Boletín 2021-06

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Boletín 2021-06 ISSN: 2676-0991

“Este boletín recoge las noticias publicadas en la prensa escrita relativas al sector de la seguridad social en la República Dominicana. Las mismas no necesariamente reflejan la opinión del Observatorio”.

Martes 02 al lunes 08 de marzo de 2021

En este boletín: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Llaman a retomar propuesta de Atención Primaria. México: capitalización individual solidaria. Pensionan a 1,257 médicos con el 100 % de sus salarios. Atención primaria: Lecciones de Colombia. A 20 años de la ley de seguridad social, logros palpables y los pendientes. Tesorería de la Seguridad Social deposita denuncias de accesos irregulares al SDSS. Pensiones en América Latina: promesas y realidades (I). Congreso Nacional inicia modificación de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social. Patrimonio de Fondos de Pensiones alcanzó los RD$801,465.21 millones en el 2020.

Miércoles 03 de marzo de 2021 Disponible en: https://www.diariosalud.do/diariosalud-tv/llaman-a-retomarpropuesta-de-atencion-primaria/ Autor (a): Viannelys Alcántara La experta en seguridad social y economía de salud, Magdalena Rathe llamó a retomar la propuesta sobre Atención Primaria presentada en el 2018 por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). La especialista detalló que este estudio presentado por la SISALRIL nunca se discutió, ni se tomó una decisión al respecto, “creo que esa es una de las tareas más importante que se debería comenzar por lo menos a discutir cómo hacer las cosas, como implementar esa u otra”. Señaló que para que la Atención Primaria sea una realidad en el país lo principal sería poner el tema en la agenda política del gobierno como prioritario, “que el Consejo de Seguridad Social comience a discutir la propuesta de seguridad social de la SISALRIL o que encargue otro estudio si ese no le gusta, que se decidan a poner los recursos necesarios”. Al participar en el programa “Atención Primaria ¿Dónde estamos?”, realizado por DiarioSalud TV, la especialista destacó que para la implementación de esta estrategia se necesita un acuerdo nacional. “Uno de los temas que habría que ver es que se ponga en la mesa de discusión, que el que tenga objeciones diga que tiene objeciones y por qué y que se trate de buscar un punto común, una forma de resolver el problema y lograr su implementación”, dijo. Rathe señaló además que República Dominicana está entre los últimos países de América Latina, en términos de los fondos públicos que asigna a salud, incluyendo los recursos de la seguridad social del régimen contributivo. En este sentido, explicó que el presupuesto público destinado a salud en el país incluyendo la seguridad social es un 2.8 por ciento del PIB, “el total incluyendo el gasto privado, la República Dominicana asigna cerca del 6 por ciento del PIB, pero casi la mitad corresponde al gasto de los hogares, o sea, que son los hogares de su bolsillo que desembolsan para pagar servicios de salud”.


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Miércoles 03 de marzo de 2021 Disponible en: https://seguridadsocialparatodos.net/mexico-capitalizacion-individual-solidaria/ Autor (a): Arismendi Diaz La reforma mexicana confirma las conclusiones de mi libro PENSIONES DIGNAS Y SOSTENIBLES PARA TODOS, Los grandes retos de la longevidad, de que la capitalización individual puede ser solidaria y garantizar mejores pensiones vitalicias México aprobó una reforma profunda del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), con notables beneficios para los trabajadores mejicanos, basada en seis cambios trascendentes para América Latina y el resto del mundo, imprimiéndole un sello solidario al sistema de capitalización individual, vigente desde el 1997. Eleva gradualmente la cotización para el retiro. Una de las críticas válidas contra la capitalización individual son las pensiones insuficientes. Si en Chile resultaron bajas con un aporte del 10%, imagínense en México con sólo el 6.5%. La reforma la aumentará en un 130% al pasar del 6.5% al 15.0% en 8 años, lo cual agregará un 40% a la tasa de reemplazo. Mantiene intacta la cotización de los trabajadores. A pesar del 130% del aporte adicional, se mantiene la cotización laboral en sólo un 1.125% del salario base de cotización (SBC), aunque en el resto del mundo oscila entre el 25% y el 35% del total. Aumenta gradualmente el aporte de las empresas. Este es un cambio sin precedentes, ya que la cuota del empleador pasará del 5.15% actual al 13.87% en 8 años, del 2023 al 2030. Se trata de una verdadera hazaña ya que tradicionalmente este sector ofrece mucha resistencia. Uno de los argumentos es que eleva el costo de la fuerza de trabajo, reduciendo el empleo y la competitividad internacional. En adición, se arguye, que un aumento del aporte patronal reduce la sostenibilidad de las pequeñas y micro empresas generadoras de empleos. Reduce a un máximo del 0.54% la comisión anual de las AFORES. Quizás el mayor rechazo del sistema de capitalización individual (SCI) proviene de la privatización y de las altas comisiones de las AFORES/AFP, en contraste con las pensiones insuficientes. México redujo la comisión anual sobre el monto del patrimonio de los trabajadores, a pesar de la resistencia de las AFORES, para elevar el crecimiento del fondo para el retiro. Este 0.54% equivale al promedio de las comisiones vigentes en Chile (0.54%), Colombia (0.62%) y Estados Unidos (0.45%). Disminuye la cantidad de cotizaciones semanales. La exigencia de 1,250 semanas de aporte para tener derecho a una pensión mínima garantizada excluye a millones de afiliadas víctimas de la inestabilidad del mercado laboral. La reforma redujo a 750, bajando de 24 a 14 años el requisito para acceder a una pensión mínima. Aumenta el Fondo de Solidaridad Social. Además, la reforma fortalece la solidaridad del sistema de capitalización individual al especializar un fondo de reparto para elevar la tasa de reemplazo de todos los trabajadores con salarios inferiores a cuatro (4) veces el salario mínimo nacional. La reforma mexicana confirma las conclusiones de mi libro PENSIONES DIGNAS Y SOSTENIBLES PARA TODOS, Los grandes retos de la longevidad, en el cual se demuestra, mediante cálculos actuariales y financieros, que la capitalización individual puede garantizar mejores pensiones vitalicias y ser compatible con la solidaridad social. La única reforma que México no incluye es la extensión de los años de aporte, quizás porque todavía su población es muy joven. Sin dudas, el nuevo modelo azteca constituye un hito trascendente en el destino del sistema de capitalización individual a escala mundial, ya que aumenta las aportaciones y reduce la comisión. Además, eleva la pensión mínima a los trabajadores de bajos ingresos y agrega un 40% a la tasa de reemplazo de los jubilados y pensionados.


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Jueves 04 de marzo de 2021 Disponible en: https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/pensionan-a-1257-medicos-con-el-100-de-sussalarios-EJ24785144 Autor (a): Yulissa Álvarez Entre aplausos y algarabía el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, anunció este jueves que 1,257 médicos serán pensionados con el 100% de su salario a partir de este mes. El anuncio se realiza a través del decreto 127-21 promulgado por el presidente, Luis Abinader y con fecha del 25 de febrero. “Hoy es un día de júbilo y celebración a nivel nacional para los médicos, con la más importante e histórica conquista de todos los tiempos del gremio médico. La implementación y el inicio de la pensiones con el 100% a través de la Ley 414-98”, expresó el galeno. Suero precisó que con este decreto el presidente cumple con el acuerdo que había sostenido con el gremio y las pensiones de sus galenos el pasado 21 diciembre. Además de la pensión de sus salarios, los médicos recibirán sus incentivos y la unificación de ambos empleos. El galeno indicó que los salarios oscilan entre los RD50, 000 hasta los RD$183,000. “Con este decreto el presidente de la República le da formal inicio e implementación a la Ley 414-58 y al acuerdo que firmamos el pasado 21 de diciembre”, reiteró.

Viernes 05 de marzo de 2021 Disponible en: https://acento.com.do/opinion/atencion-primaria-lecciones-de-colombia-8919625.html Autor (a): Magdalena Rathe La reforma aprobada en la República Dominicana en el 2001, en lo concerniente al régimen contributivo especialmente, tuvo inspiración en la colombiana. En la entrega de hoy continuamos con la revisión de lecciones aprendidas de países exitosos en sus sistemas de salud, con el caso de Colombia, tomadas de la investigación elaborada conjuntamente con Marc Gibert sobre lecciones aprendidas para implementar la APS en Latinoamérica. Dicho estudio fue realizado para el Observatorio de Seguridad Social (OSES), una iniciativa del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Fundación Plenitud y la versión completa está disponible en Amazon. Colombia es un país situado en la región noroccidental de América del Sur. Su superficie territorial se extiende 1, 141,748 km2, y en el año 2017 estaba habitada por más de 49 millones de personas (BM, 2019). En ese mismo año, Colombia registró un PIB per cápita de US$ 6,302, cifra que asciende hasta los US$ 13,255 cuando se ajusta por paridad del poder adquisitivo, monto ligeramente inferior al promedio regional, ascendente a US$ 14,412. Acorde al coeficiente de Gini, que registró un valor de 50.8 en el año 2016, la distribución de este ingreso es una de las más desiguales de la Región. En términos de pobreza monetaria, en el año 2016 un 11.8% de la población vivía con menos de US$ 3.20 diarios (BM, 2019). Su esperanza de vida al nacer ascendía a 74 años en 2019 y el Índice de Desarrollo Humano, que combina este indicador con variables relacionadas con el nivel educativo y el nivel de ingresos, alcanzó una valoración de 0.747 en 2017, situando al país en la decimotercera posición sobre el total de 22 países analizados (PNUD, 2019). La reforma del sistema de salud impulsada por la Ley 100 de 1993, entró en vigor el 1 de enero de 1995 y transformó el modelo de Sistema Nacional de Salud prevalente hasta ese momento en un modelo de Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Se trata de un sistema de salud de carácter contributivo, basado en la seguridad social, con pagadores múltiples y proveedores públicos y privados. Los aseguradores privados deben ofrecer el mismo paquete y esquemas de copagos, pero el grado de regulación no es muy avanzado. Existen seguros privados que, en general, son duplicativos del básico. (OCDE, 2019).


PÁGINA 4 El SGSSS ha sufrido algunos ajustes normativos desde la promulgación de la Ley 100. La Ley 1122 de 2007 tenía como objeto la mejora en la prestación de los servicios e incidió en aspectos de la dirección del sistema, su financiación y universalización, el fortalecimiento de los programas de salud pública o la organización de las redes de atención. En el año 2011, la Ley 1438 pretendía fortalecer el SGSSS a través de la definición de un modelo de atención fundamentado en la estrategia Atención Primaria en Salud. Por último, la Ley 1751 de 2015, conocida como Ley Estatutaria, puso de manifiesto que el Estado es el responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y debe velar por la igualdad de oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación (Alcaldía de Bogotá, 2018). En Colombia, los responsables de la prestación de servicios de atención a las personas son las IPS, que pueden ser desde médicos individuales hasta hospitales de referencia nacional. En el desarrollo del SGSSS, los establecimientos públicos fueron transformados en Empresas Sociales del Estado (ESE), unidades con autonomía jurídica, administrativa y financiera. Con el modelo resultante de la Ley 100, los prestadores públicos (ESE) y los privados (IPS) deben competir en igualdad de condiciones por atraer a los usuarios y establecer contratos con las EPS, de manera que puedan garantizar su autosostenibilidad financiera. Esto implica un cambio en la manera cómo el Estado financia a los prestadores públicos, pasando de subsidiar la oferta a subsidiar la demanda, vía la venta de servicios. (Paredes, 2000). Con la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) del año 2016, las IPS se deben articular en Redes Integrales de Prestación de Servicios, que pueden ser públicas, privadas o mixtas. Cada red se debe configurar para una población y entorno de referencia, atendiendo al Análisis de Situación de Salud (ASIS) del territorio, de tal manera que su configuración responda a los requerimientos de la demanda y no a los arreglos de los agentes institucionales del sistema. Toda red debe tener dos componentes prestacionales: un componente primario capaz de resolver el 80% de las necesidades de la población y un componente complementario, a cargo de los servicios de mayor complejidad. Las IPS deben prestar todas aquellas intervenciones de promoción, prevención, paliación, atención de la enfermedad y rehabilitación que no estén explícitamente excluidas del Plan de Beneficios de Salud (PBS). (MSPS, 2016) La forma de pago generalmente usada es pagos por servicios prestados, sobre todo a nivel de hospitales y especialistas. En el primer nivel existe una combinación de presupuestos globales y pagos capitados. (OCDE, 2019). En términos de movilización de recursos, el grueso del financiamiento al gasto en salud en Colombia corresponde a fuentes tributarias y contribuciones a la seguridad social. Los fondos del SGSSS se mancomunan en el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), junto con las contribuciones del Estado y otros ingresos de fuentes fiscales y parafiscales destinados a financiar el régimen subsidiado. Posteriormente, son distribuidos entre las distintas EPS, que compiten entre ellas bajo condiciones de mercado, en función de su número de afiliados. Por imperativo legal, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado debe ser igual al 95% de la UPC del régimen contributivo. Así, en el año 2019, las EPS reciben 847,181 pesos colombianos (US$ 254) por afiliado al RC y 787,327 pesos colombianos (US$ 236) por afiliado al RS. Estas cantidades se pueden aumentar en función de la dispersión geográfica o el carácter indígena de la población afiliada (Resolución 5858/2018). A su vez, las EPS pagan los servicios a las IPS bajo distintas modalidades: retrospectivo por evento, prospectivo por GRD o incluso por una base capitada. Las tarifas son definidas libremente, en base al comportamiento de la oferta y la demanda. Para el año 2016, el gasto total en salud en Colombia fue del 5.9% del PIB, alrededor de US$ 830 por persona, cifra que se sitúa alrededor del 85% del promedio regional (US$ 985). De estos, el gasto movilizado a través de esquemas obligatorios (usualmente denominados como gasto público) ascendió al 3.8% del PIB, unos US$526 por persona. Esto es, el 66% del gasto total en salud fue movilizado por esquemas de financiamiento obligatorio, siendo el grueso de este realizado a través del seguro social. El gasto privado, compuesto fundamentalmente por el que se moviliza a través del gasto de bolsillo y de los seguros voluntarios, ascendió al 20% y al 14% del gasto corriente en salud, respectivamente. El dato de gasto de bolsillo, conformado por los montos abonados por los usuarios de la red privada y por los copagos y cuotas moderadoras que los usuarios del SGSSS deben abonar al momento de recibir los servicios, es uno de los más bajos de la región de Latinoamérica, ubicándose en el cuarto lugar, sólo por encima de Cuba, Argentina y Uruguay (OMS 2019a).


PÁGINA 5 En el SGSSS coexisten dos regímenes de aseguramiento: el contributivo, para asalariados, pensionados y trabajadores independientes con capacidad de pago; y el subsidiado, para personas sin capacidad de pago. El gobierno asigna un 23% del gasto corriente en salud para financiar este régimen, a través de la partida denominada “transferencias para grupos específicos”. Durante los primeros años de funcionamiento del SGSSS, los resultados en términos de aumento de cobertura fueron alentadores, ya que pasó de cubrir el 22% de la población antes de la reforma a cubrir el 57% en el año 1997. Eso se logró gracias a incorporar a cerca de 7 millones de personas al régimen subsidiado y a extender la cobertura a los dependientes de los individuos que ya cotizaban (Almeida, Parra & Romero, 2007). Sin embargo, la cobertura universal que planteó la Ley 100 para el año 2000 todavía no se ha logrado, aunque los avances han sido muy importantes. A 30 de abril 2019, la misma es de 90.5% de la población colombiana, donde el régimen contributivo cubre a 44.8% y el subsidiado a 45.7% (MSPS, 2019) En lo que respecta al grado de implementación de la atención primaria en Colombia, objeto principal del estudio de referencia, debe señalarse que con la reforma impulsada por la Ley 100 se separó la prestación de servicios de atención a las personas de las acciones de salud colectiva, que se limitaron al contenido del Plan de Atención Básica. Acorde la evidencia disponible, esto generó una fragmentación operativa que contravenía los principios de la APS integral. Además, algunas EPS e IPS adoptaron el enfoque de una APS selectiva como elemento para la contención de costos y como puerta de entrada a servicios de atención de predominio biomédico y curativo. Esta visión fragmentada del sector salud se intentó modular con la promulgación de la Ley 1438 de 2011, que pretendía fortalecer el SGSSS a través de la definición de un modelo de atención fundamentado en la estrategia de APS. (Múñoz et al, 2012) A pesar de los esfuerzos integradores de la Ley 1438, el sistema todavía no ha sido capaz de superar la fragmentación existente en términos de atención primaria, pues existen problemas para articular las acciones colectivas de prevención y promoción del PSPIC, cuya prestación es responsabilidad de las autoridades locales, con las acciones individuales de baja complejidad que se deben prestar por los componentes primarios de las redes integrales de servicios. De hecho, la articulación de ambos componentes sólo se da en aquellos casos que las EPS del régimen subsidiado contratan las actividades de baja complejidad del PBS a prestadores públicos adscritos a las autoridades territoriales, que han sido contratados también por éstas para implementar las acciones de salud pública (Rodríguez et al, 2017). Es también destacable que la mayoría de las instituciones prestadoras del primer nivel son públicas. En 2014, de las 1001 entidades, 996 eran de naturaleza pública y sólo 5 eran privadas. Para complementar a estas entidades, la Ley dispuso la conformación de equipos multidisciplinarios de salud, que realizan actividades extramurales destinadas a la prestación de las acciones de prevención y promoción incluidas en los planes de salud pública. Estos equipos están conformados generalmente por promotores, auxiliares y técnicos de salud, pero algunos tienen médicos y enfermeras generales que trabajan a tiempo parcial según la disponibilidad de recursos. En algunos casos, los equipos de apoyo pueden incluir odontólogos, nutricionistas y psicólogos. En cualquier caso, la evidencia disponible apunta hacia un grado de adecuación bajo para satisfacer las demandas de un enfoque de APS moderno (ISAGS, 2015). En resumen, podemos concluir que Colombia transformó su sistema de salud con la introducción de la Ley 100, pasando de un Sistema Nacional de Salud a un Sistema General de Seguridad Social. En un principio, el nuevo modelo pareció muy atrayente, e incluso replicable a otros países de la región, ya que combinaba la incorporación de elementos centrales de la lógica de mercado, como la libertad de elección del usuario y la competencia, con elementos de solidaridad financiera y el fortalecimiento de nuevas funciones a nivel estatal. La reforma aprobada en la República Dominicana en el 2001, en lo concerniente al régimen contributivo especialmente, tuvo inspiración en la colombiana. Colombia fue uno de los países que procuró implementar un modelo de competencia regulada tanto de proveedores como de aseguradores, sin lograr de manera adecuada la regulación y supervisión de los diferentes actores, lo cual contribuyó a la fragmentación del sistema, además de las dificultades en el diseño del paquete de beneficios. (Bonilla y Rathe, 2018).


PÁGINA 6 Referente a la implementación de la estrategia de atención primaria en salud, el enfoque predominante infravaloró la importancia de los componentes promocionales y preventivos y, en consecuencia, mantuvo a la salud pública en un segundo plano. Cabe mencionar las dificultades que han tenido que enfrentar las empresas prestadoras del primer nivel públicas, debiendo debatir entre ofrecer un cuidado integral o preservar las condiciones que garantizaran su autosostenibilidad financiera en un entorno competitivo. Algunas de las lecciones más destacadas del sistema de salud colombiano se resumen a continuación 

Introducción de mecanismos de mercado: libre competencia y libertad de elección. El SGSSS introduce mecanismos competitivos de mercado en dos niveles. Por un lado, las EPS compiten entre ellas para atraer a los afiliados. Por otro, las IPS compiten para que las EPS las incorporen en su red.

Clara división entre las intervenciones de salud individual y las de salud colectiva. Las primeras, por su naturaleza, pueden ser convertidas en bienes que se regulen por las leyes de oferta y demanda. Las segundas, dadas su “alta externalidad positiva” deben ser prestadas por el Estado.

Definición explícita de los beneficios a los que los afiliados tienen derecho. Se definen dos paquetes distintos, uno para los servicios individuales (que, a su vez, eran distintos según régimen de afiliación) y otro para los colectivos.

Introducción de copagos y cuotas moderadoras. Muchos de aquellos servicios, medicamentos o tecnologías incluidos en el POS y POS-S no son cubiertos en su totalidad, sino que el usuario debe pagar de su bolsillo un porcentaje para acceder.

A pesar de lo anterior, el sistema colombiano ha logrado mejorar la protección financiera de su población a través de los años y reducir el gasto de bolsillo.

No existe adscripción territorial. Los usuarios pueden ir a cualquier entidad de primer nivel que deseen (siempre y cuando esté en la red de prestadores de su EPS de preferencia).

Predominio de prestadores públicos en el primer nivel. Toda vez que es el nivel donde se prestan las intervenciones de baja complejidad, los incentivos financieros para el sector privado son menores.

Sábado 06 de marzo de 2021 Disponible en: https://acento.com.do/actualidad/a-20-anos-de-la-ley-de-seguridad-social-logrospalpables-y-los-pendientes-8920131.html Autor (a): SERVICIOS DE ACENTO.COM.DO El antropólogo social y especialista en gestión pública Bernardo Matías consideró que a 20 años de la aprobación de la ley de Seguridad Social en la República Dominicana se pueden exhibir logros importantes, sobre todo en materia de cobertura de la población en servicios de salud. Al mismo tiempo dijo que en los aspectos que se han quedado rezagados o pendientes se debe de impulsar una nueva reforma. Bernardo Matías recordó que se eligió un modelo mixto, que combina la lógica del mercado y el derecho en salud. "Un modelo de esta naturaleza arrastra distorsiones·, precisó. Habló sobre los 4 puntos de vista que se suelen asumir sobre la seguridad social. Un punto de vista es de quienes resaltan los resultados positivos, que asumen que el modelo ha sido exitoso porque ha significado la ruptura con el viejo esquema de aseguramiento en el cual la mayoría de la población estaba excluida, y los que no reconocen ningún aspecto positivo.


PÁGINA 7 Otra visión es la de quienes niegan que exista algo bueno en el sistema de seguridad social, que entienden que el modelo ha sido un fracaso porque lo que ha generado es un escenario favorable para que los agentes privados vinculados al mercado de la salud hayan acumulado enormes riquezas, sin que la población experimente los beneficios que son inherentes a una verdadera seguridad social. El tercer enfoque enfatiza la certeza del modelo y los logros obtenidos, pero reconoce que por la falta de voluntad política para aplicar la Ley 87-01 como fue concebida originalmente, el sistema arrastra un conjunto de distorsiones que han desviado su naturaleza originaria. Recordó que solo el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) afilia el 69 por ciento de la población afiliada al sistema. Una última visión cree que el sistema nació originalmente torcido, pero que en su naturaleza mercantil tiene logros visibles que no se pueden ignorar. A juicio de Bernardo Matías, se requiere de una reforma profunda, viable y posible. Logros Matías dijo que no se puede desdeñar que la República Dominicana está entre los primeros países de mayor cobertura de afiliación, superando el promedio general de la región. "Antes de la reforma de salud y seguridad social, la República Dominicana estaba en el penúltimo lugar de cobertura de afiliación. En el 2003, la cobertura global efectiva de afiliación de la población era de 7.2%. En ese contexto, toma relevancia de manera particular el salto observado en el Régimen Subsidiado, a través del cual se ha logrado afiliar a 5,731,033, la cobertura de la población pobre en el Régimen Subsidiado era de un 1.9% en diciembre del 2004. Actualmente más del 90% de la población cuenta con cobertura de seguro de salud", detalló.

Sábado 06 de marzo de 2021 Disponible en: https://acento.com.do/actualidad/tesoreria-de-la-seguridad-social-deposita-denuncias-deaccesos-irregulares-al-sdss-8919994.html Autor (a): SERVICIOS DE ACENTO.COM.DO La Tesorería de la Seguridad Social (TSS), como responsable de administrar el Sistema Único de Información y Recaudo, así como la distribución y pago de los recursos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), solicitó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investigar 15 expedientes sobre posibles ventas irregulares de miles de seguros de salud. Al presentar la petición a la Pepca, que encabeza el procurador adjunto Wilson Camacho, el Tesorero de la Seguridad Social, Henry Sahdalá Dumit, deploró el hecho de que las irregularidades atenten contra el equilibrio financiero del SDSS. Sahdalá Dumit y el equipo jurídico de la TSS presentaron documentación sobre la detección de registros irregulares de miles de trabajadores a través del uso indebido de la clave de acceso que tienen personas que el empleador autoriza como su representante ante la TSS. De acuerdo con los expedientes depositados en la Pepca a través de la Secretaría General del Ministerio Público, que encabeza Gladys Sánchez Richiez, se trata de personas reportadas con "salarios" muy bajos, con el único interés de venderles un seguro médico, lo cual afecta las recaudaciones de la seguridad social. Señala Sahdalá Dumit que esos registros irregulares de personas representan un gran perjuicio económico, por lo que la TSS, en su rol de garante del correcto funcionamiento y de administradora del Sistema Único de Y Recaudo (SUIR) entiende que existen indicios importantes para que el Ministerio público inicie Y profundice la investigación correspondiente.


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Domingo 07 de marzo de 2021 Disponible en: https://acento.com.do/opinion/pensiones-en-america-latina-promesas-y-realidades-i8920530.html Autor (a): Arlette Pichardo Muñiz Los países de la región que han logrado mejoras sustanciales en la cobertura de los sistemas de pensiones han sido por medio de la instauración de regímenes no contributivos o pensiones solidarias a cargo del Estado cubiertas con fondos del presupuesto nacional. La pandemia de la COVID-19 –con sobrada razón– ha volcado la opinión pública en general y las prioridades de inversión pública hacia los sistemas de atención en salud. Dejando de lado al otro componente de la seguridad social: los sistemas de pensiones; cuya principal función es asegurar ingresos suficientes y sostenibles a las personas una vez agotado su ciclo de vida laboral, especialmente ante los crecientes avances en longevidad. Más allá de los embates presentes y del impacto futuro de la situación actual, resulta impostergable retomar temas cruciales de largo alcance. Al final del día, la visión y la determinación de tales decisiones marcarán la diferencia en la calidad de vida de las personas. En materia de pensiones es necesario trascender la inmediatez. La atención mediática se ha visto acaparada por la opción del retiro de una proporción de los fondos en las cuentas de capitalización individual, demanda que si bien puede responder al clamor de expectativas individuales amplificadas por las redes sociales, es enarbolada por sectores con mirada de corto alcance y escasa legitimidad y representatividad. Por esa y muchas otras razones, saludamos con entusiasmo el trabajo que nos ha hecho llegar el Dr. Carmelo Mesa-Lago, profesor emérito de Economía de la Universidad de Pittsburgh, con la solicitud de difundirlo. Enhorabuena que esta publicación hace un llamado a ampliar la mirada en lo que atañe al debate entre actores calificados y la toma de decisiones políticas e institucionales con respecto a los sistemas de pensiones. Con independencia de la postura o posición ideológica y de los intereses estratégicos o contingentes que se defiendan, se trata de un trabajo que merece ser leído y estudiado en todas sus dimensiones y alcances. Con el reconocimiento que le asiste y la argucia que le caracteriza, el Prof. Mesa-Lago utilizando estadísticas y documentación respecto a los principios de seguridad social emanados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nos ofrece una valoración del desempeño de los 9 sistemas privados de pensiones latinoamericanos durante las últimas cuatro décadas. De acuerdo con su grado de desarrollo social, los clasifica en tres grupos, ordenados de mayor a menor: los más desarrollados (Uruguay, Chile y Costa Rica), los de desarrollo intermedio (Panamá y México) y los de menor desarrollo (Colombia, El Salvador, Perú y República Dominicana). “Evaluación de cuatro décadas de privatización de pensiones en América Latina (1980-2020). Promesas y realidades” (Mesa-Lago, 2020) es el título de la publicación del Prof. Mesa-Lago, autoridad mundial en el tema. Una amplia reseña hemos compartido en nuestra columna “Cuando leo…” (Pichardo, 2021). A partir de los cinco indicadores claves consideramos por el Dr. Mesa Lago, pasamos balance al estado de situación de las pensiones en el país. Los datos y el análisis son tomados de la investigación que realizamos en conjunto con Joan Guerrero, para el Observatorio de la Seguridad Social (OSES), del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), cuya versión completa estará publicada en formato físico próximamente y ya está disponible en versión digital en Amazon (Pichardo y Guerrero, 2021). En esta oportunidad nos referimos a los dos primeros indicadores: cobertura en relación con la Población Económicamente Activa (PEA) y Solidaridad Social.


PÁGINA 9 Cobertura de la PEA La cobertura es un concepto utilizado para designar los alcances de cualquier sistema de prestaciones. En términos normativos se vincula con los derechos legales instituidos; mientras que, la efectividad de la misma alude a la aplicación del marco jurídico-institucional vigente. En los sistemas de pensiones se refiere a la cantidad de personas cubiertas según regímenes de financiamiento. Para este caso, tal como están previstos en la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), con entrada en vigencia hace ya 20 años. No obstante, a la fecha el régimen contributivo es el único prácticamente vigente, que cubre a trabajadores con dependencia laboral, es decir, asalariados del sector formal de la economía. Antes de la pandemia la cobertura de dicho régimen estaba prácticamente llegando a su “techo”; destacando la ampliación de la brecha entre cobertura nominal (afiliación) y cobertura efectiva (cotización). El llamado régimen subsidiado, inicia en el 2019 con un plan piloto, llegando a cubrir una cifra cercana a 7 mil personas justo antes de la pandemia. El régimen contributivo-subsidiado, dirigido a profesionales independientes y trabajadores por cuenta propia (sin dependencia laboral), a la fecha no ha entrado en vigencia. Frente a este panorama, a noviembre de 2019, los cálculos dan cuenta de una cobertura del 38% de la PEA; cifra que, efectivamente, ha disminuido en tiempos de Coronavirus, por efecto de la desaceleración del mercado de trabajo formal, en particular el turismo y los servicios personales. De modo que, para efectos de política pública y gestión institucional, la ampliación de cobertura del sistema de pensiones sigue siendo un desafío de primer orden. Cuestión, por lo demás, prácticamente ausente en el debate entre actores que conforman dicho sistema y de la atención mediática en general. Los países de la región que han logrado mejoras sustanciales en la cobertura de los sistemas de pensiones, tanto en términos históricos como recientes, ha sido por medio de la instauración de regímenes no contributivos o pensiones solidarias a cargo del Estado cubiertas con fondos del presupuesto nacional. Solidaridad Social Como indicado antes, dado que a la fecha el régimen contributivo es el único prácticamente vigente, el mecanismo por excelencia es el Fondo de Solidaridad Social, establecido por la Ley 87-01, en relación con el monto de la pensión mínima equivalente al 100% del salario mínimo legal más bajo (Art. 53) a ser cubierto por dicho fondo para aquellas personas cuya cuenta personal no acumule lo suficiente (Art. 60). No obstante, la reforma introducida con la Ley 13-20, de entrada en vigencia el 7 de febrero de 2020 (un poco más de un mes antes de la declaratoria de emergencia por la pandemia), si bien prevé una mejora en los períodos de cotización efectiva, debido a los bajos niveles de acumulación previsibles, se podrían generar presiones financieras sobre la sostenibilidad de dicho fondo. Por otro lado, ya se ha indicado la escasa cobertura de las pensiones solidarias a cargo del Estado y la falta de mecanismos que favorezcan el aseguramiento de trabajadores por cuenta propia, es decir, sin dependencia laboral. Principales mecanismos éstos a favor de la solidaridad social, incluida la equidad de género. De modo que huelga repetir lo dicho en el punto anterior. En una próxima oportunidad haremos referencia a los otros tres indicadores, a saber: suficiencia de las prestaciones, administración eficiente y costo razonable y sostenibilidad financiera y actuarial.


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Lunes 08 de marzo de 2021 Disponible en: https://www.diariolibre.com/actualidad/congreso-nacional-inicia-modificacion-de-la-ley-8701-sobre-seguridad-social-MJ24876039 Autor (a): Wilder Páez Una comisión de diputados y senadores comenzó este lunes los trabajos de estudio, revisión y modificación que buscan que el Congreso Nacional apruebe una reforma integral de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. “Queremos anunciarle al país, que en el día de hoy iniciamos los trabajos de forma oficial para la revisión oficial de la Ley 87-01, como un reclamo de la sociedad dominicana y estamos inmerso en un trabajo para escuchar todos los sectores”, expresó el diputado Agustín Burgos, presidente de la comisión. En su primera reunión, Burgos resaltó que, 20 años después, el Congreso Nacional se propone entregarle a la ciudadanía una ley que vaya acorde con las necesidades y el espíritu de beneficiar a la mayor parte de la población. Dijo que, la gran parte de la población ha sido perjudicada por las inequidades que existen en la citada ley, y que, ahora los legisladores tienen la responsabilidad de ofrecer una ley de Seguridad Social ideal. En la agenda de trabajo la comisión bicameral determinó crear tres subcomisiones y recibir todos los sectores e instituciones para escuchar sus inquietudes. Por su parte, el senador Bautista Rojas Gómez explicó que el artículo 29 de la Ley 13-20 del pasado año, manda a que el Congreso Nacional haga una revisión total de la ley. “Esta comisión bicameral va a operar en consecuencia de ese artículo 29 transitorio de la citada ley”, indicó Rojas Gómez. La comisión bicameral tiene previsto reunirse cada lunes a partir de las 3:00 de la tarde, y en los próximos días incluir a los diferentes sectores y sociedades ligadas al sector salud.

Lunes 08 de marzo de 2021 Disponible en: https://proceso.com.do/2021/03/08/patrimonio-de-fondos-de-pensiones-alcanzo-los-rd80146521-millones-en-el-2020/ Autor (a): REDACCION PROCESO El patrimonio de los Fondos de Pensiones alcanzó la cifra de RD$801,465.21 millones lo que representa el 17.57% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones en sus memorias de 2020. En relación con la afiliación al Sistema Dominicano de Pensiones, al 31 de octubre de 2020 se cuenta con alrededor de 4.3 millones de afiliados, con un incremento de 4.21% respecto a la misma fecha del año anterior. En el mismo orden, el número de cotizantes alcanzó aproximadamente 1.7 millones, se obtiene así una densidad de cotizantes de 39.26% para octubre de 2020. Se ha otorgado un total de 171 pensiones bajo la modalidad de retiro programado, de las cuales 27 corresponden a afiliados de ingreso tardío y 144 a trabajadores “no afiliados de ingreso tardío” con 55 años de edad o más y con un fondo acumulado que les ha permitido una pensión superior al 150% de la pensión mínima del Régimen Contributivo. En promedio, dichos pensionados han recibido RD$23,288.94 y RD$24,209.19, respectivamente. Adicionalmente, se han otorgado doce mil novecientos sesenta y tres (12,963) pensiones por Cesantía por Edad Avanzada, con un monto promedio de RD$10,382.83. Según las memorias, el sistema ha beneficiado a 12,833 personas con pensiones por discapacidad, 171 con pensiones por retiro programado y se han otorgado 10,064 pensiones de sobrevivencia, las cuales han beneficiado a un total de 23,105 personas.


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Contacto: Dr. Eladio Pérez Antonio Coordinador Observatorio de la Seguridad Social - OSES Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC Lic. Magdalena Rathe Asesora Técnica Observatorio de la Seguridad Social - OSES Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC Dirección: Ave. Los Próceres #49, Los Jardines del Norte 10602 Santo Domingo, República Dominicana Teléfono: 809-567-9271 Ext. 396 Correo: oses@intec.edu.do

Portal Web: http://www.oses.intec.edu.do