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SALUD

LASALUDQUEENFERMA En la Ciudad de Buenos Aires se da un fuerte contraste entre el progresista marco normativo que rige en el ámbito de la Salud (Ley Básica de Salud 153 y Ley de Salud Mental 448), y las políticas que son llevadas adelante por la actual Administración. En consonancia con las directrices emanadas de los informes del Banco Mundial al respecto, la mercantilización de la salud ha calado profundamente, tornando al paciente en consumidor y a la salud en un bien intercambiable. Como fruto de ello, la atención sanitaria se ha precarizado, resultando en el empeoramiento de la infraestructura, la carencia de personal, la falta de insumos, etc. Se ha construido así un modelo de salud que reproduce las desigualdades sociales y económicas existentes entre las comunas del norte y del sur de la Ciudad.

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Introducción Introducción. . El presente artículo intenta analizar algunas de las características más relevantes del sistema de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires haciendo eje en políticas desarrolladas los últimos años. En ese sentido se aspira no solamente a describir la situación sanitaria sino también a dar a cuenta de las concepciones y lógicas que organizan al sistema de salud en estos últimos años.

En este marco, los objetivos que nos planteamos con este trabajo tienen que ver con dar cuenta de diferentes medidas llevadas adelante durante el Gobierno del Ing. Mauricio Macri para el sector. Reconociendo una directriz en las políticas del actual Gobierno de la Ciudad que recupera los postulados desarrollados durante los años 90 por organismos financieros internacionales, hoy avanza por sobre las resistencias que posibilitaron las legislaciones creadas en el ámbito de la ciudad y que tienen injerencia sobre el campo de la salud pública. En ese sentido trataremos de dar cuenta de la existencia de un proceso de profundización en la privatización de la salud pública expresada principalmente en el traspaso de servicios al sub-sector privado, las desigualdades en el acceso a los servicios de salud en diferentes sectores socioeconómicos de la población de la ciudad y la reducción (y/o vaciamiento) de servicios estatales.

De modo que trataremos de realizar ese recorrido analizando y relacionando las medidas llevadas adelante por el gobierno actual de la Ciudad para el sector, intentando describir los rasgos principales de un modelo de salud pensado para la Ciudad de Buenos Aires y que se expresa parcialmente en cada una de las mismas.

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Lamercantilizacióndelasalud:eltelóndefondode Lamercantilizacióndelasalud:eltelóndefondode laspolíticaspúblicasparaelsector laspolíticaspúblicasparaelsector  . .  La situación de la salud, tiene que ser leída sobre el fondo de políticas estructurales y por ende en el marco de un modelo económico y social. La mercantilización de la salud es un proceso que comenzó con las políticas neoliberales y que está basado en que los servicios de salud son un espacio propicio para la producción de valor, comprendiendo así que la salud es un bien mas entre los que se acceden a través del mercado. Esta tendencia estuvo presente en las políticas de los últimos gobiernos de la Ciudad que acompañaron las medidas que se desarrollaron a lo largo y lo ancho de nuestro país. Sin embargo tal tendencia parece no encontrar techo en las políticas que se plantean desde el Gobierno de Macri para la Ciudad.

En sintonía con las mismas políticas, se despliega un entramado institucional e ideológico que presenta esa forma de organización como la única posible para el sistema de salud. Esto se expresa, en la esfera económica, claramente representado por el avance de las empresas de medicina privada (prepagas), el poder de los laboratorios (hoy el segundo negocio en el mundo después de la fabricación de armas) y la profundización de la descentralización económica del sector (que se da paralelamente con el crecimiento de los efectores privados). Pero esta esfera es parte de una estructura compleja en la cual podríamos encontrar otros elementos. En lo social prevalecen la desigualdad y la exclusión y sus efectos en el acceso a los servicios de salud, junto con la medicalización de la vida cotidiana. En la esfera ideológica, la influencia de la ideología médica hegemónica y los representaciones, saberes, técnicas que influyen sobre la situación de la salud, y que al mismo tiempo reproducen socialmente el negocio de la salud como la única forma posible para dicho sector.

En este marco la salud pública se convierte en un “servicio” que el Estado brinda a los sectores marginados (es decir a aquellos que por no estar en el sistema laboral formal no cuentan con Obra Social y que no pueden acceder a los servicios de la

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medicina privada), al tiempo que, por la necesidad del mercado de salud, los servicios públicos son vaciados y desprestigiados para “competir” con los negocios de la salud: ¿Quién elegiría pagar por un servicio de igual o peor calidad que uno que es gratuito?

En 1993 se editaba desde Washington el texto “Invertir en Salud. Informe Sobre el Desarrollo Mundial” elaborado por el Banco Mundial. Este texto más que un informe se constituía en un recetario de medidas que los países deudores debían reproducir en sus políticas para el sector salud. Con el mismo, se puede graficar el destino de las políticas de salud en nuestro país luego del periodo keynesiano, en el cual el Estado tuvo una política en salud, acorde a los objetivos de esa etapa (dinamizar la demandaconsumo y garantizar el pleno empleo): con el advenimiento del neoliberalismo comienza un proceso de destrucción del Sistema de Salud Público Estatal. Las características principales de esta etapa (la precarización y flexibilización del trabajo, la liberalización y financiarización de las economías nacionales, la privatización de los servicios públicos, etc.) estuvieron presentes en el sector de la salud, pero para ello hubo que transformar a “la salud” en un espacio para la revalorización y reproducción de valor y al sistema de salud, por lo tanto, como proveedor de servicios (en oposición a las conquistas que lo ubicaban como derecho social y universal). Entre dicho recetario y las políticas existentes hoy podemos encontrar varias analogías fundamentales:

-Se ubica a la salud principalmente en el ámbito privado y sólo bajo ciertas condiciones como tarea pública. -En concordancia con lo anterior, adecuar las prioridades del ajuste fiscal (disminuye el gasto público en salud). -El sistema de salud público estatal ofrece servicios básicos para aquellos que no tienen cobertura privada.

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CaracterísticasGeneralesdelSistemadeSaluddela CiudaddeBuenosAires: CiudaddeBuenosAires: Los resabios de la descentralización, los postulados delBancoMundialyleyesprogresivas delBancoMundialyleyesprogresivas  .  Cuando hablamos del Sistema de Salud en la Argentina tenemos que decir que en la Argentina carecemos de un sistema sanitario nacional. Lo que existe es una composición extremadamente fragmentada, tanto en su aspecto geográfico con la descentralización provincial y municipal como en su tipo de cobertura, pública estatal, obras sociales (y seguridad social) y privada. En este escenario se vuelve necesario examinar las políticas que se despliegan de los poderes provinciales y municipales, ya que cada Ministerio de Salud provincial o municipal es responsable de asignar el presupuesto y las políticas para su jurisdicción con casi nula injerencia del poder Nacional, salvo en transferencias que se destinan para programas específicos.

Las particularidades del Sistema de Salud en la Ciudad en ese sentido no podrán entenderse si no partimos de una breve caracterización del proceso de descentralización del sector en la Argentina. El sistema de Salud Público Estatal en la Ciudad de Buenos Aires presenta un nivel de concentración de servicios única en el país que data de la organización del insipiente sistema sanitario nacional en la década del 40, siendo la ciudad el centro de dicho sistema contando tanto con la mayor capacidad de atención por la cantidad de efectores en su territorio como con los mayores niveles de complejidad en los servicios ofrecidos. En este sentido a partir del año 1992, con la descentralización del sistema de salud pública (es decir con la delegación de responsabilidades en torno a la salud por parte del gobierno nacional a gobiernos provinciales y municipales) la Ciudad de Buenos Aires pasó a contener los recursos más sofisticados y también la mayor capacidad de atención de todo el país. Esta situación hace que los hospitales de la Ciudad sigan recibiendo usuarios que

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provienen de otras jurisdicciones1. Los últimos datos indican sobre esto que alrededor el 49,3 % de los egresados de los hospitales reside en la ciudad, mientras que el 45,5% reside en el Conurbano y el 5% proviene de otros lugares de residencia.

En la misma época en que se llevó a cabo la descentralización del sistema de salud en nuestro país, el Banco Mundial publicaba varias recomendaciones para los países “no desarrollados” que marcan un camino que extrema las concepciones neoliberales en relación a la salud que venían desarrollándose desde hacía dos décadas. En dicho informe, de manera acorde a los principios de la doctrina neoliberal, se colocan las responsabilidades en torno a la salud en el ámbito privado y sólo excepcionalmente como tarea pública. Por ende se recomienda que las políticas en salud sean relegadas por los gobiernos, lo que en pocas palabras significa reestructurar el gasto social público (de salud) disminuyéndolo a su mínima expresión. Como arriba señalamos existen coincidencias claras entre estos lineamientos y las políticas que se ejecutan hoy para el sector desde el Gobierno de la Ciudad.

En ese contexto en la Ciudad de Buenos Aires se logró sancionar una legislación que en buena parte de sus artículos planteaban principios opuestos a dichos postulados. Nos referimos la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (1996), la Ley Básica de Salud 153 (1999) y la Ley de Salud Mental 448 (2000). Entre el contenido de las mismas, podemos encontrar postulados que tienden a marcar una tendencia inversa a la desarrollada por las políticas antes mencionadas. Podemos citar entre estos los siguientes:

-Se garantiza el derecho a la salud integral que está directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente.

-El gasto público en salud es una inversión social prioritaria. Se aseguran a través del área estatal de salud, las acciones colectivas e individuales de promoción, 1

Análisis de la situación de salud de la población de la Ciudad Buenos Aires, realizado por Dpto. de Epidemiología del Ministerio de Salud del GCBA, 2006.

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protección, prevención, atención y rehabilitación, gratuitas, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad.

- No se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas con o sin fines de lucro, bajo ninguna forma de contratación que lesione los intereses del sector, ni delegarse en las mismas las tareas de planificación o evaluación de los programas de salud que en él se desarrollen.

AlgunosnúmerosparapensarlasaludenlaCiudad. AlgunosnúmerosparapensarlasaludenlaCiudad. El sistema de salud de la CABA se inscribe en el marco general que brevemente describimos más arriba. En la Ciudad de Buenos Aires vive alrededor del 7% de la población total del país y es una de las ciudades que cuentan con más recursos financieros del mismo. Por otro lado la Ciudad cuenta con la mayor concentración de efectores públicos estatales del país (herencia de un modelo de salud pensado a nivel nacional en el cual la Ciudad tendría los efectores de mayor especialización, alojando así a personas de todo el país) contando con 33 hospitales y 38 CESACs (Centros de Salud y Acción Comunitaria), a los que se le suman un pequeño número de centros médicos barriales. Hay que destacar que esta cantidad representa sólo el 5% del total de los efectores de salud de los tres subsectores sumados.

Según el censo del 2010 (INDeC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010) la Ciudad alberga 2.830.816 habitantes, de los cuales 615.487 utiliza prepagas a través de obra social, 1.264.720 obras Sociales, 410.278 prepaga por afiliación voluntaria, 40.269 programas y planes estatales y 500.062 carece de todo tipo de cobertura. Al mismo tiempo en relación a estos datos se pueden complementar con los porcentajes de la población que efectivamente concurre a los servicios ofrecidos en los hospitales públicos que en la última Encuesta Anual de Hogares dio un número cercano al 14 %2.

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http://www.perfil.com/contenidos/2012/08/25/noticia_0004.html

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Sin embargo, si analizamos los mismos datos por comuna se observan claras desigualdades entre la población porteña. Los datos que arroja la encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA- eAH), permiten hacer algunas comparaciones elocuentes. Si tomamos como referencia la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo) y la comparamos con la comuna 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales) vemos que en la primera la única cobertura es el sistema público estatal para el 50% de la población mientras que en la segunda solo lo es para el 13%. Por otro lado se puede observar en la comunas del sur de la Ciudad una mortalidad infantil cuyas cifras son similares a las de las provincias más pobres del país (en el último trienio rondó los 11 por mil según cifras oficiales). Este indicador sanitario tiene en cuenta los fallecidos en el primer año de vida y los refiere al número total de recién nacidos vivos en una población para un periodo de tiempo determinado. Es uno de los datos más importante desde el punto de vista de la epidemiología y la planificación, ya que posibilita evaluar el estado de salud de una población y la efectividad del sistema sanitario teniendo en cuenta condiciones económicas, sociales y culturales como también la eficiencia de los servicios de los diferentes niveles de atención3. De modo que la mortalidad infantil representa de un de los indicadores de mayor sensibilidad para expresar el desarrollo de una sociedad ligando la situación sanitaria particular a las condiciones generales económicas y sociales de la población4. En ese sentido son alarmantes los niveles en que se encuentran las comunas del sur y que se expresan en el aumento de la tasa total de la ciudad.56

Al mismo tiempo las desigualdades claramente expresadas por el índice de mortalidad infantil entre las distintas comunas da cuenta que existe un modelo de salud que reproduce las desigualdades sociales y económicas existentes entre las comunas del norte y del sur de la ciudad. Por citar algún ejemplo, la Comuna 8 duplica al promedio de la Ciudad en el porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas como en la cantidad de habitantes que no ha terminado la escuela secundaria.

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Conley D, Springer KW. Welfare stake and infant mortality. AJS. 2001; 107(3):768-807. http://www.revistakairos.org/k18-archivos/Mortalidad%20infantil.pdf 5 http://www.clarin.com/capital_federal/Luego-retroceso-mortalidad-infantil-Ciudad_0_284971717.html 6 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-196417-2012-06-15.html 4

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Como arriba desarrollamos, desde hace algunas décadas el sistema de salud se ha convertido en un espacio para la producción de valor y este proceso se ha profundizado en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires. Podemos arribar a estas conclusiones si analizamos la concepción de salud que se sostiene en las políticas públicas para el sector y que claramente revelan los índices de mortalidad infantil en función del tipo de cobertura ya ese índice aumenta en poblaciones cuya sola posibilidad de atención está en las instituciones del sub-sector público estatal. Es decir que el acceso a la salud queda limitado según el “nivel económico” de la persona, siendo aquellas en peores condiciones laborales las que se encuentra en peores condiciones para el acceso a la salud. Como adelantamos, premisas como “el Estado como garante” y “la salud como derecho universal” han quedado olvidadas en el texto de la ley, avanzando en una concepción de salud diametralmente opuesta.

Pero también esta tendencia se expresa en otras medidas llevadas adelante desde el Gobierno Porteño del PRO. Ente ellas podemos citar el veto por decreto (2135) a la Ley de fabricación estatal de remedios7 (en enero del 2008) que dejó el terreno servido al negocio de las empresas farmacéuticas y a los ciudadanos de Buenos Aires sin la posibilidad de acceder a medicamentos baratos producidos en un Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos en la Ciudad. El sistema público estatal de Salud sólo provee de una escasa variedad de medicamentos mientras la venta es uno los negocios que más prosperan en el mundo, quedando el acceso a los mismos librado a los principios de la oferta y la demanda. Una confirmación de esta política ocurrió cuando se hizo público el vencimiento de medicamentos de propiedad estatal por más de 5 millones de pesos en el año 20108.

Esta forma de pensar la salud se manifiesta por otro lado en la reducción en un 50% en los últimos años de la atención de pacientes en hospitales públicos a causa de la falta de personal y por deficiencias edilicias9; el colapso de las salas de terapia, la

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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-97101-2008-01-06.html http://www.infobae.com/notas/498432-.html 9 Esto podría ser producto de una fuerte política de promoción de la salud, pero otra vez debemos analizar el dato contemplando el crecimiento de la mortalidad infantil y descartar así tal posibilidad. 8

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escasez de turnos que ofrecen los efectores públicos10 y la subejecución del presupuesto (cercana al 30%), la falta de insumos11 y equipamientos12 en los establecimientos. Es decir que además de existir un sistema cuyo acceso queda cercado por barreras económicas que limitan su acceso a aquellos que puedan pagar por los servicios, los establecimientos que ofrecen atención gratuita (es decir los dependientes del Estado) son constantemente reducidos en su capacidad por decisión política de parte del Gobierno aportando de este modo al sostenimiento y al crecimiento del subsector privado de manera proporcional al achicamiento del subsector público estatal.

LaPrivatizacióndelosservicios LaPrivatizacióndelosservicios  . . Cuando hablamos de privatización de servicios nos referimos a diferentes modalidades de traspasar un servicio de salud del ámbito público estatal al privado. Lo primero que debemos señalar es que todas las instituciones de los diferentes sectores forman parte del sistema público de salud y que el Estado no solo deber garantizar la salud de la población sino que debe regular las instituciones que no dependen de su gestión, es decir las “privadas” y las obras sociales. En este sentido podríamos retomar algunas de las medidas del Gobierno recién mencionadas y agruparlas bajo un modalidad común que implicaría llevar al deterioro los servicios de salud público “sacándolos de la competencia” con servicios del sub-sector privado. En ese sentido si bien no se transfiere el servicio en sí, ese servicio deja de ofrecerse en la esfera pública o se empeoran las condiciones menoscabadas en que ese servicio se brinda. En ambos casos el Estado interviene facilitando el terreno para la expansión del subsector privado de la salud.

Pero también encontramos la privatización completa de servicios que forman parte de las estructuras hospitalarias y que van desde los servicios de alimentación y lavandería al uso de aparatología y tecnologías en el seno mismo de los hospitales (es 10

http://sur.infonews.com/notas/hospitales-portenos-la-salud-publica-sin-turno-y-bajo-las-leyes-del-mercado http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-112406-2008-09-28.html 12 http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2008/05/25/z-03015.htm 11

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el caso de la mayoría de los tomógrafos y resonadores). Otra de las formas en que esto sucede es a través de la gestión empresarial de espacios. Un ejemplo que ilustra esto es el proyecto del Gobierno (en el mes de junio del presente año) para impulsar la cesión a la empresa Mc Donald´s por una duración de veinte años de un sector del Hospital Gutiérrez para construir allí una casa de “Ronald Mc Donald”.

Ahora bien, podemos utilizar un ejemplo aún más claro de estas políticas; debemos buscarlo en las instituciones de salud mental. Como venimos viendo el subsector público estatal del sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está sufriendo un grave proceso de deterioro y destrucción, en cuanto a su concepción y su funcionamiento. El caso de los efectores de salud mental a su vez es la muestra más representativa hoy de dicho proceso. Sin ir muy lejos el Gobierno de la Ciudad, responsable de la política en el área, terminó con el Programa de Atención Comunitaria de Centro de Salud Mental Nº 1, reemplazó al director del Centro de Salud Mental Nº 3 sin justificación y sin concurso para elegir a su reemplazante y cede los espacios de la institución para establecer oficinas del ministerio de salud porteño.

Quizás el dato más conocido y mediático en los últimos meses es el intento de utilizar los terrenos de los neuropsiquiátrico del sur de la Ciudad para la realización de un megaproyecto inmobiliario que incluiría a la nueva Jefatura de Gobierno. Sin embargo tomaremos una medida puntual, menos conocida, para nuestro análisis: en el verano del presente año el Gobierno de la Ciudad emitió muy sigilosamente la Resolución Nº 52/12, por la cual se llama a licitación pública para la contratación del "Servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención médica integral en salud mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su reinserción social". Más allá de que esta resolución se encuentre hoy frenada por un recurso de amparo, este acto del Gobierno permite reconocer la metodología utilizada para el subsector en general: se privatiza un servicio que se ofrecía en los efectores públicos, en este caso deja de existir en el ámbito público estatal y sólo se lo ofrece en los otros subsectores. Por otro lado se

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derivan fondos del Estado (principalmente a través del sector de seguridad social) hacia las empresas que hacen de la salud un negocio muy redituable. En el caso de la salud mental existen suculentos subsidios provenientes de fondos públicos para los centros de días y hogares privados a través de PAMI y PROFE (Programa Federal de Salud) que le pagan a estas empresas por usuario y por el tiempo que dura el servicio. Esta resolución por lo tanto aseguraría la rentabilidad y el futuro de este negocio. Vemos así como un servicio deja de existir en la órbita de los servicios públicos y gratuitos quedando como única posibilidad para acceder a la salud el pago del servicio o indirectamente el pago a través de prepagas, obras sociales y fondos del sector de seguridad social.

En este punto, es evidente que es necesario incluir qué tipo de prácticas se producen en las instituciones de salud. Seguiremos tomando como ejemplo la misma medida: Como venimos señalando existe una creciente cosificación de las relaciones sociales cuando se subvierte la concepción de la salud como derecho y la salud genera valor en la órbita de los servicios privados, es decir que la enfermedad pasa a ser un negocio.

Si analizamos qué pasa con la internación psiquiátrica, podremos aclarar qué significa esto que a priori parece tan abstracto. La internación debe ser concebida como recurso aplicable cuando no es posible otro abordaje. En este sentido, el retroceso en esta concepción implica un reforzamiento del paradigma psiquiátricomanicomial y va en contra de lo expresado en la Ley 448 de Salud Mental de la CABA. Con la privatización de la internación se perpetuará este recurso en tanto se convierte en redituable para las empresas de salud. Es decir que mientras más personas que sufren mentalmente se internen y mientras más dure la internación, más grande será el negocio. En dicho proceso las personas que padecen mentalmente se cosifican, se convierten en entes que sólo “internadas” general valor (es decir dinero para las empresas de salud), por lo cual es necesario sostener iatrogénicamente la enfermedad en un nivel que “justifique” y posibilite la internación.

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Al mismo tiempo es necesario indicar que la Constitución de la Ciudad en su segundo capítulo (dedicado a Salud) establece que “No se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas con o sin fines de lucro, bajo ninguna forma de contratación que lesione los intereses del sector, ni delegarse en las mismas las tareas de planificación o evaluación de los programas de salud que en él se desarrollen.” En estos términos, dicha resolución sería de carácter anticonstitucional.

Por otro lado es necesario agregar que en relación a las instituciones de Salud Mental las distintas medidas mencionadas muestran una constante negación de los principios y disposiciones que establece la Ley 448 a lo largo de sus artículos. En la misma se plantea la progresiva sustitución de las instituciones asilares monovalentes por una red de servicios ambulatorios y comunitarios que deben crearse. En ese sentido el intento de cierre del Hospital Borda que el Gobierno de la Ciudad lleva adelante intenta enmascararse bajo el signo de un proceso de “desmanicomialización” de ese tipo. El dato que permite desenmascarar esas maniobras es que tal red no existe en el ámbito estatal y al mismo tiempo los únicos dos Centros de Salud Mental de la Ciudad cuyos servicios son ambulatorios en su totalidad (el Nº 1 y el Nº 3) han reducido su oferta de servicios desde que Macri asumió su gobierno. Al mismo tiempo, esta situación nos lleva necesariamente a preguntarnos por el futuro de los pacientes internados en los Hospitales Monovalentes Públicos que en su mayoría carecen de cobertura en salud y que en promedio han vivido los últimos 10 años en dichas instituciones.

Conclusio Conclusiones es   . En la Ciudad de Buenos Aires existe en la legislación que regula al sector Salud (Ley 253, Ley 448 y Constitución de la Ciudad) que inscribe el derecho a la salud como una tarea prioritaria para el Estado y estable al mismo como regulador de todo el Sistema incluyendo a los diferentes sectores que lo componen. En ese sentido el enfoque de derechos en las políticas públicas en lo concerniente a la Salud se hace fundamental

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para sostener un sistema accesible a la población en condiciones de igualdad en relación a la calidad de los servicios ofrecidos.

En ese sentido el derecho a la salud es una premisa fundamental que se contrapone a las concepciones dominantes para la salud instalada desde los años del auge de las políticas de signo neoliberal impulsadas por los organismos financieros internacionales.

La actualidad del sistema da cuenta que la tendencia a la mercantilización de la salud se profundiza delimitando la existencia de los servicios públicos estatales para aquellos sectores de la sociedad que no pueden pagar por un servicio de medicina privada o que por no entrar al sistema formal de empleo carecen de obra social. Estos servicios a la vez son sostenidos en condiciones que no permiten atender a las necesidades de salud de la población.

De esta manera podemos observar que la mercantilización de la salud es un proceso que supone el borrar de la idea salud como derecho social y por ende de la responsabilidad del Estado en garantizarlo. Por el contrario podemos observar como el rol que pasa a cumplir el Estado es el de garantizar las ganancias de la empresas que invierten en la enfermedad de los habitantes de la Ciudad.

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Salud - La Salud que Enferma