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R E F OR M A -  Jueves 10 de Noviembre del 2011

Critica organismo retórica del Presidente

NTX

Criminaliza México a víctimas.- HRW

d Integrantes de HRW se reunieron el martes con el presidente

de la Suprema Corte, el Ministro Juan N. Silva Meza,

Culpa Calderón a delincuentes por abusos

d Advierte informe impunidad ante casos de ejecuciones, tortura y desapariciones Daniela Rea

d Sostiene Mandatario reunión con activistas; plantea revisión

SEÑALAMIENTOS. José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, presentó un informe en el que se advierte que la lucha anticrimen ha provocado un incremento de abusos y un clima de temor.

Reflejo de la violencia

2010

Municipios en los que Human Rights Watch documentó casos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial: Baja California d Tijuana d Rosarito d Mexicali Chihuahua d Ciudad Juárez d Chihuahua d Ascensión d Buenaventura d Ojinaja nuevo león d Monterrey d San Pedro Garza García d San Nicolás

Noviembre 12. Fue el último día en que fue visto Jehú Abraham Sepúlveda, luego de ser detenido por agentes de Tránsito de San Pedro, NL, y entregado a la Marina.

d Santa Catarina d Apodaca d Sabinas d Anáhuac

Guerrero d Acapulco d Chilpancingo d Iguala d Tlacotepec d Huamuxtitlán d Atlixtac d Metlatónoc

2011

TaBasCo d Villahermosa d Cárdenas d Huimanguillo

Junio 28. René Azael Jasso fue arrestado presuntamente por marinos en Sabinas, NL, y desde entonces está desaparecido. La dependencia ha negado la detención.

Casos doCumenTados d 170 de tortura d 39 desapariciones d 24 ejecuciones extrajudiciales d Tácticas de tortura documentadas: golpizas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte las Cifras Entre 2007 y 2010

4,803

número de quejas contra el Ejército en la CNDH

260% 25 aumento en la tasa de homicidios

recomendaciones dirigidas a la Sedena en ese lapso

Disparan en retén y alteran versión Daniela Rea

L

a noche del 5 de septiembre de 2010 siete civiles conducían un vehículo en una autopista cerca de Apodaca, Nuevo León. En el coche iban Alejandro de León, de 15 años, y su padre Vicente. Cuando pasaron cerca de un convoy militar, un soldado disparó a los neumáticos y posteriormente otros tres abrieron fuego. El adolescente y su padre murieron, los otros cinco pasajeros resultaron heridos, entre ellos dos niños de 8 y 9 años. El Ejército admitió que no hubo agresión desde el coche y que los elementos dispararon “por inercia”. Sin embargo, esta versión se contradice con la primera que dio la Institución, que iniciaron la agresión porque el auto no se detuvo en un retén. La organización HRW presentó una solicitud de reunión para analizar este y otros casos con el Ejército en Nuevo León, pero fue rechazada. En la elaboración del informe, el organismo internacional de derechos humanos encontró, en 24 casos, pruebas creíbles de

que miembros de las fuerzas de seguridad realizaron ejecuciones extrajudiciales, muertes catalogadas en dos categorías: civiles ejecutados por autoridades o muertas a causa de torturas, y civiles asesinados en retenes o durante enfrentamientos. HRW encontró que las autoridades militares presionan a los familiares de las víctimas para que suscriban acuerdos indemnizatorios a cambio de renunciar a cualquier acción penal. Otro patrón en estas violaciones, es que inmediatamente después del asesinato las autoridades los nombran “daños colaterales”, así como la manipulación de la escena del crimen o la ocultación de pruebas. “HRW se reunió con más de 30 peritos de criminalística de Ciudad Juárez y de Chihuahua, y con 16 policías ministeriales de la PGJE encargada de preservar la escena del crimen luego de un delito. Según estos funcionarios, en casos de asesinatos en los cuales estaban involucrados miembros de las fuerzas de seguridad, era común que faltaran pruebas clave o que estas hubieran sido manipuladas”, refiere el informe.

Septiembre 1. Elementos de la Marina balearon la casa de la familia Acosta, en Apocada, NL, y uno de los integrantes, Gustavo, fue asesinado de un balazo en la cabeza.

Julio Candelaria

conjunta de casos

Especial

Las víctimas de la guerra contra el crimen organizado son criminalizadas y las violaciones a sus derechos permanecen en la impunidad, señala un informe de la organización internacional Human Rights Watch (HRW). Para el organismo, esta criminalización parte de un discurso emitido desde el Presidente Felipe Calderón y replicado por las autoridades en distintos niveles de Gobierno. “El Presidente Felipe Calderón, por una parte, ha reconocido a los derechos humanos como la ‘premisa mayor’ de la estrategia de su Gobierno contra la delincuencia organizada y, por otra parte, ha expresado su disgusto ante denuncias ‘que no son ciertas’ de abusos cometidos por militares. “Calderón también ha señalado en varias oportunidades que el 90 por ciento de las personas que pierden la vida en hechos de violencia vinculados al narcotráfico son miembros de bandas de delincuencia organizada”, refiere el informe “Ni Seguridad, ni Dderechos. Ejecuciones, Desapariciones y Tortura en la guerra contra el narcotráfico”, que ayer fue dado a conocer. En el apartado titulado “Retórica peligrosa” se advierte que las declaraciones del Ejecutivo están infundadas, pues no hay investigaciones de por medio que las soporten. Por ejemplo, el Gobierno federal tiene el dato de 35 mil homicidios en el marco del combate al crimen organizado y la PGR informó que sólo había iniciado 997 investigaciones, que han derivado en 22 condenas por casos de homicidios y lesiones. Desde 1994 hasta junio de 2010 sólo se habían dictado dos sentencias por tortura a nivel video federal. En ese escenario, continúa el informe, las víctimas se ven en un dilema: indagar por su cuenta con el riesgo de ser amenazados o resignarse a ver el expediente olvidado. El organismo investigó durante dos años violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas y las Policías federales, estatales y locales en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Agresiones que ocurren en el marco de la impunidad. En el caso de tortura, no se aplica el Protocolo de Estambul, ya que dicha violación se registra como “lesiones leves” y se aceptan las confesiones obtenidas, según el informe. En cuanto a desapariciones forzadas, indica, las autoridades ignoran las denuncias y envían a las familias a buscar a cuarteles militares o policiales. Sobre las ejecuciones extrajudiciales, señala, la primera respuesta es no investigar al considerar un “ajuste de cuentas”; cuando se investiga, no se realizan pruebas de balística ni se entrevista a los policías o militares involucrados. HRW reclamó que el MP suele aceptar la versión oficial de los hechos sin cuestionar el uso excesivo de la fuerza o la tortura. “En la mayoría de estos casos, la escena del crimen fue manipulada por soldados y policías con la finalidad de presentar falsamente a las víctimas como agresores armados o encubrir el uso excesivo de la fuerza. Y, en algunos casos, las investigaciones sugieren claramente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían manipulado la escena del crimen para simular que las ejecuciones extrajudiciales eran ejecuciones perpetradas por carteles de narcotráfico rivales”, sostiene. Entre las recomendaciones, el organismo pide a la PGR atraer las violaciones a derechos humanos en manos del fuero militar. Refiere que, desde 2006, hay alrededor de 3 mil 600 denuncias por supuestas violaciones a derechos humanos cometidas por agentes y sólo 29 condenas. En los cinco estados visitados hay mil 615 casos con expediente abierto, ni una sola condena.

Mayolo López y Daniela Rea

Durante una reunión con directivos de la Organización Human Rights Watch (HRW), que presentó un informe sobre el fracaso de la estrategia anticrimen gubernamental, el Presidente Felipe Calderón reviró y afirmó que la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos son los criminales. “Son ellos (los criminales) quienes mediante la comisión de delitos agraviantes violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias”, argumentó el Ejecutivo durante el encuentro realizado en Los Pinos. “De ahí la obligación ética y legal del Gobierno de desplegar todos los medios a su alcance para que, bajo el principio de corresponsabilidad, se fortalezca la presencia de las autoridades en aquellas comunidades con mayor rivalidad delincuencial”, abundó el Mandatario. Ante Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, y José Miguel Vivanco, director para las Américas, el Presidente expresó su convicción de que el respeto irrestricto a los derechos fundamentales es un elemento esencial tanto para la consolidación de la democracia como para la construcción de una seguridad auténtica y duradera. De ahí, que en los últimos años México ha dado pasos decisivos para la promoción y protección efectiva de las garantías individuales, dijo, En el encuentro de una hora y 20 minutos, el Presidente Felipe Calderón escuchó de parte de los directivos de Human Rights Watch casos concretos de violaciones a los derechos humanos en el marco de la guerra que declaró al crimen organizado. “Nos dijo que estaba dispuesto a revisar las propuestas seriamente (…) Nos propuso que se creara un comité o una comisión o al menos un canal de trabajo con HRW para revisar cada uno de los casos que contiene el infor-

Defienden estrategia Al defender la estrategia de seguridad, la Secretaría de Gobernación negó que México esté en guerra. En el marco de la presentación del informe de Human Rights Watch (HRW), el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Segob, Felipe Zamora, señaló que el combate a la criminalidad es para restablecer el Estado de derecho que garantiza los derechos y libertades de todos los mexicanos. “En el Gobierno federal hemos asumido un compromiso sin precedentes en materia de derechos humanos, compromisos que nos han conducido a elevar a rango constitucional el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de todas las personas, derechos establecidos en los tratados internacionales de los que México forma parte”, indicó. Silvia Garduño

me. Que no estaba en el Gobierno para avalar o promover abusos y que nos proponía examinar esas denuncias”, dijo Vivanco en entrevista. El director para las Américas calificó como “sorprendentemente constructiva” la reunión, a la que acudió también Nik Steinberg, experto para México de la organización. Pese a las fallas detectadas, HRW no le pidió al Ejecutivo modificar la estrategia. “Una posición sobre el fondo del problema es una cuestión que le compete al Gobierno federal. Para nosotros lo importante es mostrarle a México, a las víctimas, que no están solas, que merecen el amparo del Estado y no la estigmatización. Además de reunirse con el Presidente, Vivanco tuvo encuentros con los titulares de la PGR, Cancillería, Segob, Marina, y SSP. La reunión con el Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, pese a que estaba pactada, no se concretó.

Esperan 4 meses retorno de joven Daniela Rea

J

esús Víctor Llano, de 22 años, manejaba su taxi en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, cuando fue detenido al pasar un retén de la Marina. Era el 23 de junio de 2011, alrededor de las cuatro de la tarde. Su padre, también taxista, observó cuando los marinos le marcaron el alto en el puesto de revisión, pues éste se ubicaba cerca de su base.

El hombre se acercó a los marinos y uno de le dijo: “si no está metido en nada, te lo regreso”. Jesús fue llevado en un camión en medio de un convoy de 50 vehículos. Hasta ahora no se sabe nada de Jesús. Las Procuradurías federal y estatal ni la Marina tienen registro de su detención. Human Rights Watch documentó 39 desapariciones en donde las evidencias señalan la participación de las fuerzas de seguridad. El patrón encontrado

es que las víctimas sufren detenciones arbitrarias por soldados o policías que nunca son registradas de manera oficial. Ante los reclamos, los funcionarios se niegan a abrir investigaciones en los días posteriores a la desaparición, perdiendo tiempo clave para prevenir la tortura o la ejecución. Además, señala, el registro de casos es obstruido por el hecho de que 24 de los 32 estados del país no criminalizan la desaparición forzada.

‘Me empezaron a tocar el cuerpo’ Daniela Rea

L

os agentes estatales detuvieron a Tamara, de 22 años, en su domicilio, ubicado en Cárdenas, Tabasco. La llevaron sin orden de aprehensión y en un cuarto le bajaron los pantalones y la ropa interior. Uno de ellos se detuvo frente a ella y le dijo: – Pequeña Tamara, aquí es cuando todo comienza a cambiar, ahora vamos a darle amor y

cariño, aquí hay muchos amigos haciendo cola por usted–. Acto seguido, los hombres la tocaron por todo el cuerpo. “Me empezaron a tocar por todas partes. Me levantó mi sujetador y sentí sus manos por todo mi cuerpo. Me tocó las nalgas y me insultó diciendo: ‘Ahora vas a sentir lo que es bueno, maldita puta’”, según declaró a HRW. Tamara suplicó que no le hicieran daño, hasta que un agente le dijo que cooperara, que hablara sobre su supuesta participa-

ción en el crimen de 3 mujeres. La joven había sido detenida la madrugada del 18 de Junio del 2010 por un grupo de entre 15 y 20 agentes armados y encapuchados por agentes que no se identificaron ni mostraron orden de detención. Antes de salir de su casa, robaron celulares, relojes y 3 mil pesos. HRW documentó 170 casos de tortura en cinco estados, una práctica utilizada por parte de todas las fuerzas de seguridad: Ejército, Marina y Policías.

El Diario NTR  

Diputados locales reconocen el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora para vender a Zacatecas y generar condiciones para el crecimiento produc...

El Diario NTR  

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