Boletín 2019-26

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viernes 30 de agosto al sábado 14 de septiembre 2019

En este boletín 1.

Celebrarán simposio sobre la Seguridad Social en RD.

Viernes 30 agosto 2019

2.

CNSS juramenta comisión de ética.

Disponible en: https://hoy.com.do/1959279-2/

3.

“No es casual que la DIDA no cuente con

La Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), realizará este fin de

autonomía jurídica”.

semana su segundo simposio: “Por un sistema racional que busque la eficiencia

4.

Experto señala carencias seguridad social.

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Pensiones, ¿acción o lamentos?

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Díaz Santana sugiere formar mesa.

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Pensiones en República Dominicana:

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La actividad se llevará a cabo hoy, viernes 30, y mañana, sábado 31 de agosto, en el salón de conferencias del hotel Hodelpa Gran Almirante, Santiago, desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Entre los invitados internacionales que estarán participando están los doctores

ahorrar toda la vida para seguir

Juan Carlos Giraldo Valencia, de Colombia, quien expondrá el tema “25 años de

trabajando.

experiencia de intermediación financiera”; Lorena Maldonado, quien hablará

El gasto público en área de la salud: lo

sobre el sistema de salud en Colombia; Miguel Fernández Galeano, de Uruguay, explicará la experiencia en su país; Carlos Valera, de España, hablará sobre la

que se necesita y lo que se puede lograr.

experiencia española con la atención primaria europea; y Gabriel Díaz Loor, de

Rechaza modificación intente violentar

Ecuador, presentará: “¿Son evitables las demandas en el ejercicio médico?

prescripciones médicas no autorizados.

Del país expondrán Rafael Mena, presidente de Andeclip; Daniel Rivera,

421 mil trabajadores reportan a TSS por

presidente del Consejo de Administración de Clínica Unión Médica del Norte;

debajo salario mínimo. 11.

clínica y económica; que cuestione los costos de la intermediación”.

Pacto social y político por la salud.

Wilson Roa, presidente del Colegio Médico Dominicano; Santos Ramírez, presidente del Consejo Nacional de Sociedades Especialidades Médicas; la magistrada Yenni Berenice, y los doctores Sergio Sarita Valdez y Severo Mercedes.

Domingo 01 de septiembre 2019 Disponible en: https://www.metrord.do/do/noticias/2019/09/01/cnss-juramentacomision-etica.html El gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Rafael Pérez Modesto, juramentó la Comisión de Ética Pública de la entidad para el período 2019-2021. Los integrantes de la comisión se comprometieron a promover el buen desempeño de la administración pública a través del desarrollo de una cultura organizacional de ética y transparencia, realizando el trabajo a su cargo bajo el cumpliendo de todas las normativas legales y morales. Pérez Modesto, valoró la importancia de la Comisión de Ética y consideró que esta constituye uno de los elementos más tomados en cuenta en las evaluaciones generales de las instituciones a nivel de Estado.


PÁGINA 2 “A nosotros nos satisface que haya una integración tan importante y trascendente. Cuenten con el respaldo de todos los funcionarios de esta institución y confiamos en el equipo elegido por ustedes a través de una votación que contó con la participación de la mayoría de los servidores del CNSS”, dijo el funcionario. Asimismo, el subgerente general del CNSS, Eduard del Villar, felicitó a la pasada comisión al tiempo que ofreció su apoyo a la entrante para que el trabajo sea cada día mejor y la institución mantenga los estándares logrados. Los titulares juramentados fueron Amaury González, José Miguel Fernández, Meralda De La Rosa, Daysis Marissel Aybar, Natalia Tavares, Carlos González, Carlos Otaño; asimismo las suplentes Kali Vargas, Karlem Díaz e Idalia Evangelista. Las Comisiones de Ética Pública son organismos educativos y consultivos, de carácter cívico, integrados por servidores que orientan sus acciones al bien hacer a lo interno de las instituciones públicas donde operan, bajo la rectoría de la DIGEIG.

Lunes 02 septiembre 2019 Disponible

en:

https://eldia.com.do/no-es-casual-que-la-dida-no-cuente-con-autonomia-

juridica/ La directora de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), Nélsida Marmolejos, dijo que no es casual que la Ley de Seguridad Social no haya contemplado otorgar a dicha entidad autonomía jurídica para someter a todo aquel que viole los derechos de los afiliados. Mencionó que la condición limita la capacidad de la entidad de asumir su rol a plenitud, además de que no cuentan con los recursos económicos necesarios. Argumentó que esto se debe a que los sectores de poder, permean las decisiones dentro del sistema. “La Ley 87-01 fue consensuada por varios sectores, ya que el sistema de salud y seguridad social es mixto, pero los intereses económicos priman en esta ley que nos beneficia, pero que hay que hacerle ajustes”, señalo. Propuesta es la mejor Consideró que la propuesta del presidente Danilo Medina de empezar a modificarla por parte es la mejor opción para acercar más los objetivos de la misma a los beneficios que deben recibir los afiliados, ya que procura garantizar un mayor acceso a un segmento que está desprotegido, el cual abarca a los empleados informales, las pequeñas y medianas empresas y los ayuntamientos. Miles sin protección Miles de afiliados se encuentran fuera del Sistema de Protección Social, en razón de que sus empleadores no pueden ponerse al día con el pago de sus aportes a la Tesorería de Seguridad Social. Actualmente la deuda supera los 350 mil millones de pesos, de los cuales el 90% corresponde a interés y moras. De acuerdo a Marmolejos, el proyecto busca fundamentalmente eliminar esa traba con mecanismos más viables para que el empleador cotice puntualmente el pago de los contribuyentes. Propuso que, para no caer en lo mismo, es necesario dotar de personería jurídica a la TSS, a fin de que pueda someter a los que no realicen sus aportes. Precisó que igual pasa con la DIDA, quienes ejecutan acciones, a través de abogados. “Este poder a la DIDA y la TSS, permitirá que se cree un camino expedito, porque si hay quienes denuncien las violaciones y que se obligue a cumplir la ley, entonces se lograrán los cambios deseados”, precisó.


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Lunes 2 septiembre 2019 Disponible en: https://hoy.com.do/experto-senala-carencias-seguridad-social/ El experto en gestión hospitalaria y seguridad social Daniel Guzmán secundó las declaraciones ofrecidas por la decana de Ciencias de la Salud de la UASD, doctora Rosel Fernández, de que el país no cuenta con un sistema de salud asequible, equitativo y universal porque no se han aplicado correctamente las leyes 42-01, General de Salud; y 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Tras afirmar que está de acuerdo con todo lo que planteó la doctora en una entrevista publicada en este medio la semana pasada, Guzmán añadió que desde que el PLD asumió el poder en el 2004, para mejorar este sector se necesita una continuidad de política de Estado y voluntad política, así como la asignación de los recursos como mandan las citadas legislaciones, para financiar a los beneficiarios de los Regímenes Subsidiado y Contributivo Subsidiado, y mejorar la capacidad de gestión de los funcionarios de esta área. “La falta de recursos asignados en la ley de presupuesto para ser transferidos al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y la falta de organización señaladas por la doctora Fernández son causadas por la resistencia patológica de los funcionarios del sector salud de los últimos 15 años”, aseveró.

A pesar de la prioridad que le asignan la Ley de Seguridad Social y la Ley General de Salud, la Martes 03 septiembre 2019 primaria, apenas cubre la quinta parte y sólo la mitad de las UNAP oferta nacional de atención ofrece unaen: cobertura aceptable Disponible https://eldia.com.do/pensiones-accion-o-lamentos/ De acuerdo a la investigación de ADESA, de lasal1,679 UNAP un existentes el 29.8% está inhabilitada En febrero pasado el Poder Ejecutivo sometió Congreso proyecto de modificación de la debido a la falta de personal, entre otras razones. El 13.7% fueron construidas antes del 1980; Ley núm. 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esta acción vino a serun el

20.0%, en de la década de los un 15%,entre en lostodas 90; y un deeleste siglo, resultado un proceso de80; consenso las 34.2% partes,en a la losprimera fines dedécada fortalecer régimen estimulada pordando la aprobación las leyes 87-01 y 42-01.más urgentes. de pensiones, respuestade inmediata a los ajustes Entre el 2012-2019 se registra caída estrepitosa al bajar a nuevo un 16.3%, comoderesultado del El proyecto esta preñado de una bondades, comenzando con un sistema comisiones, cambio de la estatal que ha privilegiado grandes construcciones equipamientos, con lo cual sepolítica irán ajustando paulatinamente los las niveles de beneficios de lasy administradoras concentradas en 56 hospitales, y 40 Clínico. de fondos de pensiones, para en el Centros tiempo de irlasDiagnóstico alineando con las mejores prácticas, tal cual

hicieron países más avanzados en su momento similar. El Primer los Nivel de Atención tiene escasa capacidad resolutiva y no responde a los perfiles de salud queprocura han surgido por transición demográfica y con epidemiológica. ADESA, se Por igual eliminar los la recargos y moras de atrasos la seguridad Según social, facilitando recogieron denuncias de deficiencias notables, la mayoría debido a edificaciones viejas en así que los municipios y las micro, pequeñas y medianas empresas se pongan al día. Conyello mal estado. se podrá regularizar la afiliación a la seguridad social de más de 150 mil trabajadores, quienes

así obtendrán seguros de salud, de de riesgos laborales futuras pensiones, La investigación de campo revelóseguros que el 97% las UNAP operaycon un médico, unaampliando enfermera sensiblemente cobertura del sistema. solamente un 5.2% de los directores son médicos de y un promotor. la Contrario a lo establecido, familia, mientras la Sociedad dedeMedicina Familiar se (TSS) queja deDirección que cerca de mil están Así mismo, fortalecer la Tesorería la Seguridad Social y la de Información y desempleados. Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), con la mejoría de sus ingresos y la personalidad jurídica. Lo primero indispensable para asegurar el cumplimento de la ley y evitar las evasiones y elusiones constantes que plagan el régimen, y lo segundo para mejorar aún más la defensa de los derechos de los cotizantes. No obstante, esta iniciativa del Poder Ejecutivo, el tiempo pasa y el proyecto sigue en estudio, lo cual es una duplicación del esfuerzo de consenso realizado y con lo cual se dilatan las soluciones en favor de los afiliados. No es posible el que se quiera ahora contemplar modificaciones al proyecto, cuando lo que se requiere es acción y no más lamentos, para bien del sistema y sus afiliados.


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Lunes 9 septiembre 2019 Disponible en: https://hoy.com.do/diaz-santana-sugiere-formar-mesa/ El exgerente del Sistema Nacional de Seguridad Social (SNSS) Arismendy Díaz Santana sugirió la formación de una mesa de trabajo de los decanos de salud de todas las universidades del país para presentar a las autoridades las transformaciones necesarias para enfrentar los retos sanitarios. “Los

decanos

de

salud

deberían

formular

recomendaciones

conjuntas

sobre

las

transformaciones para enfrentar los retos sanitarios y proponer los ajustes en la formación de los recursos humanos para adecuarlos a las nuevas necesidades del país”, indicó. Díaz Santana, experto en seguridad social, trató el tema tras la publicación por este diario en agosto pasado de siete entrevistas a decanos de las universidades UASD, UNIBE, UCE, UNPHU, INTEC, O&M y PUCMM titulados “Sistema de salud de RD visto por la academia”, escrito por la periodista Altagracia Ortiz. Los decanos coincidieron en recomendar al Gobierno elevar a un 5% del producto interno bruto el presupuesto de salud y priorizar la atención primaria. “Luego de este aporte informativo del periódico Hoy, me atrevería a sugerir una mesa de trabajo de los decanos de salud para presentar a las autoridades las transformaciones necesarias para enfrentar los retos sanitarios”, planteó. Agregó que “al mismo tiempo, sugerir ajustes curriculares en la formación de los recursos humanos de salud, en correspondencia con el nuevo perfil que demanda el nuevo modelo de atención”. Díaz citó el caso del doctor Miguel Ernesto Robiou, decano de Salud de INTEC, quien señaló que el país tiene un sistema de salud que evidencia grandes avances, pero cuestionó que en la entrevista él no citara cuáles fueron esos avances. Díaz Santana reconoció la importancia de las entrevistas publicadas por el periódico Hoy entre agosto y septiembre a reconocidos médicos especialistas, rectores de las principales universidades de Republica Dominicana, ya que, por su experiencia, dedicación y contacto con el estudiantado, saben la real situación de los servicios de salud y pueden ayudar en la solución de situaciones que aún afectan el acceso adecuado a los servicios de salud de la población. Cree que se debe aumentar el presupuesto a la Salud Pública. También refiere lo dicho por el doctor Eddy Pérez Then, decano de la Universidad O&M, quien señaló que “la República Dominicana tiene el imperativo de superar lastres como la mortalidad materna y la infantil”, que dijo “es una meta absolutamente necesaria, y sobre la cual el país tiene un doble compromiso internacional, del que estamos muy lejos de alcanzar”. Añadió que el decano de O&M coincide con el de INTEC en la urgencia de reducir los accidentes de tránsito, vinculados a la ingesta de alcohol, por ser una de las principales causas de la alta mortalidad general del país. “En adición, demandó mayores esfuerzos contra la incidencia de la tuberculosis, así como interés por la salud mental”. El exgerente del SNSS dijo que “llama la atención que los decanos obviaran los cambios necesarios en la formación de los recursos humanos para adecuarlos al nuevo perfil profesional que demandan las leyes 42-01 y 87-01, especialmente en cuanto a la práctica médica basada en el predominio creciente de la medicina pre-pagada, mediante los seguros de salud”. Estimó que este nuevo perfil es fundamental para avanzar a un Seguro Familiar de Salud (SFS) realmente universal, integral, obligatorio, basado en la atención primaria, y organizado por niveles de atención y complejidad. Abogó por que se asigne un mayor presupuesto.


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Jueves 12 de septiembre 2019 Disponible en:

https://www.diariolibre.com/economia/pensiones-en-republica-dominicana-

ahorrar-toda-la-vida-para-seguir-trabajando-FG14037893 Ahorro poco rentable y más longevidad en un mercado de poca competencia entre AFP El esquema está plagado de problemas, y no comienza aún Cuando el año cero de las pensiones llegue a la República Dominicana, en 2033, alrededor de un 15 % de la población tendrá edad para retirarse, pero no muchos podrán. Las tres décadas de ahorro para más de 1.7 millones de ciudadanos se convertirán en menos de la cuarta parte del último ingreso que recibieron, y eso sí lograron los aportes suficientes durante su vida laboral para alimentar sus cuentas de capitalización individual. Esa tasa de reemplazo de 22 % que recibirían los cotizantes por sus fondos de pensiones es un cálculo de analistas, no hay una estimación oficial que precise cuánto recibirá en promedio cada trabajador. La respuesta desde la Superintendencia de Pensiones (Sipen) es que todo depende del caso. “No existe una única tasa de reemplazo para los pensionados por vejez del sistema dominicano de pensiones”, indicaron desde esa institución a través de Acceso a la Información. Hace siete años la entidad dejó de publicar la tasa de reemplazo de los afiliados a los fondos de pensiones. Para entonces, era de 36 % en promedio. Pero Arismendi Díaz Santana, uno de los creadores de la Ley 87-01, que dio origen al sistema de seguridad social dominicano, tiene clarísimo el panorama: una persona que gana un salario de 20,000 pesos al mes se retirará con una pensión por vejez de apenas 6,000 pesos por sus 30 años cotizados en su cuenta de capitalización individual, y no es seguro que ese ahorro alcance hasta el día de su muerte. “Todos los sistemas de pensiones están en crisis”, zanjó. La crisis de la seguridad social ya ha sido alertada. El propio superintendente de Pensiones, Ramón Contreras, señaló que hay que buscar una solución, pero que la salida debe ser legislativa. “Este es un sistema de capitalización individual que se alimenta de nuestros aportes y de los del empleador, de modo que, si aportamos poco y ahorramos poco en nuestra vida laboral, ya sea por bajas cotizaciones o por la intermitencia laboral, por la informalidad, la elusión y la evasión, al final los montos de retiro serán escasos”, dijo Contreras. Agregó que es la Ley 87-01 la que establece la edad de retiro, así como los aportes de los trabajadores y la parte que corresponde al empleador, de manera que, si se quiere jugar con esos elementos para incrementar las pensiones del futuro, hay que concretar un cambio legal. La normativa vigente indica que para pensionarse por vejez el afiliado debe haber cumplido 60 años de edad y haber cotizado durante un mínimo de 360 meses. “Los aportes están determinados por la ley 87-01, y para variarlos hay que variar la ley”. Dijo que por ello desde el año pasado operan mesas de trabajo que intentan resolver el entuerto de un sistema de pensiones que está en crisis y ni siquiera ha comenzado a operar en su totalidad. Se trata de una instancia gubernamental y de otra privada y laboral para discutir sobre la seguridad social, “porque este es un tema tripartito y entre los tres debemos tomar las previsiones necesarias para que las pensiones puedan ser suficientes, dignas y garanticen la felicidad de los dominicanos cuando lleguen al fin de su vida laboral”, zanjó. Pero esa solución de aumentar la edad de jubilación y la cotización no alcanza para todos. La única forma de lograr esa pensión de RD$6,000 pesos a la que se refiere Díaz Santana es si el afiliado cotiza ininterrumpidamente durante 30 años al sistema. No puede quedar desempleado por mucho tiempo ni trabajar en un pequeño emprendimiento informal o por su cuenta.


PÁGINA 6 Rafael Ortiz, un hombre de 68 años de edad que ha laborado de forma independiente toda su vida, no tiene más opción que trabajar hasta que ya no pueda más. Para él no hay pensiones. “Me he pasado la vida trabajando, pero ya llegó un momento en que no puedo hacerlo como antes. Los independientes no tenemos pensiones, no tenemos nada. Cuando a mí se me acabe el dinero que tengo ¿qué es lo que me queda? Morir”, dice. Y su drama va más allá del tema de las pensiones. Ortiz, quien hace cuatro años sufrió un derrame cerebral, tiene una póliza de seguro que le cubre lo justo. Por su edad, una aseguradora se lo pensaría dos y tres veces para aprobarle un plan de salud, así que debe mantenerse con el que tiene, que no le cubre las consultas médicas y le reconoce una pequeña porción de los 30,000 a 40,000 pesos que gasta cada mes solo en medicinas. Aunque el caso de Ortiz revela la realidad del trabajador informal —que es más del 50 % del mercado laboral— en el mundo de las pensiones, la vulnerabilidad también abarca a los cotizantes del sistema de seguridad social. Díaz Santana explicó que el seguro de vida, para el que se aporta 1 % del salario cotizable del trabajador, perime cuando éste cumple 65 años de edad. No lo dice la norma 87-01, sino que esta y otras limitaciones se añadieron luego a los reglamentos que, señalan varios expertos, desdibujaron el sentido de la normativa marco de la seguridad social. “Esos reglamentos no responden a las necesidades de los trabajadores, porque fueron hechos para beneficiar a las empresas”, dijo Díaz Santana. La paradoja salarial De acuerdo a los datos que publicó la Sipen en su boletín enero-marzo de este año, los salarios de los trabajadores se van incrementando a medida que se acercan sus años de retiro, con lo que los aportes más altos a los fondos de pensión ocurren justo cuando la vida laboral está a punto de terminar. En la actualidad el salario cotizable de los más jóvenes del mercado laboral es, en promedio, de apenas RD$13,157 y el aporte que llega a la cuenta de capitalización individual por esa remuneración es de RD$1,052 al mes. El nivel salarial va avanzando poco a poco, pero no de forma contundente, de manera que cuando los trabajadores alcanzan su edad de jubilación es que registran sus salarios más altos. En la actualidad los mayores de 60 años de edad tienen un salario cotizable de RD$47,931, que se traducen en poco más de RD$3,800 mensual en aporte al fondo de pensión. El problema no es solo que los salarios son bajos —y, por ende, los aportes a las cuentas de capitalización individual—, y que la esperanza de vida aumenta cada vez más, con lo que se necesitan cotizar más años para cubrir esos años adicionales de vida. El estudio “Pensiones: ¿seguridad social o gran negocio?” presentado en conjunto por la fundación chilena Sol, la dominicana Fundación Juan Bosch y la organización no gubernamental internacional Médicos del Mundo, señala que la rentabilidad que genera el negocio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) —que manejan los ahorros de los cotizantes de pensiones— supera con creces la rentabilidad que se obtiene para los fondos que éstas administran. “En particular, entre 2004 y 2015, el negocio de las AFP registró una rentabilidad anual promedio sobre su patrimonio de 35,8%, mientras la rentabilidad real anualizada de los fondos ha sido de 4,98%”, señala el reporte. Y, en todo caso, ese dinero que recibirán los pensionados en realidad comprará muy poco. La ley que rige al sistema de Seguridad Social indica que un 10 % del salario cotizable del trabajador se destina a una cuenta de capitalización individual a su nombre, en la que se depositan los ahorros que pasan a ser manejados por las Administradoras de Fondos Pensiones (AFP). El empleador aporta la mayor parte de la cotización, un 7.12 % del salario, mientras que el 2.88 % queda por parte del trabajador.


PÁGINA 7 Pero ese 10 % no va completo a la cuenta de capitalización individual del cotizante. En realidad, solo se deposita un 8 % porque un 1 % financia el seguro de vida del afiliado, mientras que al otro 1 % del ahorro de cada trabajador se lo come la burocracia y las comisiones. De acuerdo a los datos de la Sipen, a julio de este año cotizaban un total de 1,939,817 ciudadanos a los fondos de pensiones y el salario promedio cotizable era de RD$23,839, por lo que se estima que unos RD$462,432,974 millones al mes nutren a las AFP, a la Sipen y al Fondo de Solidaridad Social. Cada mes las AFP reciben de los afiliados alrededor de RD$231 millones por el cobro de la comisión por el manejo de sus ahorros, que equivale a 0.5 % del aporte del trabajador. Entre tanto, para el Fondo Solidaridad Social, que la Ley 87-01 define como un instrumento de protección para cotizantes de ingresos bajos a quienes “el Estado dominicano garantizará” el derecho a una pensión mínima a todos los afiliados, los trabajadores contribuyen con 0.4 % de su salario cotizable, de manera que mensualmente ese fondo recibe más de RD$180 millones de los aportes de todos los trabajadores. Adicionalmente, unos RD$46 millones al mes salen del aporte de los cotizantes para financiar las operaciones de la Sipen. En total, más de RD$5,000 millones anuales salen de los aportes de los trabajadores para financiar las comisiones de las AFP y la burocracia previsional, un monto que equivale a todo el presupuesto público que está destinado este año para atender el mantenimiento, la seguridad y ofrecer asistencia vial en el país, por ejemplo. Un mercado sin competencia Un informe del Observatorio de Políticas Sociales y de Desarrollo (OPSD) de la Vicepresidencia de la República reconoce que el mercado de las AFP tiene un nivel considerable de concentración, lo que impide que exista competencia de precios entre ellas. De siete administradoras, “solo cuatro tienen una participación de mercado relevante”, al concentrar 98 % del patrimonio total de este negocio. “Los datos apuntan a que existen condiciones en el mercado que no fomentan la competencia de precios (como importantes barreras de entrada y un mercado cautivo), sino que esta se basa en los rendimientos ofrecidos para los usuarios, lo que indica la necesidad de que, en el Estado, como ente regulador, se lleven a cabo mayores esfuerzos por promover la eficiencia”, resalta el informe del OPSD de finales del año pasado. Según explica Díaz Santana, esa concentración ha sido favorecida incluso legalmente a través de las normas que se han ido estableciendo con los años. El Reglamento de Pensiones establece, por ejemplo, que cuando un afiliado no elige la Administradora de Riesgos de Salud o AFP a la que quiere pertenecer en el tiempo previsto, se le asigna automáticamente la administradora con más afiliados en la empresa en que labora la persona, “con lo cual se fomenta la concentración y se penaliza el crecimiento de las demás AFP”, sentencia. Mientras tanto, el Congreso Nacional lleva más de un año revisando la Ley 87-01 y analizando cómo resolver una crisis que lleva años anunciada.

Jueves 12 septiembre 2019 Disponible en: https://hoy.com.do/1964726-2/ Por: Isidoro Santana Nadie está satisfecho con los resultados del sistema dominicano de salud. Eso es así tanto para los ciudadanos como para las autoridades. Fuera de que el país sigue manteniendo estándares muy insatisfactorios a nivel internacional en indicadores tales como mortalidad infantil y materna, en morbilidad, en el hecho de que cualquier epidemia causa estragos que podrían evitarse, también está el hecho de que para la población el acceso a los servicios es precario y con costosos gastos de bolsillo. Recientemente se ha reactivado el debate sobre el tema y el reclamo de que el Gobierno dedique a la función salud un 5% del PIB. El reclamo no es infundado al tomar en cuenta las necesidades del sector, y más cuando en la Agenda de salud sostenible para las Américas 2018-2030, de la OPS, se plantea “lograr un gasto público destinado a la salud de por lo menos el 6% del PIB, como financiamiento necesario para avanzar hacia la salud universal”.


PÁGINA 8 Entonces, si hay un reclamo en que concuerdan especialistas del sector y amplios grupos de la población, y organismos internacionales lo entienden necesario, parecería ser que estamos dando por hecho que si el Gobierno no lo hace es porque no quiere. Pocas cosas son más falsas. Es porque no puede. Habría que ser demasiado indolente para ver un sector en estas condiciones, pudiendo resolverlo y no hacerlo. Solo pensemos que si en la República Dominicana tenemos una carga tributaria que ronda el 15% del PIB, y el servicio de la deuda (intereses y amortizaciones) se lleva un 6%, la educación preuniversitaria un 4% de y se le asignara un 5% a la salud y, en adición, no queremos tomar préstamos, de golpe se acabó todo: no quedó ni un centavo para cuestiones tan cruciales como la infraestructura, la seguridad ciudadana, el agua, la electricidad, la agricultura, la industria, la vivienda, la protección del medio ambiente, la administración superior del Estado y mil cosas más. Pero vamos a asumir ahora que el servicio de la deuda no es seis por ciento, pues lo que hay que pagar son los intereses, porque la amortización se cubre reenganchando, tal como se viene haciendo: lo que se paga por un lado se vuelve a tomar prestado por el otro; pero todavía así lo que habría disponible es un tres por ciento del producto para todas esas cosas. Y créanme, dentro de ellas hay algunas que, para satisfacer las necesidades colectivas requerirían tanto o más recursos como la salud. Tal es el tema de la seguridad ciudadana, la protección social, la infraestructura, el agua (no limitándose a la construcción de presas y canales como se ha entendido siempre, sino plantas de tratamiento, alcantarillados, limpieza y saneamiento de cañadas y ríos, construcción de desagües, drenajes y muros de contención que protejan a la población pobre de las avenidas de los ríos cuando llegan los torrenciales aguaceros). El problema del financiamiento del sector salud, como de tantas necesidades públicas, es algo que demanda de un gran acuerdo nacional, llámese Pacto Fiscal o como se quiera. Otra cosa es que se crea que los problemas del sector salud son solo de recursos, o que con disponer de un 5% del PIB todo se resolvería. Recordemos lo que ha ocurrido con la educación. Ni siquiera las muertes por dengue es por falta de recursos. Personalmente recuerdo una conversación con la anterior ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, en que, tal como ahora, discutíamos sobre la cantidad de niños fallecidos por dengue, en que ella me contestó “el problema no es que muera uno o que mueran diez, el problema es que nadie tendría que haber muerto por ello” (pido excusas a la Dra. Guzmán si, por asuntos de memoria, la cité incorrectamente). Por lo demás, aquí solemos tomar el dato del gasto presupuestario en salud, según el cual, el gobierno destinó el año pasado un 1.7 por ciento del PIB al sector salud, y creemos que ese es el gasto público, y en base al mismo hacer comparaciones internacionales. Ciertamente, eso es demasiado bajo. Pero es importante advertir que, en casi todas las naciones, una parte sustancial del financiamiento de la salud se hace mediante mecanismos de la seguridad social y, de acuerdo con el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas, del Fondo Monetario Internacional que suele utilizarse para preparar los datos. En casi todos los países, la seguridad social es parte integral del concepto que los economistas llamamos “Gobierno Central”, por lo que en los datos correspondientes al gasto público en salud está incluida la proporción financiada por la seguridad social. Pero como en nuestro país eso no está incluido, para hacer relevantes las comparaciones con otros países tendría que consolidarse el dato, y en vez de 1.7% sería 3.2%. Sigue siendo bajo para lo que se necesita, pero no el peor de América Latina. Entonces, si el gasto en nuestro país tampoco es tan bajo, ni el problema se limita a la falta de recursos, cualquiera terminaría atribuyendo los precarios resultados a la incapacidad o a la indolencia de las autoridades. Pero tampoco es eso: el actual Gobierno se ha preocupado por destinar al sector equipos de personas bastante conocedoras de los problemas de la salud pública y altamente comprometidos con su solución. Pero todos han chocado con una maquinaria institucional disfuncional y con fuertes intereses.


PÁGINA 9 Al final de cuentas, todo esto habrá que seguirlo estudiando hasta desentrañarlas prevenciones de enfermedades seaneaneans obtenidos, pero estoy seguro de que entre ellas juega un rol primordial el hecho de que, por nuestra cultura política, el Estado ha renunciado a ejercer su poder de imperio por temor a las consecuencias electorales. De otra manera, cómo se explica que tengamos un Consejo de Seguridad Social multitudinario y con presencia de partes interesadas, o que una insólita alianza del Colegio Médico con los propietarios de las clínicas privadas haya logrado detener un intento serio por aplicar la Atención Primaria de Salud, instrumento por excelencia para lograr una mayor efectividadcosto, y un mayor impacto social en el sector.

Jueves 12 septiembre 2019 Disponible en: https://hoy.com.do/rechaza-modificacion-intente-violentar-prescripcionesmedicos-no-autorizados/ El presidente de la Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social, Joel Rodríguez, rechazó toda modificación que intente violentar las prescripciones de los médicos que no estén autorizados por las prestadoras contratadas por las Administradoras de Riesgos de Salud, (ARS). Explicó que luego de más de una década de la entrada en vigencia del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) hay que pensar en fortalecerlo en el contenido del Plan Básico de Salud y con conquistas para los afiliados. “Pensamos que una medida de esta magnitud no implica mayores beneficios para nuestros afiliados. Nuestros usuarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social van donde los médicos de su preferencia, un profesional de la salud que esté autorizado por una u otra ARS de la preferencia de los afiliados, de lo contrario esto alteraría el equilibrio financiero del sistema y es momento de poner candado donde no exista”, declara Rodríguez. El experto en materia de Seguridad Social manifestó que hay que estar atento para impedir cualquier oportunidad a que el sistema flaquee financieramente y que no se cargue más el bolsillo del trabajador. “Sería una impronta solamente en nuestro país dado que no existe un modelo de Seguridad Social en ningún país que permita que profesionales de la salud no autorizados por la respectiva ARS del afiliado pueda indicar medicamentos ambulatorios”, afirmó. Joel Rodríguez dijo que este tipo de práctica sería contraria a las recomendaciones de los organismos multinacionales. “En la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros organismos, esta implementación no está señalada como parte del fortalecimiento del Sistema Dominicano de la Seguridad Social”, apuntó. Afirmó que las pretensiones de los laboratorios y Asociación de Farmacia violarían la Ley, así como el reglamento que la pone en vigencia y tendría que modificarse la Ley 87-01 para que los empleadores y trabajadores puedan pagar el 14% de la nómina de cada una de las empresas, de lo contrario el sistema colapsaría en prejuicio de los trabajadores, que es el sector más vulnerable. Rodríguez insistió en la protección del sistema y se mantendrá vigilante ante cualquier intento de impulsar una propuesta de esa magnitud.


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Viernes 13 septiembre 2019 Disponible

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https://hoy.com.do/421-mil-trabajadores-reportan-a-tss-por-debajo-salario-

minimo/ El ministro de Trabajo, Winston Santos Ureña, informó ayer que 421 mil trabajadores son reportados a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) con salarios por debajo del mínimo de un sector, lo que representa más de dos mil millones anuales dejados de pagar al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). En un encuentro que sostuvo con la directiva de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), el funcionario declaró que la resolución 471-12, emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, establece que las empresas deben cotizar al Sistema Dominicano de Seguridad Social ajustándolo al salario mínimo cotizable. Recordó que el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) consta de tres grandes seguros: seguro de salud, seguro de pensiones y seguro de riesgos laborales que dependen de las aportaciones que empleadores y empleados realizan. “Actualmente existe una demanda de la población que solicita mejoría en las prestaciones, la demanda de las clínicas de que se le indexen los servicios y la demanda de los médicos de que se les incremente el pago de sus honorarios”, expresó Santos. Planteó que la idea del encuentro es llamarle a la sensibilización y sincerización a los directivos de ADOZONA sobre los pagos que realizan a la Seguridad Social. En la reunión, Samir Santos, director Nacional de Empleo, ofreció una explicación pormenorizada sobre los alcances y beneficios del Programa Primer Empleo, dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años de edad sin experiencia de empleo y que ejecuta el Ministerio de Trabajo. En tanto, Henry Sadhalá, tesorero de la Seguridad Social, expuso sobre la manera en que ese organismo aplica la resolución 471-12 emanada del Consejo Nacional de la Seguridad Social. En la actividad estuvo presente la directora del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Luisa Fernández.

Sábado 14 septiembre 2019 Disponible en: https://hoy.com.do/pacto-social-y-politico-por-la-salud/ Vemos con pena como a pesar de contar con instrumentos, marco legal, preocupaciones, expresas intensiones, el sistema de salud dominicano se mantiene en la incapacidad de dar respuestas a los problemas sanitarios de los ciudadanos, del pueblo en sentido general. Seguimos con un sistema inequitativo, injusto, con carencias manifiestas, excluyente, discriminador, que contribuye a profundizar la pobreza, y que en términos de los indicadores sanitarios como señal de desarrollo seguimos a la saga en América Latina. Se ha hablado bastante sobre la baja inversión, el modelo organizativo y funcional del sistema; se ha escrito mucho sobre diagnóstico situacional, hay una caterva de propuestas harto conocidas, pero estamos estancados. En el sector salud medran un sinnúmero de intereses, de todo tipo, que se convierten en unos verdaderos obstáculos para el avance hacia los objetivos y metas deseados. En un modelo político partidario electoral cimentado en el clientelismo y populismo, donde las decisiones podrían tener un costo político electoral, ningún gobierno se anima a “ponerle el cascabel al gato”, dado que las medidas e intervenciones pertinentes que hay que acometer lesionan intereses y/o privilegios de sectores o grupos económicos, religiosos, empresariales, gremiales, etcétera, que tienen vasos comunicantes con el poder político.


PÁGINA 11 Por esto se hace necesario un Gran Pacto Social y Político por la Salud en la República Dominicana, donde se tomen decisiones de cambios estructurales, que sean no solo aceptados por todos sino apoyados e impulsados por los signatarios del mismo. Que todos los partidos políticos, con sus candidatos a presidentes, entiendan que el sector salud debe ser despolitizado desde el punto de vista político partidario; que debe primar la meritocracia, que debe desaparecer el tráfico de influencia, los privilegios, el dispendio y la corrupción. ¿Por qué un pacto social y político? Quiero expresarlo con ejemplos: Seguridad Social, hay que eliminar el veto de los sectores empresariales y sindicales en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Solo el gobierno, que se entiende representa el sagrado interés de las mayorías, sobre todo los más vulnerables, debe tenerlo. La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) debe ser miembro permanente del CNSS, pues ahí está todo el mundo representado menos los afiliados. ¿Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) seguirán con esos niveles de ganancias, onerosos para los afiliados? Pero peor aún, sabemos que las futuras pensiones solo cubrirían el 23 % del salario a reponer. Se propone incrementar las cotizaciones, incrementar la edad de pensión. Cambiar el modelo de Capitalización Individual, volver al sistema de reparto administrado por el Estado, dejando el primero como voluntario ¿qué se va a hacer? Con las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS), ¿seguiremos con intermediación con fines de lucro, que se llevan una buena tajada de los dineros necesarios para la salud de los afiliados? ¿Las ponemos solo como administradoras sin fines de lucro, que el excedente vuelva y se invierta en la seguridad social? O pondremos solo una ARS, la pública, Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para que administre el riesgo en salud de los diferentes regímenes. ¿Qué hacer con las enfermedades de alto costo? Seguimos invirtiendo 2800 millones para beneficiar a 18 mil personas, o invertimos ese dinero para ampliar cobertura de seguridad social, se completa la cápita necesaria para que queden cubiertas esas enfermedades dentro de la cobertura del Seguro Familiar de Salud, o se hace un programa Estatal con fondos propios, extraídos de un porcentaje de las cotizaciones, impuestos a los premios, al juego, etc. paralelo al seguro familiar de salud. Qué política con los gremios se va a desarrollar, seguiremos permitiendo que los pacientes sigan siendo tomados como rehenes para lograr reivindicaciones o cualquier otra demanda con o sin justificación. Definiremos una jerarquía entre los diferentes derechos constitucionales: derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la huelga, donde quede sepultado, de una vez y por toda, este último como mecanismo de lucha. Esto, desde luego, sin menoscabo de las prerrogativas de los gremios a luchar por el bienestar de sus afiliados. La revisión del modelo de contratación de los recursos humanos en salud, horarios, responsabilidades, salarios justos, incentivos, mecanismos de consecuencias al incumplimiento. La revisión y actualización de las leyes de seguridad social y general de salud con sus respectivos reglamentos, con fechas límites para presentarlas, consensuarlas, aprobarlas y promulgarlas. Y, desde luego, cumplirlas. Empezar de manera decidida, sin dilación, a desarrollar un sistema de salud basado en la Estrategia de Atención Primaria (APS) con las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), en el cual la promoción de la salud, las prevenciones de enfermedades sean visibles. Todo lo anterior, y mucho más, al hacerlo se afectan intereses. Hay que tratar de no mezclar aspectos políticos de coyuntura actual del país con los problemas del sector salud. Ante la imposibilidad de un consenso de unanimidad cómo manejar el disenso, cómo evitar que se busque rentabilidad política partidaria con crítica a la gestión en el sector salud. Espero se entienda el porqué de la necesidad de ese pacto.


PÁGINA 12 Contacto: Dr. Eladio Pérez Antonio Coordinador Observatorio de la Seguridad Social - OSES Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC Lic. Magdalena Rathe Asesora Técnica Observatorio de la Seguridad Social - OSES Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC Dirección: Ave. Los Próceres #49, Los Jardines del Norte 10602 Santo Domingo, República Dominicana Teléfono: 809-567-9271 Ext. 396 Correo: oses@intec.edu.do

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