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PERFIL : EL TRIBUNAL DE TIERRAS Jody Granados Octubre 2009 En este trabajo se trata de realizar un perfil de un órgano de la Jurisdicción inmobiliaria: el Tribunal de Tierras. Cuando nos referimos a un órgano institucional cabe puntualizar algunos aspectos de su origen, al igual que es necesario dar una definición de ésta para entender mejor la figura que tratamos. Por lo tanto, la primera parte servirá de introducción presentado el marco teórico. Después, definiremos este órgano que juega un papel importante en la jurisdicción inmobiliaria, o sea el Tribunal de Tierras. Finalmente, las tercera y cuarta partes presentarán los elementos que componen el Tribunal de Tierras: los órganos principales y sus dependencias.

1) INTRODUCCIÓN SOBRE LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA : MARCO TEÓRICO a. BASES LEGALES b. ORÍGENES DE LA LEGISLACIÓN DE TIERRAS c. ALGUNAS CONSIDERACIONES DE FILOSOFÍA JURÍDICA 2) EL TRIBUNAL DE TIERRAS: DEFINICIÓN , COMPETENCIA a. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL TRIBUNAL DE TIERRAS COMO INSTITUCIÓN b. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE TIERRAS 3) LOS TRES ELEMENTOS CONSTITUIDOS DEL TRIBUNAL DE TIERRA a. LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE TIERRA b. LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE TIERRA c. LOS TRIBUNALES DE JURISDICCIÓN ORIGINAL 4) LAS OFICINAS O DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL DE TIERRAS a. LA OFICINA DEL ABOGADO DEL ESTADO Y FISCAL ANTE EL TRIBUNAL DE TIERRAS b. LAS OFICINAS DE LOS REGISTRADORES DE TÍTULOS: c. LA DIRECCIÓN GENERAL DE MENSURAS CATASTRALES d. LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

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1) INTRODUCCIÓN SOBRE LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA : MARCO TEÓRICO a. BASES LEGALES Le Jurisdicción Inmobiliaria, también llamada Jurisdicción de Tierras, es una entidad del Poder Judicial que tiene como objetivo conocer y garantizar todo lo relativo a los derechos inmobiliarios y su registro en el país, desde que se hace la solicitud para la autorización de la mesura hasta que vida jurídica tenga el inmueble. Más precisamente, su principal objetivo es darle un dueño a cada porción de terreno, con la debida garantía del Estado, mediante el otorgamiento de un título inatacable e imprescindible, para de ese modo llevar absoluta seguridad a las operaciones jurídicas inmobiliarias. Se puede considerar que la Orden Ejecutiva No 511 del 1er de julio de 1920 fue la “fecha de nacimiento” de la gran legislación inmobiliaria dominicana y desde entonces muchos reglamentos, leyes, han contribuido a crear su marco legal. Entre los grandes esfuerzos legislativos para organizar un sistema de registro de la propiedad inmobiliaria, se puede citar los más relevantes: -

La Ley No. 1542 de Registro de Tierras del 11 de Octubre de 1947 La Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario, del 23 de marzo de 2005 modificada por la Ley No. 51-2007 El Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria Modificado por Resolución No. 1737-2007 del 12 de julio de 2007

Con este marco legal, la República Dominicana pertenece al grupo de países con legislación inmobiliaria más avanzada.

b. ORÍGENES DE LA LEGISLACIÓN DE TIERRAS Para entender los orígenes de la legislación inmobiliaria dominicana, cabe conocer el Sistema Torrens, que es, de hecho, la base y pilar del derecho de registro inmobiliario. En el siglo XIX, el tercer Primer Ministro de Australia del Sur, Sir Robert Torrens, era preocupado por la mutación de la propiedad inmobiliaria de Inglaterra por falta de un documento firme e inatacable justificativo del derecho de propiedad, o sea por la carencia de un registro científico de la propiedad inmobiliaria. Así que preparó un proyecto de ley: se trataría de establecer un procedimiento según el cual se podría examinar registros públicos para saber quién es el dueño de tal propiedad y después de venta realizar un nuevo registro a favor del comprador cancelando el registro anterior. Este proyecto fue implantado en Australia en 1858. Conoció tan buen éxito que poco a poco ese sistema, llamada Sistema Torrens, ha sido adoptado por muchos países, entre ellos la República Dominicana en 1920. 2


En el contexto dominicano del inicio del siglo XX, el establecimiento de una legislación inmobiliaria basada sobre el Sistema Torrens respondía a varios objetivos. Primero se trataba de organizar un método científico y seguro para el registro de las tierras y sus mejoras. Después, permitía resolver el problema de los terrenos comuneros que eran un verdadero desastre perjudicial a la economía nacional, a la estabilidad social. Y, finalmente, la implantación de la Ley de Registro de Tierras en la República Dominicana fue determinada por la coyuntura económica de la época. En efecto, se estaban haciendo grandes inversiones de dinero en el fomento de ingenios azucareros dominicanos por parte de capitalistas y empresas norteamericanas. Así que el Gobierno de Ocupación Militar Norteamericana tenía la necesidad de garantizar esas inversiones con una legislación apropiada. Por lo tanto, con la Orden Ejecutiva No 511 de Julio del año 1920, se introdujo en República Dominicana el Sistema Torrens, también conocido como el régimen legal de la tenencia de las tierras, lo cual es vigente aún en el país. Para entender la legislación inmobiliaria dominicana hay que considerar el principio de base según el cual el Estado es “propietario originario” de todas las tierras del país. O sea, se registran a nombre del Estado Dominicano todos los terrenos sobre los que nadie pueda probar derecho de propiedad alguno (artículo 270 de la Ley de Registro de Tierras). En consecuencia, es frente al Estado que hay que probar si somos dueños de una determinada porción de terreno y sus mejoras.

c. ALGUNAS CONSIDERACIONES DE FILOSOFIA JURIDICA La cuestión de la legislación inmobiliaria es importante puesto que, a través de ella, es el derecho de la propiedad que tratamos. Cuando se habla del derecho de propiedad se hace referencia a la propiedad de toda naturaleza, pero muy particularmente a la propiedad territorial o inmueble. En los tiempos modernos, este derecho está explícitamente consagrado en todas las Constituciones democráticas, como una prerrogativa de todos los habitantes, sin distinción de clase. En particular, en cuanto al caso dominicano, fue el nacimiento de la República en 1844 que dio origen a la propiedad inmobiliaria. El artículo 21 de la primera Constitución otorga al derecho de propiedad la calidad de un derecho inherente a la personalidad humana. Art. 21: “Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad pública, previa la correspondiente indemnización a juicio de peritos.”

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Este derecho a la propiedad es garantizado por la Constitución actual en su artículo 8, inciso 13 precisando que “nadie puede ser privado de ella sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social”. Además de la Constitución, otros textos legales protegen el derecho de propiedad como un derecho individual inherente a la personalidad. Entre otros: - El artículo 544 del Código Civil de la República Dominicana según el cual la propiedad “es el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto, con tal de que no se haga de ellas un uso prohibido por las leyes y reglamentos”. - La legislación inmobiliaria (ver las referencias en la parte 1)a.) convierte la imprescriptibilidad de este derecho en principio. Goza de protección y garantía absoluta del Estado. - Está contenido además en los tratados internacionales que reconocen derechos fundamentales y que fueron firmados por la República Dominicana como o la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 17: “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.” o La Convención Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 21: “1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”. Toda esta legislación viene garantizar este derecho fundamental que es el derecho de propiedad porque es una condición sine qua non a la estabilidad y al desarrollo de la sociedad. En efecto, todo su sistema jurídico, económico, social y político se fundamenta de manera especial en ese derecho. Sin embargo cabe notar que todos los textos legales establecen las limitaciones al carácter absoluto del derecho de propiedad: uno puede ser privado de la propiedad por causa de “utilidad público” o de “interés social”.

2) EL TRIBUNAL DE TIERRAS: DEFINICIÓN, COMPETENCIA La Jurisdicción inmobiliaria está formada por tres órganos: 1) el Tribunal de Tierra-lo cual comprende el Tribunal Superior de Tierras y el de Jurisdicción Original, 2) la Dirección Nacional de Registros de Títulos, 3) la Dirección Nacional de Mesuras Catastrales. 4


Este trabajo concierne sobre todo el Tribunal de Tierra, pero la última parte tratará de las dependencias que son 1) el Abogado del Estado y Fiscal ante el Tribunal de Tierras, 2) los Registradores de Títulos, 3) La Dirección General de Mensuras Catastrales, 4) La Secretaría del Tribunal.

a. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL TRIBUNAL DE TIERRAS COMO INSTITUCIÓN UNA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA , DE EXCEPCIÓN Y PRIVILEGIADA Cuando fue publicada la Ley de Registro de Tierras, fue necesario establecer un tribunal especial llamado a aplicar la Ley. Así que fue creado el Tribunal de Tierras con el objeto de “registrar todos los terrenos que forman el territorio de la República, las mejoras construidas o fomentadas sobre los mismos, y los otros derechos reales que pueden afectarles; el deslinden mensura y partición de los terrenos comuneros y la depuración de los títulos o acciones de pesos que refieran a dichos terrenos. Estas operaciones se declaran de interés público” (artículo 1 de la Ley de Registro de Tierras).

El Tribunal de Tierras es una jurisdicción especializada, de excepción y privilegiada. Especializada porque tiene competencia para conocer de una materia en particular: la materia inmobiliaria de una forma que ningún otro tribunal de la República pueda hacerlo. Tiene su competencia exclusiva. Jurisdicción de excepción ya que se manera específica para cumplir una misión u objeto (artículo 1 de la Ley de Registro de Tierras precitado). Privilegiado porque, para la jurisdicción catastral, su legislación se impone o prevalece frente a la que rige el derecho común (Código Civil y todas las leyes adjetivas de carácter general). Toman el derecho común como derecho complementario o supletorio de la legislación inmobiliaria. Así que, cuando ésta última resulta insuficiente para resolver un asunto, los jueces pueden valerse del derecho común para aplicar justicia.

LOS JUECES Y SU PAPEL ACTIVO

Cuando hablamos de los jueces del Tribunal de Tierras, se incluyen tanto los jueces del Tribunal Superior de Tierras como los de Jurisdicción Original, ya que cada vez que hagamos referencia al Tribunal de Tierras comprendemos sus dos grados. Todos los jueces del Tribunal de Tierras son elegidos por la Suprema Corte de Justicia según el artículo 67, inciso 4 de la Constitución. Para ser Juez del Tribunal Superior se requieren las mismas condiciones que para ser 5


Juez de una Corte de Apelación, y para desempeñar el cargo de Juez de Jurisdicción Original, las mismas condiciones que para ser Juez de Primera Instancia (artículo 72 de la Constitución. Sección IV: “Del Tribunal de Tierras”). Todos los jueces del Tribunal de Tierras tienen jurisdicción nacional. Lo que se debe destacar es el papel activo de ellos que difiere del papel de los jueces de derecho común. En efecto, mientras que los jueces de derecho común sólo deben actuar en la fase de juzgamiento ligándose a las conclusiones y a las pruebas de las partes, los jueces del Tribunal de Tierras son activos aun en la fase de investigación. O sea, en un saneamiento, el juez del Tribunal de Tierra tiene facultad para perseguir y buscar las pruebas que estime de lugar para su mejor edificación, en razón del carácter de orden público del procedimiento. Después del saneamiento, hay dos teorías en cuanto al papel de los jueces. Algunos, pretenden que, en los expedientes de inmuebles ya saneados, cesa ese papel activo. Los jueces sólo deben limitarse a fallar los pedimentos y conclusiones de las partes en causa dentro del alcance del auto de apoderamiento. La justificación de esta teoría estriba en el hecho que ya no se trata de un procedimiento de orden público sino de un litigio entre partes. Otros como la Suprema Corte de Justicia, consideran que el papel activo de los Jueces de Tierras se conserva aún después del saneamiento. En el sentido de la afirmación del papel activo de los jueces, cabe apoyarse sobre algunas disposiciones del artículo 11 de la Ley de Registro de Tierras. Más precisamente, la disposición 2 permite a los jueces “citar testigos y obtener su comparecencia y declaración” mientras que en los tribunales civiles, son las partes quienes deben citarlos cuando se ordena un informativo. En cuanto a la comparecencia y declaración, en el derecho común, sólo se puede hacer en un proceso penal. Después, la Ley autoriza al juez para “exigir la presentación de pruebas documentales”, por su propia iniciativa, y sin que las partes lo pidan”. Eso significa que el juez no sólo puede hacer indagaciones en el archivo de un notario o de un agrimensor, quienes tienes funciones públicas, sino en archivos particulares. Para resumir, el juez del Tribunal de Tierras tiene un papel activo ya que no tiene que ligarse ni a las conclusiones ni a las pruebas que los interesados le presentaren. Si estima que el titular del derecho es otro, puede buscar nuevos elementos de convicción si los que le han sido presentados no le satisfacen.

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A notar que estas facultades de los jueces de Tribunal de Tierras tienen límites: no pueden lesionar los derechos de la defensa ni apartarse en cuanto a la admisión de las pruebas de lo que la ley establece.

b. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE TIERRAS La Ley de Registro de Tierras y otras leyes como las citadas en 1)a y otras más específicas como la Ley de Condominios No 5038 del 21 de Noviembre de 1958 o la Ley sobre Venta Condicional de Inmuebles… precisan la competencia del Tribunal de Tierras. Además de su artículo 1 precitado en la parte 2)a., la Ley de Registro de Tierras da competencia exclusiva, especial y privilegiada al Tribunal de Tierras en su artículo 7 lo cual fue modificado por la Ley No 3719 del 28 de diciembre de 1953: “El Tribunal de Tierras tendrá competencia exclusiva para conocer: - De los procedimientos relativos al saneamiento y registro de todos los terrenos, construcciones y mejoras permanentes, o de cualquier interés en los mismos - De los procedimientos para la mensura, deslinde y partición de terrenos comuneros - De la depuración de los pesos o títulos de acciones que se refieran a terrenos comuneros - De las litis sobre derechos registrados - De los demás procedimientos y casos específicamente tratados en la presente Ley. Asimismo conocerá de todas las cuestiones que surjan con motivo de tales acciones o que sean necesario ventilar para la correcta aplicación de esta Ley, sin excluir las que puedan referirse al estado, calidad, capacidad o filiación de los reclamantes.” Por otra parte, según el artículo 8, el Tribunal de Tierras es competente para conocer de las demandas en garantías por causa de evicción contra el vendedor, cuando se promuevan durante el procedimiento de saneamiento catastral. En este caso el Tribunal tendrá todas las facultades para instruir y fallar que tienen los tribunales ordinarios, conforme a los artículos 1626 y siguientes del Código Civil. Además, el Tribunal de Tierras tiene otras atribuciones con el fin de obtener mejor y más efectiva aplicación de la legislación inmobiliaria. Entre otras, podemos citar varias funciones basándonos sobre artículos de la Ley de Registro de Tierras: - Artículo 193: competencia para decidir el Procedimiento de Determinación de Herederos, que tiene como finalidad hacer registrar los derechos inmobiliarios de una persona fallecida a nombre de sus 7


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continuadores jurídicos, o sea, los herederos, coparticipes o legatarios. Artículo 214: competencia para conocer el procedimiento de la Demanda en Partición de los Bienes de la Sucesión, interpuesta por los herederos o coparticipes Artículos 120 y siguientes y 124 y siguientes: El Tribunal de Tierras como Tribunal Superior de Tierras tendrá competencia para actuar como tribunal de alzada que conoce de los Recursos de Apelación, por una parte, y, por la otra, como Tribunal de Revisión frente a las Decisiones dictadas por los Jueces de Jurisdicción Original. Artículos 128 y siguientes: competencia para conocer y decidir de los Nuevos Juicios que él mismo haya ordenado como consecuencia del conocimiento de la apelación o revisión de una decisión dictada por un Juez de Jurisdicción Original. Artículos 235 y siguientes: competencia para los procedimientos represivos, o sea para conocer y decidir todas las acciones de carácter penal que se interpongan vía el Abogado del Estado y Fiscal ante el Tribunal de Tierras, con la finalidad de sancionar las violaciones de la Ley de Registro de Tierras y al Reglamento General de Mensuras Catastrales.

A continuación, precisaremos otras funciones del Tribunal de Tierras distinguiendo las del Tribunal Superior de Tierra y las de la Jurisdicción Original. En resumidas cuentas, con sus amplias facultades para dictar sus propios reglamentos, su plenitud de jurisdicción y el papel activo de sus jueces, el Tribunal de Tierra se ha convertido en una institución efectiva con un papel importante en el buen funcionamiento de la jurisdicción inmobiliaria.

3) LOS TRES ELEMENTOS CONSTITUIDOS DEL TRIBUNAL DE TIERRA El Tribunal de Tierras en su estructura jurisdiccional, puede dividirse en tres importantes elementos: - La presidencia - Los departamentos del Tribunal Superior de Tierras: el segundo grado de jurisdicción - Los Tribunales de Tierras de Jurisdicción Original: el primer grado de jurisdicción. Las tres partes siguientes del trabajo van a tratar de cada uno de estos órganos.

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a. LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE TIERRA La segunda parte del Capítulo II de la Ley de Registro de Tierras trata de este primer elemento. El presidente del Tribunal de Tierra, que tiene su despacho en el Distrito Nacional, es el portavoz y representante de la jurisdicción catastral. También es el jefe de todos los asuntos administrativos del tribunal. Tiene el liderazgo sobre todos los jueces que componen el Tribunal de Tierra, lo que no afecta la independencia interna, vertical y horizontal, de los jueces. A saber que el Presidente del Tribunal de Tierra es también el presidente del Departamento Centro del Tribunal Superior de Tierra. Por un parte, tiene funciones jurisdiccionales como Juez. Por otra parte, tiene funciones administrativas. En efecto, es él quien, por medio de un auto, designa los demás jueces componiendo el Tribunal Superior de Tierras y el Juez del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original cuando se trate de cualquier asunto litigioso que debe recorrer el doble grado de jurisdicción. El Presidente del Tribunal de Tierra siempre debe estar en contacto con los representantes de los órganos dependientes del Tribunal de Tierra. O sea, para el buen funcionamiento de la Jurisdicción, imparte instrucciones al Secretaria del Tribunal, a los Registradores de Títulos, al Director General de Mensuras Catastrales y al Abogado del Estado y Fiscal ante el Tribunal de Tierra.

b. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TIERRA  ORGANIZACIÓN Cuando hablamos del Tribunal Superior de Tierra hacemos referencia al órgano de mayor jerarquía en el sistema de jurisdicción inmobiliaria. Sin embargo, cabe precisar que, de hecho, existen cinco departamentos del Tribunal Superior de Tierra1: El Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central. Le corresponden los asuntos relativos al Distrito Nacional, la Provincia de Santo Domingo, Monte Plata y San Cristóbal. El Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte. Le corresponden los asuntos de las provincias de Santiago, La Vega,

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Bases legales: 1) Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario del 23 de Marzo de 2005, modificada por la Ley No. 51-2007, 2) el Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria Modificado por Resolución No. 1737-2007 del 12 de julio de 2007

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Monseñor Nouel, Espaillat, Valverde, Puerto Plata, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón. El Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste. Le corresponden los asuntos de las provincias: Samaná, Maria Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez y Salcedo. El Tribunal Superior de Tierras del Departamento Sur. Le corresponderán los asuntos de las provincias de Peravia, Azua, San Juan de la Maguana, Barahona, Bahoruco, Independencia, San José de Ocoa, Pedernales y Elías Piña. El Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este. Le corresponden las provincias de El Seybo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, y la Altagracia. Según la Ley No. 108-05 y el Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria, los Tribunales Superiores de Tierras son tribunales colegiados. Cada uno está compuesto por cinco jueces designados por la Suprema Corte de Justicia, incluyendo el Presidente del Departamento. El Departamento Central es una excepción ya que, por el gran cúmulo de trabajo, cuento con un Presidente y siete jueces. Para cada audiencia, el Presidente designa, por auto, tres jueces del Tribunal Superior, pudiendo o no incluirse en ese número. Las decisiones son adoptadas por mayoría simple.

 COMPETENCIA Las funciones de cada Tribunal Superior de Tierra son múltiples. Conoce de manera especial, en un solo grado, de diversos recursos y procedimientos. Primero, conoce en segunda instancia de los recursos jurisdiccionales o jerárquicos contra actuaciones administrativas, de los recursos en revisión por error material contra los actos generados por ellos, y de los recursos en revisión por causa de fraude. Además el Tribunal Superior de Tierra cumple dos importantes funciones: la función de Tribunal de Apelación y la función de Tribunal Revisor. Como Tribunal de Apelación, conoce en segunda instancia de todas las apelaciones que se interpongan contra las decisiones emanadas de los Tribunales de Tierra de Jurisdicción Original bajo su jurisdicción territorial. Puede confirmar la decisión impugnada, modificarla o revocarla. En caso de la última opción, puede estatuir como crea que se debe resolver la litis y registrar los derechos inmobiliarios que se discuten. También puede revocarla y ordenar un nuevo juicio, para lo cual designa el Juez de Jurisdicción Original que debe instruir y fallar nuevamente el caso. 10


Ejerce la función de Tribunal Revisor de manera particular cuando no existe un Recurso de Apelación contra la Decisión dictada por el Juez de Jurisdicción Original (que cometió un error), o adicionalmente a la ponderación y solución del Recurso de Apelación. Esta facultad es denominada “revisión de oficio u obligatoria”. Finalmente, el Tribunal Superior de Tierras tiene un poder reglamentario. O sea, cuando lo estima necesario, puede trazar las pautas que rigen los procedimientos que se llevan por ante la jurisdicción de tierras. Su amplia competencia se justifica por el carácter especializado y de alto interés social que implica lo económico, que tiene el Tribunal de Tierra.

c. LOS TRIBUNALES DE JURISDICCIÓN ORIGINAL  COMPOSICIÓN Los Tribunales de Jurisdicción Original son tribunales unipersonales, o sea compuestos por un juez. Constituyen el primer grado de la Jurisdicción Inmobiliaria. Todo Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original está adscrito y comprendido dentro de la jurisdicción territorial de un Tribunal Superior de Tierras y goza de plenitud de jurisdicción. Contra al caso de los Tribunales Superiores de Tierra, el número de jueces de Jurisdicción Original no es fijo. La Suprema Corte de Justicia puede designar en una misma demarcación territorial, tantos jueces de Jurisdicción Original como considere necesarios.

 COMPETENCIA CONSIDERACIONES GENERALES Antes de todos, cabe saber que los jueces de Jurisdicción Original gozan de plenitud de jurisdicción dentro del distrito judicial al que pertenecen. Para atribuirle o asignarle jurisdicción en cada expediente, se necesita un auto del presidente del Tribunal Superior de Tierras. GRADO DE JURISDICCIÓN Primero, el tribunal de jurisdicción original cumple la misión de instruir y fallar en primera instancia de todos los asuntos para los cuales sea designado por auto del presidente del departamento del Tribunal Superior de Tierra al cual pertenezca. Esta vinculación departamental se determina por el lugar donde el juez de Jurisdicción Original tiene su residencia. Después, figura también como tribunal de segundo grado en materia posesoria para conocer de las apelaciones contra las sentencias de los juzgados de paz dictadas en relación con terrenos bajo mensura catastral. Finalmente, hay casos en los cuales los jueces de Jurisdicción Original actúan en primer y último grado, como por ejemplo en los llamados delitos 11


de audiencia (artículo 238 de la Ley de Registro de Tierras) y en la partición numérica de un sitio comunero (artículo 105 de dicha ley).

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA JURISDICCIÓN ORIGINAL Las decisiones de los jueces de Jurisdicción Original no tienen fuerza ejecutoria hasta tanto no sean revisadas y aprobadas por el Tribunal Superior de Tierras correspondiente (artículos 15 y 124 de la Ley de Registro de Tierras). Sin embargo la Ley de Registro de Tierras precisa las excepciones legales a la revisión de sus decisiones: - Artículo 15: Decisiones sobre medidas relativas a la instrucción de la causa. - Artículo 105: Decisión sobre partición de terreno de cada accionista. Es dictada en única instancia. - Artículo 238: Decisión en materia penal por causa de delito de audiencia (es decir toda perturbación o alteración del orden en el lugar donde se esté conociendo de un caso judicial). - Decisión dictada en apelación contra las sentencias de los juzgados de paz dictadas en relación con terrenos bajo mensura catastral. O sea, el Tribunal Superior no puede revisar las decisiones que la Jurisdicción Original toma como tribunal de segundo grado. Esa sentencia sólo puede ser atacada por el recurso de casación interpuesto por ante la Suprema Corte de Justicia. 4) LAS OFICINAS O DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL DE TIERRAS El Tribunal Superior de Tierras y los tribunales de Jurisdicción Original no bastan para asegurar una buena aplicación de la legislación inmobiliaria. Esos órganos necesitan una compleja estructura administrativa o técnica que les apoya para operar con eficiencia. Más precisamente, se necesita órganos para mensurar, sanear, adjudicar, registrar, asignar Distritos Catastrales, atribuir designaciones catastrales, ejecutar las decisiones de los jueces del Tribunal de Tierras, mantener los controles y archivos de documentos, recibirlos… Por eso, se crearon oficinas, también llamadas dependencias administrativas y técnicas del Tribunal de Tierras que son las siguientes.

a. LA OFICINA DEL ABOGADO DEL ESTADO Y FISCAL ANTE EL TRIBUNAL DE TIERRAS Es un funcionario público que representa al Estado y a través de él a toda la sociedad ante cualquiera de las instancias del Tribunal de Tierras. O sea actúa cuando se trata de un procedimiento de orden público y de interés social. Tiene dos facetas: Juega su papel de abogado cuando representa los intereses del Estado, “propietario original”, o “garante del Certificado de Título”. 12


Se convierte en Fiscal cuando representa a la sociedad en un procedimiento de orden público, que consiste en una impugnación, o corrección del Certificado de Título y en materia penal o represiva. Cabe interrogarse sobre la ubicación en el ordenamiento jurídico de este actor de la jurisdicción inmobiliaria. Es cierto que dicho funcionario está subordinado a las órdenes del Tribunal de Tierras, estando en contacto permanente con el presidente de este Tribunal. Sin embargo, se plantea el problema de su dependencia al Poder Ejecutivo que lo nombra. El Abogado del Estado y Fiscal ante el Tribunal de Tierras depende de la Procuraduría General de la República y no del Poder Judicial, del cual sí depende el Tribunal de Tierras.

b. LAS OFICINAS DE LOS REGISTRADORES DE TÍTULOS Es la Oficina encargada de llevar sistemáticamente el registro de la propiedad inmobiliaria, o de cualquier otro derecho real inmobiliario, a partir del momento en que eso derecho haya sido objeto del procedimiento de saneamiento catastral. Cada oficina está a cargo de un Registrador de Títulos. La Dirección Nacional de Registro de Títulos es el órgano de carácter nacional dentro de la Jurisdicción Inmobiliaria encargado de coordinar, dirigir y regular el desenvolvimiento de las oficinas de Registro de Títulos,

c. LAS DIRECCIONES REGIONALES DE MENSURAS CATASTRALES Son las Oficinas técnicas adscritas al Tribunal de Tierras, encargadas de realizar o supervisar la ejecución de todos los trabajos técnicos de mensura que requieran los terrenos y los titulares de los mismos: mensuras catastrales, deslindes, subdivisiones, refundiciones, inspecciones, replanteos... Además, se encargan de otorgar las denominaciones catastrales a los terrenos que serán sometidos a mensura. Las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales están a cargo de un Director Regional de Mensuras Catastrales. La Dirección Nacional de Mensuras Catastrales es el órgano de carácter nacional encargado de coordinar, dirigir y regular el desenvolvimiento de las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales.

d. LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL Como toda institución de servicio público, el Tribunal de Tierras tiene su dependencia que se encarga de mantener el vínculo con los usuarios de los servicios que presta. En la jurisdicción catastral es el papel de la Secretaría del Tribunal. Está a cargo de un secretario. 13


Todas esas dependencias se relacionan permanentemente con las otras. El Tribunal de Tierras es el centro que las ordena, las supervisa y las orienta.

BIBLIOGRAFÍA Bases legales: La Constitución Dominicana La Ley de Registro de Tierras y sus modificaciones La Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario, del 23 de marzo de 2005 modificada por la Ley No. 51-2007 El Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria Modificado por Resolución No. 1737-2007 del 12 de julio de 2007

Sitio web: www.suprema.gov.do

Libros: Lic. Arístides ALVAREZ SÁNCHEZ, Estudio de la Ley de Editorial Tiempo, SA, Santo Domingo, DN, RD, 1986, 619pp.

Tierras,

Rafael CIPRIÁN, Tratado de Derecho Inmobiliario (bases legales, jurisprudencia, doctrina y procedimientos), Santo Domingo, DN, RD, 2003, 1008pp. Manuel W. MEDRANO VÁSQUEZ, Principales Acciones ante el Tribunal de Tierra. Formularios diversos y Constitución de un Condominio, Editora Centenario, SA, Santo Domingo, RD, 1998, 340pp.

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Tribunal de tierras del departamento central