Boletín 2020-20

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Boletín 2020-20

“Este boletín recoge las noticias publicadas en la prensa escrita relativas al sector de la seguridad social en la República Dominicana. Las mismas no necesariamente reflejan la opinión del Observatorio”.

ISSN: 2676-0991

Martes 16 al lunes 29 de Junio de 2020

En este boletín: 1.

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Consejo Seguridad Social rechaza entrega fondos de pensiones. Sostenibilidad del régimen de financiamiento vigente de pensiones. Estos son los pasos que le siguen al proyecto de dar el 30% de las AFP a trabajadores. Empresarios esperan proyecto AFP no se apruebe en el Senado porque provocaría una mayor crisis. No a la auto medicación. La salud pública no tiene prioridad. Declaratoria de epidemia nacional apuntan a suspensión de actividades económicas, sociales y recreativas.

Domingo 21 de junio de 2020 Disponible en: https://proceso.com.do/2020/06/21/consejo-seguridad-socialrechaza-entrega-fondos-de-pensiones/ Autor (a): Redacción Proceso El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), mediante la resolución 495-02 rechazó los dos proyectos de ley que se encuentran en el Congreso Nacional, los cuales permitirían a los trabajadores el retiro de una parte de los fondos acumulados en sus cuentas de capitalización individual. La información fue dada a conocer por el gerente general del CNSS, Rafael Pérez Modesto quien manifestó que la resolución destaca que dichos proyectos desvirtúan el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), pues son contrarias a la naturaleza y el objetivo mismo del Sistema Dominicano de Pensiones, cuya finalidad es la protección previsional de la población afiliada. El funcionario detalló que en la sesión ordinaria del CNSS realizada el jueves 18 de junio del 2020, se resaltó que dichas iniciativas legislativas tendrían un impacto negativo en el futuro de las pensiones para los afiliados del Sistema, exponiéndolos a desprotección y a un mayor riesgo de vulnerabilidad en la vejez. En tanto que manifestó que el fin principal de la seguridad social es garantizar la protección integral de todos los afiliados, que afectarían las inversiones de los fondos de pensiones con sus efectos en empresas y todo el mercado, además, provocarían un desajuste monetario, fiscal y económico, que generaría una gran inflación. La resolución en uno de sus considerandos establece que un sistema de pensiones se diseña como herramienta de previsión y protección social para dar respuestas a segmentos de la población, fundamentadas básicamente en prestaciones de largo plazo; por cuanto, en esencia, no se diseñan para responder ante eventualidades que pudiesen surgir en el corto plazo, como fruto de contingencias que no están dentro de los parámetros del diseño del modelo previsto, salvo en cuanto a las discapacidades y sobrevivencias que pudiesen ocurrir y que siempre se derivan en aseguramientos que no afectan el fondo principal de las futuras pensiones. El artículo 35 de la Ley 87-01, dice que el sistema de pensión tiene como objetivo reemplazar la pérdida o reducción del ingreso por vejez, fallecimiento, discapacidad, cesantía en edad avanzada y sobrevivencia¨, por cuanto, es un instrumento de protección social que contiene objetivos a ser completados en el largo plazo; y que sólo plantea atenciones de tipo inmediato en los casos de discapacidad y sobrevivencia, siempre derivándolos en el pago de una prima de seguros, a fin de que no se vean afectados los fondos previstos para el pago de las futuras pensiones de vejez.


PÁGINA 2 La entidad hizo referencia al artículo 96 de la Ley 87-01, el cual establece que: ¨Los fondos de pensiones acumulados por concepto de los aportes de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social, en cualquiera de sus regímenes, se constituirán en una importante fuente de recursos, producto del ahorro nacional¨. La resolución 495-02, además indica que, el CNSS acoge el mandato establecido en el artículo 29 de la reciente Ley 13-20, la cual ordena que, a partir del mes de septiembre del año 2020, se iniciará el proceso de revisión y estudio para la modificación integral de la Ley 87-01, del 9 de mayo del 2001, que crea el SDSS, donde se analizarán y crearán los instrumentos sociales correspondientes, para dar respuesta a contingencias no previstas en el actual modelo.

Domingo 21 de junio de 2020 Disponible en: https://acento.com.do/opinion/sostenibilidad-del-regimen-de-financiamiento-vigente-de-pensiones8831656.html Autor (a): Arlette Pichardo Muñiz El estudio contó con un selecto grupo de colaboradores, la participación ad honorem de informantes por país y de consejeros internacionales, incluidas figuras de renombre mundial. En el 2003, mediante la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), se definen los regímenes de financiamiento de pensiones en el país (Art. 7). No obstante, a la fecha el régimen contributivo es el único vigente, dirigido a la población en condición de dependencia laboral y financiada por trabajadores y empleadores. De los otros dos (2) regímenes contemplados en dicha ley, el denominado régimen subsidiado es hasta el 2009 que se empieza a implementar con un plan-piloto de alcance limitado (Resolución 484-01 del Consejo Nacional de la Seguridad Social). Su financiamiento corresponde al Estado dominicano y la referida ley establece que protegerá a trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, así como a personas desempleadas, con discapacidad e indigentes. Mientras que, el régimen contributivo-subsidiado, a la fecha sin entrada en vigencia, permanece en una especie de “limbo”; su razón de ser está en cuestionamiento y se carece de una ruta crítica para su modificación efectiva. La población a cubrir son profesionales y técnicos independientes y trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio, iguales o superiores a un salario mínimo nacional, con aportes de trabajadores y un subsidio estatal para suplir la falta de empleador . “Suficiencia y sostenibilidad de las pensiones en República Dominicana” es el título del estudio realizado durante el año 2019 en el marco de las actividades académicas del Observatorio de la Seguridad Social (OSES). Un espacio multiactores creado a mediados de 2018 por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), acogiendo la iniciativa de la Fundación Plenitud. Su misión es la producción y gestión de conocimiento científico, de manera preferente el seguimiento de indicadores relevantes y la creación de espacios de reflexión e intercambio con miras a mejorar la calidad y el desempeño de la seguridad social en el país. En el marco del sistema de pensiones, entre la multiplicidad de situaciones a estudiar, por razones de acceso a información y recursos, dado que resulta inviable pretender abarcar todas y cada una de las facetas involucradas en el tema, el estudio en cuestión se focaliza en ¿Cuáles son las perspectivas del régimen de financiamiento vigente de pensiones en República Dominicana, desde el punto de vista de la suficiencia en las prestaciones y la sostenibilidad financiera, que atiendan a criterios de equidad e igualdad en el acceso?. Pregunta relativamente sencilla que, a pesar de su simpleza, está llamada a ofrecer una contribución de calidad al debate informado entre tomadores de decisiones legislativas y de política pública e institucional, agentes económicos, líderes de organizaciones y ciudadanía en general. Una primera conclusión del estudio, general, pero de relevancia, es que de mantenerse el régimen de financiamiento vigente de pensiones en República Dominicana sin variaciones en la Ley 87-01 y sus reformas iniciales, los cálculos son inequívocos al confirmar el bajo posicionamiento-país en términos de suficiencia en las prestaciones. Una segunda, igualmente general, pero también relevante, es que con la entrada en vigencia de la Ley 13-20, cuyo espíritu se encuadra en un enfoque de capacidad gerencial y funcional, aunque se pudieran esperar mejoras en los indicadores de suficiencia, éstas no resultarían significativas. Adicionalmente, la baja acumulación previsible en las cuentas individuales, podría implicar presión financiera en el Fondo de Solidaridad Social. Una tercera, es que aun en un escenario de revisión y estudio para la modificación integral de la Ley 87-01, como previsto en la Ley 13-20 (Art. 29) podrían persisten diferenciales según sector institucional, género y quintil salarial cotizable.


PÁGINA 3 El principal valor agregado del estudio en su conjunto es el cálculo de indicadores (Tasa Bruta de Reemplazo–TBR y períodos de cotización efectiva) con base en data administrativa y un esfuerzo de medición pionero e inédito (Índice de Suficiencia de las Pensiones en República Dominicana–ISP-RD). Así como, la captura del efecto promedio de cada una de las variables independientes del modelo utilizado, que permite brindar una idea global de la situación presente y posibilidades futuras de las pensiones por vejez en el marco del régimen de financiamiento vigente. Para tal propósito, se diseña ex profeso un modelo de análisis a partir de Pichardo (1997) y Guerrero (2008), mediante el establecimiento de relaciones entre variables. Por tratarse de un Sistema de Capitalización Individual (SCI), el monto de la pensión es una función directa de la acumulación, variable independiente (X), responsable de la cuantía en el stock del fondo de pensión en la cuenta personal, en cuyo comportamiento y valores inciden un conjunto de factores determinantes o causales de naturaleza endógena y exógena. La variable dependiente (Y), a partir de revisión de literatura especializada (Borella & Fornero, 2009; Durán y Pena, 2011; OCDE/Banco Mundial/BID, 2015 y BID, 2018), se define como el nivel de sustitución de los ingresos provenientes de la pensión por vejez en relación con los ingresos provenientes del trabajo durante la vida laboral activa. Para su mejor comprensión, los cálculos se expresan en función del último salario cotizable. El estudio se basa en un número acotado de perfiles socioeconómicos (30 en total), diseñados con arreglo a la disponibilidad de información, a partir de la vinculación laboral según sector institucional, esto es: a. Sector privado (SPR), b. Sector público centralizado (SPC), y c. Sector público descentralizado (SPD); género: a. mujeres (M) y b. hombres (H); y, quintil de salario cotizable: desde Q1 … hasta Q5. De tal manera que permite poner en evidencia la heterogeneidad de situaciones, más allá de cálculos propios o de situaciones-tipo, como comúnmente se realizan los estudios de pensiones. En términos más específicos, los resultados indican que, tanto para las TBR como para el ISP-RD, la rentabilidad de los fondos de pensiones es la variable que podría generar un mayor nivel de impacto positivo. Mientras que, el costo de administración (en lo que atañe a la comisión de las AFP) es la que podría tener mayor afectación negativa De manera que es necesario velar por una rentabilidad real adecuada, lo que implica también el cumplimiento de metas inflacionarias y un costo de administración razonable. La tasa de cotización es la segunda variable o determinante que más impacta, por lo que la aspiración de mejoras en la suficiencia bajo el régimen de financiamiento vigente implicaría un incremento gradual hasta llegar a un parámetro razonable, acorde con las aspiraciones de suficiencia de la población cotizante. La tercera y cuarta variables que en orden de importancia impactan son: períodos efectivos de cotización y evolución de los salarios cotizables, que para el caso en cuestión se observan muy bajos. Finalmente, los resultados arrojan que aproximadamente por cada tres (3) años ganados en la esperanza de vida a los 60 años de edad, sería posible compensar con el aumento de un año en la edad legal de jubilación para tener acceso a la pensión por vejez. Estos son, a rasgos muy generales, las principales conclusiones del estudio que será puesto a la disposición pública próximamente. Se espera que a partir de su lectura los resultados puedan ser examinados en su contexto, sin apasionamientos desmedidos y sin búsqueda de protagonismos estériles y desfasados en el tiempo. La estrategia de investigación se basa en una combinación de técnicas e instrumentos socioeconómicos (análisis comparado entre países, entrevistas en profundidad y encuesta en línea) y financiero-actuariales. Como es usual en investigaciones de naturaleza similar, se realiza un rastreo y exhaustiva revisión de literatura especializada y de fuentes de información, mediante la identificación y selección de un conjunto de indicadores y variables y la triangulación entre fuentes e informantes. Amén de una serie de presentaciones previas e instancias de validación, incluido un seminario abierto. El estudio contó con un selecto grupo de colaboradores, la participación ad honorem de informantes por país y de consejeros internacionales, incluidas figuras de renombre mundial. Se aspira que los resultados claves del estudio, puedan convertirse en una base para la discusión legislativa que conlleve a una reforma social para el ejercicio efectivo del derecho a pensión que, a casi 20 años de entrada en vigencia de la Ley 87-01, se encuentra lejos de satisfacer expectativas razonables para el conjunto de la población. De manera particular, ante el impacto de la COVID-19 y sus efectos en la suspensión de contratos laborales, que plantea la ineludible necesidad de redoblar esfuerzos-país para generar mejoras en la suficiencia en las prestaciones y la sostenibilidad financiera, que atiendan a criterios de equidad e igualdad en el acceso a pensiones en República Dominicana.


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Lunes 22 de junio de 2020 Disponible en: https://listindiario.com/economia/2020/06/22/623041/estos-son-los-pasos-que-le-siguen-alproyecto-de-dar-el-30-de-las-afp-a-trabajadores Autor (a): Redacción Digital El proyecto de Ley que busca entregar el 30% de los fondos acumulados en las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP) a los trabajadores, consiguió hoy una importante victoria en el palacio legislativo nacional al conseguir su aprobación en segunda lectura. Este proyecto, que ha generado tanto interés y rechazo en la sociedad, pasa ahora al Senado de la República para su conocimiento y posible sanción. El Senado de la República es de mayoría peledeísta, por lo que el proyecto depende ahora de la voluntad exclusiva del Partido de la Liberación Dominicana. Lo primero en lo adelante es que el Senado de la República se reúna y coloque en agenda de conocimiento el proyecto. Por igual se requiere de aprobación en dos lecturas, con los mismos pasos dados previamente por en la cámara baja. Diputados como Fidel Santana, del Frente Amplio, creen que el proyecto morirá en el Senado por la supuesta falta de voluntad del partido de Gobierno. Máximo Castro Silverio, vocero de los diputados del Partido Reformista, y Pedro Botello, proponente del proyecto, plantearon la necesidad de que la ciudadanía les exija a sus representantes votar a favor del proyecto y, de no hacerlo, tomárselo en cuenta en las elecciones generales del 5 de julio. Botello planteó a la salida del hemiciclo que se trataba de una victoria contundente de la población expresada en la Cámara de Diputados y aseguró que impulsarán iguales resultados en la cámara alta. “Nos mudaremos allá”, dijo Castro Silverio en una rueda de prensa a la salida de la sesión. Botello señaló que una de las ventajas que tiene el actual proyecto aprobado es que no perime por las próximas dos legislaturas, por tratarse de un proyecto nuevo, por lo que sin importar la composición del nuevo Senado de la República la iniciativa requiere de un respaldo honesto de los legisladores. En el Senado de la República, curiosamente, cursa otro proyecto similar para entregar parte de los ahorros a los trabajadores nacionales. Este proyecto de ley es presentado por Dionis Sánchez (Pedernales) y Amarilis Santana (La Romana) y

es

estudiado por la comisión Seguridad Social del Senado desde el mes de abril, sin que se hayan tenido mayores novedades en su proceso. Al finalizar estos pasos de conocimiento de los proyectos, y de ser aprobado también en el Senado, se envía al Poder Ejecutivo, donde el presidente debe decidir si lo promulga como una ley. El proyecto entra en conflicto en lo inmediato con todas las asociaciones empresariales y los principales líderes políticos nacionales que se oponen a que se entreguen los recursos acumulados por los trabajadores. De los actuales candidatos presidenciales, por ejemplo, solo Leonel Fernández está de acuerdo en que se entregue el dinero, luego de haber cambiado de opinión por el préstamo de 40 mil millones que hicieron las Asociaciones de Fondos de Pensiones al Gobierno dominicano. El proyecto aprobado por los diputados establece que, de ser aprobado finalmente, la entrega de los fondos se efectuaría en un plazo de diez días de presentada la solicitud en donde el afiliado deberá indicar el número de cuenta bancaria para el depósito del dinero. Además el proyecto detalla que las personas que deseen acogerse a la ley deberán solicitar los fondos en un plazo máximo de treinta días de concluido el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus. El artículo 5 del proyecto de ley señala que el 30 por ciento de los fondos acumulados en las AFP constituyen un fondo de garantía para los afiliados en los estados de emergencia que no puede ser utilizado bajo ninguna circunstancia por las instituciones financieras.


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Lunes 22 de junio de 2020 Disponible en: https://listindiario.com/economia/2020/06/22/623050/empresarios-esperan-proyecto-afp-no-seapruebe-en-el-senado-porque-provocaria-una-mayor-crisis Autor (a): Jhenery Ramírez La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Industrias de República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, espera que el proyecto de Ley que devuelve un 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores no será aprobado en el Senado de la República, luego de que este lunes los diputados aprobaran el anteproyecto en segunda lectura. La representante del sector industrial consideró que de aprobarse en ambas cámaras, se provocaría una crisis mayor en la economía y sobre todo en el sistema financiero dominicano que es el que se estaría afectando más, pues con esos recursos se está sosteniendo en gran parte a la economía dominicana. “No se está analizando adecuadamente el impacto que podría tener en la economía la aprobación de ese proyecto de ley porque desde el punto de vista macro el impacto es negativo sobre todo en esta circunstancia de crisis que se va a profundizar en los próximos meses (…) el presupuesto complementario solamente estima los gastos que se han hecho de manera extraordinaria”, señaló Almánzar durante una conversación con Listín Diario. Lamentó que muchos negocios están en una situación económica precaria, que la actividad comercial no está funcionando correctamente y que los ingresos fiscales se mantengan a la baja conjuntamente con un problema en la entrada de divisas por parte del turismo que no tiene claro cuando se podrá reactivar en un 50% por lo menos. Empresarios El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, reiteró la posición que tiene esta organización en contra del proyecto de Ley que procura el acceso al 30% de los fondos de pensiones. Dargam comentó que de aprobarse tal y como está redactado en el Senado, sus efectos en la economía nacional serían muy perjudiciales. “Contrario a lo que se ha querido presentar, una decisión de este tipo iría en contra de los ahorros de los propios trabajadores. Los fondos de pensiones no son fondos de emergencia”, puntualizó. Agregó que los empresarios esperan que los senadores ponderen debidamente todas las implicaciones que trae consigo esta iniciativa, y sus efectos tanto en el futuro de los trabajadores como en la estabilidad de la economía dominicana.

Jueves 25 de junio de 2020 Disponible en: https://seguridadsocialparatodos.net/no-a-la-auto-medicacion/ Autor (a): Arismendi Diaz La prescripción de medicamentos “milagrosos” por parte de familiares y amigos, aumenta el riesgo de muerte. Para enfrentar el COVID19 es necesario seguir los consejos de los médicos calificados. El COVID 19 le está pasando factura a todo el mundo, aunque con un impacto destructivo diferente de acuerdo a la reacción de sus gobernantes, y a la capacidad de respuesta de sus respectivos sistemas sanitarios. El saldo actual son casi 10 millones de infectados, 500,000 muertes, la pérdida de miles de millones de empleos, y una recesión económica en marcha. En general, la resistencia y el combate ha sido más exitoso en los países donde predomina la medicina pública sobre la privada. La razón es muy sencilla, la pandemia ataca con mayor severidad y frecuencia a las familias más pobres y vulnerables. El costo de la atención es muy elevado porque todavía no se dispone de vacunas, ni de medicamentos apropiados, por lo que el tratamiento resulta muy poco apetecido por los centros sanitarios animados por el lucro.


PÁGINA 6 No es extraño que el epicentro del COVID19 hayan sido los Estados Unidos, un país con un presidente empeñado en reelegirse, más interesado en reactivar la economía que en proteger a su población, lo que explica, la subestimación del riesgo, y los continuos esfuerzos por culpar a otras naciones de su propia incapacidad, y el rebrote actual. Ante el crecimiento sostenido de la contaminación y de las muertes, las cuales ya superan los 2.4 millones y 122,000 muertes, Trump no sólo no escucha los consejos de los expertos sino, además, desafía a los médicos más reputados, recomendando la toma de medicinas no autorizadas para combatir la pandemia. Trump promovió en varias ocasiones el uso de la hidroxicloroquina y afirmó que la estaba tomando para prevenir el contagio del coronavirus, pasando por alto las sugerencias de expertos en salud que advierten que ese medicamento podía provocar arritmia y hasta un paro cardíaco fulminante. Ante la gran confusión en el mundo y desconcierto entre los más calificados científicos de su país, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), se vio obligada a señalar que el uso no es efectivo contra el covid-19, porque “los riesgos son más altos que los eventuales beneficios”. Es necesario insistir en evitar la auto prescripción y/o la medicación de familiares y relacionados, quienes aseguran categóricamente conocer la cura contra el coronavirus. La desesperación suele ser una mal consejera. Tengo amigos que me ha recomendado comprar Ivermectina, asegurando que elimina el coronavirus, es barata y se fabrica en el país. Cambios de ministros por diferencias estratégicas y/o por mal desempeño Que se sepa, actualmente 10 grandes laboratorios se empeñan en producir una vacuna contra el COVI19: cuatro de China, tres de USA y uno de Alemania, de Inglaterra y de Rusia. Es una competencia económica y política. China y Rusia anunciaron que la vacuna estará disponible para toda la humanidad, mientras en los demás, predomina el ánimo de lucro. Como señaló la periodista Tania Molina de Diario Libre, la irrupción del COVID19 ha estremecido los sistemas sanitarios de muchos países, provocando gran movilidad al más alto nivel de dirección. En unos casos, debido a diferencias estratégicas con sus presidentes, y en otros, por un manejo errático y un bajo desempeño ante la crisis. El ejemplo más crítico es el de Brasil, donde su presidente nombró a tres ministros en menos de 35 días. Guatemala removió a su ministro de salud, también en Chile, debido al crecimiento alarmante de los casos. En Bolivia, Perú y Ecuador se han producido cancelaciones o renuncias de funcionarios de salud. En nuestro país ya se removió a un viceministro de Salud, al director de Salud de la provincia Duarte, así como a la directora de Epidemiología. No obstante, durante la última semana se han multiplicado los casos, ante el relajamiento de la vigilancia de las autoridades, en lo que muchos asocian al interés de reducir la afluencia a las elecciones generales del próximo 5 de julio.

Viernes 26 de Junio de 2020 Disponible en: https://acento.com.do/opinion/la-salud-publica-no-tiene-prioridad-8833373.html Autor (a): Magdalena Rathe En los rankings internacionales sobre capacidad de respuesta a una epidemia (GHS-2019), los Estados Unidos quedaban en primer lugar: el país más preparado para enfrentarla. Sin embargo, sus resultados ante el COVID-19 han sido precarios en términos de contagios y de muertes, inferiores a muchos otros países que disponen de menos recursos. En esta semana el Dr. Robert Redfield, director del CDC (Center for Disease Control and Prevention) de Estados Unidos, una de las instituciones más prestigiosas del mundo en la lucha contra las epidemias, declaró que la actual ha puesto a su país “de rodillas”. Dijo que su institución ha estado por décadas “crónicamente desfinanciada”, especialmente en lo que se refiere a las “funciones esenciales de salud pública”, incluyendo análisis de datos, laboratorios, fuerza de trabajo, capacidad de respuesta a emergencias. Si esa es la situación de Estados Unidos, ¿qué puede depararnos a nosotros? Según las estadísticas de cuentas de salud que elabora el Ministerio de Salud Pública, el 96% del gasto corriente en salud se destina a la atención curativa (MSP, 2017 – año más reciente publicado). Más de la mitad de estos fondos corresponden a internamiento (general, especializado, incluyendo cuidados intensivos y rehabilitación). Estos recursos el país los invierte para lograr la recuperación de la salud de alrededor del 5% de la población (según ENDESA 2013, ese es el porcentaje de personas que se internan cada año).


PÁGINA 7 Promover la salud y prevenir la enfermedad nunca ha sido prioridad en nuestro país. El sistema de salud está organizado de manera reactiva: el enfermo necesita atención, va a los servicios y esto es lo que contabilizan las estadísticas. No hay búsqueda activa de casos de enfermedades prioritarias ni monitoreo de condiciones de salud para evitar que la gente se enferme. La salud comunitaria – que es básica dentro de la estrategia de atención primaria en salud – es prácticamente inexistente en la República Dominicana. El gasto en prevención tan sólo representa el 3% del gasto corriente en salud. En Costa Rica, por ejemplo, a esta partida se destina el 15% (OMS-GHED, 2017). Los fondos dedicados al control de las epidemias – la vigilancia epidemiológica y la preparación para emergencias y desastres – eran el 0.4%, es decir, menos de la mitad del 1%. Es muy probable que en este 2020 hayan aumentado esas cifras (quizás con el presupuesto complementario), pero no creo que de manera significativa (los datos no se han publicado). El grueso de los fondos debe estarse yendo, como de costumbre, a proveer tratamiento a los que se enferman. Como vemos, también en la República Dominicana la salud pública “ha estado por décadas crónicamente desfinanciada”: especialmente en lo que se refiere a sus funciones esenciales: análisis de datos, laboratorios, fuerza de trabajo, capacidad de respuesta a emergencias. La capacidad de respuesta a una epidemia se construye paso a paso,antes de la epidemia. Una vez con ella encima y, sobre todo, cuando la función esencial de salud pública relativa a la vigilancia epidemiológica no funcionó adecuadamente y, en consecuencia, no detectó la epidemia a tiempo y tampoco pudo contenerla, la prioridad pasa a la mitigación. Con menos de la mitad del uno por ciento dedicado a estas funciones, es difícil que el país pueda estar preparado para responder adecuadamente. Por eso no hemos sido capaces de eliminar el Covid-19, a pesar de ser una isla y de que las fronteras se cerraron temprano, lo cual debió habernos favorecido. Algunos dirían que eliminar la pandemia es una misión casi imposible, pero hay países que se lo propusieron como estrategia y lo lograron, como Nueva Zelanda y como Cuba, muy diferentes en términos de organización política, cultura, nivel de ingresos y otros – pero con prioridades similares en sus sistemas de salud. Una vez que la epidemia se desata – se vuelve comunitaria – las inversiones en salud pública para contenerla y reducir el riesgo de su impacto siguen siendo fundamentales y mucho mayores. Se necesita hacer pruebas en gran escala – no sólo para saber la magnitud en que nos está afectando y prever las necesidades de recursos al nivel hospitalario -- sino para prevenir que se siga expandiendo. Para ello se requiere hacer mapas de contactos de las personas positivas, rastreo de los contactos y pruebas a éstos, poniendo en cuarentena a todas las personas identificadas. Los epidemiólogos llaman a esto “romper la cadena de transmisión”. Este es un esfuerzo de grandes proporciones, que exige una logística y capacidad de gestión importantes de manera permanente, o sea, que no basta con operativos esporádicos. ¿Lo estamos haciendo? Esto no parece despertar interés en la prensa y la opinión pública. Yo me pregunto, ¿tenemos la capacidad de llevarlo a cabo? ¿quién lo está haciendo? ¿son las direcciones provinciales y de áreas de salud? ¿cómo está funcionando? ¿cuántas personas se están dedicando a ello? ¿tienen la calificación adecuada? ¿disponen de los recursos necesarios? ¿qué papel están jugando las alcald ías y las organizaciones comunitarias? Si se rastrearan los contactos y se hicieran pruebas a éstos, ¿no debería aumentar cada día de manera dramática el número de pruebas? La verdad es que tengo muchas dudas de que sea factible llevar a cabo estas funciones con menos del 1% del gasto corriente – y sólo un 3% del gasto del gobierno en salud. Ya es hora de que los gobiernos dominicanos pongan atención al sistema de salud. Construir un sistema de salud sostenible y resiliente, capaz de enfrentar riesgos imprevistos, es una prioridad. La principal amenaza global – según todos los índices de riesgo y seguridad globales – es el cambio climático. Y nuestro país ocupa el lugar número 12 en el mundo en términos de vulnerabilidad ante éste. (Germanwatch, 2019). Por ahí vienen los huracanes, la sequía, las otras epidemias relacionadas. Es necesario fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud. Es prioritario. Y necesita más recursos


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Viernes 26 de Junio de 2020 Disponible en: https://noticiassin.com/declaratoria-de-epidemia-nacional-apuntan-a-suspension-de-actividadeseconomicas-sociales-y-recreativas/ Autor (a): Noticias SIN Como había anunciado el presidente Danilo Medina en su discurso el Ministerio de Salud Pública, amparado en la Ley General de Salud 42-01 realizará una declaratoria oficial de emergencia sanitaria en el país”, para seguir haciendo frente a la pandemia luego de salir del estado de emergencia. Esta resolución que declara epidémico el territorio nacional dispone una serie de medidas que apuntan a la suspensión de las actividades económicas, sociales y recreativas desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. todos los días de la semana, con la excepción de las siguientes actividades: -

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Los servicios de salud y farmacéuticos. Las labores de seguridad privada. Los oficios de prensa y demás medios de comunicación. La prestación de servicios de energía, agua, telecomunicaciones y recogida de desechos sólidos . Las labores de la industria que conlleven trabajo en varios turnos o 24 horas, pero que no impliquen contacto con el público. Los servicios de hotelería y otros lugares de hospedaje, así como los servicios de restaurantes y otros lugares de comida, siempre en cumplimiento de los protocolos establecidos para las actividades turísticas y culinarias. Las labores del sector minería. El transporte y distribución de mercancías, insumos y combustible. Las labores realizadas en puertos y aeropuertos. Las labores de parques de zonas francas. La construcción relacionada a infraestructura sanitaria. Los servicios funerarios. La disposición indica además que toda empresa que requiera de forma excepcional realizar labores en horario de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. y que no se encuentre dentro de las excepciones de esta disposición, deberá tener autorización escrita de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus.

Durante el horario a que se refiere la disposición se permitirán las labores destinadas tanto al montaje como a la celebración de las próximas elecciones presidenciales y el proselitismo a cielo abierto. Por considerarse focos particularmente sensibles de contagio, la resolución también prohíbe en todo horario las siguientes actividades: -

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Educación presencial primaria, secundaria, universitaria, técnico laboral y cualquier otro subsistema que implique aglomeración de personas. Casinos, bares, discotecas, clubes, salas de cine, teatros, gimnasios y cualquier otro establecimiento de igual naturaleza. Eventos comerciales, culturales, artísticos, deportivos y de cualquier otra índole que propicien concentraciones y aglomeraciones de personas, tales como ferias, convenciones, conciertos y demás espectáculos públicos. Eventos deportivos o de cualquier otro tipo en estadios, palacios de deportes, arenas deportivas, galleras y demás lugares de igual naturaleza. Se mantendrán todos los protocolos de salud y manejo de contagiados del coronavirus.


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Contacto: Dr. Eladio Pérez Antonio Coordinador Observatorio de la Seguridad Social - OSES Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC Lic. Magdalena Rathe Asesora Técnica Observatorio de la Seguridad Social - OSES Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC Dirección: Ave. Los Próceres #49, Los Jardines del Norte 10602 Santo Domingo, República Dominicana Teléfono: 809-567-9271 Ext. 396 Correo: oses@intec.edu.do

Portal Web: http://www.oses.intec.edu.do