualidad de la preservación del acervo de la

CVSF, ya citada. 28 En el sitio de

la Fundación João Pinheiro [<www.fjp.gov.br/fjpinst.html>] queda muy claro: “La Fundación João Pinheiro es una entidad del gobierno de Minas Gerais dedicada a la realización de pro­ yectos de investigación aplicada, consultorías, formación de recursos humanos y acciones de apoyo técnico al Sistema Estatal de Planeación y demás sistemas operativos de Minas [Gerais], en las áreas de la administración pública y privada, la economía, los estudios históricos, culturales, sociales y políticos” (subrayado mío, consultado en abril de 2002).


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(CEAO/UFBA). Su propuesta consistía exactamente en reducir el poder de consignación del “propietario” del archivo mediante la creación de acervos virtuales (algo cada vez más fácil de hacer) de antropólogos brasileños, o que trabajaran en Brasil sobre este tema. A lo largo de su inter­ vención, Sansoni presentó diversas copias digitales de fotos, cartas, notas y fonogramas de autores como Frazier, Pierson, Herskovits, entre otros, y se discutió la posibilidad de que la Asociación Brasileña de Antropología tuviera un papel de facilitador en la intermediación —para la digitalización y divulgación— entre las instituciones interesadas y los “propietarios” (en el caso de los archivos privados en manos de los parientes) o depositarios, es decir, hasta cierto punto, una adaptación para la era del internet de la moción que yo mismo presenté a la Asociación Brasileña de Antropología en el año 2000 (véase Anexo). A final de cuentas, las notas originadas en el inmenso Proyecto San Francisco fueron a dar a la basura sólo cuatro años después de la muerte de Pierson. Cabe entonces preguntarnos, más allá de toda ilusión biográfica y bibliográfica, ¿cuántas muertes pueden ser imputadas a un investigador? Tal vez aquí tengamos un proyecto para evitar otras muertes futuras.

ANEXO Moción de repudio a la destrucción del archivo del profesor Donald Pierson, a la falta de cuidado a los acervos de los archivos en general y sugerencias de providencias a tomar*

Excelentísimos señores Presidente de la República, Secretario de Cultura, Secretario de Educación: En diciembre de 1998, mediante una desafortunada operación de transferencia —en la que estuvieron involucradas la Fundación João Pinheiro y la Biblioteca Pública de

* Moción aprobada en la Asamblea General de la Asociación Brasileña de Antropología llevada a cabo el 19 de julio de 2000. Suscrita por el doctor Antonio Augusto Arantes, la doctora Marisa Veloso, el doctor Gilberto Velho y el maestro Roberto Lima.

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Belo Horizonte— se tiró a la basura cerca de 80% del material de campo recolectado por Donald Pierson y 22 colaboradores, referente al “Proyecto São Francisco” que, en la década de los cincuenta, involucró institucionalmente a la Escuela Libre de Sociología y Política, a la Comisión del Valle del Río São Francisco y al Smithsonian Institute, y que fue, sin duda, uno de los más ambiciosos proyectos llevados a cabo en Brasil, en el ámbito de las ciencias sociales. Desgraciadamente, ésta es una práctica recurrente en nuestro país, basta recordar la biblioteca del Centro La­ tinoamericano en Río de Janeiro, cuyo material fue totalmente transformado en papel para reciclar. Es necesario recordar que los acervos históricos están protegidos por la Constitución Federal, cuyo artículo 23, referente a la conservación del patrimonio público, señala: Es competencia común de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios: I. Velar por el respeto a la Constitución, las leyes y las instituciones democráticas y conservar el patrimonio pú­ blico; […] III. Proteger los documentos, las obras y otros bienes de valor histórico, artístico y cultural, los monumentos, los paisajes naturales notables y los sitios arqueo­ lógicos; IV. Impedir la evasión, la destrucción y la alteración de obras de arte y de otros bienes de valor histórico, artístico o cultural; V. Proporcionar los medios de acceso a la cultura, a la educación y a la ciencia;

En este caso, la cuestión que se plantea es: ¿qué hacer cuando las instituciones que deberían ser las responsables de la conservación de archivos históricos en lugar de eso los destruyen? Muchas veces esas expurgaciones son motivadas por cambios en los objetivos de las fundaciones y empresas que tienen la custodia de los archivos, pero eso no se puede traducir en la simple eliminación del acervo. Actualmente existen en Brasil archivos idóneos que pueden ser contactados para la transferencia de acervos. Es importante subrayar que debe haber más interés en que estos traslados se den de manera legal y segura, para que no se repitan acontecimientos desafortunados como la pérdida de valiosos acervos bibliográficos. En vista de lo anterior, hacemos dos propuestas: En lo que se refiere al archivo perdido de Donald Pierson, en particular, que las dos instituciones involucradas

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se comprometan, como una medida compensatoria, a localizar a los investigadores que sigan vivos del grupo de Pierson con la intención de resguardar sus archivos personales (Obs. Eventualmente estos archivos personales podrán ser custodiados por otras instituciones, en caso de que estén más seguros); desde el punto de vista general, que se cree un “directorio temático de archivos”, a nivel nacional, que permita, a las instituciones que tengan archivos de valor histórico, donar con seguridad sus documentos a instituciones en las cuales éstos sean resguardados y puedan ser consultados.

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Uso político de programas sociales y nuevos intermediarios institucionales: el Programa Progresa/Oportunidades en el sur de Veracruz* Felipe Hevia de la Jara La literatura sobre clientelismo político en México confirma que la utilización de programas sociales con fines electorales tiene una larga tradición. Una vía para estudiar las formas de uso político en el Programa Progresa/Oportunidades es comprender la interacción entre los beneficiarios y el Programa. A lo largo del artículo se sostiene que esta interacción se basa en la emergencia de nuevos intermediarios, quienes han suplantado a los tradicionales. Esto es posible debido a que su ubicación les permite intercambiar recursos e información clave entre actores locales y extralocales, generar capital político y mejorar sus posiciones al interior de las estructuras de poder locales. Palabras clave: intermediación, antropología política, clientelismo, pobreza-México,Veracruz

Political Use of Social Programs and New Institutional Intermediaries. Progresa/ Opor­tunidades Programs in Southern Veracruz The literature on political clientelism in Mexico confirms that the utilization of social programs with electoral purposes has a long tradition. One way to study the forms of political use in the Progresa/Oportunidades Program is to understand the interaction between the beneficiaries and the Program.Throughout the paper argues that this interaction is based on the emergence of new intermediaries, who have replaced traditional rural intermediaries.This is possible because of their location enabling them to share resources and information among key local and extralocal actors, generate political capital and improve their positions within the local power structures. Keywords: brokerage, clientelism, patronage system, poverty-Mexico,Veracruz

Felipe Hevia de la jara: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Golfo, Xalapa, México fhevia@ciesas.edu.mx

Desacatos, núm. 34, septiembre-diciembre 2010, pp. 119-132 Recepción: 30 de noviembre de 2007 / Aceptación: 2 de septiembre de 2008 * Este artículo se basa en resultados de mi tesis doctoral. Agradezco los comentarios y correcciones de Samana Vergara Lope, Ernesto Isunza, Jonathan Fox y de los dictaminadores anónimos, así como a FAPESP. Los errores y omisiones son de mi exclusiva responsabilidad.

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Introducción

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n años recientes los procesos electorales en México se han caracterizado, con contadas excepciones, por altos niveles de abstencionismo, campañas electorales “sucias” que incluyen la intervención de los gobernantes (federales, estatales y municipales) y resulta­ dos con márgenes estrechos entre ganadores y perdedo­ res (Aziz, 2007; Crespo, 2007). En este contexto, aumentan las posibilidades de que el acceso o la permanencia en los pro­gramas sociales se utilicen con fines político-electorales. La literatura sobre clientelismo político en México con­ firma que la utilización de programas sociales con estos fines tiene una larga y fuerte tradición, y que esta práctica se ha modificado con el paso del tiempo, con una tendencia a la reducción de la coacción y una persistencia de acciones de compra de votos a cambio de acceder a programas sociales (Fox, 1994; Cornelius, 2002; Schedler, 2004; Díaz Cayeros, 2007; Fundar et al., 2006). Uno de los programas que ha generado mayor investi­ gación al respecto es el Progresa/Oportunidades (PO). Comenzó en 1997 como el Programa de Educación, Salud y Alimentación-Progresa y en 2002 cambió a Oportunidades. Desde 2004 tiene un padrón de más de 5 millones de familias beneficiarias, está presente en todos los municipios del país y en 2007 ejerció un presupuesto de 35 mil millones de pesos (Oportunidades, 2007a). Por su diseño y operación, sin mecanismos de control guberna­mental y social, el PO podría cooptarse fácilmente para fines político-electorales o patrimonialistas: al seleccionar a quién benefician y a quién no (focalización), al entregar apoyos en efectivo directamente a las familias (transferen­cias económicas) y al establecer corresponsabilidades pa­ra recibir los apoyos (condicionamiento de los apoyos) se generan importantes espacios de discrecionalidad. En este sentido, para evitar usos indebidos, los arquitectos del Programa diseñaron mecanismos de control, principalmente la transparencia en algunos proce­sos clave (como la selección de beneficiarios), y una política de información y blindaje electoral (como la publicación de los registros de beneficiarios), al tiempo que establecieron la pauta para eliminar la intermediación entre los beneficiarios y el gobierno (Oportunidades, 2003b; Levy y Rodríguez, 2004).

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La literatura que analiza el uso político-electoral en el PO se ha centrado en dos grandes temáticas: la distribu-

ción geográfica de los recursos económicos con fines electorales (Rocha, 2001; Takahashi, 2007; De la O, 2003; Díaz Cayeros, 2007); y la percepción de los beneficiarios del Programa Oportunidades sobre las prácticas de compra y coacción del voto (Vilalta, 2007; Palma, 2007; Fundar et al., 2006; Alianza Cívica, 2006). Este artículo se inserta en una tercera línea de aproximación abordada ya por la antropología en México: analizar las interacciones entre los beneficiarios y el Programa (Escobar, 2000; Anaya, 2000; Escobar y González de la Rocha, 2002; González de la Rocha y Escobar, 2002). A lo largo del artículo se sostiene que esta interacción se basa en la emergencia de nuevos intermediarios, creados por el propio Programa, quienes han suplantado a los tradicionales en el uso electoral y particular de algunos espacios de discrecionalidad. Así, se argumenta que el Programa Oportunidades se utiliza menos con fines clientelares que los demás programas sociales, tanto por su diseño institucional —el po busca que los beneficiarios se relacionen con él de manera directa y sin intermediarios— como por la falta de capacidades e interés de los propios brokers tradicionales. Sin embargo, debido a limitaciones de gestión, el Programa tuvo que crear sus propios intermediarios institucionales: los enlaces y las vocales del Comité de Promoción Comunitaria (CPC). La posición de estos nuevos intermediarios les permite, entre otras cosas, hacer uso político-electoral del Programa, sin llegar a transformar la práctica necesariamente en una forma de clientelismo autoritario. Este artículo se basa en información etnográfica recolectada entre 2004 y 2005 en el sur del estado de Veracruz, en especial en el municipio indígena de Pajapan, ubicado en la sierra de Santa Marta, habitado por 14 071 personas, con 61% de hablantes de náhuatl y considerado de muy alta marginación (INEGI, 2003). En 2005 el Pro­gra­ma atendía a 2 075 familias de un total de 2 487 en el municipio, es decir, a 82.9%. Para 2006 aumentó el número de familias a 2 886 —90% del total de los hogares del municipio— (Oportunidades, 2006b). Es decir, la inmensa mayoría de habitantes del municipio de Pajapan es beneficiaria del PO.


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En general, la literatura define el clientelismo político como las acciones de compra y coacción de votos. La compra incluye el ofrecimiento de ciertos servicios o beneficios a cambio del voto, y la coacción implica desde amenazas, condicionamiento de apoyos y servicios, hasta violencia en las casillas electorales y el robo de boletas (Cornelius, 2002:14; Fundar et al., 2006; Alianza Cívica, 2006; FEPADE, 2006; Vilalta, 2007; Schaffer y Schedler, 2007). Jonathan Fox (1994) define la compra y coacción del voto como prácticas clientelares autoritarias y las contrapone a las prácticas pluralistas —el uso legítimo que se hace de las acciones gubernamentales en una democracia— y a las prácticas semiclientelares —aquellas que en principio podrían ser consideradas legítimas, como las solicitudes de voto, la propaganda electoral y la invitación a votar por un partido o por otro, pero que difieren del plura­lismo porque “los actores estatales aún intentan violentar el derecho a la autonomía de las asociaciones” (Fox, 1994: 158)—. Así, el uso político de los programas puede incluir, además de las versiones negativas de coacción y compra, prácticas legítimas de retorno político, en el sentido de premiar electoralmente a los responsables por la implementación de un programa o servicio deter­ minado, pero en medio de estas posibilidades existen amplias zonas grises donde predominan las prácticas semiclientelares. Dentro de la coacción pueden situarse en mayor proporción las acciones clientelares autoritarias directas, en especial las amenazas de suspender el apoyo si los beneficiarios no votan por determinado partido político; aunque, co­mo plantea Vilalta (2007), su definición y análisis están mucho menos desarrollados que el de la compra. En lo que se refiere a la compra de votos, como plantean Auyero (2001), Dehouve (2006) y Schaffer y Schedler (2007), estas acciones suponen un complejo intercambio entre “compradores” y “vendedores” que sitúa esta práctica más allá de una simple transacción económica. Atributos positivos como la reciprocidad, la confianza y la amistad, y negativos, como el control y la amenaza, se mezclan en una multiplicidad de significados que sin duda hacen más complicadas estas relaciones “clientelares”

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Uso político e intermediarios

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(Auyero, 2001). Desde el punto de vista de compradores y vendedores de votos, surge una serie de características que alejan esta práctica del “mercado”. Para los primeros, resulta difícil asegurarse de que la otra parte cumpla su trato. Para los clientes, la compra de votos, dependiendo del contexto, tiene una multiplicidad de significados: puede representar un anticipo de las elecciones, un salario des­pués de las mismas, un regalo o una reparación, una afrenta o una amenaza, un signo de virtud, de vicio o un vínculo de fortaleza (Schaffer y Schedler, 2007: 12-15). De ahí que sea necesario incorporar al análisis la economía del don que implican los procesos electorales, sobre todo a nivel local (Deohuve, 2006). Esto quiere decir que el ofrecimiento de ingresar a un programa social puede ser considerado un presente o un don, que como contra-don precisa que los beneficiarios entreguen sus votos. Esta economía política del voto puede también pensarse tomando como don los votos (como la primera parte de la apuesta

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hacia el futuro) para que el candidato, como contra-don, cumpla sus ofrecimientos (Fundar et al., 2006: 87). También es preciso analizar la racionalidad del voto en estos procesos de compra o solicitud. ¿Hasta qué punto votar sobre un cálculo racional —por ejemplo, si voto por X candidato me ponen luz o me darán trabajo— puede considerarse “compra” de votos? ¿Dónde está el límite entre ofertas electorales legítimas y compra de votos? La respuesta está en los procesos autoritarios, y muchas veces ilegales, por medio de los cuales los “compradores” se aseguran de que los “comprados” cumplan con su parte de la transacción (Shaffer y Schedler, 2007; Fox, 1994). Dentro de estas complejas tramas que se activan en épocas electorales, la labor de los intermediarios resulta central para poder explicar cómo operan las instancias que permiten el uso clientelar de los programas sociales. La antropología política en México ha desarrollado ampliamente el concepto de intermediario político, desde los estudios de Wolf (1956) sobre los broker hasta los análisis so­bre elecciones políticas (Adler-Lomnitz, 2001), pasando por los temas de caciquismo, caudillismo, inter­ me­diarios políticos e intermediarios culturales y económicos (Salmerón, 1984; De la Peña, 1986, 2004). De la Pe­ña (1986: 33-38) realiza una síntesis de estos estudios, definiendo tres tipos de intermediación (que pueden ser operados por el mismo sujeto): cultural, política y económica. Los intermediarios se construyen a lo largo del tiempo y son quienes tejen las complejas relaciones de amistad, reciprocidad y cercanía que después pueden activarse para fines “clientelares”. Entonces, las preguntas son: ¿quiénes son los intermediarios en el caso del PO?, ¿usan estos intermediarios su posición con fines clientelares?, ¿qué candados institucionales genera el Programa para evitar esto?

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tunidades, 2007b), los resultados de estudios de Alianza Cívica (2006), de Fundar et al. (2006), del PNUD (2006) y nuestro propio trabajo en el sur de Veracruz coinciden en afirmar que la coacción del voto es cada vez menos utilizada en el po, en comparación con otros programas sociales (del presen­te y del pasado), así como en identificar a las autoridades y funcionarios locales (vocales, enlaces y profesionales de la salud) como los principales actores que usan el Programa con fines clientelares, sobre todo por medio de prácticas semiclientelares. Como se muestra en la tabla 1, entre 2004 y 2006 se acumularon relativamente pocas denuncias sobre proselitismo, lo que en parte se explica por los pocos efectos que éstas generan, puesto que prácticamente ninguna tuvo una respuesta satisfactoria (Hevia, 2007). La tabla también revela que los actores con más denuncias son vocales del CPC, es decir, beneficiarios; que los funcionarios públicos con más denuncias de proselitismo son los profesionales de la salud y los funcionarios municipa­ les (el enlace y las autoridades municipales). Pero mien­ tras que en el sector salud aumenta exponencialmente el número de denuncias hechas en su contra en 2005, las auto­ridades municipales tienden a disminuirlas. Por otra parte, los funcionarios federales (presentados como “Opor­tunidades”) reciben pocas quejas por proselitismo, y sorprende la ausencia de denuncias sobre actores sociales tradicionales, como confederaciones cam­pesinas, asociaciones de ejidatarios o de vecinos. Es decir, más de la mitad de las denuncias son contra vocales y enlaces, cargos creados por el propio Programa; y los intermediarios “tradicionales”, como organizaciones campesinas o indígenas, no aparecen como interesados en usar el PO para comprar o coaccionar votos. Como a continua­ción se argumenta, estas conclusiones son dos caras de la misma moneda.

Actores locales y uso político

Desde las primeras evaluaciones de impacto del Progra­ ma (Adato, Coady y Ruel, 2000; Escobar, 2000; Anaya, 2000), diversas fuentes apuntan a que los intermediarios que usan con fines político-electorales el PO son actores locales. El análisis de las quejas y denuncias por proselitismo político del Sistema de Atención Ciudadana (Opor-

Diseño de Oportunidades: el miedo a la intermediación

El uso político-electoral explícito del anterior programa de combate a la pobreza, el Programa Nacional de So­ lidaridad-Pronasol, así como su débil impacto en la su-


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Tabla 1. Denuncias por proselitismo recibidas en el Sistema de Atención Ciudadana 2004-2006 Actores denunciados

2004

2005

2006

Totales

%

145

83

104

332

33.64%

Profesionales de la salud

22

140

104

266

26.95%

Enlaces

77

35

39

151

15.30%

Autoridades municipales

64

15

24

103

10.44%

Oportunidades

38

27

21

86

8.71%

Vocales

Educación Total

5

32

12

49

4.96%

351

332

304

987

100.00%

Fuente: Elaboración propia con base en Oportunidades (2007b).

peración de la pobreza, generaron en los creadores de Progresa la intención de diferenciarse de Pronasol, lo cual definió dimensiones centrales de su diseño (centralización, focalización del gasto en zonas rurales, énfasis en el capital humano), pero también las formas de relación entre el gobierno y los beneficiarios (Hevia, 2008). Los principales cambios fueron concebir a la familia, y no a la comunidad, como el foco de intervención, y limitar toda posibilidad de intermediación entre el gobierno federal y las familias beneficiarias. El argumento principal fue que, al transferir el dinero directamente a las familias, el Programa no precisaba de estructuras de intermediación local (Anaya, 2000; Levy y Rodríguez, 2004). En este sentido, se consideraba que, en general, las estructuras locales de intermediación —gubernamentales y sociales— en las zonas rurales eran atrasadas, poco preparadas (muchos presidentes municipales rurales no tenían la educación primaria terminada) y corporativas (y por eso, clientelares y corruptas). Así, se diseñaron diversos mecanismos para eliminar la intermediación local y fomentar la transparencia en la operación. Se eliminó la posibilidad de que un municipio o una organización soli­citara “cuotas” para sus agremiados, y las recomendaciones por parte de profesores o médicos sobre qué familias eran realmente pobres o quiénes “no lo necesitaban”. La participación de la comunidad y sus organizaciones sólo tuvo un espacio reducido en el diseño del Programa:

una vez seleccionadas las familias beneficiadas, tenía que realizarse una asamblea comunitaria para detectar posibles errores de inclusión (gente que había sido seleccionada pero que “no necesitaba” del Programa) y de exclusión (per­ so­nas pobres no consideradas), aunque año con año las evaluaciones externas denunciaron su ineficiencia como mecanismo de control (Adato, 2004; Escobar y González de la Rocha, 2005). Al parecer, este diagnóstico no estaba errado. El público objetivo del PO se caracteriza por su desprotección y fragilidad social. Al estar focalizado principalmente en zonas rurales y al ser las mujeres sus interlocutoras centrales, las asimetrías de poder son más evidentes. ¿Qué posibilidades tiene una mujer indígena que no habla español de denunciar a la autoridad municipal que la obliga a participar en un mitin o la amenaza con retirar el apoyo si no vota por determinado partido? El diseño de la participación del Programa limita la capacidad de los beneficiarios para resolver este tipo de problemas, porque los obliga a enfrentarse individualmente a la estructura de gobierno, y las instancias de participación institucional a veces resultan ser más parte del problema que de la solución. La situación se agrava cuando consideramos el contexto histórico de las relaciones sociedad-Estado en el México rural, caracterizado por constantes abusos de poder por parte de las autoridades públicas (Bartra, 1975). A lo largo del siglo XX se crearon y fortalecieron instancias de representación, sobre todo

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en el campo, como las asambleas de ejidatarios y de comuneros, que mantienen niveles relativamente altos de legitimidad. Además, existen federaciones y confederaciones campesinas que en el periodo posrevolucionario fueron centrales para los equilibrios del régimen y que conservan su influencia en el campo de las políticas agrarias (como su participación en programas como la Alianza para el Campo). Diversas organizaciones no gubernamentales, sociales y civiles también están presentes en muchas localidades pobres donde opera el Programa, laas cuales trabajan con las mismas mujeres que reciben Oportunidades. Sin embargo, la vigilancia o participación en el Programa no parece importante tanto para las organizaciones “tradicionales”, las asambleas comunitarias y ejidatarias, como para las organizaciones campesinas. Los actores organizados, con más posibilidades de defender al público de Oportunidades, no aparecen como demandantes de mayores espacios de participación en el Programa. En gran medida, esta situación se explica por las dinámicas de los sistemas políticos locales. Las organizaciones campesinas más tradicionales por lo general no se involucran con el Programa porque a nivel local es considerado “para mujeres”, y además entrega pocos montos a cada una de las familias (aunque en conjunto la suma de estas cantidades es considerable). Estos factores disminuyen el interés de las autoridades campesinas y comunitarias en utilizar su tiempo e influencias para defender eventuales abusos de poder, y al parecer estas instancias participan sólo cuando un problema es muy grave o está muy avanzado1. Una porción del potencial interés de estas orga­ nizaciones en el Programa tiene que ver con la posibilidad de adquirir recursos por medio del cobro de cuotas o co­ misiones para los gastos de gestión, pero ante los montos relativamente menores que reciben las familias en Oportunidades resultan de mayor interés otros programas que manejan más recursos para menos beneficiarios, como los de apoyo a los campesinos, en los que estas or­

1 Entre 2004 y 2005, de 31 escritos que llegaron a las oficinas de atención

ciudadana por abusos de autoridad, sólo en 25% de los casos habían participado organizaciones o autoridades locales en la denuncia (Hevia, 2007).

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ganizaciones encuentran menos mecanismos de transpa­ rencia y control gubernamental que en Oportunidades. Es decir, las organizaciones campesinas tradicionales consideran que este Programa sólo es una ayuda menor para las familias. Además, el que sea menospreciado por ser un programa “para mujeres” refuerza la poca importancia simbólica que para estas autoridades tienen en general las mujeres, a pesar de que los operadores políticos que inten­ tan manipular el po han comprendido lo que representan estas beneficiarias: clientelas políticas menos controladas públicamente y, por tanto, un caldo de cultivo para la generación de líderes políticos en este sector de votantes. El diagnóstico de los diseñadores y operadores sobre la corrupción y el corporativismo autoritario en algunas organizaciones también es coherente con la literatura que afirma que los actores colectivos no representan necesariamente virtudes cívicas, ni sus prácticas favorecen siempre una profundidad democrática (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006; Gurza Lavalle, 2003). Por otro lado, cuando analizamos el “sistema político indígena” de la sierra de Santa Marta también encontramos dificultades2. En la literatura especializada en la región (Uribe, 2002; Münch, 1994) suele describirse a la sociedad política indígena (de marcada identidad cívico-religiosa con las cofradías y mayordomías) como diferente de las auto­ ridades municipales mestizas, encargadas de mediar polí­ ticamente entre el gobierno y los indígenas. Sin embargo, en nuestra experiencia de campo encontramos una organización política dentro de la comunidad compuesta de tres esferas relativamente autónomas: política, cívico-religiosa y económica. Dentro de la sociedad política, los principales actores son los partidos políticos que se enfrentan por el poder municipal, que es el mediador entre la comunidad y los ámbitos estatales y federales y tiene la legitimidad para resolver los conflictos al interior de la misma comunidad3.

2

Las características del “sistema político indígena” aquí descritas se limitan a la sierra de Santa Marta y no se pretende dar cuenta de la mul­tiplicidad de formas de gobierno indígena. Para una discusión al respecto, véase Aguirre Beltrán, 1991. 3 Moreno (2005) afirma que la disputa por el poder municipal en el sur de Veracruz se relaciona más con el mercado de trabajo que con la pugna por proyectos políticos diferentes (de “izquierda” o “derecha”).


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Jerónimo Palomares

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4 Fuerzas de reserva, 2007.

El poder político se ejerce desde los cargos municipales de representación popular (presidente, síndico y regidor, agentes y subagentes municipales) y, de forma menos clara, por los caciques ganaderos locales, quienes usan su influencia justamente para que sean personas cercanas a ellos quienes accedan a los cargos edilicios. Lo que buscan los grupos y las corrientes es la presidencia municipal, y en esta competencia los cargos cívico-religiosos no parecen tener un papel preponderante. Según mis informantes, ninguno de los últimos cinco presidentes municipales fue o ha sido mayordomo. En la sociedad cívico-religiosa se inclu-

En zonas de alta marginación, 11 000 pesos quincenales (que corresponden al sueldo del presidente municipal de Pajapan) es considerada una renta muy alta. De hecho, los problemas internos que tuvo la administración municipal en el periodo 2004-2007 fueron princi­ palmente acusaciones de nepotismo, al no poder integrar a todos los interesados en los cargos existentes.

ye a las organizaciones religiosas (católicas y cristianas) existentes en la región y a las cofradías. Aquí, los actores son grupos religiosos autónomos entre sí. Las cofradías, de las que surgen los llamados sistemas de cargos, son organizaciones ligadas a la visión tradicionalista de sociedades de fieles que se hacen cargo de celebrar y cuidar de un santo. El responsa­ble es el mayordomo, quien procura la ayuda de una serie de diputados y padrinos para organizar la fiesta. Una de las mayores responsabilidades del mayordomo es dar de comer a todos los invitados (cientos de personas) los días que dure la fiesta, además de pagar la banda de música, los cohetes y las velas. Sin entrar en detalle sobre las interpretaciones del sistema de cofradías, la mayordomía no se busca sólo por prestigio social, ni es exclusiva de los pudientes del pueblo. Tampoco es una suerte de “trampo­lín” político o algo parecido. El mayordomo encargado entre los años 2004 y 2006 era campesino, no tenía ganado, su esposa era titular del Programa

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Oportunidades y él poseía un solo predio (es decir, 12 ha); tampoco había tenido cargos políticos o públicos, ni había sido comisariado comunal o ejidal. Por último, la sociedad económica incluye a las organizaciones productivas que tienen un peso específico tanto en la esfera política como en la cívico-religiosa, sin llegar a determinarlas. Aquí incluyo a las organizaciones campesinas (comisariado ejidal y comunal), las pescadoras, las ganaderas y las de servicios (transportes, construcción y afines). Los comisariados ejidal y comunal tienen menos vínculos directos con el municipio, aunque mantienen relaciones fluidas con los representantes municipales de los partidos políticos y con otras organizaciones regionales indígenas y campesinas como el Comité de Pueblos Indígenas (CEMPI) y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), entre otros. Ninguna de las tres esferas establece relaciones de intermediación regulares entre las titulares y el programa, con contadas excepciones. Desde que Oportunidades atiende a la población de Pajapan, sólo encontramos mediaci��n tradicional en dos ca­sos: el cambio de promotoras a titulares en 2002-2003 y la suspensión de algunas faenas obligatorias. Cuando llegó el Programa a Pajapan, alrededor de 1999, la figura comunitaria existente era la promotora, que cobraba entre 10 y 30 pesos por titular el día de pago, además de organizar las faenas obligatorias adicionales a las reglas de operación (barrer calles, arreglar el pueblo para la fiesta municipal, limpiar el centro de salud, chapear y arreglar la carretera entre Pajapan y Tatahuicapan). En el cambio, se incluyó la intermediación de un líder local y la participación de una organización no gubernamental estatal —MAIZ, que por medio de oficios y comunicación directa con la coordinación estatal logró cambiar a las promotoras y al enlace que tenía el cargo en ese momento—. Otra intermediación del sistema político fue la limitación de las faenas obligatorias extra a las reglas de operación (barrido de calles, sobre todo), que fue promesa de campaña del presidente municipal. Estas tareas dejaron de realizarse en la cabecera a partir de 2005. Es decir, por razones totalmente atendibles, como querer eliminar el corporativismo autoritario y el clientelismo, el cobro de cuotas, etc., se diseñó un sistema de

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operación que prescindía de cualquier intermediario. Era el gobierno central el que se relacionaba directamente con cada una de las familias beneficiarias. Sin embargo, para que este diseño tuviera éxito en su operación necesitaba mecanismos directos para comunicarse con sus beneficiarios. Por eso se crearon en los estados, de manera desordenada, varios mecanismos de atención ciudadana para poder escuchar, que fueron coordinados en un sistema único sólo hasta 2003. Así, cada familia tenía la posibilidad (al menos teórica) de poder comunicarse directamente los coordinadores del Programa, por carta o teléfono, sin intermediación. Pero poder hablar de manera directa con sus beneficiarios resultaba más complejo: ¿cómo llegar a cada una de las miles de lo­calidades de las zonas más apartadas de México?, ¿cómo avisar a las familias qué día se pagaría?, ¿cómo infor­marles que no estaban cumpliendo con sus corresponsabili­dades y que recibirían menos dinero? Ante la incapacidad del Estado para comunicarse directamente con los beneficiarios, la única solución posible fue crear un sistema de correas de transmisión de la información. Es decir, construir nuevos intermediarios. En 1999, el Programa Progresa tuvo que incorporar dos figuras que no dependían directamente de la coordinación centralizada: el enlace municipal y la promotora comunitaria. El primero, un funcionario municipal pagado por el ayuntamiento, se encargaba de avisar a las titulares del día de los pagos y de brindar seguridad a las caravanas de pago. Por su parte, la promotora era la “representante” de las beneficiarias y sus principales funciones eran trans­ mitir la información que entregaba el enlace y vigilar que las beneficiarias gastaran adecuadamente los apoyos recibidos (González de la Rocha y Escobar, 2000). Con el cambio de Progresa a Oportunidades en 2002, cuando se comienza a ampliar la cobertura de atención del Programa, los enlaces y las pro­motoras adquirieron mayores atribuciones, por ser ellos los que intermediaban con los operadores del mismo para actualizar los datos del padrón y realizar otros trámites impor­tantes. Ante el evidente poder que estaban adquiriendo estos actores, el Programa intentó año con año limitar su alcance, hasta desaparecer a los enlaces municipales en las reglas de operación de 2008.


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Los enlaces municipales

Los enlaces municipales eran funcionarios designados por el ayuntamiento, que tenían a su cargo facilitar la operación del Programa, y sus funciones, atribuciones y limitaciones se especificaban en las Reglas de Operación, las cuales fueron modificadas constantemente entre 2002 y 2007 hasta su desaparición formal en 2008. Al inicio, la función del enlace era la vinculación entre el Programa y las familias para lo referente a los procesos de incorporación, sin especificar la necesidad de control y monitoreo del perfil de los enlaces (Anaya, 2000; Oportunidades, 2002: 39; 2003a). Más tarde se estipuló que el enlace fuera designado por el cabildo y no sólo por el presidente municipal. En 2004 y 2005 se incluyeron restricciones a los enlaces municipales, como no ser representantes de alguna organización política o religiosa, la prohibición de adjudicarse la operación del Programa, nombrar o remover vocales o convocar a reuniones no previstas en las Reglas de Operación (Oportunidades, 2004: 15; 2005). En 2006 se prohibió además seleccionar para este cargo a personas relacionadas con indagaciones de delitos electorales (Oportunidades, 2006a: 23). Y en 2008 esta figura dejó de existir. Muchas de sus funciones se traspasaron a los Centros de Atención y Registro (CAR), dependientes de funcionarios contratados por la coordinación estatal. ¿Por qué tuvo que especificarse tanto la norma en relación con los enlaces hasta su posterior desaparición? Principalmente porque los enlaces fueron los intermediarios entre el nivel local y los niveles estatal y federal, transformándose así en uno de los actores mejor posicionados para movilizar diversos tipos de recursos e incrementar su capital —político, simbólico y económico—. Fue tal la cantidad de recursos y capital que lograron acumular y movilizar, que el Programa tuvo que añadir, año con año, normas en su accionar, hasta eliminarlos finalmente de su diseño operativo. Ellos movilizaban recursos entre dos espacios: el local y el extralocal. De lo local hacia lo extralocal, el enlace facilitaba la operación del Programa en todos sus procesos y aligeraba cargas como la entrega de información, la atención a titulares por trámites, etc., que pasaron a ser responsabilidad de las coordinaciones

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estatales por medio de los CAR (Oportunidades, 2008). De lo extralocal hacia lo local, movilizaban información clave (días de entrega de apoyos y montos, facilidad para acceder a los trámites, etc.), y controlaban la posibilidad misma de acceder al Programa, puesto que la acción del enlace era vital en los procesos de densificación (Escobar y González de la Rocha, 2005). Además, el enlace municipal movilizaba recursos clave hacia sus jefes: el presidente municipal y, por lo regular, el partido o facción política que apoyaba la administración municipal. Del enlace dependía el prestigio que el municipio (el presidente municipal) tuviera ante los operadores del Programa —en el sentido de cooperar con el Programa para acceder a más recursos— y ante la población en general —en la idea de que gracias a las gestiones municipales del presidente y su enlace, más vecinos pudieron acceder al Programa. ¿Cómo distinguir la recompensa política —legítima— de una buena administración del uso político del cargo para el caso de los enlaces? Como las evaluaciones externas muestran, existe mucha variación entre los municipios. Sin embargo, en términos conceptuales, la diferencia radi­ ca principalmente en la limitación de la autonomía de los beneficiarios (Fox, 1994), lo que en estos casos se evidencia por medio de la capacidad de “controlar” a las beneficiarias: directamente a las vocales e indirectamente, o por medio de ellas, a las titulares. La idea de “controlar” proviene de la cultura política cor­porativista mexicana. En el “viejo régimen”, los líderes ascendían gracias a la capacidad de movilización de sus cor­poraciones, con las que tenían relaciones clientelares (muchas veces autoritarias). Esta capacidad de movilización, que se activaba, por ejemplo, en los periodos electorales con los acarreos a los mítines de campaña (Adler-Lomnitz, 2001), muchas veces definía el cargo al que podría aspirar el líder. En este sentido, los grupos que los enlaces “controlaban” (o pretendían controlar) son dos: las vocales (las otras inter­mediarias del Programa) y los titulares. Los enlaces tenían la autoridad para citar en nombre del Programa a las vocales, quienes estaban obligados a asistir. El “control” aquí no era meramente simbólico, puesto que estos personajes tenían la capacidad de influir en el cambio de una vocal aduciendo que “no asiste a las reuniones”.

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Además, gracias al acceso privilegiado que tenían a la información, y a la solución de problemas operativos que redundaban en potenciales disminuciones del apoyo económico, los enlaces podían desarrollar una relación de “castigo-premio” con las vocales: premiando a las “leales”, anticipándoles información, agilizando sus trámites; y castigando a las “desleales”, atrasando trámites, retrasando la información, etc. Y siempre, la movilización de estos recursos era posible por su posición de intermediarias. Como plantea Bourdieu: los que poseen una autoridad delegada pueden obtener toda suerte de beneficios de su posición de intermediarios. Según la lógica del derecho […], todo acto o proceso administrativo puede ser bloqueado y retardado o facilitado y acelerado (contra una cantidad de dinero). El subalterno tiene a menudo una ventaja en relación con las instancias superio­res (y con las instancias de control en particular): está próximo al “terreno”, y cuando es estable en su puesto, es frecuente que forme parte de la sociedad local (Bourdieu, 2005: 57-58).

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Este capital se transforma en un activo político sumamente importante. En Pajapan, el enlace municipal era el tercer cargo de confianza más preciado políticamente, só­ lo por debajo de los de secretario municipal y tesorero. De hecho, en el periodo de campo, el enlace municipal, “Mol”4, fue presidente municipal del Partido Acción Nacional —que por primera vez accedía al municipio— en la época de las elecciones, cargo al que tuvo que renunciar para seguir siendo enlace, pero la población en general lo seguía identificando con ese instituto político. Tenía intenciones de postularse como presidente municipal en la siguiente elección, o por lo menos “dar la lucha”. En el municipio de Coatzacoalcos, el enlace municipal en 2004, “Rodrigo”5, renunció a su puesto para poder hacer campaña electoral por Marcelo Montiel, presidente municipal que se postulaba a diputado local —y que sacó la primera mayoría en las elecciones de 2004 y volvió a ser electo presidente municipal en 2007—. Rodrigo es consi­ derado una autoridad importante en el municipio, uno de

4 Nombre ficticio. 5 Nombre ficticio.

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los operadores de Montiel, y se le denunció varias veces en los medios por usar la estructura del Programa para in­ vitar a reuniones de apoyo a “Marcos”, un precandidato del PRI que finalmente perdió contra Iván Hillman, presidente municipal de Coatzacoalcos en el periodo 2004-2006. En la región ha habido varios enlaces que han incursio­ nado en otros puestos políticos de importancia. El paradigma es el caso de Chinameca, donde el enlace se lanzó con éxito para el cargo de presidente municipal. En Tatahuicapan el enlace también se postuló al mismo puesto en 2004, pero corrió con menos suerte que su antecesor, que a su vez había sido enlace del Programa. En el muni­ cipio de Hidalgotitlán, el exenlace mantuvo un puesto importante en el ayuntamiento, como director de los programas sociales. En 2004, antes de las elecciones en Minatitlán, la entonces enlace municipal estaba en negociaciones al interior del PRI para postularse como regidora o como secretaria del ayuntamiento, y su estrategia de negociación era justamente el potencial de votos que tenía en las comunidades rurales del municipio. Aprovechaba sus visitas a las localidades en su cargo de enlace para que los agentes municipales firmaran cartas de apoyo a su postulación como regidora, y al interior de su partido constantemente hacía mención de la gran cantidad de personas que podía “controlar”. En todo caso, no fuimos testigos de ninguna situación directa de compra o coacción de votos, tales como acarreos a titulares, amenazas o presiones de algún tipo. En resumen, el puesto de enlace municipal era políticamente redituable porque su posición de intermediario le permitía movilizar recursos del espacio local al extralocal y viceversa. Gracias a esta posición, los enlaces pudieron acrecentar su capital político, por un lado, usando el puesto para mostrarse eficientes ante los potenciales votantes y, por otro, “controlando” —muchas veces más en el discurso que en la realidad— a un grupo potencialmente grande de votantes, lo que les permitía ne­gociar en mejo­ res condiciones al interior de su partido o facción y ejercer prácticas clientelares autoritarias o semiclientelares.


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Vocales de los Comités de Promoción Comunitaria

Las promotoras o vocales se crearon con el fin de mediar entre el Programa y las titulares (Progresa, 1999: 21, 37), y hasta la fecha cumplen funciones similares: informar a las titulares, resolver dudas y preguntas relacionadas con la operación, participar en la vigilancia y ayudar a realizar las corresponsabilidades (oficiales y no oficiales) (Núñez y García, 2000). Al igual que el enlace, las vocales cumplen importantes funciones de intermediación, que conllevan —además de los beneficios y perjuicios descritos— la posibilidad de movilizar y acceder a recursos significativos. Los más evidentes son los recursos económicos a los que acceden muchas veces por vía de las cooperaciones y las cuotas de las mismas titulares. El tema es más complejo de lo que parece. Por un lado, necesitan una cantidad consi­ derable de tiempo y recursos para atender al grupo de titu­ lares que tienen a su cargo (el Programa no entrega apo­yos monetarios específicos para sufragar estos gastos), por lo que piden cooperación o gastan sus propios recursos. Pero, por otro lado, no pueden obligar a las titulares a participar en las cooperaciones (según las vocales muchas titulares son voluntarias). La principal queja contra las vo­ cales tiene que ver con el cobro de cuotas obligatorias. De hecho, el acceso a estos recursos aparece muchas veces como un beneficio no oficial por ser vocal. Además de los recursos económicos, las vocales tienen acceso a recursos políticos: muchas son “líderes” que tienen otro cargo. Esto ocurrió al principio de manera evidente con las promotoras, y de hecho fue una de las causas del cambio. Las promotoras eran las líderes naturales de las localidades: No obstante la disposición de la mayor parte de las promotoras comunitarias a participar en Progresa, se han presentado algunos problemas motivados por las propias condiciones de su labor. En algunas ocasiones ellas solicitan cooperación económica de las titulares para sus gastos de traslado. En otros casos, han sido invitadas por diversos tipos de “líderes” para que participen en actividades políticas o sociales en su comunidad (Adato, Coady y Ruel, 2000: 17).

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La cooptación política de los cargos, como lo constatan algunas de las limitaciones en la selección de enlaces y vocales en las Reglas de Operación, es un reflejo de la capacidad de movilización que éstos podrían tener, aunque como bien advierten Escobar y González de la Rocha no es una cooptación necesariamente partidista, puesto que más bien responden a la creación de cierto capital político: En general, los comités estudiados no funcionan como tales, y han mostrado poco liderazgo en otros ámbitos. Su funcionalidad ha dependido de que tengan buenas relaciones con los enlaces, y de que este contacto sea útil para o bien crear cajas solidarias, o bien atraer proyectos productivos […] Por otra parte, gradualmente crean contactos que son útiles en otros sentidos, de ahí el peso de las expromotoras en varias comunidades. Este liderazgo (que en términos políticos es una forma de brokerage o intermediación) puede necesitar vigilancia, pero se vuelve funcional para la comunidad y para las beneficiarias. El liderazgo puede ser partidista, pero no siempre lo es. Aunque algunas expromotoras y vocales disfrutan las relaciones clientelistas y aprovechan su posición, por ejemplo para “orientar” los procesos de recertificación y densificación, sólo en una minoría de casos es claramente par­tidista (Escobar y González de la Rocha, 2005: 311).

En el caso de las vocales, existe una prohibición especí­ fica de acceder a cargos municipales y locales en elecciones locales. Las titulares tampoco pueden postularse al Comité de Promoción Comunitaria si apoyan activa­ mente a un candidato. Sin embargo, no queda claro si las beneficiarias pueden postularse a cargos de elección popular sin tener por ello que renunciar al Programa. No conocemos datos ni estudios sobre la cantidad de titulares que se han postulado a cargos de elección popular. En nuestro trabajo de campo no conocimos ningún caso de vocales que hayan sido candidatas a algún puesto popular, y en el único al que tuvimos acceso había poca claridad al respecto. En Soconusco, Veracruz, una vocal quería postularse para agente submunicipal, pero las fuerzas políticas locales no estaban de acuerdo, aduciendo que “como era funcionaria pública del Progresa, no podía participar”. El caso llegó al Subconsejo Técnico Estatal de Minatitlán, donde los enlaces comentaron que esta señora “no podía participar en política”. El caso no quedó en actas y final-

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mente se adujo que si la vocal quería postularse, tenía que renunciar al Programa (no al CPC, como marcaban las Reglas de Operación). Finalmente, la posibilidad de acceso a capital económico y político por la labor de intermediación de la vocal también se debe a la funcionalidad que tiene ésta dentro del sistema, sobre todo en caso de problemas o irregularidades. Muchas titulares se acercan a ellas cuando tienen algún problema o cuando algo no funciona bien: En cuanto al vínculo de las titulares con este agente comunitario voluntario y la relevancia de su actividad, destaca que 85% de las mujeres consulta a la promotora cuando tiene du­ das sobre el funcionamiento del Programa, proporciones que son considerablemente mayores que aquellas que acuden con el mismo propósito con los médicos de las unidades de salud o con los maestros (Progresa, 1999: 369-370).

Conclusiones

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La manipulación política de los programas sociales, más que la excepción, pareciera ser la regla en la historia reciente de México. Como mostramos a lo largo de este artículo, una vía para estudiar las formas de uso político de los programas sociales es comprender la construcción y funciones de los intermediarios entre el gobierno y sus beneficiarios. Los programas sociales, sin mecanismos de transparencia ni control por parte de la sociedad, han sido histórica­mente utilizados con fines electorales en México. En este contexto, el PO resultó un programa innovador puesto que estableció mecanismos de transparencia que redundaron en una disminución de la compra y la coacción de votos. Sin embargo, no logró desaparecer la intermediación. Si bien se limitó la acción de los intermediarios “tradicionales”, por restricciones de gestión y por diseño, el Programa tuvo que crear sus propios intermediarios. Estos nuevos intermediarios, como vimos en el sur de Veracruz, muchas veces no lograron abstraerse de la dinámica histórica de uso político de los programas sociales y del interés constante de los actores y operadores políticos por intentar usarlos. A diferencia de otros programas sociales, Progresa/Oportunidades desarrolló

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una serie de mecanismos para acotar el poder de estos intermediarios, como el endurecimiento y la constante modificación de sus Reglas de Operación, con el fin de restringir el acceso de opera­dores políticos al cargo de enlaces; la generación de campa­ñas de información para explicar a las titulares sus derechos y eliminar así una parte importante de las prácticas de ame­nazas y coacción; y la creación de un sistema de atención ciudadana, que en la práctica tiene capacidad limitada para resolver denuncias relacionadas con proselitismo (Hevia, 2007). Sin embargo, dadas las limitaciones de las capacidades gubernamentales para comunicarse directamente con las titulares, y los beneficios que la posición de intermediario representa para vocales y enlaces, no fue posible romper esta dinámica histórica. El control de recursos mejoró sustantivamente las posiciones de enlaces y vocales al inte­ rior de las comunidades y localidades, muchas veces a cos­ ta de la reedición, limitada pero constante, de prácticas clientelares —relacionadas sobre todo con el supuesto “control” de grupos voluminosos de votantes—. Por último, para los beneficiarios del Programa, la presencia de nuevos intermediarios significó dejar de depender de intermediarios tradicionales para acceder a apoyos centrales para la reproducción familiar, pero seguir potencialmente expuestos a prácticas clientelares autoritarias, no ya sólo del cacique, sino además del médico, del enlace o la vocal.

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Cultura gerencial y cambio organizacional en Cierres Ideal de México: un “modelo” de calidad guadalupano Gabriela García Figueroa y Sergio A. Sandoval Godoy Este documento aborda los procesos de racionalidad y cultura gerencial asociados a la implementación de un nuevo modelo de organización del trabajo en la empresa Cierres Ideal de México. Se enfatiza el discurso y las formas de dirección de la gerencia, así como el manejo de elementos subjetivos de influencia, como valores, incentivos y culto religioso. De igual forma, da cuenta de las contradicciones, inercias y particularidades de esta empresa en la aventura del cambio organizacional. Así, se introduce en el espacio de las significaciones y las identificaciones en el trabajo y en cómo se asumen, aceptan o rechazan las nuevas reglas y principios que hay detrás de los programas de calidad total que se supone se desarrollan en la empresa estudiada. Palabras clave: cultura, racionalidad, calidad, influencia y organización del trabajo

Management Culture and Organizational Change in Cierres Ideal of Mexico: a Guadalupano Quality “Model” This paper addresses the processes of rationality and managerial culture related to the implementation of a new model of work organization in the Mexican company Cierres Ideal. It emphasizes not only the speech and forms of management administration, but also the management of influential subjective elements such as values, incentives and worship. Similarly, the contradictions, inertia and particularities of this company in the adventure of organizational change are described. Thus, the article explores the space of meanings and identities at work and how the new rules and principles that are behind of the total quality programs –that are supposed to be developed in the studied company–, are assumed, accepted or rejected. Keywords: culture, rationality, quality, influence and work organization

Gabriela García Figueroa: El Colegio de Sonora, Hermosillo, Sonora ggarcia@colson.edu.mx Sergio A. Sandoval Godoy: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C., Hermosillo, Sonora ssandoval@ciad.mx

Desacatos, núm. 34, septiembre-diciembre 2010, pp. 133-148 Recepción: 8 de diciembre de 2006 / Aceptación: 24 de junio de 2008

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INTRODUCCIÓN

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esde inicios de la década de 1980, el discurso de la racionalidad económica basada en la ganancia y la reducción de costos de producción ha sido paulatinamente sustituido por el de una racionalidad económica basada en la calidad de los productos, el desarrollo del personal y la humanización del trabajo. La revolución tecnológica y las transformaciones asociadas a las nuevas formas organizacionales han planteado a las ge­ rencias la instrumentación de nuevas estrategias producti­ vas y culturales que posibiliten la coexistencia de intereses comunes a trabajadores y empresarios. En gran parte, la ba­se de dichas estrategias ha girado en torno al desarrollo de los llamados “sistemas sociotécnicos”, cuyo componen­ te central son los “equipos autónomos de trabajo” y los “círculos de calidad”, a los que teóricamente se les delega la responsabilidad de dirección, ejecución y organización de los sistemas productivos. Las expresiones de estos cambios han sido de naturaleza diversa, y sus resultados, hasta hoy, ampliamente discutidos. Para los estudiosos del tema, la incógnita de partida es si efectivamente existe en las plantas manufactu­ reras una nueva racionalidad basada en la humanización del trabajo, o si sólo se trata de un nuevo discurso gerencial que busca adaptar el objetivo de la ganancia capi­ talista a los modernos cambios socioproductivos. Los des­acuerdos no parecen ser significativos cuando se refieren a dicho objetivo; sin embargo, las diferencias de fondo giran alrededor de tres maneras distintas de abordar el pro­ blema: la primera, una posición fundamentalista que plantea que los medios y fines que persiguen las empresas son inamovibles y aplicables a todas las situaciones; la segunda, una posición contingencialista que señala que éstos van orientados a la adaptación del entorno; y la tercera, una posición procesualista que sugiere que la combinación de medios y fines puede desarrollarse en varias direcciones dependiendo de la historia y de la trayectoria propia de la empresa1. 1 Al respecto, véase Thevenet, 1992. Según este autor, para descubrir

la lógica inherente a las gerencias es importante acudir a claves cultu­ rales que revelan el fundamento de las prácticas de dirección, su cohe-

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En el caso Cierres Ideal de México (CIMSA), empresa ubicada en el Valle de México y objeto de estudio de este trabajo, los problemas generados por la introducción de nue­vas formas organizacionales han sido sobre todo de a­daptación al entorno y de integración de los recursos humanos. A pesar de que la gerencia promueve la aplicación de un modelo ideal de organización del trabajo, en la práctica es menos partidaria de buscar so­lucio­nes universales a los problemas en la línea de pro­ducción y más afín a adaptarse a las situaciones cambiantes del en­ tor­no. Su aplicación ha rebasado ya el ámbito de lo económico, porque su esencia se inscribe ahora en los espacios de la cultura y la subjetividad, de los valores compartidos o co­lec­tivos que le dan sentido a su acción y a los resultados de la misma. Así, trataremos de probar que la racionalidad y la cultura gerencial2 asociada a un nuevo modelo organizacional en dicha empresa deben ser vistas como un fenómeno contradictorio y engaño­so, debido a: 1) una ruptura entre los planteamientos del modelo y las expectativas de comunicación y liderazgo comparti­do creadas en los trabajadores, lo que sugiere un control de calidad discrecional sui generis; 2) una combinación de elementos de formas tradicionales de organización burocrática con formas participativas de trabajo en equipo, y 3) una manipulación de valores y prácticas

rencia interna y, sobre todo, las eventuales paradojas y oportunidades de cambio. En este sentido critica las concepciones estereotipadas y universales, así como las contingentes y funcionalistas, y se pronuncia a favor de los análisis de la cultura que valora el proceso de desarrollo empresarial a lo largo de una historia en la que el tiempo permite el aprendizaje de formas apropiadas de acción y resolución de problemas. 2 Entendemos por cultura gerencial un ámbito constituido no homogéneamente donde se articulan procesos de creación de sentido u ordenación del sentido de la realidad gerencial, a través de prácticas sociales e institucionales. La idea es que esta no coherencia es la que deja paso a la posibilidad de recambios y reconfiguraciones subjetivas en la cultura gerencial, lo que nos sitúa frente a la posibilidad de una subjetividad dinámica en la que los individuos crean sus propias subjetividades o sentidos para la acción de acuerdo con situaciones de­ terminadas. Cultura gerencial como ámbito de significaciones de lo que es dirigir u ordenar; del sentido de las formas autoritarias o por con­vencimiento en que se implementan los cambios en materia de organización del trabajo a los subordinados; significación de las doctri­ nas gerenciales y de su aplicación práctica, de la ganancia y el pres­ tigio, de competir, de su pertenencia a un grupo social y a una estructu­ ra jerárquica dentro de una empresa, del respeto y la autoridad, de controlar, de influir, del poder; significación de lo que es ser gerente.


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informales de carácter religioso que influyen en las decisiones sobre la calidad y el éxito relativo del modelo. Para probar lo anterior, se elaboró un cuestionario estructurado dirigido a 10% de los trabajadores de cuatro de los departamentos de esta empresa, compuesto por 68 reactivos con un periodo de aplicación de cuatro me­ses. La técnica de muestreo para un universo de 800 tra­ba­ja­dores fue aleatoria estratificada con asignación proporcio­nal y un nivel de confianza de 5%. Asimismo, pa­ra cono­cer las concepciones u opiniones de los geren­ tes de CIMSA y sus estrategias de dirección y de influencia sobre los mandos medios y los obreros, se recurrió a la realización de entrevistas semiabiertas con el fin de con-

trastar sus respuestas con las de los trabajadores acerca de la organización del trabajo, así como sobre las tendencias y estrategias del cambio. En cuanto a la elección de los departamentos de producción, se consideró a aquellos en los que se encontraban los trabajadores con mayor antigüedad en la empresa, que son los que podrían dar cuenta de los cambios organizacio­ nales y laborales ocurridos en la planta a partir de la im­ plantación del Contrato Colectivo de Trabajo (CTC). Con este criterio se eligió a los departamentos de troquelados y grapas, en los cuales se realiza un trabajo más calificado y donde, curiosamente, sólo laboran hombres. De igual manera, se seleccionó a aquellos departamentos de pro-

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ducción en los que, por un lado, prevalecen formas tradicionales y manuales de trabajo y, por el otro, se trabaja simultáneamente con máquinas automatizadas de producción y nuevas formas organizativas. Éste es el caso de los departamentos de armado de corredera y ensamble final, que son los que efectúan un trabajo de maquila más especializado y están compuestos exclusivamente por mujeres, quienes consideramos podrían tener una concepción particular sobre la forma en que se viven los cambios en la fábrica. El documento se divide en dos grandes apartados. En el primero se resume parte de la discusión en torno a los cambios y tendencias que registran las nuevas formas de organización del trabajo, así como su relación con una nueva cultura gerencial y laboral en las fábricas manufactureras. Aquí se describe lo que consideramos las características más comunes de un modelo ideal de organización del trabajo, además de los componentes esencia­les del modelo organizacional de CIMSA. En el segundo se detallan y analizan los resultados del trabajo de campo, divididos en tres de las vertientes más representativas del modelo: a) lenguaje, discurso y formas de dirección; b) identificación, compromiso y sentido de pertenencia a la empresa, y c) interpretación de los cambios en la organización del trabajo. Al final de estos dos apartados se incluye una sección de conclusiones.

LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y LA CULTURA GERENCIAL A LA CONQUISTA DE LA SUBJETIVIDAD LABORAL El modelo de organización ideal

Una definición apropiada para los fines de este estudio va en el sentido de que la organización del trabajo puede ser pensada como un conjunto de prácticas multidimensio­ nales, que si bien se inspira en ideas sistematizadas a partir de una lógica racional-productivista también encarna relaciones de poder cuyas manifestaciones concretas pueden asumir formas de resistencia o de cooperación. Dentro de estas nuevas prácticas organizacionales —representadas a través de corrientes de pensamiento como la escuela es-

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tadounidense de las nuevas relaciones humanas (NRH) y su estructura jerárquica de necesidades; los nuevos enfoques sociotécnicos y su pretendida organización científica del trabajo; o los también llamados modelos posfordis­ tas, toyotistas, de Lean production o modelo japonés de involucramiento responsable, entre otras denominaciones— ocupa un lugar privilegiado el interés por influir en la subjetividad de los trabajadores como la mejor garantía para la consecución de los objetivos empresariales. Es decir, la organización del trabajo hoy se presenta como la búsqueda planeada de la legitimidad en aras de una mayor productividad, ya que la ganancia ha dejado de estar en función de la manipulación técnica de los recursos, incluida la fuerza de trabajo. Ahora se persigue, con más fuerza que nunca, la conquista de la voluntad (Gatica, 1993: 24). De manera resumida, podemos decir que las nuevas prácticas organizacionales están contenidas en programas y preceptos filosóficos y motivacionales con los que los trabajadores adquieren un amplio rango de habilidades, a través de la educación, el entrenamiento y la rotación del empleo. Estas prácticas se expresan tanto en normas, valores, creencias, reglas y procedimientos como mediante formas simbólicas o conceptos de trabajo: “mejora continua”, “control total de calidad”, “trabajo de grupo”, “empresa-familia”, etc., con los cuales la gerencia y los trabajadores ordenan su trabajo en un contexto social histórico, con una carga emocional que les da sentido. De hecho, todas estas técnicas de participación, comunicación y motivación —como veremos más adelante— pueden ser interpretadas como formas de subjetivación que coexisten al interior de un campo de posiciones y sirven de guía para reproducir la cultura de la corporación, además de generar sentimientos de pertenencia colectiva3. 3 Estos sentimientos de pertenencia colectiva, claro está, no implican

que las diferencias de clase social desaparezcan, ya que, como señala Touraine (1984), las clases, como grupos opuestos uno contra otro, en conflicto central para la apropiación de una historicidad hacia la cual ambos se orientan, están definidas por su posición dominante o dependiente en el modo de apropiación de la historicidad y de los mode­los culturales de conocimiento y moralidad: “ambos grupos tie­n­en en común las mismas orientaciones culturales: tanto uno como otro creen en el progreso, en la gratificación diferida y en un control re­presivo de la vida sexual. Sin embargo, al mismo tiempo luchan uno contra otro por el control social de la cultura industrial y por dar di­ ferentes formas sociales a las mismas orientaciones culturales. El me-


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Podría señalarse que lo novedoso de las actuales formas de organización del trabajo no está tanto en la utilización de estrategias de convencimiento, indistintamente de los mecanismos utilizados para ello, sino en el énfasis que estas nuevas formas ponen en ese propósito de convencimiento; es decir, en las formas que hacen posible que los trabajadores entreguen voluntariamente su mejor esfuerzo en pos de la calidad y la productividad, sin que ello implique la desaparición de los mecanismos de coerción o represión contra quienes se resistan al sistema de organización. Así, quizá las nuevas propuestas organizacionales son más que eso y su intención abarca, además, el desarrollo de una verdadera “ergonomía del alma” (Gatica, 1993: 11). Abo (1994) ha señalado que en ausencia de un medio ambiente social y cultural de apoyo como el de Japón, país donde estas tendencias organizativas han tenido mayor desarrollo, la transferencia de este modelo de cultura corporativa a la producción local en países del continente americano ha demandado, de parte de las compañías manufactureras, un esfuerzo concentrado y deliberado por encontrar un campo de interacción aceptable que les permita aplicarlo al máximo. Sin embargo, ésta no ha sido una tarea fácil, ya que los trabajadores, con sus acciones, han mostrado que los cambios técnicos en la organización del trabajo, la flexibilidad asociada a las relaciones laborales y las nuevas “filosofías” de trabajo tienen efectos profundos en su subjetividad, debido a que generan reacciones variadas y diversas, algunas no siempre entendibles ni aceptables para las empresas. Por regla general, la introducción de lo que hoy se conoce como técnicas propias del modelo japonés ha estado acompañada por actitudes ambiguas y contradictorias, que van desde el consenso o el rechazo, hasta otras francamente contemplativas. La industria manufacturera moderna es un claro ejemplo de cómo los trabajadores se sienten cautivados por los nuevos equipamientos, pero también de la resistencia que muestran a colaborar con las gerencias, con las que comparten interpretaciones distintas acerca de las nuevas c­ anismo central es el conflicto, a través del cual un campo de historicidad y un conjunto de modelos culturales se transforman en un sistema de relaciones sociales, las cuales son siempre desiguales, pues son relaciones de poder” (Touraine, 1984: 68).

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formas de organización, dirección y ejecución del traba­ jo. Por eso cuando diversas empresas, en sus operaciones de producción local, establecen un sistema de dirección y producción inspirado en estas técnicas, se ven obligadas a hacer un enorme esfuerzo para crear las condiciones que permitan impulsar un tipo de cultura corporativa orientado a la apropiación de la subjetividad del trabajador. A pesar de estos inconvenientes, ya se ha difundido ampliamente la idea generalizada de que nos encontramos ante una generación de jóvenes con nuevas actitudes, creencias, valores y comportamientos en relación con el trabajo, en clara ruptura con los viejos obreros que tienen ideas distintas sobre la calidad de los productos, la tecnología y la productividad (Zurla, 1989-1990). En México, por ejemplo, desde la segunda mitad de la década de 1980, Palomares y Mertens (1987) han catalogado a estas técnicas de involucramiento, comunicación y motivación como propias de un nuevo modelo de cultura corporativa que está generando un patrón conductual mucho más complejo entre los trabajadores, que va más allá de la polariza­ ción entre trabajo calificado de programación y trabajo descalificado y rutinario. Otros autores han considerado estos aspectos como parte de los procesos de “ingeniería cultural” (Reygadas, 1995), a través de los cuales las grandes firmas rediseñan y perfeccionan sus estrategias de organización del trabajo para incidir y moldear los comportamientos laborales en aras de un mayor compromiso con la organización. Otros más los han interpretado como parte de las nuevas “estrategias de racionalización del trabajo” (Neffa, 1982; Pries, 1998; Grzyb, 1989), o bien, como modelos o “procesos de influencia gerencial” para generar consensos y control sobre los trabajadores (De Paula, 1993; Carrillo, 1993; García, 1996). También se ha planteado que no sólo se trata de una atribución que se da la gerencia administrativa para imponer sus intereses corporativos, sino que esto representa además una necesidad lógica de la estructura organizacional que permite poner a prueba un principio de integración social (Abo, 1994) que tiene amplias repercusiones en la subjetividad del trabajador, en sus motivaciones y representaciones simbólicas. No obstante, fuera de los propósitos del discurso gerencial, cabe la posibilidad de que sólo se trate de una

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nueva fórmula de control social (Coriat, 1992), tendiente a crear obreros amoldados en la cooperación y coordinación de las distintas actividades de trabajo, que sean funcionales para las nuevas tecnologías (sistemas fle­ xibles de fabricación), para los nuevos conceptos de organización de flujo de mercancías (inventarios justo a tiempo), para las exigencias de calidad del mercado y, en general, para el sistema de organización global de la empresa, con lo que se estaría concretando una especie de “racionalidad tecnológica moderna”. Cualquiera que sea el resultado, es un hecho que, hasta hoy, los trabajadores de las plantas manufactureras de México en las que se aplica dicho sistema, como es el caso de CIMSA, están involucrados en un proceso continuo y ascendente de constitución y reconstitución de significados, constantemente valuados y revalorados, reclamados y refutados, lo que permite reconocer una nueva cultura del trabajo. Ésta no es en esencia idéntica a la que opera en las plantas japonesas, pero tampoco es parecida a aquella basada en el puesto de trabajo que prevalecía en las antiguas armadoras mexicanas. En buena medida, esto tiene que ver con las condiciones de adaptación de las empresas y sus trabajadores, en las cuales predominan procesos continuos de experimentación y aprendizaje de la organización. Los problemas que ha engendrado dicho proceso generalmente son de adaptación al entorno y de integración de los recursos huma­ nos internos, lo que al parecer deriva en un modelo de cultura representado por prácticas y concepciones de ca­ rácter pragmático, pe­ro a la vez cooperativas y críticas, con características particula­res que definen un estilo propio de concebir y desarrollar el trabajo.

El modelo de CIMSA

Desde 1986, CIMSA ha adoptado una nueva forma de organización del trabajo basada en el Control Total de Calidad (CTC), de la que se desprenden nuevas figuras organizativas, como el Consejo de Calidad y el Consejo Técnico, en las cuales participan los niveles gerenciales de la empresa para diseñar políticas y estrategias en relación con la nueva forma de trabajar: los círculos de calidad

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(CC)4, y en algunos departamentos de producción los equipos de trabajo. De acuerdo con la gerencia, lo que se busca es la participación de los trabajadores en las propuestas de calidad y en las mejoras del proceso de producción. Se puede decir que el proceso de producción está sustentado en la filosofía de la empresa, que se supone identi­ ficada con el Control Total de Calidad, una calidad que es vista como un concepto integral que abarca la produc­ ción, la actualización y la innovación, y que se traduce en “hacer bien las cosas desde el principio”. Entre los valores que señala la empresa se plantea que “la gente es lo más importante, sin ella no podríamos cumplir nunca nuestra misión; trabajando en equipo formamos la fuerza y [la] vida de la empresa”. No obstante, la Misión de la Dirección es dirigir y administrar los recursos materiales y financieros de la planta para satisfacer los objetivos de servicio y productividad planteados en el Programa de Calidad Total. Como parte de dichos propósitos se puso en marcha el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza), que consiste en que los trabajadores se ocupen de su seguridad, usando el equipo de protección que les brinda la empresa, y se hagan cargo del orden y la limpieza de su área de trabajo. Asimismo, se ha puesto en práctica el sistema de autocontrol de los trabajadores en la producción, lo que, dicho sea de paso, ha implicado el despido de los supervisores o inspectores de calidad de cada departamento. Sin embargo, estos cambios organizativos no contemplan la polivalencia de los trabajadores ni la movilidad horizontal entre puestos o departamentos; es decir, se mantie­ ne el esquema de trabajadores especializados en puestos de trabajo. Otro aspecto que merece resaltarse se refiere al Día de la Calidad y la Familia, instituido como festejo el 12 de diciembre, fecha en que se celebra a la Virgen de Guada­ lupe. Ese día se premian los esfuerzos de los trabajadores respecto de la calidad y las ideas que mejoran la produc4 Es preciso mencionar que el cc Nueva Imagen de cimsa fue triun-

fador del Primer Concurso Nacional de Círculos de Calidad en 1990, por su aportación de dar al cierre la medida exacta, y de igual manera, en 1991, el cc Pioneros ganó el primer lugar en el mismo concurso, por la fabricación de un dispositivo que reduce el ruido en 40% en su Departamento de Producción.


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Basílica de Guadalupe, 2008.

tividad. Igualmente, se busca resolver problemas, mejorar productos y relaciones de trabajo. Se reconoce también a los mejores departamentos durante el año, así como a los cc de la empresa. Desde nuestro punto de vista, todas estas figuras organizativas están relacionadas en CIMSA con el impulso de un principio de involucramiento responsable como factor aglutinador de intereses, alrededor del cual se desarrolla un liderazgo compartido basado en una gestión del personal que pone énfasis en la capacitación y el entrenamiento. A su vez, se las asocia con una comunicación horizontal que se recrea y extiende hacia todos los integrantes de la comunidad de la empresa, entendida ésta

como el espacio fundamental en el que se desenvuelve la actividad principal de la gerencia, y en el que ésta invierte no sólo capitales sino valores, conocimientos, tradiciones y demás componentes de una subjetividad y una cultura propias de su papel. Finalmente, las distintas estrategias orientadas a la búsqueda de la calidad y el involucramiento responsable se mezclan con una cultura gerencial que busca construir una comunidad de intereses, en el sentido de valores com­ partidos en el ámbito fabril, donde los gerentes ejercen procesos de influencia o de convencimiento sobre sus subor­dinados y reconfiguran sus concepciones y significados en materia de trabajo gracias a su interacción con

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los sujetos que dirigen. Una cultura que se concibe y que echa mano del discurso de la modernización, la competitividad, la cooperación, la eficiencia y la calidad, y que juega un importante papel en la elección de una alternativa dentro del abanico de posibilidades en materia de organización del trabajo, así como en su forma de relacio­ narse con los subalternos (véase figura 1). Algunos resultados de este modelo se reflejan al menos en tres aspectos correlacionados: a) lenguaje, discurso y formas de dirección; b) identificación, compromiso y sentido de pertenen­cia; y c) interpretaciones y divergencias sobre los programas de calidad. Figura 1. Aspectos básicos del modelo de organización del trabajo en cimsa Control de calidad Círculos de calidad Equipos de trabajo Consejos de calidad Sistemas de autocontrol

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Cultura gerencial Cultura laboral

Principios de desarrollo del personal Involucramiento responsable Liderazgo compartido

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plantación de nuevos sistemas organizacionales en el trabajo. En este sentido, los gerentes de CIMSA —los jóvenes, los viejos, los profesionistas y los formados por su trabajo en la planta— coinciden en señalar que existe un lenguaje común y elemental para dirigirse a todos los trabajadores. Uno que intenta ser democrático y que se transmite a través del desarrollo del Programa de Calidad Total (PCT). El director general asegura que “anteriormente el lenguaje era muy paternalista, sin embargo, con el PCT siento que el lenguaje que nos une es el de la calidad, porque ahora estamos hablando mucho de la calidad, la productividad, los círculos de calidad […] éste es un lenguaje que nos ha unido más”. En este discurso, el valor de la familia como concepto integrador de los trabajadores juega un papel determinante. Así, resulta significativo el hecho de que la empresa instituyó el 12 de diciembre —día de la Virgen de Guadalupe— como el Día de la Familia y de la Calidad de la Empresa5. De hecho, la gerencia reconoce que esta integración es un aspecto fundamental para el desarrollo de CIMSA. Sin duda alguna, el valor de la calidad ha llegado a ser fundamental en el discurso gerencial, como mecanismo de involucramiento e identificación. No obstante, los JD o MM coincidieron en su apreciación de que el lenguaje universal con el que la empresa se maneja, y que todos entienden, está más orientado al concepto de familia como el valor más importante y la principal estrategia de la gerencia para conseguir la integración de los trabajadores con los principios de la empresa. Adicionalmente, no deja de ser significativo el hecho de que los gerentes, incluyendo a los de nivel medio e inclusive a algunos jefes de

Fuente: Elaboración propia. 5 A esta fecha se le conoce también como “Aniversario de la Lealtad”.

RESULTADOS EMPÍRICOS DEL MODELO DE CIMSA Lenguaje, discurso y formas de dirección

La comunicación como aspecto inherente a las formas de dirección es un elemento importante en las estrategias de influencia sobre los trabajadores y los jefes de departamento (JD) o mandos medios (MM) para buscar la im-

Se premia a los departamentos de producción más sobresalientes en calidad y productividad, se otorgan reconocimientos a quienes ha­yan inventado algún dispositivo o máquina que ayude a la producción, se premian también las ideas de los cc, se reconoce a los trabajadores que cumplen 10, 15, 20, 25, 30 años o más de laborar en la planta y se sortean premios entre los trabajadores y sus familias. La empresa niega que con ello se quiera sacar provecho de los valores festivos de abnegación y respeto que representa esta fecha; sin embargo, resulta difícil pensar que ésta haya sido elegida casualmente, ya que es un día significativo para la tra­dición católica mexicana, y por lo tanto, para los trabajadores de la planta. Es preciso señalar que todos, o casi todos los departamentos de producción, cuentan con un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe.


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departamento, se refieran a CIMSA como “nuestra empresa”, por lo que se podría decir que entre ellos existe una concepción y una forma común de hablar de la empresa, no obstante que ésta no es una opinión compartida por todos los JD. Por otra parte, según pudimos observar, la técnica más recurrente de los gerentes para girar instrucciones a sus subordinados es la que ellos definen como “campechaneada” —a veces en forma de sugerencia y en ocasiones como orden—. Para esto, se sabe que dichas órdenes o instrucciones se emiten directamente a los JD, para que ellos a su vez las transmitan a sus trabajadores; es decir, la comunicación entre la gerencia y los operadores o trabajadores de piso no es frecuente; sólo se da en casos especiales, porque se respetan fielmente las jerarquías administrativas. En general, podría decirse que existe consenso entre todos los JD y supervisores en cuanto a la existencia de un lenguaje común, con aspectos técnicos que sólo ellos pueden entender (no así los trabajadores) y hasta con “malas palabras”, que son muy comunes en ambos grupos, y por lo tanto no crean ningún problema. Sin embargo, los supervisores de ensamble final y los JD de armado de corredera, por ejemplo, señalan que la gerencia les ordena en vez de dar instrucciones, y que aunque el lenguaje es claro, existen actitudes arrogantes, despóticas y groseras que les generan incomodidad. En otras palabras, que el trato es más bien distante y autoritario, al grado de que en muchas ocasiones los gerentes ni siquiera se toman la molestia de saludar a los supervisores. Respecto de la opinión de los trabajadores operarios de línea acerca de la comunicación en la planta, 97% manifestó que existe muy poca relación entre ellos y los gerentes; es decir, que los últimos no se relacionan o se dirigen a ellos más que en ocasiones extraordinarias, y que con el cambio organizativo no hubo mejoras significativas en las relaciones humanas. En aspectos específicos relativos a la comunicación del director general con los trabajadores, 61.8% aseguró que el director nunca se dirigía a ellos6, 6 Sobre todo las operadoras de ensamble final (77%), las de armado

de corredera (53%), la mitad de los operadores de troquelados y 42% de los de grapas.

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23.7% afirmó que lo hacía esporádicamente, 10.6% señaló que a veces lo hacía, y 3.9% dijo que hablaba con ellos con frecuencia. Considerando lo anterior, tiene coherencia el hecho de que 47% de los trabajadores de CIMSA declare que desconoce cómo hablan o cuál es el lenguaje de los gerentes de la planta, lo que permite suponer que la comunicación gerencial con los trabajadores es prácticamente escueta o esporádica (véase cuadro 1). Cuadro 1. El director habla directamente con los trabajadores Frecuente­ mente

A veces

Esporádicamente

Nunca

Total

3.9%

10.6%

23.7%

61.8%

100.0%

Identificación, compromiso y sentido de pertenencia

A la pregunta de si el lenguaje tiene que ver con la conformación de esa comunidad de intereses compartidos en el trabajo, de nuevo, todos los gerentes entrevistados respondieron afirmativamente. En este sentido, el gerente de Mantenimiento dice: Sí, mi forma de lenguaje y de dirigirlos ha tenido que ver porque los he dejado ser un poco más libres, más autónomos. Anteriormente se les decía: “haces esto y no pienses”, como a los burros de carga que les pones laterales en los ojos para que sólo vean en la dirección que uno quiere; ahora no, ahora el abanico se abrió, ahora se debe buscar desarrollar su creatividad.

En el mismo sentido se expresa el gerente de Calidad Integral, cuando dice que sus trabajadores: Se sienten muy integrados a la compañía y están muy motivados [porque] he tratado de que hagan las mismas funcio­ nes que yo hago; he creado una dinámica dentro del conjunto de personas que estamos trabajando, que cada uno lidere de­ terminado tiempo a todo el equipo, entonces ellos se sienten seguros, se sienten muy integrados a esta familia que de alguna forma somos, y yo creo que es parte esencial para la integración el cómo trasmitirles ese entusiasmo, y realmente ellos son reflejo fiel del jefe.

Por su parte, 78.9% de los trabajadores de CIMSA manifestó que le gustaba trabajar en la planta, 5.3% dijo que

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le disgustaba y el 15.8% restante señaló que le era indi­ ferente (véase cuadro 2). Sin embargo, no deja de ser curioso que sólo 40% de los que mostraron su gusto por trabajar en CIMSA supiera decir por qué le gustaba su trabajo en la planta; de ese 40%, la mitad dijo que la razón era el gusto por el trabajo que desarrollaban, y el resto se dividió entre los que privilegiaban el ambiente de trabajo (12%) y los que siempre habían trabajado allí (7%), entre otras razones. Cuadro 2. Gusto por trabajar en la empresa

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No

Le es indiferente

Total

78.9%

5.3%

15.8%

100.0%

Con la creencia de que una posible forma de identificación o integración de los trabajadores a la empresa podría darse a partir de que la gerencia externara su preocupación por las expectativas o aspiraciones laborales de los trabajadores, se preguntó a los obreros si la empresa mostra­ba interés en este aspecto, a lo que 57% de los operadores respondió que no sabía, o que la empresa no se interesaba por estos asuntos. Es decir, que no es posible inferir o concluir que la empresa busque influir sobre los trabajadores a través de estos mecanismos, no obstante que 43% de los encuestados cree que la gerencia sí se interesa en ellos. Sin embargo, del total de los que piensan que la empresa se interesa en ellos (43%), sólo 8% cree que esto se debe a la preocupación por el desarrollo personal de los trabajadores; 22% piensa que dicho interés responde a una estrategia para incorporar al proceso de producción los conocimientos prácticos de los trabajadores, y el 12% restante sostiene que esto se debe al intento de aumentar la calidad y la productividad. En este orden de ideas, resulta curioso que 49% de los trabajadores de CIMSA haya señalado que creía que la empresa estaba conforme con su trabajo7, mientras que otro 49% dijera que no lo sabía. No obstante, 75% de los trabajadores de CIMSA confesó sentirse motivado para trabajar en la empresa (véase cuadro 3). 7

Los motivos de esta creencia se dividieron entre los que pensaban que la empresa estaba conforme porque hasta ahora no los habían despedido, porque estaban seguros de su trabajo o porque nunca les habían llamado la atención, entre otras opciones.

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Cuadro 3. Motivación para trabajar en cimsa Motivado

Desmotivado

Total

75.0%

25.0%

100.0%

Si ahora nos preguntamos sobre las razones de esta motivación, podremos ver que en la respuesta poco influyen las políticas gerenciales o laborales de la empresa: 40% de quienes se sienten incentivados para trabajar en la planta atribuyen el hecho a motivos relacionados con su desempeño en el trabajo8 —les gusta lo que hacen— o, en menor medida (13%), a factores económicos, como el bono de productividad. En otras palabras, aquí tampoco podemos encontrar estrategias de convencimiento de parte de la gerencia hacia los trabajadores, ya que sólo 8% de los encuestados dijo sentirse motivado por la relación con sus superiores, y es preciso aclarar que por superiores se referían a sus jefes de departamento y no a los gerentes. Por otra parte, 17% reveló que lo que más le desmotivaba para trabajar en la empresa era el aspecto económico, aunque 75% argumentó que haría igual su trabajo aun si no se le diera ningún incentivo económico. Esto entra en evidente contradicción con la afirmación de 79% de los trabajadores que responde que cumple con su trabajo por dinero9, o del 28% que declara hacerlo por los incentivos económicos, lo que podría entenderse como una clara actitud instrumentalista que tiene poco que ver con el sentido de pertenencia y de compromi­ so con la empresa. Si conectamos las razones para cumplir con el trabajo con la relación entre trabajadores y JD, podemos obtener datos interesantes. Del 75% que dijo que haría igual su trabajo aunque no se le dieran incentivos económicos, tenemos que 61.4% califica su relación con los JD como rígida pero justa, flexible y abierta al diálogo o paternal y humana. Por otro lado, 45% de quienes advierten que no 8 Así lo señalan 53% de las operadoras de armado, 8% de los opera-

dores de troquelados, 33% de los de grapas y 46% de las trabajadoras de ensamble final. 9 Por departamentos, contestaron eso 91% de las operadoras de ensamble final, 83% de los operadores de grapas, 67% de los operadores de troquelados y 59% de las operadoras de armado de corredera.


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harían su trabajo de la misma manera si no se les dieran incentivos económicos plantearon que la relación con los JD es dominante y a veces injusta. Lo anterior se traduce en niveles de identificación con la empresa de 75%, aunque no demuestra una correlación directa con las estrategias de motivación concebidas por la empresa (véase cuadro 4). Si relacionamos la motivación con la antigüedad en la empresa, observamos que la primera disminuye conforme aumenta la antigüedad, lo que quiere decir que la posible influencia de la gerencia tampoco surte efecto sobre los trabajadores más antiguos de la planta.

cir, se practica el autocontrol por parte de los trabajadores sobre el proceso de producción, lo que implica que la responsabilidad final del proceso recae directamente en el trabajador10. El JD de Troquelados reconoce que antes cada quien trabajaba por su lado y “ahora no, ahora trabajamos todos de acuerdo, nos piden nuestra opinión […] ahora es muy bonito, a mí me gusta mucho […] ha cambiado hasta en la forma de mandarnos, porque antes todo era más rudo”. Sin embargo, el JD de Grapas dice: El pct está en pañales, lo tenemos desde hace tres o cuatro años pero no ha funcionado, y los primeros que no están convencidos del dichoso programa son nuestros dirigentes, y ellos son los que deben estar más convencidos, pero a ellos lo que les gusta es el show. Si va a venir una visita dicen: “ay, vamos a impresionarla, pongan ahí lo del Programa de Calidad Total y digan que hacen el Programa sol”, y como pertenecen a la Asociación de Empresarios de Iztapalapa, entonces los invitan y se presumen entre ellos, pero se presumen con cosas que no son reales.

Cuadro 4. Identificación con la empresa Identificado

Ajeno

No sabe

Total

75.0%

25.0%

——

100.0%

Interpretaciones y divergencias sobre la calidad

Aunque se supone que la empresa ha adoptado el CTC e incluso ha desarrollado su propio programa de calidad (PCT), es curioso que la mayoría de los gerentes de la compañía no sepa en qué consiste dicho programa ni sea capaz de definir el CTC. Así, casi todos dicen que el PCT es muy propio de CIMSA y que se ha desarrolla­do conforme a la idiosincrasia y las políticas de la planta; que se considera la limpieza, la seguridad, la puntualidad, la asistencia, el control estadístico del proceso y el control y manejo de herramientas, entre otros aspectos. El gerente de Aseguramiento de la Calidad señala que el CTC que se maneja en la empresa puede definirse como el conjunto de acciones y actitudes de todos los miembros de la organización para lograr la calidad de los recursos —productos, instalaciones, máquinas, servicios y, sobre todo, su gente— que se ofrecen para lograr la plena satisfacción del cliente. Agrega que para CIMSA la calidad no se controla sino que se produce, por eso ellos no hablan de control de calidad sino de aseguramiento de la calidad. Según señala el mismo gerente, el PCT de CIMSA pone énfasis en el diseño del proceso, para que sea el operador directo quien controle su trabajo y su producción; es de-

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Es importante apuntar que las respuestas a la pregunta de qué es el CTC en CIMSA fueron desde “obtener lo que nos pide el cliente en calidad y servicio”, hasta “el CTC son todos los conceptos, o sea, tener calidad en todo lo que es­ tamos haciendo”, pasando por “es todo lo que tiene que ver con tu forma de ser, desde peinarte, tratar con la gente, etc., pero en CIMSA sólo se busca la calidad sobre el producto y no en el proceso, ni en el trato a los trabajadores, ni en los salarios, porque la calidad en la comunicación entre la gente no se da”. Pese a todo, los JD piensan que la nueva organización del trabajo está orientada al logro de formas de integración del trabajador a la producción, así como a la moti­vación para mejorar su trabajo. Además, la mayoría también coincide en que con la nueva organización los ope­radores trabajan tanto como antes; es decir, que no puede decirse que las cargas de trabajo se hayan incrementado.

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Hasta hace pocos años se tenía una planta de 60 inspectores de calidad que patrullaban el piso de Producción, mientras que recien­ temente esa planta se redujo a cinco auditores del proceso de producción.

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En lo referente a los CC, el JD de Troquelados señala que en un principio se oponía a éstos porque pensaba que eran una pérdida de tiempo, pero ahora los acepta por­ que se han mejorado las herramientas y la producción. Sin embargo, el resto de los JD cuestionan la eficacia o bondades de los círculos y opinan que: deberíamos tener otro sistema, no sólo los cc, porque ésos funcionaron al principio —a los japoneses les funcionaron por su educación, pero nosotros somos diferentes—, pero ahora ya no dan resultado. Los integrantes del cc se pelean y compiten entre ellos, los gerentes no pelan a la gente ni a sus propuestas de mejoras y la gente se desencanta, así que necesitamos algo más adecuado a nuestra realidad, porque nosotros no estamos acostumbrados a organizarnos ni a trabajar de esa forma.

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Los trabajadores de CIMSA, según cada departamento de producción, entienden de manera distinta los cambios organizativos en la empresa. Los desacuerdos empiezan a dibujarse cuando sólo 27.6% de la planta señala que estos ajustes tienen como objetivo aumentar la calidad. Al contrario, 65.8% afirma que el propósito es el incremento de la productividad, la reducción de costos y la fabricación de nuevos productos (véase cuadro 5). Por otro lado, 13% dice que ha aumentado la eficiencia en la producción, y un porcentaje igual suscribe que el cambio no ha traído ninguna ventaja a la empresa. Por su parte, 21% observa que los cambios tienen la desventaja de aumentar las cargas de trabajo. Lo que resulta revelador es que 55% de los trabajadores expresa que estos cambios no los ha beneficiado en nada11, y los demás se dispersan entre los que piensan que ha disminuido la carga de trabajo (8%) o que aprecian los premios a los CC (5%), entre otras opciones. Lo que sí queda claro es que, según las encuestas, 57% de los trabajadores de CIMSA no aceptó los cambios resignada o pasivamente, y sólo 9% dijo haberlos aceptado sin hacer comentario alguno; es decir, que más de la mitad cuestionó las nuevas reglas y opuso alguna resistencia, aunque al final acató la nueva organización del trabajo. Por otra parte, resulta curioso que sólo 49% de los entrevistados diga que las formas de trabajar cambiaron con el 11

Sobre todo las operadoras de ensamble (63%), los operadores de grapas (58%), los de troquelados (50%) y las operadoras de armado de corredera (41%).

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Cuadro 5. Motivos de cambio organizacional La organización del trabajo cambió para reducir costos Sí

No

71.1%

28.9%

La organización del trabajo cambió para aumentar la calidad Sí

No

27.6% 72.4% La organización del trabajo cambió para aumentar la productividad Sí

No

65.8% 34.2% La organización del trabajo cambió para poder exportar Sí

No

60.5% 39.5% La organización del trabajo cambió para poder ampliar mercados Sí

No

48.7% 53.3% La organización del trabajo cambió para fabricar nuevos productos Sí

No

72.4% 27.6% La organización del trabajo cambió para reducir personal Sí

No

65.8%

34.2%

CTC. Para más de la mitad de los trabajadores (51%), no se ha producido cambio alguno y, por el contrario, aseguran que siguen prevaleciendo serios problemas que impiden instrumentar el Programa tal como se concibió (véase cuadro 6). Así, del 49% mencionado, únicamente 11% dice que los cambios se observan en una mayor responsabilidad en el trabajo, y 8%, en el autocontrol de los trabajadores y en una mayor calidad.


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Cuadro 6. Principales problemas para aplicar el pct No respondió 32.1%

No se respetan Los jefes las reglas no saben del pct cómo hacerlo 6.6%

11.3%

Falta de capacitación de los trabajadores

Falta de planeación de la gerencia

Las contradicciones de los gerentes

Otros

Total

9.2%

27.6%

6.6%

6.6%

100%

Conclusiones

Los resultados del cruce de encuestas a trabajadores y entrevistas a mandos medios y gerentes reflejan una organización del trabajo relativamente exitosa, aunque contradictoria y defectuosa. El liderazgo gerencial que está en la base de dicha organización no se ha practi­cado de acuerdo con el modelo o como señalan los teóricos de la calidad. Esto lo constatan tanto jefes de de­partamento co­mo trabajadores, quienes afirman que el pct no ha funcionado adecuadamente debido a la falta de planeación y consistencia de la gerencia respecto del manejo de los elementos y características que componen dicho programa. La primera inconsistencia se presenta con el desarrollo de un PCT o un CTC desvinculados de sus relaciones con el personal encargado de producirlos. Ello tiene que ver con la práctica de un discurso desligado de las expectativas del personal. Los gerentes hablan de relaciones más cercanas con los trabajadores cuando ni siquiera les dirigen la palabra; o promueven cc a los que no atienden como sus integrantes esperan. Asimismo, la empresa pretende una moderna organización del trabajo que abra escenarios a la participación de los operarios en el proceso de producción, pero no hay suficientes espacios para esa participación; se plantea una moderna forma de dirección con estructuras más horizontales y cercanas a los trabajadores, pero estos últimos aseguran que no existe ninguna relación entre ellos y la gerencia; se afirma que se trabaja con nuevas reglas que privilegian la calidad ante todo, pero los obreros se quejan de contradicciones en la aplicación de estas reglas y de la falta de planeación de la gerencia en este sentido. Lo que se observa en realidad es un control de la calidad discrecional y sui generis, conformado por una combinación de normas, valores, costumbres, tradiciones y formas de

razonamiento compartidos de manera parcial por los diferentes actores de la planta. Así, mientras que para la gerencia la calidad es un medio de competencia con otras empresas del mismo ramo y una forma de obtener prestigio ante la comunidad empresarial, para los MM representa incluso una nueva modalidad laboral que puede funcionar si los gerentes se capacitan y se involucran en el proceso de trabajo en vez de dar órdenes desde el escritorio. Por su parte, para los trabajadores el PCT tiene un significado nebuloso y resulta difícil de definir; es una realidad contradictoria que supone para ellos más res­ ponsabilidad y pocos beneficios. Una segunda gran inconsistencia tiene que ver con la dimensión ideológica subjetiva del modelo. La gerencia implementa una serie de normas y valores que combinan elementos de las formas tradicionales de organización burocrática asociadas a los principios del taylorismo fordismo (centralización de decisiones, escasa rotación del personal, formas autoritarias de vigilancia y control, jerarquías marcadas entre gerentes, JD y trabajadores, y poca comunicación entre la cúpula y la base de la estructura organizativa de la empresa) con formas participativas de trabajo en equipo propias de las nuevas formas organizacio­ nales (círculos de calidad, trabajo en equipo, involucramiento responsable, liderazgo compartido, etc.). Prevalece el trabajo con conocimientos especializados en vez de polivalentes; dominan las costumbres y tradiciones rígidas y el respeto por las jerarquías que inhiben la participación de los trabajadores en las decisiones del proceso de producción. La búsqueda de consensos se ve obstaculizada por una forma de control que introduce una concepción y ejecución tramposa del PCT, con modificaciones y aplicaciones “muy a la mexicana” que reconfiguran subjetividades, tradiciones, costumbres y valores empresariales del pasado reciente, y de un presente que “busca la calidad ante todo”. La novedad de una organización del trabajo

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distinta sería, por lo tanto, aparente, al menos en este sentido, ya que es difícil probar que la empresa ha tenido la facultad de decidir u ordenar la conducta de los trabajadores. Las subjetividades y voluntades de CIMSA no fueron domesti­cadas, en el sentido de que las nuevas reglas no se aceptaron pasivamente y que a la fecha aún se perciben resistencias a las nuevas formas de trabajar. Finalmente, un tercer ámbito de contradicciones tiene que ver con las inconsistencias entre el discurso geren­cial, que niega el manejo de valores y elementos religiosos al interior de la planta, y las prácticas informales de influencia que lleva a cabo la empresa, en relación con el culto religio­

so de los trabajadores. Como es sabido, la religión —como una de las instituciones básicas del capitalismo— introduce valores que tienen una gran influencia en el grado de desarrollo de los pueblos, y en sus actitudes y comportamientos frente al mundo. En el caso de CIMSA, la religión católica constituye un elemento que explica el éxito relativo del nuevo modelo organizacional y del funcionamiento parcial del PCT. La empresa conoce el valor de la religión, en cuanto al fervor guadalupano, y lo ha manejado en es­ trecha relación con el valor de la calidad; es decir, si la ca­ lidad no estaba dentro de la cultura y la escala de valores de los trabajadores, ésta podría ser una forma de incor-


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porarla. Así, CIMSA rescató la cultura popu­lar y el culto a la Virgen de Guadalupe e integró la reli­gión católica como parte de la cultura organizacional de la empresa. De la misma forma introdujo el valor de la fa­milia como elemento fundamental de la ideología y del discurso de la empresa, para convertirse en un modelo ideal de trabajo susceptible de lealtad, respeto y confianza por parte de los trabajadores. Lo anterior coincide con las observaciones de Ishikawa (1992), quien afirma que la religión tiene mucho que ver con la aplicación del control de calidad, porque mientras las enseñanzas básicas del cristianismo parecen decir que el hombre es malo por naturaleza, en Japón, en cambio, el método Mencius supone lo contrario. En esta idea, Deming (1989), al igual que Ishikawa, aboga por un control de calidad basado en la convicción de la bondad de la gente y en la confianza en los subalternos, porque el control estricto se basa en la convicción de que los hombres son malos por naturaleza y ese sistema no funciona. Así, los trabajadores de CIMSA, considerados “malos” por naturaleza según la religión que profesan, podrían identificarse como “buenos”, en tanto se dicen capaces de trabajar aun sin recibir incentivos económicos; porque se sienten identificados con la empresa aunque la gerencia no los motive, ni tenga comunicación o relación con ellos; porque les gusta trabajar en CIMSA, aunque sus gerentes no sean los mejores —según la evaluación que hicieron de ellos— y no se preocupen por sus expectativas laborales ni convivan nunca con el personal de la planta. Se podría decir que la “familia ideal guadalupana” de CIMSA, con todo y su PCT, está sustentada en bases muy endebles, en cuanto a una “nueva” organización del trabajo que muestra serias contradicciones en su diseño y ejecución; en cuanto a un proceso de influencia gerencial o de liderazgo interrumpido por los mandos medios, que mediante la reconfiguración de las instrucciones que vienen de la gerencia —en relación con el manejo de lo ideológico subjetivo y el desarrollo de prácticas de influencia informales y de relaciones de dirección más estrechas con los trabajadores— parecen tener más poder de convencimiento y consenso ante los obreros que la figura representa­tiva de lo racional legal que maneja la ge­ rencia. No es pues la gerencia la que tiene el liderazgo

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total sobre los trabajadores, pues los MM son quienes pueden garantizar el cumplimiento del trabajo de cada departamento, indepen­dientemente de que se respeten o no las nuevas disposiciones del PCT. En resumen, el PCT es más bien un programa tecnocéntrico, autoritario y discrecional maquillado con ingredientes cosméticos de un modelo antropocéntrico que choca con un discurso gerencial contradictorio, el cual no logra resolver los problemas de adaptación y de integración de los recursos humanos. En consecuencia, esa “ergonomía del alma” que debiera experimentarse entre los distintos actores de la empresa se encuentra es­ tan­cada por falta de un liderazgo lo suficientemente capaz de conciliar las subjetividades y las distintas sociedades culturales que se enfrentan en el seno de la familia de Cierres Ideal de México, S.A.

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Neffa, Julio César, 1982, Proceso de trabajo, división del trabajo y nuevas formas de organización del trabajo, Colección Cuadernos inet, núm. 20, Instituto Nacional de Estudios del Trabajo y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México. Pries, Ludger, 1998, “Relaciones industriales en la industria automotriz”, en R. Dombois y L. Pries (comps.), Las relaciones industriales en el proceso de transformación en América Latina, el caso de México. Proyecto comparativo internacional: transformación económica y trabajo en América Latina, Universidad de Bremen, Universidad de Colombia, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, El Colegio de Puebla, México.

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Palomares, Laura A. y Leonard Mertens, 1987, “El surgimiento de un nuevo tipo de trabajador en la industria de alta tecnología: el caso de la electrónica”, Análisis Económico, vol. VI, núm. 10, México, pp. 31-53. Reygadas, Luis, 1995, “Chinos, indios y gabachos: la intersección de culturas nacionales del trabajo en maquiladoras de México y Guatemala”, ponencia, xx Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, México. Touraine, Alain, 1984, El regreso del actor, Eudeba, Buenos Aires. Zurla, Paolo, 1989-1990, “Calidad y cultura del trabajo en los años ochenta”, Sociología del Trabajo, núm. 8, pp. 109-134.


Reanimación cardiopulmonar presenciada en el contexto hospitalario mexicano: un estudio de caso en pacientes y familiares Javier Eduardo García de Alba García, Juan Francisco García Regalado y Ana L. Salcedo Rocha En este artículo se plantea el estudio de la reanimación cardiopulmonar presenciada (rcpp) como objeto de análisis en el marco de las reconfiguraciones culturales actuales. De la opinión de 90 pacientes que ingresaron a Urgencias y 90 familiares que aceptaron participar en una encuesta, se encontró consenso cultural entre los familiares y pacientes a favor de la rcpp. Se rescata esta experiencia a partir de una mirada que va más allá de la racionalidad técnica, para establecer algunas bases que puedan dar origen a una política humanística que reconozca el derecho a la presencia de los otros (familiares) y del paciente en los lugares de acogida. Palabras clave: reanimación cardiopulmonar presenciada, presencia familiar, reanimación cardiopulmonar Cardio-pulmonary Resuscitation Witnessed in the Mexican Hospital Context: a Study of Case in Patients and Relatives In this article we study the witnessed cardio-pulmonary resuscitation (rcpp) in the context of the current cultural reconfigurations. From the opinion of 90 patients that entered Emergency Room and 90 relatives that accepted to participate in this survey, we found cultural favorable consensus toward the rcpp. This experience is rescued starting from a look that goes beyond the technical rationality, to establish some basis that can give origin to humanistic politics to recognize the right to the presence of the relatives in the admission places. Keywords: witnessed cardio-pulmonary resuscitation, family presence and cardio-pulmonary resuscitation Javier Eduardo García de Alba García: Unidad de Investigación Social Epidemiológica y en Servicios de Salud, imss-Jalisco, México javier_91046@yahoo.com Juan Francisco García Regalado: Hospital de Sub Zona 10 del imss, Guanajuato, México clanseta@yahoo.com Ana L. Salcedo Rocha: Unidad de Investigación Social Epidemiológica y en Servicios de Salud, imss-Jalisco, México analeticia_salcedorocha@yahoo.com.mx

Desacatos, núm. 34, septiembre-diciembre 2010, pp. 149-164 Recepción: 10 de noviembre de 2008 / Aceptación: 20 de abril de 2009

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En una sociedad en que se naciera y muriera en casa, o en que el lisiado y el idiota no fueran desterrados de la plaza pública, en que se supiera distinguir la vocación médica de la profesión de plomero, se encontrarían personas para ayudar a los demás a vivir, sufrir o morir. Ivan Ilich

ANTECEDENTES

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egún Phillippe Aries, hacia la mitad del siglo XX la imagen tradicional de la muerte comenzó a experimentar mutaciones profundas en casi todas las sociedades occidentales, a tal grado que en el siglo XXI el morir ha llegado a ser literalmente innombrable. La mayoría de las instituciones ahora son lugares donde se ejerce una competencia técnica, un saber hacer cada vez más té­c­nico y más eficaz, pero donde las cuestiones propias del sentido, las que se refieren a la subjetividad de los cuidadores y sus enfermos no tienen un lugar preciso (Duch y Mélich, 2005). Una de las técnicas para salvar la vida de personas que presentan un paro cardiaco o respiratorio es la reanimación cardiopulmonar (RCP)1, práctica conocida para quienes trabajan en el área de Urgencias de las instituciones de salud. Cuando se realiza la RCP en los nosocomios tradiciona­les, al igual que en otros procedimientos hospitalarios2, se pide a los familiares de los pacientes que se retiren “para que el equipo de salud pueda trabajar”. Excluir a los familiares se justifica bajo la premisa de que los procedimientos invasivos y la agresión durante la reanimación pueden provocar estrés en los miembros de la familia y que su pre­sencia podría comprometer el desempeño del equipo médico (Robinson et al., 1998). La modalidad presenciada de la reanimación cardiopulmonar (RCPp) se realiza a partir de 1984 en el Hospital 1 La RCP es un conjunto de maniobras mecánicas y eléctricas y pro-

cedimientos farmacológicos que realiza el médico con su equipo y que tienen como fin restablecer las funciones básicas del corazón y del pulmón para poder revertir la muerte clínica. La parte presencial implica el desarrollo de estas maniobras en presencia de un familiar, o sea, la aplicación del procedimiento habitual de reanimación frente a los familiares del paciente. 2 Como la venopunción para obtener muestras de laboratorio, aplicar una solución intravenosa, cambiar un catéter, un lavado gástrico, etcétera.

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Foot de Michigan, cuando el procedimiento y la actitud médica tradicional ante los familiares del paciente fueron cuestionados por el personal hospitalario, después de dos eventos en que los familiares pidieron estar presentes. Esta situación les permitió a los familiares participar con el equipo médico en el desarrollo del procedimiento. Desde entonces, esta nueva política hospitalaria ha provocado un continuo debate3 (Meyers et al., 1998). La polémica en torno a la RCPp se presenta principalmente al interior del equipo de salud, y empieza a trascender fronteras y a dar como resultado la modificación y la división de las opiniones en Canadá, Estados Unidos y, muy recientemente, en México (García de Alba y García Regalado, 2007). La actitud conservadora y negativa hacia la RCPp ha sido más frecuente entre los médicos que en el cuerpo de enfermería. Este debate ha involucrado a agrupaciones de profesionales, como la Asociación de Enfermeras de Urgencias y la Asociación Americana de Cuidados Críticos, que han pedido a los hospitales que autoricen la RCPp (Samples Twibell et al., 2008). Por su parte, la American Heart Asso­ ciation (AHA) en un principio se pronunció, en su manual ACLS (Advanced Cardiac Life Support) versión 2000, por permitir la presencia de la familia4 durante los intentos de reanimación “por ser una práctica clínica favorable, basada en la evidencia positiva que muestra el firme efecto terapéutico” (AHA, 2002). Sin embargo, en sus lineamientos de 2005 no se ratifica este procedimiento (AHA, 2005a y 2005b).

3 El debate sobre la ayuda a los moribundos, así como el de la eutanasia,

el suicidio asistido y el alargamiento de la vida se han convertido en temas candentes que dan entrada a posiciones radicales, opuestas y excluyentes. En el marco del proceso de industrialización-urbaniza­ ción, agudizado por la transición demográfica, esto ha provocado la de­cons­truc­ción del escenario tradicional de morir. Así, el actual lugar del falleci­miento (casi siempre centros hospitalarios) presenta las carac­ terísticas que Marc Augé atribuye a los no lugares; es decir, espacios que no pueden definirse ni como de identidad ni relacionales, ni históricos, un lugar de exilio aséptico y neutral, estructuras de acogida humanamente no significativas que diluyen el lugar como parte del proceso de socialización de los miembros de una sociedad (Duch y Mélich, 2005). 4 Es un hecho ampliamente verificable (en el llamado “mundo occidental”) que cada vez menos seres humanos mueren en sus casas rodeados por los miembros de su familia.


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Jerónimo Palomares

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Sala de espera, 2008.

ESTUDIOS RELACIONADOS

En los últimos 15 años, en la literatura anglosajona se han realizado pocos trabajos sobre el tema. Halm (2005), en una revisión crítica, menciona la existencia de: Veintidós estudios descriptivos en pacientes, familiares, o staff hospitalario, que señalan: a) La opinión de los familiares, quienes arguyen que es su derecho estar presentes durante la resucitación, ya que piensan que su presencia ayuda tanto al paciente como a ellos mismos. No hay reportes de litigios judiciales por esta práctica. b) La aceptación del personal de enfermería versus la opinión de los médicos, quienes argumentan que la presencia de familiares durante la rcp es disruptiva para el trabajo del equipo de salud, que no hay sustento científico para esta práctica y que la resucitación resulta traumática para los legos.

Dos estudios experimentales, donde: a) No se encuentra evidencia de efectos psicopatológicos diferenciales entre los familiares presentes y los no presentes durante la RCP. Sin embargo, se concluye que la decisión de estar presente produce tranquilidad y satisfacción. b) La educación incrementa el número de enfermeras que consideran que la RCPp es participativa y satisface una necesidad de cuidado en la atención al paciente en estado crítico. c) Se plantean como elementos en contra de la RCPp: lo reducido de los espacios donde se realiza la práctica, la necesidad de proteger la privacidad de los pacientes, la disminución de la acción de apoyo del equipo biomédico, el miedo del equipo a enfocarse más a las necesidades de los familiares que a las de los pacientes y las posibles reacciones de los familiares durante el procedimiento.

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Los 24 estudios mencionados se realizaron bajo la perspectiva del paradigma cuantitativo.

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Cuatro estudios cualitativos: a) Sobre la experiencia de los pacientes, quienes manifestaron la importancia de la unión familiar con frases como: “se mantiene una conexión entre ellos y nosotros sus familiares”; “es reconfortante recibir apoyo y ayuda de todos”, estar presentes en la RCP “es un derecho de los familiares”, “nosotros siempre estamos juntos, hacemos todo juntos”, “hacemos un buen equipo”. b) Los miembros de la familia, entre seis y 12 meses después de la RCP, señalan la importancia de la presencia en términos de: “estar conectados con el paciente” y de que el enfermo “sabía que los familiares estaban ahí en el momento de la RCP”. c) En cuanto a las perspectivas del equipo de salud, se encontraron tres opiniones. Tradicional: “lo importante es salvar la vida del paciente”; bifurcada: “lo importante es atender la vida del paciente y dar atención a su familia”; holística: “la sobrevida del paciente es lo principal, también es importante informar a la familia y ayudarlos a mantenerse activos”. Cinco estudios de tipo ético: Se incluyen estudios de orden teleológico (beneficio para el paciente) y deontológico (sobre obligaciones y consecuencias morales para el equipo de salud).

LOS ARGUMENTOS DEL DEBATE

Los argumentos esgrimidos en contra y a favor de la RCPp pueden resumirse como sigue. En contra: 1) La mayor parte de los estudios se basan en la medición de percepciones (Samples Twibell et al., 2008). 2) La falta de un marco teórico conceptual objetivo (Samples Twibell et al., 2008). 3) La inclusión de enfermeras de Urgencias como único universo de estudio (Samples Twibell et al., 2008).

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4) El público está influido por las películas y los programas de televisión, donde dos terceras partes o más de los ca­ sos de RCP tienen un final feliz, pero en la realidad sólo 15% de los casos tiene éxito (New Yorker, 2006). 5) La RCPp es un movimiento que tiene que ver con los intereses de las enfermeras y de los capellanes (New Yorker, 2006). 6) La RCPp va en contra del control médico de la atención a la vida y la muerte, es como si los pasajeros de un avión estuvieran en la cabina del piloto durante una emergencia (New Yorker, 2006). 7) Falta investigación con evidencias cabales sobre los beneficios de la RCPp (New Yorker, 2006). 8) En Estados Unidos sólo 5% de los hospitales tienen políticas escritas sobre la RCPp (New Yorker, 2006). A favor: 1) La forma de la medición de percepciones. Los trabajos actuales se plantean en términos de validez y confiabilidad estadística de los instrumentos aplicados (Samples Twibell et al., 2008). 2) Originalmente se trabajó con marcos teóricos implícitos; en la actualidad se utilizan teorías como la de difusión de la innovación de Rogers, la del cambio de Bandura, la fenomenología, etcétera (Samples Twibell et al., 2008). 3) Los trabajos de los últimos años incluyen al personal médico y de enfermería, así como a pacientes y familia­ res, no sólo del área de Urgencias sino de todo el hospital (García Regalado, 2007). 4) En otros estudios se ha encontrado que hasta en 47% de los casos llevados a las salas de Urgencias para pacientes críticos, los familiares estuvieron con el paciente dura­nte el manejo de la emergencia. Ésta se inició en general en el ámbito prehospitalario, donde los propios familiares asistieron, ayudaron o dieron los primeros auxilios (Meyers et al., 1998). 5) Todos los familiares están agradecidos por poder presenciar y ayudar a su pariente en la reanimación (Booth et al., 2004). No ha habido demandas judiciales (Samples Twibell et al., 2008; Eichhorn et al., 2001). 6) La RCPp puede ser una oportunidad, tanto para el equipo médico como para los familiares, de entender y afrontar de manera compartida lo irracional y lo racional de


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la situación, y atenuar o dignificar el duelo (García Regalado, 2007). 7) El reverendo Hank Post (capellán) señala: “Si los fami­ lia­res pueden estar presentes en el inicio de la vida de uno de sus integrantes, ¿por qué no al final de su vida?” (New Yorker, 2006). 8) En el hospital fallece 54% de los pacientes crónicos, críticamente enfermos y ancianos, sin incluir a los que ingresan con patología aguda (debutantes de evento coronario, traumatizados, etc.). Estos pacientes manifiestan, en general, que morir solos es su temor principal; de ahí que el estar acompañado cobre un sentido y un significado relevante en la praxis del equipo de salud (Lynn et al., 1997). 9) Excluir a los familiares durante la RCP no es una política apropiada, toda vez que se ha demostrado objetivamente que aquellos que presenciaron la reanimación padecían menos estrés, recurrieron en menor medida a imágenes introspectivas y afrontaron mejor el duelo (Robinson et al., 1998).

LA MUERTE EN LA ACTUALIDAD

El proceso de medicalización y de deshumanización de la muerte en las sociedades modernas, donde priva el indi­ vidualismo y la globalización, no plantea la existencia de marcos de sentido fijos, unívocos y estables, sino de diversos patrones de interpretación que son insuficientes para manejar el miedo y la inseguridad ante la muerte, aunque en ellos siguen figurando las tradiciones y las explicaciones religiosas. En este contexto, la institución hospitalaria arranca al enfermo del seno de la familia y se hace cargo no del enfermo sino de su mal: un objeto aislado de su cotidianidad y transformado, como objeto científico y lingüístico, por los técnicos de la salud, quienes consideran la muerte un fracaso del cual no se puede hablar. Hay que guardar silencio ya que cualquier defunción, dentro de su racionalidad, es innominable, aspecto que se refleja en la relación médico-paciente-familiares (De Certau, 2000). En este proceso de continua deconstrucción de la muerte, el morir ha sido conducido a un callejón sin salida, en

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el que los moribundos se encuentran atrapados, sin posibilidades de una muerte digna y humanamente signi­ ficativa (Duch y Mélich, 2005), en un espacio donde la ciencia, la política y el pensamiento mágico compiten entre sí, prometiendo beneficios sin esfuerzo que en última instancia provocan graves contradicciones. La rcpp pone en evidencia estas contradicciones, las cuales podrían, en un momento dado, ser superadas mediante un tratamiento más humano del evento donde está en juego la vida de un ser querido.

LA rcpp EN MÉXICO

En nuestro país, los trabajos sobre RCPp son mínimos y aún no se ha establecido una política en relación con la aplicación de esta práctica (García Regalado, 2007). Esto puede ser consecuencia de una racionalidad conservadora que afecta al campo médico, tal como quedó reflejado en los resultados de un estudio previo realizado en México, según los cuales gran par­te del personal médico y, en menor proporción, del grupo de enfermería que labora en las áreas de Urgencias no acepta la RCPp. Sin embargo, los motivos aludidos fueron diferentes, ya que los primeros creen que para los familiares es traumático presenciar la reanimación, mientras que las enfermeras consideran que el principal obstáculo es la falta de preparación de las familias. Así, se mostró que no existe acuerdo entre el grupo médico y el de enfermería para desarrollar la RCPp (García de Alba y García Regalado, 2007), situación que manifiesta una tensión político-axiológica en sus argumentos (Booth et al., 2004; Mc Clenathan et al., 2002). Por su parte, la enfermería ha transformado sus esquemas de pensamiento, al desarrollar el proceso enfermero sobre bases teóricas que se enfocan, de manera holística, en las necesidades de atención y de autoatención de los pacientes y de sus familiares, lo que implica una ampliación de horizontes y espacios teórico-prácticos en este campo. Retomando a Halm (2005), Mc Clenathan et al. (2002) y Eichhorn et al. (2001), además de las opiniones de los protagonistas del equipo de salud hace falta conocer las voces del paciente y de los otros implicados: la familia. Por este motivo realizamos el presente trabajo, para tra-

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Jerónimo Palomares

ESTUDIO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Sin título, 2009.

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tar de ayudarnos a vislumbrar un poco mejor la cuestión de la RCPp. Resulta importante abordar estos acontecimientos en las salas de Urgencias de nuestro país desde la antropología médica; establecer los sentidos, significados, actitudes, creencias y prácticas de los pacientes y sus familiares respecto de su participación en la RCPp, ya que ésta puede considerarse, más que un indicador de calidad de los servicios de salud5 (Huerta Torrijos et al., 2001; Warren, 1989), un indicador de la salud de dichos servicios, al hacer que los ámbitos donde se produce la muerte sean humanamente significativos y simbólicamente activos; es decir, estructuras de acogida que sean capaces de transmitir adecuadamente la gramática de los sentimientos (Duch y Mélich, 2005), sin que sea secuestrada la experiencia por imposición de una cultura que suprime los campos de la moral y la ética por la expansión del conocimiento técnico (Giddens, 1997: 205-210). Así, el objetivo del presente estudio es explorar la opinión de los pacientes y sus familiares respecto de estar acompañado o acompañar a su familiar en episodios de RCPp. 5 Desde este punto de vista parecería que la praxis médica ha llegado

a la conclusión de que por la simple aplicación de los últimos avances tecnológicos de la medicina a las supuestas causas de la enfermedad, ya resulta posible el aniquilamiento de la misma muerte.

Se realizó un estudio de caso durante el último semestre del año 2006, que incluyó una muestra propositiva6 de 180 participantes —90 pacientes y 90 familiares—, elegidos aleatoriamente de la lista de ingreso de pacientes a Urgencias, e incluidos en forma consecutiva. Todos, asistentes al servicio de Urgencias del Hospital General de Zona núm. 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) en Guadalajara, México. Se incluyó a los pacientes que tenían más de 18 años, que consintieran informadamente7 participar en el estudio8 y que tuvieran un tiempo de hospita­lización en la Sala de Urgencias mayor de cuatro horas, sin importar la patología que condicionara su ingreso. Entonces, fueron excluidos los menores de 18 años, quienes por su gravedad ameritaban menos de cuatro horas de hospi­talización y aquellos cuyo estado mental estaba alterado por efecto de medicamentos, drogas o estado de coma. Tampoco se incluyó a pacientes que se encontraban en una con­dición que pusiera en peligro inmediato su vida y que requirieran maniobras inmediatas de reanimación, así como a aquellos cuyo deterioro progresivo del estado de salud pusiera en riesgo su vida en corto plazo. Los criterios de ingreso para los familiares fueron ser mayor de 18 años y familiar acompañante del paciente, y firmar una carta de aceptación de participación en el proyecto. Se aplicó primero un cuestionario estructurado (AHA, 2005b y Robinson et al., 1998) a cada uno de los 180 participantes. La primera parte del instrumento recolectó datos sociodemográficos, tales como edad, sexo, escolaridad, patología de ingreso, tiempo de evolución de la misma y nivel de ingreso económico. La segunda parte 6 El tamaño de la muestra cubre sobradamente lo recomendado por

Weller y Rommey (1988); 28 casos mínimo para 95% de confia­nza y 90% de potencia, tomando como acuerdo cultural un valor de 50 por ciento. 7 Se les pidió que contestaran a la siguiente pregunta: en el supuesto de que su corazón se detuviera y tuviéramos que ayudarle para que vol­ viera a trabajar, ¿le gustaría que estuviera presente algún o algunos familiares? En el caso de los familiares, el supuesto se planteó así: en caso de que su familiar tuviera un paro y se necesitara hacer manio­ bras para revivirlo, ¿le gustaría estar en la habitación donde se rea­ lizan las maniobras? 8 No hubo rechazos para participar.


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del estudio incluyó la aplicación de nueve reactivos, propuestos en forma previa por Meyers (Meyers et al., 1998), para determinar la opinión de los encuestados acerca de la reanimación presenciada, utilizando como medio de evaluación respuestas dicotómicas (sí o no). Como tercera parte del estudio, se solicitó a los participan­tes un listado de conceptos (listas libres9) para las nueve preguntas aplicadas. Los datos sociodemográficos y de opinión se procesaron a través de los programas EPIINFO 6.0 y SPSS 12.0 para obtener los estadígrafos descriptivos e inferenciales de acuerdo con el tipo de escala en que fueron expresadas las variables. El nivel de significancia estadística se determinó a partir de una p menor o igual a 0.05. El análisis de consenso sobre las diferentes situaciones propuestas en cada pregunta de las listas libres, para cada grupo, se inició estructurando una lista jerárquica de frecuencia de respuestas o modelo de ítems para la pregunta formulada. Estas respuestas individuales fueron codificadas para establecer matrices de correlación y aplicar el método de principales componentes con apoyo del programa Anthropac®. La determinación de consenso cultural, como la coincidencia de acuerdo sobre el arreglo jerárquico (modelo de ítems) de las respuestas dadas por los informantes, se midió con base en la razón de variabilidad, ya que si ésta es mayor que 3, entonces se considera que existe una diferencia significativa entre el arreglo consensado versus otros arreglos posibles. Eso nos indica que tenemos un modelo de arreglo semántico, que es compartido, único y que no está dado por el azar (p<0.05) (Borgatti, 1992).

GRUPOS PARTICIPANTES Y SUS RESPUESTAS

En el cuadro 1 (p. 157) se presentan las principales características sociodemográficas de los dos grupos participantes (pacientes y familiares). Se muestran diferencias estadísticas favorables al grupo de familiares según su composición por sexo (más mujeres), edad (más jóvenes), escolaridad (mayor nivel de estudios) e ingreso eco9 La técnica es una forma estructurada de hacer preguntas, por ejem-

plo: Dígame usted, ¿cuáles son los motivos para estar de acuerdo con la RCPp?

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nómico (mejor salario). Obsérvese que uno de cada tres pacientes ingresa por problemas quirúrgicos. En el cuadro 2 (p. 158) las opiniones de ambos grupos hacen patente diferencias estadísticamente significativas en dos de las nueve preguntas formuladas. Los familiares entrevistados se declaran más a favor sobre la ayuda que les proporcionaría a ellos mismos durante el proceso de duelo haber participado en la RCPp (pregunta 3) y sobre sentir­ se bien consigo mismos por haber estado presentes durante la RCPp (pregunta 4). En las asociaciones entre las variables de los pacientes y las respuestas otorgadas, se encontró una correlación posi­ tiva (directamente proporcional) entre la edad del paciente con la respuesta favorable a que sus familiares pre­sen­ciaran su RCP en el caso de necesitarla (r = 0.772 y p <0.05). También se observó que los pacientes que presentaban otro padecimiento, aparte de su patología de ingreso a Ur­gencias, eran más proclives a considerar que los familiares deben permanecer con ellos antes del momento de la muerte (Ji2 de 32.47, p<0.001). Para el grupo de los familiares, se encontraron correlaciones positivas entre la edad y el enfoque positivo del proceso de duelo, si su paciente llegara a fallecer (r = 0.761 y p<0.05), y entre la edad y la creencia de que la población aún no se encuentra lis­ta para poder presenciar la reanimación de sus enfermos (r = 0.751 y p<0.05). En el mismo grupo de familiares se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar las respuestas de los subgrupos con ingresos de menos de cuatro salarios mínimos y el de los que perciben cuatro salarios mínimos o más. Los últimos consideran que poder presenciar la reanimación de su ser querido les ayudaría a afrontar mejor su proceso de duelo en caso de que éste llegara a fallecer (Ji2 = 8.3, p <0.01). En relación con el análisis de consenso de los dos grupos sobre la RCPp, los pacientes manifestaron acuerdo estadísticamente significativo en sus respuestas a las siguientes preguntas: 1) ¿Qué experiencia le dejó presenciar previamente algún(os) evento(s) de RCP? El acuerdo compartido o consenso cultural (razón de variabilidad 14.5, p<001) se manifestó en torno a respuestas relacionadas con:

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a) Constatar que se hizo lo posible por conservar la vida del enfermo. V. gr.: “le hicieron toda la lucha hasta el último minuto”. b) Obtener elementos para una mejor aceptación del proceso de muerte. V. gr.: “así no tengo dudas”, “murió acompañado”, “se le ayudó para que muriera en paz”. c) Darse cuenta de que estar presente durante la RCP no es un proceso no exento de nerviosismo y angustia. V. gr.: “no es fácil”, “se siente bien duro”, “duele”.

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2) ¿La población general se encuentra lista o no para presenciar situaciones de RCP? Se encontró un solo modelo de acuerdo significativo (razón de variabilidad 5.26, p<0.05) que incluyó tres tipos de respuestas: a) Sí, porque de esa manera se le dan ánimos, tanto al paciente como a los familiares. V. gr.: “porque sería la última vez que los veamos con vida”, “porque así se le puede ayudar a él, para poder irse en paz”, “para que no se sienta solo”, “para despedirnos de él”. b) No, por varias razones. V. gr.: “estorbarían las maniobras de los doctores”, “porque (algunos de los familiares) son cobardes y les dolería la situación por impactante”. c) No condicionado. V. gr.: “porque hace falta comunicación por parte del personal médico”, “el personal del hospital no explica el proceso de RCP a los familiares”. Para el grupo de los familiares, se encontró consenso en sus respuestas a una sola pregunta (razón de variabilidad 3.43, p<0.05). Al preguntarles si los familiares deben acompañar a sus enfermos antes de morir, consideran como argumentos: a) A favor: “porque los queremos”, “porque somos sus familiares”, “porque formamos parte de la misma fa­ milia”; señalan además que presenciarían la RCP sin disgusto; aseguran que “es nuestro deber”, “para corroborar que los médicos hacen lo que está indicado”, “para ver que se hizo la lucha hasta el final”. b) En contra: no querrían estar porque creen que son cobardes y que les dolería, podrían ponerse nerviosos y no desearían ver sufrir a su familiar. c) En todos los casos se planteó un sentimiento de apoyo hacia el enfermo moribundo a pesar de que a ellos les

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pudiera ocasionar sentimientos incómodos. V. gr.: “es traumante”, “no me gusta ver sufrir a nadie”. Consideraron que la experiencia finalmente sería satisfactoria. V. gr.: “estar ahí me ayudaría en caso de que muriera, por lo menos para decirle adiós y que no se sienta solo”.

ALTERNATIVAS FRENTE A LA MUERTE

Una fortaleza de este estudio es ofrecer un tema novedoso que invita a reflexionar sobre el quehacer del equipo de salud en un asunto que ha sido un tanto esquivado por tocar la etapa final de la vida humana y tener implicaciones de diverso orden. Como principal restricción, el trabajo debe circunscribirse en sus resultados al ámbito y a los grupos analizados, pacientes y familiares asistentes al servicio de Urgencias del Hospital de Zona núm. 46 del imss de Guadalajara, México.

El contexto de Urgencias

No debe perderse de vista que el área de Urgencias hospitalarias es una zona de conflicto, de caos organizado. Es una heterotopía controlada por expertos que concentran y fomentan la tecnología médica, un espacio donde hay que tomar decisiones de forma rápida, circunstancia que “justifica” el “aislamiento” de los pacientes, descalificados para participar en actividades sociales ortodoxas, los cuales son atendidos en una relación médico-paciente autoritaria, dada su delicada o grave condición. Dentro de esta racionalidad técnica, la acción médica no puede esperar —sobre todo en procedimientos como la RCPp— para atender un paro cardia­co o respiratorio, cuando la oportunidad de intervención marca la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, la rápida intervención médica puede provocar errores de actuación, miedo o subvaloración de los sentimientos y significados de los otros. Por esta razón, la forma más común de evadir conflictos con los famili­ares es la exclusión física, la distancia sociocultural, el alejamiento, la negación que hace tabla rasa de todo


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Cuadro 1. Características de los participantes Grupo de pacientes n = 90

Variable Género

Número

Masculino

37

Femenino Edad

Grupo de familiares n = 90

Porcentaje 41

Número 15

Observaciones

Porcentaje 17

53 Promedio

59 Desviación estándar

75 Promedio

83 Desviación estándar

50.7

17.41

46.02

15.65

Escolaridad

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Analfabetas Primaria Secundaria Preparatoria Carrera técnica Profesional

18 39 19 7 5 2

20 43 21 8 6 2

Parentesco

7 31 21 7 8 16 Número

Hijo(a) Esposo(a) Padre/Madre Hermano(a) Nieto(a) Abuelo(a) Otro

8 34 23 8 9 18

33 28 17

5

6

4 2 9

4 2 9

Ingreso económico

Número

Porcentaje

<1 salario mínimo 1 salario mínimo 2-4 salarios mínimos >4 salarios mínimos

12 30

13 33.5

14 15

15.55 16.66

30

33.5

26

28.88

18

20

35

38.88

Patología

Número

Quirúrgica

32

35

Médica

58

65

Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje

T = 1.90 p = 0.05

Ji2 = 25.75 p = 0.000002

Porcentaje

30 25 15

Número

Ji2 = 13.09 p = 0.0002

4

Porcentaje Ji2 = 10.89 p = 0.01

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Cuadro 2. Opinión sobre preguntas formuladas Grupo de pacientes Pregunta Sí 1) ¿Cree que los familiares debe­rían es­ tar con los enfermos justo antes de la muerte? 2) ¿Si tuviera la oportunidad de que sus familiares estuvieran en el mismo cuarto que usted mientras lo reaniman, ¿piensa que le podría ayudar en ese mo­ mento? 3) ¿Si tuvieran la oportunidad, ¿cree que el estar ahí le ayudaría a sus familiares con el sentimiento de pérdida y tristeza luego que usted muera? 4) Si sus familiares tuvieran la opor­ tu­nidad de estar en el cuarto al momento de reanimarlo, ¿cree que ellos se sentirían bien?

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5) Si llegado el caso te preguntaran si quisieras que tus familiares estuvieran en tu reanimación, ¿rechazarías esta decisión? 6) ¿Has tenido alguna experiencia previa con algún familiar que necesite que se le reanime? 7) ¿Consideras que la población se encuentra preparada para esta práctica? 8) ¿Consideras que los médicos se encuentran preparados para aceptar este tipo de práctica? 9) ¿Consideras que presenciar tu rea­ nimación pudiera ser traumá­tico para tu familia?

90

No 10

Grupo de familiares Porcentaje Sí

No

81

19

Observaciones Ji 2 = 2.55 p = 0.11 Ji 2 = 2.43 p = 0.11

63

37

51

49

67

33

45

55

Ji 2 = 8.59 p = 0.003

63

37

37

63

Ji 2 = 11.37 p = 0.0007

37

63

43

57

Ji 2 = 0.74 p = 0.38

Ji 2 = 0.00 p = 0.98

25

75

26

74

15

85

19

81

43

57

45

55

Ji 2 = 0.32 p = 0.57 Ji 2 = 0.01 p = 0.92

36

Ji 2 = 3.00 p = 0.07

50

50

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Fuente: Elaboración propia.

sentimiento, evitando así cualquier transferencia entre el equipo de salud y el paciente y sus familiares. Si a esto se le agrega que la mayoría de las muertes ocurridas en el Servicio de Urgencias se presenta de manera súbita, el proceso de afrontamiento de los actores es muy diferente al que sucede en el área de hospitalización, donde se atiende a otro tipo de pacientes con enfermedades crónicas.

Al ocurrir una defunción en Urgencias, la familia afronta la pérdida con un dolor agudo, difícil de procesar de manera inmediata, porque se preguntan ¿cómo su familiar que entró vivo, y a veces caminando, sale muerto?, o ¿cómo entender que el joven salió de casa bien y ahora lo reportan en un estado agónico? Ahí es donde consideramos que la RCPp, a pesar de que a menudo se maneja como un problema técnico, puede ofrecer a los actores una oportu-


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nidad de afrontamiento y entendimiento de la situación de desesperanza, útil para mitigar el duelo y generar sentimientos reconfortantes. En el hospital estudiado, como en los demás nosocomios mexicanos10, usualmente el familiar se adapta a las reglas institucionales (Duch y Mélich, 2005), al amparo de las cuales se saca al familiar de la habitación, bajo el supuesto de que “no saben lo que va ocurrir” o de “prote­ gerlos de situaciones traumáticas”; sin embargo, como señalan Marguntyen y sus colaboradores (2005), suponer lo que ocurre u ocurrió puede ser igual o peor de desesperante que haberlo visto, lo que además hace desaparecer la incertidumbre. La política de exclusión física y social de pacientes y familiares incrementa la percepción del miedo en ambas partes, convirtiendo al Servicio de Urgencias en un lugar de aislamiento y erosión de los vínculos personales (Olvera y Sabido, 2007), un lugar donde, paradójicamente, por un lado la muerte se maneja como una magnitud abrumadora, difícil de pensar, y por el otro como un problema técnico-científico al margen de sim­ bolismos y rituales; es decir, fuera de la racionalidad constitutiva del ser humano.

Los grupos estudiados

En el grupo de los familiares, más joven que el de los pacientes, predominaron mujeres11 con mayor nivel so­ cio­económico, fenómeno comúnmente observado en los servicios de hospitalización mexicanos y que caracteriza el rol del acompañante (Martínez, 2007). Esta situación, que obviamente implica una perspectiva diferente en re-

10 Tradicionalmente, se temía morir súbitamente sin auxilios espi­ rituales para salvar el alma, función básica del antiguo hospital de caridad. En la actualidad la muerte se ha conformado en una experiencia permanente que varía según el tipo de sociedad y el marco de significados que le atribuyen un sentido, siendo el (los) miedo(s) una de las vías de unión —y de las más importantes— a través de las cuales fluye la estructura de la sociedad sobre las funciones psíquicas individuales (Elías, 1994: 527). Sentir miedo a la muerte es algo innato, pero su intensidad y tipo dependen de las relaciones sociales en las cuales el ser humano se encuentre inmerso, así como de las historias de las mismas (Olvera y Sabido, 2007). 11 Sobre todo esposas e hijas.

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lación con la del grupo de pacientes, explica algunas diferencias en las respuestas, en las que los familiares parecen justificar la RCPp en función de lo que ésta puede ayudarles a afrontar el duelo y a sentirse bien consigo mismos, en caso de fallecer su ser querido. Las opiniones vertidas revelan que la tradición se mantiene: tanto los pacientes (90%) como los familiares (81%) manifestaron su deseo de que los últimos estén presentes antes de la muerte del paciente. Sin embargo, cuando se les pregunta sobre la ayuda de la presencia de familiares durante la RCPp, el porcentaje en ambos grupos se reduce a 67% y 45%, respectivamente. El contraste de opiniones se torna estadísticamente significativo cuando los pacientes consideran que la RCP ayudaría a sus familiares a afrontar el duelo y que se sentirían bien durante la misma, mientras que los familiares señalan que la RCPp podría ser traumática para la familia. Llama la atención que tres de cada cuatro de los participantes indicaran tener experiencia en el proceso de RCP, lo cual sugiere que se están mezclando la experiencia vivencial y la mediática12. Esto pudo influir en la opinión idealizada de pacientes y familiares en el sentido de que la población está preparada para la RCPp, lo cual contrasta con el caso de los médicos, que en menor porcentaje están preparados para aceptar la RCPp, quizás como consecuencia del conservadurismo que priva en el sector salud, donde el distanciamiento es la consigna que cuestiona la imposibilidad institucional de sostener la angustia, la desesperanza o el dolor. El análisis de consenso pone de relieve la ambigüedad en el manejo de un concepto nuevo: la RCPp, donde por una parte privan la tradición y los sentimientos so­lidarios de amor familiar y el reconocimiento del miedo y del sufrimiento e inclusive de la evasión ante el proceso de morir del otro, y por otra parte el “respeto” ante la hegemonía médica y sus límites de acción en el hospital, el re­clamo

12 Evidentemente la muerte no es un espectáculo, a diferencia de la muerte banal que ofrecen el cine, la televisión, el radio y la prensa como muerte informativa, es el desencadenante de emociones insoportables que “rompen” el equilibrio biopsicosocial de la vida cotidiana, por eso hay que ocultar la muerte y a los moribundos de la sociedad (Dutch y Mélich, 2005).

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ante la expropiación del ser querido, el manejo dis­crecional de la información y el silencio sobre el estado del paciente por parte del equipo de salud, que atenta contra los derechos y la necesidad de los familiares de constatar que todo se hizo “bien”, dentro de lo posible. La existencia de un modelo cognitivo de la RCPp, culturalmente compartido en pacientes y familiares, forma un marco explicativo con elementos a favor y en contra que deben ser tomados muy en cuenta por los servicios de salud, ya que pueden funcionar como guía o heurística para desarrollar acciones prácticas relacionadas con la transformación de los “lugares de aislamiento” en verdaderas estructuras de acogida, en espacios de consolidación social, donde pueda caber la promoción de la RCPp sin que ésta sea vista como una respuesta técnica a un “fallo mecánico” del cuerpo humano. Es decir, espacios que complementen el buen vivir con el buen morir.

Morir y rcpp

El consenso y las respuestas dadas por familiares y pacientes ponen de manifiesto lo señalado por Gómez y Delgado (2000): 1) La muerte no es un asunto individual; también implica a los seres queridos, ya que es una vivencia compartida. 2) Morir siempre será difícil, ya que para que un ser humano muera con aceptación y dignidad necesita la ayuda humana en ese acto de transición pleno de simbolismos. 3) Tenemos que presenciar la muerte o vivir la muerte de otros para reconocer la muerte propia y la fragilidad de nuestra vida.


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El dilema de morir se acentúa al percibir una esperanza de vida con la aplicación de la RCPp, situación que desvía el sentido de los sentimientos de miedo-angustia, por ser la muerte una circunstancia esperada, injusta, democrática y, sobre todo, definitiva. La RCPp pospone la posibilidad de que nuestra individualidad desaparezca, que nuestro cuerpo se descomponga y que nuestra conciencia se diluya en el éter (Gómez y Delgado, 2000). Y aunque las nuevas generaciones de mexicanos tienen más información sobre la muerte y su prevención que las precedentes, lamentablemente han aumentado la violencia y la deshumanización de la vida y de la muerte. La RCPp no puede verse como una simple solución mecánica ante el desperfecto de la maquinaria humana, sino que tiene que concebirse de forma compleja, como la unión de la representación que se tiene de la enfermedad y de la muerte (castigo, destino, descuido, mala suerte, etc.) con la posibilidad de “curación” (realizada por Dios o por expertos13), las relaciones, los deberes y la posición que ocupan los protagonistas (enfermos y familiares). El deseo de los pacientes de que sus familiares estén presentes en el momento de la RCP concuerda con lo reportado por Mangurten et al. (2005) y Meyers et al. (2000), y puede interpretarse como una expresión del deseo de no estar solo ante la posibilidad de la muerte, combinación de miedos y deseos —como lo han reportado Lynn et al. (1997) y Eichhorn et al. (2001)— al encarar el momento, ya sea por el posible dolor, por no encontrarse preparado por estar aislado de sus seres queridos. A estas razones, nuestro estudio agrega elementos tales como la manutención de la unidad familiar, el acompañamiento simbólico y, de manera marginal, el asegurar el consuelo de que los pacientes fueran vistos por el equipo de salud como seres humanos. La asociación de que a mayor edad existe más aceptación de la reanimación presenciada sugiere la posibilidad de un mayor contacto (real o virtual) con la práctica de la RCPp, pero sobre todo un riesgo de morir ascendente, situación que cobra grave significado. El hipotético bene-

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ficio de participar en la RCPp declarado por los familiares es refrendado por los escritos de Mangurten et al. (2005), Meyers et al. (1998 y 2000), Robinson et al. (1998) y Rosenczeig (1998), quienes reportan menor ansiedad y depresión, así como sentimientos positivos en los familiares y hacia el personal de salud, siendo el motivo principal la sensación de haber hecho todo lo posible para salvar a su ser querido, y haber podido confortarlos y ser escuchados por ellos en sus últimos momentos. Beneficios notablemente superiores a los de haberse quedado sentados en la sala de espera14.

Aspectos éticos

No podemos dejar de señalar que la visión del paciente debe considerarse no sólo por razones disciplinares, sino también de ética y de humanidad, ya que esta mirada incluye vivencias previas, presentes y en gestación para la RCPp, como una forma de afrontar directamente la posibilidad de morir. En cambio, entre los familiares este sentido, aunque es en principio solidario con su ser querido, también remite hacia su propia persona: el sufrimiento como vivencia personal o como una situación hipotética de su propia muerte. Lo anterior incide profundamente en la forma en que el personal de salud se prepara para enfrentar profesionalmente la muerte y polemiza la manera de abordarla, ya que excluir de las decisiones y del momento mismo a los familiares y alejarse objetiva y subjetivamente de los pacientes son motivo de cuestionamiento al hospital moderno, el cual es criticado por la crudeza de los planteamien­tos que hace el personal y por el aislamiento de los enfermos desa­ huciados, lo que se traduce en una muerte solitaria y mecánica. Pero es justo señalar que, a diferencia de Meyers et al. (2000), en nuestro estudio no encontramos como idea prioritaria la necesidad de los familiares de estar presentes para que los médicos no equivocaran su atención, 14 La revisión de la literatura de los últimos años no muestra ninguna

13 Según se acoja el demandante a la ciencia (despojada de religiosi-

dad, pero conservadora de la moral) o a la religión (como garantía de una nueva y mejor vida).

evidencia de que los familiares estorben o interfieran durante las maniobras de reanimación (AHA, 2005b; Booth et al., 2004; McClenathan et al., 2002; Mangurten et al., 2005; Lynch y Medin, 2006 y Moreland y Manor, 2005).

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sino más bien en el sentido de asegurar que sus pacientes recibieran un trato humano. Las ideas prioritarias fueron la solidaridad con su ser querido y el fortalecimiento de su yo ante la vicisitud de la muerte del paciente15. En ambos resultados, el trasfondo tiene que ver con la influencia ideológica del proceso hegemónico de medicalización capitalista de la muerte (Turner, 1987: 157-196), donde el sentido no puede venir de fuera de la institución y menos de la subjetividad de los otros en términos de consuelo, misericordia y compasión de los acompañantes, o sea una circularidad amorosa16 (Duch y Mélich, 2005) en la cual tiene que haber una recuperación de la confianza. 15

Situación que pone de manifiesto el individualismo que priva en nuestro medio globalizado. No hay que perder de vista que creer qué es la muerte no es igual que saber qué es la muerte, por lo que este creer de los familiares pertenece a lo que Pascal señalaba como razones del “corazón”, mismas que algunos también llaman intuitivas.

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Al respecto, Rozenczweig (1998), en su trabajo sobre ética de la reanimación presenciada, advierte que los médicos excluyen a los familiares con base en un sentimiento de paternalismo, intentando protegerlos de la muerte, en la creencia de que es un evento traumático para ellos, y que traerá estrés al equipo que lo realiza; alegando que se puede violar el derecho de “confidencialidad” del paciente17, o temiendo que los familiares pudieran decidir prolongar inútilmente los esfuerzos, además de que se podrían evidenciar errores durante la reanimación. Una crítica más aguda la hace Berlinger (2002: 146-174) al hablar de la bioética cotidiana en el campo de la salud. Apunta este autor que “si no aceptamos los argumentos del bien común o del beneficio para los pacientes, la única forma de justificar una intervención médica es mediante el argumento de la inferioridad” del paciente, y las razones que se aluden para sostenerlo provienen de la religión, la cultura e incluso de la antropología de siglos pasados. Por otra parte, la problemática que pudieran ofrecer los pacientes debe verse también desde una perspectiva psicosocial, ya que es sabido que en la relación médico-paciente los doctores experimentan entre 10 y 20% de dificultades en la interacción, pero las fuentes de dificultad estarán comprendidas parcialmente si no se analizan, en el comportamiento de los pacientes, aspectos tales como su estilo de acoplamiento con el equipo de salud. Por ejemplo, Maunder et al. (2006) documentaron que de los pacientes atendidos en Urgencias sólo 2% presentó un estilo de acoplamiento seguro, 17% un estilo de preocupación, 19% de restricción y 39% de miedo. Esto amerita mayor investigación. Asimismo, Samples Twibell et al. (2008) señalan que la percepción de la RCPp se relaciona directamente con la forma en que el equipo de salud invita a los familiares a presenciarla. Todo lo anterior nos habla de la necesidad de reconsiderar la dimensión ética de nuestras acciones como equipo de salud en relación con la RCPp en la sala de Urgencias. No tan sólo reflexionando sobre los principios éticos de justicia, autonomía, beneficencia (no maleficencia) y dig-

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17 Cuando la mayoría de las veces los familiares a los que se aleja fue­

ron quienes acudieron a Urgencias con o por los pacientes, como la esposa(o), hija(o), padre o madre.


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nidad, sino también con base en “mi” responsabilidad de las acciones del otro, sobre todo en un contexto que no orienta sapiencialmente a la docta ignorancia del más allá de la muerte18.

CONSIDERACIONES FINALES

La tendencia actual de la globalización19 nos llevará sin duda a presenciar cada vez con más frecuencia situaciones como las planteadas en este trabajo, lo que nos debe conducir a prepararnos para encarar sabiamente estos retos. Por eso, los comentarios presentados en realidad son el inicio de una discusión más amplia que implica aspectos controversiales, como: 1) Los cuestionamientos acerca de la posible violación al derecho de confidencialidad cuando nuestros enfermos desean que sus familiares los acompañen. 2) El significado que para el equipo médico tiene la expresión “mi paciente”; hasta qué punto los pacientes son nuestros, y no como en realidad sucede, en el sentido de que el equipo de salud es corresponsable de un ser humano, quien detrás de sí tiene a su familia y su entorno sociocultural, y que deposita en profesionales su confianza porque le aqueja un problema que se interpreta como enfermedad. 3) Cuando el paciente desea que sus familiares lo acompañen y éstos deciden no hacerlo, ¿qué decisión debemos respetar?, ¿cómo podemos conciliar esta situación? 18 Wittgenstein advierte que el sentido o la falta de sentido del “más allá” no son demostrables de modo alguno. Por eso, el consuelo ante un moribundo es el fundamento de estas relaciones humanas (Duch y Mélich, 2005). 19 Se requiere contextualizar, profundizar y explorar de manera más extensa el concepto de RCPp tanto en la población derechohabiente como en el equipo de salud, donde se percibe una tensión que está dada por el proceso hegemónico de medicalización, cuyas principales características son: a) una concepción individualista del proceso salud-enfermedad-muerte; b) centralización de las intervencio­ nes (racionalmente y legalmente justificadas) y de las decisiones por la urgencia en cuestión; c) mecanismos represivos desarrollados para el control, regulación y manejo de los cuerpos; d) el conservadurismo como justificación y resistencia al cambio; e) la contradicción derechos humanos-vigilancia social. Es decir, el control burocrático del hospital en aras de un concepto abstracto de salud del usuario.

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4) Hasta qué punto las respuestas pueden orientarnos de manera no polarizada. Indudablemente, bajo estos cuestionamientos se vuelve evidente el principio de beneficencia hacia el paciente y los familiares, al considerar que el paciente lo pide y los familiares piensan que su presencia efectivamente les puede ayudar en su proceso y su último trance. Ahora bien, ¿la presencia de familiares es benéfica para el equipo profesional que realiza la RCP, cuando la mayoría de nuestro personal no cree y no está listo para la RCPp (AHA, 2005b)? ¿Esta opinión de los médicos y las enfermeras es objetiva o tan sólo es una representación de temores personales o luchas de poder? Cuando Margunten et al. (2005) interrogaron a su equipo médico acerca de si quisieran que los familiares de los pacientes estuvieran presentes durante la RCPp, bajo el supuesto de que eran pacientes severamente enfermos o con un trauma importante, encontraron que hasta 86% de los participantes estaba a favor de la presencia de los familiares. Esta situación llevó a considerar una nueva pregunta: si bien nuestro deseo de “protección” frente a la muerte es aplicable a los enfermos y sus familiares, ¿también lo es a nuestra propia familia?

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