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año 1 número 9 28 de mayo de 2011

Un suplemento de INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE DERECHOS Y JUSTICIA

MEMORIA Un cura marxista en la Universidad Católica La historia olvidada del sacerdote jesuita George Haas Página 7

DDHH HOY Desnutrición en el norte de Salta En lo que va del año hubo más de trece muertes

ARIAS

Páginas 10 y 11

Campesinos asediados Desmontes y órdenes de desalojo de sus tierras Páginas 12 y 13

Unidos para reprimir Ejército y Policía actuaron juntos desde la dictadura de Lanusse. La operación Colombo, antecedente del Plan Cóndor. Páginas 3, 4, 5 y 6


editorial /

DE UNIONES Y ENCUENTROS

El tiempo que nos toca vivir COLECTIVO EDITORIAL OTROS TERRITORIOS

Aquí estamos y aquí seguimos. Los otros territorios, gracias a lectores y colaboradores, siguen haciéndose visibles. Esta idea, este desafío, surgió rápido y espontáneo, como surgen las necesidades, como surgen las pasiones. Dijimos que sí, y lo hicimos, y empezamos, y llegamos al número nueve. No es una tarea fácil mantener una publicación alternativa que se hace con el compromiso de periodistas y colaboradores; y con la

inmensa posibilidad que nos da Nuevo Diario. Sin embargo, estamos contentos porque en cada número se suman nuevas cabezas que piensan y nuevas manos que escriben, porque recibimos mensajes de aliento y agradecimiento, porque los temas a tratar son inagotables. Porque estamos convencidos de la importancia de trabajar en la promoción y defensa de los derechos. Porque nos sentimos seguros con nuestro trabajo.

Esta vez el tema principal es la unidad para reprimir. La que tuvieron la Policía y el Ejército en nuestro país. La que tuvieron Chile y Argentina. Triste unidad, penosa, terrorífica, vergonzante. ¡En vez de juntarse para defender al pueblo y su soberanía! ¡En vez de unirse para hacer una América libre y digna! Gracias a la lucha de muchos, ahora estos crímenes pueden ser conocidos y juzgados.

Gracias al compromiso de muchos, nos unimos para otras cosas: para vivir el tiempo que nos toca, el de construir un país en serio, que reconozca y se reconozca en el otro, que no se haga el disimulado. Como comunicadores apostamos a la unidad de la alegría, la diversidad y la vida.

ANDREA FERNÁNDEZ

otros territorios información y análisis sobre derechos y justicia Suplemento de Nuevo Diario

28 de mayo de 2011 año 1 • número 9

/otros territorios otros territorios@yahoo.com.ar

Producción: Colectivo editorial Otrosterritorios / Colaboradores: Laura Urbano, Luján González, Elena Corvalán, Florencia Lance, Nicolás Hirtz, Alejandra Cebrelli, Jacqueline Cobo Roncal, Eloy López / Arte de tapa: Roly Arias / Ilustraciones: Andrea Fernández / Fotografías: Hugo Tapia, Rolando Díaz Comercialización: Norberto Barbieri (0387 154194417 / 0387 154138884 2 / otrosterritorios


memoria / la comunidad de la represión

EJÉRCITO Y POLICÍAS

Un solo mando En 1972, durante la dictadura de Agustín Lanusse, el Ejército y las policías Federal y Provincial actuaban juntas. También en esa época, fueron denunciados por apremios ilegales y torturas.

El 11 de enero de 1972 fueron detenidos Juan Carlos “El Negro” Arroyo y Ramón Díaz, a quienes se sindicaba como miembros de “una célula extremista que venía actuando desde hace tiempo” en la capital salteña. El operativo estuvo a cargo de fuerzas del Ejército, la Policía Federal y la Policía de Salta. El dato resulta de interés porque en los procesos por crímenes de lesa humanidad que se llevan a cabo por estos días, los policías que deben atestiguar, o son acusados por estos hechos, muestran una dificultad recurrente para recordar cómo era por aquellas épocas la relación que mantenían con las otras fuerzas. En su edición del 15 de enero el diario El Tribuno reproduce un comunicado en el que la Guarnición Ejército Salta informa que “elementos del Ejército, la Policía Federal y Policía Provincial realizaron el día 11 de enero de 1972 una serie de procedimientos antisubversivos, a raíz de los cuales se procedió a la detención de personas y (el) secuestro de material subversivo diverso”. De hecho, luego de que la mayor parte de los operativos fueran concretados por policías de la provincia, los detenidos fueron alojados en el Regimiento 5 de Caballería de esta ciudad. A Arroyo y Díaz se les atribuían distintos hechos delictivos, entre ellos el robo al pagador del Ingenio Ledesma. También fueron detenidos César Aricuri y Ramón Vega. En la causa intervenía el juez federal Jaime Smart, actualmente detenido por violaciones a los derechos humanos. El 27 de enero el Movimiento Nacional Justicialista emitió un comunicado de

ANDREA FERNÁNDEZ

ELENA CORVALÁN

denuncia de los “apremios ilegales” practicados “en perjuicio de los militantes Juan Carlos Arroyo y Ramón Jorge Vega”. Con la firma de su delegado normalizador, Armando Caro, el Movimiento Justicialista solicitó que se informara de estos hechos al gobernador de facto, Ricardo Spangenberg, al jefe de la Guarnición Militar local, al Ministerio de Interior y al Comando en Jefe del Ejército, con el fin de que se realizara una investigación para individualizar a los autores para evitar “en lo sucesivo que ciudadanos argentinos resulten víctimas de tales hechos y arbitrariedades que repugnan los sentimientos de nuestro pueblo”. También pidió que se exija a los miembros de organismos de seguridad nacionales y provinciales “garantía y respeto por la integridad y la vida de los ciudadanos, según lo establece la Constitución Nacional”. Posteriormente, cuando en 1973 los policías de la “banda de los comisarios” fueron investigados por los apremios ilegales cometidos durante esta etapa, consiguieron que la causa pasara de la

justicia provincial (con jueces que estaban decididos a investigarlos) a la Federal con el argumento de que estos hechos se cometieron cuando “actuaban a las órdenes del comando operativo del Ejército”, según afirmó la Corte Suprema de Justicia en una resolución reproducida en parte en el libro Pedazos de infierno, del abogado Carlos Saravia. Arroyo, que militaba en el Frente Revolucionario Peronista (FRP) y venía sufriendo detenciones por razones políticas desde 1970, fue trasladado al penal del Chaco primero, luego al de Devoto y finalmente al de Rawson, de donde salió en 1973, con la amnistía que dictó Héctor Cámpora. Arroyo era de San Pedro, Jujuy. En el 74 tuvo que dejar su cargo de director del Archivo Histórico de la provincia debido a que comenzó a sufrir persecución y pasó a la clandestinidad. Fue secuestrado la madrugada del 28 de febrero de 1978, en Moreno, provincia de Buenos Aires, junto a la salteña Gladis Porcel y Marta Taboada. Arroyo fue visto por última vez en 1977, cuando lo sacaron del centro clandestino de detención Proto Branco para asesinarlo. otrosterritorios / 3


memoria / la comunidad de la represión

LA OPERACIÓN COLOMBO: ANTECEDENTE DEL PLAN CONDOR

Salta involucrada en una mentira En 1975 la dictadura chilena armó un montaje de desinformación. Se trató de hacer creer que 119 detenidos desaparecidos de Chile se habían matado entre sí en enfretamientos.

E.C.

En julio de 1975 una noticia que no era noticia recorrió los medios de comunicación más importantes de Chile. El nombre de Salta aparece ahí en miserables crónicas que enumeran otros nombres propios, y supuestos datos de hechos inexistentes. Puras mentiras, malas palabras usadas para confundir y ocultar la verdad de terror que ponía en práctica la dictadura de Augusto Pinochet y cancerberos de aquél y este lado. Otra variante de la crueldad que contó con la participación de espías, policías, funcionarios y periodistas.

Era la última etapa de la Operación Colombo, una campaña de desinformación montada por la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (DINA) con el objetivo de neutralizar las denuncias por las violaciones a los derechos humanos que cometía el régimen de facto encabezado por Pinochet. Para ello la dictadura chilena contó con la participación de los medios de comunicación más importantes de ese país, de la agencia de noticias estadounidense UPI, los servicios de inteligencia trasandinos y la extrema derecha argentina. Era el antecedente de la Operación Cóndor.

La “noticia” que despertaba el interés de los medios chilenos tenía como fuente originaria dos medios gráficos que habían salido a la luz con el único objetivo de darla a conocer. La revista Lea, de la editorial Codex, de José López Rega, y el diario Novo O’Día, reaparecido en Curitiba, Brasil, únicamente para esta ocasión. Ambos “informaron” de la muerte de 119 militantes del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile en hechos ocurridos en distintos puntos de América y Europa.

El 15 de julio de 1975 salió el único número que se conoce de la revista Lea. La noticia principal estaba fechada en México. Llevaba el título “La vendetta chilena” ilustrado por una foto del ex presidente Salvador Allende, del ex canciller chileno Orlando Letelier y de su esposa Isabel Margarita de Letelier con la leyenda: “Salvador Allende ‘El Padrino’ mata desde su tumba”. “Sesenta extremistas chilenos han sido eliminados en los últimos tres meses por sus propios compañeros de lucha, en un vasto e implacable programa de venganza y depuración política”, señalaba la nota, entre otras consideraciones, antes de dar a conocer una lista de sesenta de chilenos muertos en el “plan de ejecuciones materializado en una feroz cacería a lo largo y ancho de las tres Américas y Europa”.

ÉTICA A diferencia de lo que ocurrió en Argentina, y en Salta, la actuación de los medios de comunicación chilenos respecto de la Operación Colombo, y otros operativos de desinformación montados por la dictadura, le valió el repudio en democracia. Muchos exigieron disculpas a los directores, editores y periodistas involucrados en el montaje. En marzo de 2006 el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile sancionó a tres periodistas por su responsabilidad ética en el montaje noticioso. “Los responsables del manejo de la información no cumplieron con su obligación profesional y su compromiso con la sociedad de trabajar con la verdad, con lo cual fallaron en su deber ético esencial”, sostuvo el Tribunal. Los sancionados fueron Fernando Díaz Palma, quien dirigía el diario Ultimas Noticias, de la cadena El Mercurio; Alberto Guerrero Espinoza, director del diario La Tercera, y Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio. Otros dos involucrados, los directores de los diarios El Mercurio y La Segunda, René Silva Espejo y Mario Carneyro ya habían fallecido. En la Operación Colombo también intervinieron otros vinculados a la prensa. El agregado de prensa de la Embajada de Chile en Brasil, Saverio Sprovera, sindicado como autor de la publicación de O’Día. El periodista argentino Carlos Manuel Acuña, del diario La Prensa y director de la Agencia Noticias Argentinas. Y Jaime Valdés, agregado de prensa en la embajada de Chile en Buenos Aires, a quien se atribuye la publicación de la revista Lea. 4 / otrosterritorios


memoria / la comunidad de la represión

El 17 de julio el diario Novo O´Día “informó” que 59 “extremistas

chilenos” habían muerto “en la provincia de Salta, a manos de efectivos policiales argentinos” La Operación Colombo es prácticamente desconocida en Salta, que no llegó a enterarse de la utilización de su nombre para este montaje de inteligencia política. El método utilizado ha sido replicado luego por la dictadura argentina.

ANDREA FERNÁNDEZ

El 17 de julio Novo O’Día, reapareció solo para publicar una nota datada en Buenos Aires que, bajo el título “Terroristas chilenos no interior da Argentina”, detallaba que 59 “extremistas chilenos” habían muerto “en la provincia de Salta, a manos de efectivos policiales argentinos”. También en este caso la nota termina con la lista de los 59 caídos. Se completaba así el total de 119 chilenos muertos en supuestos enfrentamientos fuera de su país.

CAMPAÑA

La “información” sobre los supuesos enfretamientos fue reproducida el 19 de julio por la agencia UPI. “Extremistas chilenos se matan entre ellos”, rezaba el titular del cable. Entre el 19 y el 24 de julio la prensa chilena, reprodujo esta “información” con el mismo estilo sensacionalista. “El MIR asesina a 60 de sus hombres en el exterior”, tituló La Tercera; “Exterminados como ratones”, exageró La Segunda; “Identificados 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas”, se plegó El Mercurio. Últimas Noticias habló de una “Sangrienta pugna del MIR en el exterior”. Sin pretenderlo, los policías argentinos ayudaron al develamiento de la Operación Colombo. En 1978, en momentos en que la guerra entre Chile y Argentina era inminente, el agente del servicio secreto chileno, Enrique Lautaro Arancibia Clavel, fue detenido en Argentina acusado de espionaje. De su casa secuestraron un expediente con abundante evidencia documental sobre cuatro años de la red de espías que la DINA había distribuido en distintos países. Había cédulas de identidad de algunos de los 119 desaparecidos, cartas y memorandos con sus superiores de la DINA. Las pruebas del montaje. Y pruebas de la existencia del Operativo Cóndor también. Todo fue revelado en 1987 en un trabajo de los periodistas Mónica González y Edwin Harrington. Los papeles que Arancibia Clavel guardó dan cuenta de los informes que remitía a la DINA bajo el falso nombre de Luis Felipe Alemparte Díaz. Queda claro allí el montaje de la Operación Colombo, en el que participaron los espías chilenos y asesinos de la ultraderecha argentina, como Martín Ciga Correa. “Lamentablemente hasta el momento la publicidad para el caso ‘Colombo’ ha sido casi nula. Mañana me entrevistaré con Martín Ciga para saber exactamente qué pasó. Para esta semana están prometidos los dos restantes que aparecerán con 15 ‘criollos’. Espero que la publicidad sea mayor. Martín me solicitó atención de fotografía para aproximadamente siete personas. Espero llevarlas conmigo. También me ofreció un negocio con Isabel Camus”, sostiene uno de los mensajes cifrados que envío a sus superiores. Arancibia Clavel fue asesinado de treinta y cuatro puñaladas el pasado 29 de abril, a pocos días de que declarara en la causa por la Operación Colombo. Estaba en libertad condicional, condenado a prisión perpetua por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. otrosterritorios / 5


ANDREA FERNÁNDEZ

memoria / la comunidad de la represión

En 1975, a casi dos años de dictadura, Pinochet soportaba la presión interna, expresada en amparos y peticiones de la Vicaría de la Solidaridad (organización que dependía de la iglesia católica), y de organismos internacionales. La Organización de Naciones Unidas había enviado una comisión especial a la que el dictador impidió el ingreso. En ese contexto, se montó la Operación Colombo.

Primero hubo una preparación del terreno: entre abril y julio de 1975 aparecieron en distintos puntos de Buenos Aires cuatro cuerpos mutilados que tenían cédulas de identidad de chilenos detenidos desaparecidos y telas en las que el MIR se adjudicaba esos asesinatos.

La ONU había enviado una comisión especial. En ese contexto, se

montó la Operación Colombo.

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Los medios chilenos informaron esta versión, a pesar de las afirmaciones de los familiares de dos de las personas supuestamente asesinadas en Argentina, que daban cuenta de que esos restos no eran de sus parientes. Además, desde el 6 de junio la prensa chilena publicó una serie de “noticias” ficticias sobre presuntos enfrentamientos entre guerrilleros del MIR. La Tercera tituló: “Ejército guerrillero forman contra Chile” o “Extremistas chilenos se adiestran en Tucumán”.

La última parte de la Operación fue la publicación de las listas integrada por personas cuya detención y desaparición había sido denunciada entre 1974 y 1975 en Chile, que estuvo a cargo de los autores de la revista Lea y el diario Novo O’Día, el 15 y 17 de julio.


memoria / sacerdotes del tercer mundo

EL MARXISTA GEORGE HAAS

Subversión en la Católica ELENA CORVALÁN

condición de agente”, indicó a Otros Territorios el ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Claudio Molina Donoso, refugiado político en Argentina. Haas provenía de Wisconsin, de donde vinieron los otros jesuitas que tramitaron y lograron la fundación de la Universidad Católica de Salta, creada en 1963 pero cuyo edificio se iba a inaugurar en 1969, durante la rectoría de Haas, y con la presencia del presidente de facto Juan Carlos Onganía. Tras el cisma, a Haas lo sucedió en el rectorado el s a c e r d o t e N o r m a n d o Requena (ya fallecido), el cura gaucho que fue capellán del

Ejército en Salta. Requena fue rector entre 1974 y 1980. Se conoce muy poco sobre las razones para el alejamiento de los jesuitas. El historiador y también sacerdote jesuita Ernest Sweeney, que enseñó en la Católica hasta 1972, dice en su libro, Robustiano Patrón Costas. Una leyenda argentina, que hubo un choque cultural.

ANDREA FERNÁNDEZ

El homicidio del espía represor Enrique Arancibia Clavel, el 29 de abril pasado, justo cuando debía declarar en la causa en la que se investiga la Operación Colombo en Argentina, fue el motivo para que la periodista chilena Mónica González reflotara las revelaciones del expediente que se le secuestró al ex agente de la Dirección de Inteligencia de Chile (DINA). En una nota, difundida por el Centro de Investigaciones Periodísticas (http:// ciperchile.cl/2011/05/01/la-historia-queno-se-cuenta-de-arancibia-clavel/) la periodista retoma informes que el espía enviaba a sus superiores de la DINA. Entre los datos, algunos improbables, menciona al sacerdote George Haas, que fuera rector de la Universidad Católica de Salta. “El calor de febrero (1975) no impidió que Arancibia siguiera los pasos de otros sacerdotes ‘conectados con el movimiento subversivo’, a quienes identifica en relación con el cura ‘jesuita estadounidense radicado en Salta, padre Haas, rector de la Universidad Católica de esa ciudad y amigo personal de Allende. Este cura es visitado asiduamente por exiliados chilenos y bolivianos’”. Señala la nota de la periodista chilena, citando a Arancibia Clavel. De Haas, que falleció a los 54 años, en 1979, se sabe poco. Fue el segundo rector de la Católica y tuvo que irse de esa casa de estudios en 1973 en una “purga de marxistas” que alejó a todos los curas de la Compañía de Jesús. ¿Hubo una vinculación entre los jesuitas chilenos que ayudaban a los perseguidos políticos (primero a través del Comité Pro Paz y luego con la Vicaría de la Solidaridad) y los jesuitas salteños? Esa

es todavía una incógnita. Aunque se considera que no todos los informes que enviaba el agente de la DINAl eran confiables. “Generalmente los comunicados de Arancibia clavel eran bastante especulativos porque también él trataba de justificar su

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memoria / juicio por la desaparición de miguel ragone

LAS HUELLAS DE GUIL Y SUS COMISARIOS EN LA FINCA AMPASCACHI

La costumbre de torturar A fines de octubre de 1972 la Policía de Salta detuvo a un grupo de jóvenes vinculados a la organización Montoneros que trató de tomar la finca Ampascachi. Todos fueron torturados. Entre los ejecutores estaban Guil, Toranzos y Trovatto. E.C.

represión por los hechos de la El 23 de octubre de 1972 un finca Ampascachi surgieron en grupo de militantes montoneros este proceso judicial. intentó tomar la finca El antecedente de la finca Ampascachi, en el departamento Ampascachi es otra prueba de La Viña, un pequeño poblado de que la “banda de los unos ochocientos habitantes en comisarios” ya funcionaba a el que estaba la finca homónima pleno en 1972. Por entonces de propiedad del empresario era jefe de la Policía el alemán Alfried Krupp, fabricante comandante mayor de de armas y condenado por su Gendarmería Raúl Enrique vinculación con el régimen nazi. Ferreira. La operación guerrillera Varios nombres de fracasó, porque sufrieron un protagonistas de los sucesos de accidente con una de las Ampascachi seguirán camionetas que usaban para resonando luego en el trasladarse. Varios de los quehacer de la provincia, y en integrantes del grupo, que su historia. habían robado vehículos, Hay distintas versiones incluido uno al intendente de sobre el total de detenidos. El Guachipas, Oscar Eduardo jefe de Policía habló de quince a Parra, fueron detenidos entre poco de conocido el hecho: la mañana de ese mismo día y Edgar Tulio Valenzuela, María la noche del día siguiente y Leonor Pappaterra de Mendé, fueron sometidos a torturas en Raúl Osores, Francisco Gregorio Ponce Chasampi, Manuel Marcelo Tabarcache, Roberto Un nazi en Salta Angel Turelli, Santos Reynoso, Alfried Krupp von Bohlen, tal su nombre completo, falleció en Segundo Arturo Alvarez, Marta 1967. Era un empresario alemán dedicado a la industria del acero, Alicia Beatriz Benedi de Aguirre, y la fabricación de armamentos más precisamente. El avance de Atilio Bollatti, Elías Ache, Irma Hitler le ayudó a hacer muy buenos negocios y, de hecho, su firma Catalina Rubiola, Liliana creció al compás de las conquistas nazis durante la II Guerra Morandi de Ciccarello y Felipe Mundial. Tras la derrota del régimen, fue condenado, pero quedó Burgos, que cayó porque en un en libertad en 1951. Aunque los aliados le obligaron a vender gran allanamiento encontraron parte de su participación en la compañía, consiguió mantener la volantes de un instituto que hegemonía en la industria del acero. En el libro La represión en cuyo frente estaba. Salta, 1970-1983. Testimonios y Documentos, de Lucrecia Barquet y En la última edición del Raquel Adet, se indica que Krupp compró la finca Ampascachi en la libro La represión en Salta, década del 50 “y visitó varias veces la provincia”. 1970-1983. Testimonios y la Central de Policía. El país estaba bajo el yugo del gobierno de facto de Agustín Lanusse y en Salta gobernaba, de facto también, el mayor Ricardo Spangenberg. Los comisarios Joaquín Guil, Ricardo “Sapo” Toranzos y Héctor Trovatto fueron identificados como parte de los torturadores que se ensañaron con los detenidos. Integrantes de la conocida como “banda de los comisarios” que mantuvo sus acciones de terror aún durante el gobierno democrático de Miguel Ragone y volvió a desatar su saña con la intervención federal de Alejandro Mosquera y el golpe de estado perpetrado el 24 de marzo de 1976. Guil está siendo juzgado ahora por el secuestro y la desaparición de Ragone. La

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Documentos, de Lucrecia Barquet y Raquel Adet, se recogen declaraciones de Pappaterra de Mendé, Valenzuela y Tabarcache, que denunciaron las torturas. Pappaterra de Mendé fue detenida el mismo 23 de octubre del 72. Al día siguiente fue llevada a la oficina del director de Seguridad, Joaquín Guil. “Allí estaban todos los que me venían interrogando hasta el momento, más el mencionado Guil, quien me interrogó hasta que en determinado momento me dijo que esa era mi última oportunidad, que si no declaraba me iban a ‘masacrar’. Como no contesté nada, Guil dio la orden de que me llevaran a torturar”, contó. Luego la llevaron a lo que consideró que era un camión, donde, ya con los ojos vendados, la desnudaron, la tiraron sobre una colchoneta húmeda, la ataron de pies y manos y le aplicaron descargas eléctricas. Recordó que a uno de sus torturadores le decían “Sapo”. Luego la llevaron “a la oficina de Trovatto”, al que reconoció porque vio su nombre en una lapicera. Tras eso le permitieron descansar, tras lo cual la llevaron nuevamente ante Trovatto, quien le tomó “la declaración ‘espontánea’, la cual firmé”.


memoria / juicio por la desaparición de miguel ragone

ANDREA FERNÁNDEZ

Valenzuela fue detenido el 23, cerca de Cafayate y una comisión de Salta lo sacó de la comisaría de La Viña. De entrada nomás lo golpearon con las culatas de sus armas y los puños, le echaron un aerosol que le provocaba sensación de asfixia, lo tabicaron, lo esposaron y lo tiraron al piso del patrullero. En el trayecto le dijeron que iban a matarlo, cerca de Salta se detuvieron y lo obligaron a correr, descalzo y vendado, sobre plantas espinosas. Luego lo ataron a un árbol, lo golpearon e hicieron simulacros de fusilamiento. Valenzuela comenzó a hablar dando nombres de personas que no tenían vinculación política alguna. Tras esto fue llevado a la Central de Policía, donde fue torturado con picana eléctrica y el “pau de arará” (maniatado y colgado por los brazos y piernas haciéndolo balancear). En uno de los “descansos” Valenzuela escuchó que torturaban a otro detenido “al que trataban de violar sin llegar a concretar sus propósitos”. Tabarcache fue detenido junto a Osores y llevado a la comisaría de Chicoana, donde

los tabicaron, desnudaron y golpearon. También fue golpeado en la Jefatura. Más tarde lo llevaron a “una pieza que queda muy cerca del pasaje que hay entre Balcarce y 20 de Febrero”, donde fue picaneado y golpeado y se le aplicó el pau de arará, con la asistencia de médicos. Cuatro días después, ya de vuelta en la Central, fue torturado “junto a Ponce, Osores y Reynoso”.

Las torturas y vejámenes a los que fueron sometidos los acusados motivaron pronunciamientos de la Comisión de Abogados Peronistas, algunos de cuyos miembros habían asumido la defensa de los detenidos.

Estos crímenes fueron parte de los hechos imputados en 1973 a la “banda de los comisarios”, cuando Rubén Fortuny era jefe de la Policía, cuya asunción fue aprovechada por militantes para recordar esos y otros antecedentes: “Guil asesino”, gritaron ante los policías formados para la ocasión.

“Guil me interrogó, me dijo que era mi última oportunidad, que si no declaraba me

iban a masacrar. Como no contesté, ordenó que me torturaran”. Un plan para salvarse Edgar Tulio Valenzuela era sanjuanino. Cuando los sucesos de Ampascachi tenía 27 años y ya había recorrido gran parte del país, empezando por Buenos Aires, donde estudiaba derecho e inició su militancia en la JP. Su vida y sus acciones bien podrían servir de base para un guión de película. En el libro La represión en Salta…, se rememora que en la década del setenta era una de las cabezas de Montoneros en Rosario. Luego estuvo en Jujuy, donde se casó con Alcira Fidalgo, desaparecida en la ESMA, en 1977. Tras la detención y las torturas en Salta fue trasladado a la cárcel de Rawson. En el libro Pedazos de infierno, el abogado Carlos “Uluncha” Saravia, afirma que posteriormente Valenzuela fue secuestrado y torturado por la Triple A, que lo liberó en un basural. El golpe lo obligó a exiliarse. En 1977 volvió al país y fue detenido en la Quinta de Funes, fue entonces que negoció con el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri que le iba a entregar a la cúpula de Montoneros, exiliada en México. Pero una vez en aquel país, logró escapar y denunciar el operativo. Adet y Barquet afirman que Valenzuela pagó esta hazaña con la vida de su segunda esposa, Raquel Negro, que estaba detenida, embarazada, y que había dado su consentimiento para esta jugada. Valenzuela reingresó al país en 1979. Murió en un tiroteo con militares. Hay versiones encontradas sobre su deceso, algunos sostienen que fue muerto por los militares pero otros aseguran que se suicidó antes de caer prisionero. Negro estaba embarazada de mellizos, que alumbró antes de ser asesinada. Uno nació muerto y la niña fue apropiada ilegalmente. En 2008 fue la nieta 96 recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo.

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derechos humanos hoy / pueblos originarios

DESNUTRICIÓN EN EL NORTE SALTEÑO

De pobrezas y emergencias El saber popular indica que por algo se comienza y siempre es por aceptar el problema. Luego, debería venir la búsqueda de soluciones y no el buscar culpables y estigmatizar víctimas. NICOLÁS HIRTZ

En lo que va de 2011, ya hubo más de trece muertes por desnutrición en Salta. Estos son los casos conocidos. Desde las comunidades originarias denuncian muchos más que no son registrados como muertes por desnutrición, otras veces, directamente se les niegan las actas de defunción. Reconociendo el problema, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado ante esta problemática?, analicemos juntos algunos puntos. “Aquí hay pobreza estructural”, escuchamos hace ya hace años en Tartagal, bien, partamos del diagnóstico, ya aceptamos que en nuestra provincia tenemos una pobreza estructural que no se modifica de un día para el otro, pero que tampoco se modificará si nuestros funcionarios se empecinan en repetir todos los días “aquí hay pobreza estructural” o en seguir echando culpas en quienes día a día sufren de hambre, desalojo y desocupación. “Es un problema cultural”, “es muy difícil hacerlos entender”, “son gente acostumbrada a eso”, se escucha decir en reiteradas ocasiones no sólo desde el Poder Ejecutivo y Legislativo, sino también desde los medios y el servicio de salud. Con este discurso se ocultan intereses, o es repetido servilmente para defender los mismos intereses de quienes excluyen a familias enteras, víctimas de un modelo que sólo

piensa el “progreso” como resultado de la rentabilidad económica, que no significa nunca distribución de las riquezas. Hablo aquí de un modelo de país basado en la renta “agroexportadora” y cuando digo esto ya se ha explicado una parte de la problemática. Algún lector distraído se preguntará ¿por qué?, sencillo, un país que produce para alimentar a más de cien millones de personas, a priori, no debería tener problemas para alimentar a su población, a no ser que la decisión de quienes poseen los medios de producción (los supuestos “propietarios” de la tierra y los bienes) sea ganar todo el dinero posible con el mínimo costo e intentando exportar todo sin dejar ni las migajas, que, si caen, tiene que ser al mismo precio que la compra un alemán. Eso se consigue explotando a los trabajadores, agrandando las fronteras agropecuarias sin miramiento de sus ocupantes, fumigando a más no poder para conseguir aún más rentabilidad a costa de la salud de las poblaciones, y no acatando ninguna de las medidas estatales (léase resolución 125, regulación del régimen laboral de los trabajadores rurales) que intentan de alguna manera que la copa derrame hacia los que menos tienen. Eso sí, estos señores se arrogarán siempre ser el motor de la economía nacional y cada vez que lo digan mirarán hacia arriba y al frente, como imaginando su propio monumento.

En el Norte de Salta recurrentemente mueren niños y niñas por desnutrución

o enfermedades evitables, derivadas de la mala alimentación. 10 / otrosterritorios

Volvamos al diagnóstico, la pobreza estructural en Salta es alarmante sobre todo en la zona noreste, donde recurrentemente mueren niños y niñas por desnutrición o enfermedades evitables derivadas de la mala alimentación, producto de políticas públicas que aún no llegan a estos territorios olvidados. Resolución de la emergencia Cuando en febrero de este año explotó nuevamente el problema de la desnutrición, la provincia reaccionó casi obligada por las repercusiones, pero para ello, en lugar de declarar la emergencia sanitaria (murieron nueve niños en tan sólo diez días, luego se fueron conociendo otros tantos. En 2009 tras quince casos de gripe porcina, se declaró la emergencia. En ese momento, los casos se dieron también en la ciudad de Salta) creó un programa denominado Coordinación de Políticas de Inclusión Social, con la intención de reorganizar la zona, trabajar con los agentes sanitarios y seguir parchando una situación que sólo se soluciona con decisiones políticas fuertes, con distribución y devolución de dignidad en el trabajo, la salud y la educación. Esta Coordinación, a su vez resultó insuficiente no sólo para el diagnóstico precoz, sino por los escollos con que se encuentran en el trabajo cotidiano, de poco personal y muchas trabas burocráticas desde la cartera de salud. Asimismo, se suman problemas que dan cuenta de que el ejecutivo provincial intenta tapar los hechos para no tener que declarar la emergencia sanitaria en la zona: los agentes sanitarios ¿miden? los grados de desnutrición de los niños y niñas


derechos humanos hoy / pueblos originarios cuidando que los casos no se multipliquen o tripliquen, y hay una falta de datos del Ministerio de Salud de la provincia para conocer verídicamente el estado de situación.

ANDREA FERNÁNDEZ

Mirada occidental - Discurso único La situación se agrava muchas veces por la mirada estigmatizante tanto desde los sectores de Poder del Ejecutivo como de los profesionales de la salud y agentes sanitarios que trabajan en terreno. Siempre la culpa la tiene la familia y nunca un sistema de exclusión hacia las comunidades de Pueblos Originarios. En todos los casos, padres y madres de los niños desnutridos denuncian que no existen condiciones sanitarias dignas en sus comunidades, no hay salas de atención primaria de la salud y, cuando la hay, no cubre las necesidades básicas. Sumamos a eso la situación de pobreza, falta de trabajo y de tierras debido a la expansión agropecuaria. Raúl Castillo, de Misión Salim, comunidad wichi cercana a Embarcación, y padre de una niña de dos meses que falleció el pasado 9 de mayo a causa de una desnutrición evitable, cuenta que en su localidad no existe sala de atención, que no hay médicos sino en Padre Lozano, a dos kilómetros, y que allí va un clínico una vez a la semana, que atiende sólo a diez personas por día y se niega a ver niños. “Los agentes sanitarios pasan cada tanto, cuando vienen, a veces ni pesan a los chiquitos y nos dicen que están bien”, dice Castillo. Y agrega: “El día 6 de mayo el agente pesó a mi hija, allí me dijo que tenía dos kilos con 800 gramos y que estaba bien, nosotros no sabemos si la pesó de verdad, porque esa noche la nena comenzó a llorar; ahí decidí ir a la salita de Padre Lozano, pero no había nadie. A las 11 de la mañana del otro día me encontré con el enfermero, que llamó a la ambulancia. Recién a las 4 de la tarde llegó y la trasladaron a Embarcación, donde estuvo internada hasta el día 9 por la mañana, que pidieron el traslado a

Orán, pero en el camino murió. Al llegar al hospital nadie me dio una explicación, lo único que me dijeron es que cómo podía dejar a mi hija llegar a ese estado, que éramos malos padres. Eso a uno le hace mucho mal. Cuando me dieron el acta de defunción, el informe mostraba que era por desnutrición y que en ese momento pesaba menos de un kilo 800 (gramos). Con lo que yo me pregunto, si tres días antes pesaba dos kilos 800, o la dejaron morir en el hospital de Embarcación o el agente sanitario nos mintió en cuanto a su peso”. “Lo único que llega aquí es la asignación familiar cuando tenemos documentos, no nos dan trabajo, no nos dejan sacar y trabajar la madera, ya no tenemos monte y encima no tenemos hospitales ni médicos, lo único que nos queda es morirnos”, concluye Raúl Castillo. En sintonía con el wichi de Salim, hace ya un tiempo el cacique Lucio Juan aseguraba en el portal Copenoa que el nombramiento en el servicio de salud de agentes sanitarios bilingües es un paso primordial, como también el reconocimiento de pautas ancestrales por parte del estado en el servicio de salud. “Durante el año 2009, sufrí la perdida de mi hijo menor, que falleció por estar desnutrido, el agente sanitario no controló a mi hijo, y en el hospital de Mosconi nos sentimos discriminados por los criollos, el agente sanitario adulteró el certificado de vacunación para no hacerse responsable”, dijo Lucio Juan. Por último, hace unos días, Pedro Rueda, docente de la sede Orán de la Universidad Católica de Salta (UNSa) y que investiga sobre salud intercultural, entrevistado en Radio Nacional sobre el caso de la familia toba que niega un transplante de hígado a su hijo, dijo que “ambos sistemas (de salud, el científico y el tradicional) tienen sus límites. Para un transplante hepático la única salida es la medicina científica”. Preguntado sobre qué se debe hacer ante una situación como ésta, el docente

e investigador planteó que “pasa por una cuestión ética, agotar todas las instancias para que se pueda resolver el tema y el niño pueda seguir con vida”. “Hay que trabajar para que la medicina científica no descalifique a la medicina tradicional. (…) Los pueblos originarios se allanan al tratamiento de la medicina científica en la medida que se los trata con respeto, con seriedad, como a seres humanos como lo son. Que no se vaya desde una posición verticalista, autoritaria como suele hacer a veces el Poder Judicial”. Muchas veces las intervenciones judiciales suelen darse por denuncias de médicos y por la fuerza policial, sin previa consulta a la familia y sin la debida información del caso. La decisión sobre la vida o la muerte nunca es cuestión de quien no tiene poder. “Él decide lo que va dice lo que no será, decide quien la paga dice quién vivirá”. Avisa Mano Negra en su tema Señor Matanza.

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derechos humanos hoy / campesinos

ASEDIADOS POR LOS DESMONTES Y LAS ÓRDENES DE DESALOJO

Fealdades del progreso La jueza Ana María de Feudis ordenó desalojos que están prohibidos por ley. Mientras unos campesinos resisten estas medidas, en Tartagal una empresa desmontó en zonas prohibidas por una cautelar de la Corte Suprema de Justicia. No obstante el avasallamiento de sus derechos, los campesinos recuerdan que son “respetuosos de la división de poderes, de los valores democráticos y de la vigencia de las instituciones provinciales”. Esto, para ellos, tendría que ser suficiente para que su pelea por las tierras continúe en otros “espacios democráticos y no (solo) en las páginas de los diarios”. El jueves último, unos cincuenta campesinos se apostaron en tierras cercanas a Hickman, en el departamento San Martín, tras enterarse de que se había ordenado un desalojo. Ello a pesar de la ley provincial número 7658, que suspende los desalojos hasta que se realice un relevamiento de las tierras que ocupan pequeños productores agrarios. La descripción de cómo están las cosas en el norte habla de la posibilidad de un enfrentamiento, pues además de los policías, incluida la Infantería, al campo también habían llegado civiles “con picos, machetes y palas” para ingresar a las tierras que reclaman como suyas Alfredo Riera y su familia. El sábado 21 de mayo pasado Miguel Alcides Villalba denunció en una reunión de campesinos del departamento San Martín que el monte del que se servía para alimentar a sus trescientas cabezas de ganado en la Finca Caraguatá (camino a Tonono, en el departamento San Martín, 12 / otrosterritorios

ANDREA FERNÁNDEZ

LAURA URBANO

setenta kilómetros al norte de Tartagal) le fue tirado encima. El estallido en llanto de Villalba según cuentan quienes estuvieron en la reunión que se hizo en el Lote Fiscal 7, de Tartagal-, era la expresión de impotencia frente a la acción de quienes son titulares nominales por haber comprado las tierras años después de que Villalba las habitara. En las imágenes del canal de cable Video Tar (medio tartagalense), se ve como las máquinas -que según indicaron los encargados son de Miguel Ragone hijo-, se llevan por delante el monte. El máximo tribunal argentino, la Corte Suprema de Justicia, prohibió esos desmontes. “Se acabó con el festival de los desmontes en la provincia”, decía un triunfal Juan Manuel Urtubey al ganar las elecciones en 2007. Sus palabras, las leyes promovidas y promulgadas en su gestión, y la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hacían suponer que eso se cumpliría. Las suposiciones persisten. Lamentablemente,

también persisten las acciones ilegales e ilegítimas amparadas por un Estado que omite actuar seriamente cuando se avasallan derechos de ciudadanos. El feudo de Feudis Un Santiago Godoy diferente se pronunció en la Cámara de Diputados a favor de los pequeños productores y sorprendió. Esta postura vertida en 2010 a favor de los campesinos, fue diametralmente distinta a la expuesta en 2004 cuando se trataba la desafectación y posterior venta de la ex área protegida de los lotes 32 y 33 de Anta. Hace dos semanas, sostenido en su nueva postura, el presidente de la Cámara de Diputados le dio la razón a los pequeños productores respecto del irregular accionar de la jueza en lo Civil y Comercial, Ana María de Feudis de Lucía, quien a pesar de la vigencia de una ley que suspende los desalojos, sigue ordenándolos. Ante el pedido de un juicio político, Godoy se comprometió a concretar una reunión con los

referentes de la Corte de Justicia de Salta. Fuentes de la Corte indicaron que si bien solo recibieron un llamado telefónico de Godoy, no hubo reunión porque él no podía asistir el día que lo citaba el máximo tribunal provincial. El encuentro, hasta ahora, sigue en agenda. Mientras tanto, la jueza De Feudis continúa ordenando desalojos. La inacción de Godoy ante el avasallamiento de los campesinos, no colma las expectativas que el se encargó de alimentar. El jueves fue la segunda vez que la jueza envió a la Policía a desalojar campesinos. Al querer desalojar a Riera, argumentó que es el resultado de un juicio “ya fallado” y, por lo tanto, la ley 7658 no se aplica en este caso. Los campesinos lograron resistir el desalojo “agarrados de la mano”. La Policía, que ya estaba preparada para actuar junto al juez de Paz que los notificaba de la acción, se retiró. El primer desalojo que ordenó la magistrada a pesar de la vigencia de la norma que suspende estas medidas, y en el cual sí hubo represión, fue contra la familia Yapura en el lote fiscal siete, de San Martín. La resolución judicial fue nuevamente resistida a fuerza de solidaridad campesina. Más aún, generó que los campesinos de la zona comenzaran a organizarse y a “montar guardias” en los puestos a los que llega la versión de un posible desalojo.


derechos humanos hoy / campesinos / género LA MISOGINIA DE UN JUEZ

Tristes declaraciones JACQUELINE COBO RONCAL

La violencia de género no discrimina cargos ni instituciones a la hora de instalarse en una sociedad, prueba de ello fueron las tristes declaraciones que realizara hace una semana el vocal Denunciados hace un mes “Es empleado nuestro”, dijeron referentes de la empresa de Ragone (hijo) al contestar las consultas por la denuncia de Villalba. El campesino, en tanto, denunció que las topadoras le dejaron solo un espacio de cien por doscientos metros para alimentar su ganado. Antes, usaba cinco mil hectáreas. Hugo Rolando, representante de la empresa de Ragone, Organización Las Lajitas, sostuvo que la actitud de Villalba fue “infiel”. Respecto de los desmontes respondió que solo estaban “reacomodando algunas partes que estaban desmontadas”. Agregó que Villalba fue tomado como empleado por la empresa, que además de pagarle un sueldo, le renovó el “contrato de pastaje” que pagaba a los anteriores titulares registrales. Villalba vive en el lugar hace dieciséis años. Según las verificaciones que se pudieron hacer en la Dirección de Inmuebles, la Finca Caraguatá, fue comprada en 2007 y en ese

mismo año se decidió convocar a audiencia para desmontar cinco mil 605 hectáreas en las tierras comprendidas en la matrícula 17.624. En esa matrícula, el desmonte fue suspendido en la gestión a cargo de la ex secretaria de Política Ambiental, Catalina Buliubasich, en enero de 2008. Por principio precautorio (argumento que usó Buliubasich al suspender los desmontes en la provincia y que le costó la renuncia al gobierno de Urtubey), la Corte Suprema suspendió los desmontes en los departamentos San Martín, Santa Victoria, Rivadavia y Orán. A pesar de que la disposición sigue en pie, hace un mes se denunció de manera informal ante el Ministerio de Ambiente el desmonte (“reacomodo”, según la empresa), que se hacía en Caraguatá. Recién el jueves, y por la denuncia demostrada por las imágenes, los funcionarios fueron “a ver” qué pasaba en el lugar.

decano de la Corte de Justicia de la vecina provincia de Tucumán, René Goane, quien expresó que “desde que se intensificó el ingreso de personal femenino (al Poder Judicial) se trabaja menos tiempo, mal que le pese a la doctora Carmen Argibay (vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), que creó una oficina de género que discrimina a los varones”, a lo que añadió que por culpa de la mujer se instaló la “cultura del mediodía”, ya que “quieren entrar a Tribunales para tener la tarde libre”. Hablamos de tristes declaraciones porque constituyen un caso más de violencia de género en nuestra sociedad, con el agravante de que quien las manifestara es parte del órgano de poder público encargado de aplicar las leyes vigentes garantizando el acceso a justicia de todos y todas. Leyes vigentes que, como verdaderos logros de la lucha por la igualdad, se dirigen a erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde ejercen sus relaciones interpersonales, como lo es su lugar de trabajo. Tristes declaraciones, porque no condicen, de manera alguna, con la política de género que actualmente se impulsa desde el Poder Judicial a nivel nacional con la creación de la Oficina de Género en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de igual manera en la provincia de Salta, con la reciente instalación de la OVIF por parte de la Corte de Justicia y el ya conocido trabajo del SAVIC en el Ministerio Público. Tristes declaraciones, que sorprenden y preocupan, porque tienden a desvalorizar a la mujer y a descalificar su trabajo y porque se olvidan de los años de lucha y sufrimiento de las mujeres por la reivindicación de sus derechos y por la eliminación de estereotipos discriminadores, luego de siglos de sometimiento y olvido. Tristes declaraciones… que felizmente nos impulsan a seguir trabajando, a no cesar en la lucha por la igualdad y respeto de nuestros derechos. El objetivo es claro: erradicar la tan naturalizada violencia contra las mujeres… la tarea es ardua… y el camino acertado será lograr que la perspectiva de género penetre en las instituciones de manera transversal y cobre fuerzas limitando el terreno de la violencia… es una tarea de todos y todas, que sólo tendrá éxito si se la emprende de manera conjunta, coordinada y responsable. otrosterritorios / 13


derechos humanos hoy / aborto

SE PUBLICÓ UN MANUAL PARA REALIZAR ABORTOS SEGUROS

Todo lo que siempre quiso saber y nadie se animó a escribir Bajo la premisa de la información como un bien social, que debe ser transmitido para una mejor elección, el grupo de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto presentó una obra que genera controversia. LUJÁN GONZÁLEZ

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ANDREA FERNÁNDEZ

Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas, la obra del grupo de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, pertenecientes al movimiento LGBT, pretende, de una manera muy desprejuiciada, “naturalizar” esta práctica como una experiencia común. Para ello acerca datos, algunos de los cuales son de organismos oficiales, como las estadísticas del Ministerio de Educación, que dan cuenta que cada año quinientas mil mujeres se hacen abortos. O las del Ministerio de Salud nacional, aún más inquietantes: cada mujer, sostienen los números, aborta ilegalmente en promedio dos veces a lo largo de su vida. Con una lectura simple, el manual, que se presentó en la feria del libro con un debate, pretende llegar a todas aquellas mujeres que buscan información en esta temática. Según cifras de las Naciones Unidas, cien mujeres fallecen por año y tienen lesiones o enfermedades sesenta y ocho adolescentes, jóvenes o adultas. En Argentina los abortos son la primera causa de mortalidad materna. La mayoría de las víctimas son pobres. En ese marco la organización Lesbianas y Feministas, preocupada por la cantidad de abortos clandestinos y las muertes como consecuencia de estas prácticas, está llevando a cabo diferentes iniciativas en todo el país. Una de las más

renombradas fue la habilitación de una línea telefónica para que las mujeres consigan “más información y menos riesgos”. “Hablamos directamente con ellas, porque son quienes deben tener la información completa y correcta de primera mano y sin filtros, y para que nos hagan las preguntas que necesitan, es su derecho como mujer, aunque muchas no están conscientes de que tienen estos derechos”, afirma, a través del teléfono, una de las voluntarias. El manual pretende redoblar el compromiso para evitar que mujeres realicen intervenciones desinformadas, y por ende, peligrosas. “Hervir cerveza negra, lavandina, permanganato, agujas de tejer, sondas, té de ruda, perejil, inyecciones. Seguramente escuchaste sobre abortos con

estas cosas, y mucho más. Ninguno de estos métodos o remedios caseros es efectivo y seguro para abortar. Usarlos puede poner tu salud en peligro. Tampoco es seguro abortar con un raspaje, sondas o cualquier operación (cirugía) hecha por personas que no saben, con herramientas viejas, en lugares sucios, o sin anestesia”. Informa el manual en su página 13. Entre otras descripciones, el manual categoriza las formas “peligrosas” y “seguras” de realizar un aborto, priorizando en la segunda a la pastilla misotrospol, brindando detalles de sus características, uso y contraindicaciones, comparándola con otras prácticas abortivas, y diferenciándola de los métodos anticonceptivos. “El misoprostol

es el único remedio que se puede usar para abortar en casa de manera segura hasta la semana doce de embarazo cumplida. Por eso en este libro sólo damos información sobre misoprostol. Podés preguntarle a un/a médico/a por otros medicamentos para abortar y cómo se usan para que sean seguros”, indica en la página 19. El manual, al igual que la información que se brinda por la línea telefónica, se basa en leyes argentinas, organismos internacionales de derechos humanos, el Ministerio de Salud de la Nación, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro y la Red Contra el Aborto Inseguro en Argentina, integrada por equipos de salud y organizaciones sociales de todo el país. Además de impulsar el misoprostol como una de las opciones más eficientes, a modo de reforzar y no “monopolizar” la información (uno de los pilares que propugna la asociación), el manual recopiló todas aquellas dudas que manifiestan mujeres en la línea telefónica, desmitificando creencias o diferentes cosmovisiones “Algunas comunidades y algunas mujeres han logrado mantener un saber ancestral sobre formas seguras de abortar usando diferentes instrumentos y sustancias. Muchas formas seguras y efectivas de abortar están basadas en estos conocimientos ancestrales.


derechos humanos hoy / aborto / matrimonio igualitario “Pero estos instrumentos y sustancias son peligrosas o inútiles si no se sabe bien cómo usarlas. No te arriesgues si no tenés información completa y de alguien confiable y con conocimiento. “No te dejes engañar. A muchas personas no les importa que pongas en peligro tu salud o tu vida y hacen falsas promesas. Sólo les importa el negocio que hacen con tu cuerpo y tu necesidad”, explica en su página 20. Si bien el manual contempla la utilización de la pastilla abortiva, aclara que no es una recomendación médica, simplemente una recopilación de información por organismos oficiales y especializados. El manual también reseña los derechos que se tienen frente a la asistencia médica en los centros de salud públicos. “Fui a ver a un ginecólogo para averiguar sobre un aborto y me echó del consultorio”, o “En el hospital pregunté cómo podía hacerme un aborto y me insultaron, me echaron y amenazaron con denunciarme”, son algunas de las frases rescatadas, o las reacciones a las que se exponen las mujeres en el trato médico. Según la asociación, el trato y juicio médico son algunos de los impedimentos con los que se encuentran las mujeres a la hora de recaudar información. La obra describe asimismo diferentes casos en los cuales la justicia impidió la práctica de abortos por cuestiones religiosas. A modo de corolario, el libro hace hincapié en los derechos sexuales y reproductivos y en las diferentes leyes sancionadas desde 2003 en adelante, cuando se produce una mayor evolución la materia. En Salta, muchos grupos aplauden iniciativas como la del manual, pero hay más que la denostan. En este contexto, son diversos los grupos católicos que se oponen al aborto, y organizan acciones para repudiar esta posibilidad. Una de las organizaciones más conocidas es Red Salta, la cual repudió la sanción del matrimonio igualitario, aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación en 2010, realizando una premiación a los legisladores que la rechazaron. En ese acto, junto a legisladores provinciales y nacionales, el gobernador Juan Manuel Urtubey realizó una encendida defensa de “la familia y los valores” instando a que, los salteños católicos se manifestaran (como lo habían hecho en esa oportunidad), contra el aborto. Red Salta es conocida además por su tradicional “marcha blanca”, a la cual asisten miembros de la comunidad católica e integrantes de establecimientos educativos, incluidos representantes de la Universidad Católica de Salta.

La incomodidad de negar la ampliación de derechos MATÍAS HESSLING Bruno Bimbi estuvo en Salta y logró incomodar a los cuarenta asistentes, entre ellos militantes de los derechos de diversidad de diferentes espacios y el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, en la presentación que realizó en Salta de su libro Matrimonio Igualitario. Intrigas, tensiones y secretos en el camino hacia la ley, organizada por el Observatorio de promoción de derechos de diversidad sexual y el Foro de Diversidad del Inadi. Bimbi estremeció a los presentes en el Salón Auditorio del Museo de Bellas Artes de Salta el pasado jueves cuando puso al descubierto los “secretos” de algunos legisladores nacionales salteños durante el proceso de discusión por la reforma del código civil que habilitó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con Godoy como referente político provincial en la mesa de presentación, y único integrante del oficialismo salteño que se manifestó a favor de la ley, el autor del libro que revela las estrategias llevadas adelante por la Federación Argentina LGBT para conseguir los votos necesarios para la aprobación de la ley, no tuvo reparos en denunciar la hipocresía de algunos de los legisladores salteños, con estrecha vinculación con la homosexualidad en sus vidas personales, que argumentaron en contra de la ampliación de derechos. Bimbi destacó y agradeció la presencia de un legislador provincial con el cargo del diputado Godoy en la mesa, pero al mismo tiempo lo invitó públicamente a asumir un compromiso con la agenda de la diversidad sexual en Salta, principalmente la modificación del Código Contravencional que hoy habilita a la policía a detener a personas trans “sospechadas” de ejercer la prostitución. El autor no tuvo reparos en abordar puntos sensibles de la discusión política nacional como la presencia de intereses corporativos que presionan a los legisladores frente a la votación de temas controvertidos para la sociedad como lo es la definición de conceptos centrales como familia, igualdad, y acceso a los derechos ciudadanos. El periodista expuso algunas de las movidas políticas cuasi mafiosas de la Iglesia Católica para con los legisladores del Congreso Nacional. También reconstruyó el proceso de adhesión a la ley del gobierno nacional, teniendo como interlocutor privilegiado al ministro Aníbal Fernández que cumplió con su palabra de trabajar hacia el interior del Poder Ejecutivo para alcanzar la reforma del Código Civil. Bimbi llegó a Salta en el marco de su gira nacional de presentación del libro que trata de cómo en cada una de las provincias se configuró una disputa de poder, que los sectores más reaccionarios de los diferentes espacios políticos no estaban dispuestos a perder. En las provincias visitadas, el periodista develó las artimañas que pergeñó la jerarquía eclesiástica para que los legisladores que responden históricamente a las ideologías más reaccionarias del país, eviten a toda costa la legalización y legitimación de lo que consideran una “abominación” de las relaciones amorosas humanas. otrosterritorios / 15


LAS TRAMPAS DE CLARIN, LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA Y LA ASAMBLEA DEL BAUEN

Escribir en una tapa en blanco por Alejandra Cebrelli* ANDREA FERNÁNDEZ

El sábado pasado en el Hotel Bauen se reunieron un centenar de trabajadores de prensa bajo el lema “Porque es hora de empezar a discutir”. Pablo Llonto tomó la palabra para recordar que se está viviendo un tiempo histórico en el que los periodistas participan en el debate sobre los medios, no sólo en defensa de sus derechos laborales sino de la propia libertad para escribir. La alusión a la libertad de expresión en este contexto de ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía resulta así la contracara de los argumentos que utilizaran recientemente los multimedios para obliterar los conflictos laborales que mantienen dentro de sus propias organizaciones, en algunos casos, desde hace más de una década. La Asamblea es el resultado de una serie de conflictos históricos de los trabajadores de medios que, desde el bloqueo sindical realizado a Clarín y La Nación, pudieron finalmente ocupar las agendas mediáticas. En pocas semanas, fueron titulares de diarios y noticieros de todo tipo la lucha de los empleados de Perfil, BAE, diario Hoy, La Voz del Interior, entre otros. Paradojalmente, la tapa muda con la cual Clarín pretendía denunciar una supuesta amenaza a la libertad de expresión en el país (obliterando el problema gremial interno), abrió un resquicio por el cual se filtró la protesta genuina de sus trabajadores y, con ella, la de muchos otros que estaban en igual o peor es condiciones de precariedad laboral en otros medios importantes del centro pero también del interior del país. Sin embargo, no se puede ignorar el efecto performativo de esa tapa blanca –y tampoco el poder de la megaempresa en cuestión. No es poca cosa movilizar a representantes de la SIP hasta la Casa Rosada con la excusa de “que el clima de libertad de prensa viene deteriorándose con el grave riesgo de cara a las elecciones presidenciales de octubre próximo”. La visita generó múltiples comentarios en los medios entre los cuales merece citarse la jocosa carta abierta que envió Santiago Varela (ex guionista de Tato) al Presidente de esa sociedad en la cual, luego de enumerar los numerosos periódicos en papel y digitales, blogs, páginas de internet. programas de radio y televisión de canales públicos y privados donde leyó el “diagnóstico” de la organización sobre la libertad de expresión en el territorio nacional, concluye diciendo que “tiene usted razón mi querido Marroquín, nuestra libertad de prensa está sumamente debilitada, al borde del abismo (…). Permítame que me atreva a decir, que menos mal que está usted al frente de la SIP para socorrernos ante este terrible marasmo en que nos encontramos los argentinos. Gracias nuevamente”.

Mientras tanto, en otro tenor, el ex director de The Buenos Aires Herald, Robert Cox, instaba públicamente a “defender todos los medios” ya que Buenos Aires es “un paraíso para los periodistas y para la gente que quiere leer” por los diez y siete diarios que hay en circulación. En síntesis, frente a la realidad social, no hay agenda cutting que valga. Se puede mentir en un titular, ocultar los hechos bajo una tapa en blanco pero la verdad termina inscribiéndose en toda su plenitud sobre la falsa portada. Los trabajadores de prensa no sólo han hecho llegar a la sociedad sus reclamos sino que, además, se están organizando, elaborando una agenda de discusión con la finalidad de poder protagonizar con una voz colectiva el innegable cambio en el escenario mediático nacional, resultado –en gran medida– de la implementación de la Ley de Servicios Audivisuales y de políticas sociales orientadas a la equidad. Queda, sin duda, un largo trecho por recorrer. Lo bueno es que, como dice el lema de la Asamblea, es hora (y se puede) empezar a discutir. Entre todos y entre todas; los y las trabajadoras, el gobierno, los medios y también el público consumidor. Porque, como recordó también Llonto, el periodismo es una práctica política y la política forma parte de la vida cotidiana. *Docente de las cátedras de periodismo y de análisis del discurso de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta.

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"Otros territorios: información y análisis sobre derechos y justicia".  

MEMORIA -Unidos para reprimir / Ejército y Policía actuaron juntos desde la dictadura de Lanusse / La operación Colombo, antecedente del Pla...

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