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Informe Sobre la Situación de los Pueblos Indígenas en Colombia Audiencia Corte Constitucional : Seguimiento Auto 004 de 2009 y otros. 9 de septiembre de 20131 (Resumen ejecutivo)

1. Presentación: En el marco de la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), proferido a través de la Sentencia T-025 de 2004 emitida por la Honorable Corte Constitucional, se traza una línea invisible que determina el antes y después en el análisis y atención del desplazamiento forzado y, con posterioridad, de la la población víctima del conflicto armado interno en Colombia. Es la misma Corte la que determina su potestad y competencia de seguimiento a la mencionada providencia, ejercicio desarrollado a través de, entre otras estrategias, la promulgación de Autos y la realización de audiencias públicas, ambos escenarios permiten evaluar los avances, cumplimientos e incumplimientos. Con posterioridad por determinación de la Sala Plena nace la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 la cual, a decir del cuerpo colegiado encargado de crearla, esta se encarga de “la constatación judicial del avance, rezago o retroceso en la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado y la adopción de todas las decisiones de fondo y de trámite a las que haya lugar para verificar el cumplimiento de las órdenes dictadas en la sentencia T-025 y sus autos de seguimiento”. Sin embargo, las instancias de seguimiento no se encuentran monopolizadas por la Corte Constitucional, existiendo la Comisión de Seguimiento de la Política Pública de Desplazamiento Forzado, integrada por organizaciones de la sociedad civil, como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en representación de los pueblos indígenas de Colombia y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES) entidad quien funge como secretaria técnica de la esta.

                                                                                                              1  Elaborado por: Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Derecho Internacional

Humanitario y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC y el Grupo del Proyecto de Reparación Integral a Victimas de Grupos Étnicos con énfasis en Consulta Previa de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado- CODHES.


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La Comisión de Seguimiento, se ha planteado como una iniciativa de sociedad civil con un mandato orientado a proporcionar apoyo tanto al proceso de seguimiento que adelanta la Corte Constitucional, como a los procesos de reivindicación de los derechos por parte de las personas en situación de desplazamiento. La ONIC ha presentado informes de seguimiento y ha realizado ejercicios de verificación del cumplimiento de los autos 004 de 2009, 382 de 2010, Auto 174 de 2011, Auto 173 de 2012 y los Autos de seguimiento proferidos para el pueblo Emberá fechados 1 de diciembre de 2011, el 9 de noviembre de 2012. El presente informe se entrega a la Honorable Corte Constitucional con ocasión de la audiencia convocada para el 9 de septiembre de 2013, para realizar “sesión técnica e informativa sobre la protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 y los autos 218 de 2006, 004 de 2009, 382 de 2010, 174 de 2011 y 173 de 2012 y fijación de metodología”. La información en él contenida es el resultado del proceso de seguimiento efectuado a través de visitas de verificación a terreno, reuniones, entrevistas con diferentes pueblos, comunidades y organizaciones indígenas del país. Por tal motivo se presentará en los renglones que se encuentran a continuación un reporte que comprende el cuatrienio 2009 – 2013, en el cual se estudiará la crisis humanitaria afrontada por los pueblos indígenas de Colombia, destacando la situación de los pueblos indígenas que no se encuentran amparados en la orden del Auto 004 de 2009. Se encontrarán en los títulos sucesivos un análisis del estado de cumplimiento de las ordenes emanas por la Corte Constitucional a través de las providencias concernientes a Pueblos Indígenas, para lo cual haremos mención a la situación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas durante el cuatrienio 2009 – 2013; examinaremos el estado actual de cumplimiento de los Autos 004 de 2009 (Programa de Garantía de Derechos para Pueblos Indígenas y Planes de Salvaguarda), 092 de 2008, 382 de 2010, 173 de 212, 174 de 2011, y los autos de seguimiento de la población Emberá en situación de desplazamiento y, la implementación del Decreto Ley 4633 de 2011; continuaremos haciendo refererencia a algunas de las dificultades identificadas en materia de reparación integral a victimas indígenas y restitución territorial; posteriormente se expondrán los incumplimientos del Estado Colombiano en cuanto a la reglamentación de artículos constitucionales específicos y acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014 en lo referente a Pueblos Indígenas; aludiremos a las causas estructúrales que agudizan la crisis humanitaria en los territorios Indígenas, sumada a una mirada general de la situación de los pueblos en


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proceso inminente de exterminio físico y cultural y culminaremos con un listado de recomendaciones que se desprende del estudio efectuado. 2. Puntos más relevantes presentados en el informe: 2.1.

Sobre el nuevo panorama de riesgos afrontados por los Pueblos Indígenas en Colombia:

Durante los distintos momentos históricos de Colombia, los Pueblos Indígenas nos hemos vistos abocados a enfrentar variadas expresiones de vulneraciones de Derechos, adaptadas a los contextos e intereses puntuales en cabeza de ejes de dominación consolidados en el país. Las dinámicas sociales han sufrido transformaciones profundas y con ello las lógicas económicas y políticas han cambiado, desprendiéndose de estas nuevas realidades expresiones de poder que necesariamente chocan con los intereses naturales, orgánicos y tradicionales de los Pueblos desplegados en todo el territorio nacional. Así las cosas los riesgos que a 2013 afrontamos los Pueblos Indígenas dan cuenta de estas variaciones, asociadas a los diversos intereses de actores que, armados o no, hacen presencia en nuestros territorios. La situación adquiere matices cada vez más con un entramado cada vez más complejo: narcotráfico, corredores de movilidad, locomotoras minero – energéticas, intereses sobre las tierras, discriminación, empobrecimiento; entre otros factores, consolidan un complejo palimpsesto que a la postre termina afectando nuestros derechos individuales y colectivos. Partiendo de este supuesto, si bien las dinámicas de conflicto armado a la fecha muestran transformaciones cuantitativas, las cuales imposibilitan avizorar con absoluta certeza nuevos patrones de afectación; si es posible reconocer que los comportamientos de los distintos actores, asociados con la historia del conflicto armado interno en Colombia, poseen nuevos y refinados comportamientos que permiten su invisibilidad. El accionar de grupos armados ilegales con presencia constante en los territorios indígenas, a pesar de los diálogos de paz que a la fecha se adelantan en La Habana entre las Farc – EP y el gobierno nacional (en los cuales, no está de más señalar, se identifica un claro desequilibrio en cuanto a la presencia actores de la sociedad civil relevantes para las negociaciones adelantas y, claro está, de representación directa de los Pueblos Indígenas) y de la presunta desmovilización de las AUC (con lo cual deviene su reestructuración y reconfiguración); se constituye en una amenaza real e inminente con consecuencias como desplazamientos forzados, reclutamientos forzados, homicidios, amenazas, detenciones,


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confinamientos, vulneración del territorio, ataques indiscriminados, heridas de civiles en acciones bélicas, persecuciones a líderes y lideresas entre otras vulneraciones, que a todas luces profundizan el espectro de daños, afectaciones y hechos victimizantes y fortalecen la dinámica de genocidio en curso Con fundamento en el panorama previamente descrito y entendiendo la importancia de mostrar cuantitativamente las vulneraciones de derechos indicadas en el contexto introductorio, daremos cuenta de los hallazgos del Sistema de Información de la CDDHH – ONIC 2 y del Sistema de Información de Desplazamiento Forzado (SISDHES) de CODHES, siendo posible a partir de este ejercicio establecer cifras estimadas que permiten vislumbrar la situación humanitaria de los Pueblos Indígenas de 2009 a 2013. Sin embargo, es menester realizar las siguientes precisiones en aras de garantizar la comprensión necesaria de los datos presentados: a. las vulneraciones a los Derechos de los Pueblos indígenas persisten con algunos cambios en las dinámicas del conflicto debido a la reconfiguración de las estructuras armadas en confrontación. b. La instalación de economías extractivas y otros megaproyectos, sin las debidas garantías de consulta previa y salvaguarda étnica, son factores de vulneración de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas, sin embargo, la magnitud del impacto ocasionado por su presencia en territorios indígenas en contexto de conflicto armado aún no se ha cuantificado y visibilizado plenamente; c. La integralidad del análisis que en materia de derechos de los Pueblos Indígenas debe efectuarse, a la postre requeriría la adición de criterios en una perspectiva ampliada de investigación; d. No se conocen cifras oficiales de la UARV sobre víctimas indígenas de acuerdo con lo establecido en el artículo 183 del decreto ley 4633; e. Aún no se han superado problemas de subregistro de indígenas víctimas de desplazamiento forzado. Violaciones a los DDHH e infracciones DIH perpetradas a pueblos Indígenas. 2009-2013 Tipo de Acto Actos contrarios a la integridad de pers. prot. - DIH Actos contrarios a la integridad personal - DH

Total 47 5

Allanamiento ilegal y/o arbitrario Amenaza

23 19

                                                                                                             

2 La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos y DIH de la ONIC, cuenta con un Sistema de Información sobre violaciones a los DDHH e infracción al DIH perpetrados contra las personas, comunidades y pueblos indígenas, con el fin de monitorear y documentar los múltiples hechos de los que son víctimas los pueblos indígenas en Colombia. El Sistema de Información pretende dar cuenta desde una perspectiva propia de las cifras, formas de violencia, ubicación geográfica, resguardo, comunidad, pueblo y vulneración de los derechos colectivos e individuales que estas acciones involucran. La magnitud de estas lesivas acciones contra los pueblos indígenas, no ha sido resuelta hoy en día, ni ha tenido una respuesta integral por parte del Estado, persistiendo una evidente falta de voluntad política, técnica y administrativa para dar fin a estas problemáticas.


5   Amenaza colectiva Amenaza colectiva a personas protegidas Amenaza individual Amenaza individual a persona protegida - DIH Acción Bélica Ataque a Objetivo Militar Bombardeo-Ametrallamiento Combate Incursión Muerte en Combate de agentes del polo estatal Ataque objetivos ilícitos Ataque a bienes indispensables para la supervivencia de la población Ataque a estructura vial Ataque a misión humanitaria Ataque a misión médica Ataque al ambiente Ataque y/o ocupación objetivos ilícitos Ataque y/o ocupación de bienes culturales Ataque y/o ocupación de lugares sagrados Atentado Bloqueo – DIH Confinamiento

360 49 303 59 117 1 10 13 13 1 30 149 4 1 1 7 19 6 1 66 9 41

Desaparición forzada

253

Desplazamiento forzado3

214

Desplazamiento – Intraresguardo

17

Desplazamiento – Interesguardo

1

Desplazamiento - Intra municipal rural urbano

11

Desplazamiento – Interdepartamental

3

Desplazamiento - Intermunicipal dentro del mismo departamento

1

Detención ilegal y/o arbitraria

644

Ejecución Extrajudicial

827

Fumigación

7

Herida

67

Herida intencional de persona protegida

368

Homicidio intencional de persona protegida

805

Homicidio

438

Homicidio por razones políticas

67

Homicidio por omisión

13

Imposición de pautas de comportamiento

1

Masacre

132

Medios ilícitos

6

Medios ilícitos – Uso de arma prohibida

8

Medios ilícitos – Víctima de MAP o MUSE – muerte

55

Medios ilícitos – Víctimas de MAP o MUSE – herido

46

Métodos ilícitos

8

Métodos ilícitos – Ataque indiscriminado

24

                                                                                                              3 La cifra de desplazamiento forzado da cuenta de los eventos ocurridos en el periodo en estudio, no del número de personas afectadas por el hecho victimizante.


6   Métodos ilícitos – Pillaje

59

Militarización de Resguardo

1

Minado de territorio de Resguardo

2

Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes

12

Secuestro

117

Señalamientos

12

Tortura

207

Tortura de persona protegida

13

Utilización de colectivo como escudo

15

Utilización de individuo como escudo

2

Violencia sexual

3

Violencia sexual – Abuso sexual de persona protegida

2

Violencia sexual – Violación de persona protegida

1

Violencia sexual – Esclavitud sexual

7

Violencia sexual – Violación

10

Violencia sexual – Violación de persona protegida -

1

Total

5.834

Las cifras de vulneraciones de DDHH e infracciones al DIH, dan cuenta en el periodo 2009 – 2013 de las siguientes afectaciones teniendo en cuenta las variables Pueblos (tomando específicamente los pueblos identificados en los Autos 004 de 2009, 382 de 2010, 174 de 2011 y 173 de 2012)/hechos victimizantes: Homicidios4: 235 casos Desplazamientos Masivos: 39 casos Desplazamientos Masivos por número de personas: 4.446 Personas Amenazas, atentados y detenciones: 140 eventos Desaparición forzada: 29 casos Confinamiento por víctimas individuales: 7.508 Personas Pueblo Indigena Arhuaco Awa Coconuco Embera Chami Embera Dobidá Emberá Katío Epedara Siapidara                                                                                                              

N Hechos victimizantes 2 9993 3 42 895 46 3036

4 El índice de ocurrencia de casos da cuenta de una tendencia variable difícilmente predecible: a pesar de encontrar el pico más alto de incidencia en 2010, el alza en la incidencia ocurrido a 2012 permite avizorar una tendencia similar a 2013. Se observa de los datos extraídos para el cuatrienio abordado muestra un mayor índice de homicidios en los Pueblos Nasa, Awá, Wayúu, Emberá Chamí y Zenú, con un total de homicidios de 82, 38, 32, 20 y 20 casos respectivamente


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Guayabero - Tukano Hitnu Huitoto Inga Jiw Kamëntsá Kankuamo Kogui Koreguaje Kuna Misak- Guambiano Nasa Nukak Pijao Sikuani Totoró U'wa Wayúu Wiwa Wounaan Zenú Total 2.2.

5 1 2 3 235 2 3 2 1 122 32 1906 1 6 268 4 44 124 2 1118 189 18087

Pueblos en riesgo inminente de exterminio físico y cultural:

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha señalado en repetidas oportunidades la grave y constante progresividad de esta situación, puesta de presente con mayor crudeza en tratándose de Pueblos Indígenas demográficamente frágiles; así las cosas hemos dado cuenta de un panorama a 2013 nada alentador: De los 102 Pueblos desplegados en el territorio colombiano, 36 se identifican en riesgo de extinción (Auto 004 de 2009 y 382 de 2010) y 31 se encuentran en proceso inminente de exterminio a la fecha (la mayoría de los cuales no cuentan con una protección especial que de cuenta de dicha dinámica), siendo en total 67 los Pueblos (equivalentes al 65,7% del 100% de Pueblos Indígenas existentes en Colombia), que cuatro años después de expedido el Auto 004 se encuentran ad portas de desaparecer. Estos últimos 31 Pueblos que están padeciendo el exterminio aceleradamente (ubicados en un alto porcentaje en la Orinoquía y Amazonía colombiana), cuentan con grupos poblacionales de menos de 500 personas: 18 tienen una población inferior a 200 personas y 10 están


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conformados con menos de 100 individuos. El impacto del conflicto armado de manera directa e indirecta y los factores que subyacen al mismo se reflejan entonces en la desaparición de un porcentaje importante de Pueblos Indígenas y con ellos de diversidad, idiomas y cosmovisiones. Se ha logrado determinar que “La desaparición más o menos paulatina de un pueblo indígena ocurre por múltiples causas, algunas de ellas atribuibles a hechos deliberados —o en todo caso reconocidos— que por su grave impacto físico, ambiental o cultural conducen al exterminio del grupo como entidad colectiva”, reconociendo este escenario como una práctica genocida. En el informe presentado en audiencia ante la CIDH (marzo de 2013) se ponen de presente los intereses existentes en los territorios de los 67 pueblos a los que hemos hecho referencia; así las cosas, se comprueban lazos entre la acción armada legal e ilegal y la presencia de industrias extractivas de manera inconsulta y violatoria de todos los derechos reconocidos en la constitución nacional e instrumentos internacionales. El Estado Colombiano pretende instalar economías extractivas por vía de la violencia, generando situaciones de desplazamiento forzado y desarraigo territorial. De igual manera se señala en el citado informe que existen cada vez más evidencias de que el abandono de las políticas de Estado en los territorios indígenas y el estancamiento de políticas públicas para lograr el total desarrollo de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en Colombia, hacen parte de la estrategia de desarraigo a la población autóctona para cambiar el destino económico de los suelos de los territorios indígenas, lo que para la ONIC y sus organizaciones llega a tipificarse como un genocidio premeditado. 2.3.

Sobre la concertación y los niveles de incumplimiento del Estado Colombiano: Balance desfavorable en la implementación del Auto 004 y otros.

Los Pueblos Indígenas identificamos las grandes dificultades evidenciadas en escenarios de concertación, esto ha conllevado necesariamente al estancamiento, retraso, limitación e incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en general, los compromisos adquiridos en instancias nacionales de concertación (Mesa Permanente de Concertación, Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Comisión Nacional de Territorio entre otras) y enquistamiento de escenarios de vulneración de derechos en nuestros territorios.


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2.3.1. Programa de Garantía Después de 4 años de expedición del Auto 004 de 2009, no se ha comenzado con la implementación del Programa de Garantía, el cual se encuentra en la fase de construcción del plan de acción, para el cual se asigno un comisión denominada mixta, compuesta por representantes de las organizaciones indígenas con asiento en la MPC y entidades del estado colombiano coordinados por el Ministerio del Interior. Hemos observado que no existe una voluntad real del Gobierno Nacional de recoger las diferentes propuestas realizadas por los pueblos y organizaciones en el marco del proceso consultivo que se realizo para la construcción del programa de garantías en el cual, las autoridades representativas de los pueblos indígenas establecen unas prioridades amparadas en la lógica propia. A la fecha la carencia de un plan de acción impiden que el Programa de Garantía sea una realidad implementada en todo el territorio nacional. 2.3.2. Planes de Salvaguarda Cada pueblo indígena por intermediación de sus organizaciones representativas en este caso la ONIC y sus organizaciones regionales concertaron con el Ministerio del Interior la ruta metodológica que orientaría la construcción de los planes de salvaguarda; adicionalmente, cada pueblo concertó con la Dirección un marco lógico que contiene las acciones para la elaboración de los diagnósticos, fundado legalmente en la firma de un convenio, es resultado de un ejercicio comunitario que cada pueblo realiza a través de sus autoridades y organizaciones, con plena autonomía para conformar sus equipos técnicos, los cuales a su vez cuentan con el acompañamiento del equipo de profesionales de la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior. Sin embargo en la actualidad muchos pueblos no cuentan con el proceso de diagnostico, los cuales hasta la fecha de presentación de este informe están en elaboración, ya que algunos convenios fueron firmados a mediados del mes de marzo del 2013 y otros se encuentran frenados por dificultades administrativas al interior del Ministerio del Interior. Respecto a la implementación de los planes de salvaguarda, no existe claridad frente a las competencias de la Nación y los Entes territoriales, hemos observado que no existen mecanismos de coordinación institucional. Las entidades han manifestado como una de sus


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preocupaciones centrales el papel de las entidades territoriales especialmente en el caso de salud y educación, pero también en ambiente con relación al papel de las corporaciones autónomas. 2.3.3. Acuerdos PND: Los 96 acuerdos del PND concertados con los pueblos indígenas en el marco de la Mesa Permanente de Concertación en el año 2010, fueron producto de un intenso debate con el Gobierno Nacional, los cuales tienen como fin mejorar las condiciones de los Pueblos Indígenas de Colombia. Sin embargo a pesar de la importancia que ha tenido para los pueblo indígenas que se consulte un capitulo étnico a 2013 se observa un nivel de incumplimiento del 80% de los acuerdos. Es importante referirnos a los mismos debido a que el gobierno a presentado un informe a la honorable Corte Constitucional en contravía de lo que estamos afirmando. Se identifica como uno de los principales problemas sumado al incumplimiento de los acuerdos, la inexistencia de indicadores objetivos para medir el nivel de cumplimiento del Estado: cuando se diseña y adopta una política pública es obligatorio asignar unas metas e indicadores iniciales que permitan determinar el grado de avance o cumplimiento de la misma y su re direccionamiento en caso de que esta no cumpla su principio misional; ninguno de los 96 acuerdos cuenta con esos requerimientos, por lo tanto la medición de los avances por parte del gobierno resulta completamente subjetivo. 2.3.4. Decreto Ley 4633 de 2011 A pesar de ser uno de los ejes legislativos más relevantes en materia de atención y reparación integral a los Pueblos Indígenas y de ser la expresión concertada con los pueblos en cuanto a lo que se concibe como una prioridad en la materia, el balance de cumplimiento del Decreto Ley 4633 de 2011 no es nada alentador. a. Se evidencian déficits en la protección eficiente por parte del Estado a la emergencia humanitaria que están padeciendo los pueblos indígenas, aún persisten los vacíos en la atención de los impactos diferenciados para esta población. b. La atención y reparación a víctimas de pueblos indígenas requiere esfuerzos técnicos y presupuestales, sin embargo, el Conpes 3726 “presenta una estimación de los costos del Plan de Financiación de la Ley 1448 de 2011 para la población Indígena, Afro colombiana, Rrom y Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia, de acuerdo a los registros de estas poblaciones en el RUPV. De acuerdo


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al registro, la población correspondiente a cada uno de estos grupos incluía: Afrocolombianos (9,6%), Indígenas (2,7%), Rrom (0,7%) y Raizales del Archipielago de San Andrés y Providencia (0,1%).” La base para estimar los costos del plan de financiación de los decretos ley 4633, 4634, y 4635, presenta de entrada dos inconvenientes: el primero, el altísimo sub registro de indígenas en el RUPV, el segundo, que comunidades y pueblos indígenas han sido víctimas de múltiples violaciones a sus derechos humanos en el marco del conflicto armado, de manera que el partir de un evidente subregistro restringiría el presupuesto para la reparación integral. c. Aunque el Estado colombiano avanzo a través de la emisión previa consulta de un instrumento normativo específico para la atención a las víctimas indígenas, esta normatividad presenta vacíos para su implementación efectiva de un proceso de reparación étnica. En la actualidad el Estado Colombiano no cuenta con una adecuación institucional para atender con enfoque diferencial a las victimas indígenas, lo que no ha permitido el acceso integral de la población afectada. d. Observamos que hasta la fecha no existe una ruta de atención de victimas indígenas con enfoque diferencial toda vez que la institucional ha venido entendiendo el enfoque diferencial sin contar con la participación de los propios pueblos indígenas y las organizaciones indígenas, lo que ha llevado a que persistan las dificultades de atención. 3. Conclusiones: 3.1. 3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Se mantiene el Estado de Cosas Inconstitucional para los pueblos indígenas en situación y riesgo de desplazamiento forzado. En ese sentido, persisten los riesgos de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas en Colombia, debido a la intensificación del conflicto armado en territorios indígenas, así como de sus factores vinculados y subyacentes. Si bien el gobierno nacional ha desarrollado ciertas acciones, estas no han sido coordinadas y sistemáticas, ni proporcionales a los riesgos de exterminio físico y cultural que enfrentan los pueblos indígenas del país. Aún no se ha dado cumplimiento a la ley 21 de 1991 que ratifica el convenio 169 de la OIT, el cual desarrolla un conjunto de criterios y acciones en el marco de la protección de derechos de los pueblos indígenas y tribales. El documento CONPES 3726 por medio del cual se establecen metas, indicadores y mecanismos concretos para poner en marcha Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las


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Víctimas, parte de una caracterización inadecuada de las víctimas indígenas, puesto se basa en las cifras del RUPD, según el cual “la población registrada correspondiente a cada uno de estos grupos incluía: Afrocolombianos (9,6%), Indígenas (2,7%), Rrom (0,7%) y Raizales del Archipiélago de San Andrés y Providencia (0,1%). (y señala que) Los costos calculados hacen referencia a las medidas de asistencia y a los componentes de reparación que se pueden identificar con base en el registro”. Este estimado de costos con base en el RUPD desconoce los problemas de subregistro de familias indígenas, y contrasta con la cifra de la Comisión de Seguimiento en su III Encuesta Nacional de Verificación (2010) “En 2010 se encontró un 28,8% de la población desplazada que declara su pertenencia a algún grupo étnico (…) Por grupo étnico es clara la predominancia del grupo afrocolombiano que representa el 22,5% de la población desplazada RUPD (…) mientras que los grupos indígenas representan un 6,4% (…)Estos datos permiten confirmar la especial fuerza con que estos dos grupos han sido golpeados por el desplazamiento, en la medida en que su participación en la población desplazada supera con creces la participación que, según el censo de 2005, tienen en la población total del país”. De manera que es fundamental partir de una caracterización más adecuada a la realidad de los pueblos indígenas y en esa medida ajustar el presupuesto designado para la protección, asistencia, atención, y reparación integral a pueblos y comunidades indígenas y sus miembros individualmente considerados en el marco de lo establecido en el decreto ley 4633 de 2011. 4. Recomendaciones: 4.1.

4.2.

Se recomienda solicitar al Estado Colombiano realizar urgentemente la Constitución, titulación, ampliación y saneamiento de los territorios de los pueblos en riesgo de extinción física y cultural -incluidos o no dentro de los 36 pueblos que están dentro de la orden 004 de 2009. Se recomienda solicitar al Congreso de la República que en consulta con los pueblos indígenas desarrolle los sistemas propios de salud SISPI, educación SEIP, las leyes orgánicas y estatutarias para desarrollar los artículos 246 (jurisdicción indígena), y artículos 329 y articulo 76 entidades territoriales indígenas) y las contenidas en el articulado del convenio 169 de la OIT.


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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7. 4.8.

Se recomienda la formulación e implementación de una política pública diferencial construida desde los pueblos indígenas para la protección de derechos de los pueblos indígenas. Esta política pública integraría programa de garantía de derechos de los pueblos indígenas y los planes de salvaguarda étnica. Su puesta en marcha implica presupuesto suficiente, ajustes institucionales pertinentes, y mecanismos efectivos para la coordinación nación – territorio, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia. Es fundamental el seguimiento a la formulación e implementación de esta política pública, así como de los ajustes institucionales que se requieran para avanzar en el goce efectivo de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y sus miembros individualmente considerados, de igual modo a la ruta y mecanismos para la articulación naciónterritorio. Solicitar al gobierno colombiano establecer un cronograma preciso de cumplimiento efectivo del programa de garantía y planes de salvaguarda étnica y que estos se cumplan bajo la metodología acordada con cada pueblo, apropiando los recursos necesarios para ello. Reconocer la vulnerabilidad extrema de pueblos indígenas en riesgo de extinción física y cultural que no están cobijados bajo la orden de planes de salvaguarda étnica, pero que debido a su crítica situación y a los riesgos que enfrentan requieren similares medidas de protección a las que la Honorable Corte Constitucional ordenó en el auto 004 para 36 pueblos indígenas. Llamar la atención sobre la continuidad de desplazamientos y violencia contra pueblos indígenas que se han dado con posterioridad a la fecha de expedición de los autos 004, 382, 174, 173, y auto Embera, y demandar que las autoridades respectivas rindan informes periódicos sobre las razones por las cuales persisten dichos factores de violación, así como las medidas que se han dado para contrarrestarlos en el marco del el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional. Verificar la articulación de las medidas ordenadas en el auto 004, con la implementación del decreto ley 4633. La persistencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y DIH de los pueblos indígenas, ha derivado en riesgos para su pervivencia física y cultural, como bien lo identificó la Corte Constitucional en el auto 004 de 2009, por esta razón es fundamental que las autoridades competentes adopten y formulen tanto medidas de prevención de estas violaciones como de protección colectiva


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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Solicitar al gobierno nacional ajustar el Conpes 3726, e por medio del cual se establecen metas, indicadores y mecanismos concretos para poner en marcha Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ya que los recursos asignados para pueblos indígenas son bastante reducidos y no permiten asumir las obligaciones en materia de cumplimiento del decreto con fuerza de ley 4633 de 2011. Se recomienda el seguimiento a los compromisos y acuerdos adquiridos por el gobierno nacional en el marco de la mesa permanente de concertación y sus comisiones temáticas, así como los acuerdos realizados del gobierno nacional con los pueblos indígenas en el marco de escenarios regionales, los planes de salvaguarda y el programa de garantías. Debido a que las organizaciones indígenas han denunciado bombardeos en sus territorios por parte de la Fuerza Pública, se recomienda al Estado colombiano investigar y establecer mecanismos adecuados de sanción en los casos en que miembros de la Fuerza Pública hubieren empleado uso desproporcionado de la fuerza y fuerza letal injustificada en contra estos pueblos. Por cuanto el conflicto armado y el desplazamiento forzado han tenido un impacto desproporcionado sobre los pueblos indígenas, se recomienda la suspensión de los procesos de consulta previa para la explotación de recursos naturales y otras obras, proyectos y actividades de intervención en el territorio, hasta tanto no se implementen medidas de protección específicas para comunidades, entre ellas, las establecidas en el plan de salvaguarda. Luego de estas garantías mínimas para estos pueblos es posible proceder a la realización de consultas previas con arreglo a lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia. Teniendo en cuenta que las familias y comunidades en situación de desplazamiento habitan en las periferias urbanas o en territorios rurales en condiciones de vulnerabilidad extrema, se recomienda la construcción y adecuación de albergues para familias y comunidades en situación de desplazamiento: i) se sugiere que la Unidad de Atención Integral a Víctimas, y las entidades competentes financien y concerten con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, alberges en sitios seguros que ellos identifiquen al interior de los territorios de los pueblos para la recepción de familias en situación de desplazamiento, ii) Igualmente que las ciudades receptoras habiliten albergues para la población indígena en situación de desplazamiento en entornos seguros para esta población. Tanto


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en albergues rurales como urbanos los gobiernos deben garantizar soluciones duraderas para las comunidades víctimas de desplazamiento forzado. 4.14. Se recomienda a la Corte Constitucional que mantenga una inspección directa a la situación de las familias y comunidades indígenas desplazadas y en riesgo en las ciudades receptoras, y en los territorios expulsores.

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Situación pueblos indígenas resumen ejecutivo  

Situación pueblos indígenas resumen ejecutivo  

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