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Activismo Campaña Diputado

¿DESPENALIZACIÓN ABC1?

Por Claudio Venegas / Candidato (autónomo) a Diputado La Reina-Peñalolén por el PRO

Ante la ausencia de argumentos y evidencia que permitan defender la actual política de control de drogas, los defensores del modelo y voceros del status quo de derecha e izquierda, como sacando un conejo del sombrero para descalificar nuevas posturas en la materia, plantean: “Quienes defienden la despenalización del consumo de drogas, la autoregulación, el autocultivo, son gente que tiene su vida resuelta, que tiene más herramientas y las puede usar. En cambio, a nosotros, lo que nos interesa son los niños y jóvenes de sectores populares que no tienen esta posibilidades, y a quienes esta política y ley de drogas sí protege”. Esto es una falacia porque las primeras y principales víctimas de las políticas prohibicionistas y represivas en materia de drogas son, precisamente, los sectores populares detrás de los que se ocultan los adalides del modelo. No hay que ser un “experto” para darse cuenta denque las principales externalidades negativas de este enfoque (vulneración de derechos, criminalización, aumento de riesgos a la salud de los usuarios y perpetuación del tráfico y la delincuencia asociada), afectan a la sociedad en su conjunto, a los usuarios de sustancias en general, pero, muy especialmente, a los sectores populares. Dicho sea de paso, no deja de llamar la atención que este planteamiento venga, precisamente, de sectores que poco han hecho por emparejar la cancha. Desde el punto de vista de derechos, pretender limitar aspectos esenciales como la libertad, la autonomía personal, la gestión de los placeres y riesgos, entre otros, porque como sociedad no damos las garantías elementales de desarrollo, para que todas las personas puedan ejercer esos derechos, es como vender el sillón de Don Otto. La pega debiera ser, precisamente, generar esas condiciones y no excusarse detrás de ellas. Como la discusión de la conquista sobre si los indígenas tendrían o no “alma” que les permitiera ser acogidos por la “gracia de Dios”, hoy algunos se preguntan si los pobres tendrán o merecerán la capacidad de “autogobernarse”, de “autorregularse”. Si esta lógica fuera correcta, entonces alguien podría pretender limitar por decreto, si es que no abolir, la natalidad en los sectores populares, porque, tal cual están las cosas, no tienen las condiciones para asegurar el bienestar de un niño. Lógico ¿no? Si miramos la salud, nos encontramos que con menos educación, menos redes de apoyo, menos recursos personales, escasos soportes de asistencia sanitaria, más cercanía al tráfico, etc., precisamente, aumentan los riesgos sanitarios asociados al consumo de drogas (legales o no), en los sectores más vulnerables.

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CLAUDIO VENEGAS*

Candidato (autónomo) a Diputado de Movimental por el PRO Distrito 24 La Reina – Peñalolén @clau_vene desdeahora@nuncamassinnosotros.cl www.nuncamassinnosotros.cl *Claudio Venegas, es Psicólogo de la U. de Chile; socio fundador, coordinador y editor general de Revista Cáñamo Chile; miembro fundador de Movimental y Director Ejecutivo del Grupo IGIA Latinoamérica. Desde la perspectiva de la criminalización, se repite la ecuación. Solo por mencionar algunos ejemplos. La Ley 20.000 permite el consumo “privado, personal y próximo en el tiempo”, pero es precisamente en esos sectores donde es más difícil, sino imposible, ejercer este derecho. Básicamente, porque las condiciones habitacionales no se los permiten: viviendas chicas, hacinamiento, familias numerosas ¿Personal, Privado? No hay cómo. ¿Dónde consumen entonces? En la calle, lo cual constituye, de entrada, una falta, y donde lo usuarios quedan más expuestos a la persecución policial. Además, enfrentada a la justicia, una persona de los grupos socioeconómicos C3, D o E no podrá escoger a su abogado y, si bien tiene defensa asegurada a través de la Defensoría Penal Pública, eso puede ser una verdadera lotería. Por último, es altamente probable que un joven de sectores populares cuente con algún tipo de antecedente penal asociado a

drogas u otros ilícitos, lo cual, de inmediato, anula cualquier posibilidad de acceder a algún beneficio para disminuir una pena, o acogerse a medidas alternativas. Dicho de otro modo, si un joven de una población hubiese sido detenido en circunstancias similares a las de Manuel Lagos, ya estaría cumpliendo pena efectiva de cárcel con todo lo que eso implica a nivel personal, laboral, económico y familiar. Siendo así, el principio de “ley pareja no es dura” aquí no aplica: la ley será pareja en el papel, pero las condiciones y circunstancias de a quiénes afecta no lo son. En síntesis, las personas en mayor riesgo social, legal y sanitario producto de esta ley y política de drogas son, precisamente, los sectores populares, especialmente, los niños, jóvenes y mujeres. Mismos que los prohibicionistas dicen defender y proteger.


Marihuana: necesaria más no suficiente Como siempre lo hemos dicho, la cannabis es un ejemplo paradigmático de la ineficacia e injusticia de la actual legislación. Y su legítima y extendida reivindicación, tiene que ver diversos aspectos: porque es la más consumida, porque -en general- es la de más bajos riesgos para la salud, por los múltiples beneficios que representa desde el punto de vista medicinal e industrial; por la posibilidad de ser autocultivada; y también, porque el ensañamiento del propio prohibicionismo contra la hierba, han hecho de ella uno ícono de la lucha anti-prohibicionista. En ese sentido, es absolutamente legítimo que haya personas interesadas exclusivamente en el tema de la cannabis y el autocultivo, pero desde el punto de vista social, de las defensas de los derechos civiles más elementales, como el ejercicio de la libertad y, sobre todo, desde la mirada de salud, estos énfasis representan un reduccionismo peligroso. Primero, desde el ámbito individual, porque la inmensa mayoría de los usuarios de sustancias son policonsumidores. Es decir, consumen más de una sustancia ya sea de manera habitual, social o experimental (cannabis + tabaco, cannabis + alcohol, cannabis + LSD, y todas las combinaciones posibles entre sustancias legales e ilegalizadas). Siendo así, ¿la salud de los usuarios será mejor si se despenaliza la cannabis, pero no se controla de manera rigurosa, por ejemplo, la calidad del alcohol o el tabaco? ¿Y qué pasará cuando a ese usuario lo pillen en la calle no sólo con marihuana, sino también con un gramo de cocaína o una estampilla de LSD? Zafa de la primera, pero ¿igual se va preso por las otras? En segundo lugar, y ligado a lo anterior, desde el punto de vista de la salud pública, la marihuana está lejos de ser el principal problema de salud asociado a las drogas. De hecho, no lo es. Mucho más preocupantes y relevantes, cualitativa y cuantitativamente, son el alcohol, la pasta base, el tabaco o el uso de psicofármacos (con y sin prescripción médica). Un tercer plano de la discusión, es desde los derechos. Si lo que está en juego es la posibilidad del ejercicio de la libertad personal y social, el derecho a la salud, a no ser perseguidos por nuestra prácticas que no dañan a terceros, a no ser discriminados; resolviendo el tema de la marihuana, ¿están estos derechos plenamente garantizados para todos?¿O sólo para los usuarios de cannabis?

Autocutlivo: necesario más no suficiente Uno de los tantos plus que tiene la marihuana es que puede ser cultivada sin mayores costos, sin riesgos sociales o legales, sin tráfico. Sin embargo, limitar el tema del abastecimiento al autocultivo, efectivamente, puede ser considerada una reivindicación “clasista”. ¿Qué pasa con el que no puede, no quiere o no tiene

el talento para cultivar? ¿Lo vamos a condenar por esto a privarse del verde placer o la verde medicina, según sean sus necesidades? Y una vez más, esta problemática será aún mayor en los sectores populares donde las condiciones habitacionales (espacios reducidos, sino inexistentes), y económicas (costos asociados a la luz, por ejemplo, en caso de cultivo indoor), complejizan al extremo la posibilidad del autocultivo. Y entonces qué, ¿vamos a empujarlos, esta vez nosotros, a que trafiquen para abastecerse? La regulación del autocultivo obviamente debe estar entre formas de acceso al cannabis, pero también hay otras que resultan imprescindibles, como el de las asociaciones de usuarios (el modelo español de clubes cannábicos), o el abastecimiento asegurado por parte del Estado para los cosumidores medicinales que no puedan plantar o no participen en asociaciones. Y muchas otras fórmulas que se debieran evaluar en su momento. Si algo no enseña el debate uruguayo, es precisamente esto. Aunque no se quiera, el autocultivo es una respuesta individual e incluso individualista, para un problema que es social. Y quedarse solo en eso, implica reproducir uno de los axiomas del modelo que tanto defenestramos, ese en el que cada uno se salva solo.

Doble Riesgo Siendo así, reducir la discusión a estos dos temas conlleva riesgos que, más temprano que tarde, pueden volverse en nuestra contra. Primero, es darle la razón a los conservadores de derecha e izquierda de que esto se trataría de una reivindicación ABC1 que “no resuelve el problema de los sectores populares” (aunque tampoco sea de su interés real hacerlo), lo que podría ser un freno a los avances en el debate social. Un segundo riesgo viene dado por la coyuntura electoral. Ante la “amenaza” del voto voluntario, y a sabiendas de que esta temática goza de simpatía ciudadana, especialmente entre los jóvenes, con más o menos convicción, de manera más o menos oportunista, es probable que esto, marihuana y autocultivo, sean parte del ofertón electoral que, como ya vimos, no resuelve los temas de fondo. Y esas promesas facilistas vendrán, incluso, de quienes inventaron y han defendido este modelo. Reducir el tema de las drogas a la marihuana y autocultivo, es lo mismo que reducir la problemática de la igualdad de las minorías sexuales, al tema del matrimonio gay; el de la falta de educación sexual, a la entrega de la “pildora del día después”; o el tema de la matriz energética, a que no haya represas en la Patagonia. No se trata de ponerse maximalistas: esto es política, y si al final del día logramos cualquiera de esos triunfos parciales en cualquiera de esas temáticas, incluidas las drogas, ciertamente será un logro; pero a lo que nosotros, los ciudadanos, no podemos renunciar a priori, es a poner lo temas sobre

la mesa tal cual son, en la dimensión y complejidad que implican. De lo contrario, ocurrirá como ha venido ocurriendo en los últimos 20 años: todo en la “medida de los posible”, pero no de lo necesario. Ya lo vimos con los parches a la Constitución, con el desenlace de la “revolución pingüina”. Con tanto temas. Ciertamente, el debate en torno a la cannabis es, y seguirá siendo, el puntal de lanza de la discusión, y, tácticamente, es donde más avances y más rápido podemos concretar; pero más importante aún, es que el debate en torno a la cannabis debe ser visto como un catalizador, precisamente, para llegar a los temas de fondo, como la salud y los derechos, incluida la libertad.

¿Y cómo lo hacemos en la sectores populares? La pregunta del millón ¿cómo hablar desde la libertad, los derechos, la autoregulación, en sectores en los que estas miradas no son la urgencia del día? ¿Cómo hablar de despenalización cuando viven el lado más crudo de las drogas, como la violencia o las adicciones? Primero que todo, volviéndolos a considerar sujetos de derechos, autovalentes. No desde “afuera” ni “para” ellos: desde dentro y con ellos. No atreverse a educar en la libertad por el “temor” a que no puedan o no sepan usarla, además de profundamente reaccionario, es fascista. Segundo, con la verdad, pero una construida con ellos. Aquí no hay recetas mágicas ni rápidas, pero también no es menos cierto, que lo que hay, tampoco funciona. Y ese puede ser un punto de partida común para comenzar a hablar. En tercer lugar, con cuidado. Con mucho cuidado. Dialogando, investigando y estudiando lo que no se ha estudiado, generando intervenciones potentes e integrales, realizando un proceso de reeducación, mejorando los dispositivos de tratamiento, haciendo buena prevención, abrazando el enfoque de reducción de riesgos y daños. Reinvirtiendo los miles de millones de pesos que hoy se botan en perseguir usuarios, en estas tareas. Por último, y a la vez, ir avanzando en resolver la desigualdad estructural en que viven esos sectores, porque las aristas más oscuras y filudas de las drogas no son la causa de su situación: son el efecto. Es decir, haciéndonos cargo, como Estado, como sociedad, que el problema de los sectores populares no es la droga: es la desigualdad y la marginación que esta reproduce, y que los violenta a diario en las casas precarias en que viven, en la educación que no educa, en la salud que no sana, el transporte que no llega. Como le hemos dicho siempre: no defendemos sustancias, defendemos derechos, y esto implica un compromiso ético con todos y todas. No es fácil. Hay mucho daño. Pero se puede, y sobre todo, se debe.

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Claudio Venegas Movimental  

Candidato a diputado de Movimental por el pro en peñalolen y la Reina.