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EDITADA POR LAS OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS

Nยบ 177 VERANO Aร‘O 2017

TERCER MILENIO


Nº 177. SUMARIO, 2017

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en este número... IGLESIA A FONDO Se quiso hacer creer que se trataba de un suicidio, pero todas las pruebas apuntan a que Mons. Jean-Marie Benoît, obispo de Bafia (Camerún), fue asesinado. Un caso más de violencia contra la Iglesia local.

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PRIMER PLANO Pese a los acuerdos firmados, la Rep. Centroafricana vive un nuevo ciclo de violencia y la población sigue sufriendo las consecuencias de un conflicto que dura ya más de cuatro años.

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INFORME Se cumplen diez años de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Iglesia trabaja mano a mano con ellos para reivindicar su dignidad desde una mirada evangélica y misionera.

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y además... 7 TRIBUNA Iglesia, misión y familia

10 EL OBSERVADOR VATICANO - VENEZUELA IRAK - LAOS

45 CARISMAS Orden de la Compañía de María Nuestra Señora

48 CULTURA La música del mundo que sonará este verano

20 ASÍ VA EL MUNDO BRASIL - LÍBANO - CHINA

36 ENTREVISTA

Charo Pagola, misionera

53 EL CUARTO MUNDO 54 EN EL OBJETIVO

en la R. D. del Congo

56 MISIÓN VIVA 41 ANIMACIÓN MISIONERA

María Guadalupe Rivas,

desde Nador (Marruecos)


EDITORIAL

Deberes para el G-20

E

l papa Francisco no ha querido dejar pasar la oportunidad. Los 20 países más ricos del planeta –el conocido como G-20– se reunían del 7 al 8 de julio en la ciudad alemana de Hamburgo; era uno de sus tradicionales encuentros para estudiar, revisar y promover iniciativas destinadas a afrontar las crisis políticas, económicas y sociales que sacuden el planeta, de cara a solucionarlas y mantener una estabilidad y seguridad mundiales. Y a ellos se ha dirigido el Santo Padre, con el objetivo de marcarles la agenda para que presten atención a aquellos aspectos que son prioritarios para garantizar la estabilidad y la paz entre los países. El Papa parece tenerlo muy claro. “El principal problema” en el que los dirigentes mundiales deberían volcar su atención con prioridad absoluta son “los pobres, los refugiados, los que sufren, los desplazados, los excluidos”. Para empezar bastaría –aunque esto no lo haya dicho tan explícitamente el Papa– con cuestionarse qué sistema económico estamos alimentando, que permite que el 90% del Producto Interior Bruto mundial se concentre y controle desde este privilegiado grupo de 20 países. Por eso, aun siendo consciente de que “no existen soluciones inmediatas y del todo satisfactorias”, Francis-

co ha propuesto llegar, mediante “soluciones progresivas y no traumáticas”, a alcanzar “un crecimiento económico mundial que sea inclusivo y sostenible”. Por tanto, habrá que tomar mucho más en consideración a esa gran mayoría de la población que representa tan solo el 10% de la producción mundial de bienes y servicios y que, por es-

ción: “poner fin a todas estas inútiles masacres” de los “conflictos actuales o potenciales”. Esta prioridad y la de la atención a los pobres remiten a realidades que muchas veces van unidas: la guerra acarrea miseria, la pobreza genera enfrentamiento. Para parar esta Tercera Guerra Mundial “a trocitos”, Francisco insta a todas las partes a “reducir

El Papa propone llegar, mediante soluciones no traumáticas, a alcanzar un crecimiento económico mundial inclusivo y sostenible. tar fuera de foros como el G-20, no tiene voz ni voto para decidir nada sobre su futuro inmediato. Son al menos un 80% de los habitantes de la Tierra los que quedan a merced de “las nuevas ideologías de la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera”, las cuales dejan, por injustas, un amargo e inhumano reguero de “exclusión y descarte, e incluso de muerte”. El Papa se encargó de poner algunos claros ejemplos, que podrían multiplicarse con un leve esfuerzo de memoria. Ahí está la “trágica situación de Sudán del Sur, de la cuenca del lago Chad, del Cuerno de África y de Yemen”. Es la otra prioridad a la que Francisco pide que se le preste aten-

sustancialmente los niveles de conflictividad, a detener la actual carrera armamentística y a renunciar a involucrarse directa o indirectamente en los conflictos”. Se añora, de hecho, una mayor voluntad de solucionar los problemas a través de un diálogo sincero y transparente de todas las partes implicadas a la hora de pulir las diferencias, y dejar a un lado los intereses personales, egoístas y avariciosos, que no tienen en cuenta el sufrimiento de la gente. Es curioso, en este sentido, cómo es más fácil llegar a acuerdos económicos que a firmas de cese el fuego y programas de reconciliación. El papa Francisco ha hablado. Ahora es el turno del G-20. ¿Le harán caso?

EDITA Obras Misionales Pontificias DIRECTOR NACIONAL OMP Anastasio Gil DIRECTOR Alfonso Blas DISEÑO Antonio Aunés COLABORADORES Rosa Lanoix, Rafael Santos, Francisco José Pérez Valero, Montserrat Vilaseca, José TERCER MILENIO Beltrán, José Carlos Rodríguez, José Ignacio Rivarés, Israel Íñiguez, Modeste Munimi, José Ramón Carvallada, María Jesús Sahagún, Carmina Sofía Fernández, Juana Gómez, Juan Lázaro Sánchez, Vicente Marqués Ruiz ARCHIVO FOTOGRÁFICO Antonio Aunés, Rafael Santos FOTOGRAFÍAS Efe, 123RF SUSCRIPCIONES Roberto Murga DEPÓSITO LEGAL M-48558-1999 ISSN 1695-1034 IMPRESIÓN Gráficas Dehon. PP. Reparadores. C/ La Morera, 23-25. Torrejón de Ardoz, Madrid. Tfno: 91 675 15 36


IGLESIA A FONDO

CAMERÚN Flotando en el río Sanaga. Así apareció el obispo de Bafia (Camerún) el pasado 2 de junio. Monseñor Jean-Marie Benoît Balla, de 58 años, fue asesinado. Alguien, sin embargo, quiso hacer creer que se trataba de un suicidio. Sus hermanos de episcopado lo han desmentido tajantemente y exigen justicia, la misma justicia que nunca tuvieron, entre otros, el arzobispo Yves Plumey, el jesuita Engelbert Mveng, el sacerdote

¿QUIÉN ASESINÓ AL OBISPO? T

y periodista Joseph Mbassi y las religiosas francesas Germaine Marie Husband y Marie Léone Bordy, asesinados todos ellos hace años, también en extrañas circunstancias, en crímenes que nunca se resolvieron. ¿Qué está pasando en Camerún? 14 misioneros

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odo comenzó en la noche del 30 al 31 de mayo. Sobre las 23 horas, el obispo Jean-Marie Benoît Balla recibe una llamada telefónica. Es una mujer. Tras la conversación, y pese a lo intempestivo de la hora y a que no le gusta conducir de noche, el prelado coge su vehículo, un todoterreno blanco, y conduce hacia Yaundé, la capital política del país. Nunca llegará. Al día siguiente, el coche es encontrado en la carretera, sobre un puente, pero en

sentido contrario a la marcha que llevaba. De monseñor Balla, ni rastro. En el asiento de atrás está su documentación personal y una nota manuscrita con una única frase: “Estoy en el agua”. Saltan las alarmas, y comienza la búsqueda. Pasan las horas, un día... Nada. Comienzan los rumores y las especulaciones. Se habla de un posible suicidio. Al fin y al cabo, al obispo se le ha visto muy decaído en las últimas fechas, especialmente tras la muerte, dos


semanas antes y en circunstancias no aclaradas, del rector del seminario menor de San Andrés, el P. Armel Djama. Las redes sociales son un hervidero. Un par de días después, el cuerpo aparece flotando en el río Sanaga. Un pescador lo encuentra accidentalmente..., pero a decenas de kilómetros del puente en el que ha quedado el coche, cuyas aguas próximas son las que han estado rastreando infructuosamente buzos, bomberos y pescadores de las aldeas cercanas. Desde el principio, sin embargo, la cosa no cuadra. No hay más que echar un vistazo al cadáver. Monseñor Balla lleva puestos los zapatos del revés: el del pie derecho en el pie izquierdo, y viceversa. Y su cuerpo presenta claros signos de violencia: tiene un brazo y una pierna rotos... y los genitales mutilados. Los forenses informan también, extraoficialmente, de que en sus pulmones no hay rastro de agua, por lo que la muerte no se ha podido producir por ahogamiento. Y está, además, el sentido común. ¿Cuándo ha visto nadie suicidarse a un obispo? Además,

¿qué buen nadador, y el obispo lo era, trataría de quitarse la vida precisamente tirándose a un río? ¡Y justo tras esa misteriosa llamada, qué casualidad! No, definitivamente, hay motivos para sospechar. Y más aún, a la vista del devenir de las investigaciones: un mes después, las autoridades seguían sin comunicar a la Iglesia el resultado oficial de la autopsia. No, monseñor Balla ya estaba muerto cuando fue arrojado al agua, probablemente desde un helicóptero o un avión. Los habitantes de Tsang, una localidad cercana al lugar donde apareció el cadáver, aseguran haber oído los motores de un aparato que sobrevoló la zona de madrugada, entre las dos y las cuatro. La conclusión, por tanto, es evidente: alguien torturó y asesinó al obispo, y orquestó un montaje para hacer pasar el crimen por un suicidio. Pero ¿quién? Y, sobre todo, ¿por qué? Nadie hasta ahora ha respondido a estas preguntas. En Camerún se ha dicho de todo: que si el prelado estaba investigando una red de tráfico de menores en la que estarían implicadas perso-

nas importantes, que si fue víctima de un crimen pasional, que si alguien le hacía chantaje, que si la diócesis tenía problemas económicos... Rumores y más rumores. Pero solo rumores.

Fuerzas oscuras La Conferencia Episcopal Nacional de Camerún (CENC) quiso salir al paso de los mismos. Unos días después de los hechos, celebró una reunión extraordinaria e hizo pública una declaración para, primeramente y ante todo, rechazar la tesis del suicidio. “Un obispo de la entereza de monseñor Balla no se suicidaría: los obispos no se suicidan”, sentenció el arzobispo de Bamenda, Cornelius Esua Fontem. Lo más importante de ese comunicado, no obstante, es lo que dice después: que la Iglesia está siendo perseguida. “Tenemos la impresión –denuncia– de que el clero en Camerún está particularmente perseguido por fuerzas oscuras y malvadas”. Y acto seguido, se enumera todo el elenco de prelados, sacerdotes y personas consagradas que han sido asesinados en el pasado, “en circunstancias poco cla-

En el vehículo abandonado de Mons. Balla se halló una supuesta nota de suicidio, con una sola frase: “Estoy en el agua”. NÚM. 177, VERANO DE 2017

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El cadáver del obispo de Bafia fue hallado en el río Sanaga, dos días después de su desaparición.

ras”, como monseñor Balla, sin que sus casos hayan sido resueltos ni se haya llevado nunca a los asesinos ante la justicia. La lista es larga: el sacerdote y periodista Joseph Mbassi (25 de octubre de 1988), el abogado católico Me Ngongo Ottou (30 de octubre de 1988), el arzobispo emérito de la diócesis de Garoua, monseñor Yves Plumey (3 de septiembre de 1991), las religiosas francesas Germaine Marie Husband y Marie Léone Bordy (2 de agosto de 1992), el P. Amougou (a finales de ese mismo año), el jesuita Engelbert Mveng (21 de abril de 1995), el claretiano alemán Anton Probst (24 de diciembre de 2003), el profesor de Teología Eric de Putter (8 de julio de 2012)... Todos estos crímenes tienen en común el no haber sido resueltos o haber sido cerrados en falso, con culpables de paja. Y se sospecha además que, si no todos, al menos algunos de ellos han podido ser cometidos por agentes del poder. 16 misioneros

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El de Mons. Balla es el último de una serie de asesinatos sin esclarecer de personas vinculadas con la Iglesia. Pero vayamos por partes. El primero de los asesinados, el P. Mbassi, era también periodista. En calidad de tal, dirigía el periódico católico L’Effort Camerounais, publicación que investigaba la corrupción y el tráfico de armas. Fue el primero en caer: su cadáver apareció igualmente mutilado. El abogado Ottou, muy próximo a la Iglesia católica, fue agredido en su casa de Yaundé, falleciendo unos días después a consecuencia de las graves heridas recibidas. El religioso alemán Anton Probst fue hallado muerto en su habitación del noviciado claretiano de Akono, a 60 kilómetros al sur de la capital. Estaba atado de pies y manos y tenía una mordaza en la boca. Fue asesinado en Nochebuena, después de celebrar la misa del gallo.

Conocido por la población local como “Mbuta” (“gran hermano, guía, confidente”), había llegado a Camerún 11 años antes, procedente de la República Democrática del Congo, donde había misionado durante otros 24 años. Las hermanas Germaine Marie Husband y Marie Léone Bordy fueron asaltadas, violadas y asesinadas a tiros en Djoum, al sureste del país. Sus cuerpos aparecieron entre la maleza. Se cree que las mataron por haber tenido acceso a información comprometedora relacionada con Jeanne Irène, la primera esposa del presidente Paul Biya, asesinada a su vez –supuestamente por personas vinculadas al mandatario– en julio de 1992. Pese a tener ambas nacionalidad francesa, el Gobierno galo nunca presionó para


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Mons. Plumey, asesinado en 1991 que se esclareciera el caso de estas religiosas, caso, además, que también costó la vida unos meses después al P. Amougou, un sacerdote de la diócesis de Sangmelima cercano a las dos monjas, que fue el que, muy emocionado, ofició sus funerales. Se cree que Amougou murió envenenado. Con todo, las dos pérdidas más señaladas para la Iglesia camerunesa fueron las del arzobispo Yves Plumey y el jesuita Engelbert Mveng, el primero asesinado en 1991 y el segundo en 1995. Monseñor Plumey era arzobispo emérito de Garoua cuando fue estrangulado en su habitación. Este venerable pastor fue protagonista destacado de la evangelización del norte del país, la zona con más presencia musulmana. Él fue, por ejemplo, quien envió, cuando todavía era prefecto apostólico, el primer contingente de misioneros oblatos de María Inmaculada. Y el primer obispo de la diócesis de Gaorua, al ser erigida esta en

1955; cuando en 1984 presentó su renuncia por motivos de edad, Garoua era ya toda una señora archidiócesis y monseñor Plumey un hombre de peso en la Iglesia camerunesa. Su cuerpo fue hallado tendido sobre la cama en la residencia cercana al seminario menor. Lo habían asesinado de madrugada. Cuatro años después del crimen, san Juan Pablo II honró su memoria en su segunda visita a Camerún. Este prelado –recordó– fue “asesinado en circunstancias hasta ahora inexplicadas”. No menos conmoción causó la muerte del sacerdote Engelbert Mveng (1930-1995), acaecida el mismo año de la visita papal. Ocurrió en Nkolfané, una barriada al oeste de Yaundé. Mveng fue igualmente hallado en su cama, también estrangulado. Según todas las crónicas, se trató de un crimen cometido por profesionales. Los que irrumpieron en su casa no robaron nada. Iban a lo que iban. Primer jesuita camerunés, el P. Mveng

había estudiado en Bélgica y en Francia, y era un intelectual de renombre internacional, que atesoraba el saber de un gran humanista. Además de sacerdote, era historiador –enseñó Historia en la Universidad de Yaundé–, poeta, uno de los referentes de la Teología de la Liberación en África, fundador religioso –de la congregación Familia de las Bienaventuradas– y artista: de hecho, el espléndido mosaico de la catedral de Nuestra Señora de las Victorias de Yaundé es obra suya. Secretario durante años de la Asociación Ecuménica de Teólogos Africanos (EATNOT), fue también un ferviente defensor de la inculturación de la fe cristiana.

Iglesia perseguida “De todos los casos de muertes de personas de Iglesia, solo en una ocasión ha habido un poco de claridad y de justicia”. Esta frase la pronunció el cardenal español Santos Abril, por entonces nunNÚM. 177, VERANO DE 2017

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Mons. Samuel Kleda, presidente de la Conferencia Episcopal de Camerún

Paul Biya, presidente de la nación cio apostólico en Camerún, precisamente en el funeral del P. Mveng. La homilía de monseñor Abril continuaba en estos términos: “En los otros casos, incluso aquellos sobre los que hemos pedido información acerca de las investigaciones, jamás hemos obtenido explicaciones reales y convincentes. Parecería que se quiere cubrir con el silencio todas estas penosas situaciones. Pero nuestro silencio intermitente no significa que hayamos olvidado o renunciado a nuestro derecho a pedir que se haga luz sobre cada caso, y a que se nos informe debidamente”. Pese a los años transcurridos, las palabras del purpurado turo18 misioneros

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lense no pueden resultar más pertinentes y actuales, a la vista de los últimos acontecimientos. De hecho, parecen un eco de las que siguen pronunciando hoy los obispos locales. “Yo no puedo decir que la investigación está progresando, puesto que no se ha producido ninguna novedad”, denunció el arzobispo de Douala y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Samuel Kleda, a Radio France Internacional, el pasado 28 de junio, casi un mes después del crimen del obispo de Bafia. “¿Cree usted que a través de monseñor Balla se está apuntando a la Iglesia católica?”, le preguntó a continuación el periodista. “Seguro,

porque no es el primer caso”, respondió el prelado. “Es un problema real. Nosotros hemos dicho que la Iglesia del Camerún, o al menos sus responsables, está perseguida”, añadió. “Perseguida. Pero ¿por quién? ¿Se trata de crímenes políticos o de crímenes ligados a sectas”?, inquirió el informador. “A día de hoy –respondió Kleda, sin mojarse– es muy difícil orientarse por tal o cual pista”.

Derechos humanos pisoteados Lo cierto es que, al menos sobre el papel, las relaciones de la Iglesia con el Gobierno son buenas, de estrecha y “fecunda colaboración”. O, al menos, lo eran. Y prueba de ello es el Acuerdo que Camerún y la Santa Sede suscribieron en 2014 sobre la actuación de la Iglesia en los campos educativo, sanitario y caritativo. En 2009, antes del mismo, la Iglesia gestionaba en Camerún 28 hospitales, 235 ambulatorios, 11 hogares para ancianos e inválidos, 15


orfanatos y guarderías, 40 consultorios familiares y otros centros de protección de la vida, y 23 centros especiales de educación o de reeducación social. Pero ¿sería esta supuesta buena relación institucional un obstáculo que impidiera acallar, por las buenas o por las malas, las voces eclesiales molestas o peligrosas para el régimen? Si se echa una ojeada a la situación de los derechos humanos en el país, la respuesta es clara: no. El régimen del presidente Paul Biya, que lleva 35 años en el cargo, no se caracteriza por sus escrúpulos en esta materia, precisamente. Y menos, en los últimos tiempos, con la amenaza que ha supuesto la irrupción de Boko Haram en las regiones fronterizas con Nigeria, Chad y República Centroafricana. Desde 2013, en efecto, este grupo islamista ha sembrado el terror en el norte, con atentados suicidas (que dejaron al menos 290 muertos y más de 800 heridos entre julio de 2015 y octubre de 2016), centenares de secuestros (sobre todo,

de mujeres y niñas) y asesinatos. La violencia ha provocado el desplazamiento interno de cientos de miles de personas. Los islamistas han cometido todo tipo de atrocidades, pero el Ejército que los combate tampoco se ha distinguido precisamente por su respeto a la ley, al decir de Amnistía Internacional. “Decenas de hombres, mujeres, niños y niñas acusados de apoyar a Boko Haram fueron torturados [...]. Algunos murieron y otros desaparecieron”, se lee en el último informe de la organización, que habla también de “detenciones arbitrarias” por parte de las fuerzas de seguridad, de “hacinamiento permanente” y condiciones deplorables de los arrestados, y de imposición de “penas de muerte, tras juicios injustos en tribunales militares”. El hecho es que hoy, en Camerún, los periodistas, que ya se autocensuraban, son intimidados y amenazados por el poder; y que las protestas y manifestaciones de estudiantes y abogados son reprimidas con fuego real... De la naturaleza del régimen da buena cuenta el Código Penal, que, tras su reforma, establece que aquellas personas que deban más de dos meses de alquiler –no se tiene en cuenta si ellas han cobrado su sueldo a tiempo o no– pueden ser condenadas a tres años de prisión. Paul Biya llegó a la jefatura del Estado en 1982, tras la renuncia del anterior mandatario. Hoy tiene 85 años y ninguna intención de irse el año que viene, cuando expira su mandato y el país celebra nuevas elecciones. En su día, ya reformó la Constitución, que le impedía estar en la Presidencia más de dos mandatos de siete años. Con él al frente en Camerún, ¿se sabrá algún día quién mató al obispo Balla? Difícilmente. JOSÉ IGNACIO RIVARÉS

Una Iglesia joven a Iglesia católica de Camerún apenas tiene un siglo de vida. La primera evangelización corrió a cargo de los protestantes, que llegaron a finales del siglo XIX, cuando la región era aún un protectorado alemán. Los católicos lo harían hacia 1880, pero su ardor evangelizador no tardó en dar fruto. Los primeros sacerdotes católicos nativos fueron ordenados en 1935, la primera piedra de la catedral de Yaundé fue colocada en 1951, y el primer obispo camerunés, monseñor Paul Etoga, fue consagrado en 1955. El país, de 23 millones de habitantes, fue visitado por san Juan Pablo II en dos ocasiones (1985 y 1995) y por Benedicto XVI en otra, en 2009. Este último año, la Iglesia católica contaba 4,8 millones de fieles (el 26% de la población), 31 obispos, 1.847 sacerdotes, 2.478 religiosos y religiosas, y 18.722 catequistas. Una gran parte de la población, sin embargo, seguía practicando la religión tradicional (30-40%) y el islam (20-22%). El 6 de abril de 2014, el papa Francisco recibió en audiencia a los obispos cameruneses, desplazados a Roma en visita ad limina. Entre ellos no estaba el arzobispo de Yaundé, SimónVíctor Tonyé Bakot. El Pontífice lo había apartado meses antes de su sede por estar implicado en operaciones inmobiliarias de dudosa legalidad. De ahí que, en ese discurso, Francisco hiciera referencia al "antitestimonio" que se puede dar "por una mala gestión de los bienes, por el enriquecimiento personal y el derroche", máxime cuando a muchas personas les falta lo necesario para vivir.

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PRIMER PLANO

REPÚBLICA CENTROAFRICANA, Desde septiembre del año pasado, la República Centroafricana conoce un nuevo ciclo de violencia. A pesar de la calma que se vive en la capital, Bangui, y de un acuerdo firmado recientemente por los grupos armados en Roma, la población sigue sufriendo las consecuencias de este conflicto, que dura ya más de cuatro años.

M

usa Ibrahim está pletórico de alegría. Lo encuentro el 25 de junio pasado en la mezquita de Mali Maka, en el quinto distrito de Bangui, donde acaba de terminar la gran oración del EidAl-Fitr, que marca el fin del Ramadán, y me dice emocionado que, desde que en 2014 los milicianos anti-balaka destruyeron el lugar sagrado donde acudió a la escuela coránica cuando era niño, nunca pensó que pudiera volver a proclamar la grandeza de Dios en el mismo lugar sin sufrir amenazas. Los mismos sentimientos son evidentes en los cerca de 400 musulmanes que han venido del vecino barrio de Kilómetro Cinco. Mientras los veo abrazarse con los cristianos del quinto distrito, me maravillo al pensar que, hace apenas un año, los seguidores del islam corrían serio peligro si se aventuraban a salir de su enclave para entrar en una zona que durante mucho tiempo ha sido hostil. Según su alcalde, Alain Yemo, en el quinto distrito vivían antes de la crisis que estalló en 2013

la violencia

unos 20.000 musulmanes, en buena simbiosis con cerca de 100.000 cristianos. A finales de enero de 2014, no quedaba un solo seguidor del islam en el vecindario, después de que los rebeldes anti-balaka realizaran una verdadera limpieza étnica, durante la cual destruyeron la mayor parte de las casas de los musulmanes. En la mezquita de Mali Maka no quedó piedra sobre piedra. Hoy las cosas han cambiado. Gracias a una iniciativa ciudadana liderada por Yemo, varios cientos de musulmanes comienzan a volver a sus hogares, con el beneplácito de sus antiguos

que no cesa

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Mezquita central de Bangui

vecinos, que les ayudan a instalarse; y la libre circulación entre las dos zonas de la capital, hasta hace poco enemigas, es una realidad. El último paso adelante ha sido volver a utilizar la mezquita como lugar de culto. De momento, los musulmanes han levantado una estructura de madera con unas lonas para congregarse todos los viernes. Entre los promotores más entusiastas de esta iniciativa se encuentra un joven llamado Edjezekane, comandante de zona de los anti-balaka que, además de estar en proceso de desarme y reintegración, han dado su apoyo al retorno de los musulmanes. Para un país como la República Centroafricana, que desde su independencia en 1960 ha conocido una sucesión interminable de rebeliones, golpes de Estado, motines y violencias intercomunitarias, la normalización progresiva de relaciones entre cristianos y musulmanes en Bangui no deja de ser una grata sorpresa, que provoca en muchos el escepticismo de preguntarse hasta cuándo durará la calma. Pero, si la capital vive un ambiente de estabilidad desde octubre de 2016, en muchas zonas del interior del país los enfrentamientos violentos no cesan. El pasado 20 de junio, un grupo armado asimilado a los anti-balaka atacó la ciudad de Bria, situada a unos 600 kilómetros al este de la capital, y se enfrentó a un grupo de la seleka, la coalición rebelde musulmana que detentó el poder entre marzo de 2013 y enero de 2014. Murieron al menos 110 personas. Prácticamente todos sus 60.000 habitantes están desplazados y sus barrios son calles fantasmales, con numerosas casas destruidas en incendios provocados. Un mes antes, en otra ciudad estratégica del este, BanNÚM. 177, VERANO DE 2017

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PRIMER PLANO

Mons. Aguirre, obispo de Bangassou gassou, hubo 120 muertos durante un duro ataque acaecido el 13 de mayo, en el que las milicias fueron directamente a destruir el barrio musulmán de Tokoyo y a matar al mayor número posible de sus moradores. Miles de personas se refugiaron en el centro de la diócesis. Su obispo, el español Juan José Aguirre, pasó varias horas haciendo de escudo humano a la entrada de la mezquita, donde habían buscado cobijo algo más de mil aterrorizados musulmanes, muchos de ellos heridos. La llegada de un contingente de cascos azules portugueses bajo bandera de la ONU consiguió evacuar a todos ellos, pero no pudo impedir que los milicianos siguieran haciendo imperar su ley. Durante esa semana, murieron también seis soldados de la ONU, dos marroquíes y cuatro camboyanos.

Nueva oleada de violencia La gran crisis centroafricana comenzó en 2013, cuando los rebeldes de mayoría musulmana de la seleka tomaron el poder por las armas en marzo de ese año. En enero de 2014, su líder Michel Djotodia fue obligado a dimitir como presidente, pero las violencias intercomunitarias continuaron. Tras dos accidentados años de frágil transición política, se celebraron elecciones en dos vueltas, a finales de 2015 y en febrero de 2016. Con la instalación del nuevo presidente, Faustin-Archange Touadera, el país vivió un periodo de varios meses de relativa calma. Pero, en septiembre de 2016, se abrió un nuevo capítulo de la guerra, esta vez con enfrentamientos en el seno de varias facciones de la seleka, que, tras perder el poder en Bangui, se instalaron en la mayor parte del este y norte del país. De forma extraña, sus archirrivales anti-balaka 26 misioneros

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han realizado en ocasiones alianzas oportunistas con el FPRC –el grupo de la seleka considerado como más radical y que incluso varias veces ha amagado con realizar una partición del país– para atacar al enemigo común de ambos: el UPC, otra facción de la seleka dominado por la etnia peul. El FPRC agrupa a musulmanes de origen árabe junto con gulas y rungas del nordeste, y tiene en sus filas muchos mercenarios chadianos. El centro de gravedad de este conflicto fue, durante la segunda mitad del año pasado, la ciudad de Bambari y sus alrededores. Pero, tras la intervención de la fuerza de Naciones Unidas en el país (conocida como la MINUSCA), el conflicto se trasladó del centro hacia el sur de la nación, donde hay importantes comunidades nómadas peul. Durante este tiempo, los enfrentamientos entre el FPRC y el UPC se han saldado con batallas en las que

han muerto cientos de personas. La paranoia y los deseos de venganza se han extendido por todas partes, con actos de crueldad inusitada. Así ocurrió el pasado 9 de mayo en Alindao, donde los choques armados entre los anti-balaka y el UPC dejaron 130 muertos. Al mismo tiempo, en muchos pueblos cercanos a Bangassou empezaban a formarse grupos de jóvenes que recibieron armas y entrenamiento antes de caer como una tormenta sobre la ciudad. Desde finales de ese mes, el conflicto se ha extendido a otras zonas del este, provocando la huida de varios miles de personas a la vecina República Democrática del Congo y la ruptura de comunidades que durante generaciones han vivido juntas. Las prefecturas de Haute-Kotto, Mbomou, Ouaka, Ouham y Ouham-Pendé conocen erupciones periódicas de violencia, muchas veces de forma simultánea, difíciles de controlar. “Los señores


El deseo de venganza se ha extendido por todos los rincones del país, con actos de crueldad inusitada. de la guerra se aprovechan de la ausencia del Estado y de la debilidad de los cascos azules para ocupar las zonas del territorio ricas en minerales”, explica Jean-Pierre Mara, parlamentario centroafricano. “Han puesto en marcha administraciones paralelas, imponen su propia ley e incluso cobran impuestos a la población”.

San Egidio, una ventana de esperanza En medio de este caos, parece haberse abierto una ventana de esperanza con las conversaciones de paz, entre 13 de los 14 grupos armados que operan en el país, que se realizan bajo la mediación de la Comunidad de San Egidio. El pasa-

do 19 de junio todos ellos firmaron un acuerdo con el Gobierno, por el que se comprometen a observar un alto el fuego. La noticia fue recibida con gran escepticismo por parte de la población centroafricana, que no ve de momento signos de que esas buenas palabras se traduzcan en una situación de paz sobre el terreno. Además, al día siguiente de la firma tuvo lugar el ataque de Bria, que cayó como un jarro de agua fría sobre quienes se mostraban más optimistas. Se espera, no obstante, que los puntos principales de este documento sirvan de base para discutir en futuras reuniones las negociaciones sobre el programa de desarme, la justicia transicional y las repara-

ciones a las víctimas del conflicto centroafricano. Poco antes de estas negociaciones empezó a ponerse en marcha, en Bangui, el Tribunal Penal Especial que se encargará de juzgar los crímenes de guerra más graves. La sociedad civil ha acogido esta noticia con esperanza, al mismo tiempo que presiona para que comience también lo antes posible la Comisión Verdad, Justicia y Reparación, como decidió el Foro de Bangui de mayo de 2015. San Egidio llevaba trabajando discretamente sobre el conflicto centroafricano desde 2013. En febrero de 2015, durante el periodo de la transición, consiguió que diez personalidades políticas se comprometieran a garantizar la celebración de elecciones democráticas, que tuvieron lugar a finales de ese año. También en noviembre de 2015, la organización católica consiguió un compromiso de todos los grupos armados para que ceNÚM. 177, VERANO DE 2017

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saran las hostilidades durante la visita del papa Francisco a Bangui. El presidente de San Egidio, Marco Impagliazzo, intervino el pasado 12 de junio ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York para anunciar esta nueva iniciativa de paz, que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas. El Papa mostró su apoyo a la misma con un mensaje especial para Centroáfrica el pasado 18 de junio: “Llevo en el corazón la visita que hice a aquel país en el mes de noviembre de 2015 y deseo que, con la ayuda de Dios y la buena voluntad de todos, sea relanzado y reforzado el proceso de paz, condición necesaria para el desarrollo”. Por su parte, el arzobispo de Bangui, el cardenal Dieudonné Nzapalainga, se ha mostrado cauto, sobre todo por

el apartado del acuerdo en el que los grupos abogan por la impunidad, y ha negado que la Iglesia centroafricana participe de momento en esta propuesta.

Escepticismo hacia la comunidad internacional Las intervenciones de la comunidad internacional en Centroáfrica no han conseguido hasta la fecha 28 misioneros

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El número de refugiados de la República Centroafricana se acerca ya al millón.

frenar la violencia imparable que se vive en la nación. La misión militar francesa conocida como “Operación Sangaris” se marchó del país en octubre de 2016, después de casi tres años. La MINUSCA, dotada de 12.000 cascos azules, no ha conseguido eliminar la amenaza de los grupos armados, que campan por sus fueros en la mayor parte del territorio centroafricano,

y que se aprovechan de sus riquezas naturales para rearmarse y financiar sus actividades. La población sufre las consecuencias: de sus cuatro millones y medio de habitantes, cerca de un millón viven como desplazados internos o como refugiados en países vecinos; la mayor parte apenas consigue comer una vez al día y la República Centroafricana sigue ostentando el triste récord de situarse en el último lugar en el Índice de Desarrollo Humano. Con este panorama, sorprende poco que la gente no esconda su escepticismo hacia las acciones de la comunidad internacional y que se muestre cada vez más desilusionada respecto a sus dirigentes. Los políticos de la oposición aprovechan para pescar en el río revuelto del descontento general y abo-


Cardenal Dieudonné Nzapalainga, el rostro de la esperanza ombrado cardenal por el papa Francisco en octubre de 2016, el arzobispo de Bangui, Dieudonné Nzapalainga, se ha distinguido siempre por su talante de hombre dialogante, cercano a los más pobres y mediador en conflictos. Misionero espiritano, trabajó varios años como capellán de un orfanato en Marsella (Francia) y más tarde en una parroquia de Bangui. En 2009 se encontró en el centro de una situación bastante delicada, cuando el Vaticano obligó a dimitir al entonces arzobispo de la capital centroafricana, Paolino Pomodimo, y nombró al joven Nzapalainga administrador apostólico de Bangui. Numerosos sacerdotes diocesanos reaccionaron con una carta de protesta, argumentando que "no estaba a la altura de esta responsabilidad". Con mucho tacto y diálogo, Nzapalainga consiguió unir al clero y poner orden en la diócesis. Pero fue al poco tiempo de su orde-

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gan por soluciones populistas, como el rearme inmediato de las fuerzas armadas centroafricanas, que siguen todavía bajo un embargo internacional impuesto por Naciones Unidas. Entre los pocos signos positivos de las últimas semanas, destaca el cambio de actitud que ha mostrado el presidente chadiano Idriss Deby, considerado en numerosas ocasiones como el padrino de la seleka. El pasado 24 de junio su Gobierno congeló los bienes del señor de la guerra Abdoulaye Issene y emitió una orden internacional de detención contra él, distanciándose de este modo de quienes ha apoyado de forma a veces solapada y a veces más evidente. Mientras tanto, los sufridos centroafricanos rezan para que por lo menos la situación no empeore. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ

nación como nuevo arzobispo, en 2012, cuando Nzapalainga se mostró como un gigante de la paz. A fines de ese año, cuando los rebeldes de la seleka comenzaron su ofensiva, que terminaría con la conquista del poder, puso en marcha un grupo interconfesional por la paz, junto con el presidente de las Iglesias evangélicas, el pastor Nguerekoyame, y el imán de Bangui, Kobine Layama. El líder musulmán y su familia fueron acogidos por Nzapalainga en su residencia durante un año, cuando la guerra civil llegó a Bangui a finales de 2013. En numerosas ocasiones ha hecho de mediador entre milicias y ha organizado ayudas humanitarias

a comunidades desplazadas, tanto de cristianos como de musulmanes. A pesar de la situación de inseguridad, el Papa visitó Bangui en noviembre de 2015, y abrió allí la puerta de su catedral para inaugurar el Año de la Misericordia. Todos recuerdan también su paso por la mezquita, donde proclamó que "cristianos y musulmanes somos hermanos y tenemos que tratarnos como tales", todo un reto para un país donde el conflicto tiene tintes interconfesionales. La Iglesia del país está organizada en nueve diócesis, de las cuales tres cuentan con obispos centroafricanos y el resto son misioneros.

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INFORME

"Sumak kawasay". Esta expresión quechua, que se traduce como "buen vivir", refleja algo más que una apuesta por un desarrollo sostenible de las comunidades indígenas. Recoge también la lucha por la dignidad de las más de 5.000 comunidades nativas de nuestro planeta que en el día a día ven amenazadas su cultura y sus tierras por poderes públicos y privados. Cuando se cumplen 10 años de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y con el revulsivo de Laudato si’, la Iglesia trabaja mano a mano con ellos para reivindicar su dignidad desde una mirada evangélica y misionera.

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os últimos días del mes de junio un centenar de campesinos de comunidades indígenas y afrodescendientes se encerraban en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en el municipio 30 misioneros

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colombiano de Jamundí. ¿El motivo? Frenar un proyecto para construir 10.000 viviendas que arrasaría 4.000 hectáreas de territorios rurales ancestrales que, según la ley de protección de estos pueblos,

les pertenecen. Sin embargo, un nuevo plan de ordenamiento territorial busca tipificar el espacio como territorio urbano, lo que acabaría con su expulsión. Esta movilización, que no ha trascendido más allá de la región, lamentablemente no es un caso aislado. Las amenazas a los pueblos indígenas son constantes. En ocasiones, de forma velada. En otros momentos, con ataques directos a su integridad física. Por eso, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se convoca cada 9 de agosto, más que una jornada de celebración, lo es de reivindicación.


La ONU reconoce la existencia hoy de 5.000 grupos indígenas en el planeta, a los que pertenecen 370 millones de personas que viven en más de 70 países de los cinco continentes. Una minoría más que significativa y más que hostigada. Tanto es así que, el 17 de septiembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaba la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como el instrumento para reconocer y promover unos estándares mínimos para su supervivencia, dignidad y bienestar. Han pasado 10 años y, aunque en el proceso de sensibilización

de la opinión pública se han dado grandes avances, lo cierto es que, según denuncia el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, “continúan enfrentando situaciones de exclusión y marginalización, así como también grandes obstáculos a la hora de gozar de sus derechos básicos”. “Se trata de una de las declaraciones de Naciones Unidas que más impacto han logrado –independientemente de que por su naturaleza no sea vinculante–, porque responde a las reivindicaciones formuladas por los propios pueblos. Poco a poco se está logrando implementar, que se haga realidad y que no se quede en el papel”, subraya Felipe Gómez Isa, director del Máster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad de Deusto. “Los grandes retos ahora son Asia y África”, reflexiona, sabedor de que solo dos países de los mencionados continentes han suscrito el documento: Nepal y República Centroafricana. En el caso del gigante asiático, bajo la mirada de este investigador especializado en Derecho Internacional, el vacío es aún mayor en cuanto que no hay organismo regional alguno que pueda coordinar acciones concretas. “Sin embargo, en los países africanos, aunque fueron resistentes al principio, tanto la Comisión Africana como la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos también están fundamentándose en ella”. Prueba de esto es la sentencia inédita de este tribunal que el pasado mes de mayo dio la razón a la comunidad ogiek, una tribu de cazadores y recolectores de los bosques de Kenia, para permanecer en sus tierras frente al intento de desalojo del Gobierno. Para el experto, este hito, sin embargo, convive con un proble-

ma de definición: “La Declaración, en su mayor parte, se hizo con una visión latinoamericana. De hecho, desde una mirada africana, se considera que allí no hay colectivos concretos indígenas, en cuanto que todos se consideran indígenas, por lo que poco a poco la Comisión Africana de Derechos Humanos está delimitando el perfil”. No hay que olvidar tampoco que el continente negro todavía paga las consecuencias de la descolonización, de una demarcación territorial establecida sin consideración alguna respecto de los pueblos, comunidades y grupos presentes en cada territorio; un polvorín que constituyó Estados con etnias sin relación de identidad histórica y social. Hoy, no resulta complicado rastrear el mapa de África para certificar en qué ha devenido esta vulnerabilidad que arrastran desde hace décadas: desplazamientos forzosos; reasentamientos obligados; pérdida de tierras; alta mortalidad; déficit de salud, nutrición y educación; precariedad en el empleo...

El salto de América Latina Pero, sin duda, es en América Latina donde esta Declaración se ha hecho más viva; por ejemplo, con reformas constitucionales que reconocen ya hoy la identidad de las comunidades nativas. Es el caso de Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Bolivia. En este sentido, el documento más reciente es la Constitución de la Ciudad de México, aprobada el pasado enero y que reconoce la idiosincrasia de ese 8,8% de la población de la metrópoli, así como de las 55 lenguas que les identifican. En África la respuesta ha sido más tímida, como ha ocurrido en Kenia o República Democrática del Congo; mientras que en Oceanía, tanto NÚM. 177, VERANO DE 2017

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I N F O R M E PUEBLOS INDÍGENAS

Australia como Nueva Zelanda ya están estudiando la fórmula legal de proteger a los pueblos indígenas. Todas toman como punto de partida la norma pionera aprobada en Filipinas en 1997. Esta visibilidad latinoamericana se hace posible con una mayor participación política y social; un paso hacia adelante para ser actores en instituciones locales o nacionales que hacen más factibles que sus demandas se conviertan en realidad, como así se ha puesto de manifiesto a través de partidos que han logrado representación significativa en Bolivia y Ecuador. Que Evo Morales se convirtiera en 2005 en el primer presidente indígena de América Latina o que María de Jesús Patricio Martínez sea la primera mujer indígena que aspira a presidir México en las elecciones de 2018 dan muestras del salto cualitativo y cuantitativo. A este marco legal se suma también la jurisprudencia, fruto de una larga lucha en los tribunales, con casos significativos como los mopán en Belice, los quechua en Ecuador o el pueblo endorois en Kenia. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. De ahí que todos los analistas coincidan en señalar la urgencia de que se respete sin requiebros el derecho a la consulta de las comunidades a la hora de decidir a qué dedicar su territorio. Aunque la Declaración de la ONU marcó un antes y un después en la armonización y creación de un marco jurídico internacional y nacional que obliga a los Estados a dialogar con los pueblos y a actuar según su voluntad, la realidad es que las presiones para que sucumban a los planteamientos desarrollistas en muchos casos rompen con las reglas del juego. Ahí radica la principal preocupación de la relatora especial de la 32 misioneros

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Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz: “Proteger el derecho a una autodeterminación que les permita definir libremente su estatus político y desarrollo socioeconómico y cultural”. Por su parte, el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar, lamenta que la llamada “década de oro” de la región, que ha permitido que 70 millones de personas salieran de la pobreza, no haya repercutido por igual en toda la población. “En entornos urbanos, por ejemplo, los hogares indígenas suelen vivir en condiciones más inseguras, insalubres y propensas a desastres naturales que otros residentes”, asegura Familiar, deteniéndose en un informe reciente elaborado por su institución, según el cual la probabilidad de que los nativos vivan en condiciones de pobreza extrema es 2,7 veces mayor que en el caso de la población no indígena. Es más, la pobreza afecta al 43% de los hogares indígenas de América Latina.

“Los pueblos indígenas son cada vez más violados, más explotados, más excluidos”, alerta Álvaro Pop, el que fuera presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. En la medida en que se les obliga a abandonar sus tierras, se produce una emigración a la ciudad, con el consiguiente desarraigo y todo lo que se desprende de él, especialmente, perpetuarse en una situación de exclusión y pobreza de la que resulta harto complicado salir.

Los derechos se pagan caros La familia Campos, en la isla asiática de Mindanao, sabe bien cómo se paga la defensa de estos derechos. Padre y abuelo fueron ejecutados públicamente por defender su tierra frente a la minería; una explotación que llevó a los 3.000 habitantes del pueblo lumad a abandonar sus hogares en este paraíso del Pacífico rico en níquel, oro y carbón, donde muchos tienen la mirada puesta, y que propició que, solamente allí, se dieran


25 asesinatos en 2015. Según datos de la ONG Global Witness, en ese mismo año hasta 185 defensores de los derechos fundamentales de la tierra y del medio ambiente resultaron asesinados; el 40% de ellos eran indígenas, siendo Brasil el país en el que más ataques se han registrado. En algunos casos se ha empezado a hablar de «mártires de Laudato si’» para referirse a aquellos misioneros y líderes locales a quienes les ha costado la vida plantar cara a Gobiernos y empresas por defender el derecho a la tierra. Es el caso de Berta Cáceres, asesinada hace algo más de un año en Honduras y que entregó su vida por proteger, entre otros, al pueblo lenca, la mayor etnia del país, logrando que una multinacional china abandonara un proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque, sagrado y vital para la supervivencia de esta etnia. “Yo he conocido mártires que han dado su vida por apostar por los valores del Evangelio en el acompañamiento a los últimos, a

los indefensos, a lo que ahora llamamos periferias”, confiesa Víctor Roberto Hernández, misionero de la diócesis de Getafe que ha pasado más de 25 años entre comunidades indígenas en Brasil, en la diócesis de Registro, en São Paulo. “Llegas como un supermán, pero pronto descubres en su forma de vivir otro modo de sentir”, explica este misionero, que se sumergió en la lengua guaraní y se impregnó de la cultura de los negros quilombolas, haciéndose uno entre ellos. “Afortunadamente, la Iglesia brasileña siempre ha optado por una pastoral indígena que pasa por devolverles la dignidad. De hecho, tanto los documentos co-

mo los proyectos que se han llevado a cabo en las últimas décadas sobre la pastoral de la tierra son ejemplares”, aplaude este sacerdote de la OCSHA, que ha traducido el espíritu de hombres como Pere Casaldáliga o Hélder Câmara en hechos concretos con sus 18 comunidades guaraníes: paneles de energía solar, canalización de agua de manantiales en las aldeas, construcción de depósitos, pequeños centros de salud, mejora de la agricultura, potenciación de la artesanía... “Así, poco a poco, les presentábamos la figura de Cristo y realizábamos una lectura comunitaria de la Biblia”, añade. NÚM. 177, VERANO DE 2017

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I N F O R M E PUEBLOS INDÍGENAS

Lo que tiene claro este misionero madrileño es que la encíclica verde de Bergoglio se ha convertido en un revulsivo. El concepto de “ecología integral” que lanza el papa Francisco hace que la protección de la casa común vaya ligada directamente a los derechos de quienes la habitan y protegen desde una diversidad multicultural, frente a la economía globalizada que tiende a homogeneizar. No en vano el conjunto de los territorios indígenas llega a aglutinar el 70% de la capacidad forestal y el 50% de la biodiversidad del mundo.

La tierra, don de Dios “Es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes, con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios”, escribe Jorge Mario Bergoglio en esta particular “carta magna”, en la que recuerda que, para los pueblos nativos, “la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores”. El Papa se suma al grito de defensa de su dignidad, consciente de que “son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura”. Precisamente el viaje de Francisco a México en febrero de 2016 llevó a convocar el Encuentro Latinoamericano de Indígenas del Amazonas y Mesoamérica en San 34 misioneros

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Cristóbal de las Casas, la región del país donde el 27% de su población es indígena. Ante ellos, el Papa no dudó en pedir perdón a los indígenas por “excluirlos y menospreciarlos”, en un alegato que buscaba también una respuesta de los líderes políticos: “Algunos han considerado inferiores sus valores, su cultura y sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los

han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir: ¡perdón! El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita”. El Papa argentino dio, además, un paso hacia delante en la inculturación del Evangelio, autorizando el uso de la lengua náhuatl en


los textos litúrgicos, como ya se hiciera con el teztal y tzotzil. Y no solo eso. Al rezar ante la tumba de Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de Las Casas, reconoció a un pastor cuestionado en tiempos por la Santa Sede, que siempre defendió celebrar la eucaristía de acuerdo con las costumbres autóctonas de la zona de Chiapas. “La Iglesia llegó a América con la espada y la cruz; la religión se tomó entonces como punta de lanza de la colonización, como un arma de aculturación que acabó con la espiritualidad indígena”, afirma el profesor Felipe Gómez, quien, sin embargo, valora cómo en la actualidad “la Iglesia se ha situado a la vanguardia de la inculturación, en la defensa de los derechos de estos pueblos”. “La Iglesia ha trabajado con los indígenas para que no se venda nuestra cultura y que no nos utilicen como bandera las organizaciones o partidos políticos”, defiende el sacerdote José Medina

García, responsable de la Pastoral Indígena de la diócesis mexicana de Papantla. Desde su obispado se ha puesto en marcha un proyecto de recuperación de la identidad de estas comunidades, pero también acompañado de talleres jurídicos para hacer frente al neocolonialismo económico. Como alternativa a este concepto de desarrollo occidental, la sostenibilidad se plantearía en el presente y en el futuro como la vía para lograr lo que estas comunidades han denominado “buen vivir” –“sumak kawasay”, en quechua–, que ya recogen las constituciones boliviana y ecuatoriana. Este planteamiento no pasa por cerrarse en banda al progreso, como explica Álvaro Pop: “Sin la explotación de los recursos no hay futuro, porque nos quedaríamos sin teléfonos celulares y sin energía eléctrica, pero tampoco hay futuro haciéndolo. Por eso hay que construir una tercera vía para el desarrollo, en donde el bienestar de todos incluya el bienestar de los pueblos indígenas, donde seamos reconocidos como ciudadanos de primera categoría”. La Agenda 2030 de la ONU aborda directamente la urgencia de este desarrollo desde los principios de universalidad, derechos humanos, igualdad y sostenibilidad del medio ambiente. Supone un salto con respecto a los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde apenas contaban con visibilidad. Así, 73 de las 169 metas planteadas en los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un vínculo significativo con los pueblos indígenas, como favorecer la producción de agricultores indígenas a pequeña escala y la igualdad de educación para los niños indígenas. El buen vivir. JOSÉ BELTRÁN

Eltambi Norteén existe R

esulta inevitable mirar al Sur cuando se hace referencia a las comunidades indígenas. Sin embargo, solo Estados Unidos cuenta con más de cinco millones de pobladores nativos de etnias amerindias, que se aglutinan en 566 entidades tribales. Con todo, no fue hasta tres años después de la Declaración de la ONU de 2007 cuando este país decidió apoyarla, si bien todavía no ha ratificado el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo que otorga a los pueblos indígenas el derecho internacionalmente validado a un territorio propio, a su cultura e idioma, y que compromete a los Gobiernos firmantes a respetar unos estándares mínimos. En Canadá, el compromiso de su primer ministro, Justin Trudeau, va más allá. Así lo manifestó en su audiencia con el Papa el pasado mes de mayo, cuando le expuso la necesidad de acabar con una herida abierta por las llamadas "escuelas residenciales", unos centros que, desde finales del XIX y casi durante un siglo, separaron a más de 150.000 niños indígenas de sus familias, para convertirlos en "verdaderos canadienses". En 2015, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Canadá elaboró un informe en el que se planteaba la necesidad de que la Santa Sede pidiera perdón ante lo que calificó de "genocidio cultural", con el correspondiente "abuso espiritual, cultural, emocional, físico y sexual", en cuanto que la Iglesia gestionaba gran parte de estos internados. Ya en 2009 Benedicto XVI expresó su dolor por la "deplorable conducta de algunos miembros de la Iglesia".

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