con 11 muertos, y en febrero-mayo de 2014, con otros 43– se desencadenó después de que el 30 de marzo el régimen diera un paso más en su deriva autoritaria y, a través del Tribunal Supremo por él controlado, decretara la asunción de las competencias de la Asamblea Nacional, en la que, por primera vez desde 1999, la oposición tiene mayoría. Un golpe de mano en toda regla. Una vulneración de la soberanía popular y un atentado contra los más elementales principios de la democracia. Acusándola de “desacato” a sus pronunciamientos, la instancia judicial se apropió de las competen-
cias legislativas de la Cámara. ¿En qué democracia que se precie se ha visto nunca que los responsables de hacer las leyes pasen a ser siete magistrados nombrados a dedo, y no los representantes elegidos en sufragio por el pueblo? Pues eso era lo que pretendía el régimen. Y sin rubor alguno. Presionado desde dentro y fuera del país, a Maduro no le quedó otra que dar marcha atrás en semejante disparate. Y esta muestra de debilidad envalentonó a la oposición, que inició una nueva tanda de mar-
chas y protestas para tratar de acabar de una vez por todas con el chavismo, su último objetivo. Sus reivindicaciones eran muy claras: respeto a la autonomía del Parlamento; libertad para los presos políticos; apertura de un canal humanitario que permita hacer llegar alimentos y medicinas al pueblo necesitado; y, por supuesto, la concreción de un calendario electoral. Sobre esta última exigencia, Maduro dijo el domingo 23 de abril, en plena ola de protestas, que quería elecciones “ya”. CoNÚM. 175, MAYO DE 2017
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