Boletín 2021-04

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Boletín 2021-04

“Este boletín recoge las noticias publicadas en la prensa escrita relativas al sector de la seguridad social en la República Dominicana. Las mismas no necesariamente reflejan la opinión del Observatorio”.

Martes 09 al lunes 22 de febrero de 2021

ISSN: 2676-0991

En este boletín: 1.

Alrededor de 190,000 personas siguen suspendidas de sus trabajos. 2. CNUS sugiere usar nómina de pensionados para priorizar con vacunas con mayores de 65. 3. Afiliados del Seguro de Riesgos Laborales no tendrán que pagar por sangre en la Cruz Roja. 4. Atención primaria: Lecciones de El Salvador. 5. Diputados analizan con SISALRIL proyecto busca ARS devuelvan recursos recibidos durante estado de excepción. 6. Nueva propuesta para devolver fondos de pensiones generaría distorsiones e inflación. 7. Atención primaria: Lecciones de Uruguay. 8. Los trabajadores suspendidos fuera de Fase I recibirán cobertura de salud. 9. Idopril hace recomendaciones sobre proyecto que crea programa de primer Empleo. 10. SeNaSa e Indocafé firman acuerdo para garantizar seguro médico a cafetaleros. 11. Despidos de personal estarían convirtiendo a las pequeñas empresas en micro.

Martes 09 de febrero de 2021 Disponible en: https://www.diariolibre.com/actualidad/alrededor-de-190000personas-siguen-suspendidas-de-sus-trabajos-ID24277359 Autor (a): Pedro Martín Sánchez Desde que República Dominicana fue cerrada en marzo de 2020, a raíz de la pandemia del COVID-19, todavía cerca de 190,000 empleados siguen sin regresar a sus puestos de trabajo. Así lo expresó este lunes el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael "Pepe)" Abreu, quien, además, indicó que la pandemia también provocó que 284 mil trabajadores perdieran sus empleos. "Es demasiado para un país, que como el nuestro, ha mantenido por largo tiempo un desempleo estructural de alrededor de 14 %”, expresó Abreu tras realizar una visita en el Palacio Nacional donde fue convocado para debatir sobre el Pacto Eléctrico. El sindicalista considera que es necesario impulsar las áreas productivas "para aumentar rápidamente la empleabilidad". El pasado 31 de diciembre, el Gobierno extendió hasta el mes de abril el Fondo de Asistencia Social al Empleado (FASE), que asigna entre RD$5,000 y RD$8,500 mensual a las personas suspendidas. Además, los suspendidos también reciben cobertura del Seguro Familiar de Salud, según está estipulado en la resolución 514-13 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

Jueves 11 de febrero de 2021 Disponible en: https://noticiassin.com/cnus-sugiere-usar-nomina-de-pensionadospara-priorizar-con-vacunas-con-mayores-de-65/ Autor (a): Jessica Soriano Para identificar parte de la población mayor de 65 años y que sean priorizadas cuando lleguen las vacunas contra el COVID-19, el presidente de la CNUS propuso este jueves al Gobierno que para facilitar ese proceso se busque en los registros del Ministerio de Hacienda la nómina de las personas que reciben pensión del Estado.


PÁGINA 2 “Gremios empresariales de los que conocemos en República Dominicana pueden también ayudar y contribuir a la identificación de esos vulnerables” dijo Rafael Pepe Abreu. El sindicalista calificó de lamentable la incertidumbre que dice se ha generado en el país con el tema de las vacunas. “Porque nos llevaron a creer que esas vacunas estarían aquí más tardar en marzo masivamente, por lo menos las primeras dosis, entonces venir ahora con una posición contrapropuesta crea un estado de frustración y duda que lo que preocupa es la tardanza de las autoridades en orientar sobre ese tema porque la única solución posible a este estado de situación que hemos creado en este país y el mundo es la vacuna” expresó Pepe Abreu. Ante el retraso que han tenido algunos laboratorios con las vacunas contra el COVID-19, Rafael Pepe Abreu sugirió a las autoridades negociar con otras farmacéuticas. “República Dominicana debe de zapatearse un poco de las cadenas que atan a estas farmacéuticas privadas de los países poderosos. Si nos ponemos a depender de acciones irresponsables de farmacéutica que no han querido cumplir ni siquiera en el propio territorio donde ellas se manejan como por ejemplo Europa que no tiene imagínese usted a República Dominicana” manifestó el gremialista. Este miércoles, Salud Pública volvió a garantizar que pronto el país contará con las vacunas contra el virus, aunque no especificaron fecha.

Jueves 11 de febrero de 2021 Disponible en: https://listindiario.com/la-republica/2021/02/11/656577/afiliados-del-seguro-de-riesgos-laborales-notendran-que-pagar-por-sangre-en-la-cruz-roja Autor (a): Listín Diario El director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), Fausto López Solís, anunció que a partir de la fecha, los afiliados del Seguro de Riesgos Laborales no tendrán que pagar “ni un centavo” por los servicios de sangre o por cualquier hemoderivado que requiera de la Cruz Roja Dominicana, cuando tengan un accidente de trabajo. El doctor López Solís ofreció la información durante la firma de un convenio con la Cruz Roja Dominicana, en el que se establece que el IDOPPRIL cubrirá de manera directa a la Cruz Roja el costo de la sangre total, paquetes globulares y plasma que necesite el afiliado afectado por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. El convenio, firmado por los doctores Fausto López Solís y Miguel Ángel Sanz Flores, director ejecutivo del IDOPPRIL y presidente de la Sociedad Nacional Cruz Roja Dominicana, respectivamente; establece que el objetivo es regular los componentes y obligaciones de las relaciones entre ambas instituciones en lo referente al suministro de sangre y hemoderivados y las tarifas que brindará la Cruz Roja a los afiliados del IDOPPRIL, que sufran un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. “El afiliado que demande atención de Banco de Sangre deberá presentar la indicación médica, donde especifique el nombre, la cédula de identidad, diagnóstico, procedimiento a realizar y la cantidad de sangre o cualquier hemoderivado”, indica en una de sus partes el referido convenio. Los doctores Sanz Flores y López Solís coincidieron en afirmar que con esta iniciativa se ha logrado utilizar las herramientas de gestión para lograr resultados de calidad, dentro de una política que contribuirá de manera eficiente y eficaz a brindar los servicios de salud que otorga la Ley 87-01 y sus reglamentos, a los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social.


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Viernes 12 de febrero de 2021 Disponible en: https://acento.com.do/opinion/atencion-primaria-lecciones-de-el-salvador-8911538.html Autor (a): Magdalena Rathe Gasta en salud una tercera parte menos, pero su razón de mortalidad materna es un 40% más baja que la dominicana, la mortalidad neonatal cerca de un 65% inferior y la infantil se sitúa en el 50%. En la entrega de hoy continuamos con la revisión de lecciones aprendidas de países exitosos en sus sistemas de salud, con el caso de El Salvador, tomadas de la investigación elaborada conjuntamente con Marc Gibert sobre lecciones aprendidas para implementar la APS en Latinoamérica. Dicho estudio fue realizado para el Observatorio de Seguridad Social (OSES), una iniciativa del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Fundación Plenitud y la versión completa está disponible en Amazon. El Salvador es un país de América Central situado en el litoral del Océano Pacífico. Su superficie territorial se extiende 21,041 km2, y en el año 2019 estaba habitado por 6.5 millones de personas, convirtiendo al país en uno de los más densamente poblados de la Región (BM, 2020). Ese mismo año, El Salvador registró un PIB per cápita ascendente a US$ 8,700 cuando se ajusta por paridad del poder adquisitivo, cifra que apenas alcanza la mitad del promedio regional, menos de la mitad del dominicano. El Índice de Desarrollo Humano, que combina la esperanza de vida al nacer con variables relacionadas con el nivel educativo y el nivel de ingresos, alcanzó una valoración de 0.67 en 2019, inferior al dominicano que ascendía a 0.75. (PNUD, 2020). Por otro lado, el Índice de Capital Humano mide cuánto invierten los países en sus generaciones más jóvenes y se calcula a través del estudio de la cantidad y calidad de la educación ofrecida, la tasa de mortalidad en menores de 5 años, la tasa de retraso en el crecimiento entre los jóvenes y la tasa de “supervivencia adulta”, que pondera la posibilidad que alguien al cumplir los 15 años pueda vivir hasta los 60. En el año 2019, el valor para El Salvador fue de 0.54, situándolo algo por encima del caso dominicano, con 0.51, lo cual refleja que una ligera mejoría en los indicadores salvadoreños relativos a la mortalidad infantil y la calidad en la educación. (BM, 2020). En términos estructurales, el sistema de salud salvadoreño es de tipo abierto, con predominio de cobertura territorial, pero fragmentado, pues tiene también una seguridad social relativamente importante, para trabajadores del sector formal. El subsector público está fragmentado entre el MINSAL, que es responsable de la población no asegurada, el ISSS y otras instituciones autónomas, como el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) o el Comando de Sanidad Militar (COSAM), que prestan servicios a su población afiliada bajo un esquema “clásico” de seguridad social. (Acosta et al, 2011). En el subsector privado, también se puede observar una segmentación bastante definida entre organizaciones lucrativas establecidas en las principales ciudades salvadoreñas, que venden servicios directamente a población con capacidad de pago y a los esquemas de seguridad social mencionados, y organizaciones no lucrativas (ONG e iglesias) con más presencia en las zonas rurales. En términos de movilización de recursos, el MINSAL se financia mayoritariamente mediante recursos transferidos del gobierno central, obtenidos de fuentes fiscales. También obtiene recursos de la banca multilateral y la cooperación internacional. El gasto corriente en salud es de alrededor de 7% del PIB, alrededor de US$600 por persona, bastante inferior al promedio regional. De estos, el gasto movilizado a través de esquemas obligatorios (usualmente denominados como gasto público) ascendió a unos US$387 por persona. Esto es, el 66% del gasto corriente en salud fue público en 2016, frente a un 44% en el año 2000. El gasto de bolsillo se ha venido reduciendo sustancialmente al tiempo que se eleva el gasto público. De hecho, en el 2016 destinó un 21% del presupuesto nacional a salud, uno de los más elevados de la región. El Salvador fue de los países que inició la reforma de su sistema de salud de manera más tardía. Esta reforma, iniciada en el 2009, parte de la concepción que la salud es un derecho humano fundamental y debe ser garantizado por el Estado, a partir de un enfoque participativo, colectivo y democrático. El principal instrumento reformador fue la introducción de un modelo de atención que sigue las directrices plasmadas en Alma-Ata de manera fehaciente. No se concentró tanto en cambiar la estructura del financiamiento, como en el caso dominicano, sino en fortalecer la provisión de los servicios.


PÁGINA 4 Esto ha traído consigo un fortalecimiento explícito del primer nivel de atención, que en los últimos 10 años más que ha doblado su planta de recursos físicos y ha incrementado en 7000 unidades la dotación de recursos humanos, siguiendo el modelo de Costa Rica con la conformación de equipos de salud con adscripción territorial. Gracias a lo anterior, en 2017 el primer nivel de atención fue capaz de absorber un 62% de la demanda en el sector público no afiliado y un 74% en el ISSS. En términos de desempeño del sistema, y en especial del estado de salud de la población, El Salvador ha logrado mejorar los indicadores de resultado y, además, hacerlo a un ritmo más rápido que el promedio regional (a pesar de que hay discrepancia entre algunas de las fuentes consultadas). Pareciera que los avances en el estado de salud de la población salvadoreña responden en mayor medida a aspectos de organización del sistema que a elementos contextuales. Por ejemplo, El Salvador presenta tasas de mortalidad materna y neonatal muy similares a las argentinas con un PIB per cápita (ajustado por PPA) y con un gasto en salud per cápita que no alcanzan ni el 40% del nivel argentino. Si se compara con República Dominicana, la evidencia es incluso más llamativa. El Salvador gasta en salud una tercera parte menos, pero su razón de mortalidad materna es un 40% más baja que la dominicana, la mortalidad neonatal cerca de un 65% inferior y la infantil se sitúa en el 50%. Por todo lo anterior, el Salvador aparece como un país del que se pueden extraer conclusiones interesantes. Los mecanismos más destacados de la reforma y el sistema de salud salvadoreño actual se resumen a continuación (Hernández, 2018): 

Establecimiento de la gratuidad y ampliación de la cobertura en el primer nivel en toda la población asegurada.

La reconfiguración del modelo de gestión hacia las redes integradas de servicios de salud ha permitido su reorganización y la redefinición de las competencias de los hospitales de segundo y tercer nivel. Las redes gestionan los cuidados apropiados de los pacientes desde la puerta de entrada en el primer nivel hacia los hospitales de mayor complejidad e incrementan la efectividad de las estrategias del enfoque territorial y el registro, evaluación y seguimiento individual de toda la población asignada.

El impulso a la promoción de la salud: la promoción de los estilos de vida saludables, la intersectorialidad y la participación ciudadana son elementos clave que se desarrollan desde la programación anual de actividades hasta la formulación de políticas.

Un incremento sostenido del financiamiento público a la salud con la reducción consecuente del gasto de bolsillo.

La transformación del sector salud se enmarca en una transformación del país más amplia, ya que se observa reducción de la pobreza y de la desigualdad, lo cual tiene impacto importante en los resultados de salud.

Lunes 15 de febrero de 2021 Disponible en: https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/diputados-analizan-con-sisalril-proyecto-buscaars-devuelvan-recursos-recibidos-durante-estado-de-excepcion/ Autor (a): Redacción La Cámara de Diputados busca que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) devuelvan los recursos recibidos de la cuenta de atención a la salud de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), durante el estado de excepción. Para tales fines, la Comisión Permanente de Seguridad Social del órgano legislativo, que preside el doctor Agustín Burgos, se reunió con ejecutivos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) encabezados por el titular de la misma, Pedro Castellanos.


PÁGINA 5 El legislador explicó que durante el encuentro analizaron un proyecto del diputado Rafael Castillo Casado, que busca que SISALRIL reclame a las ARS el pago del seguro de contingencia y devuelvan los citados recursos recibidos durante el estado de emergencia que vive la República Dominicana. “Básicamente estamos apelando a lo que establece el artículo 150 de la Ley 87-01 de Seguridad Social, que establece que las ARS deben tener un seguro de garantía contra contingencias extraordinarias de salud y contra reclamos de los afiliados, proporcional al número de afiliados”, explicó. Manifestó que las ARS no cumplen con esa legislación, lo que ha traído como consecuencia que por el coronavirus la TSS haya tenido que erogar más de cinco mil millones de pesos para cubrir funciones que debieron cubrir el seguro que no tienen esas entidades. Señaló que a eso se suman otros dos mil millones de pesos provenientes del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), para la cobertura de trabajadores suspendidos debido a la pandemia y que por ende no están cotizando. “Las ARS son las más beneficiadas por la pandemia de la COVID-19, pues siguen recibiendo pagos de cotizaciones de cada afiliado, pese a que por temor al virus la población ha disminuido su asistencia a consultas médicas y los procedimientos”, manifestó Burgos.

Jueves 18 de febrero de 2021 Disponible en: https://www.diariolibre.com/economia/nueva-propuesta-para-devolver-fondos-depensiones-generaria-distorsiones-e-inflacion-LL24493866 Autor (a): Pablo García La nueva propuesta de que a los cotizantes a la seguridad social se les entregue el 15 % del total de los fondos ahorrados en su cuenta de pensión y no el 30 % como se pidió al inicio, no es la solución a la crisis financiera que atraviesan los trabajadores y, por el contrario, generaría mayores problemas económicos. Así lo afirmó Rafael Espinal, catedrático del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), quien aseguró que toda propuesta que plantee la devolución de los fondos de pensiones distorsiona la programación monetaria del país, creando un exceso de emisión de dinero, lo que generaría un proceso inflacionario que afectaría a toda la población. Espinal advirtió que la entrega de un 15 % o un 30 % de los fondos a los cotizantes provocarían además que el período de aportes que tendrían que hacer los trabajadores para pensionarse se extienda. “Es comerse los ahorros ahora y en la vejez prolongar el trabajo. Es, desde mi punto de vista, una política perjudicial, incluso para los trabajadores. Los fondos de pensiones no deben ser tocados, devolver es una política indiscriminada que lo único que hace es perjudicar a los trabajadores”, señaló Declaró que la única manera de que se entreguen los recursos es liquidando los certificados del Banco Central o del Ministerio de Hacienda que poseen las administradoras de fondos de pensiones (AFP), añadiendo que “si tuviesen ese dinero en otro tipo de inversión no causara ese exceso monetario”. Ramón Rogelio Genao, senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), anunció durante una sesión que introduciría ante el Senado una modificación al proyecto de la entrega del 30 % de los fondos de pensiones para que sea devuelto solo un 15 %. Rafael -Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), indicó que la devolución de una parte de los fondos a los trabajadores no es la solución, aunque aclaró que está de acuerdo que en algunos casos sean entregados. “Hay casos en que es correcto que haga devoluciones. Por ejemplo, a aquellas personas de afiliación tardía, que ingresaron a los 45 años y que bajo ninguna circunstancia las AFP le van a dar una pensión, consideramos que se le debe devolver el monto de su aporte completo, no fraccionado”, manifestó.


PÁGINA 6 De igual forma, Abreu dijo estar de acuerdo en que a las personas que se han ido a trabajar a otros países, pero que en su momento cotizaron en el sistema dominicano, y quienes han estado desvinculado por muchos años del Ministerio de Trabajo, se les devuelva parte de sus ahorros. “Otra es, a aquellos trabajadores que por la pandemia han estado suspendidos permanentemente, en el caso del sector turismo, que han vivido carencias demasiado largas, las AFP deberían devolverle el equivalente a seis salarios mínimos del monto de cuando estaban laborando”, planteó. No obstante, el dirigente sindical consideró que la estrategia final es transformar la Ley de Seguridad Social para dar certidumbre de un monto de una pensión considerable para el retiro de los trabajadores. Precisó que un trabajador que haya cotizado por 30 años debe tener derecho a una tasa de reemplazo que sea de un 100 % de su aporte y uno que haya laborado por 25 años debe tener derecho a una tasa de reemplazo de 90 % de pensión. “Hemos dicho y reiteramos que el sistema de pensiones de República Dominicana de capitalización individual es el que tenemos que transformar a fondo para lograr un sistema de pensiones que logre certidumbre para el trabajador para cuando llegue su retiro”, puntualizó el titular del CNUS. La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) fue consultada sobre la nueva propuesta, pero hasta el cierre de esta edición no se había obtenido su respuesta.

Viernes 19 de febrero de 2021 Disponible en: https://acento.com.do/opinion/atencion-primaria-lecciones-de-uruguay-8914190.html Autor (a): Magdalena Rathe Uruguay posee un sistema de evaluación de tecnologías que es decisivo para las compras de medicamentos, procedimientos y dispositivos médicos, y que se utiliza siempre en el sector público En la entrega de hoy continuamos con la revisión de lecciones aprendidas de países exitosos en sus sistemas de salud, con el caso de Uruguay, tomadas de la investigación elaborada conjuntamente con Marc Gibert sobre lecciones aprendidas para implementar la APS en Latinoamérica. Dicho estudio fue realizado para el Observatorio de Seguridad Social (OSES), una iniciativa del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Fundación Plenitud y la versión completa está disponible en Amazon. Uruguay es un país situado en la parte oriental del Cono Sur americano, con una superficie territorial de 176,215 km2, y en el año 2017 estaba habitada por aproximadamente 3.5 millones de personas (BM, 2019). En ese mismo año, Uruguay registró un PIB per cápita de US$ 16,246, que asciende hasta los US$ 20,551 cuando se ajusta por paridad del poder adquisitivo, cifra que multiplica por más de 1.4 el promedio regional, que es de US$ 14,412. Está clasificado como país de ingresos altos, según la clasificación del Banco Mundial. Su coeficiente de Gini ascendió a 39.7 en el año 2016, siendo la distribución del ingreso más equitativa de la Región. En términos de pobreza monetaria, el porcentaje de población viviendo con menos de US$ 3.20 diarios es prácticamente inexistente, de 0.5% el año 2016 (BM, 2019). El Índice de Desarrollo Humano, que combina la esperanza de vida al nacer con variables relacionadas con el nivel educativo y el nivel de ingresos, alcanzó una valoración de 0.804 en 2017, situando al país en la tercera posición sobre el total de 22 países latinoamericanos, sólo por detrás de Chile y Argentina (PNUD, 2019). El sistema de salud de Uruguay se basa en la cobertura contributiva, con un pagador único. El rol principal del Ministerio de Salud Pública es la Rectoría y, desde 2007, no tiene función de prestación de servicios, sino la de autoridad sanitaria, destacándose las de orientar, fiscalizar y ordenar el sistema de salud. Uruguay posee un sistema de evaluación de tecnologías que es decisivo para las compras de medicamentos, procedimientos y dispositivos médicos, y que se utiliza siempre en el sector público (ODCE, 2019).


PÁGINA 7 En referencia a los servicios de salud colectiva, la rectoría de las actividades promocionales y preventivas y de áreas como la salud laboral y ambiental son también responsabilidad del MSP. Para fortalecer su presencia en el territorio, el MSP fomentó la creación de Juntas Locales y Departamentales de Salud, que ejecutan acciones como la detección precoz de patologías vinculadas a la salud mental, el fomento de intervenciones intersectoriales, la prevención de la violencia de género, el embarazo adolescente y el consumo problemático de sustancias y la difusión de los derechos de los usuarios, entre otras (OPS, 2018b). La prestación pública de servicios individuales se concentra en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que cuenta con una red asistencial con presencia en todo el territorio nacional. Se estima que posee más de 400 unidades asistenciales, aproximadamente 60 de las cuales son hospitales que atienden los casos de mediana y alta complejidad y el resto son establecimientos de primer nivel: policlínicas barriales y rurales, consultorios médicos y centros de salud (Ríos, 2013). Otros prestadores públicos dependen de los cuerpos policiales y militares, así como del Banco de Previsión Social. Dentro del subsector privado, los prestadores principales son las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), que agrupan las históricas mutuales de inmigrantes. Actualmente, la mayoría son cooperativas médicas y no tienen afán de lucro. Es importante destacar que tienen un doble rol, asegurador y prestador, y que están sometidas a una fuerte regulación del Estado. Se estima que existen aproximadamente 40 de estas entidades operando en el país, con infraestructura propia en los tres niveles de atención, una canasta de prestaciones amplias y recursos humanos cualificados. (Aran y Laca, 2011). En este subsector también se encuentran, por un lado, la mayoría de los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE), que prestan servicios de alta complejidad financiados por el Fondo Nacional de Recursos, como cirugía cardíaca, trasplantes o diálisis y, por otro, el conjunto de consultorios, clínica y hospitales privados que venden servicios a la población con capacidad de pago y a los seguros privados. (Aran y Laca, 2011). En 2017 aproximadamente el 39% de la población usa los servicios proporcionados por los establecimientos públicos de la ASSE, un 58% prefiere atenderse en una IAMC y alrededor de un 3% opta por clínicas y hospitales privados no vinculados al SNIS (MSP, 2019). Referente a los recursos humanos, en el año 2017 Uruguay contaba con 5 médicos y con 1.9 enfermeras por cada 1,000 habitantes, cifras muy superiores al promedio regional que asciende a 2.2 médicos y 4.6 enfermeras por 1,000 habitantes. Así, el país más que duplica la disponibilidad de médicos respecto al agregado regional, pero, al mismo tiempo, no llega ni a la mitad en términos de disponibilidad de personal de enfermería (OPS, 2018a). En términos de movilización de recursos, la principal fuente de financiamiento del gasto en salud en Uruguay son las contribuciones a la seguridad social, que representaban el 40% en el año 2016, seguidas de las transferencias gubernamentales – un 12% para contribuir al seguro social financiando grupos específicos de la población y un 18% para financiar al Ministerio de Salud Pública en sus funciones de rectoría y provisión de servicios de salud colectivos. En ese año los hogares financiaron el 17% con gasto de bolsillo y un 10% en prepagos voluntarios (OMS, 2019a). Los fondos que aportan los trabajadores y sus empleadores se mancomunan en el Fondo Nacional de Salud (FONASA), que es un fondo único, público y obligatorio para toda la población uruguaya. FONASA transfiere mensualmente a los prestadores una “cuota salud”, que es un pago capitado ajustado por riesgo y que toma en cuenta las metas asistenciales establecidas en los contratos de gestión con el MSP. FONASA también transfiere al FNR, organismo que actúa como un seguro de cobertura universal para patologías que exigen prestaciones de medicina altamente especializada brindadas en los IMAE. Entre las funciones del FNR está la determinación de la elegibilidad de los usuarios para acceder a estas prestaciones, la negociación tarifaria con los IMAE y su habilitación. (ISAGS, 2014). Además de los ingresos que reciben de FONASA en base a los usuarios que los han elegido, los prestadores tienen otras fuentes de financiamiento. Por un lado, los establecimientos públicos de la ASSE reciben rentas obtenidas vía impuestos con cargo al presupuesto del Estado, para poder cubrir los costos de la atención de todas aquellas personas que no están en el sector formal y que tienen derecho a atenderse. Por otro lado, los prestadores privados pueden aplicar ciertos copagos vinculados a la compra de medicamentos, la realización de algunos exámenes diagnósticos y algunas intervenciones específicas. (ISAGS, 2014).


PÁGINA 8 Para el año 2016, el gasto corriente en salud en Uruguay fue del 9.1% del PIB, alrededor de US$1,960 por persona, cifra que doble al promedio regional (US$ 985). De estos, el gasto movilizado a través de esquemas obligatorios (usualmente denominados como gasto público) fue del 6.5% del PIB, alrededor de US$1404 por persona. Esto es, el 70% del gasto corriente en 2016 fue movilizado a través de esquemas obligatorios, entre los que destacan el seguro social, con un 52%, y los esquemas gubernamentales, con un 18% (OMS, 2019a). La estrategia de APS ha sido una constante en los documentos que conceptualizaron la reforma iniciada en 2007. La Ley 18211 establece explícitamente que el SNIS tendrá como estrategia la APS y reforzará el primer nivel de atención. También afirma que el sistema se debe organizar en redes por niveles de atención según las necesidades de los usuarios, subraya el valor de la promoción de la salud, pone de relieve la importancia de los determinantes sociales, destaca la intersectorialidad como elemento clave de las políticas de salud y fija la cobertura universal, en su sentido amplio, como objetivo. El MSP tiene la capacidad para incentivar a las IAMC, mediante las metas prestacionales que se establecen en los contratos de gestión, cuyo cumplimiento es obligado para recibir el financiamiento del sistema, a la priorización de las actividades preventivas, promocionales y de educación para la salud. Sin embargo, dada su condición de principal prestador público, es la ASSE la primera responsable de orientar el modelo de atención hacia la estrategia de APS, poniendo en práctica un concepto de atención integral por ciclo de vida que incluya servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno, rehabilitación y cuidados paliativos. Para ello, uno de los primeros pasos ha sido la formación de la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (RIEPS), una estructura interinstitucional que incluye a todos los prestadores públicos con el objeto de optimizar el uso de los recursos y evitar duplicaciones de servicios (ASSE, 2014). En términos de recursos humanos, los equipos de atención en el primer nivel incluyen médicos de familia o generalistas, pediatras, ginecólogos, personal de enfermería, psicología y odontología y trabajadores sociales. Sin embargo, la presencia de todos los perfiles en todo el territorio nacional no está garantizada, sino sujeta a disponibilidad. En las zonas urbanas los equipos suelen estar completos, mientras que en las rurales una categoría profesional debe desempeñar más de un rol. Cabe señalar que más de dos terceras partes del personal de salud se concentran en la capital Montevideo y sus aledaños. Respecto a la organización a lo interno del primer nivel, en la red de la ASSE el centro de salud es el eje alrededor del cual pivotan el resto de las estructuras, como las policlínicas y los consultorios. El centro es también responsable de los procesos de referencia y contrarreferencia con el segundo nivel. En las IAMC no existe una red específica para la prestación de servicios de primer nivel, sino que tienen dispensarios dentro de sus establecimientos donde se prestan los servicios ambulatorios y de consulta externa. (ISAGS, 2015). En referencia al fomento de la intersectorialidad, la propia reforma de la salud ya es intersectorial pues se enmarca en esfuerzos más amplios de cambio de la matriz de protección social de la nación. Así lo demuestra, por ejemplo, la creación del Ministerio de Desarrollo Social y el Gabinete Social o el impulso del proyecto Uruguay crece contigo, que combina metas de salud, nutrición y educación en las zonas más desfavorecidas del país. Por último, cabe destacar que en Uruguay no hay ningún tipo de copago por los servicios que se brindan en el primer nivel. Por un lado, ASSE no cobra copago en ningún nivel de atención y, por otro, a las IAMC se les exige la exoneración de copagos para las prestaciones relacionadas con las especialidades básicas y la atención del niño y la embarazada, los servicios diagnósticos vinculados a estas prestaciones y la medicación para las enfermedades crónicas no transmisibles (ISAGS, 2015). Uruguay ha logrado cubrir a la totalidad de su población dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, donde todas aquellas personas que residan en territorio uruguayo y se registren. (Aran & Laca, 2011). En lo que refiere a resultados de salud, el país ha conseguido reducir a la mitad la razón de mortalidad materna desde principios de siglo, pasando de una razón de 31 muertes por 100,000 nacidos vivos en el año 2000 a 15 defunciones por 100,000 en 2015, siempre manteniéndose en un nivel significativamente más bajo que el promedio regional. En cuanto a mortalidad neonatal, infantil y en menores de 5 años, Uruguay ha presentado también una tendencia hacia su reducción durante el periodo 2000-2016. Así, para los 3 indicadores, Uruguay ha venido reportando valores cercanos al 50% del promedio regional durante toda la serie temporal.


PÁGINA 9 En lo que respecta a la protección financiera, el cambio estructural que fue resultado de la reforma introducida en el 2007 tuvo efectos importantes que sugieren un aumento de esta. Hubo un incremento sustancial de la proporción de fondos movilizados por esquemas obligatorios de financiamiento a la salud, lo que, a su vez, se tradujo en una reducción de la proporción correspondiente a los seguros voluntarios y al gasto de bolsillo. En cuanto a la denominada prioridad pública, ésta también aumentó, al pasar el gasto gubernamental en salud del 14% del presupuesto público en 2000, al 19% en el 2016. En el caso uruguayo puede ser más difícil que en otros países, dilucidar qué parte de los buenos resultados en salud puede ser atribuibles a aspectos del funcionamiento del sistema y qué parte a elementos que lo trascienden. En efecto, las transformaciones impulsadas por el gobierno a partir del 2004 fueron más allá del sector salud. En la actualidad, Uruguay es de los países con mayor desarrollo humano e ingreso per cápita de la región, y el que presenta menor tasa de pobreza monetaria y una distribución del ingreso más equitativo, aspectos que sin duda influyen en el estado de salud de su población. Algunos de los ámbitos más destacados, tanto del sistema en su conjunto como de los procesos de implementación de la estrategia de atención primaria, se resumen a continuación: 

La reforma del sector salud se enmarca en una transformación del país más amplia. La reducción de la pobreza y la desigualdad tienen impacto fundamental en términos de resultados de salud

Dentro del sistema de seguridad social uruguayo, no existen compañías privadas que se dediquen a la administración de riesgos en salud. No obstante, existe un mercado creciente para las aseguradoras privadas que ofrecen planes suplementarios voluntarios.

Lo anterior genera que en el sector existan muchos agentes jugando un doble rol: el aseguramiento y la prestación de servicios individuales.

Los prestadores privados son responsables de prestar servicios a aproximadamente la mitad de la población uruguaya. Sin embargo, lo destacable es que la gran mayoría de estos prestadores son entidades cooperativas sin ánimo de lucro.

La reforma introdujo la creación de un fondo único (FONASA) donde se mancomunan todos los recursos del sistema de seguridad social, medida orientada al fomento de la equidad.

Los ciudadanos tienen libertad de elección de su prestador en el primer nivel de atención, puesto que no hay un mecanismo de adscripción territorial.

Aunque no es fruto de la reforma, ya que su creación data de 1979, destaca la existencia de un fondo específico (el Fondo Nacional de Recursos) para garantizar el acceso de la población a prestaciones de alto costo y complejidad.

También es fundamental el enfoque de evaluación de tecnologías sanitarias para la toma de decisiones y priorización del gasto en el sistema de salud.

Viernes 19 de febrero de 2021 Disponible en: https://acento.com.do/actualidad/los-trabajadores-suspendidos-fuera-de-fase-i-recibirancobertura-de-salud-8914774.html Autor (a): SERVICIOS DE ACENTO.COM.DO El organismo dispuso, según anunció este jueves, que esos trabajadores y sus familiares serán beneficiarios del Seguro Familiar de Salud (SFS) del régimen subsidiado, a través del Plan Básico de Salud (PBS). El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) autorizó de manera excepcional y transitoria la afiliación directa al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) de los trabajadores suspendidos no incluidos en el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado Extendido (Fase I).


PÁGINA 10 El organismo dispuso, según anunció este jueves, que esos trabajadores y sus familiares serán beneficiarios del Seguro Familiar de Salud (SFS) del régimen subsidiado, a través del Plan Básico de Salud (PBS). La decisión establece que tan pronto cese la condición de suspensión de la relación laboral de cada trabajador, bajo esas condiciones, el afiliado podrá optar por volver a afiliarse a la administradora de riesgos salud (ARS) en que se encontraba o a la de su preferencia. El CNSS ordenó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) prestar "toda la colaboración técnica" requerida para que dichos traspasos se materialicen a la mayor brevedad posible. El organismo tomó una decisión similar a principios de febrero en favor de los trabajadores suspendidos que están incluidos en Fase I extendido. El presidente Luis Abinader dispuso, a finales de diciembre pasado, extender el programa Fase I para incluir el período enero-abril de 2021, con el objetivo de otorgar un subsidio a modo de asistencia para aquellos trabajadores que se encuentren con sus contratos de trabajo suspendidos. En esa oportunidad, el gobernante dijo que el programa Fase 2 sería sustituido por un programa especial dirigido por Promipyme, Banca Solidaria y el Ministerio de Trabajo, para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de que puedan mantener sus operaciones y los empleos. En la extensión de Fase I, el Gobierno dispone que el monto nunca será menor de 5,000 pesos ni mayor a 8,500 pesos o el equivalente a un 70 % del salario ordinario del trabajador reportado a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) para febrero de 2020.

Viernes 19 de febrero de 2021 Disponible en: https://eldia.com.do/idopril-hace-recomendaciones-sobre-proyecto-que-crea-programade-primer-empleo/ Autor (a): El Día La Comisión Especial que estudia el proyecto de ley que crea el Programa de Primer Empleo se reunió este viernes para la continuación del estudio de la iniciativa. La comisión que preside la diputada Fior Daliza Peguero Varela tuvo como invitado al doctor Bienvenido Ruiz, consultor jurídico del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idopril), quien hizo algunas recomendaciones al proyecto de ley. El funcionario indicó que acudió a la cita en representación del director de Idopril, el señor Fausto de Jesús López Solís. En torno al proyecto de ley que crea el Programa de Primer Empleo en la República Dominicana, lo favoreció con mucho beneplácito. “Porque se trata de impulsar el primer empleo, porque entendemos es un tema fundamental para el desarrollo social y el impulso de los jóvenes que se ven en la actitud de prepararse para poder ser útil a la sociedad”, expresó Bienvenido Ruiz. En tanto que mostró su preocupación con relación a los jóvenes que se insertan o que están propensos a insertarse en la vida laboral. Dijo que esa preocupación es lo que tiene que ver con su protección tanto, a nivel de los servicios de salud que están llamados a recibir, como también, lo que tiene que ver con el riesgo laboral que corren los jóvenes cuando tienen su primer empleo.


PÁGINA 11 Indicó que lo que tiene que ver con la seguridad social para los jóvenes y el primer empleo, espera que ese tema sea tratado también en las modificaciones que se les está haciendo a la Ley de Seguridad Social 8701. “Y es lo que tiene que ver con la protección desde el primer momento que una persona se inserta en la actividad laboral. La Ley 87-01 en su artículo 200 establece que el empleador debe insertar o registrar a sus empleados. Esta Ley dice de plazos oportunos, pero no señala cual”, puntualizó el funcionario. En ese sentido, dejó su recomendación a la comisión por escrito para que cuando la comisión esté estudiando el proyecto la discuta y tome una decisión. En tal sentido, la presidenta de la comisión dio las gracias a Bienvenido Ruiz por las informaciones que sobre el proyecto de ley que crea el Programa del primer Empleo de la autoría del diputado Máximo Castro Silverio. Estuvieron en la reunión celebrada en el Salón Luís José González Sánchez los miembros de la Comisión Especial Fior Daliza Peguero Varela, Pedro Julio Alcántara, Eduardo Hidalgo, Verónica Contreras y José Horacio Rodríguez, así como varios diputados.

Sábado 20 de febrero de 2021 Disponible en: https://www.eldinero.com.do/149449/senasa-e-indocafe-firman-acuerdo-para-garantizarseguro-medico-a-cafetaleros/ Autor (a): Redacción elDinero El Instituto Dominicano del Café (Indocafé) y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de garantizar cobertura de salud en los regímenes contributivo y subsidiado a todas las familias cafetaleras de República Dominicana. El convenio fue suscrito en la sede central de la ARS Estatal por el director ejecutivo de SeNaSa, doctor Santiago Hazim, y el director ejecutivo de Indocafé, Leónidas Batista Díaz, quienes destacaron la importancia de esta iniciativa a favor de la caficultura nacional. De su lado, el director ejecutivo de Indocafé dijo que “la firma de este acuerdo constituye un hito en la historia dominicana lo que es una tendencia al bienestar familiar, ya que los caficultores y sus familias estaban huérfanos de la seguridad social. Gracias al presidente, Luis Abinader Corona, al igual que al doctor Hazim, nutrido de una alta sensibilidad ante los sectores vulnerables los caficultores y sus familias tendrán garantizado el acceso a la salud en SeNaSa”. Durante la firma del acuerdo, el doctor Hazim manifestó que “los caficultores han logrado que el café dominicano sea una Marca País y la única forma de mantener esa conquista es garantizando que la salud de cada una de las personas que está en los campos produciendo nuestro café, estén asegurados junto a su familia en el seguro con mayor cobertura de República Dominicana”. Responsabilidades de las partes Mientras que Indocafé acompañará a SeNaSa en el proceso de capacitación de la población elegible al Régimen Subsidiado, realizará asesoría y orientación a la población objeto del presente Convenio, así como sus familiares, y garantizará el espacio adecuado para la realización de las jornadas de afiliación y promover y difundir por los canales de comunicación institucional el presente convenio. De la misma manera, completará los formularios de afiliación, acompañado de la documentación correspondiente de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Régimen Subsidiado. Con la firma del acuerdo, SeNaSa se compromete a instalar puntos de afiliación en las diferentes localidades donde se encuentren los ciudadanos incluidos en el presente Convenio, para la captación de afiliados en los Regímenes Contributivo y Subsidiado, e informar a la población objeto del presente Convenio, sobre las coberturas del Régimen Subsidiado y Régimen Contributivo, así como los derechos y deberes al Régimen que obtenga.

Además, promover la prevención y la salud de calidad a través de los diferentes programas de salud


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Domingo 21 de febrero de 2021 Disponible en: https://www.diariolibre.com/economia/despidos-de-personal-estarian-convirtiendo-a-laspequenas-empresas-en-micro-AH24545027 Autor (a): Pablo García Las empresas que tenían categoría de pequeña (de 11 a 50 trabajadores) estarían convirtiéndose en micro (hasta 10 empleados), producto del despido de personal que han hecho para poder sortear la crisis generada por la pandemia de COVID-19. Las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) evidencian que la cantidad de empleadores (con rango de uno a 15 trabajadores) sumaron 78,284 en enero pasado, representando un ligero aumento de un 1.6 % con relación a igual mes de 2020, cuando la cifra fue de 77,003 patronos (1,281 más). Aunque en el país la crisis sanitaria inició en marzo del año pasado, no fue sino hasta abril cuando se notó el impacto de esta en el mercado laboral formal. En ese mes los empleadores que tenían entre uno y 15 trabajadores registrados en la TSS cayeron hasta los 62,081, desde los 78,026 que había en marzo, 15,945 menos. Sin embargo, los patronos con uno a 15 empleados son los únicos que ya registran números positivos, al compararse con los niveles previos al COVID y postpandemia. Luis Miura, presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), explicó que el aumento de patronos en el rango de los micros obedece a que los pequeños empleadores (de 11 a 50 trabajadores) han estado cancelando y suspendiendo personal, “por lo que están siendo captados como micro por la Tesorería”. “Las pequeñas se han reducido a su mínima expresión, porque tampoco es que hay mucho mercado. Entonces, han suspendido gente, han botado, naturalmente, hasta tanto no se cree el mercado necesario que ellos puedan recuperar su ritmo de producción normal”, declaró. Miura indicó que la mayoría de las pequeñas empresas que están convirtiéndose en micro pertenecen al sector industrial. Entre enero de 2020 e igual mes de este año, los pequeños empleadores se redujeron en 1,111, al pasar de 9,653 a 8,542, representando una caída de un 11.5 %, de acuerdo a la TSS. En el primer mes de 2021 en el país había 90,866 empleadores, una cifra ligeramente inferior a los 91,290 que se registraron en enero del año pasado, representando una diferencia neta de 424 patronos menos. Planes de recuperación El titular de Codopyme aseguró que los planes de recuperación presentado por el Gobierno han “ayudado mucho al sector, sin duda alguna, y nosotros hemos participado con el Gobierno pasado y el actual en elaborar este tipo de propuestas”. Sin embargo, Luis Miura denunció que algunos funcionarios no están acatando las directrices dadas por el presidente Luis Abinader para que las compras de ministerios y otras dependencias del Estado sean realizadas a las mipymes.


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Contacto: Dr. Eladio Pérez Antonio Coordinador Observatorio de la Seguridad Social - OSES Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC Lic. Magdalena Rathe Asesora Técnica Observatorio de la Seguridad Social - OSES Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC Dirección: Ave. Los Próceres #49, Los Jardines del Norte 10602 Santo Domingo, República Dominicana Teléfono: 809-567-9271 Ext. 396 Correo: oses@intec.edu.do

Portal Web: http://www.oses.intec.edu.do