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Informe 2014 Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz.

Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC


Informe 2014 Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz Organización Nacional Indígenas de Colombia – ONIC

1. Presentación Este es un aparte del capítulo interminable de los 50 años de conflictos entre grupos armados legales e ilegales como son el Ejército Nacional, los herederos postdesmovilización de las AUC: Gaitanistas, Rastrojos, Urabeños, Águilas Negras, entre otros, el M-19, el EPL, el ELN y las FARC-EP, quienes a lo largo de este tiempo continúan vulnerando la vida de los pueblos indígenas. En la noche interminable de colonización y conflicto, la violencia desproporcionada vivida por los sectores estructuralmente vulnerables de la sociedad colombiana, ha desatado un tipo de violencia y formas perjudiciales que invisibilizan nuestra situación, circunstancia que como víctimas del conflicto, se precisa una aclaración de las ramificaciones políticas del mismo. En condición de defensores de los derechos de los Pueblos Indígenas, queremos hacer énfasis en la problemática de visibilidad de la violencia y los procesos que son invisibles, identificar estas dinámicas especialmente donde la historia reciente de violencia política armada y narcotráfico, sigue siendo un “secreto público”, y donde nuestra población en general se ve atrapada en el miedo a niveles indescriptibles. En términos más generales, llamar la atención sobre las formas en que la violencia estructural se conecta con las formas invisibles de violencia, es particularmente importante en la era contemporánea de neoliberalismo globalizado, industrialización de la tierra y la creciente ostentación de acciones criminales, muertes organizadas y acciones bélicas, que oscurecen las jerarquías de poder históricamente constituido e imponen un sufrimiento desproporcionado sobre los Pueblos Indígenas según violaciones y vulneraciones predecibles. Nuestro enfoque hace énfasis en la forma en la que grandes fuerzas políticas y económicas, históricamente arraigadas causan estragos en los cuerpos de los sectores de la población socialmente vulnerable. A pesar de su invisibilidad, la violencia estructural está moldeada por instituciones, relaciones y campos de fuerza identificables, tales como la discriminación, la inequidad de género, la política de desarrollo, la política de despojo y los términos desiguales de intercambio en el mercado global entre las naciones industrializadas y las no industrializadas.

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Así vemos a través del concepto de “violencia normalizada” llamar la atención sobre la producción social de indiferencia ante las brutalidades institucionalizadas, que coincide con el argumento de un “cultura del terror” (Taussig, 1992), por el cual la omnipresencia de la brutalidad y las violaciones a los Derechos Humanos crea un “espacio de muerte” que normaliza el asesinato, la amenaza y silencia la oposición. Así reconocemos que para los Pueblos Indígenas, cada día es un Estado de Emergencia. Después de un comunicado emitido para finales del año 2013 por el grupo armado Águilas Negras en contra de nuestras organizaciones indígenas y su dirigencia, señalándonos de colaboradores de la guerrilla y obstáculo para el desarrollo del país, deslegitimando y estigmatizando nuestra justa acción de protesta colectiva, para defender la vida y la autonomía de nuestros pueblos, además de las reiteradas acciones del crimen organizado, las políticas de Estado, el accionar de los armados, han constituido constantes violaciones de los derechos humanos - DDHH - e infracciones al derecho internacional humanitario DIH-, siendo los más afectados los pueblos indígenas Emberá Chamí, Emberá Dobida, Emberá Eyábida, Emberá Katío, Epedara Siapidara, Nasa, Zenú, Wayuu, Sikuani, Wiwa Wounaan y Nukak. Los intereses de la fuerza pública por combatir la insurgencia en Colombia ha producido una fuerte presión en búsqueda de resultados militares, lo que ha desencadenado que el Ejército colombiano genere combates violentos en territorios indígenas, además de los combates por control territorial entre fuerzas armadas legales e ilegales, lo que en consecuencia ha dado pie para el sembrado de minas antipersona y acciones bélicas, produciendo numerosas víctimas por desplazamiento forzado, amenazas y homicidios principalmente. Ante este panorama la situación de los Pueblos Indígenas en gran parte es invisible ante instancias nacionales e internacionales, si a esto le sumamos la ineficaz intervención y respuesta de las instituciones del Estado responsables de la atención a las víctimas y el silencio que deben guardar ante las represalias por posibles denuncias. El análisis que presentamos a continuación sobre los impactos de las violaciones a los DHH e infracciones al DIH, perpetradas en contra de los pueblos indígenas en Colombia, para el presente año está correlacionado con tipos de violaciones concernientes a: Amenazas colectivas e individuales, Amenazas a personas protegidas, Homicidios, Confinamiento, Desplazamiento forzado, Mortalidad Infantil, Reclutamiento forzado y Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, DIH y Paz, Calle 12B No. 4 – 38 Teléfonos:(57+1) 284 21 68 - 281 18 45 Correo – e: derechoshumanos@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá D.C., Colombia

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Acciones bélicas. Las fuentes sobre las que se hace este informe se argumentan desde los comunicados y denuncias que hacen nuestras regionales desde sus territorios y que desde la Consejería de los Derechos de los Pueblos indígenas, hemos coadyuvado para dar a conocer a las entidades del Estado los hechos que vulneran la vida de nuestros Pueblos. Los pueblos indígenas en Colombia han sido, sin lugar a dudas, la población más vulnerada por el conflicto armado colombiano en los últimos años. El escenario de la guerra se ha trasladado materialmente a los territorios indígenas, por lo cual nos ha victimizado directamente. Como se verá en este informe los pueblos indígenas han sido víctimas de una secuencia escalofriante de vulneraciones por parte de los grupos armados ilegales, y en algunos casos, según se denuncia, por parte de miembros de la Fuerza Pública. Varios líderes, lideresas y comunidades han sido declarados objetivo militar por distintos grupos armados, lo que ha causado el desplazamiento de amplios segmentos de diferentes pueblos, tanto en forma masiva como individual. Dado que la causa principal de afectación de los pueblos indígenas ha sido la intromisión en sus territorios de grupos armados, ha generado los señalamientos y vinculación directa e indirecta de sus miembros con las partes en confrontación y su incorporación forzada al conflicto, por lo cual las amenazas se han incrementado con relación a cifras de años anteriores. Los Pueblos Indígenas y sus territorios siempre nos hemos declarado por fuera del conflicto, somos sujetos políticos colectivos para construir propuestas de Paz, que garanticen nuestro derecho fundamental a la vida y la pervivencia. Por tanto, hemos exigimos a las guerrillas, los paramilitares y la Fuerza Pública, no vincular a nuestras comunidades en su guerra y conflicto y mucho menos intimidarnos con sus amenazas. Para los Pueblos Indígenas en Colombia, la Paz no es solo una palabra o un discurso, es una práctica que cotidianamente vivimos y practicamos en los territorios, en nuestros ciclos de vida y con todos aquellos que nos relacionamos. 2. Violaciones a los Derechos Humanos –DDHH Pese a las órdenes dadas por el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional de Colombia, frente a la protección de al menos 64 pueblos indígenas en estado de alto riesgo de exterminio físico y cultural, por causa del conflicto armado y del desplazamiento forzado, el contexto de vulneraciones que presentamos a continuación reafirma la ineficacia de las

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medidas de protección emitidas por instancias nacionales e internacionales a favor de los pueblos indígenas. En la base de la afectación de los pueblo indígenas por el conflicto armado se encuentra el hecho de que el territorio tradicional se transformó en escenario de operaciones militares, por la presencia de las tres partes en conflicto, sus confrontaciones y el involucramiento de la población indígena, en el conflicto. Así presentamos la tabla general de afectaciones para este año. Tabla I. Violaciones a los DH de los Pueblos Indígenas e infracciones al IDIH. Enero a septiembre de 2014. Acción Bélica Amenaza Amenaza Colectiva Amenaza individual a persona protegida Amenaza individual a persona protegida - DIH Ataque a misión humanitaria Atentado persona protegida Confinamiento Desplazamiento Forzado Detención arbitraria Fumigación Herida Herida intencional de persona protegida Homicidio Intento de homicidio MAP/MUSE Mortalidad Infantil Reclutamiento Forzado Tortura Violencia sexual Total general

Impacto del evento 7 21 3 11 1 3 2 236 2819 1 1 1 9 10 7 3 45 11 1 1 3193

Fuente:(Enero-Septiembre de 2014) Sistema de Información de la Consejería de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, DIH y Paz

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2.1 Homicidio En cuanto a los asesinatos de miembros de los pueblos indígenas la información aportada por múltiples fuentes, especialmente por los comunicados emitidos por las diferentes organizaciones indígenas regionales, han sido asesinados por los actores armados por múltiples razones: a) señalamientos infundados; b) negarse a colaborar con los grupos armados presentes en sus territorios; c) ser señalados de colaborar con alguno de los actores armados; d)denunciar violaciones a los derechos humanos en los territorios. Algunos habían sido amenazados con anterioridad. Muchos eran líderes o autoridades que habían sido intimidados. En algunas ocasiones se atribuyen los asesinatos de indígenas a miembros de la Fuerza Pública. El número de víctimas reportadas hasta el mes de septiembre por este hecho son (10) personas, como consecuencia de asesinatos selectivos de líderes y lideresas por el accionar de fuerzas armadas, por lo cual, se ven afectados el pueblo Nasa del departamento de Cauca con (3) personas, el pueblo Awá del departamento de Nariño, con (2) víctimas, el pueblo Emberá Chamí con (2) personas asesinadas, seguido del pueblo Emberá Dobida con (2) personas asesinadas y pueblo Emberá Eyábida con (1) persona asesinada. Paralelo a esta vulneración se presentaron afectaciones que atentan contra la vida e integridad física de nuestros compañeros, líderes y lideresas indígenas entre esos siendo el más afectado el pueblo Nasa con un reporte de (9) personas protegidas víctimas de heridas intencionales, seguidamente el pueblo Wounaan con (1) persona herida, el pueblo Awá con (1) atentado a persona protegida. El pueblo Wiwa reporte (1) persona por intento de homicidio a persona protegida, igual que el pueblo Emberá Chamí con (1) persona.

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Tabla II. Perpetrador de homicidio, 2014. Perpetrador Impacto del evento Águilas Negras 2

Gráfica I. Homicidio por Pueblo. Eneroseptiembre 2014 Nasa

Homicidio

Embera Eyábida, Emberá Dobida Emberá Chamí Awá

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Desconocido

5

FARC-EP

2

FARC-EP/Ejercito Nacional

1

Total general

10

Fuente:(Enero-Septiembre de 2014) Sistema de Información de la Consejería de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, DIH y Paz

2.1.

Amenazas

Entre las múltiples violaciones de derechos humanos las víctimas han sido, las autoridades tradicionales, líderes indígenas y comuneros que resaltan las amenazas de diferentes tipos perpetrados por agentes estatales, en particular por miembros de la Fuerza pública, grupos guerrilleros y paramilitares, ocurrieron principalmente en el contexto del conflicto armado interno y de abuso militar y policial en el desarrollo de movilizaciones pacíficas de indígenas y miembros de organizaciones sociales, y la participación en política de los mismos. Mientras que hay amenazas atribuidas a las guerrillas de las FARC-EP y el ELN que obedecen a controles de comportamiento y de las pautas culturales propias por parte de estos grupos armados ilegales. Estos controles se materializan en el establecimiento de reglamentos y códigos de conducta que se ejecutan mediante amenazas e intimidaciones, que impiden de raíz el desarrollo de las prácticas culturales autóctonas. En tanto que las

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que son responsabilidad de grupos paramilitares se dieron en el contexto de hostigamientos, señalamiento y persecución política. La situación por la que atraviesan los pueblos indígenas en relación a esta violación es supremamente alarmante, el número de comunicados emitidos por los grupos armados ilegales y post-desmovilizados de las AUC va en aumento, los fuertes señalamientos de líderes y lideresas indígenas y las amenazas de muertes contra su vida a través de estos, crea alrededor de la población Indígenas una atmosfera de miedo y terror con la intención de acallar las voces de protesta y denuncia, de la cua,l el Estado colombiano ha hecho caso omiso a esta situación. Pese a las Acciones Urgentes que se han emitido a las unidades encargadas para la protección de nuestros dirigentes, al día de hoy, nada se ha hecho para garantizar su vida y por el contrario se incrementa esta estrategia de silenciamiento. En lo que va corrido del año se han presentado un reporte de (36) amenazas en contra de nuestros compañeros indígenas, en donde se estigmatiza su labor como defensores de los derechos de los pueblos indígenas y las acciones colectivas de exigencia de derechos ante el Estado colombiano. Las víctimas por esta violación se presentan en el pueblo Eperara Siapidara de los departamentos del Valle del Cauca y Chocó con (6) indígenas amenazados, el pueblo Nasa del departamento de Cauca con (6) reportes, el pueblo Emberá Chamí del departamento de Risaralda, con (3) victimas, el pueblo Bari del departamento de Norte de Santander con (1) víctima y el pueblo Zenú con (1) amenaza. 2.1.1. Amenazas Colectivas De esta violación se han reportado (4) amenazas colectivas en contra de organizaciones indígenas correspondiente a la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca ACIVA-RP- y la Organización Indígena del Valle del Cauca –ORIVAC-, donde grupos postdesmovilización pertenecientes a las “Águilas Negras y Rastrojos del bloque militar Valle del Cauca”, han declarado objetivo militar a estas organizaciones, por su presunto papel de auxiliadores de la guerrilla y obstaculizar la industrialización de la tierra. De la misma manera el Consejo Regional Indígena del Cuaca -CRIC- y la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- han sido estigmatizadas y señaladas gravemente por estos grupos paramilitares.

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Así mismo el pueblo Nasa del departamento del Cauca, reporto (1) amenaza y a su vez el pueblo Siona del departamento del putumayo también ha sido afectado con esta violación (1) reportando amenazas al grueso de la comunidad. 2.1.2. Amenaza individual en persona protegida Sobre este tipo se han perpetrado (10) amenazas en contra de nuestros líderes, lideresas y indígenas, de los cuales los pueblos afectados han sido el Emberá Chamí del departamento del Valle del Cauca, con (4) afectaciones, el pueblo Nasa del departamento del Cauca con (2) casos reportados, el pueblo Wayuu del departamento de la Guajira con (2) líderes amenazados, seguido del pueblo Wounaan con (1) reporte. 2.1.3. Amenaza individual en persona protegida- DIH Las afectaciones en este tipo se han generado contra el pueblo Nasa del departamento de Cauca con (1) persona la cual es autoridad espiritual y dirigente, quien ha sido amenazada por la insurgencia en el departamento del Cauca. La región se constituye como un lugar de conflicto por los diversos actores armados que se disputan el control territorial, es así que los indígenas Nasa han sufrido distintas vulneraciones que los hacen víctimas de asesinatos selectivos a líderes y lideresas, reclutamiento forzado en mayor medida, violencia sexual, entre otras violaciones por llevar acabo dinámicas de organización indígena para frenar estas afectaciones y ejercer el legítimo derecho a la determinación territorial. Tabla III. Amenazas por Perpetrador. Periodo Enero-septiembre de 2014

Impacto del evento

Águilas Negras Amenaza Amenaza Colectiva Amenaza individual a persona protegida Águilas Negras y Rastrojos Amenaza Águilas Negras/ Rastrojos Amenaza

12 4 3 5 1 1 8 8

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Desconocido Amenaza Amenaza individual a persona protegida Ejército Nacional Amenaza individual a persona protegida FARC-EP Amenaza Amenaza individual a persona protegida Amenaza individual a persona protegida - DIH Rastrojos Amenaza Urabeños Amenaza Total general

7 4 3 1 1 4 1 2 1 2 2 1 1 36

Fuente:(Enero-Septiembre de 2014) Sistema de Información de la Consejería de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, DIH y Paz

2.2.

Detenciones Arbitrarias

Esta afectación hasta la fecha se ha presentado en el pueblo Wayuu del departamento de la Guajira con (1) persona afectada. Esta persona fue conducida a la estación departamental de policía de la Guajira, en la ciudad de Riohacha, sin presentar orden de captura y sin que se aclaren los motivos de detención ilegal a la víctima y a sus familiares. 2.3.

Mortalidad Infantil

Esta afectación preocupa en gran medida a la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, pues el Estado colombiano no ha sido ineficiente en el acompañamiento de los procesos de retorno a los pueblos indígenas víctimas de desplazamiento forzado. De este accionar se ha desarrollado un gran número de violaciones a los derechos individuales y colectivos de nuestra infancia indígena. La ONIC aboga por el pleno respeto y cumplimiento de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. Asimismo, protege la integridad étnica, física y cultural de los pueblos, a través de la defensa y promoción de sus derechos, es por ello que rechaza las Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, DIH y Paz, Calle 12B No. 4 – 38 Teléfonos:(57+1) 284 21 68 - 281 18 45 Correo – e: derechoshumanos@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá D.C., Colombia

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vulneraciones a los derechos fundamentales de la niñez indígena en Colombia. Sobre todo la situación del pueblo Emberá Katío del departamento de Chocó en condición de retornados, después de haber sido víctima de desplazamiento forzado, por otro lado, está el pueblo Wayuu del departamento de la Guajira donde la población vive en condiciones extremas de subsistencia. En este sentido, la falta de garantías en las responsabilidades asumidas por las entidades del gobierno, referidas a la atención y prevención de la mortalidad infantil por desnutrición y deshidratación, sufrimientos de enfermedades prevenibles, falta de acceso a atención oportuna, falta de afiliación, ausencia de brigadas de salud en los territorios y carencia de programas de etno-salud, ha generado como consecuencia el deceso de la población infantil. 2.3.1. Pueblo Emberá Katío La situación de crisis humanitaria de las familias Emberá retornadas al Alto Andagueda departamento del Chocó persiste y, el incumplimiento en materia de cubrir necesidades básicas como: alimentación, vivienda, acceso a vías, salud y educación, evidencia la omisión del Estado y acrecienta la posibilidad de nuevos desplazamientos por estas insuficiencias. Las instituciones del Estado han suscrito desde el año 2000 un número importante de actas de compromisos para la atención de esta población, los cuales han venido siendo incumplidas de forma reiterada, sin que hasta la fecha exista una investigación por parte de los órganos de control como la procuraduría y la contraloría a estas entidades. La importancia del cumplimiento de los compromisos pactados por la institucionalidad para la atención de las víctimas es relevante por la obligatoriedad que existe del cumplimiento de las instituciones del Estado Colombiano en su orden municipal, departamental y nacional, pero también porque estas garantías a los derechos fundamentales son garantías que requieren estas comunidades para evitar el desplazamiento y no se vean abocados a soportar condiciones de mendicidad y de mayor vulnerabilidad a su integridad personal y cultural que venían viviendo en contextos urbanos. Para esta población en retorno, ha sido una demanda que las brigadas de salud y las unidades móviles sean suficientes para su atención, se requiere de atención inmediata y Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, DIH y Paz, Calle 12B No. 4 – 38 Teléfonos:(57+1) 284 21 68 - 281 18 45 Correo – e: derechoshumanos@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá D.C., Colombia

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con carácter diferencial, además de un centro de salud de fácil acceso, exigencia de los pueblos indígenas y compromiso del Estado que a la fecha se ha hecho esperar. El gobierno ha incumplido los acuerdos y no garantizo las debidas condiciones de seguridad y dignidad para el retorno, lo cual ha tenido como consecuencia la muerte de (45) niños y niñas entre 0 y 8 años de edad, situación humanitaria que entre los meses de diciembre de 2013 y abril 2014, las autoridades indígenas del Alto Andagueda habrían puesto en conocimiento de la institucionalidad la muerte de los primeros niños y niñas, ante lo cual el gobierno nacional no tomo medidas efectivas frente a esta situación y el número de niños y niñas muertos se incrementó. La causa de la muerte de estos niños ha sido por enfermedades prevenibles, que por no tener una atención médica oportuna y no contar con carreteras en condiciones óptimas para llegar a tiempo a un hospital, se presenta el lamentable deceso. 2.3.2. Pueblo Wayuu La crisis humanitaria que padece el pueblo Wayuu, es un problema de orden nacional, conocido por todos los entes locales, nacionales e internacionales, que evidencia la grave situación que enfrentan niños, niñas, madres gestantes y adultos pertenecientes al pueblo Wayuu, en particular al municipio de Riohacha, la muerte de más de (4000) niños en los últimos cinco años por desnutrición, es una situación por la cual los líderes y lideresas de las 145 comunidades Wayuu, han venido reclamando ante las autoridades estatales, por los nefastos incumplimientos de estos frente a esta problemática, sin obtener respuesta que dieran cuenta de la dimensión de la situación. Esta crisis humanitaria a la cual el estado colombiano no ha dado la cara, obedece al aumento de la situación de desnutrición en la población indígena de Riohacha, en particular de los niños y niñas, a la situación climática y ambiental critica que incide en la escases de agua potable y alimentos, la ausencia de programas sociales que permitan enfrentar esta situación, la acentuación de la mortalidad infantil y materna y el subregistro en los sistemas de información en relación con los casos de muertes de niños y niñas indígenas. Esta problemática trajo consigo una serie de incumplimientos a diferentes compromisos asumidos por las entidades del gobierno nacional, que llevó al pueblo Wayuu a través de Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, DIH y Paz, Calle 12B No. 4 – 38 Teléfonos:(57+1) 284 21 68 - 281 18 45 Correo – e: derechoshumanos@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá D.C., Colombia

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sus líderes y apoyo de la ONIC, a protestar antes las instituciones municipales y departamentales por el cumplimiento de los acuerdos y en la adopción de medidas efectivas frente a la crisis humanitaria. Situación que fue objeto de la indiferencia de funcionarios y funcionarias de diferentes entidades del Estado. Gracias a la visibilización que se le dio a esta situación a través de comunicados públicos, documentales con medios audiovisuales que fueron trasmitidos por televisión, y al apoyo de diferentes instituciones u organizaciones interesadas en la problemática, se pudo determinar las cifras reales de la afectación arrojando resultados aterradores, de diferentes fuentes investigativas así: 

Según lo manifestado por Arismendi Morales, director departamental de Planeación de la Guajira, “durante el periodo 2008-2013 se logró identificar con nombre propio (196) muertes de niños y niñas menores de cinco años por desnutrición. Con base en cifras reportadas por el DANE: En el periodo 2008 – 2013 murieron oficialmente (2.969) niños menores de cinco años, de los cuales sólo (278) correspondieron a desnutrición, los restantes (2.691) casos corresponden a otras patologías que podían haber sido tratadas si los servicios de salud y demás entidades hubieran asumido sus competencias como lo consagra la ley. Muertes fetales, que en el periodo 2008 - 2013 fue de (1.202) casos.

Escandalosa cifra de (4.171) niños y niñas desde la gestación y hasta los cuatro años de edad han muerto en la Guajira. En lo corrido del año 2014, y según reporta el SIVIGILA del Instituto Nacional de Salud, en el departamento de la Guajira durante las primeras ocho semanas (enero y febrero de 2014), han muerto tres niños por desnutrición, han nacido 47 niños con bajo peso (lo que implica igual número de madres gestantes o lactantes con desnutrición), la morbilidad materna extrema presenta 47 casos y la mortalidad perinatal y neonatal tardía llega a 20 casos, más otras patologías. No cabe duda que existen múltiples mandatos internacionales, nacionales, constitucionales, legales y jurisprudenciales que obligan a adelantar una lucha decidida contra la desnutrición y la mortalidad infantil y que aquellos son las orientaciones sobre las cuales se deben construir las acciones concretas y efectivas, no asistencialistas, que 13

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deben asumir las administraciones territoriales en articulación y monitoreo de las instituciones estatales del nivel nacional y con la participación permanente de las comunidades involucradas. Lo contrario, compromete de manera palmaria la responsabilidad del Estado tanto a nivel nacional como internacional. Bajo este argumento, las acciones estatales no pueden ser programas aislados y desarticulados a esta problemática, que lejos está de superarse en tanto no se enfrenten las causas y los distintos factores de vulnerabilidad, requieren compromisos serios, responsabilidades determinadas, trabajo articulado, resultados verificables y monitoreo constante. En razón a ello, tanto la planeación territorial como la actuación estatal nacional tienen responsabilidad ineludible. Frente a la planeación estatal basta con señalar que son las gobernaciones y alcaldías las llamadas a cumplir con su programa de gobierno como mandato de la ciudadanía (art. 1 de la Ley 131 de 1994, en desarrollo del art. 259 de la Constitución) y que no sólo es un deber de todas las personas que se desempeñan como servidores públicos formular, decidir oportunamente o ejecutar los Planes de Desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio público (art. 3 de la Ley 734 de 2002), sino que su incumplimiento constituye una falta disciplinaria (art. 50 de la Ley 734 de 2002), adicional a que como bien lo señala el Código de Infancia y Adolescencia, el incumplimiento en materia de políticas públicas de infancia y adolescencia es sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta y conlleva la rendición pública de cuentas (art. 204 de la Ley 1098 de 2006). Sin perjuicio de lo anterior, se requiere que todas las instituciones tengan en cuenta que no sólo es crítica la situación de los niños y las niñas indígenas, dado que las mujeres embarazadas y lactantes y los adultos sufren una situación también preocupante y por lo mismo sus problemáticas y especificidades deben estar también en el centro del accionar, atendiendo siempre los factores de vulnerabilidad.

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3. Violencia Sexual Distintas afectaciones se han asociado al impacto que tiene la violencia sexual en la vida de las mujeres. La vergüenza, la pérdida de autoestima, las heridas espirituales, culturales y emocionales, el miedo al rechazo y a las represalias, la falta de garantías de seguridad, los daños en la salud física, mental y social, entre muchas otras, inmovilizan1. Estas afectaciones juegan un papel importante en la decisión de las mujeres para denunciar los hechos de lo que han sido víctimas, en razón a ello las mujeres no denuncian inmediatamente ocurren lo hechos, incluso pueden pasar años para que se decidan a hablar. La recuperación espiritual y la recomposición de la armonía afectada, no sólo del cuerpo sino del alma, son necesarias para enfrentarse a un aparato judicial, lo que explica que sólo meses e incluso años después se hable y denuncien los hechos. En este sentido, resulta factible y comprensible que el registro de estas violaciones en un determinado periodo, de cuenta de hechos ocurridos con anterioridad al periodo reportado. Por otro lado, la violencia sexual, como una violación a los derechos humanos de las mujeres, le impone al Estado una obligación reforzada basada en la debida diligencia que se debe seguir en las investigaciones y sanciones, para que sean, en particular, efectivas, disuasivas y reparadoras, pero sobre todo en escenario de dignificación de las mujeres. Uno de los principios de esta debida diligencia es la oportunidad2, en la medida que la investigación debe iniciarse de manera inmediata y ser llevada a cabo en un plazo razonable. Lo contrario constituye una violación de las garantías judiciales 3 y una revictimización4, dejando entre tanto un palmario mensaje: denunciar no tiene ningún efecto reparador en la vida de las mujeres. Así, el contexto de impunidad, que se ha constatado en materia de violencia sexual, da un clara idea de tolerancia a la violencia en 1

Corte Constitucional, Auto 092 de 2008 “factores culturales tales como la vergüenza, aislamiento y estigmatización sociales generados sobre una mujer por el hecho de haber sido víctima de violencia sexual, las llevan a ellas, e incluso a sus propias familias y comunidades, a abstenerse de denunciar lo ocurrido para no violentar lo que se percibe como el “honor” de la afectada o de sus parientes”. 2 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. Debida Diligencia en la Investigación de Graves Violaciones a Derechos Humanos. Argentina, 2010. 3 Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 66. 4 “La tarea de esclarecer las dimensiones y la sistematicidad de la violencia sexual dentro del conflicto armado colombiano registra importantes dificultades. Esto ocurre por la pervivencia de aspectos sociales y culturales que han naturalizado la violencia contra la mujer y la población LGBTI, en especial la violencia sexual. La estigmatización y revictimización que ocurren tanto en ámbitos sociales como institucionales han inhibido la denuncia y silenciado estos hechos”. Grupo de Memoria Histórica. ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad Informe General Grupo de Memoria Histórica. 2013.

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el marco de una cultura discriminatoria que reproduce la violencia contra las mujeres, pero además incide en que año tras año las mujeres dejen de denunciar los hechos de violencia y justifica que continuamente se visibilicen los hechos de violencia sobre los cuales el aparato de justicia no presenta avances contundentes. 4. Infracciones al Derecho Internacional Humanitario-DIH Los derechos fundamentales individuales y colectivos de los pueblos indígenas están sujetos a violaciones de naturaleza “permanente, sistemática y generalizada”, derivadas de infracciones constantes del Derecho Internacional Humanitario por todos los actores enfrentados en el conflicto armado colombiano. No cabe duda de que los pueblos indígenas en Colombia atraviesan por una crisis humanitaria de proporciones desmesuradas con antecedentes en la historia de los pueblos indígenas colombianos, que les ponen en claro riesgo de exterminio por el conflicto armado. Esta reconfiguración e intensificación del conflicto armado ha incrementado las infracciones al DIH, a través de desplazamientos de comunidades, reclutamiento forzado de jóvenes, uso de informantes de la población civil, para estrategias militares de inteligencia del Ejército Nacional, la guerrilla o los paramilitares lo que afecta nuestras formas propias de gobernabilidad y autonomía en el control del territorio y jurisdicción propia.

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4.1.

Desplazamiento Forzado

A pesar de los cinco años trascurridos hasta la fecha de la expedición del auto 004 y la Sentencia T-025, donde se establecen condiciones claras para la protección de la población indígena en situación de desplazamiento, se han estableciendo órdenes específicas a las entidades del gobierno y estas en su interés de mostrar el cumplimiento han desplegado programas en pro de ayudar a la población víctima de la violencia armada; lo que no ha trascendido en la protección y reparación efectiva y no repetición de los daños causados por las violaciones cometidas, lo que deja ver claramente que el accionar de las entidades estatales ha sido insuficiente y no garantizan la protección de los derechos de los pueblos víctimas del conflicto armado. Las vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas va cada día en aumento y las víctimas son cada vez mayores, notándose que los acompañamientos por parte del Estado a los procesos de retorno para la población en situación de desplazamiento han sido ineficientes. Los desplazados sufren una ruptura cultural, junto con malas condiciones de vida y violencia en los lugares de llegada. Además de ser víctimas del desplazamiento forzado, se ven enfrentados a prejuicios, intolerancia y discriminación, donde las medidas de atención por parte del Estado, son transitorias, inadecuadas y carentes de un enfoque diferencial, lo que devela el incumplimiento en lo ordenando en el Decreto Ley 4633 de 2011, en cuanto a prevención, protección, atención y reparación. El desplazamiento forzado ha afectado la integración familiar, comunitaria y el proceso de reconstitución étnica de nuestros pueblos indígenas en Colombia, lo que genera graves efectos sobre el territorio, entre esos la disminución de la capacidad productiva, que amenaza la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas, al perder contacto con los espacios críticos del territorio se debilita la identidad individual y colectiva, los procesos organizativos de los pueblos indígenas se ven afectados ya que muchas familias o comunidades prefieren marginarse por temor e inseguridad y a su vez aislarse para protegerse. En lo que va corrido de este año se han cometido una serie de actos que violentan el buen vivir de los pueblo indígenas debido a las agresiones producidas por la incursión armada de grupos armados en los territorios, la coacción y amenaza a líderes, lideresas y miembros de las comunidades indígenas, el asesinato selectivo, los enfrentamientos Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, DIH y Paz, Calle 12B No. 4 – 38 Teléfonos:(57+1) 284 21 68 - 281 18 45 Correo – e: derechoshumanos@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá D.C., Colombia

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armados y acciones bélicas de la fuerza pública, los grupos guerrilleros y paramilitares en nuestros territorios, además del reclutamiento forzado de menores, señalamientos por grupos insurgentes y de la fuerza pública, las masacres perpetradas en las comunidades, la siembra de Minas Anti Persona, han generados nuevos desplazamientos forzados. Siendo el pueblo más afectado el Emberá Dobida ubicado en el departamento del Chocó en el Alto Baudó con (2631) personas pertenecientes a (563) familias, seguido por los Emberá Katío del Alto Andagueda con (118) personas, por otro lado en el departamento de Guaviare el pueblo Nukak con (37) personas, el pueblo Zenú del departamento de Córdoba con (22) personas, el pueblo Siona del departamento del Putumayo con (10) personas y el pueblo Nasa con un (1) víctima que solicito medidas de protección ante la UNP y que a la fecha no ha recibido ninguna respuesta, situación preocupante al tratarse de una autoridad espiritual que ha velado en contra del reclutamiento forzado de menores de su comunidad y por lo cual se vio despojada de su territorio. De este hecho se da un total de (2819) víctimas. Tabla IV. Desplazamiento forzado por pueblo Indígena. Pueblo Indígena Impacto del evento

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Emberá Emberá Dobida Katío

Nasa

Nukak

Siona

Zenú

Desplazamiento Forzado

Emberá Dobida Emberá Katío Nasa Nukak Zenú Siona Total general

2631 118 1 37 22 10 2819

Fuente:(Enero-Septiembre de 2014) Sistema de Información de la Consejería de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, DIH y Paz

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4.2.

Confinamiento

En los territorios indígenas se han presentado una fuerte presencia de grupos armados legales e ilegales, incrementándose los enfrentamientos entre grupos armados y la Fuerza pública, resultando afectados los miembros de las comunidades indígenas quienes son el centro de los combates y los bombardeos, para este período es de suma preocupación el conflicto que se vive en el departamento del Chocó. En este contexto, los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública ejercen un fuerte control sobre la población civil restringiendo su movilidad. Los confinamientos son radicales y se impone el orden de los armados que ocupan vías principales de acceso a los territorios, generan como primera consecuencia graves situaciones de desabastecimiento alimentario y de salud, y sumen a los pueblos afectados en situaciones de total incomunicación durante períodos prolongados de tiempo que pueden durar varios meses. En lo que va corrido del año esta infracción al derecho internacional humanitario se incrementa cada día, se han reportado hasta la fecha un total de (236) víctimas por esta violación, siendo los más afectados son el pueblo indígena Wonaan, ubicados en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca con (200) personas afectadas. El pueblo Emberá Eyábida, ubicados entre el departamento del Valle del Cauca y Chocó también ha sido víctima de esta infracción, con un reporte de (35) víctimas. Gráfico II. Confinamiento por pueblo. Enero-septiembre 2014 250 200 150 100 50 0 Awá

Embera Eyábida

Wounaan

Tabla IV. Perpetrador. Confinamiento Perpetrador

Impacto del evento

Desconocido Ejército Nacional FARC-EP/Ejercito Nacional Total general

35 200 1 236

Confinamiento

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Fuente:(Enero-Septiembre de 2014) Sistema de Información de la Consejería de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, DIH y Paz

4.3.

Acciones Bélicas

Las acciones bélicas producidas en los territorios como consecuencias de los frecuentes enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos insurgentes han generado una serie de víctimas entre esas el más afectado es el pueblo Nasa, ubicado en el departamento del Cauca con (800) personas afectadas por este hecho, este accionar también ha dejado al pueblo Inkal Awá del departamento de Nariño con (16) víctimas. Aunque hay pueblos que han sido afectados por esta infracción el número de sus víctimas no ha sido mayor entre esos el pueblo U´wa con (1) persona afectada y a su vez la Asociación Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera –AZICAT, en Amazonas, reporto (1) víctima, para un total de (5) eventos. 4.4.

Reclutamiento Forzado

El reclutamiento forzado de menores, jóvenes y miembros de las comunidades por actores armados irregulares, genera gravísimas repercusiones tanto para su vida e integridad personal, como para la seguridad de sus familias y comunidades de origen. El involucramiento en el conflicto armado de miembros de las comunidades indígenas, tanto por parte de las guerrillas como de los paramilitares, en calidad de informantes, guías o traductores, bien sea a cambio de dinero, o mediante amenazas, generan señalamientos y estigmatizaciones. Por otra parte, la vida comunitaria de los diferentes pueblos indígenas ha sido afectada por la presencia de las Fuerzas Armadas en los resguardos. La fuerte presencia militar en los territorios indígenas no ha redundado en disminución de la violencia, sino que por el contrario, se ha traducido en enfrentamientos militares dentro de sus territorio y por ende violaciones de sus derechos. Grupos paramilitares o de la fuerza Pública, reclutan indígenas en sus filas y los usan para hacer operaciones de inteligencia en las comunidades, este hecho es de suma preocupación pues en muchos de los casos esto desencadena represalias en contra de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, DIH y Paz, Calle 12B No. 4 – 38 Teléfonos:(57+1) 284 21 68 - 281 18 45 Correo – e: derechoshumanos@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá D.C., Colombia

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población indígena general y por otra parte, estos informantes terminan siendo víctimas de ejecuciones extrajudiciales. La Fuerza Pública, fuerzan a los indígenas para que se conviertan en sus informantes, aprovechando su situación de empobrecimiento, este desprende conflictos internos en las comunidades por los niveles de riesgo que esto implica para el grueso de la población indígena, exponiéndose así a ser víctimas de asesinatos, señalamientos, hostigamientos, persecuciones y amenazas. La organización Nacional Indígena de Colombia mira con gran preocupación el accionar de la Fuerza pública, grupos insurgentes y paramilitares, rechaza el hecho de que se use a la población indígena como sus informantes o colaboradores y de igual modo que los niños y jóvenes de nuestros pueblos indígenas sean reclutados para prestar el servicio militar. Se han presentado estas afectaciones contra el pueblo Awá del departamento de Nariño (10) jóvenes comuneros de este pueblo han sido reclutados por parte del Ejército Nacional, (1) víctima del pueblo Wayuu y (2) jóvenes Muruy del departamento de la Amazonas por la guerrilla. Estas víctimas de reclutamiento forzado han sido usadas tanto como informantes del Ejército Nacional y forzadas a prestar servicio militar.

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