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LA VERDAD DEL PUEBLO

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Edición 2707 Semana del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2013 - Circula los miércoles - Licencia Nº 002367 del Ministerio de Gobierno www.semanariovoz.com

Foro sobre las drogas ilícitas

La mata que no mata

Importante Foro convocado por la Mesa de La Habana busca analizar los cultivos de la hoja de coca y del narcotráfico, dos temas vitales que tienen que ver con aspectos diferentes de la problemática nacional. VOZ publica una separata sobre el tema con

interesantes artículos que profundizan en el debate abierto, que va más allá de la legalidad de las drogas ilícitas, porque un asunto es el narcotráfico y otro la hoja de coca que tiene fines medicinales y expresiones ancestrales.

Las triquiñuelas de la Drummond Después de varias semanas en huelga, con artificios la multinacional logró que el conflicto se dirima por un tribunal de arbitramento. Trabajadores denuncian complicidad del Ministerio de Trabajo. Página/ 7

Matanza en discoteca

Fue una masacre Con las acusaciones de los altos mandos de la Policía en Bogotá contra propietarios de bailaderos clandestinos, se quiere desviar su responsabilidad por las muertes causadas en un exceso de fuerza. La crisis de la policía es mucho más honda y demanda reformas radicales en la institución. Página/ 3


VISIÓN

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El “Cartel” y la capucha RϿϾϻϽϽЃюЈ ЄЏАϿЈЃІ

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Cartas

l señalamiento y la estigmatización se evidenciaron en la publicación del “Cartel de los vándalos más buscados”, después de la movilización del 29 de agosto en donde se presentaron disturbios en diferentes partes de la ciudad de Bogotá. En este cartel pegado en espacios públicos, se imprime el rostro de jóvenes universitarios, fotógrafos y dirigentes sociales. El “cartel” generó de inmediato un curso de demandas y tutelas en contra del director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, ya que sin una orden judicial que medie en un proceso, se vulnera la dignidad, honra, buen nombre de los allí implicados y fichados como vándalos. Hasta ahora algunas personas expuestas en ese cartel han sido intimidadas por miembros de la Policía Nacional, acusándolos mediáticamente. A falta de un proceso judicial, han optado por abordarlos en sus puestos de trabajo o a la salida de las universidades con el ánimo de generarles terror. Gracias a estas intimidaciones, algunas personas ya han sido expulsadas de sus puestos de trabajo. Además de ello existe una situación paradójica, y es que, mientras el ministro del interior, Aurelio Iragorri, anuncia que: “El ESMAD no ataca la protesta social, son quienes la protegen y la facilitan” afirmando que estos “no poseen armas”. No obstante, siguen llegando demandas y quejas

Las capuchas se utilizan para contrarrestar el señalamiento y el estigma.

por violaciones a los derechos humanos por parte de estos escuadrones que ya han dejado varias vidas segadas de jóvenes gracias a la acción desmedida. Esta semana el ministro Pinzón reitera su apoyo al ESMAD e informa que pese a las críticas por los desmanes de este escuadrón, estos no serán desmontados, por el contrario, en los próximos meses serán incorporados unos 1500 policías más a las filas del ESMAD. Esta modificación se presenta justo en el momento en que el gobierno nacional viene perdiendo popularidad, expresado entre otras cosas en las importantísimas movilizaciones sociales y populares que bloquean las principales vías del país, como se vienen expresando en el paro nacional agrario. Caso

Voces de resurrección Voces de resurrección y de esperanza como bien lo serían las de los camaradas Lozano Guillén en el Senado, y Jaime Caicedo en la Cámara, ya que al parecer… la miseria hizo impacto en el cerebro del campo, lo más abandonado desde hace dos siglos. Así, sería lamentable que les siguieran negando el voto a ellos por dárselo a los enemigos de siempre para que les suministren más abandono y explotación. Ahí está autopropagándose para ir al senado el autor del Tratado de Libre Comercio con los gringos… Eliminando el campo colombiano como bien lo advirtió el Semanario VOZ, vean a ver compañeros del campo, si será que Colombia está destinada eternamente a seguir en manos de los apátridas traidores. Fraternalmente. Julio Esteban Ochoa Pinilla (vía Internet). Nada que apostar El hoy ex presidente Álvaro Uribe Vélez lamentablemente no tiene nada que apostar a favor de los colombianos; si acaso para beneficio de él. Los colombianos aún no olvidamos que de sus 100 promesas de gobierno si acaso cumplió 11 y si en 8 años de administración no llevó a la realidad

similar ocurre en los países en auge de la movilización por la crisis Europea como España, Francia y en Grecia. Y en América Latina en países como Chile, aquí la ley se presenta al congreso por los herederos del otrora dictador Augusto Pinochet, en pleno auge de las movilizaciones estudiantiles de inicios del 2012 y que tenían como propósito exigir la gratuidad de la educación a nivel nacional. Pero más allá de esa casualidad el gobierno pretende con afán detener la movilización con argumentos como: “dado que las manifestaciones públicas son un fenómeno creciente, es necesario poner un atajo a la intervención ilícita de aquellas personas que concurran a las manifestaciones con el fin de provocar desórdenes y daños a la

sus propuestas politiqueras ahora mucho menos podrá cumplir sus planes como senador de la República. En verdad la mayoría de colombianos recordamos que, en síntesis, su sistema de Gobierno estuvo cargado de escándalos, como el de su reelección presidencial, las mentiras de la entrega de los paramilitares, el programa Agro Ingreso Seguro, etcétera. Y también es que no podemos olvidar que como senador fue el ponente de la controvertida Ley 100 de 1993 sobre salud que tantos daños ha ocasionado a miles de colombianos por su aplicación inequitativa. Simplemente lo que tiene Álvaro Uribe Vélez es sed de poder es inocultable y son inexplicables las razones para que un ex presidente ahora se obsesione por emitir opiniones en contra del actual mandatario, Juan Manuel Santos Calderón. Jorge Giraldo Acevedo (vía Internet). Ex presidente acusado Se acerca el momento en el cual, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, presuntamente, elegido con la colaboración y apoyo de grupos ilegales, tendrá que explicarle al país los cargos por paramilitarismo durante su vida política. Inútil y contra su

propiedad y a las personas, y otros delitos, procurando no ser identificados mediante uso de capucha, pañuelo u otro elemento que cubra su rostro”. Esta necesidad de diezmar la protesta social, en momentos de auge, ha sido y será una estrategia de terror que se utilice bajo la lógica de equiparar el vandalismo y lucha social callejera como una sola, evidenciando una vez más la falta de garantías políticas, para ejercer un derecho constitucional. Aunque los manifestantes siempre vean la “capucha” o cualquier artículo para cubrirse el rostro como una acción de autodefensa, esta se convirtió en la mejor excusa para promover la detención indiscriminada de la población y frenar la acción callejera.

trayectoria política y civil el estar trinando para defender lo indefendible, pues ya las pruebas han condenado a muchos de sus cercanos copartidarios y ex funcionarios. Las defensas se realizarán en los lugares apropiados de la justicia. En los últimos meses alfiles como Óscar Suárez Mira, Luis Alfredo Ramos y Óscar Arboleda han sufrido, el primero condena a 9 años, el segundo medida de aseguramiento y Arboleda fue detenido, por nexos paramilitares. Entre 2008 y 2011 nueve congresistas de Antioquia fueron condenados. El corajudo, Tribunal Superior de Medellín, Justicia y Paz, en los últimos días, pidió a la comisión de Acusaciones de la Cámara, investigar al ex presidente Uribe Vélez por presuntos nexos con paramilitares, también, compulsó copias a la Corte Penal Internacional. Además en la Fiscalía y Corte Suprema de Justicia, cursan denuncias en su contra. Ilógico suponer que la trayectoria política y su vida civil sigan sin alteraciones. La posible elección al Congreso puede verse interrumpida. Colombia y el mundo globalizado esperan un final con justicia y verdad para el logro de una paz sin rencores, sin odios. Omar León Muriel A.

DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - Carlos Sánchez - José R. Llanos -Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernán Camacho - Hernando López - Nelson Lombana Silva - Ana Elsa Rojas - Wilfrido Jiménez - Hernán Durango - Felipe Valencia - ADMINISTRADORA: María del Carmen Garavito. DIAGRAMACION: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural E-Mail: semanariovoz@etb.net.co Página WEB: www.semanariovoz.com - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LVI. Distribución vía Avianca.


TEMA DE LA SEMANA

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Matanza en discoteca de Bogotá

Fue una masacre, no una cadena de errores Con las acusaciones de los altos mandos de la Policía en Bogotá contra propietarios de bailaderos clandestinos, se quiere desviar su responsabilidad por las muertes causadas en un exceso de fuerza. La crisis de la policía es mucho más honda y demanda reformas radicales en la institución AІϼϿЌЎЉ AϽϿАϿϾЉ

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a violenta incursión de una patrulla policial, en la madrugada del pasado 15 de septiembre, en una discoteca o “amanecedero”, como se le denomina en Bogotá, ubicada en inmediaciones de la avenida Primero de Mayo con Caracas, en el sur de la ciudad y que dejó un saldo de seis personas muertas, pone en evidencia no solo un “exceso” de autoridad, ya muy frecuente en los procederes policiales, sino el nivel de corrupción en el cuerpo armado, situaciones que demandan una reforma radical y urgente de los fines y orientaciones de la institución. Numerosos testimonios de quienes se encontraban en el lugar, el registro de algunos videos y las evidencias físicas, apuntan a señalar que los agentes de policía utilizaron gas pimienta para presionar la salida de los clientes del establecimiento y lo que consiguieron fue provocar una estampida. La propietaria del local dice que los uniformados llegaron destrozando y golpeando lo que encontraban a su paso y provocaron la muerte de las seis personas, cinco de ellas mujeres. Lo que sucedió en las horas siguientes fue un hábil y rápido manejo mediático, gracias al cual el mando de la policía en Bogotá justificó la acción de sus subalternos, diciendo primero que este tipo de gases no se emplean sino en operaciones de control de orden público, que la puerta del establecimiento estaba cerrada y los encargados se negaban a abrirla, y que en todo caso lo que debe discutirse es la proliferación de establecimientos ilegales donde se expende licor, drogas, se practica la prostitución, etc., es decir, nada de la responsabilidad de los uniformados por lo que, evidentemente, es una matanza de ciudadanos inermes. En medio de las lágrimas por la pérdida de sus seres queridos, los familiares de los muertos han mostrado a los medios de comunicación que se trataba de jóvenes, en su mayoría trabajadores honestos, padres de familia cuyas vidas generosas fueron segadas. En un crimen que podría calificarse de feminicidio, si

Escuadrones del Esmad reprimen a los ciudadanos.

se tiene en cuenta que la mayoría de las víctimas fueron mujeres. Otros hechos La sangre derramada en el barrio Restrepo de Bogotá. Es apenas la punta del iceberg de una serie de crímenes y hechos de corrupción que tocan a la institución policial en todas sus instancias jerárquicas. El coronel José Javier Vivas, segundo al mando de la Policía Metropolitana de Bogotá y el coronel Nelson de Jesús Arévalo, ex comandante de la estación de policía de Suba, fueron enviados hace poco a prisión, acusados de falsedad en documento público y alteración de la escena del crimen en hechos en que resultó muerto el joven grafitero Diego Felipe Becerra. La fiscalía estudia si en los hechos le cabe responsabilidad penal, por encubrimiento, al general Francisco Patiño, comandante de la regional 4 de la Policía. En este caso, como en el de la discoteca nocturna, la policía difundió la versión de que los uniformados habían sido agredidos, que ellos eran las víctimas, y las investigaciones posteriores demostraron lo contrario. El giro que viene tomando la investigación de los hechos en que falleció, en febrero pasado, en la localidad de Usaquén, el patrullero Jairo Díaz, insinúan una cadena de complicidades del alto mando de policía en Bogotá en el crimen, en una situación similar a la del grafitero Diego Felipe Becerra. Lazos criminales De las declaraciones de integrantes de la banda “Los Pascuales”, que actúan en la zona, se desprende que el patrullero fue eliminado por sus propios compañeros de ronda, al ser descubiertos en un ilícito mayor, y que varios mandos superiores habían indicado que todo el mundo tenía que guardar silencio para no comprometer la cadena de responsabilidades hacia arriba. El jefe de seguridad del presidente Uribe Vélez, el general en retiro Flavio Buitrago, no ha podido explicar a la fiscalía por qué en un abrir y cerrar de

ojos incrementó su fortuna personal en 670 millones de pesos ni sus nexos con el narcotraficante Marco Antonio Gil, alias “El Papero”. Otro de los jefes de seguridad del ex presidente Uribe, el general Mauricio Santoyo, fue extraditado a Estados Unidos por comprobados vínculos -ya cuando ejercía como comandante de una fuerza policial, en Medellín-, con la llamada ‘Oficina de Envigado’, verdadero cartel del narcotráfico, y con grupos paramilitares en Antioquia. Jamás en la historia del país, un general de la policía había sido pedido en extradición por sus actividades criminales. Interminable sería la lista de nombres de miembros de la Policía Nacional vinculados a toda suerte de ilícitos. Se han mencionado en estas notas apenas los casos más sobresalientes. Lo que interesa mostrar es esa combinación diabólica entre corrupción y criminalidad, sin que pase nada. Ahí quedaron los muertos de la discoteca de Bogotá y sus familiares apenas recibieron una carta de condolencia de la institución policial. Ahí están los muertos del paro agrario nacional, y tampoco pasa nada. Corrupción En informe divulgado en febrero pasado, la Oficina en Bogotá del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos constató que “se ha observado repetidamente un uso excesivo de la fuerza en el manejo de las manifestaciones públicas por las entidades de policía, incluido el escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)”. A raíz de su vista a Colombia, en la primera semana de septiembre, la presidente de la organización Transparencia Internacional, Huguette Laballe, reveló estudios que indican que el ciudadano común percibe manifestaciones de corrupción en la Policía Nacional en una proporción del 3.7 por ciento, frente a una media de corrupción policial del 4 por ciento en América Latina. Un informe de la Inspección de la Policía Nacional, revelado a mediados de septiembre, indica que solamente en el segundo trimestre de este año se abrieron 493 investigaciones contra

uniformados en Bogotá por distintas conductas delictivas. Y aunque el índice es ligeramente menor al del mismo período del año pasado, ya fueron destituidos 69 policías, 78 más cumplieron sanciones y otros 92 penalizados con multas. Nueva doctrina El problema sin embargo, es aún más complejo, desborda las infracciones a la ley por parte de los patrulleros y los ilícitos de los generales. Se trata de una concepción militarista que ha convertido a la institución policial en un organismo represivo. En un informe de agosto del año pasado, el señor Todd Howland, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas lamentada “el alto número de procesos que se adelantan en la justicia ordinaria contra miembros de la Fuerza Pública (…) en su mayoría derivados de la atroz práctica de las ejecuciones extrajudiciales”. Hace mucho rato, la policía nacional abandonó los principios de convivencia y desvelo por la defensa de la ciudadanía, que le dieron origen. El fundador de la institución, el general francés Jean-Marie Marcelin Gilibert, que fundó la policía en noviembre de 1891, por solicitud del presidente Carlos Holguín, predicaba que el uniformado debía “hablarle con dulzura” a los ciudadanos, persuadirlos de que no infringieran la ley. Pero ante todo, que la institución es una fuerza civil, no militar, respetuosa de los derechos ciudadanos. Hay que retomar esos postulados, máxime en momentos en que se habla del postconflicto. La Policía Nacional debe ser baluarte de la paz y la justicia social. Eso implica efectuar una profunda reforma en sus postulados, realizar una depuración de mandos corruptos, altos y medios, comprometidos con organizaciones mafiosas y paramilitares y dotar a la policía de una nueva doctrina de seguridad, inspirada en los ideales del Libertador Simón Bolívar y de los sectores nacionalistas y patrióticos que abogan por una nueva nacionalidad, y unos nuevos derechos ciudadanos.


REGIONAL

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Asamblea Nacional de CENAPROV

Nuevos bríos en lucha por vivienda NϿІЍЉЈ LЉЇϼϻЈϻ SЃІАϻ

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a Central Nacional de Provivienda, Cenaprov, tiene nuevo estatuto después de dos días de intenso, juicioso y dialéctico debate en la ciudad de Ibagué, Tolima, con la presencia de 61 delegados plenos y 14 fraternales, de los 71 que deberían de haber asistido. La primera sesión fue dirigida por Jorge Gómez y la segunda por Nelson Raúl Fajardo Marulanda. Hombres y mujeres, venidos de departamentos distantes como Urabá y Santander, se unieron a delegados y delegadas de Bogotá, Soacha, Fusagasugá, Palmira, Ibagué y Villahermosa, para sacar adelante el objeto central de la asamblea extraordinaria. Predominó la fraternidad, el debate y el argumento durante las dos extenuantes jornadas realizadas en las instalaciones de la Corporación “Cacique Calarcá”. El magno evento de los viviendistas contó con la presencia de Carlos A. Lozano Guillén, candidato al senado de la república por el Partido Comunista y director de VOZ, el secretario general del Partido Comunista del Comité de Ibagué y el secretario general del Comité Regional, quien clausuró tan singular evento. A pesar del cansancio, los delegados y delegadas, se declararon

satisfechos y satisfechas renovando los deseos de apostarles a la defensa de lo aprobado y el destino de Cenaprov que cumple más de 50 años luchando en Colombia por la vivienda popular. Su directiva encabezada por Elso Miller Orjuela se declaró comprometida con la lucha en cumplimiento del objeto de dicha organización clasista y revolucionaria. Un cerrado y sonoro aplauso clausuró el certamen. Reacciones de los asistentes Patricia Sánchez, Ibagué: “Nosotros muy humildemente, el centro de inquilino número 2 de la ciudad de Ibagué, Tolima, quiso atenderlos de la mejor manera posible, ustedes saben que es la primera vez que lo hemos hecho de atender tantos y tantos compañeros y compañeras. Hubiésemos querido una mejor atención porque ustedes se lo merecen”. “De todas maneras, es muy grato para nosotros haberlos atendido y esperamos alguna vez volverlo a hacer. La experiencia es bastante dura y nos queda una tarea supremamente importante, que es cumplir a cabalidad, con seriedad, con honestidad, con compromiso revolucionario con la Central Nacional Provivienda. No es una persona, es un conglomerado de colombianos que necesitamos el apoyo entre nosotros mismos. Debe desaparecer el divisionismo y el personalismo. Muchas gracias y los seguiremos atendiendo”.

Soacha, Cundinamarca

Falleció Daniel Cortés

Daniel Cortés.

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l pasado 2 de septiembre, a la edad de 68 años víctima de un fulminante paro cardiaco falleció en el municipio de Soacha el camarada Daniel Cortés. Oriundo de Vélez (Santander), desde sus primeros años de juventud, luego de prestar el servicio militar, llegó a Bogotá donde inició su relación laboral como vigilante, allí se vinculó a la organización sindical,

fue miembro de la dirección sindical, en esa actividad se contactó con el Partido Comunista Colombiano donde inició su militancia activa hasta el último día de su vida. Fue un destacado luchador por la vivienda. En el año 1981, con la orientación del PCC, Daniel Cortés se vinculó a la Central Nacional Provivienda y junto a otros luchadores se tomaron un lote de terreno en el municipio de Soacha y fundaron el barrio El Porvenir. Allí levantó su vivienda y su familia contribuyó a la construcción de partido, la célula en la que siempre militó, junto a su esposa, la camarada Carmen Sarmiento hasta el último día de su vida, lleva el nombre de Vladimir Escobar, en memoria de este líder comunista asesinado. La Dirección zonal del Partido Comunista en Soacha, la militancia y el Semanario VOZ, hacen llegar a su esposa Carmen Sarmiento, a sus hijas: Olga y Jazmín, a su hijo Edgar y demás familiares, nuestra más sentida solidaridad en tan difícil momento. La memoria de Daniel y la de todos nuestros muertos seguirá viva, si nosotros mantenemos en alto las banderas de la esperanza con la que ellos siempre soñaron.

Un aspecto general de la Asamble Nacional de Cenaprov que se caracterizó por su espíritu democrático. Foto Lara.

Ana Ruth Castellanos, cofundadora del barrio Policarpa Salavarrieta en Bogotá: “Sobre esta asamblea que ha terminado pienso que hubo unos puntos muy buenos y otros muy regulares. Hay algo que no me gustó que hubiera quedado en los estatutos que fue el comienzo, después de solicitar la explicación sobre qué quería decir asociados y afiliados. No me gustó la palabra asociado, porque en tiempos pasados hubo gente que negoció con la personería jurídica con otras entidades que quedaron bien mal y que dejaron embargada a Provivienda. Eso de asociado me parece una armita de doble filo”. María Adela Castaño, Bogotá: “Me pareció la asamblea excelente, porque pudimos reformar los estatutos. Se cumplió con la tarea”. Diana Ricarda Góngora, Bogotá: “Con mi esposo, hemos trabajado con la Central Nacional Provivienda en el barrio Policarpa Salavarrieta y con el Partido Comunista. Esta asamblea es el fruto de muchas contradicciones que ha habido últimamente en la organización por errores cometidos por otros compañeros como Nelson Linares y

sus compañeros de dirección que han dejado esta organización, se puede decir, vuelta nada”. Luis Jerez, Bogotá, ex presidente de Cenaprov: “La reforma estatutaria que se ha hecho es importante; creo que después de mucho tiempo nos sentamos a hablar de los estatutos. Eso es positivo. Hay algunos asuntos que no quedaron bien claros para qué, como el tema de los asociados jurídicos, es decir, las personas jurídicas que se podrían asociar de ahora en adelante en Cenaprov. Será tema que el futuro nos irá diciendo qué éxito podrá tener esa figura; también nos irá diciendo si también estos estatutos por su propia razón de aprobarse resuelven el problema básico que tiene Provivienda, que yo no lo creo. Hemos hecho un ejercicio muy importante, hemos ganado en propuestas, eso es positivo, pero no basta con eso. Ahora, hay que salir como un solo hombre a sacar adelante propuestas y proyectos y fortalecer la organización, la vinculación con el movimiento popular y el desarrollo más amplio de la organización por la lucha y la vivienda digna”.

A LA FAMILIATRUJILLO SANDOVAL El Comité Zonal del Partido Comunista de Soacha y el Semanario VOZ, hacen llegar a los compañeros: Maximino Trujillo y Dora Sandoval, nuestro saludo de condolencia por el fallecimiento de su hija Yarley Trujillo Sandoval, quien a muy temprana edad el pasado 2 de septiembre, falleció en Soacha Cundinamarca. Los miembros de la familia Trujillo Sandoval son integrantes de la Central Nacional Provivienda, y fundadores del Barrio El Porvenir de Soacha, por varios años estuvieron vinculados a la militancia del Partido Comunista Colombiano. Compañeros, reciban nuestro abrazo de solidaridad en tan difíciles momentos.

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EDITORIAL

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Por una alternativa de poder GϻϼЌЃϿІ BϿϽϿЌЌϻ Y.

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os tiempos y los espacios de la crisis sociopolítica colombiana vienen siendo cada vez más exigentes para la izquierda y las fuerzas alternativas. La evidencia y los primeros balances de las más recientes jornadas de lucha popular indican que en no pocos casos, la magnitud de los acontecimientos cargados de protagonismo popular alcanzó a desbordar la capacidad de orientación y conducción de la pluralidad de organizaciones existentes y sus direcciones. La fuerza de la protesta campesina, minera, estudiantil que mueve la simpatía y solidaridad en amplios sectores urbanos y rurales constata en las condiciones de Colombia la emergencia de un sujeto de cambio que aunque disperso todavía, puede llegar a constituirse en el motor principal de una alternativa de poder viable desde las clases subalternas. Objetivamente, ninguno de los reagrupamientos existentes alcanza a recoger la riqueza y el potencial del movimiento

desplegado. El momento exige profundidad en los análisis, pero a la vez decisión y audacia en la iniciativa social y política de las izquierdas para superar barreras internas, reagrupar fuerzas y romper el control político de las elites tradicionales que buscan recomponerse. Con el paso de los días el poder dominante busca dispersar el movimiento y desmontar sectores en conflicto. Aun así, éste poder ha sido obligado por la magnitud de los hechos a sentarse en mesas de diálogo con campesinos y trabajadores del campo en diversos lugares del país, lo que no le garantiza su desmovilización definitiva. En estas circunstancias, el desenlace de las jornadas iniciadas el pasado 19 de agosto está por venir y puede derivar en nuevas y mayores movilizaciones, en el contexto de un proceso de paz en curso cuyo contenido no se puede definir a espaldas de las exigencias populares y de un proceso electoral que deberá elegir los nuevos representantes del poder legislativo y el poder ejecutivo para los próximos cuatro años. Objetivamente existen las posibilidades para abrirle camino a una fuerza social y política de izquierdas, en el marco de una gran Convergencia o Frente Amplio, capaz de atraer otros sectores democráticos y disputar el gobierno y el poder al establecimiento tradicional que busca afanosamente su propia salida a la crisis. Una articulación inteligente, constructiva

y respetuosa de la diversidad de procesos y acumulados de los principales factores de la lucha social y la lucha política institucional y no institucional puede ser posible. Las circunstancias, sin afanes personalistas o de grupo, permitirían ir más allá de una tercería programáticamente diluida y condenada a ser vagón de cola de sectores comprometidos con la unidad nacional u oportunismos de diverso pelambre, y también ir mucho más allá de la meta importante pero insuficiente de sobrevivir bajo las reglas impuestas de una persistente democracia restringida. Sería incomprensible que quienes terminen canalizando políticamente el actual estado de inconformidad, por falta de acuerdos, sean los sectores tradicionales y sus pretensiones reeleccionistas en cualquiera de sus fracciones. Algo así sería repetir en otras circunstancias y respetando los contextos, experiencias históricas como las vividas después del levantamiento del 9 de abril de 1948; la caída de la dictadura militar en 1957; la crisis del Frente Nacional después del paro de 1977 o el mismo pacto que representó la Constitución de 1991, hoy destrozada por el neoliberalismo, razón adicional para luchar unitariamente por un nuevo contrato social hacia la paz con justicia social, la democracia y la soberanía. Hay que pensar que ya llegó la hora de que el pueblo colombiano cambie la historia a su favor. @gabocolombia76

Mirador

Columna libre

El cinismo oficial

Derechos campesinos

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l país está inmerso en un conflicto social de hondas repercusiones por la grave crisis acumulada a lo largo de la historia de políticas plutocráticas, con retroalimentación en el gobierno actual de Juan Manuel Santos, que insiste en el fracasado modelo de acumulación capitalista del libre mercado neoliberal, apuntalando medidas proteccionistas del capital nacional y transnacional y de los nefastos Tratados de Libre Comercio. Son medidas que afectan de manera particular al sector agrario, con una deuda histórica del Estado que nunca lo ha atendido con seriedad, dejándolo al vaivén de las medidas aperturistas y de la globalización neoliberal. El Estado burgués nunca aceptó abrir la puerta a una reforma agraria democrática, se negó a tocar la estructura injusta de la tenencia de la tierra de exagerada concentración de la propiedad y mucho menos favoreció la modernización del campo y del uso de la tierra para permitir la soberanía alimentaria y cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. Son causas del conflicto social, político y armado. El calificativo de “deuda histórica” fue aceptado por tirios y troyanos en el momento de la explosión popular del paro agrario y popular aún no resuelto por el Gobierno, que quiso imponer un “pacto agrario” de componendas entre gobierno, empresarios, ganaderos y latifundistas, precisamente los grandes responsables de la mencionada “deuda histórica”. Sin embargo, llama la atención que en pleno desarrollo del conflicto social agrario, que dejó una docena de muertos,

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centenares de heridos y otro tanto de encarcelados, el DANE aparece con un cínico informe en que registra que la economía creció en el segundo trimestre del presente año en 4.2 por ciento y la agricultura y el sector pecuario al 7.6 por ciento. Según la estadística oficial fue el sector agrario, en crisis y causa de la ola de protestas sin precedentes en muchos años, el que está jalonando el crecimiento económico. Equivale a decir que la deuda histórica no existe. Decir que el crecimiento se debe a la agricultura y a la construcción de vivienda, entre otros factores, es tergiversar la realidad. El mismo día en que apareció el demagógico informe se conoció otro que detalla el encarecimiento de la construcción y el difícil acceso a la vivienda. Y no es el pobre proyecto de la 100 mil viviendas para los sectores populares el que dinamizará la economía, más bien llenará los ambiciosos bolsillos de los urbanizadores privados en especial del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, beneficiario de numerosos proyectos oficiales. El crecimiento económico en Colombia nunca beneficia a los sectores sociales más vulnerables y olvidados del sistema, bien se sabe que aumenta las utilidades de los grupos económicos y de los poderosos. Pura campaña publicitaria y reeleccionista. carloslozanogui@etb.net.co

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l 24 de febrero de 2012, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos. Esta Declaración reitera la igualdad de condiciones de la población campesina para el disfrute de las libertades y derechos reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas y demás instrumentos del derecho internacional. Esto incluye la participación de tan importante sector en el diseño y desarrollo de toda política pública que afecte su vida, sus tierras y territorios. Señala la Declaración que los campesinos tienen derecho a una alimentación saludable, a educarse y acceder al más alto nivel posible de salud física y mental; a medios de comunicación, electricidad y tiempo libre; a vivir en un ambiente sano, a vivienda, vestido y un nivel de vida dignos. Con respecto a tierras y territorios, establece que los campesinos tienen derecho a su tenencia individual o colectiva; a beneficiarse con la reforma agraria y a que no se permita la existencia de latifundios. Con respecto a las semillas, saberes y prácticas, el articulado les ampara el derecho a determinar las variedades que quieran sembrar; a rechazar las que consideren inadecuadas; a utilizar las tecnologías que deseen, guiados por la necesidad de proteger su salud, y a rechazar toda forma de explotación que

cause daños ambientales. Con respecto a los medios de producción, la Declaración señala que los campesinos tienen derecho a medios de transporte, a obtener créditos, asistencia técnica, herramientas y tecnologías que respeten sus valores sociales, culturales y éticos, al igual que a centros de acopio y a recursos hídricos. De igual manera, señala este articulado el derecho del campesinado a un precio justo por sus productos, a una retribución adecuada por su trabajo, a desarrollar sistemas de comercialización que les garanticen soberanía alimentaria y a rechazar patentes y derechos de propiedad intelectual y mecanismos de certificación establecidos por empresas transnacionales. Un aspecto de suma importancia lo constituye el reconocimiento que en esta Declaración se le hace al campesinado en cuanto a sus libertades de asociación, opinión y expresión, de las cuales pueden disfrutar íntegramente; al derecho a no ser asediados, agredidos, desalojados, perseguidos, arrestados arbitrariamente o asesinados por defender sus derechos; incluso, a no ser criminalizados por sus reclamos y luchas, a resistir contra la opresión y a recurrir a la acción pacífica directa para proteger sus derechos. Hay una distancia enorme entre estos derechos y los que disfrutan los campesinos. Estando planteados en el pliego petitorio cuánta justeza reconocemos en él y con cuánta firmeza debemos defenderlo.


LABORAL

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salarios, lo que redunda en una mejor calidad de vida. Los beneficiados son más de 14 mil trabajadores del proyecto ampliación de la Refinería de Cartagena; obreros directos de la Chicago Bridge And Iron, CB&I, quienes tienen contratos a término de obra, a tres y seis meses. Además, quienes laboran a través de firmas contratistas. Uno de los puntos de discusión era el reclamo sobre la innecesaria contratación de mano de obra extranjera. Para esto se creó una comisión bipartita, entre el sindicato y la empresa, que buscará una salida, es decir, que se privilegie la contratación de mano de obra local, regional y nacional. Manifestación pacífica

Proyecto de ampliación de la Refinería de Cartagena. Foto periódico La República.

Refinería de Cartagena

Acuerdo para 14 mil trabajadores Huelga en CB&I finaliza con la firma de una convención colectiva de trabajo con la USO, en beneficio de 14 mil trabajadores JЏϻЈ CϻЌІЉЍ HЏЌЎϻϾЉ F.

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las 5 y 30 de la mañana del pasado martes, y después de más de 24 horas de negociación y 72 horas de paro, se llegó a un acuerdo entre la Unión Sindical Obrera, USO, Ecopetrol y la Chicago Bridge And Iron, CB&I; en el proyecto de ampliación de la Refinería de Cartagena. Luego de extensas jornadas de negociaciones y de movilización de los afiliados, la comisión negociadora de los trabajadores y dirigentes sindicales de la USO lograron que la empresa

modificara la oferta económica de 92 a 104,5 millones de dólares, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos durante los dos años de convención colectiva de trabajo. El acta de acuerdo contempla aspectos económicos sindicales y políticos en los cuales hay sustanciales mejoras para los trabajadores en materia salarial y prestacional, asimismo, para el relacionamiento entre la USO y CB&I Colombia. El sindicato también logró acordar con CB&I y Ecopetrol, la devolución de los dineros descontados a los trabajadores durante el conflicto laboral, reconocimiento de los 45 minutos

de alimentación por valor de $200 mil pesos en bonos Sodexo canasta, el pago de una hora semanal de tiempo por concepto de jornada laboral, extensión de beneficios a contratistas y subcontratistas, y un procedimiento y relacionamiento de la dirigencia sindical al proyecto. El convenio contempla entre otras cosas reajuste salarial, no tener represalias con los trabajadores, permiso para el ingreso de los dirigentes sindicales al proyecto y puntos normativos sobre alimentación y transporte. A partir de la firma de la convención, los trabajadores empezarán a ver unas mejoras sustanciales en sus

El arreglo pone el tema remunerativo en una sola tabla salarial con aumentos desde el 33 hasta 108%, ya que desde el inicio del proyecto los ingresos devengados estaban por debajo del referente nacional. “El acuerdo económico fue de 104,5 millones de dólares, lo que significa que habría que preguntarse dónde está la plata que no llegó a sus familias durante dos años y medio. Ahora Reficar y Ecopetrol aparecen como los culpables, pero sabemos que los tres tienen culpa porque uno no se va a construir una refinería sin tener un referente de los salarios que se pagan en la industria. Y ellos sabían que Ecopetrol tiene convención con la USO y saben cómo son los salarios. Y si parece exagerada la cifra del acuerdo es porque los trabajadores estaban por debajo de las condiciones en que debían estar”, comentó a VOZ Wilmer Hernández, presidente de la USO Cartagena. También se creará una comisión o tribunal para revisar los casos de trabajadores despedidos durante el conflicto laboral, en procura de alcanzar el reintegro de los mismos y el retiro de las cartas de llamados a descargos. En comunicación de la USO se destacó que el movimiento huelguístico se desarrolló de manera pacífica por parte de los trabajadores quienes acataron en todo momento la directriz del sindicato, así como también rechazó la actitud del alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, quien se ausentó de la pelea adelantada por los obreros y las comunidades de los sectores más vulnerables de esta ciudad; pues se exigía respeto por la contratación de la mano de obra local, regional y nacional. Pero en cambio reforzó el pie de fuerza para reprimir al movimiento de los obreros.

Convocatoria

Encuentro por el derecho a la salud E

l encuentro para la Integración en la Defensa de la Salud en Bogotá, realizado el sábado 14 de septiembre, aprobó la convocatoria una nueva cita para el sábado 19 de octubre en el auditorio del Archivo Distrital. A éste extienden invitación a organismos e instituciones interesadas en la defensa de la salud como derecho de los ciudadanos. Del mismo modo se aprobó participar en el “Encuentro Internacional y Pluricultural: Buen Vivir y Salud”, en Cuenca, Ecuador del 7 al 12 de octubre, para denunciar la situación de la salud en Colombia y aprender de las experiencias positivas de países hermanos. En este proceso unitario están comprometidos sindicatos, ediles, usuarios y procesos y movimientos de amplia

trayectoria en la lucha contra el modelo mercantilista, privatizador, impuesto a partir de la aprobación de la Ley 100 de 1993 (cuyo mentor principal fue el señor Álvaro Uribe Vélez). La iniciativa es promovida por los integrantes del Movimiento para la Salud de los Pueblos, entre quienes se destacan los compañeros Mauricio Torres, Jorge Arango, César Cortés, Gonzalo Wohlmeyer Gómez y Román Vega. Analizaron la crisis del sistema de salud pública colombiana y en especial la red del Distrito Capital, cuyos 22 hospitales permanecen en estado de máxima alerta por el déficit presupuestal originado fundamentalmente por altas deudas que mantienen las EPS, suma que está por encima de los 400 mil millones de pesos.


LABORAL

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Las triquiñuelas de la Drummond

Después de varias semanas en huelga, con artificios la multinacional logró que el conflicto laboral se dirima por un tribunal de arbitramento. Trabajadores denuncian complicidad del Ministerio de Trabajo Equipos flotantes en el puerto de Drummond en Ciénaga, Magdalena, donde con altos riesgos de contaminación se cargan barcos con miles de toneladas de carbón

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pocos días de completar dos meses de huelga por parte de los trabajadores de varias minas de la multinacional Drummond -en los departamentos de Cesar y Magdalena-, cuando la empresa se las arregló para convocar una votación con los trabajadores y consultarles si levantaban el cese de actividades e iban a un tribunal de arbitramento para dar solución al conflicto laboral. Según dirigentes sindicales de Sintramienergética –organización que mediante votación había decidido ir a paro-, la empresa utilizó sindicatos patronales y minoritarios para que votaran a favor del tribunal y convencieran a los nuevos trabajadores de hacerlo. También lograron la participación de empleados del área administrativa quienes residen en Estados Unidos. “Todas las irregularidades se dieron bajo el visto bueno del Ministerio de Trabajo, con el viceministro José Noé Ríos. Hicieron dos votaciones, las primeras para el 15 y 16 de agosto y al no alcanzar el umbral las reprogramaron para el 3, 4 y 5 de septiembre. Gobierno y empresa arremetieron contra los trabajadores afiliados a Sintramienergética”, comentó César Flórez, dirigente de esa organización obrera, en la seccional Ciénaga.

la empresa para hacer este tipo de artimañas. Los afiliados de los dos no pasan de 600 trabajadores. El resto de votantes fueron trabajadores de administración como supervisores, secretarias y desde luego, bajo amenazas lograron que otros trabajadores votaran. Hasta a contratistas les pusieron camisas de la empresa para que fueran a votar. A muchos trabajadores les enviaron los supervisores a la casa para amedrentarlos para que votaran”, comenta el dirigente de Sintramienergética. La persecución al sindicato mayoritario se da también con una campaña que busca desafiliaciones para que se inscriban en alguno de los otros dos. Les dicen que si lo hacen serán beneficiados con un bono de ocho millones quinientos mil pesos, con eso también buscan una mayoría para obligar a Sintraminergética a firmar un acuerdo existente con los otros dos. “A los trabajadores de Drummond, en los 18 años que lleva esa empresa aquí nos están pagando por horas. Nos dirán, ‘¿por qué hasta ahora reclaman?’ Porque están reduciendo el número de horas pero también los salarios. Pedimos que se nos pague un salario base. Ellos van a reducir el número de trabajadores en el puerto -más de 400-, de los cuales un 30% se va. Lo malo es que son los obreros lisiados por accidentes o enfermedades profesionales”, dice César Flórez. Argumentos de Mintrabajo

La persecución A las urnas acudieron los sindicatos minoritarios como Sintradrummond, afiliado a la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y Agretritrenes, filial de la Confederación General del Trabajo, CGT. Sintramienergética cuenta con 2.950 trabajadores afiliados y pertenece a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. “Esos sindicatos minoritarios fueron convocados por

Según el Ministerio se obtuvo 2.499 votos por la convocatoria al tribunal, de un total de 4.985 trabajadores habilitados para votar, es decir, lograron la mitad más seis votos. Los argumentos expuestos por el Ministerio del Trabajo para el levantamiento del paro, se basan en la posibilidad de las asambleas de trabajadores para optar por la terminación de la huelga y someter el diferendo a la

decisión del tribunal de arbitramento. Según la institución, hace parte de una de las tres formas legales de levantar la huelga como lo indica la Corte Suprema de Justicia mediante la sentencia radicada bajo el numeral 6976 del 24 de octubre de 1994 que indica: “Situado el conflicto en la etapa de huelga ésta puede levantarse por diferentes causas: a) Por la firma de la convención colectiva, evento que obviamente implica la terminación del conflicto; b) Por decisión pura simple de los trabajadores que resuelven no prolongar la medida de fuerza contra el empleador; c) por sometimiento de la solución del conflicto a la decisión de un tribunal de arbitramento en los casos legalmente previstos. En cualquier caso la finalización de la huelga tendrá como consecuencia obligada la reanudación de las actividades laborales suspendidas.” En el caso de Drummond el numeral C fue la forma utilizada. Trabajadores acatan Pero para los dirigentes de Sintramienergética el hecho plantea una controversia jurídica sobre la forma de convocar un tribunal de arbitramento durante el desarrollo de una huelga, reglamentada por el Decreto 801 de 1998 el cual aclara: “Si en la empresa no existiere sindicato, la con-

resultado la suspensión del trabajo, o que deba ser solucionado mediante el arbitramento obligatorio, el respectivo sindicato o los trabajadores nombrarán una delegación para que presente al (empleador), o a quien lo represente, el pliego de las peticiones”. Para ellos, esta circunstancia no se cumplió porque los trabajadores que gestionaron la votación no presentaron pliego al empleador, es decir, el “accionar es un atentado contra el ejercicio del derecho de huelga”. Sintramienergética también expresó no compartir las actuaciones de la empresa y sus adeptos en la convocatoria y la forma en que se desarrollaron estas votaciones ni la interpretación y la actuación del Ministerio del Trabajo a favor de las pretensiones patronales. Sin embargo, acataron las decisiones de las autoridades y se someten al tribunal de arbitramento obligatorio, lo que no los exime de la posibilidad de continuar las acciones jurídicas pertinentes contra esta decisión. Por otra parte, “advertimos a los trabajadores que esta empresa no se satisface con un tribunal de arbitramento obligatorio porque esta es otra forma de continuar el conflicto colectivo de trabajo, el cual sólo termina con la firma de la nueva convención colectiva de trabajo, en este caso un laudo arbitral, sino que podría continuar inten-

“Van a reducir el número de trabajadores en el puerto –más de 400-, de los cuales un 30% se va. Lo malo es que son los obreros lisiados por accidentes o enfermedades profesionales” vocatoria la pueden hacer los delegados de los trabajadores a que se refiere el artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo”. Este artículo señala claramente que “siempre que se presente un conflicto colectivo que pueda dar por

tando dividir a los trabajadores con dádivas en procura de obtener la firma de un acuerdo con los ofrecimientos mínimos que ya había presentado en la mesa de negociaciones”, concluyeron los dirigentes sindicales.


POLÍTICA

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comparte la tesis de la economía campesina y hace serias observaciones al modelo de Zonas de Reserva, por considerarlo un asidero de insurgencia, pero si le gusta el modelo empresarial que acapara tierra en beneficio de la gran producción. El linaje Bajo estos parametros, su exesposa María Campo, ministra de Educación y Santiago Lizarralde Campo, hijo de los ministros, son representantes legales y accionistas de Inversiones Campo Azul S.A.S, propietaria de 5.357 hectáreas, cuyo origen son baldíos, y como es apenas lógico para completar el rompecabezas están en el departamento de Vichada y son materia prima para un negocio orientado por Indupalma. El fondo del asunto es que Colombia se juega hoy dos modelos de desarrollo. El primero dedicado a los grandes negocios que ha dejado al 80% de los pequeños campesinos con minifundios y con menos de una Unidad Agrícola Familiar, UAF. Y el segundo, un desarrollo agrícola integral que beneficie al campesinado colombiano por encima de los agronegocios.

Lizarralde y sus negocios en el ministerio.

Debate sobre tierras

Cada ministro con su baldío La adquisición irregular de tierra por multinacionales y empresarios colombianos es ahora asunto de linaje político HϿЌЈЕЈ CϻЇϻϽЂЉ

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ienen razones los colombianos de indignarse ante la afirmación: “cada ministro tiene su baldío”. Y no es una comedia política; son las peripecias que acostumbra la clase dirigente del país para hacer de las suyas. Esta vez en un asunto de fondo: las tierras de campesinos pobres. En un debate de control político adelantado por la bancada de oposición en el Congreso de la República, encabezada por los representantes a la Cámara, Hernando Hernández y Wilson Arias, estos denunciaron los problemas estructurales de la tierra y su tenencia, pero además, los vínculos que podrían tener al menos tres ministros del gabinete de Juan Manuel Santos, con la adquisición irregular de baldíos de la nación con destinación específica.

de entregas de tierras fruto de la ley 160 de 1994 y hoy ostentan la propiedad de hectáreas destinadas a integrar los nuevos modelos de negocio del agro. Esta operación jurídica de apropiación es la continuación del sonado escándalo que protagonizara el exembajador de Colombia en Washington, Miguel Urrutia, pues su bufete de abogados, asesoró a los empresarios colombianos: “los nuevos llaneros”, como la empresa Riopaila o el banquero y dueño del matutino El Tiempo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, para adquirir tierras en el Vichada. Según la Constitución y la ley, a quién se le debe entregar los baldíos de la Nación es a campesinos que cumplan dos premisas fundamentales: campesinos pobres que trabajen las dos terceras partes del predio al menos durante cinco años atrás, y que sus ingresos dependan de la explotación del predio. Pero ni lo uno ni lo otro parecen cumplir los ministros y sus baldíos.

Los involucrados La operación Serían al menos seis mil hectáreas de tierra en el departamento del Vichada, objeto de cuestionamiento por la manera como llegaron a manos de empresas creadas por la familia de los ministros del Interior, Aurelio Iragorri, de Educación, María Fernanda Campo, y el recién nombrado jefe de la cartera de Agricultura, Rubén Lizarralde. Ellos, dice la denuncia, a nombre de empresas creadas por familiares suyos y en los que se cuentan como dueños o accionistas, resultaron ser beneficiados

La hegemonía del linaje en Colombia está íntimamente ligada a la política. Según el representante Wilson Arias, la operación fue sencilla: a un familiar del ministro del Interior Aurelio Iragorri Valencia, de nombre Pablo Iragorri Valencia, dueño de una empresa naviera y piloto de avión le fue entregado el predio El Cachicamo, en el municipio de La Primavera, Vichada, a título de beneficiario de un baldío de al menos mil hectáreas. Con el título de señor y dueño, Pablo Iragorri

vendió el predio a un conglomerado de empresas cuya propiedad es de la familia Iragorri. “Cómo es que el sobrino del senador Aurelio Iragorri Hormaza y primo del ministro del interior Aurelio Iragorri, es un campesino pobre beneficiado por la ley para ser propietario de baldíos, pero al tiempo es dueño de aviones y empresas junto a su familia”, se preguntó Arias. Pues bien, esta estratagema jurídica y familiar es el modus operandi para la fraudulenta adquisición de tierras en Colombia. Ministerio e Indupalma El otro ministro en apuros éticos para ejercer su cargo es Rubén Lizarralde. Venido de la gerencia general de Indupalma y quien ha dicho que está allí para emprender una verdadera reforma agriara, dicen sus críticos, no tiene el talante para asumir las necesidades reales del campo colombiano y menos si tiene sobre sus hombros cuestionamientos y negocios personales que interfieren las funciones del Ministerio de Agricultura. De una parte, entregó afirmaciones en las cuales critica la política de subsidios agropecuarios para los pequeños campesinos diciendo: “aclaro que me gustan poquito los subsidios”, y sin embargo, recibió del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, subsidios a los proyectos de Inducaucho en Vichada que él gerenciaba antes de asumir la cartera. No obstante, Lizarralde tampoco

Cuál paz Para el congresista Hernando Hernández, Colombia no puede seguir transitando un modelo de privilegios en la tenencia de la tierra, “a pesar de la falta de acceso a la tierra, el 70% de los alimentos que se producen en el país vienen de pequeños campesinos” sentenció. En Colombia la producción agrícola usa 4,9 millones de hectáreas de tierra pero el país tiene 21,5 millones de hectáreas con esa vocación. “Hoy una hectárea de agricultura genera 12,5 más valor que una de ganadería. Y si habláramos de los créditos las cifras son contundentes: El 78,2% de los montos del crédito se concentran entre los más grandes productores agrícolas del país”, dijo Hernández, quien además concluyó, que tanto el crédito como la tierra están en manos de unos pocos, “así no se hace la paz”. El gobierno ha enfrentado la crisis del agro formalizando cerca de dos millones de hectáreas pero ello no implica la modificación de la estructura de la tenencia de la tierra. La contrarreforma agraria, a la que asiste el país, es la entrega irregular de más de 900 mil hectáreas, adjudicando más de una UAF a personas que no son sujetos de beneficios y lo que se avecina es la entrega de garantías jurídicas a quienes han conseguido títulos de manera fraudulenta, es decir a conglomerados empresariales nacionales y extranjeros. Lavar culpas VOZ pudo conocer que ya circula entre las oficinas de los congresistas el borrador de un proyecto de ley que sanearía la escandalosa entrega de predios que involucra a ministros del gabinete. El nudo esencial del proyecto estaría en entregarle herramientas jurídicas a los “nuevos llaneros”, para que paguen el 20% de cada propiedad a un banco de tierras para que estas sean entregadas a campesinos. A juicio de la oposición la reforma agraria del ministro Lizarralde es que banqueros y multinacionales y ministros se puedan apropiar del 80% de baldíos y con el 20% restante salvar culpas.


POLÍTICA

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Carlos A. Lozano Guillén, candidato al senado por el Partido Comunista

“El momento es propicio para la unidad” Carlos Lozano, director de VOZ, habla de la agitación social y popular, de la Unión Patriótica, la unidad de la izquierda, las elecciones y del “anticomunismo de todos los pelambres” RϿϾϻϽϽЃюЈ ЊЉІйЎЃϽϻ

–¿Cómo ve el proceso político tan agitado en las pasadas semanas? –El país vive un momento político especial. Hacía tiempo que no se vivía una situación de tanta agitación social y con profunda repercusión política. El paro agrario y popular fue la expresión de la inconformidad social acumulada en tantos años y retroalimentada en la incapacidad del gobierno de Santos de resolver con métodos democráticos la crisis del país. Como es lo acostumbrado en el régimen antidemocrático y violento en Colombia, la enfrentó con la represión, después de doce manifestantes muertos por la furia criminal del Esmad, de centenares de heridos y de detenidos, el Gobierno tuvo que dialogar para buscar una salida pacífica y democrática como lo planteaban los promotores de la protesta popular. –El Gobierno y los militares acusaron a Marcha Patriótica tanto de la protesta como de los desmanes ¿Por qué? –Es el viejo expediente macartista para descalificar y penalizar la lucha social. El sistema dominante es el mismo, continúa siendo una caricatura de democracia. Esta y la justicia social son la clave para la paz estable y duradera. Para el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón y los mandos militares y de policía, Marcha Patriótica es una obsesión, quizás porque arrancó con tanta fuerza y arraigo social y popular, es la alerta temprana de cambios en el país ante la presión de las masas y eso quieren detenerlo de cualquier forma. Recordemos los antecedentes del genocidio de la Unión Patriótica: fue el mismo, iguales señalamientos, idéntico tratamiento. Eran otros los personajes y voceros del militarismo. Huber Ballesteros está en la cárcel y tratan de montar procesos judiciales contra otros dirigentes populares. El mismo procedimiento, ni siquiera tienen imaginación. El “pacto agrario” –¿La lucha continúa? –Claro que sí. Se impuso el diálogo. Santos quería excluir a la MIA con el cuento de que es la Marcha Patriótica, pero al final tuvo que aceptar su interlocución. En ese momento se levantaron los bloqueos y se respiró otro aire. Pero el estado de alerta se mantiene. Si el Gobierno no resuelve el pliego de seis puntos vuelve la anormalidad, es lo que advirtieron los campesinos. Estamos ante un movimiento agrario acostumbrado a la lucha y a la resistencia. En eso no se puede equivocar el Gobierno y mucho menos cantar victoria. La lucha es larga y ahora el diálogo estará acompañado de la presión

de masas. En octubre se realizará la Cumbre Agraria y Popular y serán miles de delegados en Bogotá, en representación de millones de trabajadores del campo y la ciudad. El torrente de la lucha popular no lo frenan ni con engaños, ni con represión. –¿Fracasó el “pacto agrario”? –Fue flor de un día. Un “pacto agrario” sin campesinos no funciona. Solo se le ocurre a Lucho Garzón siempre tan chistoso. El pacto gubernamental fue con ganaderos y latifundistas que nunca creen tener llenos los bolsillos en su ambición voraz, como lo demostró el botín del AIS uribista. La Unión Patriótica –A propósito: ¿Cómo ve el futuro de la Unión Patriótica? –Muy bien. Con renovados esfuerzos en la arena política después del reconocimiento de la personería jurídica. El V Congreso, en noviembre próximo, con los legítimos representares, seguramente trazará la línea de acción en dirección a las tareas de la paz, la unidad de la izquierda y la reparación integral. La UP tiene razón de ser en estas tareas prioritarias y en involucrarse en los proyectos de unidad que están en marcha. –¿Por qué “legítimos representantes”? –Porque ahora resultaron muchos avivatos tras la personería jurídica de la UP. Quieren aprovechar la feria de avales como un negocio. Bien conocemos a los personajes que promovieron el Congreso fracasado, unos son oportunistas y otros están engañados. No todos actúan de mala fe. La legitimidad la tienen Omer Calderón, Felipe Santos, Jahel Quiroga, Aída Abella, Hernán Motta, Beatriz Gómez, Nolasco Présiga, entre otras personas, que jamás desfallecieron en la batalla por la reparación integral y la demanda por el genocidio. ¿Dónde estaban los que desconocen la legitimidad cuando Jahel Quiroga, directora de Reiniciar, con el poder de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, instauró la demanda de genocidio en la Comisión Interamericana de DD HH? –¿Cuál es la posición del Partido Comunista Colombiano? –Respalda a la dirección legítima. El Partido Comunista Colombiano fue –y es- el pilar fundamental de la Unión Patriótica. El 90 por ciento de los asesinados eran dirigentes y militantes del partido. El genocidio de la Unión Patriótica fue el genocidio del Partido Comunista Colombiano. No puede haber UP sin PCC, así de sencillo y eso lo deben entender los anticomunistas de viejo y nuevo cuño. Hay quienes creen

Carlos A. Lozano Guillén al senado de la República. Foto VOZ.

que al Partido Comunista lo pueden excluir de la Unión Patriótica. Es un imposible histórico y moral. El caso de César Pérez –A usted no le gusta hablar del tema pero lo acusan de haber declarado a favor de César Pérez García. ¿Qué dice al respecto? –Es una mentira, una vil calumnia. Fui citado por la defensa de Pérez García, para dar fe de la autenticidad del ejemplar de VOZ en que Manuel Cepeda hizo la crónica sobre la masacre de Segovia. Mi declaración era casi notarial. Lo que pasa es que la defensa quiso utilizarme para que dijera que César Pérez era inocente y la abogada de las víctimas para que asegurara lo contrario. Esta última, con aseveraciones acomodadas e infundadas contra el Partido Comunista, Manuel Cepeda y parlamentarios de la UP de la época como Iván Márquez y Braulio Herrera. No me correspondía absolver o condenar a César Pérez, pero dejé en claro que la masacre fue perpetrada por el paramilitarismo con la complicidad de militares, policías y dirigentes políticos regionales. Más claro no canta un gallo. –¿Por qué entonces la versión? –Porque algunos integrantes de ONG, anticomunistas de todos los pelambres, regaron la calumnia por las redes sociales. Cuando fui elegido candidato al senado arreció de nuevo la campaña. A la cual se unieron los oportunistas que se quieren apoderar de la UP. Un tal Sebastián y hasta un individuo que se autoproclama teórico y hace ostentación de tener una web más leída que VOZ me calumnia con un lenguaje bajo, impropio de las calidades académicas que dice tener. También hay gente descompuesta conocida de

autos. No conocen o tergiversan la declaración que rendí. –¿Cuáles son sus nombres? –No vale la pena mencionarlos. Como El Quijote de sus nombres no quiero acordarme. Debo aclarar que esto fue tratado con la Comisión de Garantías del PCC e hice una autocrítica porque acepté que lo mejor hubiera sido no declarar y asumir el desacato. Soy un revolucionario y jamás le he tenido miedo a la cárcel. La campaña electoral –¿Cómo va la campaña electoral? –Bueno estamos en la etapa de construir la unidad de la izquierda y sectores democráticos. No es fácil, lo paradójico es que debería serlo por el clima de agitación social y popular. El momento es propicio para la unidad. Pero seguimos trabajando en la perspectiva de construir un movimiento alternativo, unitario y con opción de poder en las dos elecciones del próximo año. Esperamos que prospere, es posible y es necesario. Es el desafío de la izquierda. –Y de la paz ¿qué? –El proyecto unitario debe estar en el camino del Frente Amplio por la Paz. Es lo fundamental en el proceso político colombiano. Ante las vacilaciones y debilidades del Gobierno, que quiere imponer el marco jurídico y el referendo con afanes reeleccionistas, de este lado debemos promover la más amplia movilización por la paz con democracia y con justicia social en el camino de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la paz es posible, depende de los cambios que permitan fortalecer la democracia y una mayor justicia social. He ahí la importancia de la unidad de la izquierda y de la necesidad de un nuevo poder democrático y popular.


BOGOTÁ

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Mujeres exigen cargos de decisión

En Bogotá existen cientos de mujeres afro, indígenas y gitanas capacitadas para asumir cargos de decisión. Foto Primicidiario.

Ley de cuotas no incluye mujeres afro, indígenas y gitanas en cargos de dirección y decisión en la actual Administración Distrital RϿϾϻϽϽЃюЈ BЉЁЉЎЕ

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n días pasados se realizó un debate de control político en el Concejo de Bogotá sobre la real aplicación que hace el Distrito de la Ley 581 de 2000 “por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del

poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones”. El importante debate fue promovido por la bancada del movimiento Mira y sus cabildantes, Olga Victoria Rubio Cortés y Jairo Cardozo. La Ley de Cuotas ordena que el 30 por ciento de los ministerios, el 30 por ciento de los departamentos administrativos, el 30 por ciento de las superintendencias, etc., deben estar ocupados por mujeres. A pesar de que en Bogotá se ha avanzado en el tema, se ha descuidado la participación de mujeres afrodescendientes, indígenas y gitanas. Por este motivo desde el Concejo de Bogotá se exigió una mayor participación en cargos de dirección y decisión de éstas, porque, según el debate, en estos momentos la actual Administración

Distrital no aplica la Ley de Cuotas, en este sector de la población. “Se trata, entonces que eliminemos todo reproche, toda discriminación frente a las mujeres que tienen esa condición, que se les abran las puertas para la participación dentro de esos cargos de máxima dirección y decisión. No estamos proponiendo ni ilegalidades, ni misericordias, estamos pidiendo que nos acojamos a la Ley, que se le dé cabal cumplimiento, pero que no se mire como un techo el porcentaje mínimo de mujeres en los altos cargos para darle cumplimiento a la Ley de Cuotas. No podemos mirar de donde se viene, ni el color que se tenga, ni la posición, lo que se debe mirar es que se cumpla con unas condiciones que ha determinado la ley”, reclamó Olga Victoria Rubio Cortés,

segunda vicepresidenta del cabildo capitalino. El movimiento MIRA presentó un Proyecto de Acuerdo encaminado a que la Administración Distrital promueva la participación igualitaria de hombres y mujeres en cargos de mayor jerarquía y otros niveles decisorios del nivel central y descentralizado, con las respectivas excepciones que prevé la ley. La iniciativa, además, contempla que la Administración Distrital promueva participación igualitaria de mujeres y hombres en las instancias de decisión de la Sociedad Civil. “Aumentar la participación de las mujeres resulta un avance para la sociedad, para la ciudad y para el país, y pone a Colombia a niveles internacionales dentro de los estándares de reconocimiento y de oportunidad”, concluyó al cabildante.

Marco de aprovechamiento

Verdades y mentiras sobre espacio público T

eniendo en cuenta los anuncios hechos por la Administración Distrital a la definición de un marco general para el aprovechamiento económico del espacio público, se realizó el 19 de septiembre en el Concejo de Bogotá, Comisión de Hacienda y Crédito Público, un debate de control político sobre el alcance real de esta iniciativa y la afectación en los habitantes de Bogotá. Los concejales del movimiento Progresistas: Angélica Lozano Correa y Diego García Bejarano, citantes del debate, indagaron sobre la destinación

de los recursos recibidos por concepto de aprovechamiento económico del espacio público y si existe algún cálculo oficial que dé cuenta de los recursos que ha dejado de recibir el Distrito Capital por no disponer de un marco regulatorio. En el citado debate la concejal Angélica Lozano Correa, desvirtuó cinco mitos existentes entre la ciudadanía con relación a la implementación de este marco general para el aprovechamiento económico del espacio público. Según Lozano Correa no es verdad que el espacio público

se privatice, porque es un derecho inalienable, imprescriptible e inembargable, tal como lo determina el Código Civil Colombiano. En cuanto al cobro la concejal dijo que a todos no se les va a cobrar, pues el decreto borrador en su artículo 21 determina que la población detectada como vulnerable está exenta de la retribución. Otra aclaración tiene que ver con la facultad jurídica que el alcalde no tiene para regular el aprovechamiento económico del espacio público. Angélica Lozano informó

que no es verdad que la población vulnerable competirá con grandes empresarios, ya que este marco regulatorio incluye un principio que se desprende de la Constitución Política de Colombia, el cual es, la discriminación positiva, que garantiza la inclusión sobre todo de las personas que ya están ejerciendo esta actividad informal en el espacio público. En cuanto a la fórmula para establecer la cuantía quedó claro que tiene distintas variables y depende de la modalidad y condiciones del aprovechamiento.

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NOTICAPITAL Medidas para detectar clubes o bares ilegales Según datos de la policía, en la ciudad se han realizado 4.734 cierres temporales en lo que va corrido del 2013. Igualmente, un informe suministrado por el Centro de Estudios y Análisis en Seguridad y Convivencia de la Secretaria Distrital de Gobierno (CEACSC), verificó que Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y Usaquén son las localidades donde más se concentran estos ‘amanecederos’. Se tienen identificados 2.467 clubes en la ciudad. Respecto a la licencia de funcionamiento, a la fecha el 38% la tienen suspendida, 24% no está activa, 18% en proceso de suspensión y el 17% activa. Por su parte el secretario de Gobierno, dio plazo de un mes a los alcaldes y a la policía para revisar la legalidad y las medidas de seguridad de los establecimientos nocturnos. Campaña 24-0 La localidad 19 de Ciudad Bolívar reportó 0 muertes violentas durante la primera jornada musical y artística 24-0, iniciativa ciudadana fomentada por el activista César López, apoyada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno. Las cifras proporcionadas por la Policía Metropolitana indican que durante el desarrollo de la jornada, entre el mediodía del viernes 13 hasta las 12 M del sábado 14 de septiembre, no hubo ninguna muerte violenta en esta localidad, todo un éxito para la seguridad de Bogotá. Por la defensa de la salud Un importante encuentro Distrital para la Integración en la Defensa de la Salud en Bogotá tuvo lugar en el salón cultural del barrio Policarpa el sábado 14 de septiembre. El evento contó con la participación de representantes de organizaciones sociales, ediles, procesos y movimientos de amplia trayectoria en la lucha contra el modelo mercantilista privatizador impuesto a partir de la aprobación de la Ley 100 de 1993. El encuentro fue convocado por los integrantes del Movimiento para la Salud de los Pueblos y en este se denunció la difícil situación que atraviesa el sistema de salud pública colombiana y en especial la red del Distrito Capital, cuyos 22 hospitales permanecen en estado de máxima alerta por el déficit presupuestal originado fundamentalmente por altas deudas que mantienen las EPS, suma que está por encima de los 400 mil millones de pesos.


DERECHOS HUMANOS Según Human Rights Watch en Colombia existen alrededor de 17 mil investigaciones de casos de desplazamiento forzado, pero en menos del 1% se ha dictado sentencia KЃЅГє

El riesgo de volver a casa” es el informe presentado por Human Rights Watch el pasado 17 de septiembre en el cual se dan a conocer los reales alcances de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Según la organización muchos de los reclamantes de tierras han sido asesinados, han sufrido amenazas de muerte o nuevamente desplazados. El informe lo realizó Human Rights Watch con base en cientos de entrevistas de las cuales 130 denunciaron dichos obstáculos y abusos. Por su parte el Gobierno Nacional no ha tomado las medidas concretas para judicializar a los responsables de las amenazas y asesinatos de líderes reclamantes de tierras y se ha limitado a otorgar celulares y en algunos casos escoltas. “Las amenazas y los ataques son totalmente previsibles, si se toma en cuenta la ausencia casi crónica de justicia por abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra reclamantes de tierras. Los delitos perpetrados

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Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no garantiza retorno

Se requieren medidas efectivas contra desplazados en represalia por sus reclamos de restitución casi siempre quedan impunes: los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre amenazas sufridas por reclamantes de tierras y líderes. También son excepcionales los casos en que las autoridades judiciales juzgan penalmente a quienes inicialmente desplazaron a los reclamantes y se apropiaron de sus tierras”, señala HRW. En el informe es claro que no se ha podido contrarrestar el poder de los grupos herederos de las operaciones delictivas de la coalición paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsables de despojos generalizados y responsables de la mayor parte de las amenazas y los ataques contra líderes de restitución de tierras. En Colombia hay alrededor de 17.000 investigaciones por desplazamiento forzado, pero en menos del uno por ciento se ha dictado condena. HRW denuncia que debido a la falta de justicia en estos casos, los ataques y amenazas toman fuerza. En los departamentos de Córdoba y Chocó, las más de 3.400 investigaciones en curso sobre desplazamiento forzado a cargo de tales fiscales están en la etapa preliminar. Entre 2006 y 2011 fueron asesinados 71 líderes reclamantes de tierra en 14 departamentos. Actualmente la

No es solo devolver las tierras, sino garantizar la seguridad, la justicia y el trabajo. Foto Kikyō.

Fiscalía General de la Nación investiga 49 casos de asesinatos de “reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras” ocurridos en seis departamentos desde 2000. El organismo internacional de derechos humanos recibió del Gobierno colombiano datos de 500 reclamantes de tierras y líderes en más de 25 departamentos quienes han denunciado ante las autoridades amenazas desde enero de 2012. Por su parte las autoridades determinaron que más de 360

reclamantes y líderes que fueron amenazados se encuentran en “riesgo extraordinario”. Otro problema que es visible en la Ley de Víctimas se encuentra aún en su etapa inicial y por ello es muy lento. A junio de 2013, la Unidad de Restitución apenas examinaba menos del 20 por ciento de las más de 43.500 solicitudes recibidas, y solo logró que se dictaran sentencias de restitución en cerca de 450 de esos casos, pero solo una familia retornó.

Curvaradó, Chocó

Paramilitares amenazan a líderes de tierras L

S.O.S.

a Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció las continuas presiones y operaciones de tipo paramilitar vinculadas a agronegocios en predios colectivos de Curvaradó, Pedeguita y Mancilla en el departamento del Chocó. Ya se han presentado varias situaciones que esta organización considera de riesgo para los habitantes,

como la constante actividad paramilitar y el atentado contra el líder campesino de la zona Jaime Ruíz. Hoy también son víctimas de amenazas los campesinos Mario Castaño, Marleny Benítez, Felipe Triana y Argemiro Hernández. Hay que decir que estos campesinos son líderes de restitución de tierras y se han propuesto exigir se les

devuelvan sus predios, los cuales fueron robados por paramilitares y que hoy se usan en una asociación creada por estos criminales bajo el nombre de Asociación de Productores de Belén de Bajirá. También estaría relacionado con la asociación, Luis Molano, oficial de las Fuerzas Militares. El 30 de agosto en la comunidad de Bijao Onofre, territorio colectivo

Medidas de protección para alcalde Bahía Solano El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, solicitó a los Ministros de Defensa y del Interior adoptar de manera urgente las medidas de protección eficaces para garantizar la vida, la seguridad, la integridad personal y psicológica el alcalde Omar Francisco Vidal Rojas, la personera Esther Lucía Lozano y el párroco Manuel Mogollón. Las amenazas se produjeron luego de la captura de 10 presuntos integrantes de ‘Los Chacales’ banda delincuencial al servicio de ‘Los Urabeños’. Cabe señalar que está vigente la alerta temprana declarada por la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior para el Informe de Riesgo N° 014 del 5 de abril de 2013 para los municipios de Bahía Solano, Juradó y Nuquí, en el que se advierte la probable ocurrencia de amenazas e intimidaciones, homicidios selectivos y múltiples, desapariciones forzadas, restricciones a la movilidad, violencia sexual contra niñas y mujeres, desplazamientos colectivos e individuales y extorsiones contra los pobladores y líderes de los consejos comunitarios y de las autoridades indígenas Wounaan y Embera de ese municipio. Veinte años por falso positivo El CTI capturó a Abraham David Correa Rico, ex soldado profesional, quien era solicitado por el Juez 93 Penal Militar de Granada (Meta), para cumplir la pena de 20 años de prisión que le fue impuesta como responsable del delito de homicidio agravado

de Pedeguita y Mancilla, cinco hombres que no pertenecen al Consejo Comunitario ocuparon predios de varias familias, abriendo trochas y delimitando la parcelación de la propiedad. Ante este abuso el líder Argemiro Hernández integrante del Consejo Comunitario, expresó su rechazo pues se desconoce la ley 70 de comunidades negras.

en persona protegida. La condena se deriva de los hechos ocurridos el 4 de marzo de 2007 en la vereda Argelia del municipio del Castillo (Meta), donde el Ejército Nacional realizaba un patrullaje y reportó un supuesto enfrentamiento con las Farc, en el que resultó muerto Héctor Aguirre González; de quien se pudo establecer era un civil y no un integrante del grupo subversivo. El capturado fue trasladado a la penitenciaria del Municipio de Granada. Paramilitar confesó asesinato de una madre y su hijo Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH dictó medida de aseguramiento en contra del desmovilizado de las autodefensas Humberto Mendoza Castillo, por el homicidio y desaparición de dos campesinos en el municipio de Dabeiba (Antioquia). El 28 de noviembre de 1997, un comando paramilitar incursionó en la vereda La Balsita de la citada población y se llevó por la fuerza a la señora Rosalba Úsuga Higuita y a su hijo Joaquín Emilio Guisao Úsuga. La Fiscalía estableció que el mismo día de los hechos, las víctimas fueron asesinadas, descuartizadas y arrojadas a un río de la zona. Mendoza Castillo, desmovilizado del Bloque Centauro de las autodefensas, confesó que los crímenes fueron ordenados por Vicente Castaño Gil y ejecutados por un grupo al mando de Salvatore Mancuso. Por los mismos hechos ya fue condenado a 25 años de prisión el excabecilla paramilitar Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín, quien se acogió a sentencia anticipada.


ECONOMÍA

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Plutocracia o democracia

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HECHOS

& COMENTARIOS La inversión social en 14 años de Revolución Bolivariana iniciada por el fallecido mandatario Hugo Chávez llegó al 62,5 por ciento del ingreso público de Venezuela, destacó hoy el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri. Equivalente a unos 551 mil millones de dólares invertidos desde 1999 en el bienestar de la población. La actual cifra de inversión social supera con creces al 36,7 por ciento registrado antes del triunfo del proceso bolivariano, afirmó Eljuri en una entrevista concedida al canal Globovisión. Revolución Bolivariana ha invertido 551 mil millones de dólares en beneficios sociales. En: http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/09/18 (Consultado el 18 de septiembre de 2013). &&&&&

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l pasado 10 de septiembre del año en curso, el periódico Portafolio publicaba un artículo intitulado “Colombia tiene hoy 55 ultra ricos menos”. Del estudio se desprendía que los nacionales en ese rango son 635, su patrimonio total alcanza los US$80.000 millones, arrojando un promedio de US$126 millones, como lo muestra el cuadro donde se transforman esas cifras a pesos colombianos con un precio del dólar de $1.919.54. De las cifras que se observan, se pueden comparar estas fortunas sumadas con el presupuesto nacional del año 2013 que fue de $185,5 billones de pesos para que funcionen todas las entidades y órganos de gobierno y de poder. La gran diferencia que deja ver esta distribución de la riqueza, es que una cifra de estas, solo la acaparan y la disfrutan 635 mortales de nacionalidad colombiana; la otra cifra, que es muy equiparable en monto, es para pagos de infraestructuras, insumos, gastos, costos de funcionamiento y las nóminas del mismo Presidente de la República, ministros, senadores, magistrados, maestros, médicos, abogados, militares, policías y demás profesionales al servicio del Estado, con el fin de lograr llegar a satisfacer necesidades básicas a una población de casi 48 millones de colombianos. Pobreza e indigencia año 2012 Ahora, como existe un principio de polaridad, ocurren desequilibrios sociales, económicos y políticos, que se pueden ver alterados por modelos implantados para beneficios de un puñado de particulares acaparadores del

capital, como lo es el modelo capitalista. Cuando la riqueza se concentra en unas pocas manos, su efecto negativo se ve reflejado en porcentajes de índices de pobreza a un 32,7 por ciento o 15,6 millones de personas que a diario sobreviven con US$3,6 dólares al día o siguiendo con la conversión anterior, unos $6.910 pesos colombianos y el de línea indigencia a un 10,4 por ciento o 4,9 millones de personas con ingresos de US$1.6 dólares diarios o $3.071 pesos colombianos, para el año 2012 según porcentajes reportados por el DANE y sus nuevos parámetros de medición. Desigualdad limita la democracia De lo anterior, existe evidencia académica y estudios que han demostrado como incide negativamente dentro del constructo social la inequidad y la alta concentración de la riqueza. Como lo formuló en enero del año 2012 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la Conferencia “Violencia y desigualdad limitan la democracia y son causa de pobreza y subdesarrollo”. En este sentido, y tal como fue señalado en el documento “La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir”, que la CEPAL presentó, en el ámbito de la democracia el Estado debe generar los espacios para la participación de los sectores excluidos. “Sólo será

Suscríbase a

La verdad del pueblo

posible mejorar la situación de seguridad de nuestros países con más y mejor Estado, con más y mejor política, con más y mejor gestión”. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, señaló que los países con mayores inequidades de ingresos son más proclives a ser afectados por delitos violentos que las sociedades más igualitarias. Por otra parte, el crecimiento con una mejor distribución del ingreso y mayor transparencia contribuyen a evitar la violencia, agregó. La titular de la CEPAL advirtió el costo de la violencia en términos de desarrollo y recurrió al ejemplo de Centroamérica, donde éste alcanzó un 7,7% del PIB en 2006 con pérdidas en los sectores de salud, seguridad pública, justicia e infraestructura, entre otros. Por ello, se requieren formas de organización social que permitirían profundizar la vía democrática a través de una justa distribución de la riqueza, modelos autogestionarios de administración, complejos equilibrados de trabajo y remuneración acorde al esfuerzo y al sacrificio1. * Economista Investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales (CEIS). 1 Kreimer, Roxana. Desigualdad y violencia social: Análisis y propuestas según la evidencia científica. Editorial Anarres. 2010.

Informes en: Carrera 13A No. 38 - 32 Teléfonos: 232 14 61 y 320 20 35 Bogotá, D.C.

“Mientras exista el sistema capitalista los pueblos se van a organizar para hacer una lucha contra ese sistema que hace mucho daño a la humanidad”, indicó Morales durante una reunión con la Central Obrera en el departamento de Santa Cruz, e insistió en que “la lucha va a seguir mientras exista el imperialismo”. En otra parte de sus declaraciones, aseguró que su Gobierno actuará firmemente contra las políticas neoliberales que buscan acabar con las riquezas y recursos de los pueblos, calificándolo de objetivo inevitable para sí mismo. Evo: “Mientras exista el capitalismo los pueblos van a organizarse para luchar contra él”. En: http://www.librered. net/?p=29376 (Consultado el 18 de septiembre de 2013). &&&&& La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró el 13 de septiembre que para que el país sudamericano progrese, “no se necesita apenas el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)”, sino que se necesitan también “más médicos” y “empleos de calidad”. En una ceremonia de formación de 2.634 alumnos del Programa Nacional de Acceso al Enseño Técnico y Empleo (Pronatec), realizada en el estado de Minas Gerais (sureste), la mandataria brasileña dijo que no se puede “aceptar aquella historia antigua” de que un país puede ser rico con su población pobre. Rousseff: Progreso de Brasil requiere más que crecimiento del PIB. En: Diario del Pueblo Chino, http://spanish.peopledaily.com.cn/31620/8400727. html (Consultado el 18 de septiembre de 2013).


INTERNACIONAL

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La crisis en Siria

Abierto el canal diplomático La propuesta rusa de que Siria ponga a disposición de un organismo internacional su arsenal de armas químicas, frustra, de momento, las pretensiones intervencionistas norteamericanas AІϼϿЌЎЉ AϽϿАϿϾЉ

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os planes de intervención militar en Siria, bajo el pretexto de que el gobierno de Damasco habría utilizado gas sarín y otras armas químicas contra la población civil, causando la muerte de centenares de personas, ha quedado de momento en suspenso. Contra la orden ya dada por el presidente Obama de intervenir militarmente en Siria, se interpusieron varias situaciones: primero la propuesta rusa de que el gobierno sirio entregue las armas químicas que posee, a alguna agencia internacional. Segundo, el grado de oposición mundial a una nueva aventura militar por parte de los Estados Unidos, que fue creciendo con el correr de los días, en la medida en que la opinión pública recordó los

John Kerry, secretario de Estado norteamericano y Serguei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, artífices del acuerdo sobre Siria.

pretextos de la Casa Blanca para justificar la invasión a Irak, que resultaron falaces. En tercer lugar, la circunstancia de que la CIA, Arabia Saudita y Qatar, que han estado enviando armamento a los grupos “opositores” a Bashar al Assad, perdieron la cuenta de qué tanto armamento han enviado y les preocupa que este arsenal termine en manos de sus enemigos o de grupos fundamentalistas que podrían atomizar al país y convertirlo en una amalgama de feudos, inmanejables, como ocurrió en Libia. “Al Asad es mejor que Al Qaeda”, han comenzado a decir algunos aliados de Estados Unidos en la región.

Alcanzar la paz

Tiroteo en Washington

Una sociedad enferma Tras el próspero negocio de la industria armamentista, la existencia de una sociedad enferma, son factores que combinados, explican la ocurrencia frecuente de matanzas como la de la Armada de Washington, la semana pasada

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ocho kilómetros de la residencia del presidente Obama, a pocas millas de las oficinas de la Casa Blanca y no muy lejos de la sede del Congreso de los Estados Unidos, hacia las ocho y media de la mañana del pasado lunes 16 de septiembre, en la sede del Comando de Sistemas Navales de la Armada de Washington, uno de los edificios estratégicos de la defensa de los Estados Unidos, se desató una balacera. Trece personas resultaron muertas, una docena más heridas y algunas con lesiones de gravedad, que todavía permanecen en tratamiento médico intensivo. Las autoridades identificaron al autor de los disparos como Aaron Alexis, un veterano de la Marina, que se graduó como oficial de electrónica y fue condecorado con la Medalla del Servicio de la Defensa Nacional y la Medalla al Servicio en la Guerra Global contra el Terrorismo. En la justificación de los móviles, las autoridades indicaron que Alexis, que habría actuado de forma individual, en un acto de retaliación por algún malestar con la institución a la que pertenecía, y padecía “problemas de ira asociados con el síndrome de estrés postraumático”.

En el campo de los opositores a una aventura bélica, ha tenido mucha fuerza la opinión pública norteamericana, que mayoritariamente rechaza la agresión a Siria. Obama, además, no está seguro de contar con los votos suficientes en la Cámara que autoricen la acción militar en el Medio Oriente. En círculos periodísticos europeos corre la versión de que el presidente ruso, Vladimir Putin, le “cogió la caña” al vicepresidente norteamericano, que en Londres insinuó que una entrega de armas químicas por parte de Siria evitaría la confrontación militar. La propuesta rusa en ese sentido se conoció de inmediato.

La nueva matanza se produce en momentos en que se debate el problema de la tenencia de armas por parte de los particulares, y cuando recién se había conmemorado un aniversario más de los atentados contra las torres gemelas, del 11 de septiembre. El nuevo episodio, pone en evidencia la existencia de una sociedad enferma en ese país. Estados Unidos tiene un porcentaje de homicidios 20 veces más alto que el promedio de los países pertenecientes a la OCDE. Unas 30 mil personas murieron cada año, en los últimos tiempos, en Norteamérica por arma de fuego. Una muerte cada 20 minutos. De éstas, 18 mil lo fueron por suicidio, el resto por asesinato. Desde 1982 se han registrado al menos 62 masacres (con más de cuatro víctimas). El 75 por ciento de las armas empleadas en estas matanzas, fueron adquiridas legalmente en tiendas autorizadas. Es de anotar que Estados Unidos no cuenta con un sistema de salud mental, pues el que había fue privatizado bajo el gobierno de Ronald Reagan y posteriormente desapareció. Solamente personas con mucho dinero pueden acceder a tratamientos semejantes, en clínicas especializadas.

Ahora, el canal diplomático ha prevalecido por encima de la confrontación y los cohetes Tomahauwk deberán quedarse en sus plataformas antes de ser lanzados contra el pueblo sirio. Lo que no quiere decir que las amenazas de intervención militar hayan cesado.

La vía de la negociación iniciada, no pone fin, de ninguna manera, al sufrimiento del pueblo sirio. Al Asad intentó condicionar la entrega del arsenal químico, a la idea de que Estados Unidos suspenda la ayuda a los grupos terroristas y anuncie públicamente que desiste de la agresión a Siria. Esto no se consiguió y el gobierno de Damasco debió aceptar la propuesta rusa sin más condicionamientos. Pero el giro que ha tomado la cuestión siria, además de muchas otras enseñanzas, muestra que Estados Unidos ya no tiene el poder suficiente para hacer cumplir sus decisiones, una realidad que Obama se niega a aceptar. La era de la superioridad incuestionable de Estados Unidos ha terminado, así su dominio global no tenga rival. Washington ya no puede por sí solo marcar su camino, imponer su agenda. Y se evidencia además, que si la gente quiere la paz y se moviliza por ello, puede alcanzarla. Esto es válido en cualquier rincón de la tierra.

Nueva agresión contra Venezuela

Caracas.- En declaraciones ofrecidas a la prensa el pasado 19 de septiembre, el canciller venezolano, Elías Jaua, calificó como “una agresión” contra el gobierno y el pueblo de su país, la decisión del gobierno norteamericano de prohibir que el avión presidencial cruce el cielo de Puerto Rico, un país que aparece como colonia norteamericana. En ese vuelo, el presidente Maduro proyectaba una visita a China, para suscribir nuevos contratos de cooperación con el país asiático. El presidente boliviano, Evo Morales, que fue objeto de una medida similar, reaccionó diciendo que con este acto “Estados Unidos demuestra su prepotencia de seguir humillando a gobiernos y cometiendo crímenes contra los pueblos”.


TEORÍA Y CRÍTICA

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Víctimas y tierras en Colombia (I) SϿЌЁЃЉ DϿ ZЏϼЃЌйϻ SϻЇЊϿЌ

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os análisis sobre la reciente protesta agraria han subrayado sus causas económicas y sociales, pero existe un ámbito que poco destacan los diagnósticos: la victimización de la población campesina en las últimas décadas. Además de su reconocimiento como sujetos políticos, el campesinado y los trabajadores agrícolas, están expresando las huellas profundas de su sufrimiento como víctimas. El patrón de abandono, despojo de tierras y desplazamiento forzado durante los últimos treinta años es determinante para comprender la actual lucha social en el campo colombiano. La condición de víctimas centrales del conflicto y de las políticas institucionales es condición ineludible para abordar la problemática campesina en nuestro país. La magnitud del daño moral y material tendrán que ser reconocidos por el Estado colombiano para construir las bases seguras para la paz. Algunas recientes investigaciones académicas y sentencias judiciales se orientan en la dirección de esta acción de reconocimiento como víctimas y destacan la gravedad de la problemática. La histórica sentencia T-025 de la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en relación con los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado. Documentos de ONU, Movice, Codhes, CPDH, Comisión Colombiana de Juristas, Centro Internacional para la Justicia Transicional, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz e investigaciones académicas (Garay, Barberi, Vargas, Bolívar, Sánchez, Uprimny, Antequera, Forer, Salinas, Saffón), han llamado la atención sobre la magnitud y profundidad de los efectos en las víctimas de la población campesina. Determinaciones conceptuales En el proceso de victimización es conveniente establecer ciertas distinciones entre abandono, despojo y usufructo de tierras. El abandono es el acto mediante el cual el propietario, poseedor o tenedor tiene que desplazarse del lugar y dejarlo por la acción de una violencia sistemática. El despojo es cuando los agentes legales o ilegales aprovechan el entorno de intimidación para forzar a los campesinos a vender sus tierras o a transferir la propiedad a victimarios o testaferros. El usufructo es el tipo de relación y utilización que hacen de las tierras los victimarios o terceros. Estas distinciones para subrayar que al momento del desplazamiento no necesariamente se ha producido el despojo de tierras y que siempre hay que indagar lo sucedido luego de la acción de desplazamiento. Y que el usufructo se hace a veces de manera legal, por ejemplo, macropoyectos productivos de carácter privado, y en otros casos a través de la falsificación y la ilegalidad. Las investigaciones deben mostrar en el trascurso del proceso de desplazamiento, “¿qué tanto despojo se materializó, qué tanto abandono se mantuvo como tal, qué tanto usufructo de tierras abandonadas ha habido a cargo de victimarios o terceros de buena o mala fe?” (Garay). El patrón del desplazamiento forzado en Colombia muestra la estructura de la propiedad y la violencia: concentración de la propiedad, latifundio improductivo, informalidad en relación con la

Más de cinco millones de colombianos han sido desplazados.

propiedad de la tierra e incremento del despojo entre 1998-2008. Escasamente el 22 por ciento de los campesinos que han sido despojados de sus tierras cuentan con una escritura registrada de su propiedad y más del 70 por ciento son meramente poseedores o tenedores. Características del abandono y despojo El estimativo de la población colombiana considerado como víctima es aproximadamente el 11 por ciento y de ese porcentaje el 63 por ciento es población joven, menor de 25 años. Lo que indica que las generaciones futuras llevan la marca indeleble de la memoria de las víctimas. El proceso de victimización masiva en el mundo rural contiene magnitudes alarmantes. Según los propios datos oficiales se estima que entre 1980 y 2010 se han abandonado y despojado cerca de 6,6 millones de hectáreas, lo que representa el 15,4 por ciento de la superficie agropecuaria del país. El número de hogares afectados es del orden de 434.000, que supera más de dos millones de personas sometidas al despojo forzado de tierras. Un 40 por ciento es menor de 15 años y 45 por ciento tienen exclusiva dirección femenina. Según Codhes y IDMC, más de cinco millones de colombianos viven lejos de sus hogares por desplazamiento forzoso. El abandono y despojo de tierras se ha

producido a través del uso de la fuerza. El principal actor desplazador son los grupos paramilitares con cerca del 40 por ciento de acciones entre 1980 y 2004. El 40 por ciento de los desplazamientos han sido masivos (más de 10 hogares simultáneamente) y el 28 por ciento grupal (entre 2 y 10 hogares). Un 82,9 por ciento de los hogares manifiesta que abandonaron sus bienes rurales en el momento del desplazamiento y un 9 por ciento expresa que tuvo que entregarlos o venderlos de forma presionada. Más del 30 por ciento aducen no tener ningún conocimiento sobre el destino actual de sus tierras despojadas. Dos características son de carácter dramático. La primera, las tierras despojadas eran de buena o aceptable calidad, con agua, cultivables y en tierras planas. La segunda, no todo el campesinado era pobre antes del desplazamiento, ya que el 51 por ciento se consideraba pobre y tan sólo el 31% en niveles de indigencia; luego del desplazamiento los hogares padecen un nivel de pobreza del 97 por ciento y de indigencia del 78 por ciento. La Comisión de Seguimiento ha intentado evaluar los daños materiales e inmateriales en los 30 años y ha tasado los daños económicos en $80 billones y los daños morales en $164 billones. Una cifra de $244 billones que se acerca al 35 por ciento del PIB colombiano. La magnitud y profundidad de la victimización rural exige unas políticas públicas de largo aliento para arraigar la paz en Colombia.


JAQUE MATE

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Solidaridad con Ballesteros

El desprestigio de la policía

Continúa la solidaridad con el dirigente sindical y de Marcha Patriótica, Huber Ballesteros, detenido desde hace varias semanas, víctima de un montaje judicial. Desde Londres, el Sindicato UNITE, uno de los más influyentes en el Reino Unido con un millón y medio de afiliados, se pronunció en demanda de su inmediata libertad. Simon Dubbins, director de Trabajo Internacional de UNITE, le hizo llegar una carta de solidaridad en que le dice, que “nuestros pensamientos y firme solidaridad están contigo y tus compañeros y compañeras y ten la certeza de que UNITE no cesará en sus esfuerzos, y que trabajaremos con Justice for Colombia, nuestros sindicatos hermanas y el movimiento sindical y laboral hasta que tengas tu libertad”.

La Policía Nacional es una de las instituciones con mayor desprestigio. Una reciente encuesta a la pregunta “¿Qué tanta confianza tiene en la Policía?”, el 66.4 por ciento de los encuestados respondieron que poca o ninguna confianza. El creciente desprestigio es asumido por varios de los generales con prepotencia y descalificaciones. El director general Palomino se ha enfrentado al alcalde de Bogotá, secundado por el ministro Juan Carlos Pinzón, después de la masacre del Night Club en el sur de la capital. Inclusive el general Martínez, comandante distrital, llamó “pelagato” a un abogado. Así será difícil que recupere la imagen. Igual ocurrió frente a los desmanes del Esmad contra las movilizaciones populares recientes. En diez años la imagen policial tuvo una baja del 20 por ciento.

El trapo patriotero El presidente Juan Manuel Santos, muy bien asesorado por sus publicistas, le echó mano al “trapo patriotero”, aprovechando el litigio con Nicaragua, para mejorar su imagen deteriorada tras las movilizaciones agrarias y populares recientes. Quiere recobrar la imagen perdida, asumiendo una posición beligerante contra el país centroamericano, peligrosa porque puede generar un conflicto con un país hermano y latinoamericano. Según dicen analistas políticos, es difícil que Santos recupere su imagen de capa caída. Jaime Caycedo, Secretario General del Partido Comunista Colombiano, dijo en una declaración este fin de semana, que “el paro agrario y popular hundió la reelección de Santos”.

Contradicciones en la UN Cada vez son más serias las contradicciones en la Unidad Nacional. Conservadores y liberales, así como varios miembros de la U, no aceptan a Germán Vargas Lleras, director de la Fundación Buen Gobierno, dedicada a la promoción del presidente Juan Manuel Santos. El ex presidente César Gaviria arremetió con todo contra Vargas Lleras; jefes conservadores y de la U tampoco lo pasan. Los verdes van de salida de la unidad nacional aunque a Lucho Garzón se le ve muy cómodo en la burocracia. Todo indica que habrá división de los verdes por la reciente alianza con progresistas. Peñalosa está más del lado de Uribe y Lucho de Santos.

VOZ y el PCC en Fiesta de L´Humanité

Jaime Caycedo en una de las actividades programadas por el Partido Comunista Colombiano y Marcha Patriótica, durante la fiesta de L´Humanité, los días 13, 14 y 15 de septiembre del presente año.

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e nuevo el semanario VOZ y el Partido Comunista Colombiano estuvieron presentes en la Fiesta de L´Humanité, diario del Partido Comunista Francés, que todos los años se realiza en París, en el mes de septiembre, al final del verano. Como el año pasado, también la Marcha Patriótica tuvo su propia caseta. Las actividades políticas concentraron la atención de colombianos y europeos, que concurrieron al escenario de la fiesta a pesar de la lluvia que fue intensa por momentos. Jaime Caycedo Turriago, Secretario General del Partido Comunista Colombiano, participó en la fiesta, con una intensa agenda de actividades para explicar y analizar la compleja situación colombiana, en

La frase de la semana

Clavos Calientes

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tiempos de los diálogos de paz y del ascenso de la lucha popular como no lo hubo en los últimos años. Caycedo habló sobre las perspectivas de la unidad de la izquierda y de los sectores democráticos, que se convierte en una necesidad para la paz con democracia y justicia social. Destacó la importancia del movimiento social y político Marcha Patriótica y de la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz y de la democratización de la vida nacional. Después de la movilización agraria y popular la reelección del presidente Santos está sin casi ninguna posibilidad. Los comunistas en Francia y en el exterior aportaron 1.500 euros para las finanzas del semanario VOZ.

“Para el país sí va a ser muy difícil explicarle al mundo que el primo hermano de Pablo Escobar, (…) es un miembro del parlamento”. Ex presidente Andrés Pastrana en entrevista a la revista Semana.


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PR M E I S POR LA

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¿Cuál es la “paz” de Santos? LA VERDAD DEL PUEBLO

en lucha, se burla una y otra vez de las exigencias populares. Paz sin cambios

El presidente Juan Manuel Santos debilita la mesa de diálogo con las pretensiones de unilateralidad.

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as recientes y gigantescas movilizaciones campesinas, que vincularon además a sectores de la pequeña y mediana minería, la salud, la educación pública, hidrocarburos (acaban de entrar en huelga 12 mil trabajadores de Reficar en Cartagena), transportadores, usuarios de los servicios públicos y otros, mostraron que más allá del conflicto armado, existe en el país un hondo conflicto social que durante años distintos gobiernos miraron por encima del hombro. Esta semana campesinos de tres departamentos se levantaron de las mesas de negociación con el Gobierno por que

los ministros del Interior y Agricultura no volvieron a aparecer; es la historia de siempre, al gobierno solo le preocupa que se levante el paro pero se desentiende de las soluciones sociales, solo que esta vez parece que los campesinos están dispuestos a no dejarse tomar del pelo. Octubre y noviembre serán meses de intensa movilización. El presidente Santos no solo hace groseras imposiciones por fuera de la mesa de diálogos en La Habana, como las del marco jurídico para la paz, el referendo; la negativa de interlocución entre insurgencia, parlamento y partidos políticos, la limitación de espacios para la participación de la sociedad, sino que, hace oídos sordos ante los reclamos y propuestas de los distintos sectores sociales que se levantan

El régimen se empecina en imponer una “paz” sin cambios políticos y sociales. Las elites dominantes acrecientan sus privilegios mientras las mayorías nacionales se hunden en el hambre y la pobreza. El país reclama reformas de fondo. El modelo neoliberal ha significado empobrecimiento, desempleo, crisis de la salud y la educación pública, quiebra de la agricultura, saqueo de los recursos naturales. Los TLC son la ruina de los sectores productivos del país. Las dos leyes de víctimas, de Uribe y Santos, son un rotundo fracaso. Las tierras despojadas finalmente están siendo tituladas a las transnacionales; el modelo Carimagua, Montes de María y Vichada de los Urrutia, Riopaila, Sarmiento Angulo, Cementos Argos, y el empresariado antioqueño tiene luz verde, mientras tanto cinco millones de campesinos siguen desplazados, esperando la prometida restitución de tierras. Santos reclama “seguridad jurídica” para los latifundistas pero la niega a los campesinos. El régimen se resiste a reformarse, aspira a punta de fusil y judicialización de la protesta social a mantener el statu quo. La historia se repite En estos días el profesor Medófilo Medina recuerda que después del paro cívico de 1977, 33 altos mandos militares asustados por la dimensión de la protesta le llevaron a López Michelsen un documento para proveer de facultades extraordinarias a las Fuerzas Militares en el manejo de la protesta

social. López le endosó a Turbay Ayala el documento que fue convertido entonces en el nefasto “Estatuto de Seguridad”, de las detenciones, torturas y desapariciones forzadas. Ahora ocurre algo parecido, el ministro de la guerra Juan Carlos Pinzón, anunció que duplicará el aparato represivo y criminal del ESMAD y la presentación de un proyecto de ley que busca aumentar penas como mecanismo para “judicializar el terrorismo y el bloqueo de vías” entre otros. La obsesión del régimen es limitar las libertades e impedir los anhelos democratizadores de la sociedad. Hace poco habían impuesto ya la “ley de seguridad ciudadana” que no provee seguridad, sino que judicializa la inconformidad de los ciudadanos. No satisfechos, impusieron el fuero militar para disponer de impunidad en sus operativos para aplastar la inconformidad social. Maquinan un remedo de paz, mantienen un multimillonario presupuesto de guerra mientras la población se ahoga en necesidades de toda índole; millones de dólares en pauta publicitaria para maquillar la imagen militar, pacto de “seguridad” con la OTAN, compra de drones maniobrados a control remoto, aumento del control social, convivencia de batallones militares con el paramilitarismo, plan para convertir al país en una gran cárcel. Pareciera que el establecimiento no se da cuenta que el país es hoy una gran olla a presión. La mesa de La Habana tendrá futuro si cede la mezquindad de una oligarquía cicatera. Señor Santos, no se equivoque, somos 44 millones de Colombianos los que reclamamos cambios. La paradoja puede ser que una insurrección de masas desarmadas imponga la democracia tantas veces negada.

Marco jurídico y referendo

Afectan estabilidad de la mesa HϿЌЈϻЈϾЉ LюЊϿД

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l culminar, el pasado 19 de septiembre, la 19 ronda de la Mesa de Diálogo de La Habana, las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP informaron que: “Continuaron avanzando en la construcción de acuerdos, en comisión de redacción, en torno al segundo punto de la Agenda de conversaciones sobre participación política, específicamente sobre: Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad”. “Igualmente discutieron e intercambiaron visiones y propuestas sobre

otros temas de la Agenda que permiten ir organizando el diálogo a desarrollarse en ciclos posteriores”, según está consignando en el comunicado conjunto. Anunciaron la realización del Foro sobre el tema de la solución al problema de las drogas ilícitas, organizado por la oficina de la ONU en Colombia y el Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional, a realizarse en Bogotá los días 24, 25 y 26 de septiembre, y en San José del Guaviare el 1, 2 y 3 de octubre. Aunque ambas partes reconocenn avances importantes como nunca antes había ocurrido, subsisten contradicciones y diferentes enfoques, según trascendió de las declaraciones divulgadas. Para el doctor Humberto de la Calle Lombana es necesario imprimirle más celeridad a los resultados concretos que “el país espera”. Es el planteamiento que se escucha al final de cada ronda y que las FARC han denominado la “paz exprés” del Gobierno. El comandante Iván Márquez, vocero de

Iván Márquez, vocero de paz de las FARC-EP.

la delegación de paz de las FARC-EP, reafirmó la oposición al “marco jurídico de paz” ya aprobado y al referendo constitucional que hace tránsito en el Congreso, porque “son imposiciones gubernamentales y actos de unilateralidad inaceptables”. Las FARC

defiende el carácter bilateral del diálogo y de las decisiones en el marco del Acuerdo General de La Habana para ponerle fin al conflicto y construir la paz estable y duradera. El nuevo ciclo de conversaciones se iniciará el próximo tres de octubre.


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COCA Y PAZ Propuesta campesina de sustitución ★

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ntre el 31 de agosto y el 1º de septiembre del presente año, organizada por la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, se realizó en El Tarra, Norte de Santander, la «Asamblea regional de cultivadores y recolectores de la hoja de coca por la construcción de la paz con justicia social del Catatumbo». Participaron en ella más de 4.000 campesinos y campesinas de la región, representando a 365 Juntas de Acción Comunal de igual número de veredas de 10 municipios (tres más de los incluidos en el Plan de Desarrollo Sostenible para la conformación de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Catatumbo). El objetivo de esta masiva reunión era generar propuestas por parte del campesinado de los diferentes municipios, corregimientos y veredas de la región del Catatumbo, referentes a la sustitución de los cultivos de uso ilícito. El resultado más patente de la asamblea fue que los campesinos de la región mandataron a Ascamcat para que adelantara con el gobierno nacional las negociaciones pertinentes para diseñar y ejecutar un plan de sustitución que les permita quitarse de encima el estigma de delincuentes que les han endilgado las autoridades colombianas, en particular las militares, por el sólo hecho de haber tenido que dedicarse a un cultivo hipócritamente satanizado y en razón de los procesos de desplazamiento de que han sido víctimas.

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Disposición de campesinos Para los campesinos, no fue fácil. Como señalaba un delegado a la asamblea (cito de memoria), «la coca es nuestro ministerio de educación, porque con lo que recibimos por ella mandamos a nuestros hijos a la escuela; es nuestro ministerio de salud, porque ella nos da para comprar las medicinas; en últimas, ella es nuestro gobierno». Abandonar los ingresos que ella genera, aún en medio de la persecución y la estigmatización, es una especie de salto al vacío que los campesinos están dispuestos a dar, obviamente, bajo ciertas condiciones. ¿Cómo debe ser la sustitución, según los catatumberos? En el debate adelantado en varias mesas de discusión, los campesinos definieron como condiciones para integrar un programa

Erradicadores manuales de cultivo de coca.

de sustitución las siguientes: La sustitución de la que ellos hablan, más que una sustitución de la coca por otro tipo de cultivos (cacao, café, yuca, plátano, etc.) o por cualquier tipo de ganado, es una sustitución de la fuente actual de sus ingresos por otra que les permita, elevando su remuneración actual, trabajar en condiciones de tranquilidad, sin la zozobra de que, en cualquier momento, los aviones militares fumiguen sus cultivos o el ejército llegue con su equipo de erradicadores manuales a arrancar, por la fuerza, sus cultivos. Esta condición abre la posibilidad de que el programa de sustitución contemple el uso de la hoja de coca para fines alimenticios, medicinales y curativos, como ya se hace en otros países y aquí mismo, en Colombia. Si bien es cierto que los campesinos del Catatumbo no tienen experiencia en este tipo de transformación de la hoja de coca, el programa puede contemplar procesos de capacitación al respecto. El programa de sustitución se enmarca dentro del propósito de hacer del Catatumbo una tierra de paz, sobre lo cual se negocia en el momento con el gobierno, y, en consecuencia, debe entrar a formar parte del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) elaborado como condición para la designación de la región como ZRC. Esto significa que los campesinos no abandonan

la reivindicación central que los ha movilizado en los últimos tiempos. Por el contrario, al reafirmar a la ZRC como el horizonte al cual aspiran, están planteándole al gobierno y al país que un elemento central de su lucha es el logro del reconocimiento y la consecuente protección de su identidad como campesinos, de la cultura que ella comporta y de su derecho a ejercer su territorialidad en el marco de la ZRC. Cambio radical Exigen, también, los campesinos del Catatumbo un cambio radical en la política pública dirigida al sector agropecuario, en términos de mejora de la inversión en aspectos productivos, sociales y de infraestructura, de eliminación de acuerdos comerciales gravosos para la producción nacional (TLC), de control de precios de los insumos agropecuarios, de mejoramiento de la infraestructura y los canales de comercialización, de manejo cuidadoso y patriótico de la biodiversidad y los recursos naturales. Con esto, los campesinos del Catatumbo, precursores con su movilización de comienzos de año del reciente Paro Agrario Nacional, se sintonizan con las reivindicaciones que llevaron al campesinado colombiano a realizar esta importante demostración de resistencia.

Otra exigencia de los campesinos es la de que el gobierno cumpla con el compromiso solemne de reparar a las cuatrocientas familias víctimas de la erradicación forzosa que dio origen a la última gran movilización de 53 días. Esta reparación debe acompañarse con la ejecución de los proyectos que, por 104.000 millones de pesos, figuran en el PDS de la Zona de Reserva. Otros condicionamientos de los campesinos al programa de sustitución apuntan a lograr que su elaboración y ejecución sean concertadas con las comunidades y con el conjunto de fuerzas sociales que operan en la región, dándole a Ascamcat el debido reconocimiento que, como organización de los campesinos cocaleros, se ha ganado en la conducción del movimiento social. Se exige, asimismo, la inclusión de los recolectores de hoja de coca (raspachines), de los llamados «amedieros» y de las señoras que cocinan para campesinos y recolectores como beneficiarios del programa de sustitución, dotándolos de tierra y de los recursos necesarios para adelantar sus proyectos de vida. Igualmente, insisten, con razón, en el carácter gradual que debe tener el programa, fijándose como plazo para abandonar completamente el uso ilícito de la hoja de coca un horizonte de 10 años. La negociación apenas comienza. ★


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Septiembre 25 de 2013

Fumigaciones indiscriminadas a los pequeños cultivos de coca.

Los efectos que producen las fumigaciones con glifosato a los cultivos de pancoger y al medio ambiente.

Un Estado incumplido con los campesinos ★

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istintas protestas culminan en acuerdos que luego deben reclamarse otra vez protestando. Los campesinos e indígenas se vieron obligados a especializarse en realizar jornadas que obligan a representantes del Estado a sentarse con ellos y a firmar acuerdos con los que se desbloquean vías, se levantan paros y se suspenden protestas. Por ejemplo los indígenas del Cauca, cada tanto bloquean la panamericana, para recordarle al Estado y a la desmemoriada sociedad urbana que otro pacto anterior no se ha cumplido todavía.

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Paros y marchas Al final de los años 80s diversas regiones fueron escenario de movimientos cívicos que realizaron paros y marchas. Para 1986, el poblado de San José del Guaviare fue testigo de la llegada de miles de colonos campesinos que en éxodo vinieron de la cuenca media del río Guayabero. Manifestaban que habían llegado a esa región como consecuencia de la concentración de la tierra en el centro del país, que desposeídos por la violencia habían sido empujados hasta los confines de la frontera agrícola convirtiéndose en colonos al interior de las selvas de la Macarena, el Meta, Guaviare y Caquetá. Le reclamaban al Estado, la construcción de una vía que comunicara a estos dos últimos departamentos, pedían también la construcción de puestos de salud, escuelas y apoyos para la producción agrícola, pues advertían que el abandono los había convertido en cultivadores de coca y querían que se les ayudara a dejarlos atrás. Los gobiernos de Betancur y Barco acordaron con los campesinos la mayoría de los pliegos, se creó la consejería presidencial de normalización y el plan nacional de rehabilitación. Grandes anuncios fueron hechos previo al fin de la tregua de La Uribe, pero el gobier-

no solo construyó algunas escuelas y abrió una trocha con solo el 30% de lo pactado, mientras que nunca resolvió el tema de salud y menos el apoyo a los agricultores, esto se agravó cuando el gobierno Gaviria liquidó el IDEMA. No obstante, la 7a brigada del ejército sí llegó en toda su fuerza, adelantando la “operación rastrillo” por toda el Guayabero, convirtiendo en objetivo a comunistas reales y supuestos, acusándolos de colaborar con la guerrilla, dislocando las organizaciones campesinas y desplazando gran parte de la población que había salido antes al “éxodo”. Por esa época una coordinadora de movimientos cívicos agrupó en una publicación el conjunto de pactos firmados por el gobierno para levantar las protestas, en donde se observa como la mayoría de dichas tareas fueron incumplidas. Pero la violencia contra el movimiento popular ejecutada por el MAS dio al traste con muchas organizaciones, y cientos de líderes y activistas fueron asesinados. Mientras tanto, el discurso oficial propagó la idea de que “los conflictos se resuelven en paz”, la nueva constitución dio paso al lenguaje de la conciliación y se dejó a los campesinos por fuera de la nueva legislación. Plan de fumigaciones En 1994, los colonos de Miraflores y del río Inírida fueron los primeros en reaccionar ante el plan de fumigaciones que autorizó el Presidente Samper. Éste había dicho, que en menos de seis meses se acabaría con todos los cultivos de coca. Aviones turbo thrush y OV10 asperjaban con glifosato y otros aditivos, no solo sobre coca, sino además el pan-coger campesino, lo que desató un fuerte rechazo de la población. Los pilotos nunca pudieron cumplir recomendaciones de manejo ambiental, tales como fumigar a menos de 10 metros de altura, considerar el efecto derivado por los vientos o las condiciones de la selva tropical, a lo que se sumaron riesgos por el conflicto armado.

Miles de cultivadores de coca marcharon entonces a San José del Guaviare y tomaron su aeropuerto donde se ubica la gran base de policía antinarcóticos, apoyada por EE.UU. El gobierno comisionó a José Noé Ríos quien pactó con los campesinos una diferenciación entre “cultivos industriales” y “cultivos de subsistencia”. Se aceptaba que predios menores a tres hectáreas, eran economía campesina de subsistencia y por tanto no serían fumigados, con ellos se concertaría un plan de sustitución voluntaria, mientras que las grandes extensiones, por estar ligadas directamente a traficantes, sí serían fumigadas y erradicadas de manera forzosa por las autoridades. Pequeños cultivos Aquel acuerdo fue rechazado por la embajada norteamericana, y el Fiscal y el Presidente dieron marcha atrás autorizando el reinicio de las fumigaciones sobre los pequeños cultivos tan pronto los campesinos levantaron su protesta. Antes de un año, tras el homicidio de Álvaro Gómez en Bogotá, el gobierno decretó un estado de conmoción interior y creó unas zonas especiales de orden público, curiosamente sobre zonas cocaleras. Los abusos de la fuerza pública en la zona, la vulneración de los derechos humanos de la población y la destrucción del sustento de la comunidad, desataron nuevas protestas, esta vez desde Calamar y el Retorno. Otra vez se pedía el reconocimiento de los derechos campesinos, la construcción de carreteras, escuelas, médicos, mejoras institucionales, y apoyo estatal a planes de sustitución voluntaria. Por causas similares, la protesta se esparció en el Meta, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Cauca y Magdalena Medio. Se dieron marchas reclamando suspender la fumigación y pidiendo planes de desarrollo rural. Después de dos meses de bloqueos y respuesta oficial por la vía militar y policiva, el gobierno envió delegados que lograron “negociar” en Putumayo, Caquetá y Catatumbo. En Guaviare

no hubo acuerdo, pues los campesinos analizaron que el gobierno solo ofrecía generalidades e inversiones ya incluidas en los programas rutinarios de la administración. Al tiempo los paramilitares de las AUC anunciaban su “ofensiva hacia el sur”, inaugurada con la matanza de Mapiripán, en Julio de 1997. En el Caquetá, la casi totalidad de voceros de las marchas cocaleras que habían sido negociadores, fueron asesinados. En Putumayo al no cumplirse el acuerdo rural, se pasó a la estrategia de pactos sociales de erradicación temprana, mientras que en Catatumbo, 16 años después se sabe que de tales acuerdos ni siquiera se cumplió con la vía que se reclamaba de primera necesidad. Por su parte, los paramilitares del bloque norte exterminaron organizaciones campesinas enteras de esa región, al tiempo que en la frontera con Ecuador sucedía lo mismo. Lenguaje de sustitución Al lenguaje “erradicador” del gobierno central se le antepuso un lenguaje de sustitución desde las regiones, así pareciera que solo ha faltado voluntad para dejar atrás el uso de la fuerza y poder aplicar planes concertados para erradicar por las buenas las matas de coca. En esto puede estar cayendo este foro nacional convocado en el marco del proceso de paz, en una especie de voluntarismo, lo único que faltaría para asegurar que bajo la lógica del lenguaje de la sustitución, se acabaran los cultivos de coca en Colombia. Así se eluden los demás factores socio-económicos que influyen en esta actividad, los elementos globales del negocio, las situaciones denunciadas estos días por los sectores agrarios que protestan en medio de la implementación del desigual libre comercio, y la historia de incumplimientos aquí relatada. * Ex Representante a la Cámara, ex Alcalde de San José del Guaviare, y delegado colombiano al IV Foro Internacional de la Hoja de Coca, La Paz 14 al 16 de agosto del 2013. ★


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Septiembre 25 de 2013

Más dosis de coca para acabar el narcotráfico

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ara los pueblos indígenas, igual que para las comunidades negras, afro y campesinas el narcotráfico, acarrea serios problemas para sus estructuras sociales, pero ellos no son distintos de lo que traería cualquiera otra economía de enclave, con el producto que fuera. El negocio del narcotráfico es tal, solamente para quienes participan de la cadena de distribución, dado que lo que lo hace rentable es su prohibición. Las fabulosas ganancias del narcotráfico, no alcanzan a llegar a los productores agrícolas que aportan plantas como la coca a ese proceso. Es suficientemente conocido, que el dinero se queda en Bancos, industrias y en general en la economía legal. Una prueba de ello es que pese a los incrementos en los precios del clorhidrato de cocaína, el precio de la hoja de coca disminuye en pesos constantes.

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El presidente de Bolivia, Evo Morales, observa algunos de los productos hechos con la hoja de coca.

Coca y mercado A las leyes del mercado no escapan esas mercancías, se cumplen de tal manera que los eslabones de la cadena más débiles, como son los trabajadores jornaleros, recolectores de la hoja, reciben los mismos cuatro o cinco mil pesos por cada arroba cosechada, en los últimos seis u ocho años. El levantamiento campesino en Colombia de agosto de 2013, destapa y denuncia una realidad que arruina al sector rural. Pero tal postración no es solamente económica, sino que se proyecta en el conjunto del tejido social. Se les ha impuesto a las comunidades rurales, condiciones asimétricas por la vía de los tratados de libre comercio y más que un modelo económico, se está

“El levantamiento campesino en Colombia de agosto de 2013, destapa y denuncia una realidad que arruina al sector rural” imponiendo por la fuerza, un modelo cultural, en el que lo deseable, el camino de la felicidad, pasa por convertir a los seres y la Madre Naturaleza en general en una gran cantera de materias primas supuestamente inagotables. Por una parte se exige a los habitantes del campo pervivir materialmente, ser competitivos y eficientes, pero lo dicen quienes imponen su ideal de sociedad, por la vía del pillaje, el des-

pojo y el ventajismo. Baste ver como establecen condiciones de protección, para abrir mercados a sus industrias de investigación y a los desarrollos producidos por estas, se protegen las variedades vegetales objeto de manipulación y se persigue semillas tradicionales. Pasa en Colombia o Chile con las semillas nativas, a las que se les condiciona a cumplir unos requisitos para ser certificadas y usadas o intercambiadas a cualquier título. Se precisa resignificar el mercado, pero especialmente las formas y relaciones que se construyen a su alrededor. La acumulación de dinero no es ni puede ser la única meta de esas relaciones sociales, de lo contrario seguiremos viendo el dantesco espectáculo que significa, a manera de ejemplo, el sistema de salud colombiano, en el que empresas parásitas controladas por el capital financiero, reciben como premio a los homicidios cometidos, el valor de los tratamientos que niegan a las personas y que provocan su muerte. Coca e identidad Lograr posicionar una industria de la hoja de coca, considerando que esta planta hace parte fundamental de la identidad de los pueblos indígenas y como consecuencia de ello, son estos pueblos sus legítimos dueños, es una alternativa viable, que ya funciona. El pueblo Nasa, del departamento del Cauca, produce hace cerca de 15 años alimentos de hoja de coca, con los que ha logrado que se quite el estigma cuidadosamente construido por agencias antidrogas, que equiparan al

clorhidrato de cocaína, con la hoja de la planta sagrada. Esa última tarea ha debido enfrentar un aparato cultural y económico muy poderoso que permeó incluso, sectores que deberían ser los más avanzados políticamente. No se trata simplemente de legalizar las drogas, se trata de cambiar la epistemología construida alrededor de la hoja de coca, entendiendo que ella es víctima, que se reconoce, legalmente inclusive, como una planta prodigiosa, con promisorio futuro industrial. La madre tierra Habría que retomar prácticas exitosas de acabar con los monocultivos de coca o cualquiera otra variedad vegetal establecer cultivos alternados y rotativos y recuperar otras ancestrales formas de producción que respetan los ciclos y derechos de la Madre Tierra, en el mismo sentido que lo han hecho países con sociedades altamente respetuosas y en consecuencia civilizadas,1 contrario sensu de la bárbara y arcaica depredación ambiental de otras sociedades. Insistir en cualquier medida de erradicación o eliminación de los cultivos es aplicar a rajatabla la política de agencias y gobiernos injerencistas, que con la llamada “guerra contra las drogas” intervienen política y militarmente donde les parezca.2 No se trata de cuál represor es mejor, se trata de cambiar el modelo represivo. La descripción nutricional de la hoja de coca y los potenciales usos industriales que tiene, la convierten en una suerte de oro verde. ¿Podría alguien pensar que el

oro ‘amarillo’, debe destruirse por haber demasiadas minas que lo producen? Una sencilla medida de mercado que solucionaría varios problemas a la vez, sería crear una norma ‘espejo’ que impidiera que a Colombia ingresaran productos que contengan cereales y otros vegetales que hayan sido objeto de manipulación genética, en aplicación del principio de precaución, de la misma forma que en otros países se imponen sibilinas barreras fitosanitarias a los productos del agro colombiano. Remplazar solamente el gran mercado del maíz de un solo país allende el Rio Bravo, significaría tener que volver a sembrar las cerca de 70 mil hectáreas que Colombia ha perdido o reemplazarlas parcialmente con quinua, coca y otros. Conclusión, se requieren más dosis de hoja de coca industrializadas y construir un amplio mercado de la hoja de coca para combatir el narco, en el mismo sentido que ella cura y previene las adicciones al clorhidrato y sulfatos de cocaína. * Administrador Público, Director de la Industria Indígena Coca-Nasa, y delegado colombiano al IV Foro Internacional de la Hoja de Coca, La Paz 14 al 16 de agosto del 2013. 1 Ley sobre derechos de la Madre Naturaleza en Bolivia y Capítulo en la Constitución de Ecuador. 2 Por ejemplo, el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha sido descertificado en sus esfuerzos antidrogas, pese a no tener cultivos de uso ilícito e incautar drogas y detener narcos colombianos continuamente. ★


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Septiembre 25 de 2013

La mata que no mata benéficos tienen las de perder frente a los que producen más ganancia. El mercado capitalista, está enamorado de la híper-ganancia de la cocaína, y esta resulta no ser buena o mala para la salud, sino por estar prohibida. Resaltando que la híper-ganancia se concentra en el mercado terminal: cualquier cocalero presente en este foro, sabe que el precio que recibe por la pasta básica está prácticamente quieto hace 15 años; también sabemos por fuentes oficiales mexicanas que el mas narco de los narcos de América Latina lo máximo que ha logrado al vender cocaína en la frontera sur de EEUU es por 20 mil dólares el kilo, mientras en los mercados al detal del norte -cuando el precio esta malo- se vende en 100 mil el kilo, entonces la híper-ganancia de la cocaína dentro de los países demandantes es como mínimo 80 mil dólares por kilo.

Té hecho a base de hoja de coca.

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ace 100 años, se publicó en Lima el artículo “El cocainismo y la raza indígena” de Hermilio Valdizán, quien entonces estudiaba psiquiatría en Europa, en ese texto se eludían todas las investigaciones científicas previas, y se trasladaba sin rigor las primeras condenas a la cocaína, camuflando de ciencia la leyenda negra de la hoja de coca. ¿Motivos? La ciudad criolla en sus remembranzas virreinales, era ávida de argumentos que le permitieran -en pleno siglo XX- reafirmar su “superioridad racial” sobre esos “pobres seres inferiores”, sobre esos “indios víctimas de la coca” que poblaban el Perú. Las implicaciones de esa condena racista, vinieron en el medio siglo siguiente, en 1950 el trivial Informe de la Comisión de Naciones Unidas de estudio de la Hoja de Coca, que sirvió de soporte a la inclusión en 1961 de la hoja en la Convención de Estupefacientes.

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La tutela de Coca-Nasa Hace cinco años, se lanzó en Colombia la cuña publicitaria “La mata que mata”. El presidente de entonces quería inducir la confusión entre naturaleza y química, para así justificar la concentración de la guerra a las drogas contra el campo y los agricultores de la hoja de coca. ¿Motivos? No es que a Colombia le faltaran guerras, pero el adelantado Uribe, quiso también declararle la guerra al reino vegetal. Cuando en el 2010 la Corte Suprema le dio la razón a la tutela de Coca-Nasa, sacando del aire la cuña, se vio que el daño venia de atrás, en el inconsciente

colectivo de la nación colombiana: se cree que la mata si mata. El publicista de la cuña, declaró: “me parece una barbaridad, es clarísimo que en Colombia los sembrados de coca poco tienen que ver con la tradición cultural, y que la campaña se refiere a ese problema tan grande que tenemos”, quitémonos el lenguaje elegante, lo que el señor decía era que “una cosa es la coca de “indios”, escaza en Colombia, y otra la coca del “problema””. La consecuencia de continuar la condena en el siglo XXI, es la aceptación colectiva de la “maldad” de la coca, y el acatamiento de una aberración racista. Hace nueve meses se consiguió en Viena la readmisión del Estado Plurinacional de Bolivia en la Convención de Estupefacientes. El pueblo y el gobierno del indígena cocalero Evo Morales, conseguía así derribar la absurda condena al acullico de la hoja y a los cultivos de coca, resquebrajando la arquitectura de la Convención. ¿Motivos? Reivindicar el derecho a la salud y a la alimentación, que la hoja de coca le puede brindar no solo al pueblo de Bolivia, y a sus comunidades transfronterizas y migrantes, sino a toda la humanidad. La consecuencia de este hito histórico contra el racismo, es que hoy no existen cultivos ilícitos, sino usos ilícitos para un cultivo que usado de otra forma alimenta y cura, y esto lo logra la coca, porque tiene muchos más principios activos que la cocaína.

campaña anti-coca, es que los propios campesinos, acatan la aberración asumiéndose como en falta. Las marchas cocaleras desde 1986 hasta el 2013, nunca han trascendido el debate entre las maldades de la fumigación y la erradicación forzada, versus las bondades de la sustitución o erradicación voluntaria, pero por ambas vías se acata como correcta la erradicación de cultivos, cuyo objetivo real es reducir la oferta de la cocaína, aumentar su precio al detal y perpetuar su híper-ganancia. Lo que hay que erradicar es el estigma para quienes cultivan coca, porque la hoja fresca o seca, alimenta como verdura, harina, infusión o mascándola, al tiempo que sirve como medicina para la diabetes, la obesidad, la gingivitis, inhibe células cancerígenas, atenúa la hipertensión, es terapéutica para consumidores de cocaína, y entre otras virtudes también es fertilizante natural. También hay que divulgar que la coca se consume legalmente, no solo en pueblos originarios como el Nasa, sino en países enteros como Bolivia, o incluso en Argentina donde ni siquiera se cultiva. Resulta obvio que sus derivados alimenticios y curativos pueden ser un sustituto excelente, para la misma coca cuando se usa en productos ilegales (resaltando que la coca que se usa para lo benéfico, y la que se usa para el narcótico es la misma planta). Esto quiere decir que puede haber vida digna en Putumayo, Guaviare o Catatumbo, con coca y sin sustitución.

Estigmatización de la coca

“Hace nueve meses se consiguió en Viena la readmisión del Estado Plurinacional de Bolivia en la Convención de Estupefacientes. El pueblo y el gobierno del indígena cocalero Evo Morales, conseguía así derribar la absurda condena al acullico de la hoja y a los cultivos de coca” Surge una pregunta retórica: ¿por qué la cocaína no se legaliza en EE.UU., como se hizo con el alcohol en 1933? Un pensador del siglo XIX dijo que el capital ante un 300% de ganancia “no hay crimen al que no se arriesgue aunque le signifique el patíbulo”, y acabamos de ver que a la economía gringa, la cocaína le produce como mínimo un 400% de utilidad respecto a su costo de importación. Esta es la causa real de la prohibición, porque está demostrado que en los países donde es legal como Suiza, la droga se vende en farmacias reguladas por el Estado, no hay inversiones para la guerra, sino que el gasto va para educación e información, y los resultados de control de daños a la salud son mucho mejores. Todo esto nos indica, que si la Convención de Estupefacientes quedó resquebrajada con el triunfo boliviano de enero pasado, no tiene sentido que la negociación de paz colombiana venga a repararla: hay que trascender de la sustitución de cultivos, a la sustitución del uso de la hoja de coca. Para que el tercio de millón de cocaleras y cocaleros colombianos, tenga una vida digna, es mejor cambiar el uso de la hoja de coca que erradicarla.

La guerra contra la coca El racismo refundado en la estigmatización de la coca, es condenable en términos éticos, además es estúpido porque descalifica los saberes de quienes tilda de inferiores. Pero en Colombia, el peor resultado de la

¿Por qué sigue la guerra contra la coca?: por su competidor: a la hoja frente a la cocaína, le pasa lo mismo que al maíz alimenticio frente al que es desviado para combustibles, los usos

* Economista, consultor internacional en el tema, tesis del doctorado Prospal de Chile, y delegado colombiano al IV Foro Internacional de la Hoja de Coca, La Paz 14 al 16 de agosto del 2013. ★

Voz edición 2707 baja resolucion con separata  

Voz la verdad del pueblo, edición 2707

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