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Análisis de situación

Año 3, No.27, 25 de Abril de 2013

El acceso a la Memoria, la Verdad y la Justicia en el gobierno del PP:

el caso de la institucionalidad de la Paz y los derechos humanos ´

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El acceso a la Memoria, la Verdad y la Justicia en el gobierno del PP: el caso de la institucionalidad de la Paz y los derechos humanos Por Gustavo Illescas Arita Estudiante de Antropología en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Integrante del Equipo de El Observador.

La coyuntura política que se vive en Guatemala, como expresión concreta de una formación social y cultural que se desenvuelve en el presente, condensa un conjunto de situaciones que por el momento histórico que vivimos, se encuentra a las puertas de desatar nuevos procesos sociales, o por el contrario, de apretar más el nudo histórico que nos contiene. Sin duda, el juicio por genocidio que se inició el 19 de marzo de 2013 contra el ex Jefe del gobierno de facto, general Efraín Ríos Montt, así como contra el Jefe de Inteligencia, general Mauricio Rodríguez Sánchez, en el marco de la justicia transicional1 y con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos -otrora cómplice de la contrainsurgencia y la política genocida-, representa un punto de inflexión. Estamos frente a una situación de coyuntura que requiere nuevos pactos en el seno del Bloque en el Poder para evitar que se agudice la crisis de dominación2, y frente a la posibilidad de reescribir la historia oficial y reconfigurar simbólicamente el sentido social de la memoria, la verdad y la justicia. Analizando concretamente al poder hegemónico, no extraña que en esta crisis de dominación, en el gobierno del PP confluyan los intereses de redes de poder militar que otrora han sido contradictorias –primero, en la conducción del aparato de seguridad e inteligencia del Estado al calor de concepciones divergentes sobre cómo ejecutar la contrainsurgencia; y después, por cuotas

1 Se le llama así a las medidas judiciales y políticas que necesita implementar un país que acaba de salir de un enfrentamiento armado, conflicto o guerra, y en las que tuvieron lugar graves violaciones a los derechos humanos por parte del estado. El objetivo central de la Justicia Transicional es que no se vuelvan a repetir estas acciones, para lo cual se implementan medidas integrales tendientes a deducir las responsabilidades penales de los supuestos criminales. Establecer políticas de resarcimiento –materiales y simbólicas- hacia las víctimas. Reformas de las instituciones públicas implicadas en las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, el Ejército, la policía, los tribunales militares, de fuero especial y en conjunto, el aparato de justicia, para evitar la impunidad en los casos. Promover investigaciones científico-sociales que analicen las causas que permitieron la violación sistémica de los derechos humanos. 2 Por crisis de dominación nos referimos al conjunto de intereses representados en el Bloque en el Poder que se ven amenazados por demandas sociales o pugnas internas, capaces de romper el consenso de los grupos que dirigen el sistema político y económico en su conjunto.


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de poder y negocios-, así como de los grupos económicos oligárquicos –emergentes y tradicionales- vía el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La burguesía oligárquica y corporativa, de una u otra manera también se ven implicadas en el juicio por genocidio, tanto por su participación durante las dictaduras militares donde se cometieron violaciones a los derechos humanos de CIVILES, así como por la necesidad de algunas fracciones del Bloque en el Poder de firmar cuanto antes los Acuerdos de Paz para neoliberalizar sus relaciones de producción a una escala global; situación que requiere -en todo momento- de la mayor estabilidad posible para el flujo de capitales, ya sea en forma de inversión extranjera directa, préstamos a la banca mundial o alianzas económicas transnacionales. El ambiente es volátil y supera a todas luces cualquier análisis prospectivo. Solo nos resta focalizar ciertas situaciones que se han venido configurando en el marco de la coyuntura en cuestión, que permitan junto al análisis de otras situaciones3, proveer de elementos que permitan plantear algunos escenarios. En el caso de las redes de poder militar, nuestra hipótesis es que las divergencias que se manifiestan -con sus matices generacionales- desde el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt (marzo 1982-agosto 1983), se debaten actualmente entre adquirir un espíritu de cuerpo como institución castrense o romper el pacto que coadyuvó a que llegará Otto Pérez Molina a ser electo como Presidente de la República y actual Comandante General del Ejército de Guatemala. De llegarse a condenar por genocidio a Ríos Montt4, pero sobre todo al especialista de inteligencia Rodríguez Sánchez5, se apertura la posibilidad de enjuiciar a todo un estamento de la vieja guardia militar – proveniente del Generalato-, así como a la “alta oficialidad joven” que vino después; ambos estamentos participes de la guerra sucia; por lo que también habría que preguntarse: ¿Qué piensa la nueva oficialidad joven al respecto, y qué papel pueda estar jugando en esta coyuntura? Por nuestra parte, en este trabajo resaltaremos cómo se manifiesta el “pacto” entre redes de poder militar, o el “espíritu de cuerpo” como Ejército, frente a las acusaciones de sobrevivientes y familiares de las víctimas de violación a los derechos humanos durante la dictadura oligárquico-militar. En específico, el papel que han jugado las instituciones que surgieron en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz y el respeto a los Derechos Humanos, 3 En la siguiente edición del boletín electrónico ENFOQUE abordaremos la situación que gira en torno a las condiciones que permitieron la apertura del juicio por genocidio a la luz de la persistencia de los y las sobrevivientes ixiles que perdieron a sus familiares civiles durante la dictadura oligárquico-militar, la labor jurídica y de acompañamiento de las organizaciones querellantes adhesivas, el papel institucional del Ministerio Público (MP), los intereses de Estados Unidos y los elementos relacionados durante el gobierno de Álvaro Colom. 4 Ríos Montt lleva varios años en el ocaso de su carrera política, con lo cual disminuyó considerablemente su margen de influencia, situación que permitió ligarlo a proceso judicial cuando perdió su inmunidad en 2011. 5 Se dice que enjuiciar a un oficial de inteligencia implica enjuiciar al cerebro del ejército, y a los grupos de poder paralelo que dependen de esas redes de información.


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en especial, al acceso a la Memoria, la Verdad y la Justicia: Secretaría de la Paz (SEPAZ), Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH). Asimismo, analizaremos brevemente la situación del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) y el Archivo de la Paz.

Arenales Forno y la institucionalidad de la paz: un vocero histórico de los militares La formación ideológica de Antonio Arenales Forno tiene su origen en gran parte: por sus estudios y su procedencia familiar oligárquica ligada a gobiernos militares. Desciende de una familia terrateniente con intereses en el cultivo de café y la industria extractiva de minería y petróleo, con experiencia en administrar las relaciones exteriores de distintos gobiernos desde la segunda mitad del siglo XX.

La formación ideológica de Antonio Arenales Forno tiene su origen en gran parte: por sus estudios y su procedencia familiar oligárquica ligada a gobiernos militares. Desciende de una familia terrateniente con intereses en el cultivo de café y la industria extractiva de minería y petróleo, con experiencia en administrar las relaciones exteriores de distintos gobiernos desde la segunda mitad del siglo XX6. Diplomático conservador, un tanto nacionalista al estilo cívico-militar, pero con el suficiente pragmatismo para rendir pleitesía a las alianzas transnacionales en pos de fortalecer el proyecto político-económico oligárquico-militar.

Se graduó de Abogado y Notario en la Universidad de Navarra, fundada por miembros del Opus Dei7 en 1952, durante la dictadura franquista. Al regresar a Guatemala fue cofundador de la desaparecida Unión del Centro Nacional (UCN) junto al periodista Jorge Carpio Nicolle en 1983; coincidiendo ahí con personajes de la política nacional vinculados al ala de la derecha más conservadora y anticomunista tales como Julio Ligorria Carbadillo8, Luis Arenas Bianchi, Danilo Roca, Edmond Mulet y otros, algunos de los cuales venían de las filas del desaparecido Movimiento de Liberación Nacional (MLN), el partido de la violencia organizada, el cual fue co-fundado por el padre de Arenales Forno, Antonio Arenales Catalán a mediados de la década de 1950. 6 Solano, Luis. “Gobierno del PP: Elites militares y empresariales se reparten el control del Estado”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 7, Nos. 34-35, enero-junio de 2012, página 31. 7 En 1953 se fundó el Opus Dei en Guatemala como una necesidad para contrarrestar el avance de las políticas Arbencistas. Entre sus fundadores y financistas locales se pueden mencionar a Ernesto Cofiño, Alfredo Obiols y Walter Widmann Luna. Otros miembros históricos de la oligarquía que han formado parte de esta fracción ultraconservadora de la iglesia son las familias Müeller y Novella. Asimismo se dice que Luis Eduardo Marroquín Godoy, director del periódico Siglo Veintiuno (director del Diario de Centroamérica durante el gobierno de Óscar Berger) es miembro del Opus Dei. Las instituciones ligadas a esta red que se pueden mencionar son la Escuela de Negocios Tayasal, Centro Universitario Ciudad Vieja, Junkabal, Balanyá, Instituto Femenino de Estudios Superiores (IFES) y la Universidad del Istmo. Ver: Solano, Luis. “Valle del Polochic: El poder de dos familias”. Revista Enfoque, Análisis de Situación. Año. 2. No. 16. 09/05/11. 8 Ligorria Carbadillo ha tenido vinculaciones con el militar, politólogo y mercadologo Mauricio López Bonilla, actual Ministro de Gobernación. En 1988 fundaron la consultora Grupo Interimage Latinoamericana, asesora de campañas electorales en varios países. En 2002 fueron acusados por los gobiernos de Guatemala y Panamá, de causar desestabilización en sus gobiernos a través del caso conocido como “Conexión Panamá”. Solano, Luis. “Gobierno del PP: redes militares y empresariales…”, página 25.


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Con la UCN, Arenales Forno fue nombrado diputado ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 1984 y fue delegado del gobierno en el Acuerdo de Esquipulas I firmado el 07 de agosto de 1987. Éstas fueron las bases que prepararon las condiciones para la Firma de los Acuerdos de Paz en Centroamérica. Posteriormente fue asesor del presidente Jorge Serrano Elías y considerado uno de los hombres cercanos al mandatario en la coyuntura del autogolpe de Estado de 1993. Se especula que fue uno de los que abogó por el continuismo de la red de poder militar aglutinada en “La Cofradía” que sostenía y era liderada por una de sus principales figuras, el general Francisco Ortega Menaldo, entonces Jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), a través del Vicepresidente de la República, Gustavo Espina, quien intentó asumir el cargo de Presidente de la República en sustitución de Serrano Elías. Sin embargo, el Congreso de la República terminó eligiendo a Ramiro de León Carpio como mandatario de la transición. Esta situación no lo sacó de la jugada y pasó a ser Subsecretario de Ramiro de León Carpio y participó como delegado del gobierno en las negociaciones de los Acuerdos de Paz, sobre todo en la realización del borrador sobre derechos humanos. En ese entonces coincidió con Otto Pérez Molina, quien sustituyó a Ortega Menaldo en el cargo de Jefe del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP). En el marco de las negociaciones de Paz, Arenales Forno propuso el tema de la Amnistía para evitar futuros juicios contra militares, y planteó que las dictaduras oligárquico-militares y el enfrentamiento con la guerrilla se conociera bajo el término de “disturbios internos”9. Asimismo, participó en la mesa de negociaciones en relación con el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos indígenas (AIDPI) y planteó que se reconociera la diversidad étnica del país desde el culturalismo, pero no su autonomía económica y política.

Antonio Arenales Forno Foto: internet

Arenales Forno ya tenia experiencia en defender a los militares ante los organismos internacionales, ya que desde su arribo como diplomático durante la década de 1980... “viajaba a Ginebra, conociendo todos sus entresijos, a defender al Estado de las acusaciones de haber violado los derechos humanos, a presentar la cara amable de la contrainsurgencia”10

9 Naveda, Enrique. “El Consegliere tiene un Proyecto.” Plaza Pública, Editorial eCícero. 2012, página 32. 10 Op. cit. Página 46.


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Sin embargo, fue relegado de su papel en la COPAZ cuando en 1996 llegó a la Presidencia de la República, Álvaro Arzú, y ya no participó en la redacción final del acuerdo que estableció los términos de la Amnistía. La vinculación de Arenales Forno con el ahora acusado Efraín Ríos Montt11 se hizo patente cuando formó parte del FRG y se estrechó cuando se opuso a la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de la representación en Guatemala del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Ambas instituciones se enmarcan en la política de justicia transicional. No obstante, Arenales Forno planteó que la llegada de organismos internacionales de verificación de la justicia y derechos humanos constituye una intervención. No puede decirse con certeza que este argumento está basado en un nacionalismo si se considera el papel que jugó cuando encabezó las negociaciones para el Acuerdo de Libre Asociación entre Centro América y la Unión Europea (UE), conocido como el Acuerdo de Asociación (ADA). Arenales Forno fue Embajador ante la UE en Bruselas durante los gobiernos de Óscar Berger y Álvaro Colom. La llegada de Arenales Forno al gabinete del gobierno actual como titular de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), extraña si se piensa en los vínculos que ha tenido con militares contrarios a la red de “Los Titos”. Pero, como ya adelantamos en la introdución de este ensayo, existe um acuerdo incomodo -pero necesario en esta coyuntura- de Pérez con los sectores más conservadores que se aglutinan en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) y otros como la extinta Cofradía. Actualmente, Arenales Forno además de estar al frente de la SEPAZ y la Comisión Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) en coordinación con el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), ha formado parte del equipo asesor de Otto Pérez Molina en la propuesta de Reformas Constitucionales así como en temas de política exterior como por ejemplo, la despenalización de las drogas.

La Amnistía según Arenales A un mes de haber iniciado el gobierno de Pérez Molina, Arenales Forno, recién designado como Secretario de la SEPAZ, ya había afirmado que en Guatemala no había ocurrido genocidio porque no existió la intención de “erradicar etnias mayas”, a la vez que afirmaba como desproporcionada la investigación sobre violaciones a los derechos humanos realizada por la Comisión de Esclarecimiento

11 Los vínculos de Arenales se extienden hasta Zury Ríos Sosa, hija de Ríos Montt, cuando él era Embajador en Washington designado por el gobierno del FRG, y luego porque una prima de Zury Ríos es viuda de un hermano de Arenales Forno.


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Histórico (CEH). Asimismo, afirmó que la Ley de Amnistía permitía que no se juzgaran las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y los crímenes de lesa humanidad, ya que no estaban prescritos en el ordenamiento jurídico en el momento en que fueron realizadas; que el delito de genocidio nunca fue discutido por las partes que negociaron la paz y que constituía una irresponsabilidad utilizar esa figura para juzgar a militares12. En suma, Arenales Forno estableció públicamente los lineamientos de su Agenda de la Paz: reconocer la verdad pero sin juicios; y que se fomente la memoria pero sin condenarla. En su discurso existe un reconocimiento sobre los “excesos de la guerra”, quizá porque las evidencias y los hechos existentes no se pueden ocultar con el mismo cinismo de la dictadura13. Si bien la ley no es retroactiva, los delitos que fueron cometidos antes de la Aministía y que no han sido resueltos, son delitos continuados en el sentido que las partes agraviadas no han encontrado justicia.

Si bien la ley no es retroactiva, los delitos que fueron cometidos antes de la Aministía y que no han sido resueltos, son delitos continuados en el sentido que las partes agraviadas no han encontrado justicia. Pese a que no fue un negociante directo de la Paz cuando se firmó la Ley de Reconciliación Nacional, Arenales Forno dice defender la amnistía que se negoció en la mesa14.

Este discurso es muy acorde al expuesto recientemente en el campo pagado publicado el 16 de abril en los principales medios urbanos de comunicación como Prensa Libre y elPeriódico, por el llamado “Grupo de los 12 Apóstoles”, entre los que se encuentran varios ex-militantes de la izquierda revolucionaria que aducen que de condenarse a militares por casos de genocidio se van a traicionar los Acuerdos de Paz15.

Entre lineas, esto parece indicar que durante las negociaciones de la paz firmados entre las partes tripartitas: gobierno-Ejército-comandancia guerrillera, existió un pacto político de no iniciar persecución penal sobre aquellos delitos que no son amnistiables, pese a que en el Artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional firmado el 18 de diciembre de 1996 dice: 12 Colmenares, Beatriz. “Me indigna que se afirme que en Guatemala hubo Genocidio”. Diario elPeriódico del 26 de febrero de 2012. 13 Nos referimos a aquellas justificaciones añejas de que las desapariciones forzadas que se empezaron a denunciar fuertemente por los movimientos de víctimas y familiares durante la década de 1980, en realidad eran producto del terremoto de 1976, que se encontraban en otros países o que se habían unido a la guerrilla y que por eso no los encontraban. Los archivos del Ejército, la Policía Nacional y Los cientos de fosas clandestinas encontradas corroboran lo contrario. Pese a ello, personajes como Ricardo Méndez Ruíz se atreven a decir que las fosas clandestinas encontradas en el interior de la antigua Zona Militar No. 21 de Cobán son del cementerio de la comunidad de Chicoyoguito. El cinismo de estos argumentos es insostenible en un Tribunal de Justicia y solo encuentran asidero en ciertos sectores urbanos mediatizados por la “opinión pública”. 14 Naveda, Enrique, op., cit., página 29. 15 Comunicado de prensa: “traicionar la paz y dividir a Guatemala”. Firmantes: Luis Flores Asturias, Eduardo Stein Barillas, Gustavo Porras Castejón, Raquel Zelaya Rosales, Richard Aitkenhead Castillo, Rodolfo Mendoza Rosales, Adrian Zapata, Adrian Zapata, Arabella Castro de Paiz, Marta Altolaguirre Larraondo, Marco Tulio Sosa Ramírez. 16/04/13.


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La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala16.

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A partir de las insinuaciones de Arenales Forno y de los firmantes del comunicado aludido, surgen las siguientes preguntas: ¿Por qué si el ejército y la URNG no querían juicio sobre genocidio y demás delitos contra deberes de la humanidad, permitieron que el acuerdo se redactara de esa forma? ¿Acaso el acuerdo se realizó sin el consenso de las distintas redes de poder en el Ejército? ¿Acaso el acuerdo se basó en el compromiso político entre las partes de que no se iban a denunciar por los casos que la Amnistía no protege? Lo cierto es que los procesos para enjuiciar a militares sobre genocidio y delitos contra deberes de la humanidad fueron impulsados por los sobrevivientes familiares de las víctimas civiles de la represión durante las dictaduras y no por los combatientes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Tal parece que este fue uno de los factores por los cuales la justicia guatemalteca no estuvo dispuesta en abrir los casos denunciados por los y las sobrevivientes y las organizaciones de derechos humanos querellantes. Ante esta situación, hubo necesidad de llevar los casos a las cortes internacionales como la Audiencia de España, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y la creación de la CICIG. En abril de 2012, en una audiencia de la CorteIDH relativa al caso de la desaparición forzada del dirigente estudiantil y sindicalista de la empresa Centroamericana de Vidrios, Sociedad Anónima (CAVISA), Fernando García, Arenales Forno afirmó que si bien hubo violación a los derechos humanos durante la dictadura, a su criterio no implicaba la realización de juicio por las razones antes expuestas. Pero sólo ese pequeño reconocimiento suscitó las críticas de Moisés Galindo, que tiempo después figuraría como uno de los abogados defensores del ex Director de Inteligencia (D-2), Mauricio Rodríguez Sánchez, quien es juzgado junto a Ríos Montt actualmente. Posteriormente, el 20 de junio de 2012, Arenales Forno declaró que no se cometieron crímenes de lesa humanidad en la audiencia de la CorteIDH sobre el caso de las masacres de Río Negro cometidas por el Ejército entre 1980 y 1982. Un día después, el 21 de junio, “Día de la Desaparición Forzada”, Pérez Molina declaró que la CorteIDH no podía “juzgar” las masacres cometidas por el Ejército en Río Negro entre 1980 y 1982. Por esas fechas, Arenales Forno ya se encontraba ideando el Acuerdo Gubernativo 370-2012 para ser presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se le propusiera a Pérez Molina emitir reservas sobre el

16 Decreto número 145-1996, Ley de Reconciliación Nacional, 18 de Diciembre 1996.


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Por esas fechas, Arenales Forno ya se encontraba ideando el Acuerdo Gubernativo 370-2012 para ser presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se le propusiera a Pérez Molina emitir reservas sobre el papel y la jurisdicción de la CorteIDH en Guatemala.

papel y la jurisdicción de la CorteIDH en Guatemala. De esa cuenta, el 28 de diciembre de 2012, Pérez Molina decretó el Acuerdo Gubernativo 370-2012 en el que restringía la competencia de la CorteIDH para conocer casos sobre violación de los derechos humanos previamente a 1987 y posterior a esa fecha porque existía un Acuerdo de Amnistía, y que el Estado no iba a reconocer las indemnizaciones que ordena la CorteIDH porque para eso existe el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).

Pese a que el decreto se firmó en época de vacaciones, causó revuelo mediático y desató la presión de organizaciones de derechos humanos que se reunieron con el mandatario el 7 y 11 de enero de 2013. Pérez Molina, pese a lo que implicaba esto para su pasado militar, firmó la derogación del acuerdo en mención el 11 de enero de 201317. Previamente, Arenales Forno había afirmado que el Acuerdo Gubernativo sería entregado a la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que depende la CorteIDH. Esta era la primera reserva que Guatemala emitía ante los alcances de la CorteIDH en la jurisdicción guatemalteca. Los elementos de carácter internacional que influyeron en la decisión de Pérez Molina fue que Guatemala será la sede para la próxima Asamblea General de la OEA del 04 al 06 de junio de 2013, lo cual traería fuertes cuestionamientos que se sumarían a las acusaciones contra el gobierno por violar los derechos humanos; y porque esa decisión contravenía a la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la cual Guatemala pertenece. Al final de cuentas, el acuerdo nunca fue entregado a la OEA y estaba mal redactado con lo que quedaba nulo de facto. ¿Fue esto acaso un error intencionado sólo para medir las reacciones? ¿Los sectores a los que representa Arenales Forno sí querían pero Pérez Molina prefirió no manchar más su imagen? Por su parte, Arenales Forno dijo que hubo una “mala interpretación” sobre sus argumentos de restricción y se mostró inconforme con la derogación del Acuerdo. A partir de entonces, ya no ha figurado públicamente como vocero gubernamental del “no hubo genocidio”, quizá porque se preparaba para participar como testigo de la defensa de Ríos Montt, en el juicio por genocidio. Con esta acción Arenales perdió su inmunidad. Cabe resaltar que no fue hasta marzo de 2013, en un foro de la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG), que Pérez Molina volvió a afirmar explicita y públicamente que “no hubo genocidio”, ante la pregunta que le lanzó Alfred Kaltschmitt.18

17 En la tarde del 11 de enero de 2013, el Jefe de la bancada del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), Roberto Ricardo Villate presentó una acción de inconstitucionalidad contra la SEPAZ bajo el argumento de que fue creada como Acuerdo gubernativo y no como Decreto Legislativo. Días antes, el 7 de enero, Villate denunció en los medios que la acción también giraba en torno a que Arenales se había extralimitado de sus funciones en la CIDH. Por esto también estudiaban el papel que jugó el MINEX en todo esto, incluyendo el Acuerdo Gubernativo 370-2012. 18 El empresario Alfred Kaltschmitt es otro testigo de la defensa de Ríos Montt, a la vez que figura como “experto” en el grupo “Chapines Unidos por Guatemala” que últimamente ha publicado cuñas radiales donde afirman que “no hubo genocidio” y denuncian la “intervención extranjera” en el caso. La plataforma “Chapines Unidos por Guatemala” es un esfuerzo vinculado a la oligarquía terrateniente aglutinada en la Cámara del Agro (CAMAGRO).


La Política de Resarcimiento: CIDH vrs. PNR

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El PNR fue creado en el año 2003 en seguimiento de las recomendaciones de la CEH, con el objetivo de resarcir y dignificar a las y los familiares que son víctimas de la dictadura oligárquico-militar. Esto se aplica a quienes perdieron familiares, bienes o pertenencias a causa de políticas de Estado y gobierno, sean directas o “colaterales”.

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El PNR es dirigido por el Presidente de la República, los Ministros de Finanzas Públicas y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Secretario de la SEPAZ y de la COPREDEH. El PNR depende administrativamente de la SEPAZ y tiene estrecha relación con la COPREDEH en los casos presentados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su Coordinador actual es Jorge “El Tanque” Herrera19, quien ha viajado junto a Arenales Forno a representar las posturas militares del gobierno ante la CorteIDH. En el caso de la COPREDEH, el gobierno del PP no designó Comisionado hasta septiembre de 2012, cuando Arenales Forno fue nombrado oficialmente como tal. En la práctica, Arenales Forno dirige la SEPAZ, COPREDEH y PNR, lo cual se debe en parte a que el PP no tiene suficientes cuadros políticos que mantengan interlocución o conozcan el ámbito de las organizaciones de derechos humanos. Otro elemento es que existe un plan para crear una Secretaria de Derechos Humanos y Paz que reestructure y unifique administrativa y operativamente el trabajo de la SEPAZ, PNR y COPREDEH. La COPREDEH20 funge como el abogado del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y es la responsable de resarcir a las víctimas de la dictadura que han asistido a la CorteDH a denunciar sus casos ante la negativa del Estado guatemalteco. Cabe recordar que Arenales Forno, junto a Verónica Puente, de la entonces Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), fueron quienes elaboraron el estatuto que le dio vida a la COPREDEH.21

19 Jorge “el Tanque” Herrera es uno de los fundadores del Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad de Centroamérica (CEESC). Cuando Pérez Molina fue Director de la D-2 en 1993, creó una estructura de inteligencia paralela cuyo objetivo era lograr romper el cerco tendido por el entonces Jefe del EMP, Francisco Ortega Menaldo. Quien dirigió la estructura paralela fue Ricardo Bustamante e integró al “Tanque” Herrera. Posteriormente, cuando Pérez Molina ascendió a Jefe del EMP, Herrera fungió como Jefe de Análisis Estratégico del EMP durante el gobierno de Ramiro de León Carpio. En esa coyuntura del Serranazo, “el Tanque” jugó un papel importante al contactar a los Bosch-Gutiérrez y vincular a la Instancia Nacional del Consenso (INC) para detener la intentona de Serrano, y de Menaldo de hacerse del poder absoluto del Estado. Herrera fue miembro de organizaciones revolucionarias como las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR); Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT); y Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA). Fue capturado por el Ejército en 1985 y fue convertido en un colaborador-delator. Solano, Luis. “Gobierno del PP: redes militares y empresariales…”, op. cit.; página 32. 20 Sobre el componente de protección a los y las defensoras de derechos humanos, la COPREDEH ha venido siendo sustituida como mediadora de conflictos sociales por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y el Sistema Nacional de Dialogo Permanente (SNDP). 21 Entrevista realizada por El Observador al Director de CAFCA Rafael Herrarte en abril de 2013.


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Desde el año 2001, el Estado ha resarcido a 468 personas en un total de 12 casos presentados ante la CorteIDH por una suma total de US$ 20.8 millones22. Durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se priorizó el presupuesto de la COPREDEH para atender las sentencias de la CorteIDH pero se descuidó el resarcimiento del PNR. Entre 2010 y 2011, la COPREDEH pagó Q. 103 millones de resarcimiento y durante el primer año del gobierno del PP se pagaron Q. 29 millones. Por su parte, en 9 años el PNR ha resarcido financieramente a unos 20,000 familiares de víctimas de la dictadura con un gasto total de Q. 935 millones23. Durante el primer año del gobierno del PP, el PNR sufrió un recorte presupuestario de Q. 41 millones quedando en Q 80 millones, de los que Q. 15 millones se utilizaron para resarcir a 1,478 familiares de víctimas, en contraposición con el primer año del gobierno de la UNE cuando fueron resarcidos 9,800 familiares de víctimas. En total, durante el gobierno de la UNE se resarció a 16,000 familiares de víctimas en el marco de una campaña anticipada de la candidatura de Sandra Torres. Entre 2010 y 2011, esto representó un gasto de Q. 92 millones. Uno de los problemas que enfrenta el resarcimiento que otorga el PNR, es que esta institución carece de un estatus oficial porque fue creado mediante un Acuerdo Gubernativo que vence en el presente año, y no mediante un Decreto Legislativo. El PNR paga a los familiares de las víctimas de la dictadura, Q. 24 mil por persona ejecutada extrajudicialmente, y Q20 mil por violación sexual y desaparición forzada. No obstante, si existen más de dos víctimas por familiar sobreviviente, el pago máximo está fijado en Q. 48 mil. Por su parte, la CorteIDH toma en cuenta otras variables como por ejemplo, los ingresos económicos que la persona tenía al momento de ser detenida-desaparecida, el número de familiares que dependían de su manutención, la edad económicamente activa que le quedaba por desempeñar, etc. Por ello es que las indemnizaciones que ordena la CorteIDH Herrera. pueden ascender hasta Q. 500 mil por víctima. Edgar Foto: internet.

22 Andrés, Asier. “El estado ha pagado Q162 millones a la CIDH. elPeriódico. 30/07/12 23 Morales, Sergio. “Varadas 942 obras de resarcimiento” Diario Prensa Libre. 29/10/12.


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El 20 de junio de 2012, en una audiencia celebrada ante la CorteIDH, Arenales Forno, presentó un alegato relacionado a que sólo el PNR puede determinar quienes son familiares de víctimas y que monto resarcir. Uno de los argumentos que sostiene Arenales Forno es que las sentencias de la CorteIDH rebasan la capacidad que tiene el estado de asumir los gastos y en especial de lo asignado presupuestariamente a la COPREDEH. Para evitarse esto, los distintos gobiernos de turno han intentado negociar primero con los familiares de las víctimas antes de que ellas vayan a la CorteIDH, pero sólo en el caso de las desapariciones forzadas de Fernando García y Florencio Chontay se han hecho patentes. Al respecto, debe tomarse en cuenta que el Estado guatemalteco no ha tenido la voluntad ni la capacidad de atender los resarcimientos al ritmo de las demandas del movimiento de familiares de las víctimas de la dictadura oligárquico-militar.

El pago del gobierno a las ex PAC El Programa Bosques y Agua para la Concordia se creó durante el gobierno de Oscar Berger mediante el Acuerdo Gubernativo 406-2005. Consiste en un fideicomiso pagado por el Estado para financiar transferencias monetarias para los integrantes de las ex Patrullas de Autodefensa Civil (ex-PAC) a cambio de que siembren árboles. Surgió precisamente para atender las demandas y contener las protestas realizadas por los ex-PAC, las cuales tuvieron su auge durante la campaña electoral de 1999, cuando resultó electo Alfonso Portillo como Presidente de la República, postulado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y gobierno durante el cual, su principal fundador y figura, el general Efraín Ríos Montt, ostentó la Presidencia del Congreso de la República. En esa ocasión, la consigna fue garantizar una indemnización monetaria a los ex-PAC. Las demandas de los ex-PAC no han sido del todo resueltas desde ese entonces y más bien han sido utilizadas como base social para diferentes intereses políticos. Una parte de las exigencias es hacer efectivo el pago por los “servicios prestados a la patria” durante las dictaduras militares; otra es el resarcimiento al ser reclutadas forzosamente en el marco de la política de tierra arrasada, con lo cual se violaron los derechos humanos de la población que formó parte de las PAC. De esa cuenta, durante el gobierno de Vinicio Cerezo se realizaron manifestaciones en rechazo a la obligatoriedad de seguir patrullando. Según la CEH, en varias ocasiones las PAC tuvieron que recaudar fondos para comprar sus propias armas al Ejército de Guatemala24. …la instauración de las PAC constituyó una nueva forma de utilización de la fuerza laboral indígena de modo extendido y sin costo, como se había hecho en la Colonia e inicios de la República25. 24 Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) “Guatemala Memoria del Silencio. Capitulo II: Las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia”. 1ª. edición, junio de 1999, página 208. 25 Ibídem, página 190.


Análisis de situación

II. El origen de las PAC

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Las PAC funcionaron como estructuras paramilitares -en su mayoría indígenasdirigidas bajo el mando oficial del Ejército. Fueron organizadas durante el gobierno militar del general Romeo Lucas García en 1981, como parte de la reestructuración de los Comisionados Militares. Fue hasta el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt y en el marco de la implementación del Plan de Campaña “Victoria 82”, que tuvieron un papel preponderante en la estrategia contrainsurgente como parte de la táctica del espejo para que le hicieran frente a las Fuerzas Irregulares Locales (FIL) creadas por la guerrilla. Al año siguiente se llevó a cabo el Plan de Campaña “Firmeza 83” en el que, entre otras cosas, se buscaba afinar los mecanismos de control poblacional y el fortalecimiento de las PAC mediante su institucionalización. Ver Acuerdo Gubernativo 222-83 del 14 de abril de 1983.

Los Comités Voluntarios de Defensa Civil (CVDC) -Decreto-Ley 19-86-, fueron el remanente de las PAC pero ya dentro del proyecto político de los militares gramajistas, que consistía en conducir la guerra desde la política civil, sin descuidar la ofensiva militar.

Durante la gobierno de facto del general Humberto Mejía Víctores, continuó la expansión de las PAC en el marco de la estrategia de los Polos de Desarrollo y las Aldeas Modelo26.

Pero realmente fue hasta 1996 cuando las PAC-CVDC fueron disueltas oficialmente como parte de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, para ese entonces muchos de sus participantes y en especial los dirigentes, ya estaban incrustados en el poder local, ya sea como alcaldes, pastores de representantes de iglesia evangélica29, COCODE'S, al frente de la Junta Local de Seguridad, alcaldías auxiliares, ONG's, etc.

Ya durante el gobierno civil de Vinicio Cerezo y la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), se implementó en 1986 el Plan de Campaña “Consolidación Nacional 86”, como parte de la “estrategia contrasubversiva integral” que contemplaba como uno de sus objetivos principales... …Aumentar la capacidad operacional del Ejército con unidades de Reservas Militares y Comités Voluntarios de Defensa Civil27.

Después del “Serranazo”, ya durante el gobierno de Ramiro de León Carpio en 1993, las PAC fueron desarmadas y transformadas en Comités de Paz y Desarrollo, que contaron con el financiamiento del Banco Mundial (BM)... …se inician programas destinados para Comités de Paz y Desarrollo Comunitario y Juntas Locales de Seguridad, donde las ex PAC tendrían una forma legal y socialmente admitida “en tiempos de paz” para seguir en muchos lugares como estructuras de poder local institucional28.

Durante los años ochenta, el Ejército, directamente o a través de los comisionados militares y patrullas civiles, sustituyó a las autoridades civiles en la mayor parte del campo guatemalteco30.

26 Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). “Guatemala Memoria del Silencio. Capítulo I: Causas y orígenes del enfrentamiento armado interno”. 1ª. edición, junio 1999, página 183. 27 Gramajo Morales, Héctor Alejandro. General de Brigada y Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN). “Directiva No. 3-LMRAJAE”. 04 de febrero de 1986. 28 Illescas, Gustavo y Solís, Fernando. “Buscando el Futuro. Situación de defensoras y defensores de derechos humanos viviendo en el ámbito rural”. Unidad de Defensoras y Defensores de Guatemala (UDEFEGUA/El Observador), septiembre 2010, página 15. 29 Esta tendencia se debe en gran medida al impulso que tuvieron las iglesias evangélicas durante el gobierno de facto de Ríos Montt, quien era el jerarca de la Iglesia El Verbo. El Protestantismo en términos generales sirvió, por un lado, como táctica para despolitizar el trabajo que realizaba la iglesia católica, y por el otro, adoctrinar a la población indígena fuera de su marco tradicional, pues en las iglesias evangélicas está prohibido realizar rituales “paganos”. Por su parte, en la iglesia católica la cosmovisión maya si tiene cabida como parte del histórico sincretismo religioso. 30 Popkin, Margaret L. “Las Patrullas Civiles y su legado”. Agosto de 1996, citado en la CEH, Cap. II, Página 196.


Análisis de situación

Según datos del Programa Bosques y Agua para la Concordia, entre 2006 y 2011 sembraron más de 40 millones de árboles pero se desconoce su ubicación, y ni el MAGA posee información al respecto31.

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Carteles colocados por ex PAC el 18 de abril de 2013 en las afueras de la Gobernación Departamental de Huehuetenango. A pesar de la poca afluencia de firmantes, resalta el hecho de que ese día por la mañana fue que se declararon en resistencia pacífica los abogados de la defensa de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. Una vez que en la tarde de ese día, la Jueza, Carol Patricia Flores, retorció las resoluciones para suspender provisionalmente el juicio, los ex PAC abandonaron la Gobernación Departamental. Foto: El Observador.

Concretamente, en el 2012, durante el primer año de gobierno del PP, se pagaron Q. 88.8 millones distribuidos en más de 52,000 ex PAC y faltan 86 mil pagos que suman Q. 150 millones que serían cancelados en 2013. Sin embargo, el fideicomiso asignado para el 2013 es de Q. 100 millones. Mientras que el PNR solo resarció un total de Q. 15.7 millones para las y los sobrevivientes familiares de las víctimas de la dictadura.

El favoritismo del gobierno del PP al pago de las ex PAC lleva la dedicatoria de volver a utilizarlas como base social en el caso de genocidio que se lleva contra Ríos Montt. Una vez iniciado el debate oral y público el pasado 19 de marzo, se han observado grupos de ex-PAC en las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diciendo que no hubo genocidio. Asimismo, están siendo utilizados para recolectar firmas en distintos municipios pero siempre bajo la consigna de recibir su pago o resarcimiento. Otro elemento de la política de favoritismo a las ex PAC en este gobierno, ha sido expresado en las declaraciones del Director del Programa, Efraín Oliva, que sostiene que el resarcimiento a los y las sobrevivientes se realiza de “gratis”, mientras que las ex PAC realizan un trabajo productivo a cambio de recibir un pago. Esta gente (los ex PAC) que protegió a sus comunidades y evitó los saqueos durante el conflicto armado tiene que sembrar árboles y proteger bosques para poder recibir el dinero32. Esta modalidad de pago por “productividad” utilizada con las ex PAC en el Programa Bosques y Agua para la Concordia, pretende ser implementada en el PNR como parte de la iniciativa de reestructurar la institucionalidad de la paz. La idea es establecer una política basada en indicadores y resultados medibles a través de proyectos que dependan del PNR y no necesariamente del pago monetario directo33.

31 Gamazo, Carolina y Juan Luis García. “Los últimos arboles de los ex PAC (que costaron Q2 mil millones).” Plaza Pública del 15 de octubre de 2012. 32 Morales, Sergio. “Pago a víctimas del conflicto armado interno no es equitativo”. Diario Prensa Libre del 14 de diciembre de 2012. 33 Gamazo, Carolina. “Resarcimiento será por resultados y buscará desarrollo”. Diario elPeriódico. 12/07/12.


Los Archivos de la Memoria El cierre de los Archivos de la Paz

Análisis de situación

Los Archivos de la Paz fueron creados durante el gobierno de la UNE con el objetivo de rescatar documentos e información de las instituciones estatales involucradas durante la dictadura militar, apelándose en los Acuerdos de Paz y la posterior creación de la Ley de Acceso a la Información.

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Con base en los documentos rescatados por el Archivo de la Paz, la SEPAZ realizó publicaciones sobre la situación de las adopciones en Guatemala durante la dictadura militar así como un libro sobre la represión contra el movimiento sindical, entre otros. Esto representó en su momento, un avance pues el Estado estaba asumiendo un rol investigador sobre la recuperación de la memoria histórica. Uno de los objetivos centrales era rescatar los archivos del Ejército de Guatemala y, para ello, se establecieron reuniones con la cúpula militar y el gobierno pero no accedieron a entregarlos, a pesar que desde marzo de 2008 la Corte de Constitucionalidad (CC) le había ordenado a la institución castrense, entregar los archivos a los tribunales que atienden casos por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad. Por su parte, el entonces Presidente de la República, Álvaro Colom, se posicionó públicamente a favor de que se desclasificaran los archivos para esclarecer lo sucedido durante la dictadura oligárquico-militar. Asimismo, la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) reclamó como parte afectada y demandante en el juicio por genocidio, la entrega de los planes de campaña “Victoría 82”, “Firmeza 83” y el plan de operaciones “Sofía”. En febrero de 2009, el entonces ministro de la Defensa Nacional, Abraham Valenzuela, entregó una versión más completa de los planes de campaña “Víctoria 82” y “Firmeza 83”, al Juez Segundo de Primera Instancia Penal. Sin embargo, el Juez dictaminó que los documentos tenían que continuar en manos del Ministerio de la Defensa34 por lo que no fueron trasladados al Ministerio Público (MP) para fundamentar su acusación. En esa ocasión también se le había pedido al Ministerio de la Defensa el “Plan Sofía” y el “Plan Ixil”, pero Valenzuela afirmó que desconocía de su paradero. Sin embargo, a finales de 2009, la analista del National Security Archive (NSA) con sede en Washington, kate Doyle, recibió una de las 20 copias originales del “Plan de Operaciones Sofía (POS)”. El documento fue entregado a Colom y pasó a formar parte del fondo documental del Archivo de la Paz, el 34 Noticias de Guatemala. “Ejército entrega parcialmente archivos militares”. Noticias.com.gt, 26 de febrero de 2009.


que además realizó un estudio preliminar sobre la validez del POS, contrastándolo con las investigaciones de la CEH y el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), y afirmó que era un documento militar que podía servir de prueba para el MP y los querellantes adhesivos.

Análisis de situación

Asimismo, la SEPAZ realizó en 2009 un estudio sobre “La autenticidad del Diario Militar” a la luz de los documentos históricos de la extinta Policía Nacional (PN), el cual fue conocido por la CorteIDH.

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El Archivo de la Paz también organizó una parte de los Archivos del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP) que fueron fotografiados por organizaciones de derechos humanos en 2004, luego de la decisión de Alfonso Portillo de cerrarlos durante su mandato. Los archivos no trataban sobre operaciones o trabajo de inteligencia pero si visualizaban de alguna manera los flujos de movimiento del EMP, que al ser contrastados con otros archivos como los de la PN podían aportar relaciones y formas de actuar35. El Archivo de la Paz contaba con el archivo de adopciones de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, que contenía el registro de varios hogares para huérfanos de la dictadura militar como “Casa Alegría” y “Hogar Rafael Ayau”, entre otros. A través de estos archivos se han ubicado niños perdidos durante la dictadura militar, y se ha logrado determinar en algunos casos que son producto de acciones militares perpetradas en las áreas rurales. En estas redes de adopción ilegal se han visto envueltos miembros del ejército que vieron en la niñez sobreviviente, un botín de guerra. Las investigaciones realizadas por la Dirección de Archivos de la Paz eran de carácter histórico y, aunque no son estrictamente de carácter penal, pueden servir como fuente de peritajes Imagen: internet contextuales de los casos. Esto se realizaba como parte de un convenio firmado entre la SEPAZ y el MP basado en la Ley de Reconciliación Nacional que ordena a la SEPAZ para que le de seguimiento a las recomendaciones de la CEH, entre las cuales se encuentran los delitos no contemplados por la Amnistía. Durante el gobierno de la UNE, el Director del Archivo de la Paz, Marco Tulio Álvarez, fue electo por medio de la COPREDEH para testificar ante la CorteIDH en el caso de la desaparición forzada de Fernando García, ya que el era miembro de la Comisión de Desclasificación de los Archivos Militares y había realizado un peritaje sobre el contexto histórico político de la desaparición forzada de este dirigente del Sindicato de CAVISA, en febrero de 2004, realizado para el proceso penal interno (nacional)36. Si bien Álvarez fue destituido en febrero de 2012 al entrar el nuevo gobierno 35 Entrevista anónima realizada por El Observador a un ex trabajador del Archivo de la Paz el 06 de marzo de 2013. 36 CIDH. “Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso García y familiares vrs. Guatemala”. 29 de noviembre de 2012.


Análisis de situación

de PP, fue convocado por la CorteIDH el 16 de marzo para que llegara a la siguiente audiencia a celebrarse el 26 de abril de 2012. No obstante, Arenales Forno lo desligó del caso bajo el argumento de que cualquier Estado puede retirar a sus propios testigos37.

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El 25 de mayo de 2012 se cerraron los Archivos de la Paz mediante Acuerdo Gubernativo y bajo las justificaciones de Arenales Forno de que no iba a permitir que se realizaran investigaciones con efectos judiciales, es decir, que puedan ayudar a que se determinaran responsables. En ese entonces, Arenales Forno estaba preocupado por los alcances de la Amnistía. Previo a su cierre se despidió a 16 trabajadores y trabajadoras capacitadas en manejo de archivos. El acervo documental del Archivo de la Paz contaba con más de 1 millón de imágenes clasificadas y eran consultados principalmente por organizaciones de derechos humanos, el MP, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y la CorteIDH. Luego de su cierre, los archivos fueron trasladados al Archivo General de Centro América, el cual está bajo la jurisdicción del Ministerio de Cultura y Deportes. A pesar que ya existen documentos de manejo público, se restringió la búsqueda y rescate de archivos que representan el alma de una institución y que pueden ayudar a esclarecer la historia de Guatemala. En la legislación guatemalteca no existe una ley específica para ello y desde hace varios años se encuentra truncada la iniciativa en el Congreso de la República, acerca del Sistema Nacional de Archivos. Sin embargo, a finales de 2008 se aprobó el decreto 57-2008 que le dio vida a la Ley de Acceso a la Información, que por el momento es el instrumento más efectivo para rescatar información institucional38.

El debilitamiento del Archivo Histórico de la Policía Nacional El 5 julio de 2005, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) recibió una llamada donde se denunciaba la existencia de explosivos en unas instalaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) que eran utilizadas para entrenar a perros de la unidad antiexplosivos. Al llegar al lugar encontraron montañas de documentos apilados en mal estado que correspondían a la extinta PN. Al parecer, vecinos del lugar estaban alarmados por las explosiones que tuvieron lugar la noche del 17 de junio de 2005, cuando estalló el polvorín del cuartel Mariscal Zavala.

37 Naveda, Enrique. “El consegliere tiene un proyecto”, op. cit. Página 51. 38 Salguero, Leiby y Reyes, Nelly. “Legislación Archivística”. Revista Con Escuela. No. 4 “Academia o Locademia”. Edición impresa. Septiembre de 2012.


Análisis de situación

A partir de entonces se creó el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), que se mantuvo bajo el resguardo de la PDH durante el gobierno de Berger, pero en 2009 pasó a formar parte del Fondo Documental del Archivo General de Centroamérica (AGCA), y por ende bajo la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes.

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Esto se debe a que no existe una Ley de Sistema Nacional de Archivos que la respalde y por ello se ampara en la Ley de Acceso a la Información para su funcionamiento. No obstante, desde ese momento el AHPN dejó de realizar investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos bajo el argumento de que la información ya era pública y, por tanto, cualquiera podía investigar. Este reacomodo sucedió durante la gestión de Sergio Morales al frente de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), quien censuró el primer informe de investigación realizado por la Coordinación General del AHPN en 2009. A partir de entonces, el AHPN se remite únicamente a clasificar y archivar los documentos digitalizados, que luego son trasladados a un banco de datos en el extranjero y al Archivo General de Centroamérica. Desde su creación en 2005, el AHPN ha sido financiado en su totalidad por la Cooperación Internacional, ya que no cuenta con el aval legislativo para que se le garantice indefinidamente su presupuesto. En 2009 se firmó un convenio en el que el Estado de Guatemala se comprometió en asumir la asignación presupuestaria del AHPN, en una proporción directa a la disminución del financiamiento de la Cooperación Internacional que se realiza -desde entonces- año con año. No obstante, el Estado no ha cumplido con su parte, ocasionando problemas en la gestión del AHPN, llegando incluso a realizar despidos en varias ocasiones. En el AHPN se encuentran documentos de la gestión administrativa de la Policía Nacional (PN) que datan desde 1882 hasta 1997, y se estima que contiene 80 millones de folios o su equivalente a 8 kilómetros lineales aproximadamente. Actualmente cuenta con más de 14 millones de imágenes escaneadas, y organizadas de tal manera que permite conocer las diversas entidades que funcionaron bajo el paraguas de la institución. Debido a la magnitud de la información, el AHPN empezó a organizar primariamente los archivos de 1975 a 1985, posteriormente hasta 1997, ampliando día con día la organización de los documentos y logrando identificar 54 fondos documentales. Su funcionamiento marca un precedente como proyecto piloto para la aplicación de principios y normas archivísticas a nivel internacional, y cuenta con el aval de diversas instituciones en la materia. El AHPN ha servido para realizar varios peritajes sobre casos de violación a los derechos humanos durante la dictadura oligárquico-militar, basados en la documentación clasificada39. 39 Por ejemplo, en el caso de Fernando García y el Diario Militar han sustentado las pruebas. En general, los archivos de la PN son claves para los casos de desaparición forzada y en especial, de los casos urbanos.


Análisis de situación

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Uno de los archivos más grandes es el fondo documental del Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Dirección General de la Policía (DIC), conocida comúnmente bajo el nombre de la temible “policía judicial”. La DIC coordinaba constantemente con el Quinto Cuerpo de la Policía Nacional, una unidad creada específicamente para realizar acciones de contrainsurgencia y que también fue conocido bajo el nombre de Batallón de Reacción y Operaciones Especiales (BROE), que en realidad era una policía secreta conformada por alrededor de 600 personas40. El BROE participó en acciones del teatro de operaciones militares, especialmente en el suroccidente de Guatemala y en Baja Verapaz, principalmente durante la década de 1980. Se le vincula indirectamente con el Plan “Victoria 82” y “Firmeza 83”. En los reportes del BROE se pueden observar patrones de actuación, operaciones, planes de seguridad, etc., vinculados con ejecuciones extrajudiciales, secuestro, torturas y desapariciones forzadas. La PN estuvo subordinada al Ejército durante la política contrainsurgente y mantuvo flujo de comunicación con el Estado Mayor Presidencial (EMP). En el AHPN se encuentran informes confidenciales que recibía la PN del Ejército, aunque también muchas veces actuó bajo su propia dirección. Era conducida por oficiales del Ejército. Además, existen documentos donde se confirma el apoyo al Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), por ejemplo, como parte de la seguridad periférica en cateos. El AHPN es consultado por el MP, familiares de víctimas de violencia política durante la dictadura militar, así como académicos e investigadores de diferentes disciplinas; pues su aporte es histórico y sus usos son jurídicos y de memoria porque permite conocer la verdad. Durante el primer año del gobierno del PP, a las pocas semanas de ser nombrado como Secretario de la Paz, Arenales Forno visitó el AHPN junto a Jorge “El Tanque” Herrera del PNR, y Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Días después llegó Fernando Carrera, entonces Secretario de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN) y actual Ministro de Relaciones Exteriores. Este último habló de mejorar los servicios básicos del AHPN.

40 Diario El País. “El Presidente disuelve la policía secreta”, 7 de febrero de 1986.


Análisis de situación

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Esta visita fue sintomática de la coyuntura política desatada a partir de los procesos judiciales contra violadores de derechos humanos, y por el papel jugado por los primeros ante la CorteIDH como se expuso arriba. Por su parte, Mario Polanco presentó en 2011 una denuncia contra la guerrilla en el caso de la masacre del Aguacate. Asimismo, un grupo de ex oficiales veteranos de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) visitaron por primera vez el AHPN en 2012, y a mediados de año llegaron dos personas que se hicieron pasar por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que pertenecían al bufete de abogados de la defensa de García Arredondo, los que luego de varias visitas de investigación, presentaron un peritaje a favor de García Arredondo. Como se sabe, García Arredondo fue Director del Comando 6 de la PN y fue sentenciado a 40 años de cárcel por la desaparición forzada, en 1981, de Édgar Sáenz Calito, estudiante de agronomía; así como a 30 años por deberes contra la humanidad. Un elemento a destacar es que el Coordinador General del AHPN, Gustavo Meoño41, se convirtió en asesor del Pérez Molina a principios de 2012 en materia de derechos humanos, movimientos sociales, prevención del conflicto, etc. En sus casi 8 años de estar al frente del AHPN, Meoño, ha venido moderando su discurso político y se ha enfocado en resaltar los aspectos técnicos del AHPN y en gestionar fondos para su funcionamiento. El discurso actual de Meoño versa sobre la reconciliación y la concordia, muy al estilo de su amigo Gustavo Porras, también asesor interno de Pérez Molina, y testigo de la defensa en el caso por genocidio contra Ríos Montt. En 2012 y 2013, el AHPN no volvió a recibir el presupuesto por parte del gobierno del PP, agudizando el mantenimiento de su funcionamiento. Con cada año que pasa, el AHPN depende de la voluntad del gobierno para permanecer activo. El AHPN dejó de realizar un curso de investigación archivística en coordinación con el área de derechos humanos de la FLACSO-Guatemala, por falta de recursos en ambas instituciones, y en 2012 por la crisis desatada en FLACSO luego de su intervención. Se espera que el curso se reinicie en abril de 2013. Cabe decir que el Ministerio de Cultura tiene uno de los presupuestos más bajos de la administración pública, y el Archivo General de Centroamérica representa una mínima parte de su presupuesto anual, al grado que para 2012 no habían podido organizar la documentación del EMP trasladada tras el cierre de los Archivos de la Paz; sin embargo, ya cuentan con financiamiento para organizar la documentación archivística.

41 Gustavo Meoño fue propuesto por las organizaciones de derechos humanos para estar al frente del AHPN; en parte, por el trabajo que realizó en relación con la justicia transicional en la Fundación Myrna Mack, primero; después en la Fundación Menchú; y, plor último, en la PDH. Meoño fue Director de la FundaMack cuando se presentó el caso por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad en la audiencia española. También fue Director de la Fundación Rigoberta Menchú Tum; asesoró al Comité de Unidad Campesina (CUC) y fue parte de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG). El nombre de Gustavo Meoño aparece denunciado como guerrillero en un listado que presentó Ricardo Méndez Ruiz al MP en 2011.


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ENFOQUE es una publicación mensual de análisis de situación que es producido por la Asociación El Observador. Forma parte

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de la iniciativa: “Análisis Alternativo e Independiente para la Construcción de una Sociedad Democrática” con la cual se pretende contribuir en el proceso de construcción de una sociedad más justa y democrática, a través de fortalecer la capacidad para el debate y discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia política de actores del movimiento social, organizaciones de la sociedad civil, medios comunicación alternativos y todas aquellas expresiones sociales que actúan en diferentes niveles: local, regional y nacional. Consejo Editorial

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El acceso a la Memoria, laVerdad y la Justicia en el gobierno del PP: el caso de...