Boletín 2019-27

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martes 17 al lunes 30 de septiembre 2019

En este boletín 1.

2.

Sistema dominicano de seguridad social sufre involución, advierte Arismendi Díaz

Martes 17 de septiembre 2019

Santana

Disponible en: https://acento.com.do/2019/actualidad/8729102-sistema-

Sistema salud se enfrenta a la necesidad de integrar servicios

3.

Ministro Economía saluda aprobación ley crea Instituto Riesgos Laborales

4.

Temor se apodera de empleados del IDSS por el cierre.

5.

Gobierno ha postergado la implantación de la atención.

6.

Propone «mesa diálogo» para superar problemas Sistema Seguridad Social.

7.

La ARL cambia de nombre mediante ley,

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Arismendi Díaz Santana, quien fuera gerente general del sistema de Seguridad Social, definió como de involución las reformas que se han hecho a la seguridad social y que resultan insuficientes los logros que pueden presentarse, debido a que la gran preocupación de los gobiernos dominicanos ha sido la privatización de los servicios de salud. Se quejó de que el gasto de bolsillo en salud es voluminoso y debía ser una vergüenza para el gobierno dominicano, dado el hecho de que los ciudadanos invierten el doble que el gobierno para hacer frente a los problemas de salud. Díaz Santana habló con Fausto Rosario Adames en una entrevista sobre la situación del sector salud, en el programa ¿Y tú…que dices?, que se transmite diariamente por Acento TV.

ahora se llamará IDOPPRIL.

Miércoles 18 septiembre 2019 Disponible en: https://hoy.com.do/sistema-salud-se-enfrenta-a-la-necesidad-deintegrar-servicios/ El sistema de salud dominicano se enfrenta a la necesidad de lograr la integralidad de los servicios de salud, además de otros retos y brechas que se relacionan con esta problemática, de acuerdo a un diagnóstico publicado en el boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia de la República Dominicana. El documento titulado “Situación del Sistema de Salud Dominicano: Desafíos para la Integración y la Calidad de la Atención” indica que, de cara al futuro, el sector debe intentar subsanar estas deficiencias al mínimo para poder afrontar los nuevos desafíos que se presentan a escala global. El primero de estos nuevos retos es el cambio de paradigma desde la salud curativa y paliativa hacia una salud dinámica y preventiva. Las corrientes más recientes definen la salud como un tema multidimensional, que requiere de intervenciones intersectoriales, integradas en estrategias más amplias de desarrollo y de reducción de la pobreza. Estos factores incluyen el medioambiente, la biología humana, el sistema de organización del sistema de salud y estilo de vida, y cada uno tiene un peso importante en aumentar o disminuir el riesgo de estar enfermo, indica el informe.


PÁGINA 2 El segundo reto es el envejecimiento progresivo de la población y el impacto que tendrá esto en los sistemas de protección social, no solo en el país, sino alrededor del mundo. Según estimaciones, para el año 2040 los costes que se agregarían al sistema de salud asociados al envejecimiento poblacional superarían el 2 % del PIB del país. Sin embargo, debido a la fragmentación y segmentación del sistema, existe un alto riesgo de que estos costes adicionales tengan que ser asumidos por las familias, colocando a millones de personas en riesgo de caer en la pobreza, señala el informe. Alerta. Estos problemas plantean la necesidad, agrega, de tomar importantes decisiones en materia de políticas públicas sobre salud que impacten en las brechas señaladas para tratar de garantizar: el acceso universal a la salud y la visita correspondiente de la ciudadanía a los centros de salud según la magnitud y complejidad de su condición o requerimiento; la organización, coordinación y comunicación entre los centros de nivel de atención para mejorar el traslado del paciente de un lugar a otro y descongestionar los centros especializados y el equilibrio en el uso de los recursos de salud con la puesta en marcha de un sistema integral de atención primaria. Si estas problemáticas no son solucionadas, el impacto de los cambios demográficos y ambientales puede ser más grande de lo proyectado. De acuerdo a la publicación, en la República Dominicana se han generado avances importantes, a raíz de la reforma del sistema de salud. No obstante, también es necesario visibilizar las brechas que impiden un disfrute de la cobertura universal con calidad para poder enfrentarlas. En ese sentido, las problemáticas deben ser atacadas con un mayor nivel de inversión y en un ambiente de gobernanza integrado, donde los sectores involucrados puedan ejecutar sus funciones de manera coordinada; esto con la meta de que el total de la población pueda disfrutar del desarrollo, bienestar físico, material, emocional y social, y así, potenciar las capacidades humanas del país. Reforma El estado de la salud en la República Dominicana es consecuencia de un proceso de reformas iniciado a partir de la aprobación de la Ley 87-01 del año 2001. Se inició en un contexto donde el sector presentaba retos importantes en cuanto a la calidad del servicio, la desintegración del régimen de atención y en el acceso de los menos pudientes al sistema sanitario, al tiempo que se evidenciaban niveles relativamente bajos de inversión por parte del Estado, en comparación con otros países de la región. La nueva ley trajo consigo una renovación institucional, quedando el entramado de la gobernanza dividido en dos partes complementarias: el subsistema de servicios de salud y el de la seguridad social.

Viernes 20 septiembre 2019 Disponible en: https://almomento.net/ministro-de-economia-saluda-aprobacion-de-ley-crea-elidoppril/ El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, saludó la aprobación del proyecto de ley que crea el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), y que también disuelve el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS). Jiménez integró la comisión que trabajó el proyecto, el cual pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación. “Debemos reconocer que el IDSS jugó un rol histórico importante, sentó base para la seguridad social y por muchos años fue referente de buena medicina y protección de las personas.”, manifestó el ministro de Economía.


PÁGINA 3 La pieza legislativa, que ya fue aprobada por ambas cámaras, es una iniciativa del Poder Ejecutivo y fue sometida al Congreso Nacional a finales de febrero pasado, luego del discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina en la Asamblea Nacional. El IDOPPRIL tendrá a su cargo la administración y pago de las prestaciones del Seguro de Riesgos Laborales del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y la contratación de servicios de salud para la atención de afiliados por enfermedades producto del trabajo y accidentes laborales. También la promoción, prevención y control de los riesgos laborales; y atención integral de la salud de los trabajadores. El Consejo Directivo de la nueva entidad lo integrarán el ministro de Trabajo, quien lo presidirá; el ministro de Salud Pública, vicepresidente y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Además, tres representantes del sector empleador; tres representantes del sector laboral y el director ejecutivo del IDOPPRIL.

Viernes 20 septiembre 2019 Disponible en: https://hoy.com.do/temor-se-apodera-de-empleados-del-idss-por-el-cierre/ Una gran incertidumbre reina entre los casi tres mil trabajadores técnicos y administrativos que laboran en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), una institución que quedará eliminada y en su lugar habrá un Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril). Rafael Rodríguez Sandoval y Delci Sosa, hablaron de la decisión del Congreso de eliminar la entidad que tiene 70 años de existencia, piden la reubicación de los empleados y la pensión con un 100% de su salario de los que tienen más de 20 años de labores. La decisión de la Cámara de Diputados que convirtió en ley esta semana el proyecto de disolución del IDSS ha puesto en alerta a sus empleados, ayer se reavivaron numerosos temores. Los trabajadores fueron convocados por los sindicalistas para visibilizar su situación, uno por uno iban llegando al salón de acto de lo que fuera la poderosa red de empresas del IDSS, se veían temerosos ante la nueva realidad que los arropa. Los voceros de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenatrasal) y la Coordinadora de la Salud que reúne a trabajadores administrativos y de la salud, advirtieron que no permitirán malos tratos durante el proceso. Exigen que el proceso no sea lacerante ni traumático para los trabajadores e insistieron en que los tres mil empleados se encuentran en incertidumbre y suspenso. La disolución del IDSS forma parte de un proyecto presentado por el presidente Danilo Medina en febrero de este año, en él se estableció que la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sea convertida en el Instituto de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril); la ARS Salud Segura sería transferida al Seguro Nacional de Salud (Senasa). Además, que la administradora de Estancias Infantiles pase al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y el personal del nivel central sería reubicado en diferentes instituciones estatales. Se trata de un modelo de seguridad social y salud que tuvo su origen desde la década de los años 50, fue eficiente en su momento, aunque en la República Dominicana solo aseguraba a los trabajadores con salario mínimo y sus familiares cercanos. Ese modelo de seguridad social entró en decadencia en América Latina, subsiste en Costa Rica y México, en el año 2001 entró en vigencia en el país una nueva ley que creó al Sistema de Seguridad Social IDSS tiene una nómina de casi 3,000 empleados fijos, los cuales están distribuidos de esta forma, 790 en el nivel central; 600 en la ARS Salud Segura; 500 en la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y 1,000 empleados en la administradora de Estancias Infantiles. Las deudas acumuladas a enero de este año dan cuenta que sobrepasan los RD$22,910,752,104, mientras su patrimonio alcanza los RD$15,387,339,769. Se espera la promulgación de la ley aprobada el martes


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Miércoles 25 septiembre 2019 Disponible en: https://m.elcaribe.com.do/2019/09/25/gobierno-ha-postergado-laimplantacion-de-la-atencion-primaria/ Según Adesa, el país cuenta con 1,494 Unidades de Atención Primaria de las casi 6 mil que necesita Rosaura Jiménez emigró a España hace 11 años y desde que logró regularizar su situación migratoria y afiliarse a la seguridad social obtuvo su tarjeta sanitaria, mediante la cual el Servicio Andaluz de Salud le asignó un centro de atención primaria cercano a su lugar de residencia en Sevilla y un médico de familia que desde entonces se encarga de atender sus dolencias y, en caso de ser necesario, la refiere a un especialista, como cuando tuvieron que realizarle una operación de miomas en un hospital de tercer nivel. La montecristeña, quien en el país estaba acostumbrada a acudir directamente a un especialista hasta por un simple dolor de cabeza, quedó gratamente sorprendida con el nivel de organización, eficiencia e integralidad con que opera el sistema de salud español. Es precisamente ese modelo de atención el que la República Dominicana ha intentado implantar sin éxito desde que se creó el Sistema de Seguridad Social hace 18 años y se iniciara un proceso de reforma del sector salud que trajo como consecuencia la creación del Servicio Nacional de Salud (SNS) para la prestación de salud y dejó al Ministerio de Salud como ente rector y regulador. Aunque la Ley 87-01 de Seguridad Social, tres resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) de los años 2001, 2003 y 2008, una resolución del año 2014 del Ministerio de Salud Pública y la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo establecen la obligatoriedad del Primer Nivel de Atención como puerta de entrada a la red de servicios tanto para el régimen subsidiado como el contributivo del Seguro Familiar de Salud no ha sido posible su implementación. Esto termina afectando a la población que, según el Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia de la República, que analiza la situación del sistema de salud dominicano, carga con más del 40% del gasto total en salud que no es cubierto ni por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) ni por el Estado, especialmente en el régimen contributivo. Alto gasto de bolsillo “La República Dominicana, de hecho, es el tercer país con gastos de bolsillo más alto de la región, sólo por detrás de Guatemala y Honduras. Esta situación pone en riesgo a cientos de miles de personas en riesgo de caer en la pobreza en caso de ser afectados por una enfermedad”, dice el documento. El estudio explica que la especialización excesiva de los proveedores de atención, la concentración en los servicios curativos en detrimento de la prevención primaria, en conjunto con la mercantilización de la atención, son problemas que afectan las condiciones de salud de la población. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) explica que la fragmentación de la asistencia se refiere a la existencia de proveedores de servicios (clínicas, doctores, etc.) aislados, total o parcialmente de la política central de prestación, privilegiando en gran medida a demandas episódicas por condiciones agudas en centros hospitalarios de atención especializada, lo cual es costoso y riesgoso.


PÁGINA 5 Las estadísticas del Seguro Nacional de Salud (Senasa) que concentra más del 50% de los afiliados al sistema tanto del contributivo como el subsidiado, reflejan que el valor monetario de los servicios demandados se concentra principalmente en áreas de alto nivel de atención y complejidad, dejando de lado los aspectos preventivos, como por ejemplo, el elevado número de nacimientos por cesáreas que sobrepasa el 58% cuando se recomienda que estos no sobrepasen el 15% del total por las complicaciones que pueden generar los partos no naturales. En ese sentido, el estudio “Atención Primaria en Salud. Situación y Retos en la Republica Dominicana” publicado este año por la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa) resalta que las reformas e inversiones realizadas en los últimos años se han orientado a una modernización tecnológica, dejando a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades muy lejos de ser un componente prioritario de las políticas sociales. Adesa deplora que en los últimos 20 años de inversión pública en el sector salud no alcance el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y que la proyección oficial para el periodo 2020-2022 se reduzca hasta el 1.7%, lo que se aleja del mandato de incremento quinquenal que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo que sitúa en un 4% del PIB la inversión pública en salud para el año fiscal 2020. A la baja inversión se añade la baja calidad del gasto estatal en salud, que se manifiesta en construcciones y equipamientos de hospitales de tercer nivel, el mantenimiento y la ampliación de la burocracia del Sistema Nacional de Seguridad social y del Ministerio de Salud que consumen gran parte de los recursos destinados al sector. Sólo 5 de cada 100 pesos se destina a la atención primaria Para el año 2019 la asignación prevista para los centros de atención primaria es de apenas RD$ 3,793.3 millones. Esta cifra representa un 9.2% del presupuesto del SNS y apenas un 4.6% del presupuesto total del Ministerio de Salud, lo que permite concluir que menos de 5 de cada 100 pesos invertidos en salud son dedicados al primer nivel de atención. El estudio patrocinado por la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa) demuestra que en el país operan precariamente 1,494 Unidades de Atención Primaria en Salud (Unap), de las seis mil que se necesitan para atender los requerimientos de prevención, promoción y educación de la salud de la población dominicana, que ya supera los 11 millones de personas. La población que debe atender cada Unap oscila entre 500 y 700 familias según la reglamentación del Ministerio de Salud, por tanto, deberían estar funcionando más de 5,755 Unaps para cubrir la totalidad de la población. Según Adesa, a abril de 2019, el 29.8% de las Unidades de Atención Primaria estaban deshabilitadas por cierre definitivo o temporal de los centros de atención primaria donde operaban, por falta de médicos, enfermeras y promotores y en otras no se había iniciado o completado el proceso de constitución (diagnóstico, censo, fichas familiares). “Esto quiere decir que la cantidad de Unaps en funcionamiento se reduce a 1,161, cifra equivalente a cerca de una quinta parte de las que necesita el país para garantizar una cobertura adecuada”. De acuerdo esta investigación, la mayoría de Unaps existentes se crearon antes de la primera década del año 2000; el 13.7% de centros de atención primaria datan desde antes del año 1980; un 20% se construyeron en la década de los 80 y un 15% entre el 1990 y el 1999. El periodo en que más centros de atención primaria se habilitaron fue la primera década del presente siglo, con un 34.2% en coincidencia con el cambio de modelo de salud impulsado y respaldado técnica y financieramente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que prestó para tales fines unos 75 millones de dólares y el Banco Mundial otros 30 millones de dólares. El estudio resalta que el periodo de menor inversión estatal en este renglón es el 2012-2019 que coincide con un cambio interno de la política estatal que privilegia las grandes construcciones para mejorar la salud especializada que se oferta en hospitales del tercer nivel, como el proyecto de reconstrucción simultánea llevado a cabo en 56 hospitales y la creación de 40 centros de diagnóstico clínico para la atención primaria, muchos de los cuales no funcionan después de uno o dos años inaugurados y otros tienen equipos sin operar por falta de personal entrenado y debidamente capacitado. El estudio de Adesa resalta que el 97% de las Unaps que deberían contar con especialistas en medicina familiar y comunitaria y técnicos, operan con un personal mínimo compuesto por un médico, una enfermera y un promotor.


PÁGINA 6 No obstante, el 58.8% de las Unaps son dirigidas por médicos pasantes, quienes no tienen la autorización legal correspondiente para ejercer la medicina, y además permanecen en esas funciones solo por diez meses. Un 20.3% de quienes coordinan estos espacios fueron designados como médicos asistentes y otro 15.7% son médicos generales. “Resulta inexplicable desde el punto de vista del derecho a la salud y de la gerencia correcta que falten designaciones de médicos familiares en las Unapsen un país donde hay cientos de estos profesionales trabajando en hospitales del tercer nivel de atención en labores clínicas, Además, de que la sociedad de medicina familiar, afirma que cerca de mil de sus integrantes están desempleados”. Una de las encuestas realizadas por Adesa para sustentar su estudio revela que ninguno de los centros de atención primaria ni de las Unaps cuentan con el equipamiento necesario para prestar buenos servicios y operan con un déficit que va de un 8.2% a 41% de los 22 insumos indispensables con que deberían contar. Asimismo, se comprobó que el 58% de estas unidades no ofrecen servicios nocturnos, ni siquiera de emergencia por lo que cuando se presentan circunstancias extraordinarias como partos, heridas, ataques hipertensivos, complicaciones diabéticas, las personas deben desplazarse a otros establecimientos de salud. Grandes hospitales reconstruidos van camino al deterioro sin UNAPS Frente a este panorama, el Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, reconoce que la Atención Primaria está “entrampada” por la falta de consenso entre los actores que inciden en el sistema, los intereses en juego y las inversiones pendientes de realizar. Al ser entrevistado la semana pasada en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, el funcionario aseguró que la ausencia de la estrategia constituye una de las grandes flaquezas del sistema que amenaza con echar a perder la inversión millonaria en infraestructura hospitalaria realizada por el Gobierno. Para hacer frente a esta situación, el ministro tiene en mente presentar próximamente un proyecto piloto que podría aplicarse en una población de aproximadamente 200 mil habitantes con la idea de irlo expandiendo progresivamente en todo el país, como sucedió en España hasta que se convirtiera en un referente de éxito en Europa en materia de salud. Sánchez Cárdenas dice que el nuevo modelo de adscripción territorial y nacional, que incluye servicios domiciliarios de atención, diagnóstico y acompañamiento, debe ser proactivo y registrar digitalmente las historias clínicas de cada uno de los miembros de las familias. La fragmentación del sistema es difícil de enfrentar Sin embargo, el estudio de la Vicepresidencia advierte que la simple instalación de Unaps no garantiza la capacidad resolutiva de la atención primaria en salud, menos aún la integración del sistema. “La fragmentación es un problema estructural difícil de enfrentar, ya que la Ley 87-01 da cabida a la desintegración de la prestación de servicios al asignar la función de coordinación y contratación de los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) a cada ARS, generándose así redes superpuestas de atención”. Indica que la solución para efectuar a cabalidad el sistema de atención primaria es compleja ya que las clínicas de segundo y tercer nivel, así como los consultorios privados de especialidades, aunque intenten aplicar la Atención Primaria, tienen incentivos para fomentar el uso directo de las especialidades, ya que bajo un modelo de atención integrada el flujo de pacientes hacia ese tipo de establecimiento se podría reducir significativamente. Mientras tanto, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, se muestra confiado en que antes de que finalice el año el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) aprobará la propuesta de atención primaria, o al menos, la recibirá formalmente para procesarla.


PÁGINA 7 El funcionario cree que la estrategia del primer nivel de atención es imprescindible para reducir el gasto en que incurren las familias por servicios de salud y lograr mejores resultados, a través de una cobertura integral, sin barreras ni copagos, basada en la prevención, promoción y diagnóstico temprano de las enfermedades. La propuesta de Sisalril se presentó el año pasado La propuesta entregada en octubre del año pasado al CNSS organiza las coberturas del Primer Nivel de Atención según el ciclo de vida y va desde los recién nacidos, menores de un año, de uno a cuatro, cinco a nueve, diez a diecinueve, 20 a 64 años y de 65 años y más, además de la atención integral a mujeres. El segundo gran componente son coberturas de prevención y atención especializada garantizada para personas con hipertensión arterial y/o diabetes. Sin embargo, este modelo de atención es rechazado tajantemente por el Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) porque limita la acción del mercado y reduce el acceso a los niveles superiores de atención. Según el estudio de la Vicepresidencia estos límites no implican la expulsión de los agentes privados, ya que estos pueden participar de manera íntegra en la red vendiendo sus servicios al regente del sistema.

Viernes 27 septiembre 2019 Disponible en: https://almomento.net/propone-mesa-dialogo-para-superar-problemas-sistemaseguridad-social/ El obispo auxiliar de Santo Domingo, monseñor Jesús Castro Marte, abogó por una «mesa del diálogo» para superar la confusa situación en que se encuentra el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Explicó que los integrantes de esa mesa del diálogo podrán «exponer de manera abierta, honesta y sin artimañas sus mejores argumentos a favor de sus puntos de vista». «Asimismo, tendrán la obligación de escuchar a los demás y no tratar de imponer su autoridad o poder económico», afirmó el prelado en un documento enviado a ALMOMENTO.NET cuyo texto íntegro publicamos a continuación: «La búsqueda de protección de los seres humanos contra las enfermedades, la vejez, la invalidez y los desafíos de la naturaleza ha sido una constante que se remonta a sus mismos orígenes; de tal manera que la historia de la humanidad es una continua sucesión de intentos por alcanzarla. Pero la primera propuesta en firme para garantizar, desde el Estado, un mínimo de seguridad social a los trabajadores fue el sistema propuesto en Alemania por el canciller Bismark a finales del siglo XIX, y aprobado por el Parlamento el 15 de julio de 1883. Sin embargo, no es sino a partir del famoso informe Social Insurance and Allied Services, dirigido al parlamento inglés, del economista Sir William Beveridge, el 20 de noviembre de 1942, y la publicación en 1950 del ensayo Ciudadanía y Clase Social de T. H. Marshall (producto de una serie de conferencias dictadas por el autor en Cambridge en el 1949), cuando se generaliza en el mundo occidental la inclusión dentro de los derechos de ciudadanía, una segunda generación de derechos, llamados Derechos Sociales, entre los cuales destaca, el derecho a la seguridad social. Entre estos se incluyen, el derecho a la asistencia sanitaria universal, a la protección de la vejez y/o las discapacidades. Estos derechos se fueron incorporando dentro de las políticas públicas de los Estados siendo, con algunas diferencias, inicialmente establecidos en algunos países europeos, bajo el concepto de Estado del Bienestar. En Latinoamérica y El Caribe el proceso de introducción de la protección social a los ciudadanos fue más lenta, marcado por el alto porcentaje de la población que vivía (y vive) en pobreza extrema. De ahí que, si bien muchos de los países latinoamericanos, desde mediados del siglo pasado ya habían creado normas dirigidas a la protección de las clases sociales menos favorecidas, en gran parte estaban concentrados en el sistema estatal de los seguros sociales, dirigido a un limitado mercado laboral. Ofreciendo una reducida atención en el área de la salud y un sistema deficiente de pensiones.


PÁGINA 8 El concepto de “seguridad social”, como el derecho que tienen todos los ciudadanos a una cobertura integral de todos los riesgos y contingencias producto del desempleo, la enfermedad, la invalidez, la vejez y la viudez, entre otras contingencias, fue establecido como meta de todos los gobiernos latinoamericanos en el VI Congreso Iberoamericano de Seguridad Social que tuvo lugar en Panamá en el 1976. En dicho congreso se estableció que todo ciudadano, por el hecho de serlo, tiene derecho a la seguridad social en cumplimiento de los principios de universalidad, integridad, suficiencia, solidaridad, participación, subsidiariedad del Estado y pluralismo institucional. En República Dominicana este concepto integral de seguridad social adquiere carta de ciudadanía el 29 de mayo de 2001, con la promulgación de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). En dicha ley se constituyen una serie de instituciones públicas, privadas y mixtas que, bajo la dirección del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) tienen como tarea su implementación en todo el territorio dominicano. Ahora bien, al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) adoptar, con ligeras modificaciones, el modelo chileno de capitalización individual, en el cual se hace más énfasis en la sostenibilidad económica del sistema que la calidad y extensión del servicio a todos los ciudadanos, generó desde los inicios de su operación, una serie de posiciones encontradas dentro de los actores principales del sistema. El énfasis en la rentabilidad ha contribuido a deslegitimar y desmoralizar todo el funcionamiento del sistema, hasta tal punto en que se ha perdido gran parte de su esencia: el acceso universal de los ciudadanos a una asistencia médica integral y la garantía de un ingreso mínimo decente en el caso de invalidez, vejez y/o desempleo. Los conflictos de intereses entre los actores, presentes desde el inicio de la promulgación de la ley, se han agudizado en la actualidad haciendo más difícil el funcionamiento del sistema. Frente a las propuestas de introducir modificaciones a la Ley 89-01 para mejorar su operatividad y direccionarla en la consecución de sus originales objetivos, las contradicciones se agudizan y dificultan la posibilidad de alcanzar un consenso entre las partes. Por un lado, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), dominadas por el sector financiero, se encuentran enfrentadas a otras organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP) y el Colegio Médico Dominicano (CMD); cada una defendiendo a toda costa sus propios intereses. Por otro lado, las instituciones que representan al gobierno dentro del sistema, muchas veces viciadas en sus objetivos de controlar el sistema, bajo la influencia de los intereses privados, se muestran impotentes de asumir su responsabilidad como directores del proceso. A todo esto, los diferentes actores, tanto públicos como privados, enzarzados en estériles disputas por tratar de maximizar sus propios beneficios, dejan de lado el objetivo principal del sistema: el ciudadano de a pie. Olvidando que, la finalidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social es precisamente regular y desarrollar “los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales” (art. 1 de la Ley 87-01). En este sentido, todas las instituciones del sistema solo lograrán alcanzar su propia legitimidad, cuando enmarquen sus actuaciones hacia el fin de alcanzar estos objetivos. Para lograr superar la confusa situación en que se encuentra nuestro sistema de seguridad social, se hace necesario que todos los actores y afectados del sistema se sientan representados en torno a una mesa del diálogo a exponer, de manera abierta, honesta y sin artimañas, sus mejores argumentos a favor de sus puntos de vista. Teniendo presente, eso sí, que tienen la obligación de escuchar a los demás y no tratar de imponer su autoridad o poder económico. Pero, sobre todo, que lo más importante de este diálogo sea reencausar las actividades de cada una de las instituciones para que se ajusten a los fines y objetivos originarios de nuestro Sistema de Seguridad Social. Solo de esta manera se logrará un verdadero consenso que salve nuestro sistema de seguridad social».


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Lunes 30 septiembre 2019 Disponible en: https://noticiassin.com/la-arl-cambia-de-nombre-mediante-ley-ahora-sellamara-idoppril/ Fue creado este lunes mediante la ley 397-19 el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), cambiando la estructura organizacional y operativa de la entonces Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y convirtiéndola en una institución con personería jurídica y patrimonio propio. La nueva entidad administrará el Seguro de Riesgos Laborales y permitirá afianzar el servicio ofrecido por la institución en beneficio de los más de 4 millones de trabajadores del país, tanto públicos como privados. En su artículo 34, la nueva Ley 397-19 establece que el “IDOPPRIL asume en nombre y representación de la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS), la responsabilidad y la gestión de todos los procesos administrativos, financieros y jurídicos en curso, incluyendo su patrimonio, los activos, pasivos, cuentas bancarias, registro de contribuyente, acuerdos, convenios, contratos y otros compromisos vigentes, así como cualquier otro proceso, actualmente gestionado a nombre de la ARLSS, mientras se completa la transición”. El nuevo instituto, es el responsable de administrar el Seguro de Riesgos Laborales del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), Gestionar el pago de las prestaciones, tanto económicas como en especie, contratar los servicios de salud para la atención de afiliados por enfermedades producto del trabajo y accidentes laborales y promover la prevención y control de los riesgos laborales, además de promover el estudio, conocimiento y atención integral de la salud de los trabajadores. Según la pieza legislativa, el nuevo instituto contará con un consejo directivo, presidido por el ministro de Trabajo y el ministro de Salud Pública como vicepresidente. También formarán parte de éste, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo; tres representantes del sector empleador, seleccionados por su sector; tres representantes del sector laboral, seleccionados por su sector, y el director del IDOPPRIL, como secretario. El instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), será financiado con la cotización del Seguro de Riesgos Laborales, prevista en la Ley No. 87-01, del 9 de mayo del 2001, que crea el Sistema Dominicano Seguridad Social, así como cualquier recurso que le sea asignado en el Presupuesto General del Estado.


PÁGINA 10 Contacto: Dr. Eladio Pérez Antonio Coordinador Observatorio de la Seguridad Social - OSES Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC Lic. Magdalena Rathe Asesora Técnica Observatorio de la Seguridad Social - OSES Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC Dirección: Ave. Los Próceres #49, Los Jardines del Norte 10602 Santo Domingo, República Dominicana Teléfono: 809-567-9271 Ext. 396 Correo: oses@intec.edu.do

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