Boletín 2020-23

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Boletín 2020-22

“Este boletín recoge las noticias publicadas en la prensa escrita relativas al sector de la seguridad social en la República Dominicana. Las mismas no necesariamente reflejan la opinión del Observatorio”.

ISSN: 2676-0991

Martes 21 al lunes 27 de Julio de 2020

En este boletín: 1. 2.

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Próximo ministro Salud visita CMD; Waldo plantea problemáticas sector. Afirman proyectos 30% y 20% fondos AFP son “peligrosos” y “atentatorios contra economía país”. En Chile aprueban retiro del 10% de dinero de pensiones. Información para salvar vidas. Abinader designa al doctor Mario Lama titular del Servicio Nacional de Salud. Solicitan garantizar cobertura de salud a desempleados por pandemia. Senado redujo de 30% a 20% proyecto de retiro fondos AFP. Reforma a las pensiones: Complejos desafíos del gobierno entrante.

Jueves 23 de julio de 2020 Disponible en: https://almomento.net/proximo-ministro-salud-visita-cmd-waldoplantea-problematicas-sector/ Autor (a): Ali Nuñez El ministro de Salud anunciado por el presidente electo, Luis Abinader, Plutarco Arias, visitó este miércoles al Colegio Médico Dominicano (CMD), donde escuchó las inquietudes del gremio y sus sugerencias entorno a la lucha contra el coronavirus. Arias manifestó a los directivos del CMD que el puente de la armonía y la concordia está abierto y que esa entidad que agrupa a los profesionales de la salud tendrá su asiento como asesor y fiscalizador del sistema en la nueva administración del Ministerio. “Con nosotros pueden contar en la misma forma en la que han contado conmigo como gremialista de toda la vida”, manifestó Arias, quien subrayó que una vez asuma el cargo tendrá como prioridad hacer frente a la crisis sanitaria a raíz del coronavirus y ponerse “al pie del cañón” para hacer posible que los médicos dominicanos tengan mejores condiciones de trabajo y de vida», sostuvo. “Quisiéramos que este puente de armonía y concordia que se tiende, se mantenga durante toda la trayectoria que estemos al frente del Ministerio de Salud”, manifestó Arias. Entre tanto, Waldo Ariel Suero, titular del CMD, dijo que informó inquietudes que ese sector ha venido planteando desde hace varios años, entre ellas el tema de la atención primaria, el régimen subsidiado, así como la modificación a la Ley 87-01 de la Seguridad Social. Expresó que esas reivindicaciones el nuevo gobierno las puede ir atendiendo “poco a poco”. “Lo que estamos haciendo en este momento es colaborar con el tema número uno: el Covid-19. Cuando el presidente electo Luis Abinader entienda de lugar que el Colegio Médico pueda hacer sus aporte, participaremos en condición de asesores en esa materia”, agregó el galeno.


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Jueves 23 de Julio de 2020 Disponible en: https://elnuevodiario.com.do/afirman-proyectos-30-y-20-fondos-afp-son-peligrosos-y-atentatorioscontra-economia-pais/ Autor (a): Liliam Mateo Los sectores gubernamental, empresarial y clase trabajadora de la República Dominicana advirtieron este jueves al Senado lo “peligroso” para la estabilidad económica del país que sería aprobar el proyecto de ley que otorgaría un 30% de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Aprobar el exigido proyecto de un 30% o 20% representaría 114 mil millones de pesos, que afectaría a los trabajadores que menos cotizan. La información fue dada por el senador de Espaillat, José Rafael Vargas, quien leyó el informe sobre el estudiado proyecto y sus conclusiones relatando la posición de cada sector. Previo, dijo al hemiciclo que la Comisión de Seguridad Social, se reunió el pasado 20 de julio, determinando fusionar el proyecto con otra iniciativa que planteaba un 20% entregados a los trabajadores de sus fondos pensiones. Posición de los sectores planteados a la Comisión de Seguridad Social en el Senado: El Ministerio de la Presidencia representado por el licenciado Victor Jiménez, informó al Senado que aquellas personas con menos fondos de pensiones, o que cotizan menos a la Seguridad Social, serían las más afectadas. Dijo que retirar hasta un 20% de los fondos este segmento laboral de más baja cotización se vería altamente afectado. Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dijo que el proyecto tiene una intención noble pero la considera “muy peligrosa para la estabilidad macroeconómica del país”. El representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dargam, sostuvo que “el proyecto es improcedente, inoportuno y podría generar consecuencias negativas en corto y mediano y largo plazo”. El Superintendente de Pensiones expresó que el acceso parcial al ahorro de pensiones de los trabajadores tal y como se plantea implicaría la erogación de 114 mil millones, si es un 20% y que esto tendrá un impacto negativo a largo plazo al momento del retiro de los fondos del trabajador. En tanto que el ministro de Economía, Ariel Jiménez, expresó que “retirar un 20% de las cuentas de los fondos de pensiones seria exponer la economía a grandes dificultades y tendría que monetizarse el sistema financiero”. La Seguridad Social, representada por Rafael Perez Modesto, dijo que los fondos de pensiones no están destinados a resolver problemas de improvisto ante situaciones inesperadas , sino que se resuelven los problemas conforme a los afiliados en dicha ley. Dijo que de aplicarse esta medida más que beneficio se le estaría haciendo un grave daño a los afiliados. De su lado, la representante de la Asociación de Industrias Circe Almánzar, expresó su total desacuerdo con la iniciativa porque la misma traería grandes consecuencias a la economía del país. “Atenta contra la naturaleza misma del Sistema Dominicano de Seguridad Social, atentaría contra los trabajadores”, indicó. En tanto que la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos y la Central Sindical Autónoma Clasista rechazaron la propuesta del 20% diciendo que la misma sería injusta, ineficaz para la mayoría de los trabajadores, ya que tienen salarios precarios, enfermedad, vejez. En conclusión, informó al hemiciclo el senador José Rafael Vargas, a quien se le dio 72 horas para emitir ese informe, “la comisión continuará escuchando a los diversos sectores, es importante resaltar que el Congreso Nacional aprobó una ley que ordena al Congreso a aprobar una ley integral, modificación la Ley 87-01 que crea el sistema de Seguridad Social. Este informe fue ofrecido en la última sesión de los senadores del PLD, habiendo convocado a todos los electos para el 16 de agosto, vestido de negro como manda el protocolo. Mañana a la Asamblea Conjunta en donde serán verificadas, revisadas las actas de elección del nuevo presidente y vicepresidenta, así como sus certificados de elección a las 11 de la mañana.


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Jueves 23 de Julio de 2020 Disponible en: https://acento.com.do/actualidad/en-chile-aprueban-retiro-anticipado-de-10-de-pensiones8841794.html Autor (a): Servicios de Acento En Perú se aprobó el retiro del 25 % y en República Dominicana se busca que sea del 30 % El Senado de Chile aprobó anoche, con los votos de la oposición y también de algunos oficialistas, el proyecto de reforma constitucional que busca permitir a los ciudadanos retirar el 10 % de sus fondos de pensión para hacer frente en algo a la crisis económica que está causado la pandemia del coronavirus. El Congreso de Perú aprobó en abril que ese retiro sea del 25 % del dinero que los trabajadores tienen en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en tanto que en República Dominicana el Senado remitió este domingo a la comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones el proyecto de ley que permite retirar el 30 % de esos ahorros. Pese a que la iniciativa en Chile, presentada por la oposición, ya fue aprobada por los diputados la semana pasada, regresará este jueves a la Cámara baja, que tendrá que analizar las indicaciones que se incluyeron al proyecto durante su tramitación en el Senado. El proyecto está generando una fuerte crisis en el oficialismo chileno, pues es apoyado por varios legisladores de la coalición gubernamental pese a que el Ejecutivo que preside el conservador Sebastián Piñera se muestra contrario. ¿EL INICIO DEL FIN DEL SISTEMA DE LAS AFP? Mientras, desde la oposición se califica esta reforma como "histórica", en la consideración de que puede suponer el inicio de un cambio profundo del sistema previsional chileno. El debate también está agitando a la ciudadanía, que según las encuestas apoya mayoritariamente la iniciativa y tras la aprobación esta noche volvieron a escucharse cacerolazos de agradecimiento al Congreso desde los balcones de algunos barrios de Santiago de Chile. Con esta reforma se busca establecer un mecanismo transitorio de retiro parcial anticipado de los ahorros previsionales, con ocasión de la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19, de tal manera que por única vez los afiliados al sistema de pensiones que lo deseen puedan retirar hasta el 10 % de sus fondos de pensiones. Estos fondos se encuentran depositados en las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas encargadas de gestionar el ahorro individual obligatorio en el que se basa el modelo chileno, mediante el cual cada trabajador aporta un 10 % mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer cuando se jubila. El modelo previsional chileno, instaurado en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es altamente repudiado por parte de la población desde hace años porque reparte jubilaciones de miseria y fue uno de los motivos centrales del estallido social del pasado octubre. LOS ASPECTOS DE LA REFORMA EN CHILE Tras más de ocho horas de debate, la iniciativa, que requería 26 votos favorables, fue aprobada en sus términos generales por 29 votos a favor (de los que 5 fueron oficialistas), 13 en contra y 1 abstención. El proyecto establece que el monto mínimo a retirar será de 35 Unidades de Fomento (UF) -unidad monetaria cambiante de existencia no física que se utiliza en Chile para ajustar las transacciones comerciales, contables y bancarias de acuerdo a la inflación-, lo que equivale aproximadamente a un millón de pesos (unos 1.270 dólares). El monto máximo será equivalente a 150 UF, que son alrededor de 4,3 millones de pesos (unos 5.500 dólares). En el caso de que el 10 % corresponda a un monto menor a las 35 UF, los afiliados podrán retirar hasta dicho monto y, en el caso de que el monto total acumulado sea menor a las 35 UF, se podrá retirar la totalidad de los fondos.


PÁGINA 4 Tras aprobarse los términos generales, la Sala votó cada uno de los incisos que se le agregaron al proyecto en su tramitación en Comisiones, como el hecho de que los fondos retirados no constituirán renta a ningún efecto legal ni serán objeto de retención o descuento alguno, entre otras. EL DEBATE "Esto es un triunfo de la gente; además son sus recursos y ellos sabrán cómo los destinan (...) Las AFP son el símbolo del abuso en Chile", dijo durante el debate en la sala el senador opositor independiente Alejandro Guillier. Por contra, la senadora de derechas Carmen Gloria Aravena señaló en su intervención que "el retiro del 10 % de los fondos es una política regresiva" y que su voto es en contra de esta reforma en pensando en lo mejor para los ciudadanos "y su futuro económico". Durante el debate de también hicieron uso de la palabra los ministros secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado; de Hacienda, Ignacio Briones y de Interior, Gonzalo Blumel, quienes dieron su parecer contrario a esta reforma, que consideran "regresiva" y una mala medida para el futuro de las pensiones que van a recibir los ciudadanos. (Con informaciones de EFE y otras fuentes)

Viernes 24 de Julio de 2020 Disponible en: https://acento.com.do/opinion/informacion-para-salvar-vidas-8842102.html Autor (a): Magdalena Rathe En el día de hoy, justo cuando me disponía a escribir este artículo, llamó por teléfono una prima de mi esposo diciendo que su hijo tenía dificultad respiratoria, que se habían dirigido a un laboratorio privado de manera particular y se habían hecho dos pruebas para Covid-19 que salieron negativas (me imagino que serían las de anticuerpos IGG/IGM), que era un hombre joven y saludable que no tenía un médico de cabecera a quien recurrir, que llevaban varias horas esperando en un centro de salud privado de Santo Domingo y no lograban que los atendieran, que no sabían qué hacer. Esta situación, enfrentada por una familia de clase media alta, con muchos recursos a su alcance, me hizo cambiar de idea sobre lo que iba a escribir. ¿Cuál será, entonces, la situación de la mayor parte de la población dominicana? ¿La que no puede gastar 4,000 pesos en dos pruebas, ni pagar varios miles de su bolsillo por la consulta en un centro de alta gama? ¿Qué motiva a las multitudes que se aglomeran en los alrededores del Laboratorio Dr. Defilló, procurando que les hagan una prueba? ¿Y que, además, no saben que la prueba PCR sólo se hace a domicilio o en un hospital, siempre que haya síntomas y que un médico autorizado la haya recetado? ¿Qué hace una familia cuándo uno de sus miembros presenta algún síntoma preocupante? Si existiera en el país un primer nivel de atención funcional, todo el mundo sabría dónde ir. Todas las personas tendríamos un médico de cabecera – idealmente un médico familiar. Ese sería nuestro primer contacto y esa doctora o doctor, o ese centro de primer nivel, tendría que estar disponible para nosotros. En circunstancias anormales, como una epidemia, el sistema garantizaría que tenga mayores recursos para poder enfrentar una demanda de servicios muy superior a lo normal. Probablemente tendría personal adicional, líneas telefónicas, un servicio de consulta por vía digital. Es difícil entender por qué, como país, no hemos logrado tener acceso garantizado a un conjunto de servicios básicos que deberían estar disponibles para todas las personas. El ejemplo a que hago referencia en el primer párrafo nos muestra lo importante que es, en un caso de emergencia, saber dónde acudir para resolver tu problema. Justamente porque la gente no sabe qué hacer, se dirige a las “emergencias” de los hospitales, muchas veces de manera innecesaria, dificultando el trabajo del personal que debería estar atendiendo casos realmente críticos.


PÁGINA 5 En países donde los sistemas de salud tienen un buen desempeño, toda la población está adscrita a un centro de primer nivel que queda cerca de su domicilio. Ese establecimiento – que tiene personal en varias disciplinas en el área de la salud, incluyendo el médico familiar – es el punto de partida para la navegación de cualquier paciente por el resto del sistema de salud. Allí se centraliza su expediente y se deposita toda la información relativa a la historia clínica, los estudios diagnósticos, las intervenciones, los medicamentos, en fin, todo lo necesario para que pueda funcionar lo que se ha llamado las “redes integradas de servicios de salud” que figuran en el marco legal dominicano pero que no se han implementado nunca. ¿Cómo se van a implementar sin información del paciente, sobre todo, información que dé seguimiento a éste por los distintos prestadores, centros de diagnósticos y farmacias? En Uruguay, por ejemplo, el país que mejor ha controlado la epidemia del Covid-19 en la región de América Latina y el Caribe, existe el expediente electrónico único, con una aplicación que permite a la población tener acceso al mismo en tiempo real desde su celular. Al comenzar a aparecer casos en marzo en ese país, se estableció una estrategia en la que se unieron el sector público y privado, fomentando la participación de la población a través de centros de llamadas, redes sociales, una aplicación para registrar síntomas y contactarse directamente con los prestadores. Dado que los expedientes clínicos ya estaban centralizados en una base de datos, fue factible identificar las personas con mayor o menor riesgo clínico con un sistema de semáforo, que permite llamar la atención de cada persona en sí, así como identificar los contactos que ha tenido con otras personas en riesgo. El mayor riesgo depende de las co-morbilidades, es decir, de que el individuo tenga enfermedades crónicas, siendo la más importante la hipertensión arterial pero también la diabetes, las enfermedades pulmonares, el asma y otras. Otro factor importante es la edad que, generalmente, está asociada a los problemas crónicos y puede haber más, como el entorno familiar, el sexo, la situación social de la comunidad en la que se vive, etc. En la actualidad es posible manejar bases de datos inmensas de poblaciones enteras a través de la inteligencia artificial, distinguiendo qué persona tiene un mayor o un menor riesgo de complicarse o morir (en base a su historia clínica) y en base a su estilo de vida, su trabajo, sus contactos, sus desplazamientos. El sistema de salud puede, entonces, buscar de manera activa a la persona en riesgo, darle apoyo para prevenir enfermarse o complicarse (si ya se ha enfermado). Permite, además, planear los recursos que se necesitan a nivel nacional para dar respuesta adecuada a la epidemia. En la República Dominicana estamos muy lejos de esto, pero tenemos una inmensa base de datos del Seguro Familiar de Salud la cual, si bien no contiene historias clínicas, tiene datos sobre la utilización de los servicios de las personas y puede saber el peso de las enfermedades crónicas de cada una de ellas – además de la edad, sexo y otras variables. En esta semana, el Observatorio de Seguridad Social (OSES) – una iniciativa del INTEC y la Fundación Plenitud – dio a conocer un estudio elaborado por la SISALRIL para construir en la República Dominicana un Índice Compuesto de Vulnerabilidad Personal al Covid-19. Se trata de una iniciativa muy interesante que ya permite saber qué personas – dentro de las afiliadas al Seguro Familiar de Salud, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado –tienen un riesgo mayor de complicarse y de morir si se contagian. El paso siguiente sería que esas personas fueran contactadas por la ARS a que están afiliadas y éstas les dieran la información, el conocimiento y el apoyo que necesitan. Incluyendo decirle a qué médico o a qué centro acudir si se presentan los síntomas y asegurarse de que sus problemas crónicos están siempre controlados. De esa manera comenzaríamos a practicar el ejercicio de prevenir antes que curar – con lo que todo el mundo está de acuerdo, pero nadie pone en práctica. Y esto, tan conveniente para la población, sobre todo para los que tienen un riesgo mayor, es conveniente también para el sistema de salud pues disminuye las necesidades de inversión en unidades de cuidados intensivos y personal súper especializado. Se trata de una estrategia ganar-ganar. Que la epidemia de Covid-19 sea el motor para arrancar y que, al menos, nos deje beneficios permanentes y sostenibles para el futuro.


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Lunes 27 de Julio de 2020 Disponible en: https://elnuevodiario.com.do/abinader-designa-al-doctor-mario-lama-titular-del-servicionacional-de-salud/ Autor (a): Ana Luisa Peguero El presidente electo, Luis Abinader designó este lunes al ginecobstetra Mario Lama Olivero, como el nuevo titular del Servicio Nacional de Salud (SNS), en sustitución de Chanel Mateo Rosa Chupany, quien el 8 de julio renunció a su cargo bajo el alegato de facilitar a las próximas autoridades la conformación de su equipo de salud. El galeno, quien durante la campaña presidencial fungió como vocero del gabinete sanitario del entonces candidato, es líder de opinión en salud en la República Dominicana y participa en el programa de medicina “La Receta Médica de la Z”, junto al psiquiatra Héctor Guerrero Heredia. Perfil del doctor Mario Lama Egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en 1992, cinco años más tarde, obtuvo el título de especialista en Obstetricia y Ginecología por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y del Hospital Central de las Fuerzas Armadas donde también fungió como Jefe de Residentes. Actualmente se dedica a la consulta privada en el Centro de Obstetricia y Ginecología y en HS Medical Center. Lama Olivero cuenta también con un diplomado en Endocrinología de la Reproducción de la Universidad de Alcalá y en Sonografía Ginecológica y Obstétrica con el aval de la Universidad Tecnológica de Santo Domingo (INTEC). Ha realizado numerosos cursos para el manejo de la patología del tracto genital inferior y colposcopia, así como prevención del cáncer cervicouterino. Es el presidente de la Sociedad Dominicana de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia. Fungió como vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia 20132015, vocal de la Junta directiva de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología y de la Sociedad Dominicana de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia de 2017 a 2019. Lama Olivero es autor habitual de artículos y notas clínicas en diferentes publicaciones, conferenciante y ponente; ha ejercido como profesor en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en las materias de Embriología y Farmacología (Escuela de medicina y odontología). El galeno está casado con la abogada y corredora de seguros, Larissa Pérez, con quien procreó tres hijos.

Lunes 27 de Julio de 2020 Disponible en: https://diariosalud.do/solicitan-garantizar-cobertura-de-salud-a-desempleados-porpandemia/ Autor (a): Viannelys Alcantara La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) llamó a las autoridades a aplicar las previsiones de la Ley 87-01, para mantener la protección en salud a los miles de trabajadores desempleados a causa de la pandemia del Covid-19, propiciando su afiliación en el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Subsidiado del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).


PÁGINA 7 A través de una comunicación dirigida al Consejo Nacional de la Seguridad (CNSS) el pasado 16 de julio, la DIDA indica que, ante los vaticinios de que la pandemia dejará sin empleos a miles de trabajadores, la ley de seguridad social tiene disposiciones ya reglamentadas que le permiten tomar decisiones al respecto y al gobierno destinar en el presupuesto las partidas al Seguro Nacional de Salud (SENASA) para los trabajadores desempleados, manteniéndoles así la protección en el SFS del Régimen Subsidiado. Detalló que el Art. 124 de la Ley 87-01 ordena que: “cuando el afiliado quede privado de un trabajo remunerado, solicitará una evaluación de su situación, a fin de determinar en cuál de los otros regímenes califica; esto independientemente de la protección temporal por 60 días de los servicios de salud que, en la práctica, aplica sólo a quienes han laborado por un período continuo de 6 meses y sus dependientes directos”. Al respecto, la entidad defensora de los derechos de los afiliados de la Seguridad Social exhorta al Gobierno y al Consejo, “adelantarse a los pronósticos de desprotección de los servicios del Seguro Familiar de Salud (SFS) que podría sufrir una significativa cantidad de afiliados por la pérdida del empleo a causa de la pandemia del COVID-19 y sus efectos en el ámbito laboral”. Señaló que al no existir certeza del tiempo que durará la pandemia y de sus impactos en el mercado laboral, sería contraproducente que todas esas personas quedarán sin cobertura de salud existiendo el mecanismo para protegerlas a través del Régimen Subsidiado proveyendo el Gobierno los recursos necesarios al Seguro Nacional de Salud (SENASA). De igual manera la DIDA sugiere al Consejo crear un procedimiento expedito para la agilización de la afiliación al Régimen Subsidiado de los trabajadores y sus familiares, quienes serán afectados en sus servicios de salud por causa de la pandemia, sobre todo aquellos que requieran atención de alto costo. “Se hace oportuno tomar medidas para que los trabajadores puedan ser afiliados al Régimen Subsidiado, si bien están dados los mecanismos existentes en su actual Reglamento”, agregó. El planteamiento de la DIDA también incluye los casos especiales, de las personas con dependientes que se encuentran bajo tratamientos continuos y de alto costo, “apremia buscarle un mecanismo expedito que los suministre”. La DIDA planteó al CNSS que se creen los mecanismos para que se dé curso a la afiliación de los trabajadores desempleados en el Régimen Subsidiado, garantizándoles así la protección prevista en la Ley 87-01 en estos casos.

Lunes 27 de Julio de 2020 Disponible en: https://hoy.com.do/senado-redujo-de-30-a-20-proyecto-de-retiro-fondos-afp/ Autor (a): Llennis Jimenez El Senado de la República redujo de un 30% a un 20% el porcentaje del proyecto de ley que busca que los trabajadores puedan hacer un retiro único y anticipado de sus ahorros en las Aseguradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), con lo que modificó el proyecto que le remitió la Cámara de Diputados y que fue aprobado en segunda lectura. La modificación que le aplicaron los senadores al proyecto, del original 30% de las AFP, aleja las posibilidades de aprobarlo, toda vez que, en caso lo aprobara la cámara alta, debería volver a ser aprobado por los diputados. La actual legislatura no tiene tiempo para que este proyecto sea convertido en ley. El diputado reformista Pedro Botello, reelecto en La Romana, es el creador del proyecto y anunció las intenciones de continuar la lucha por su aprobación. En el Senado el proyecto es estudiado por la Comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones. El senador José Rafael Vargas es el presidente de la comisión que tiene el proyecto ahora con un 20% del retiro que se permitiría del plan de capitalización de los trabajadores dominicanos. En la última reunión de los senadores que integran la comisión, el pasado 22 de este mes, Vargas dijo que en la sesión del día siguiente rendirían el informe de gestión a la pieza legislativa. De la Comisión de Seguridad Social forman parte los senadores Charles Mariotti y Santiago José Zorrilla.


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Lunes 27 de Julio de 2020 Disponible en: https://www.eldinero.com.do/114675/reforma-a-las-pensiones-complejos-desafios-delgobierno-entrante/ Autor (a): Hernando Pérez Montás Tanto mis colegas actuarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra como el suscrito coincidimos íntegramente en lo siguiente: según las propuestas de diversos sectores y “expertos” locales, no se podrán conceder pensiones dignas en República Dominicana ni en este siglo ni en el próximo, lo que implica una violación del Convenio 102 ratificado por el gobierno dominicano con la OIT. Mis análisis de cómo acceder a pensiones dignas bajo el modelo actual, son los siguientes: 1. Agregar a los RD$600,000 millones acumulados en las cuentas individuales de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) otros RD$500,000 millones, por un total de RD$1,100 billones. ¡No viable! 2. Aumentar las tasas de aportes en las cuentas individuales del 8% al 14% de los salarios. ¡No viable actualmente! A la luz de lo antes expuesto, resulta también absurdo el tiempo perdido en discutir propuestas inapropiadas para devolver a los trabajadores el 30% de los valores en las AFP, aparte de que sus aportes son solo una tercera parte del total acumulado, lo que reduciría la devolución a solo el 10% de los fondos en vez del 30%. Otros países están ponderando devoluciones más modestas pero la viabilidad de devolver, por ejemplo, un 10% en forma optativa y sectorializada, depende de las acciones que lamentablemente no parecen ser viables el resto del año en el país, debido al entorno monetario y fiscal. Reformas paramétricas marginales tales como aumentar la edad de retiro no resolverán el problema actuarial, y tendrían un impacto pernicioso en la creación de empleos a favor de las nuevas generaciones de jóvenes que aspiran a ingresar a la fuerza de trabajo, aparte de la imposibilidad de aumentar en forma general la edad de retiro de ciertas categorías de trabajadores expuestos a una notable reducción de la productividad laboral a partir de los 60 años de edad, como es el sector de la construcción y algunas Mipymes. La inoperante Superintendencia de Pensiones y el obsoleto Consejo Nacional de la Seguridad Social deberían ser reformulados. En cuanto al CONEP, sería conveniente que tanto el sector financiero, sino también el sector de uso intensivo de mano de obra, se integren de lleno al proceso de reforma, de las pensiones nacionales. La reforma de las pensiones es un asunto de Estado, aspecto que fue ignorado por el Gobierno saliente. El nuevo gobierno podría designar un Comité ad hoc de alto nivel y expertos en la materia para diseñar la secuencia de reformas, incluyendo lo concerniente a la Cesantía Laboral, con lineamientos que constan más adelante. El sistema nacional de pensiones en Dominicana está totalmente fragmentado, con numerosas entidades operando regímenes de reparto y con un perfil de beneficios diferente al establecido en la Ley 87/01. El más notable es el Fondo de Pensiones del Magisterio Público, que opera a través del INABIMA y aglutina a decenas de miles de asegurados, ofertando pensiones al retiro del 100% de los salarios, tres veces más que la pensión promedio de la mayoría de los afiliados a las AFP. A mediano plazo, a medida que aumente la proporción de pensionados, dicho Fondo confrontará déficit actuarial. El segundo segmento de asegurados con un régimen especial “de facto” y probablemente “de jure” lo constituyen los médicos (y probablemente las enfermeras) del sector público. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas operan también regímenes especiales. Las Cámaras Legislativas operan su propio Fondo de Pensiones, al igual que la UASD, el Poder Judicial y la Junta Central Electoral. O sea, casi la mitad del sector público está excluido del modelo establecido en la Ley 87-01. Miles de pensionados de “ingreso tardío” percibieron sus aportes personales sin el suplemento del Bono de Reconocimiento y quedarán en la indigencia a mediano plazo, por una penosa resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, violatorio de la Ley 87-01.


PÁGINA 9 En resumen, el modelo vigente de pensiones en Dominicana se asemeja a una Torre de Babel, reflejo de un modelo mercantilista, en lugar de un sistema de Protección Social a favor de la población de trabajadores. Hemos evaluado fórmulas factibles aplicables al país, sin caer en la costumbre de estar copiando las reformas de otros países. En primer lugar, no es viable la actualización de las bases financieras del régimen pensional sin un mayor aporte de los asegurados, pues en ninguna parte del mundo se podrán acumular pensiones dignas con aportes del 2.88% de los salarios por los asegurados. En segundo lugar, se requiere establecer un Segundo Pilar de Reparto (si, de reparto, con gestión pública / privada y acorde con el Piso de Protección Social de la OIT), fondeado por cinco variables, a saber: aportes suplementarios de los asegurados; una cuota -parte de la Cesantía de trabajadores cesantes a partir de cierta edad; aportes del Fondo de Solidaridad Social; excedentes actuariales del régimen de Riesgos Laborales, y ajustes de las tarifas de los riesgos de Discapacidad y Muerte. Este mecanismo, de costo neutral para los empleadores, permitiría un ascenso gradual y progresivo de los niveles de pensión a mediano plazo. Ya habíamos advertido, en un artículo publicado en Ginebra por la Asociación Internacional de la Seguridad social (AISS) , las fallas estructurales del nuevo régimen de pensiones bajo la ley 87/01 y los potenciales errores de implementación, que se materializaron al no emitir el Gobierno el Bono de Reconocimiento por derechos adquiridos en el antiguo régimen de reparto de los trabajadores del sector privado y público; la desprotección de los cónyuges supervivientes de los pensionados; amplios rechazos de pensiones de discapacidad, entre otras fallas latentes. Se presenta ahora una nueva oportunidad de una reforma seria y profunda del régimen pensional, estableciendo un sistema de dos pilares, el actual modelo de cuentas individuales y un pilar suplementario con financiamiento mixto. Espero que este último esfuerzo del suscrito por lograr un sistema de pensiones más racional que el actual en Dominicana no caiga de nuevo en el vacío.


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Contacto: Dr. Eladio Pérez Antonio Coordinador Observatorio de la Seguridad Social - OSES Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC Lic. Magdalena Rathe Asesora Técnica Observatorio de la Seguridad Social - OSES Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC Dirección: Ave. Los Próceres #49, Los Jardines del Norte 10602 Santo Domingo, República Dominicana Teléfono: 809-567-9271 Ext. 396 Correo: oses@intec.edu.do

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