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Gloria Inés Ramírez Ríos Senadora de la República por el PDA

LA NUEVA REFORMA A LA SALUD, OTRO ENGAÑO AL PUEBLO PARA FAVORECER A LOS NEGOCIANTES

CONSTANCIA Nos permitimos dejar constancia ante la Honorable Plenaria del Senado de la República de nuestra oposición al Proyecto de Ley 210/2013 Senado, “por medio de la cual se redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones” y sus acumulados, por las siguientes razones: Es ampliamente sabido que el derecho a la salud atraviesa una profunda crisis estructural que, a nuestro juicio, fue originada por la ley 100 de 1993, que despojó a la salud de su carácter de derecho fundamental y la convirtió en un negocio del capital financiero. Lo primero que debemos decir es que el articulado aprobado en el presente proyecto de ley y sus acumulados ahondan la privatización del servicio, la intermediación financiera y mercantilización del derecho a la salud, y no resuelve ninguno de los problemas que originaron la crisis. Nuestras objeciones al texto aprobado son múltiples, pero de ellas destacamos las siguientes: Continuidad del mismo esquema. El Sistema de Salud continuará operando bajo el mismo esquema de unas entidades intermediarias que apenas en teoría garantizan unas determinadas prestaciones de salud definidas en un Plan de Beneficios a cambio de una contraprestación económica que no solo se mantiene sino que se aumenta para garantizarles a los negociantes de la salud la multiplicación de sus ganancias. Ambigüedad en el Plan de Beneficios. No es cierto que se vaya a eliminar la lista explícita de bienes y servicios en salud y que sólo habrá una lista de exclusiones, queriendo significar que prácticamente todo estará cubierto, excepto algunas cosas plenamente justificadas. El proyecto trae unos criterios ambiguos que de nuevo dejarán por fuera muchas de las tecnologías y servicios requeridos por las personas, por lo que, en la práctica, la situación seguirá igual o peor que ahora. Entre ellos figuran los que no estén catalogados por la autoridad competente como servicios y tecnologías en salud o que no hayan sido autorizados por la misma y sobre los que no haya evidencia técnica o científica de su seguridad, eficacia y/o pertinencia clínica.


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Barreras de acceso al servicio de salud. El acceso al servicio de salud, pese a los principios de igualdad y equidad que se mencionan formalmente, sigue atado a la capacidad de pago; adicionalmente y por veinte (20) años de transitoriedad, continuará la segmentación entre pobres y ricos, por la permanencia de los regímenes contributivo y subsidiado, con la excusa de que la Reforma Tributaria se quedó corta en garantizar la financiación de un solo régimen. Permanencia de las EPS en el Sistema. Aunque les cambien el nombre de Entidades Promotoras de Salud –EPS por el de Gestores de Servicios de Salud, lo cierto es que el proyecto de ley está diseñado para que aquellas se transformen en Gestores, que ahora podrán no sólo gestionar los servicios de Mi-Plan sino los de la cobertura complementaria y los de la medicina prepagada. Es muy grave que la condición que les imponen de estar al día con las obligaciones del Sistema, no establezca que por ello deba entenderse el pago efectivo del pasivo con sus propios recursos, pues lo que se observa es que desde la Ley 1608/12 se viene allanando el camino para que el Estado con recursos de todos los colombianos, a través, por ejemplo, de la subcuenta del Fosyga, de los excedentes de rentas cedidas o de cuentas maestras, entre otros, se subrogue el pasivo que tienen las EPS con las IPS, sin exigirles ningún esfuerzo ni definir mecanismos claros y efectivos para que paguen las deudas. La propuesta del Gobierno no contempla causales de inhabilidad para que las EPS puedan transformarse en Gestores, basadas, por ejemplo, en haber sido sujetos de medidas administrativas especiales, en el número de tutelas interpuestas por servicios POS, en la baja calificación de los usuarios, en recobros indebidos, etc., enviando de esta manera el mensaje negativo de que la ineficiencia, los delitos contra el patrimonio público y, en últimas, negociar con la salud, paga. El otro negocio, que es la llamada “integración vertical”, que les posibilita a las EPS multiplicar sus ganancias y es causa de muchos problemas, tampoco se elimina por completo y apenas se le introducen algunas modificaciones, de manera que queda vigente para el nivel básico de atención en salud. Participación social nula y ausencia de transparencia en los procesos. La participación social es nula, lo que incidirá negativamente en la transparencia de los procesos. Esto es particularmente grave si se tiene en cuenta que el órgano de administración más importante del sistema; Salud-Mía, se encargará de la afiliación, recaudo y distribución de aproximadamente 40 billones de pesos. Sin embargo, la junta


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directiva quedará bajo el control del Gobierno Nacional, con tan solo dos participantes de los entes territoriales. Como si lo anterior fuera poco, se exceptúa a la Unidad del Régimen de Contratación Administrativa de Salud-Mía del cumplimiento de las normas vigentes sobre contratación publica, por lo que sus procesos contractuales podrán hacerse sin las garantías de transparencia, concurrencia, objetividad, eficiencia, etc., que deben cumplir las licitaciones públicas. Tampoco estará sujeta al proceso de selección objetiva, al concurso de méritos, etc., no obstante la enorme cantidad de recursos que va a manejar. A ello se suma que los gerentes de las ESE seguirán siendo nombrados a dedo por el gobierno central o territorial, según el caso. En tales condiciones, no es de extrañar que en ninguna parte del proyecto se mencione a los pacientes o usuarios, porque para la tecnocracia neoliberal lo importante no son los seres humanos, sino los negocios, y los negocios tienen sentido en la medida en que produzcan ganancias. A pesar de los esfuerzos realizados por las organizaciones de la sociedad civil, particularmente las que conforman la Alianza Nacional por la Salud, en la elaboración del Proyecto de ley 233 de 2013, refrendado por varios congresistas, quienes proponían un nuevo modelo de salud descentralizado, el proyecto fue negado en primer debate por la bancada gubernamental y se quedaron por fuera de esta reforma aspectos sustanciales, como la superación de las barreras de acceso, la implementación de un sistema de salud pública renovado y de atención primaria en salud integral, la eliminación de la intermediación, los requerimientos de los pueblos indígenas en materia de salud, la inclusión de principios favorables a los usuarios, como el pro hómine, y la descentralización de los recursos de la salud. Como consecuencia, no cabe duda de que los grandes beneficiados de esta reforma serán los mercaderes de la salud, que seguirán cosechando grandes dividendos, al tiempo que la crisis estructural que ella padece, quedará sin resolver y volverá a manifestarse mas temprano que tarde. Se trata de la deplorable repetición de la historia de fracasos de todas las reformas que se han hecho desde la funesta ley 100 de 1993. El problema de la salud no es de falta de recursos, sino de desvío de los mismos por la intermediación, con base en la lógica mercantil de que como se trata de un negocio privado este debe producir las mayores ganancias posibles. Para nosotros, como para la inmensa mayoría de los colombianos, la salud es un derecho fundamental y su reconocimiento efectivo es indispensable para la satisfacción de otros derechos, por lo que se requiere que cualquier reforma sea objeto de una elaboración que


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incluya a todos los sectores y opiniones autorizadas que conocen del tema y que, por lo mismo, pueden aportar soluciones a los problemas. En consecuencia, reiteramos nuestro VOTO NEGATIVO al articulado que compone la reforma a la salud, por cuanto consideramos que la crisis de la salud no se resuelve con la “redefinición” del sistema de salud, ya que lo que el país necesita es un nuevo sistema democrático, basado en principios de carácter publico, solidario, sin intermediación financiera, con equidad y calidad, que elimine el carácter mercantilista, rescate la salud como un derecho humano fundamental y garantice que todos los colombianos puedan tener acceso a una atención oportuna, de calidad y en condiciones dignas. Así mismo, deploramos que por privilegiar los intereses de los negociantes de la salud el congreso pierda una nueva oportunidad de resolver la crisis que casi todos los días cobra valiosas vidas de nuestros compatriotas. Cordialmente;

GL0RIA INÉS RAMÍREZ RÍOS Senadora de la República

JORGE ENRIQUE ROBLEDO Senador de la República

PARMENIO CUELLAR Senador de la República

JORGE ELIÉCER GUEVARA Senador de la República

LUIS CARLOS AVELLANEDA Senador de la República

CAMILO ROMERO Senador de la República

MAURICIO OSPINA Senador de la República

Bogotá, D.C., 15 Octubre de 2013


Constancia