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La Asamblea Nacional. por Quentin Morel

El Senado y la Cámara de Diputados trabajan separadamente, excepto cuando se reúnan en Asamblea Nacional (art. 29). El artículo 27 establece que las Cámaras se reunirán en Asamblea Nacional en los casos indicados por la Constitución, debiendo estar presente más de la mitad de los miembros de cada una de ellas. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos. o Las atribuciones del Congreso: 1. Establecer los impuestos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión. 2. Aprobar o desaprobar, con vista del informe de la Cámara de Cuentas, el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo. 3. Conocer de las observaciones que a las leyes haga el Poder Ejecutivo. 4. Proveer a la conservación y fructificación de los bienes nacionales, y a la enajenación de los bienes del dominio privado de la Nación, excepto lo que dispone el inciso 10 del artículo 55 y el artículo 110. 5. Disponer todo lo concerniente a la conservación de monumentos y objetos antiguos y a la adquisición de éstos últimos. 6. Crear o suprimir provincias, municipios u otras divisiones políticas del territono y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización, previo estudio que demuestre la conveniencia social, política y económica justificativa del cambio. 7. En caso de alteración de la paz o en el de calamidad pública, declarar el estado de sitio o suspender solamente donde aquellas existan, y por el término de su duración, el ejercicio de los derechos individuales consagrados en el artículo 8, en sus incisos 2, letras b), c), d), e), f), g), y 3, 4, 6, 7 y 9. 8. En caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un peligro grave e inminente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de emergencia nacional, suspendiendo el ejercicio de los derechos individuales, con excepción de la inviolabilidad de la vida, tal como lo consagra el inciso 1) del artículo 8 de esta Constitución. Si no estuviere reunido el Congreso, el Presidente de la República podrá dictar la misma disposición que conllevará convocatoria del mismo para ser informado de los acontecimientos y las disposiciones tomadas. 9. Disponer todo lo relativo a la migración. 10. Aumentar o reducir el número de las Cortes de Apelación y crear o suprimir tribunales ordinarios o de excepción. 11. Crear o suprimir tribunales para conocer y decidir los asuntos contenciosoadministrativos y disponer todo lo relativo a su organización y competencia. 12. Votar el Presupuesto de Ingresos y la Ley de Gastos Públicos y aprobar o no los gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo. 13. Autorizar o no empréstitos sobre el crédito de la República por medio del Poder Ejecutivo. 14. Aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que celebre el Poder Ejecutivo.


15. Legislar cuanto concierne a la deuda nacional. 16. Declarar por ley la necesidad de la reforma constitucional. 17. Conceder autorización al Presidente de la República para salir al extranjero cuando sea por más de quince días. 18. Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las leyes. 19. Aprobar o no los contratos que le someta el Presidente de la República de conformidad con el inciso 10 del artículo 55 y con el artículo 110. 20. Decretar el traslado de las Cámaras Legislativas fuera de la Capital de la República, por causa de fuerza mayor justificada, o mediante convocatoria del Presidente de la República. 21. Conceder amnistía por causas políticas. 22. Interpelar a los Secretarios de Estado y a los Directores o Administradores de Organismos Autónomos del Estado, sobre asuntos de su competencia, cuando así lo acordaren las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara que lo solicite, a requerimiento de uno o varios de sus miembros. 23. Legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro Poder del Estado, o contraria a la Constitución. o Lo que puede añadirse con el proyecto de reforma constitucional actual: -Disponer todo lo concerniente a la conservación de monumentos y al patrimonio histórico, cultural y artístico. -Autorizar al Presidente de la República a declarar los estados de excepción a que se refiere ésta Constitución. -Aprobar no más tarde del 30 de diciembre el proyecto de presupuesto de Ingresos y la Ley de Gastos Públicos correspondiente al año siguiente, así como los gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo. -Pronunciarse a través de resoluciones acerca de los problemas o las situaciones de orden nacional o internacional que sean de interés para la nación.

 Los principales logros del Congreso. A través de las diversas reformas constitucionales y por la legislación que creó durante años, el Congreso ha permitido que los dominicanos gocen hoy de numerosos derechos. Vamos a sintetizar estos importantes derechos conseguidos por el pueblo dominicano vía su Congreso con el paso del tiempo. La abolición de la esclavitud en República Dominicana se llevó a cabo bajo la ocupación haitiana de 1822. Las reformas constitucional de mayo de 1924 la libertad de prensa y el fin definitivo de la censura. Tal vez esto puede sorprender unos, pero los 31 años de la Era de Trujillo, fueron un periodo bastante fasto para la legislación social y laboral. Así, bien temprano, en 1932 se dictó la Ley 352 sobre Accidentes de Trabajo, que confirió protección a los obreros que sufrían daños físicos en ocasión de sus ocupaciones y que obligó


a todos los patronos a tomar pólizas de seguros para garantizar las indemnizaciones a favor de sus empleados y obreros que se lesionaran o murieran en un accidente de trabajo. Esta ley fue fortalecida en 1947 con la Caja Dominicana de Seguros Sociales. También, las pólizas que pagaban los trabajadores y sus patronos se extendieron a enfermedades, maternidad, incapacidad y vejez. En 1933 se dictó la Ley de Dominicanización del Trabajo, que fijó topes a la cantidad de extranjeros que podían trabajar en una empresa. En 1934 se dictó la Ley 740 que prohibió el pago de salarios mediante fichas y vales, costumbre muy arraigada en los ingenios azucareros que así obligaban a sus obreros a comprar en las bodegas propiedad de esas empresas. En 1935 se promulgó la Ley 929 que establecido el límite de 8 horas diarias y 48 horas a la semana para la jornada normal de trabajo, para los trabajadores industriales y comerciales. A esta ley se le agregó la No. 183 del año 1939 sobre Descanso y Cierre Dominical. En 1944 se dictó la Ley de Contratos de Trabajo, la cual reglamentó las relaciones obreropatronales y finalmente en el año 1951 se dictó el Código Trujillo del Trabajo, cuerpo legal que recogió toda la legislación anterior en materia laboral y la modernizó, estableciendo jurisdicciones especiales para los litigios entre patronos y trabajadores y haciendo obligatorio un preliminar de conciliación ante la Secretaría de Estado de Trabajo, organismo que ya había sido establecido en el año 1945. Se dictó la ley 877 que estableció como día festivo el 1ro. de mayo declarado Día del Trabajo. En 1942 se había dictado la Ley 68 que concedió derecho a descanso y vacaciones a los servidores domésticos. Los gremios obreros fueron reglamentados por la Ley 267 del año 1940 y en ese mismo año se dictó la Ley 252 sobre Salarios Mínimos, aunque el régimen no permitió la libre sindicalización. En 1955 salió la ley que obligó a los patronos a otorgar una regalía pascual a sus empleados. Las mujeres fueron favorecidas con variada legislación. En 1933 se concedió por primera vez el derecho de voto a las mujeres mediante Decreto 858 y en 1940 se dictó la importante Ley 390 que les otorgó plena capacidad civil, modificándose o derogándose 28 artículos del Código Civil en los cuales las mujeres aparecían con incapacidades totales o parciales. Así, desde entonces las mujeres dominicanas pudieron ejercer libremente un oficio o profesión sin necesidad de autorización de sus maridos; otorgar testamento, ser tutoras, contratar libremente, abrir y manejar sus propias cuentas bancarias. Para los menores también se legisló abundantemente. Se dictó en 1939 la Ley de Filiación de los Hijos Naturales, que derogó varios artículos del Código Civil que ponían a éstos en condiciones de gran desigualdad con los hijos legítimos. En lo adelante el reconocimiento de los hijos naturales les daba los mismos derechos que los legítimos, excepto en materia hereditaria donde su porción sería de la mitad que tocara a los legítimos. En 1941 se dictó la Ley 603 creando los Tribunales Tutelares de Menores, como jurisdicciones especiales para juzgar a los menores de 18 años. En 1947 fue promulgada la Ley 1406 sobre Guarda de Menores; en 1950 la Ley 2402 amplió los derechos. El derecho de huelga se elevará a precepto Constitucional en 1963. La reforma de 1966 también lo consagra como uno de los derechos sociales fundamentales, pero circunscrito al ámbito de los trabajadores que prestan servicios en las empresas privadas que deben ejercicio con arreglo a la ley con la finalidad de resolver conflictos estrictamente laborales. La constitución declara ilícita la huelga que afecta a la administración pública, los servicios públicos o los de utilidad pública (Art. 8, Ordenal 11 Letra D). El Código de Trabajo de 1992 reitera las disposiciones de la legislación anterior de 1951, pero liberaliza en diverso aspectos


la reglamentación de su ejercicio ya que disminuye el porcentaje legal requerido para decidir la huelga, que esta pueda declararse en los conflictos de derecho que afectan el interés colectivo, reduce el plazo del aviso previo. El artículo 8 de la Constitución están plasmados los Derechos Individuales y Sociales. Entre ellos se encuentran: -La Inviolabilidad de la Vida. -La libertad de conciencia y de cultos. -La libertad de expresión del pensamiento. -Derecho a la seguridad individual. -La inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. -La libertad de enseñanza. -La libertad de asociación y reunión. -El derecho de propiedad. -La libertad de trabajo. -La libertad de tránsito. -El derecho a la propiedad intelectual. El derecho a la seguridad social está contenido en el Art. 8, acápite 17, de la Constitución de la República el cual dice lo siguiente: “El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez”.


Bibliografía:

Constitución de República Dominicana

Webografía:

http://www.monografias.com/trabajos13/dereabs/dereabs.shtml http://www.jmarcano.com/mipais/politicos/legislativo.html http://www.ipu.org/parline-f/reports/1094_A.htm http://www.ipu.org/parline-f/reports/1093.htm http://www.senado.gov.do/PortalSILSenado/Default.aspx?tabid=116 http://www.senado.gov.do/PortalSILSenado/Default.aspx?tabid=117 http://www.senado.gov.do/PortalSILSenado/Default.aspx?tabid=115 http://www.senado.gov.do/PortalSILSenado/Default.aspx?tabid=119 http://www.senado.gov.do/PortalSILSenado/Default.aspx?tabid=120 http://www.senado.gov.do/PortalSILSenado/Default.aspx?tabid=121 http://www.diariodigital.com.do/articulo,33140,html


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