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Informe de Democracia Observatorio Democrรกtico


Coordinación del Informe: Alvaro Briceño - Apoyo en levantamiento de información: Pablo Innecken Argentina *Con aportes de Rocío Rius y Marta Gaba. Tras cincuenta años de una traumática alternancia entre gobiernos civiles y militares Argentina hoy muestra una estabilidad inédita de su régimen democrático. Pese a los avances que el retorno de la democracia significó en materia de derechos políticos, persisten severos déficit en otras dimensiones de la ciudadanía. La debilidad de los partidos en Argentina y la carencia de liderazgos vienen marcando la realidad política del país. En la reciente elección presidencial, la presidenta argentina, Cristina Fernández, logró su reelección con un triunfo sin precedentes desde el retorno de la democracia al país, más del 53 por ciento de votos y 36 puntos de ventaja sobre el segundo candidato más votado, el socialista Hermes Binner. La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia participó con observación electoral apoyada a través de varias organizaciones miembro como FAVIM Acción Ciudadana, la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) y el programa Joven Argentina quienes manifestaron unas elecciones tranquilas sin grandes contratiempos y con irregularidades leves que no transgredieron el proceso electoral. El amplio margen de popularidad para Cristina, causado no sólo por una cohesión de votantes afines al kirchnerismo sino también por la ausencia de un liderazgo real y firme en la oposición que haga contrapeso suficiente genera un clima crisis del sistema de partidos políticos.

Cristina Fernández también, ha sido objeto de serias críticas por integrar a su gabinete a prominentes figuras neoliberales, sobre lo que se especula que el kirchnerismo está cada vez más alejado de un peronismo basado en la justicia social, la redistribución de la riqueza y el favorecimiento de los más desprotegidos y más bien se ubica a favor de las élites empresariales y el espectro comercial en detrimento de las clases sociales vulnerables. En cuanto a Derechos Humanos, se conocen intentos por restringir las libertades fundamentales, por ejemplo con el proyecto de ley para declarar de interés público el papel para diarios escritos. La idea es que el papel en el cual se imprimen los periódicos sea de control estatal, lo que es visto por muchos como una falta al derecho de propiedad y una eventual regulación de la libertad de prensa. Igualmente, desde 2008, el gobierno ha impulsado una ley de control de medios audiovisuales y hace unos meses se dio el allanamiento de las oficinas de Cablevisión, principal operador de cable en el país y que pertenece al Grupo Clarín, conglomerado con gran presencia en medios televisivos y prensa escrita en Argentina, grupo que ha sido fuertemente criticado por Cristina. En materia de Derechos Humanos, actualmente se ha elevado la voz sobre supuestas torturas carcelarias y falta de procesos judiciales en la región de Santiago del Estero, en donde se encuentran personas recluidas en espera de juicios con más de tres años de retraso, es decir, prisiones preventivas demasiado prolongadas. Además, se ha alertado en diferentes medios de comunicación sobre la situación de amenazas e intimidación de pueblos indígenas del norte del país por motivo de tierras e intereses empresariales en tala de árboles.

Bolivia * Con aportes de María Eugenia Rojas Valverde. Si bien, Bolivia ha logrado consolidarse como un país de elecciones libres se sostienen aún grandes desigualdades. El presidente Evo Morales llegó al país mediante el sufragio popular, gracias al apoyo de los pueblos indígenas y diversos movimientos populares y ha sido considerado el primer presidente indígena electo en país. En el ámbito electoral ha habido avances significativos en cuanto a la organización de elecciones y en el ámbito local se cumplen 26 años de vigencia de la Democracia Municipal. Un avance fundamental se dio a partir de 1997 con la creación de la Ley de Cuotas electoral, que señalaba que al menos 30% de las mujeres tenían que acceder a la representación política nacional. En el ámbito indígena, cada vez más las organizaciones campesinas e indígenas se han robustecido, exigiendo el respeto a sus derechos y el acceso a toma de decisiones. La gran marcha popular indígena vivida hace unos meses a raíz de la presunta construcción de una carretera que atravesaría la región indígena del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) demostró que la población indígena no se siente representada ni identificada con el gobierno de Evo Morales, al cual se le ha acusado de servir más a los intereses de sus aliados de Brasil, Venezuela y Ecuador que a las necesidades del pueblo boliviano. En materia de independencia judicial, el Presidente Morales por decreto tomo el control del Poder Judicial y luego lo consolido con las recientes elecciones judiciales, las cuales arrojaron denuncias de irregularidades durante y previo al proceso, traducidas en supuesta designación a dedo de los candidatos, obstaculización de los observadores, poca información, poca propaganda (casi inexistente


en muchas zonas), problemas con la instalación de centros electorales, poca seguridad del material electoral. Lo más relevante fue el resultado de la elección la cual resultó en un alto número de votos nulos y en blanco los cuales sumaron más del 60.3% de los votos, cuyo resultado indica que realmente existió un rechazo mayoritario de Bolivia a la elección y una posible reprobación de la gestión del Presidente Morales.

Una vez vencido el fantasma del militarismo y luego de una continuidad de buenos gobiernos y efectivas políticas públicas, el país se ha convertido en una potencia económica y política regional y mundial. Luego de un proceso de rescate democrático iniciado con la inesperada presidencia de Itamar Franco y luego continuada por los Presidentes Fernando Henrique Cardozo, Luis Ignacio (Lula) Da Silva and Dilma Rousseff.

Recientemente, en materia de Derechos Humanos, se han denunciado casos de brutalidad policial y exceso de autoridad. Sobresalen los casos de violencia en contra de los manifestantes indígenas en defensa del TIPNIS en 2011, y en días recientes con la agresión de cientos de personas con discapacidad que se encontraban en una marcha pacífica hacia el Palacio de Gobierno por motivo de una ley que resta 4% de cupo laboral estatal a este segmento de la población boliviana.

Sin embargo, en el tema de promoción democrática y de respeto a los Derechos Humanos, el país sigue debiendo, se mantiene el apoyo a gobiernos autoritarios en la región, se sigue irrespetando al Sistema Interamericano de Derechos Humanos al punto de suspender el pago de cuotas, favoreciendo la quiebra de la Organización de Estados Americanos. De hecho, el país le adeuda a la OEA US$ 6.3 millones, condicionando sus cuotas a la eliminación de la facultad que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de emitir medidas cautelares de protección de derechos humanos.

Próximamente, se redactará una nueva Ley de Organizaciones Políticas con base en lo descrito en la Constitución actual boliviana, se espera que la nueva ley respetará la equidad de género. Será obligatorio que la designación de candidatos de los partidos políticos respeten la equidad de género mediante la alternabilidad. Además, según el Presidente del Tribunal Supremo Electoral boliviano (TSE), Wilfrido Blanco se prevé que los militantes de los partidos políticos elijan a sus candidatos bajo ciertos parámetros. El organismo electoral busca mayor participación ciudadana a lo interno de los partidos políticos y además, para ello elaborarán reglamentos para las elecciones internas o primarias en contiendas políticas. Brasil Brasil viene experimentando dos décadas de mejoras políticas, económicas y sociales.

La acelerada industrialización está llevando a un deterioro evidente del medio ambiente brasileño y esto ha generado descontento y apatía en un importante sector de la población ha sido frecuentemente ignorada por el gobierno e incluso ha rechazado medidas cautelares del Sistema a favor de estos grupos. A inicios de febrero, organizaciones como Amnistía Internacional, denunciaron que la comunidad indígena Laranjeira Ñanderu corría peligro de ser desalojada de su hogar ancestral y trasladarse a una zona pequeña sin acceso adecuado a recurso hídrico, sombra o lugar para cultivar. La comunidad indígena se ubica en la región Mato Grosso do Sul, zona con mayor densidad de población indígena del país, ubicados en pequeñas comunidades siendo las más pobres de Brasil. En este momento,

la orden de desalojo permanece suspendida por un recurso de apelación, sin embargo, el futuro es incierto para la comunidad indígena. También en la actualidad, la presidenta Rousseff viajó a Cuba por primera vez en su mandado, sin embargo, la agenda fue en su totalidad relacionada a aspectos económicos y comerciales, dejando completamente de lado el tema de la democracia y derechos humanos, ignorando de hecho el tema del fallecimiento del preso político cubano Wilman Millar. Tampoco la mandataria, acudió a encuentros con la disidencia cubana. Chile El fin de la dictadura de Augusto Pinochet significó un duro retorno a la democracia en Chile, la cual, exitosamente ha ido en ascenso posicionando hoy al país como uno de los más democráticos de América Latina y el Caribe. Las presidencias de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han traído además un crecimiento económico significativo y una mayor inserción del país en el sistema de comercio internacional. Han sido también una muestra de la posibilidad de balancear el crecimiento económico y políticas de mercado con eficientes programas sociales para sacar al país de la pobreza y el desempleo. El gobierno de la presidenta Bachelet fue particularmente importante por la profundidad de las políticas sociales a favor de la paridad de género, la disminución de la brecha social y la protección de los sectores más desfavorecidos. Se consiguió gobernar con una posición de centro izquierda balanceada o moderada que le permitió un gobierno mesurado, con grandes avances en derechos humanos pero sin dejar de lado las tendencias económicas que la globalización exigía. La elección de Sebastián Piñera rompió la hegemonía de la Concertación, ha pro-


fundizado en las políticas económicas de mercado. Hay críticas de la necesidad de mejorar los programas sociales y la falta de mejores condiciones laborales para agricultores y mineros, una mayor distribución de la riqueza. En meses recientes se ha criticado duramente la privatización de la enseñanza municipal, lo que ha creado una serie de manifestaciones multitudinarias en reclamo por mayor presupuesto para la educación pública y en contra de la privatización de la educación. Los principales problemas que enfrenta el país en la actualidad en materia de derechos humanos, se han realizado amplias movilizaciones sociales sobre todo en la Patagonia chilena (sur del país), en rechazo a lo que perciben como aislamiento gubernamental y ausencia de políticas públicas para su desarrollo. A raíz de estas manifestaciones, Lorena Fries presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), reconoció la brutalidad policial abusiva contra los manifestantes de la zona de Aysén. Según medios de comunicación locales, la región entera vive escasez de víveres y combustibles, falta de caminos y carreteras, además de subempleo y condiciones precarias presentes en muchas familias. Además, en días pasados unos 400 manifestantes se lanzaron a las calles en el sector de La Ligua, en la región V de Chile para protestar por la falta de acceso al agua, esto en una zona densamente poblada donde el 90% de los habitantes se dedican a la agricultura. Los medios de comunicación y agrupaciones sociales de La Ligua, indican que el agua es consumida por grandes grupos empresariales, dejando los ríos Ligua y Petorca sin la capacidad necesaria para abastecer de riego y agua de consumo a las poblaciones allí establecidas. Se denunció abuso de fuerza policial y represión violenta de las manifestaciones. Se ha denunciado también, la existencia de un controversial proyecto

de ley que busca penar con hasta 3 años de prisión el derecho a manifestarse, lo cual iría en clara violación de los derechos humanos y la libertad de reunión y de expresión. Las manifestaciones pacíficas pasarían a ser delito en el país. Colombia Colombia, un país cuya historia reciente ha estado marcada por serios conflictos sociales, guerrillas, grupos paramilitares, carteles de la droga y un clima de inseguridad ciudadana bastante agudo y ejemplificado en continuas desapariciones, muertes violentas, secuestros, amenazas y persecuciones. En la actualidad persisten los escándalos por narcotráfico, problemas con cárteles y mafias, denuncias por tráfico de influencias, guerrillas, grupos paramilitares, asesinato de políticos, periodistas, el homicidio de candidatos políticos, líderes y lideresas de organizaciones de la sociedad civil. La ciudadanía siente que la participación ciudadana se realiza con mucha dificultad. Se debe hacer un esfuerzo en la aplicación efectiva de las medidas cautelares de protección a víctimas y sentencias brindadas por entidades internacionales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las elecciones locales desarrolladas en Colombia el 30 de octubre de 2011 fueron monitoreadas por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia a través del aporte de la Misión de Observación Electoral de MOE- una plataforma de organizaciones de la sociedad civil, sin afinidad partidaria y sin fines de lucro que promueve la democracia en Colombiay con el respaldo de FAVIM Acción Ciudadana de Argentina. En las elecciones se votó para elegir gobernadores y alcaldes, además de

integrantes de los cuerpos legislativos de gobierno local: diputados, concejales, ediles, y miembros de Juntas Administradoras Locales. Los principales resultados arrojados por la observación demostraron la existencia de gran cantidad de lugares de votación inadecuados en términos de espacio físico e infraestructura disponible, falta de control adecuado sobre la propaganda electoral y un abstencionismo electoral muy alto. Colombia, sigue siendo un país donde la democracia se representa en elecciones limpias pero cuyos niveles de violencia deterioran y lesionan cada vez más el tejido social, cohíben la participación ciudadana en la toma de decisiones y aceleran una inseguridad justificada que impide una consolidación democrática a plenitud y un respeto real de las libertades fundamentales y derechos humanos. Hace pocos días, Todd Howland, nuevo representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, indicó a el diario El Colombiano que en el país: “El panorama es complejo porque hay una marca legal, hay muchas instituciones que trabajan en pro de los derechos humanos. El país está desarrollado, pero de otro lado vemos que en la práctica hay violaciones, de todo tipo, a los derechos humanos”. A inicios de febrero, una serie de activistas denunciaron a través de faxes al presidente de Juan Manuel Santos para buscar una protección más efectiva de una comunidad de Paz de San José de Apartadó, al noroeste colombiano, a los 7 años de una masacre perpetrada en la zona en la cual los paramilitares en operación conjunta con las fuerzas armadas asesinaron a una serie de miembros de la comunidad. A pesar del terrible acto, el caso sigue sin ser procesado. También recientemente, la CIDH calificó de representativo el caso de una agresión de militares contra un


periodista colombiano cuyo caso ya es sometido a audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reveló en un informe coordinado por Carlos Miguel Ortiz que, desde 1984 más de 2800 sindicalistas han sido asesinados en el país, con una tasa de impunidad de casi el 95% de dichos crímenes. Se culpa a los paramilitares, guerrillas e incluso agentes del Estado por la ejecución de gran cantidad de dichos crímenes. Costa Rica Costa Rica es un país considerado ejemplo de democracia y respeto a los Derechos Humanos, la abolición del ejército desde hace más de 60 años es un referente internacional en temas de paz, eso ha permitido una de las estabilidades democráticas de mayor duración en la región. Sede de la Corte y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (UPaz). En el ámbito político, los últimos 10 años han observado la aparición de nuevos partidos políticos, que han creado una Asamblea Legislativa bastante heterogénea en términos ideológicos, lo cual ha lentificado aún más la aprobación de leyes, pero ha consolidado aún más esquemas de democracia, rendición de cuentas y control político. El gobierno de Laura Chinchilla ha continuado muchas obras del anterior gobierno de Arias, apoyando programas de incentivos para evitar la deserción escolar y creación de proyectos para el cuidado de adultos mayores. Sin embargo, la ciudadanía costarricense si bien no se enfrenta a serios problemas de índole democrático o en materia de violación de derechos humanos, vive una serie de problemas que van e aumento: la brecha social, la crisis del sistema de seguro social y de salud (Caja Costarricense de Seguro Social), la

inseguridad ciudadana (en exacerbado aumento), tráfico internacional de drogas, aumento de la oleada de inmigrantes, alto costo de la vida e inflación y aumento de la deuda externa. El respaldo a la gestión de Chinchilla ha caído grandemente sobre todo por la situación económica que enfrenta el país. En materia de derechos humanos el país se encuentra sumamente avanzado, no obstante, han surgido grupos de presión en defensa de derechos de minorías sexuales, poblaciones indígenas y campesinas y de apoyo a iniciativas como la fertilización in vitro (prohibida en el país). Recientemente, protestas indígenas en la zona sur del país dieron como resultado un acuerdo importante en el cual los educadores de las escuelas de varias zonas indígenas serían indígenas y en esos centros educativos se enseñaría los dialectos nativos y la historia indígena. También en la zona sur, en la localidad de San Isidro del General de Pérez Zeledón, los vecinos anunciaron un plebiscito revocatorio de mandato contra el alcalde del municipio, el plebiscito fue acogido por el Tribunal Supremo de Elecciones y realizado de manera inédita en el país. Finalmente, el alcalde tuvo que dejar su cargo a pesar de su negativa. Cuba *Con aportes de Joel Brito. Cuba sigue siendo la más antigua y sangrienta dictadura de las Américas. La gerontocracia racista y tiránica de los hermanos Castro han dejado a la isla en la mayor pobreza y en una total dependencia externa. La isla se mantiene, en palabras del líder del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC) Joel Brito, sumida en una profunda crisis social, económica, ideológica y política difícilmente sostenible, la cual pretende ser acallada por el gobierno a base de golpes, cár-

cel y violación de derechos humanos para los opositores y denunciantes. Las contradicciones del modelo cubano y de la dictadura de los Castro, mantenido primero por la Unión Soviética y luego por Hugo Chávez ha venido coartando cualquier posibilidad de este país de progresar. El reporte sobre la libertad sindical emitido cada año por la Confederación Sindical Internacional CSI, ratifica las violaciones a las libertades sindicales en Cuba, que van desde la constitución hasta los reglamentos disciplinarios en los centros de trabajo y los ministerios los cuales entran en abierta contradicción con los convenios fundamentales de la OIT, referidos a la libertad sindical, el derecho a huelga y a negociar colectivamente. Cuba sigue sumida en un totalitarismo político que se esconde bajo la falsa capa de un socialismo democrático totalmente alejado de la realidad. En el país, persiste la represión a la libertad de pensamiento y expresión, así como de asociación. Restricciones a uso de medios de comunicación y a internet. Igualmente, las actividades peligrosas de “repudio” de opositores encabezadas por bandas apoyadas por el gobierno se han convertido en una constante. En este mes de febrero, se cumplen dos años de la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo. Y las autoridades cubanas impidieron a integrantes de las Damas de Blanco ingresar a un edificio para realizar un acto conmemorativo por la muerte Zapata Tamayo. El tema de los prisioneros políticos ha cobrado nuevamente otra de sus víctimas con la muerte reciente del joven Wilman Villar Mendoza muerto tras una huelga de hambre de 56 días debido a las condiciones inhumanas y degradantes a la que son expuestos los presos políticos en la isla. Igualmente, el Señor José Daniel Ferrer García, Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), ex-


prisionero de conciencia ha sido nuevamente arrestado sin causa penal por parte de la policía política cubana, se desconoce su paradero y su condición. En otro de los casos, las autoridades cuabanas denegaron en estos días, la salida del país de Yoani Sánchez, bloggera crítica de las situaciones de derechos en el país, para asistir a una proyección de documentales en Brasil. Ecuador Rafael Correa, como presidente de Ecuador desde el 2006, contando en años anteriores con un gran apoyo popular hacia su gestión. En el 2008 aprobó una nueva Constitución Política de la mano de una Asamblea Constituyente con el fin de consolidar su poder, eliminar la independencia de las instituciones y lograr su reelección. La democracia ecuatoriana se ha visto consolidada gracias a elecciones pacíficas manipuladas por el ejecutivo sin saldos de víctimas ni revueltas, sin embargo, aumentan cotidianamente las denuncias de violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales, la parcialización del gobierno hacia las políticas chavistas y el apoyo prácticamente ciego del presidente Correa hacia su homologo venezolano. Es claro ejemplo de un retroceso democrático en Ecuador, la censura de medios de comunicación y la manipulación del sistema judicial para dictar sentencias que han favorecido al oficialismo en detrimento de la oposición, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la transparencia en la gestión pública. En días pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno ecuatoriano medidas cautelares de protección para los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez así como para Emilio Palacios, todos del diario El Universo y juzgados por Correa. El gobierno de Panamá, ofreció asilo a Carlos Pérez.

A raíz de esto, el gobierno ecuatoriano, a través del canciller Ricardo Patiño ha anunciado que las medidas solicitadas por la CIDH son “inejecutables”, además, se solicita a la entidad interamericana fundamentar su pedido de medidas cautelares de protección. El gobierno ecuatoriano, pide además al gobierno panameño justificar las razones de la concesión de asilo a los enjuiciados.

Luego de los procesos de paz, el país ha retomado una senda democrática y pacifista que se ha vislumbrado en acciones como la institucionalización de grupos insurgentes como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el cual el logró mediante elecciones limpias acceder al poder gubernamental. Se puede afirmar que El Salvador ha logrado llegar a la alternancia pacífica del Poder.

Medios de comunicación internacionales como La Nación de Argentina, han dado a conocer además, que la ex jueza Mónica Encalada, quien fue jueza competente en el juicio contra El Universo, denunció haber recibido amenazas y presiones por parte del gobierno de Correa durante el juicio, igualmente solicitó medidas cautelares para ella y su familia a la CIDH.

No obstante, persisten serios problemas a lo largo del país: alta tasa de criminalidad, inseguridad ciudadana, desigualdad social y económica, rápida industrialización y deterioro ambiental, surgimiento de maquilas a gran escala en detrimento de profesionalización, exclusión social, crecimiento de las maras y grupos violentos, hacinamiento poblacional, contaminación, dependencia extraordinaria de remesas y de la estabilidad del dólar.

También, columnistas como Fabricio Febres, han denunciado en el país la existencia de sobornos y negocios corruptos en la administración pública. Así como el otorgamiento de contratos a dedo a empresas afines al gobierno, la construcción de lujosas mansiones a los altos funcionarios de gobierno, el uso del avión presidencial y recursos del gobierno por parte de diputados del oficialismo y sus familias. Luego de una presión internacional intensa el Presidente Rafael Correa finalmente retiro los cargos contra El Universo, pero ha dejado en evidencia el control que tiene el Poder Ejecutivo sobre el resto de los poderes, entre los cuales parecieran serviciales el Poder Judicial y el Poder Legislativo. El Salvador El país con mayor densidad poblacional de toda América continental muestra una dinámica histórica marcada en los 80 por la confrontación gobiernoinsurgencia, violencia, guerra civil y deterioro masivo de la calidad de vida.

El 11 de marzo de 2012, se realizaron elecciones legislativas y municipales para elegir a los 84 congresistas de la Asamblea Legislativa y los 262 alcaldes municipales de la nación. Se incluyó por primera vez la figura del “candidato independiente” para aquellas personas que se postulen pero no pertenecen ni representan a ningún partido político. Los resultados fueron alentadores para el partido ARENA y en detrimento exagerado para el partido gobernante FMLN. El Tribunal Supremo Electoral se mostró fortalecido y da cara a una serie de procesos electorales democráticos que no hubieran sido posibles de realizar con la presencia de grupos armados, guerrillas y conflictos ideológicos que permearon el desenvolvimiento de la nación durante los 80. Aún así, la cantidad de trámites solicitados para la inscripción de observadores internacionales puede restarle credibilidad al proceso. El reciente estudio “La Polis Amenazada: (In)seguridad ciudadana y democracia en América Latina y


el Caribe”, presentado esta semana por el Instituto Brookings en la Organización de Estados Americanos (OEA), indica que El Salvador es uno de los países en donde la alta tasa de criminalidad es un peligro latente para la democracia y la estabilidad del país. En materia de democracia y transparencia una serie de organizaciones sociales pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare inconstitucional el nombramiento de dos militares como ministros de la República admitiendo que contraviene la separación de poderes. La acción ha sido catalogada como fuera de plazo por el ente judicial. Guatemala *Con aportes de Hugo Maúl. Luego de un enfrentamiento interno terrible, inseguridad, militarismo y fragilidad democrática, Guatemala ha venido construyendo poco a poco un sistema elecciones periódicas y una búsqueda de la institucionalidad. El país sin embargo, tiene un punto a favor y es la organización en recientes años de una sociedad civil fuerte y comprometida, sobre todo grupos juveniles que se están esforzando por fortalecer la participación ciudadana, el arraigo democrático y una cultura de respeto a los derechos humanos. El país acaba de elegir presidente en una histórica segunda vuelta electoral, acompañada de una gran madurez política y democrática tanto por los candidatos y sus respectivos partidos, como por parte de la ciudadanía y el Tribunal Supremo Electoral como ente fiscalizador del proceso. Guatemala consolida con esta jornada, un triunfo democrático marcado por una masiva asistencia a las urnas, una cantidad ínfima de irregularidades denunciadas y un proceso pacífico de elección de autoridades gubernamentales.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia participó con una misión de observación electoral acreditada por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. La misión compuesta por más de 10 miembros de distintos países de la región, se encargó de hacer una visualización in situ de la situación previa y durante la jornada electoral, por ello el 7 artículo versará específicamente sobre la percepción desarrollada por la Misión de Observación de la Red. La Misión tuvo participación tanto en la primera vuelta electoral (11 de septiembre de 2011) como en la segunda (6 de noviembre de 2011). La observación se logró meses previos a las elecciones, con visitas a Guatemala del 11 al 17 de Mayo de 2011 y del 01 al 08 de agosto de 2011, luego con la Observación realizada en días previos en ambas vueltas electorales, la Observación desarrollada el mismo día de las elecciones y la recolección de información posterior mediante las redes locales adscritas a la RedLad. Finalmente, la Red logró recibir información de 149 observadores nacionales en diversos puntos del país, lo que cataloga la observación como nacional ya que abarcó gran cantidad de territorio. A pesar del triunfo democrático, los retos del nuevo gobierno no son para nada fáciles. Cifras recientes indican que la pobreza y la violencia han crecido a niveles preocupantes. Se mantiene la exclusión social del sector indígena y femenino, falta de oportunidades de empleo, problemas de seguridad social, necesidad de abastecer con servicios básicos de salud como agua potable y centros médicos, ampliar la cobertura y calidad de la educación primaria y secundaria, disminuir la brecha social, educacional, generacional y digital, dinamizar la economía, aumentar las exportaciones y atraer mayores volúmenes de inversión extranjera directa son algunos de los grandes retos que tiene el gobierno.

Uno de los desafíos de actualidad del gobierno es socorrer a los pobladores de Monte de los Olivos, en la zona de Petén, quienes viven con temor de sufrir agresiones y asesinatos por parte de soldados de Belice. La zona se encuentra en disputa por ambos estados. La Prensa Libre ha indicado que más de 150 familias de muy escasos recursos de la etnia indígena qeqchí, solicitan la protección del gobierno guatemalteco. Otro de los casos en materia de derechos humanos lo es la demanda que la Comisión Internacional de Juristas presentará en contra de Guatemala por motivo de prórrogas otorgadas a concesiones en petróleo y proyectos hidroeléctricos, que según la Comisión de juristas, violenta los derechos humanos en materia ambiental. Haiti (Basado en informe de Yasmina Tippenhauer y Carta para la Reconstrucción democrática de Haití). Haití recuerda insoslayablemente la experiencia de la esclavitud, la experiencia unificadora de la plantación1, la presencia de esclavos y descendientes de esclavos en la sociedad americana, la herencia cultural africana transcultural y a menudo “amulatada”, y un gran movimiento de migraciones permanentes. El terrible terremoto del 12 de enero del 2010, que arrancó brutalmente la vida a 300.000 haitianos, que hirió a millares de personas, que obligó a vivir en la calle a más de 1.600.000 personas y a provincias a unas 600.000 transformó por completo todas las esferas del país. La incipiente democracia haitiana se vio igualmente lesionada por lo que no es posible hablar de democracia sin hablar de la reconstrucción pos terremoto del país.


La era posterior a la catástrofe telúrica ha sido marcada por la acción de ONGs extranjeras con visiones de reconstrucción propias, ocasionando inflación humanitaria, la dependencia del pueblo hacia las donaciones y la poca inversión real en el país asistido. Todos los actores de la reconstrucción, tanto nacionales como internacionales, deben respetar los principios de gobernabilidad y de estado de derecho, en particular lo que se refiere a la gestión sana y transparente y a la lucha contra la corrupción. A pesar de ello, números estudios internacionales recuerdan que es el país con el mayor índice de pobreza del continente, deserción escolar y desempleo. Igualmente, con un sistema de justicia a prueba que debe juzgar al ex-dictador Duvalier, por crímenes contra la cosa pública y los Derechos Humanos. Igualmente, Amnistía Internacional revela la necesidad urgente de crear un plan nacional para abordar la crisis de vivienda que sufre el país, a raíz de la gran cantidad de población haitiana que aún vive en campamentos. En días pasados, Mariano Fernández, Jefe de la MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití) expresó su preocupación por el funcionamiento democrático del país, hizo un llamado al consenso entre los poderes del estado, catalogando la situación como de estancamiento político y parálisis institucional que no reflejan los compromisos adquiridos frente a la sociedad civil haitiana e impide el relanzamiento de la economía y la consolidación democrática. Además, se investiga la nacionalidad de los funcionarios principales de gobierno, ya que la Constitución Política haitiana prohíbe la doble nacionalidad del Presidente de la República, Primer Ministro, ministros, legisladores y senadores. Todo ello en medio de presiones por acciones gubernamentales que

saquen al país de la crisis y con la prematura renuncia del Primer Ministro, Garry Conille a menos de 4 meses de haber asumido el cargo. Resulta preocupante como Haití no logra estabilidad de su gobierno y continúen las luchas internas por poder entre el Presidente de la Republica y el Primer Ministro. Honduras *Con Aportes de Lorena Herrera Estevez El mundo entero volteó sus ojos a Honduras en 2009, a raíz de un golpe de estado que depuso al presidente Manuel Zelaya y conformó un gobierno de transición. Luego de un periodo de crisis política, económica y social, que dichosamente no degeneró en guerra civil, se logró organizar elecciones presidenciales anticipadas, surgidas desde el seno de la sociedad civil hondureña pero con un reconocimiento internacional condicionado por parte de muchos gobiernos. El presidente Porfirio “Pepe” Lobo, tuvo la difícil tarea de construir un gobierno de unidad nacional, conciliar a una nación dividida entre detractores y defensores de la deposición de Zelaya, a la vez que lograr la legitimidad internacional y sacar a flote la economía hondureña gravemente lesionada por los acontecimientos. Fue particular, el apoyo de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia en tres aspectos que marcan la honduras contemporánea: primero el papel de la Red como actor de buena voluntad procurando una salida no violenta al conflicto interno, segundo la Misión Electoral de la RedLad en las elecciones presidenciales, como una de las pocas misiones internacionales, en coordinación con observadores locales, que observaron, vigilaron, legitimaron y apoyaron el proceso electoral desde el inicio. En tercer lugar, el apoyo

extenso brindado por la RedLad para el reingreso de Honduras como miembro de la Organización de Estados Americanos y el reconocimiento internacional de la legitimidad del gobierno hondureño. A mediados de febrero de 2012, un incendio en la prisión de Comayagua causó la muerte de más de 300 presos y decenas de heridos. Este accidente ha hecho levantar la vista de medios de comunicación y organizaciones sociales sobre la precaria situación carcelaria que vive el país. Recientemente, el Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, Ramón Custodio, indicó que la creación de una Ley de Indulto y Conmutas ayudaría a reducir la mora judicial penitenciaria en el país, cuyas cárceles superan el 62% de su capacidad con reos sobre hacinados y sin condiciones adecuadas. Custodio, informó también que el Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin) deberá investigar los actos de corrupción denunciados constantemente en la policía hondureña, a la cual se ha denunciado por malos tratos, abuso de poder, negligencia, arrestos ilegales, torturas y tratos inhumanos. Igualmente, Kathleen Fitzpatrick, Subsecretaria Adjunta de Estado de los Estados Unidos, manifestó su preocupación por la gama de desafíos en Derechos Humanos que tiene el país. Aseguró que el Gobierno hondureño de Porfirio Lobo ha dado pasos importantes aunque falta mucho trabajo por hacer para detener la violencia. Fitzpatrick señaló la situación en el Bajo Aguán, en donde reclamos de grupos campesinos por tierras ha dejado más de 50 fallecidos en menos de 4 años. También, aseveró el caso del asesinato de periodistas, donde en menos de dos años, se han asesinado a más de 17 periodistas. La Subsecretaria, también mencionó violaciones a derechos de minorías sexuales.


Un tema de actualidad lo es el decreto ejecutivo para regular a los medios de comunicación y revisar su propiedad, ante lo cual muchos advierten el riesgo de este tipo de normas contra la libertad de expresión. México *Aporte de Cirila Quintero. Luego de casi 70 años de dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Presidencia de la República, México llevó en el 2000 a la presidencia a un candidato de la oposición, proveniente del Partido de Acción Nacional (PAN) dando con ello un gran paso en su camino a la democracia, consiguiendo el respeto al voto y logrando que un porcentaje importante de ciudadanos ejerciera su derecho al voto con la expectativa de cambiar al país. Sin embargo, once años después, la democracia plena, entendida como un avance en la democracia política y un mejoramiento social de la ciudadanía, está aún lejana para México. Así lo demuestran los porcentajes de abstencionismo en las últimas elecciones. Tres retos enfrenta el país en camino a una democracia plena: primero, pasar de una democracia efímera, que se da solo en las contiendas y el día de elecciones, y prolongarla hasta el nombramiento, el desempeño y la evaluación de los gobernantes. En este seguimiento, la transparencia en las elecciones y la rendición de cuentas ocupan un lugar primordial. El segundo aspecto a trabajar consiste en reconfigurar su proyecto económico e integrar un apartado social como parte de su modelo de desarrollo, prevalece la ausencia de políticas sociales que disminuyan la desigualdad y fomenten la equidad y disminuir la pobreza que aqueja a más que 52 millones de mexicanos paradójicamente uno de los hombres más ricos del planeta es mexicano. Una democracia plena no puede permitir esta

desigualdad social. El tercer reto consiste en impulsar la equidad de género y el respeto de los derechos humanos. México es otro de los países que vivirán una jornada electoral en 2012. El 1º de julio, el Partido vencedor tendrá que enfrentarse a serios problemas como la inseguridad ciudadana, desempleo, narcotráfico, tasa de feminicidios y criminalidad, corrupción del sector público y la disminución de los volúmenes de comercio con países clave como Estados Unidos a causa de la crisis financiera. Además, diversos informes indican que la acreditación de observadores electorales no será un procedimiento sencillo por lo que es muy probable que muchas misiones no sean acreditadas, lo cual puede implicar deficiencias electorales y acciones fraudulentas no contabilizadas o visibilizadas en informes de observación. Los temas de actualidad del país en términos de democracia, muchos candidatos opositores han indicado irrespeto a las leyes electorales, por ejemplo, la precandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) , Beatriz Paredes, señala que los precandidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rebasaron los gastos de campaña e infringieron la ley. En Derechos Humanos, el país está haciendo avances importantes como la creación de un Reglamento a la Ley de Migración en la cuál se pretende dar derechos básicos a la población migrantes, así como garantizar su certeza jurídica. Los legisladores han manifestado que los inmigrantes son vulnerables debido a que no poseen un documento de identidad que les de definición jurídica y certeza jurídica que lo defienda ante explotación por parte de policías, soldados, bandas de traficantes de personas. Sin embargo, en un país tan extenso, el trabajo es aún más grande. La semana pasada se dio finalmente la liberación de la activista Lucila

Bettina Cruz Velázquez, en Oaxaca. Su arresto se dio luego de que el 13 de abril de 2011, un grupo de personas supuestamente encabezadas por Cruz, tomaron las oficinas de la paraestatal CFE impidiendo el paso del personal de la institución”. Amnistía Internacional manifestó su preocupación ante la posibilidad de que los cargos contra la activista hayan sido creados falsamente para evitar que continúe con su trabajo de activista. Otro de los casos suscitados, lo es el de la muerte de más de 40 personas perdieron la vida en la Penal de Apodaca y Topo Chico. Grupos de la sociedad civil claman a las autoridades investigar lo acontecido, así como la fuga de 30 presos previo al fallecimiento del otro tanto. Como se visualiza, la corrupción, el narcotráfico y la violencia son lamentables desafíos que enfrenta la sociedad civil mexicana. Nicaragua Nicaragua junto con Venezuela, son dos de los países a nivel mundial que han sufrido mayor retroceso democrático en los últimos años. Desde la llegada al poder de Daniel Ortega, han aumentado dramáticamente las denuncias por corrupción, clientelismo, nepotismo, populismo demagogo, violaciones a la libertad de prensa, expresión, asociación y reunión, grandes vicios de inconstitucionalidad, poca separación de los poderes públicos, acciones dictatoriales, persecución de la oposición, brecha social engrandecida, aumento de los flujos de emigración hacia otros países, retrocesos en salud, educación y economía. Un país que vivió en 2011 uno de los procesos electorales más corruptos, poco transparentes y fraudulentos del año a nivel internacional. Las denuncias previo, durante y posterior al proceso han sido expuestas por


organizaciones como Transparencia Internacional, la Unión Europea y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. La reelección de Daniel Ortega se ha dando en medio de escándalos de fraude altamente reiterados. El informe de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, que incluye información de Hagamos Democracia y el Movimiento Puente, reveló las siguientes deficiencias existentes en momentos previos a la elección: • Candidatura inconstitucional de Daniel Ortega. • Magistrados del CSE (Consejo Supremo Electoral) de facto y con períodos vencidos. • Problemas con el Calendario electoral. • Politización y arbitrariedad en la entrega de Cédulas de Identidad. • Limitaciones para la verificación ciudadana. • Reglamento de Observación Electoral con limitaciones y dificultades para acreditar la observación internacional y nacional. • Utilización de los bienes del Estado para realizar propaganda partidaria. • Rechazo arbitrario e ilegal de Fiscales Nacionales. • Impugnación ilegal de candidaturas a diputados. • Violencia y persecución política, así como amenazas e intimidaciones. • Padrón electoral inflado y no público. • Reelección ilegal de la Jefa de la Policía. Por su parte Ética y Transparencia (capítulo nicaragüense de Transparencia Internacional) indicó las siguiente anomalías: • Previo a la elección no era posible ubicar una sola escuela u oficina donde no hubiera campaña pro-

selitista a favor del oficialismo • El registro en padrones carecía de controles lo que daba pie a la inscripción de extranjeros y menores. Se estima además, que 100,000 empleados públicos y allegados al FSLN recibieron de forma declarada por el CSE un segundo documento de votación de manera preferencial, en un 80% de los casos el primer documento no fue solicitado ni recibido. • Las oficinas de la estructura gubernamental de emisión de documento de votación estuvieron cerradas hasta tres meses antes de la elección con lo que a un aproximado de 250.000 no les fue entregado su documento de votación, negándoseles su derecho al sufragio. • El Padrón Electoral no fue auditado y no existen controles sobre su uso por lo que se estima gran cantidad de extranjeros y difuntos inscritos en los padrones. • El gasto del FSLN en propagan superó 15 veces a todos los partidos de oposición juntos. Posteriormente, con la proclamación ilegítima de Daniel Ortega como presidente, se ha desatado una campaña de desprestigio y persecución contra organizaciones que criticaron las serias deficiencias presentadas. El Movimiento Autónomo de Mujeres ha sido una de las organizaciones perseguidas. El 3 de diciembre, miles de manifestantes nicaragüenses caminaron pacíficamente solicitando nuevas elecciones y exigiendo transparencia en los procesos electorales. Sin embargo, la situación permanece estática. Luis Yáñez-Barnuevo, jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Nicaragua anunció recientemente un retroceso democrático en el país, luego de las votaciones de noviembre. La Misión indicó la urgencia de una reforma electoral general en el país con el fin de asegurar elecciones transparentes.

Sobre derechos humanos, el país ha enfrentado recientemente serios desafíos en el sistema carcelario. Hace pocas semanas, 10 presos y 5 vigilantes resultaron heridos luego de un motín ocurrido en la cárcel Puertas de la Esperanza, en el norte nicaragüense. En este motín el director de la penal fue golpeado y secuestrado por los reos por un intervalo de más de 6 horas. A raíz del incendio carcelario en Honduras, muchos intelectuales han denunciado el precario sistema carcelario nicaragüense en donde según El Nuevo Diario, sólo en 8 cárceles del país con capacidad para 4.700 reclusos, existen más de 8200 privados de libertad, generando una tasa promedio de hacinamiento del 73.5%. Otro de los problemas de derechos humanos que arrastra el país, se manifiesta en las constantes denuncias de brutalidad policial, de acuerdo al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) sólo en la localidad de Juigalpa se han contabilizado más de 104 señalamientos de abuso autoridad, actos violentos e ilegales cometidos por la Policía Nacional de Chontales. Panamá La Democracia en Panamá se ha logrado consolidar poco a poco y el país se perfila como un ejemplo regional de elecciones libres y transparentes. Los últimos gobiernos panameños han invertido mucho en infraestructura, carreteras, atracción de inversiones, sector de servicios financieros y demás. El pasado de prácticas antidemocráticas, denuncias de narcotráfico, corrupción, gobierno militar y violaciones de derechos humanos perpetradas durante la época Manuel Antonio Noriega quedó en el pasado.


Sin embargo, el país se continúa enfrentando a una brecha social en aumento, falta de oportunidades de empleo, aumento en el costo de la vida, problemas sociales relacionados con el tráfico de drogas y un aumento de la deuda externa. La mayor preocupación del presidente Ricardo Martinelli es precisamente la economía y la reactivación de sectores productivos en especial el de servicios y el agrícola. Lamentablemente el gobierno se ha vuelto cada día más intolerante y viene reduciendo los espacios democráticos y la violación de Derechos Humanos, la violencia policial y la inobservancia de libertades parece recrudecerse contra sectores vulnerables como las poblaciones indígenas. Sobre derechos humanos de pueblos indígenas, se ha denunciado con gran difusión el caso de la protesta indígena de los Ngäbe-büglé, habitantes de Chiriquí y Bas del Toro, quienes bloqueron la Carretera Panamericana en manifestación pacífica contra la creación de proyectos hidroeléctricos y mineros que los obligaría a dejar sus tierras. Luego de las manifestaciones, que han durado varias semanas, se ha puesto evidencia la brutalidad policial en la que según Amnistía Internacional y medios de comunicación panameños y costarricenses, más de 40 indígenas han resultado heridos y 2 fallecidos en manos de la policía. Los casos han sido denunciados y documentados por gran cantidad de organizaciones sociales. Otro de los casos importantes, es la preocupación de sectores políticos como el Ex Presidente Martín Torrijos, quienes señalan que la oposición está siendo víctima de espionaje telefónico. Igualmente, el interés del Presidente Martinelli por reactivar una Sala Constitucional en el país, es visto como una estrategia para declarar la reelección y perpetuarse en el poder. Por estos motivos, se está

creando un frente de partidos de oposición que pretende enfrentar el creciente poder del Ejecutivo. Paraguay Paraguay ha sobresalido por ser el segundo país con mayor crecimiento económico del mundo en el 2010. En el aspecto político, los intentos de golpe de estado y abuso de poder del aparato militar de Lino Oviedo durante los 90, marcaron la historia del país y aseguraron que a la postre, se buscara una mayor consolidación democrática en el país. En el 2008, el ex sacerdote Fernando Lugo logra llegar a la presidencia acabando con más de 60 años de gobierno del Partido Colorado. Lugo, de centro izquierda, ha continuado con políticas de reducción de la pobreza, aumento de las exportaciones e incentivo de sectores productivos. El mayor problema en el ámbito de derechos humanos es el clima de violencia exacerbada por grupos guerrilleros con actitudes terroristas como el EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) y la denuncia de muchos sectores de la sociedad civil por abusos policiales y violaciones de derechos de civiles en operativos policiales contra el EPP. La democracia en Paraguay requiere no solamente de elecciones libres sino también del respeto a la sociedad civil, sus derechos y libertades. Este es un aspecto sobre el cual, Paraguay debe claramente continuar avanzando. En semanas recientes el gobierno y el propietario de unas tierras llegaron a un acuerdo que permitirá la reconstrucción de la comunidad indígena Yakye Axa, desplazada desde 1993. En 2005, la CIDH ordenó al gobierno devolver las 12mil hectáreas de terreno a la comunidad indígena. Según Amnistía Internacional, los indígenas se vieron obligados a vivir hacinados y con condicio-

nes paupérrimas de vida. Gracias al acuerdo, los Yakye Axa podrán retornar a su zona de origen. Perú Luego la nefasta era del conflicto interno armada a través de los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA (80 y 90) y de los terribles escándalos de corrupción, nepotismo y clientelismo durante el período fujimorista (1991-2000), sobrevino el gobierno de transición de Paniagua y luego una vuelta a la democracia con el mandato de Alejandro Toledo, quien logró un restablecimiento del sistema democrático y de pacificación peruana a través de acciones tendientes a fortalecer los esquemas de transparencia política y sacar a flote la delicada economía del país. Continuó el gobierno de Alan García con medidas de atracción de inversiones extranjeras, profundización en el comercio internacional y continuación de las políticas ejecutadas por el gobierno de Toledo. El 2011 dio a conocer a Ollanta Humala como nuevo presidente. En los inicios de su vida política pública, Humala demostró un carácter de izquierda militar muy afín a Hugo Chávez y sus políticas. Sin embargo, en esta campaña presidencial, se le vio más mesurado, menos radicalizado y más acorde con las nuevas tendencias internacionales de apertura económica. Es muy temprano para asumir la política que Humala seguirá desarrollando sin embargo, su principal interés debe centrarse en la grave brecha social que afecta al país, incluir más a las poblaciones indígenas y sus reclamos, estrechar manos con los grupos ecologistas en el Amazonas, fortalecer la economía de mercado, favorecer la democracia plena, el acceso de la ciudadanía a la toma de decisiones, respetar los derechos y libertades


fundamentales, incluir y no rechazar o amedrentar a la oposición, consolidar mejores sistemas de educación y salud y sepultar completamente cualquier resurgimiento de círculos senderistas. Faltara evaluar a mediano plazo si existen planes continuistas del Presidente Humala o su entorno y si se logra mantener al margen de la tentación de imponer las decisiones. El 10 de abril, Perú vivió una de los procesos electorales más democráticos de su historia contemporánea. Luego de terribles escándalos de corrupción del ex Presidente Alberto Fujimori y el notorio avance democrático llevado a cabo durante la presidencia de Alejandro Toledo, el país parece haber retornado a la democracia justa y transparente al menos en el ámbito electoral. Ollanta Humala y Keiko Fujimori, participaron en una segunda jornada electoral el 5 de junio, que finalmente dio el gane al candidato del partido Gana Perú Ollanda Humala, por un estrecho margen de 48,20% de los votos emitidos sobre 45,49% de los votos para la candidata de Fuerza 2011. Es preciso recordar, que Humala fue candidato presidencial en 2006 pero resultó derrotado por Allan García. El discurso propagandístico de Humala en esos momentos era de una izquierda más radical, más militar y afín al discurso socialista de Hugo Chávez en Venezuela. Sin embargo, la contienda de 2011 vio a un Ollanta mucho más moderado, más a favor de los derechos humanos, la democracia, el comercio internacional, apertura económica y la empresa privada. Actualmente, el gobierno parece continuar por la senda moderada no obstante, se han dado controversiales acontecimientos como la posible solicitud de indulto por parte de los Fujimori, cambios y bajas en su gabinete presidencial, una estrepitosa caída de la popularidad del mandatario y un cuestionado proyecto minero

en las minas Conga (Cajamarca) que ha generado serias manifestaciones en contra, exigiendo un peritaje internacional que indique la viabilidad ambiental o no del proyecto de más de 4.800 millones de dólares. La democracia en Perú, muestra amplios signos de recuperación, es preciso que se consolide una estructura social que impida el resurgimiento de grupos beligerantes como Sendero Luminoso que atenten contra la paz social y el desarrollo democrático. Sin embargo, parece ser que la senda democrática cuenta con preponderancia en el país. República Dominicana La República Dominicana ha presentado una vida política variable en cuanto a actividad democrática. Los recientes procesos electorales municipales de 2010 si bien no han arrojado esquemas de violencia generalizada, si han presentado la denuncia de múltiples anomalías e irregularidades. Al país le falta mucho en materia de democracia plena, rendición de cuentas y acceso ciudadano a la toma de decisiones. En cuanto a elecciones presidenciales el reelecto Leonel Fernández ha gobernado sin mayor clima de tensión y ha generado una serie de propuestas en el tema económico con el fin de lograr estabilidad, profundización del país en el comercio internacional (proliferación de Tratados de Libre Comercio) y ha continuado la compenetración iniciada por Hipólito Mejía en el bloque centroamericano para negociaciones comerciales regionales. En el caso de los Derechos Humanos, no se conocen grandes vicios de problemas generalizados, aunque si sobresale el caso de la llamada Apatridia, niños y niñas de padres haitianos nacidos en República Dominicana pero a quienes se les ha

negado la nacionalidad dominicana exacerbado por componentes de xenofobia, discriminación racial e intolerancia étnica. La apatridia ha sido condenada en reiteradas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras entidades. Si bien el tema ha disminuido de interés, no deja de implicar violaciones a derechos humanos y por ende, impide la consolidación de una democracia más real en la isla. La nación hispanohablante de la isla La Española, elegirá presidente y representantes parlamentarios el día 20 de mayo de 2012. El presidente en ejercicio y reelecto en 2008 Leonel Fernández, manifestó que no se postulará nuevamente en estas elecciones. Parece ser que la consolidación democrática se está consiguiendo en la República Dominicana, las eras dictatoriales de Trujillo y los escándalos electorales durante los gobiernos de Joaquín Balaguer parecen haber quedado en el pasado, el país poco a poco ha ido madurando en términos de democracia representativa y la Junta Central Electoral ha demostrado en sus últimos años una madurez y autoridad visible que le supondrá un mayor nivel de fiscalización de la jornada electoral y los aspectos previos a ella. Es notoria la aceptación de la Junta Central Electoral a la llegada y acreditación de Misiones Electorales y su observación del proceso. Esta apertura es sin duda alguna un buen síntoma de apertura y de transparencia por parte del órgano ya que el monitoreo internacional del proceso asegurará además, la legitimidad de la elección y el respaldo del candidato vencedor no sólo a nivel nacional sino también internacional. En las elecciones congresuales y municipales de mayo de 2010 se eligieron más 4,036 cargos electivos con 16,321 candidatos a Diputados,


Senadores y directores de distritos municipales. En esta oportunidad, se presentaron más de 23 recursos de apelación e impugnaciones por presunta falsificación de actas y firmas de presidentes de las mesas electorales, compra de votos y pérdida de boletas. Todos estos errores deben ser subsanados por el ente fiscalizador electoral con el fin de asegurar elecciones más transparentes y con menos riesgo de irregularidades. En actualidad referente a Derechos Humanos, organizaciones como Amnistía Internacional han dado a conocer los niveles de abuso policial en el país, la tortura, homicidio y tratos inhumanos. Si bien, el país ratificó recientemente la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, según la Procuraduría General, más de 289 personas murieron por brutalidad policial sólo en 2011, los niveles de violencia policial llegan en ocasiones al punto de significar el 10% de los homicidios totales del país. Igualmente, se ha señalado un aumento de la violencia doméstica y la delincuencia en la isla, la violencia contra la mujer ha ido en aumento también. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un 24% de las mujeres dominicanas de edades entre los 14 y 49 años han sufrido abusos, además, más de 600 mujeres han sido asesinadas en los últimos años, la mayoría por cuestiones de violencia doméstica. El país se enfrenta también en estas semanas, al matrimonio homosexual como tema de debate, debido a que la población e incluso los partidos políticos son calificados como conservadores, se prevén discusiones al respecto. Sin embargo, el país ha sido recientemente felicitado por la CIDH por dar un paso firme en materia de derechos humanos al haber abolido permanentemente la pena de Muerte, sin lugar a dudas, este hecho significa un triunfo para los derechos humanos en la región.

Uruguay *Con aportes de Luis Fernando Calabria La democracia uruguaya es un claro ejemplo latinoamericano en cuanto a consolidación y buenas prácticas. La democracia ha llevado un proceso de consolidación óptimo y hay un buen balance de independencia de las instituciones. El país ha llevado gobiernos de diversa tendencia ideológica y ha demostrado madurez política. El gobierno de inspiración socialista con combinación con políticas de mercado de Tabaré Vázquez elevó notablemente el grado crecimiento económico del país, aminorado la brecha social, digital y económica y fortalecido programas de asistencia ciudadana en materia de disminución de la pobreza, inversión en educación y salud. La elección posterior de José Mujica ha generado cierto estancamiento del país, pero la estabilidad continúa. Hoy Uruguay se concibe como un ejemplo regional e internacional en materia de consolidación democrática, rendición de cuentas, elecciones limpias, instituciones gubernamentales sólidas, participación ciudadana en la formulación de la ley y la ejecución de proyectos sociales como el famoso programa CEIBAL que dotó de computadoras portátiles a más de 400.000 niños de las zonas rurales. Si bien Uruguay está comparativamente bien posicionado en los estándares internacionales que miden la satisfacción ciudadana a nivel latinoamericano, igualmente existen riesgos. Las demandas ciudadanas sobrepasan las posibilidades que el Estado puede ofrecer en un mundo dinámico y cada vez más cargado de incertidumbres. Los 8 años de crecimiento económico continuos no acaban totalmente los problemas en educación, seguridad pública, inequidad y desigualdad geográfica y social. Los desafíos pasan por generar consensos ciudadanos y políticos que per-

mitan modificar la matriz educativa para amortiguar los cambios sociales a la vez que instrumentar procesos económicos que distribuyan mejor la riqueza, sin afectar el Estado de Derecho ni la seguridad jurídica. En actualidad, el sistema educativo uruguayo fue fuertemente criticado debido a que según estadísticas nacionales, si bien el 88% de los niños y niñas de más escasos recursos terminaban la educación primaria, sólo un 10,7% terminaba la secundaria. En contraste, el 78% de la población más adinerada concluía la enseñanza secundaria. A raíz de estas críticas, los representantes de los partidos políticos del congreso, suscribieron un llamado Pacto Educativo con el fin de dar seguimiento e impulso al tema educativo en el país, creando universidades, un instituto de evaluación de calidad educativa y otra serie de impulsos para la educación y contra la deserción escolar. Venezuela *Aporte de Jackeline Sandoval Cuando nos referimos al término democracia, recordamos un marco constitucional donde se respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales, la libertad de pensamiento y su derecho a ejercerla a través de la libertad de expresión y de opinión, la participación ciudadana y la separación de los Poderes Públicos y por supuesto ausencia de presos políticos. Por lo tanto decir que en Venezuela existe un gobierno democrático es difícil de creer y mucho menos de vivir, cuando observamos día a día la persecución contra los factores democráticos que hacen vida en el país tales como: Iglesia, medios de comunicación, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil organizada, estudiantes, periodistas, empresarios y funcionarios públicos que han emitido una opinión


contraria a los intereses del Poder. Por eso más que en democracia, los que residen en la República Bolivariana de Venezuela, insisten en que actualmente libran una lucha por el respeto a sus instituciones democráticas y a la Constitución. Se libra una lucha constante por sobrevivir (157.808 homicidios en 12 años) ante tanta inseguridad, que pareciera es una política de estado cuando vemos las cifras de muertos semanales, y la ausencia de políticas eficaces para combatirla, cuando observamos la cantidad de fallecidos intramuros ( mínimo 1 diario) , cuando observamos la impunidad que alcanza al 97 por ciento de casos no resueltos por las instituciones llamadas a hacerla, cuando contabilizamos que en 12 años han pasado por nuestras cárceles 170 presos políticos y sin mencionar las 402 expropiaciones de empresas privadas sin haber mediado un debido proceso , esa es nuestra triste realidad de una mal llamada democracia solo por que ejercemos el derecho al sufragio. Venezuela se ha convertido en un país cuyo gobierno autoritario irrespeta cualquier principio democrático y amenaza constante a sus ciudadanos, un gobierno que se ha convertido en cómplice de grupos terroristas, guerrilleros y ligados al narcotráfico que al mismo tiempo critica el intervencionismo pero es el mayor intervencionista en los asuntos internos de numerosos países de la región. Venezuela se enfrenta nuevamente a comicios presidenciales en los cuales Hugo Chávez se presenta con nuevos intentos para perpetuarse en el poder cual dictador vitalicio, sepultando cada vez más la frágil democracia venezolana actual. Desde 1998, el presidente Chávez ha implantado un esquema ideológico que si bien ha transformado la vida de los venezolanos, estos cambios no han sido positivos ni generalizados. Se ha incrementado la violencia, la dependencia del petróleo, ha aumentado la

deuda externa, la pobreza no ha disminuido y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales se ha debilitado estrepitosamente. En los últimos años, el gobierno ha impulsado leyes bastante controversiales como la Ley de Cooperación Internacional para regular y frenar el accionar de Organizaciones de la Sociedad Civil, la Ley Habilitante que dotó al presidente de la posibilidad de gobernar sin controles mediante decreto legislativo. Se han dado además, gran cantidad de expropiaciones de empresas pero también de los terrenos de pequeños agricultores y ganaderos. Aumentan las denuncias de violación de libertades individuales, de persecución de la sociedad civil, de represión violenta de las manifestaciones pacíficas, de procesos judiciales poco transparentes y manipulados, de presos políticos en deplorables condiciones sanitarias y físicas. Es notable la represión a medios de comunicación que critiquen la acción gubernamental. Hace unas semanas, se desarrollaron las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), principal grupo de oposición en Venezuela. La asistencia a las primarias fue masiva e histórica. A pesar de las intimidaciones previas y la actitud del gobierno por ignorar los comicios, el desarrollo y desenvolvimiento final fue exitoso. Posterior al proceso, el gobierno ha pretendido violentar las reglas electorales establecidas previamente entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la MUD, quienes habían acordado que se realizaría una quema de los cuadernos de votación en los cuales se marca o señala las personas que han emitido el sufragio, por ser esta una elección interna. Esto con el fin de proteger el carácter secreto del voto, la identidad de los votantes y asegurar la transparencia, libertad e integridad del proceso electoral. Sin embargo, con una eficiencia y celeridad nunca vista, la Sala

Constitucional venezolana emitió una sentencia por una solicitud fraudulenta en un pequeño municipio en Yaracuy, a menos de 13 horas de acabados los comicios electorales. Dicha sentencia, con errores de forma y fondo, prohíbe la quema de los cuadernos de votación a nivel nacional y exige se los de a custodio al General Ministro de la Defensa, caracterizado por su fidelidad política con el Presidente Chávez. Igualmente, se ha recrudecido la persecución religiosa contra la comunidad judía venezolana (reducida a la mitad desde el ascenso de Chávez al poder) y la Iglesia Católica, sobre todo por la militancia del candidato opositor vencedor, Henrique Capriles a lo interno de grupos de la Iglesia y por motivo de su ascendencia judía. La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia asistió como Observadora al proceso de primarias de la MUD y presentó un amplio informe al respecto en el cual señala entre otras cosas la preocupante participación del Poder Judicial en la campaña política partidista y la posible persecución de representantes de la MUD. Se destaca la participación de los electores en los comicios. Dentro de los criterios de observación internacional se observó un proceso que, pese a sus complicaciones y limitaciones, se reflejó en una elección libre en Venezuela. El Informe sugiere que se realice una auditoría al Registro Electoral para evitar problemas a los votantes, que en algunos casos denunciaron no haber podido ejercer su derecho por no aparecer en las listas de votación. Además, se felicita la labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) por su comportamiento ejemplar. Sin embargo, se denuncia que algunos oficiales de la Milicia Nacional Bolivariana se mostraban amenazantes y poco colaboradores.


Informe de Democracia - Observatorio Democrático