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En esta ocasión presentamos a nuestros lectores de Entretextos un número que aborda un tema crucial para el desarrollo de nuestro país: la participación social y la construcción de ciudadanía. Si bien, en los últimos años se pudieron constatar avances en la democracia representativa, por ejemplo, el incremento en la credibilidad de los procesos electorales, la autonomía de los organismos responsables a nivel nacional y estatal, la creación de instituciones para apoyar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, actualmente dichos avances muestran signos claros de debilitamiento o franca involución. Aunado a lo anterior, y en un contexto caracterizado por problemáticas como la inseguridad pública, la polarización social, el incremento de los niveles de desigualdad y pobreza, la desconfianza creciente hacia las instituciones, es imprescindible construir mecanismos eficaces de participación social en los asuntos públicos que requieren de la reflexión y la acción universitarias. Para avanzar en lo anterior, en este número se aborda el tema desde distintas revisiones teóricas sobre ciudadanía, su construcción, su ejercicio y sus limitaciones; sobre los distintos espacios de participación social, tales como: la ciudad como espacio de participación o vía de cohesión social, los movimientos populares, los distintos grupos de población, como son los pobladores y pobladoras de las colonias urbano marginadas. Destacan también la discusión desde la perspectiva de género y la importancia de la participación de los ciudadanos y ciudadanas en torno a la definición de las políticas públicas. Finalmente se presentan dos trabajos que abordan los retos que tiene la Universidad en la formación de ciudadanía, reto que asumimos plenamente, desde nuestra Filosofía Educativa. Por lo que se refiere a la obra plástica, en esta ocasión los estudiantes de la Maestría en Diseño Fotográfico de esta Universidad comparten una muestra de sus trabajos, a través de una variedad de temas, técnicas y acercamientos a realidades sociales. Esperemos que los contenidos, las reflexiones y las ideas propuestas nos impulsen a revisar, en lo personal y en lo institucional, nuestros espacios de participación como un paso necesario para la asunción de responsabilidades compartidas, la toma de decisiones conscientes y comprometidas que nos conduzcan a la identificación de caminos y acciones conjuntas que nos permitirán avanzar, a su vez, a la construcción de una sociedad más justa y más humana.

Mario Iván Patiño Rodríguez Malpica


Ciudadanía desconfiada Este trabajo sirve de base para exponer resultados preliminares de una investigación en torno a los factores que provocan una ciudadanía apática en zonas urbanas, marginadas. Específicamente explicita factores que son germen de la desconfianza ciudadana en acciones público-políticas y entre los con-ciudadanos. Un buen ciudadano debería ser un individuo interesado, informado, que delibera y participa colectivamente en asuntos públicos, pero la mayoría de los mexicanos están muy lejos de esta pretensión y tienen poco interés en la participación. Las Encuestas de Cultura Política y el Latinobarómetro establecen la falta de interés de los ciudadanos en asuntos políticos y la relevante desconfianza hacia los políticos, los partidos y los mismos ciudadanos. Este recelo tiene diversas justificaciones y en la última parte del trabajo se da cuenta de algunos aspectos comunitarios que influyen en la falta de confianza y redundan en una pobre participación. Para tener una ciudadanía activa, debe comenzarse por trabajar la restitución de la confianza; sólo así se podrá impulsar una participación consciente y activa que contribuya a una mejor democracia.

Carlos Armando Peralta Varela*


Es común que se identifique al ciudadano como el eje de la democracia, como el sujeto colectivo capaz de definir el rumbo del país. No en balde la democracia se ha entendido como «una forma de gobierno en la que, al contrario que en las monarquías y las aristocracias, el pueblo gobierna» (Held, 1996:16).1 Obviamente el ciudadano en la práctica no gobierna, delega en representantes el poder de dirigir. Merino (1995), en este sentido menciona que la participación ciudadana tiene como fin controlar el poder que es otorgado inevitablemente a los representantes políticos, para influir en las decisiones y acciones de éstos. En cualquier caso se brinda mucho valor a la acción ciudadana y se espera también mucho de ella, aunque en lo cotidiano la mayoría de los ciudadanos están poco interesados en actividades públicas, de los políticos y peor aún, desconfían de los ciudadanos mismos. Si nos preguntamos, ¿qué provoca la falta de participación?, deberíamos, entre otros aspectos, comenzar por identificar los factores que provocan la desconfianza ciudadana. La máxima de la participación ciudadana La participación implica «tomar parte de», es decir, sumarse a una organización donde colaboran otros. Merino (1995) afirma que la participación ciudadana tiene como principio un acto de voluntad a favor de una acción colectiva. Lo anterior cuando menos implica que el punto de partida es un proceso de reflexión, decisión y opción de las personas que se involucran en alguna empresa o causa. La participación ciudadana para Espinosa debe dar cuenta de una dirección y objetivo, en la medida que es una acción racional e intencional en busca de logros específicos, como puede ser tomar parte

en una decisión, involucrarse en alguna discusión, integrarse o simplemente beneficiarse de la ejecución y solución de un problema específico (2009:74). En términos ideales la participación ciudadana alude al despliegue de voluntades por las cuales los ciudadanos se involucran en la atención de problemas; en la definición, gestión y ejecución de asuntos públicos; en el control de las acciones de gobierno que les afectan o que simplemente son de su interés. Así entonces, y en términos ideales, un buen ciudadano acorde a lo mencionado por Opazo sería un individuo interesado, informado, que delibera y es participativo (2000:67). Para Gabriel Almond y Sidney Verba el buen ciudadano es un activo participante en los procesos de decisión política: «The citizen, unlike the subject, is an active participant in the political input process-the process by which political decisions are made» (1989:117), además es un sujeto que asume las responsabilidades y obligaciones derivadas del ejercicio de participación, en otras palabras, se asume co-responsable del proceso de los asuntos públicos.

Ciudadano en la práctica no gobierna, delega en representantes el poder de dirigir

* Profesor investigador del Centro de Investigación y Formación Social y coordinador del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, ITESO cperalta@iteso.mx

No obstante la mayoría de los ciudadanos en México participan poco en la vida pública. Gracias a las encuestas del Latinobarometro y a las realizadas por la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), puede constatarse que la pobre participación se vincula entre otros factores, a la desconfianza en torno a la política, a los políticos y los partidos, pero también, hacia los otros ciudadanos. Esta es una realidad de nuestro país, que se comparte en América Latina. En la ENCUP 2008 se observa que 66% de los mexicanos están nada o poco

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Held hace referencia a nueve

modelos de democracia, desde los clásicos hasta los contemporáneos: la clásica, la protectora, la desarrollista radical, desarrollista, la elitista competitiva, la pluralista, la legal, la participativa y de autonomía democrática. En todas ellas la participación de la ciudadanía es tomada como principio.

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interesados en asuntos políticos (p.31). Al preguntar sobre la confianza en los partidos políticos, 7 de cada 10 mexicanos afirmaron tener «poco» o «nada» de confianza en ellos (p.60). En la encuesta Latinobarómetro de 2009 se menciona que los partidos políticos en general ocuparon el último lugar de confianza entre una larga lista de instituciones contempladas en la pregunta (p.34). Por otro lado, un aspecto relevante que influye directamente en la participación ciudadana y que es considerado un factor clave para el fortalecimiento de la democracia, es el relativo a la confianza que los individuos tienen hacia sus congéneres, la confianza entre los propios ciudadanos. Ésta es fundamental para mantener integradas a las sociedades, pero sobre todo para que los ciudadanos puedan trabajar unidos en la consecución de objetivos comunes. En la ENCUP 2005 se preguntó a los entrevistados, ¿qué tanto pueden confiar en las demás personas?: 18% manifestaron no confiar nada en los demás; 64% dijeron confiar poco (6 de cada 10 entrevistados), y solamente Verónica Escobar / Reflexión

16% dijeron confiar mucho (p.8). Es decir, la inmensa mayoría de la población no confía o confía poco en los otros ciudadanos. Estos datos son relevantes dado que se ratifican en la ENCUP 2008, en la medida que 84 % de los ciudadanos mexicanos opina que si uno no se cuida a sí mismo la gente se va a aprovechar (p.78). Tenemos entonces ciudadanos porque nacen y viven en este país, tienen más de 18 años y un modo honesto de vivir. Sin embargo, tenemos poca ciudadanía activa, informada, que delibera y actúa en forma colectiva.A la gran mayoría de los mexicanos no les interesa participar en asuntos públicos, desconfían de sus representantes y peor aún, de su comunidad. La desconfianza y la participación Actualmente se está realizando en Jalisco un estudio en colonias de alta marginación que pretende comprender la perspectiva de los ciudadanos considerados apáticos. La desconfianza lleva a la falta de participación, la cual es provocada por algunos factores que influyen en la crítica negativa y en la desconfianza hacia el gobierno y sus vecinos, los cuales, aún sin haber concluido la investigación, se exponen a continuación: • Se han sentido utilizados por los representantes públicos, sobre todo en tiempos electorales. Les hacen muchas promesas pero consideran que no obtienen resultados positivos o que éstos no corresponden a la urgencia y necesidad de la población. • La gente es insegura al acercarse con el gobierno para tramitar servicios o apoyos. Identifican que no saben como hacer trámites, o con quién deben acudir; están dudosos sobre los conocimientos para

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realizar adecuadamente las gestiones. En esta misma línea ellos reconocen que una parte es inseguridad, pero también es «flojera» en relación con perder tiempo al realizar los trámites.

agua, hacer su fosa séptica), de una manera individualista-familiar, dejando a un lado el trabajo público, colectivo y solidario, para obtener servicios comunitarios o atender necesidades.

• Desde otra perspectiva existe la creencia (implicaría dejadez o ser un «atenido»), de que no pueden apresurar al gobierno a resolver las necesidades de la comunidad; ellos deben esperar con paciencia su turno.

Si la democracia requiere de ciudadanía activa que participe crítica y propositivamente en los asuntos públicos, debemos volver la mirada hacia los factores que generan desconfianza y que limitan o inhiben la participación. Antes que hacer complejas reformas políticas, debemos estudiar con profundidad los motivos de esa desconfianza e intentar revertirla desde sus raíces. Restituirla seguramente requerirá de mecanismos novedosos de organización y motivación, fórmulas diferentes de relación entre gobiernos y sociedad, pero también de capacitar y promover liderazgos diferentes. Debemos entonces empezar por vislumbrar y construir este camino de reconstrucción, si es que en verdad nos interesa aumentar y consolidar la ciudadanía activa en nuestro país.

• En la interacción con el gobierno algunos líderes se han corrompido. Se desconfía de los líderes cuando tienen buenas relaciones con las autoridades (piensan que buscan obtener favores personales), pero también cuando piden cooperaciones a los vecinos (experiencias de malos manejos de recursos). También se suele desconfiar sobre la capacidad organizativa de los líderes. Lo anterior habla de la desconfianza y facilita entender que la gente prefiera autoproveerse de servicios (cavar su propio pozo de

REFERENCIAS Almond, Gabriel y Sidney Verba (1989) The civic culture. Political attitudes and democracy in five

Held, David (1996) Modelos de democracia. Madrid: Alianza.

nations. California: Sage. Latinobarómetro (2009) ¿La democracia está más ENCUP-Encuesta

Nacional sobre Cultura Política y

Prácticas Ciudadanas (2005) «Conociendo a

madura? Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro.

los ciudadanos mexicanos». México, D.F.: SEGOB. Merino, Mauricio (1995) La participación ciudadana — (2008) Democracia, participación ciudadana,

en la democracia. México: IFE.

cultura política, confianza. México, D.F.: SEGOB. Opazo, Juan (2000) «Ciudadanía y democracia. La Espinosa, Mario (2009) «La participación ciudadana

mirada de las ciencias sociales». En Metapolítica.

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Del Estado a la Ciudadanía, 15.Vol. 4. México.

la concepción de democracia ciudadana». En

Pp. 52-80.

Andamios, 10.Vol. 5. Abril. México: UACM.

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Espacios e instrumentos de la participación ciudadana: alcances y limitaciones Silvia Bolos* La participación, en sus distintas concepciones, remite a considerar las condiciones sociales y políticas en las cuales se expresa; en este sentido, en un contexto de autoritarismo o bien de una excesiva centralización de las decisiones, la participación —aunada a la descentralización— es considerada como un medio para la democratización de los espacios institucionales y de las relaciones entre la sociedad y los gobiernos. Por ello, es imprescindible que al hablar de participación se enfatice que no se trata de cualquier acción producida individualmente o por grupos sociales, sino aquéllas que se dirigen a la toma de decisiones, lo cual para que resulte eficaz, implica, entre otros elementos, la voluntad política del gobierno y la intención de los ciudadanos para abrir espacios; un cambio en las concepciones, en la mentalidad y las prácticas de ambos; mecanismos e instrumentos apropiados; acceso a la información para todos los participantes, y capacidades tales como saber negociar, poder expresar y debatir sus puntos de vista. Introducción La participación ciudadana, tanto la que se expresa en el campo social como en los espacios institucionales, se ha convertido en un tema central. En el ámbito internacional, particularmente en Latinoamérica, existen experiencias relevantes de organizaciones que gobiernan localmente y otras en las cuales algunos partidos de la izquierda al asumir el gobierno, incorporan y abren espacios institucionales para la participación de grupos de la sociedad. Un proyecto interesante es el que ha llevado a cabo el Partido de los Trabajadores (PT), el cual gobierna varios municipios en Brasil; la construcción del proyecto político de este partido tiene como meta que la sociedad tenga un rol protagónico. En el caso de Porto Alegre


se implementó el llamado presupuesto participativo a través del cual los ciudadanos establecen las prioridades y fiscalizan el quehacer gubernamental. Otra práctica establecida por el gobierno petista es la utilización de espacios institucionales para contribuir a crear y desarrollar organizaciones autónomas (Harnecker, 1995:199). Al mismo tiempo, el proceso que inicia con el conocimiento de las necesidades de la población y termina con la ejecución de las obras, genera organización en aquellos lugares donde no existe. Según el ex alcalde de Porto Alegre es fundamental hacer una combinación entre la democracia representativa [...] con la democracia participativa, en que tú actúas en lo cotidiano, fiscalizando la acción de los representantes, reforzándolos cuando ellos lo necesiten y sustituyéndolos, incluso, cuando ellos no sean afines con las necesidades o las políticas elaboradas solidarias y colectivamente con la base (p.207).

La ciudad de Montevideo, por ser la capital de Uruguay, presenta características particulares en relación con el tema de la participación. El partido que gobierna, el Frente Amplio, tiene como parte de su propuesta política, la promoción y el impulso de la participación; por ello, al asumir el gobierno de la ciudad, una de sus preocupaciones centrales fue incorporar a la población en las decisiones de gobierno. Un primer punto a destacar es que consideraron la necesidad de emprender un proyecto de descentralización política y desconcentración administrativa. Este último para hacer más eficientes los servicios y disminuir la burocracia; la descentralización, según el gobierno, tiene como objetivo otorgarle a los vecinos el

poder de decisión y la capacidad de control sobre la gestión municipal. En este sentido, la descentralización tiene como requisito indispensable la participación, es decir, «que el vecino pase de ser un vecino contribuyente a un vecino gobernante» (p. 233). Para este fin, un mes después de asumido el gobierno, las autoridades concretaron el primer paso con la división de la ciudad en 18 zonas y la designación de igual cantidad de miembros del Frente Amplio a la cabeza de cada una de esas zonas. De acuerdo con Tabaré Vázquez, ex alcalde de Montevideo y ex presidente de Uruguay, la descentralización política y la participación ciudadana no representan fines en sí mismos, son «simplemente herramientas que nos van a permitir profundizar y ensanchar los caminos de la democracia» (Nieto y Robles, 1999:31). Por ello, es imprescindible que al hablar de participación se enfatice que no se trata de cualquier acción producida individualmente o por grupos sociales, sino aquéllas que se dirigen a la toma de decisiones; en este sentido, implica un cambio en las concepciones y prácticas de los partidos y los gobiernos. La relación gobierno-sociedad a través de la participación ciudadana: ampliación del espacio público El contexto en el cual se debaten los procesos de participación está marcado por dos décadas de reinstalación de los regímenes democráticos en la mayoría los países de América Latina, que no produjeron, como se esperaba, una disminución de los índices de pobreza ni de la exclusión de grandes sectores de la población del ejercicio de sus derechos sociales y políticos. Así, han surgido en la

* Profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, UIA Ciudad de México silvia.bolos@uia.mx

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región actores y movimientos sociales que luchan por espacios mayores de equidad; ejemplo de ello son los movimientos por los derechos de los indígenas, los urbanos, los que asumen las defensa del medioambiente, los que demandan justicia y respeto a los derechos humanos, los movimientos sectoriales, entre otros, los de mujeres, de jóvenes, de gays. Como consecuencia de estas demandas, desde lo social, se han generado canales institucionales de participación como una forma de relación entre la sociedad y el Estado. En este contexto, el término participación es utilizado para explicar la incidencia de individuos y grupos sociales en las diferentes etapas en las que se resuelven asuntos de interés público, es decir, en la consulta, discusiones, planteamientode propuestas y, en algunos casos, en la gestión de recursos. Con la crisis de representación y de eficacia de los Estados, la participación aparece asociada a una forma de hacer más eficiente la administración y a la necesidad de legitimación. En los países latinoamericanos, en un contexto de autoritarismo, o bien de una excesiva centralización de las decisiones, la participación es considerada como un medio para la democratización de los espacios institucionales y de las relaciones entre la sociedad y los gobiernos. Se trata de un concepto que se refiere a prácticas sociales orientadas hacia diferentes objetivos y, por ello, tiene múltiples significados. La participación se produce en medio de una crisis que afecta todos los ámbitos de la vida de una nación, la cual ha puesto en tela de juicio la capacidad de los Estados para promover proyectos para el desarrollo, no

Se pueden encontrar experiencias de participación en proyectos autogestivos

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sólo económico sino también en todos los espacios (social, cultural, educativo). En este mismo proceso, la sociedad genera fuerzas, reivindicando su autonomía y exigiendo la trasformación de un sistema vertical, centralizado y autoritario, en otro descentralizado que abra sus espacios a la participación en la toma de decisiones sobre los problemas que afectan cotidianamente. Existen dos formas básicas de participación: en primer lugar, las institucionalizadas que generan la toma de decisiones por parte de la población en asuntos de interés común y general, es decir, públicos (elecciones, plebiscito, referéndum, la formulación de políticas públicas, así como los Consejos de Desarrollo Municipal en los gobiernos locales) y en segundo lugar, las prácticas sociales y políticas que se producen en agrupaciones de distinto tipo en el ámbito social, con intereses y objetivos tan heterogéneos como los propios grupos. De esta forma se puede observar participando en actividades sociales a grupos con intereses específicos relativos a necesidades de un sector particular (mujeres, jóvenes, indígenas, gays); aquellos congregados en defensa de temas públicos (medioambiente, derechos humanos, seguridad, salud); agrupaciones con intereses económicos (ambulantes, empresarios, trasportistas); organizaciones urbanas con demandas específicas (vivienda, servicios, educación, salud, seguridad pública). También se pueden encontrar experiencias de participación en proyectos autogestivos (abasto popular, tiendas y comedores, lecherías) que atienden por un lado a la organización y por el otro a la supervivencia de sectores desprotegidos. Ya sea para tomar decisiones, para gestionar o para obtener respuesta a problemas particulares, la participación debe ser vista


como un proceso que incluye dos actores centrales: el gobierno y la sociedad. Como se puede observar, el ámbito de la participación es plural y heterogéneo, tanto en los fines de la misma como en los intereses que cada sector o grupo social aglutina y representa. En estos procesos, muchas de las propuestas generadas e impulsadas desde lo social han producido la apertura de espacios para la participación en los distintos niveles de gobierno, particularmente en los locales, en los cuales se desarrolla una interlocución e interacción institucionalizada entre sectores gubernamentales y sociales. De esta forma, restringiremos el término participación ciudadana a aquellos casos que representan una respuesta —individual o colectiva— desde lo social a una convocatoria realizada por parte de las autoridades gubernamentales en aquellos espacios institucionales que éstas designan o crean para involucrar a sectores de la población en alguna actividad específica. Desde el campo de lo social, la participación en diferentes niveles ha sido parte de la demanda de los movimientos sociales latinoamericanos en las últimas décadas; ésta ha surgido vinculada a los derechos colectivos e individuales de importantes sectores excluidos, tales como el respeto a las identidades particulares, la justicia social y la participación en la esfera pública. Si durante los procesos dictatoriales de las décadas de los años sesenta y setenta las demandas de los movimientos emergentes se centraron, entre otros, en los problemas del autoritarismo, en los presos políticos y desaparecidos, en las libertades de reunión y expresión, en la lucha contra la censura, en los procesos de salida de las dictaduras; el tema de la participación surgió junto a la instalación de las democracias y junto

a la defensa de los derechos que habían sido negados durante mucho tiempo, entre ellos, el derecho a ser un ciudadano. En este sentido, en los años ochenta, en América Latina, el proceso participativo apareció vinculado a las necesidades de la democratización de los Estados. Así, en algunos países de la región se definieron acciones tendientes a incluir a diferentes sectores sociales en actividades propias de los Estados. De acuerdo con Cunill, esto se produjo en tres campos: a) en la participación para formular políticas públicas, b) en el campo legislativo a través del referéndum y la revocación de mandatos y c) en la prestación de servicios públicos a través de la trasferencia a sectores sociales o la cogestión. Exclusión social e inclusión política son los signos que enmarcan los esfuerzos por ampliar la participación ciudadana, inserta en un proceso que busca redefinir el rol y las funciones del Estado a favor de una supuesta revalorización de la sociedad civil (Cunill, 1991:76).

Esta década está marcada por un incremento en los procesos de privatización, desregulación y el auge de los de descentralización; éstos, junto con las aperturas democráticas, promueven cambios en las normatividades, sobre todo en el ámbito municipal, a través de las cuales se modifican los sistemas electorales y se le otorga respaldo jurídico a las formas de participación ciudadana. la tendencia que termina por dominar en cuanto al ejercicio del gobierno local es la prevalencia de autoridades electas popularmente, con un claro refuerzo a la instauración de órganos consultivos tipo consejos económicos y sociales (p.77).

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una nueva forma de cooperación para el desarrollo. Así mismo, existen desde lo social fuertes presiones de las sociedades en América Latina que se dirigen a los procesos de descentralización y, en ellos, a abrir espacios para incidir en la ejecución de políticas y programas. La participación fue propuesta por los organismos internacionales, como un instrumento generador de una nueva forma de instrumentación de políticas para el desarrollo social [...] como un instrumento capaz de impulsar el proceso de descentralización hacia los niveles micro y, a su vez, fortalecer las capacidades de gestión y decisión, así como mejorar las condiciones de la gobernabilidad local (Rivera, 1998:27). Gaby Gutiérrez / La jitomatera

Durante los años noventa, la participación ciudadana surge asociada a la crisis de eficacia de los Estados que plantean la inclusión de los ciudadanos como una forma de involucrarlos en la producción y administración de servicios. El tema adquiere un peso relevante por la importancia que los organismos internacionales, entre otros el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes plantearon que las comunidades hacia las cuales se dirigen los proyectos de desarrollo debían participar en la toma de decisiones. Y no sólo esto: también incidir en las decisiones de estos organismos en relación con los financiamientos que se otorgan a los gobiernos. De esta forma, la participación es considerada como un elemento central en las negociaciones entre las instituciones internacionales y los gobiernos nacionales. La Organización de las Naciones Unidas, desde 1996 integró a la participación como un eje de sus programas, vista como

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Es decir la gobernabilidad aparece en el discurso de los organismos internacionales como un resultado generado por la participación. Al mismo tiempo se promueven reformas constitucionales que enfatizan en los instrumentos de la democracia directa, tales como la introducción de la iniciativa popular y el referéndum —entendidos como nuevos derechos políticos o formas de participación ciudadana—, y la revocación de mandato; todos ellos significaron una posibilidad para la participación en la administración pública a través del control de la gestión y fiscalización de empresas prestadoras de servicios y comités de vigilancia de los gobiernos locales. En segundo lugar, se refuerzan las trasferencias de los servicios sociales a las comunidades, quienes conducen este proceso social de cooperación. Las reformas constitucionales mencionadas apuntan a la reivindicación en el discurso de una democracia representativa frente a


una democracia participativa; aun cuando parecen dos modelos enfrentados, lo que sucede en realidad es que en el marco de la representativa hay una apelación a la complementariedad entre ambas. Los contenidos de la participativa están expresados en la incorporación de los instrumentos de democracia directa, la participación ciudadana en la formulación de políticas y en las decisiones estatales por medio de organizaciones con intereses particulares y en la provisión de servicios públicos a través de «la autogestión social que combina el manejo descentralizado de los recursos y la creación de cuerpos colegiados para su administración» (Cunill, 1997:88). En México los espacios institucionales de intervención han sido restringidos a meros instrumentos para la participación que se definen, por un lado, como expresión de voluntades propuestas y demandas a través del voto universal en el plebiscito, referéndum, consultas, audiencias públicas, giras de trabajo de autoridades y, por el otro, en la integración en organismos de representación de habitantes relacionados con los órganos político-administrativos o con los gobiernos locales. En este sentido la participación tiene, para las instancias de algunos gobiernos, una amplia gama de concepciones y finalidades que aparecen vinculadas a una forma más democrática de gobierno: un elemento constitutivo del desarrollo social, mecanismo compensatorio de la desigualdad social, proceso de gestión de las demandas sociales y medio para fomentar la eficiencia en las acciones públicas. Dos elementos pueden contribuir a esto: la disponibilidad y equidad en la distribución de la información para la toma de decisiones y la participación de los habitantes en la generación y distribución de bienes y servicios como forma

de reducir los costos. Esto remite a un aspecto decisivo en la participación, como dice Castoriadis: Pero, cuando decimos «igualdad significa la igualdad efectiva de participación de todos», no se habla evidentemente, del solo hecho de acceder a la información. En este caso, está implicada la capacidad efectiva de juzgar —lo que conduce directamente a la cuestión de la educación— así como está implicado el tiempo necesario a la cuestión de la información y de la reflexión — cuestión que conduce, también de manera directa, al asunto de la producción y de la economía—. Por otro lado, es necesario recordar, frente al despliegue abusivo de la demagogia y la sofística contemporáneas, que se trata de igualdad política, de igualdad de participación en el poder (1999:153).

Las mayores dificultades para la participación de la sociedad en el ámbito de la cooperación con los gobiernos pasan por la cultura política, que se caracteriza por la desconfianza por parte de los actores sociales y por actitudes y prácticas autoritarias, poco trasparentes y deslegitimadoras de los funcionarios. Esto ha producido que los espacios institucionales de participación en su mayor parte sean más bien de colaboración o corresponsabilidad en la gestión pero no de toma de decisiones, aunque en los últimos años, particularmente en la década de los noventa, a la participación privada, empresarial, se le otorgó una legitimidad macroeconómica y gerencial, ya que representaba ventajas comparativas frente a las vías tradicionales de formulación y ejecución de las políticas públicas (Kliksberg, 1999).

En México los espacios institucionales de intervención han sido restringidos a meros instrumentos

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También se han planteado un conjunto de resistencias a la participación en los ámbitos institucionales y de intereses en su contra. En primer lugar, abrir los procesos a la participación implica una serie de operaciones adicionales que implican costos por un lado, y por el otro, la extensión de los tiempos por la participación de las comunidades; en segundo lugar, se supone, en términos de costo-beneficio que la participación está orientada por la posibilidad de maximizar el interés personal y la obtención de incentivos materiales. La crítica que le hace a este cuestionamiento tiene que ver con que las comunidades se orientan por otros factores, tales como la responsabilidad colectiva, la solidaridad, la confianza y el interés por fortalecerlas. Otro asunto es el predominio de una cultura organizacional formal: para ella, la jerarquía, el mando, los procesos regulados formalmente y una visión autoritaria y vertical de la organización son las claves de la eficiencia. Para este modelo la participación es intolerable, ya que expresa lo contrario: horizontalidad, cooperación, flexibilidad, visión clara de los fines y la subordinación a ellos en los procesos de organización. Por tal motivo, tratarán de obstaculizar cualquier forma de participación para demostrar que, finalmente, lo mejor es dejar a las instituciones las decisiones y las acciones. A esto se suma una descalificación de los actores sociales en términos de sus escasas capacidades para participar en la formulación de políticas públicas, sobre todo por su deficiencia educativa y cultural (atrasados, liderazgos primitivos), lo cual provoca dos fenómenos relacionados: que en lugar de participación se ejecuten las órdenes de arriba hacia abajo y, al mismo tiempo, que se genere desconfianza por parte de las comunidades hacia los encargados de promover la participación (Kliksberg, 1999: 23). También está presente la tendencia a

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la manipulación de la comunidad: el clientelismo es una de las formas preferidas. Se cooptan líderes para que no surjan los verdaderos; se hacen promesas a cambio de apoyo. El efecto es que la comunidad no participará y la experiencia no tendrá resultados satisfactorios. Una de las motivaciones principales para la participación se vincula a necesidades insatisfechas (sociales, culturales, económicas o simbólicas) en el marco de una fuerte desconfianza en las instituciones —que tienen las atribuciones para resolverlas—, así como en los políticos y sus promesas de campaña; a partir de esto, la sociedad genera acciones que intentan solucionarlas o bien gestionar para obtener respuestas. La solución a una necesidad supone por lo general la modificación de las condiciones en que se plantea tal necesidad, o se reemplaza por otras que permiten atenderla. De esta forma, se puede decir que la participación contiene también un elemento transformador (Álvarez, 1997:17).

En este sentido podemos decir que la participación ciudadana es solamente un medio para consolidar los procesos democratizadores. La participación de los ciudadanos en los espacios institucionales —en el caso particular de organizaciones sociales que gobernaron o gobiernan en municipios— se convierte en una mediación entre lo público y lo privado, dicotomía en la cual lo público es exclusivamente lo estatal y lo privado lo social y, en este sentido, muestra que lo público no se agota en el Estado y sus instituciones.Al mismo tiempo complementa a la representación como mecanismo de la participación; es decir, son gobiernos electos a través de instru-


mentos electorales (democracia directa) y, al mismo tiempo, produce mecanismos de participación y discusión colectiva como los espacios institucionalizados en los que se prioriza la obra pública y se discuten los presupuestos. Debe quedar claro que los espacios de participación ciudadana no sustituyen a los de participación política sino que se plantean —al menos formalmente— en una relación de complementariedad. Otro aspecto relevante es que se genera un proceso de politización de lo social y socialización de la política; es decir, lo social asume a la política como parte de sus objetivos al convertirse en gobierno y al mismo tiempo generan espacios para el tratamiento de asuntos públicos para la ciudadanía. Con ello, recortan la acción del gobierno en la definición de los asuntos que son de interés común y general. Por otra parte, como ciudadanos en el gobierno, logran colocarse por encima de los intereses particulares (partidarios, de grupos, sectoriales, religiosos) en función de los intereses más generales de la población municipal. Es frecuente escuchar de los partidos y gobiernos con intención democrática discursos referidos al respeto de la autonomía de la sociedad y sus organizaciones; en este sentido, cabe preguntar: ¿quiénes deben promover la participación?, ¿a través de qué mecanismos y de qué instancias debe hacerse para no violar dicha autonomía?, ¿existe desde las administraciones un reconocimiento a la pluralidad y la heterogeneidad de la sociedad?, ¿es posible recuperar en espacios públicos institucionales ámbitos diferenciados para la participación de las múltiples y diversas formas en que la sociedad se presenta? Y si esto fuera posible, ¿se podrán crear mecanismos para procesar las diferencias? Finalmente,

una vez creados esos espacios desde los gobiernos, ¿estarán éstos dispuestos a aceptar el juego y las disputas entre las diversas fuerzas sociales para ocuparlos? Existen un conjunto de condiciones para que la participación tienda a la democratización de las relaciones entre el gobierno y la sociedad.

¿Existe desde las administraciones un reconocimiento a la pluralidad y la heterogeneidad de la sociedad?

1. La voluntad política del gobierno y la intención de los ciudadanos para abrir espacios son dos condiciones necesarias pero no suficientes; en este sentido, se deberá tener en cuenta de qué tipo de gobierno estamos hablando y cuál es su compromiso explícito con los grupos y organizaciones sociales y civiles.

2. Un elemento importante en la caracterización de los gobiernos es qué lugar ocupa la participación ciudadana dentro de las líneas y programas de gobierno y cómo se formulan los instrumentos para la misma. Así, es necesario establecer y caracterizar las diferencias entre los espacios colectivos como los Consejos de Desarrollo Municipal y la atención individual de los problemas por parte de las autoridades como estrategia para la participación ciudadana. En este último caso, no se promueve la intervención de los ciudadanos, sino que la autoridad se convierte en un receptor de quejas y demandas. 3. Además de las condiciones expresadas en el punto anterior, para que los espacios de participación ciudadana resulten eficientes y eficaces, hacen falta mecanismos e instrumentos apropiados, cambios en la mentalidad de unos y otros, acceso a la

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información para todos los participantes, capacidades tales como saber negociar, poder expresar y debatir sus puntos de vista. La distribución de la información resulta un aspecto central para la participación y para la toma de decisiones. 4. La propia naturaleza de los instrumentos creados no garantizan la permanencia de la participación, ya que en la mayoría de los casos la convocatoria y los periodos en que se establecen las reuniones son controlados por quienes convocan. Su diseño, también en manos de los gobiernos, no permite la formulación de políticas públicas. Lo deseable es que se generen entre el gobierno y los ciudadanos que participan en estos espacios. 5. La mayoría de los espacios institucionales diseñados para la participación resultan ser de colaboración y no de toma de decisiones por inexperiencia por parte de los ciudadanos y por falta de compromiso y responsabilidad de los funcionarios del gobierno. El problema que se presenta en los espacios institucionales es que tanto funcionarios como ciudadanos deben tener la voluntad suficiente para comprender y reconocer quiénes son sus interlocutores; para generar un cambio en las mentalidades de unos y otros que a su vez produzca una mayor disposición en la distribución de la información a todos los participantes en

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determinados espacios; para respetar posiciones y formas de pensar diferentes, y para comprender y aceptar el interés general, y así ser capaces de diseñar conjuntamente los instrumentos más adecuados para la participación y para producir los mejores resultados. Paralelamente existe una enorme crisis de representación y credibilidad, en particular hacia quienes ocupan puestos de representación popular como los diputados, los senadores y, por supuesto, hacia los partidos mismos. La participación ciudadana que comienza a esgrimirse desde hace unos años parece que viene a ocupar el lugar de mediación entre las demandas sociales, las cuales deberían estar representadas por los partidos en el Congreso y en otros espacios. Junto con esto y frente a la escasa capacidad de los portavoces de representar esas demandas, los gobiernos intentan una comunicación directa con la sociedad, sin mediación. Es en esos distintos espacios donde las demandas sociales aparecen, se elaboran, se procesan, se discuten, se confrontan. En realidad la participación puede complementar pero no suplantar el tema de la representación. Podemos decir que ambas —participación y representación— son mediaciones entre los Estados y la sociedad y, por lo tanto, son necesarias para vincular las demandas sociales a los espacios institucionales donde se toman las decisiones públicas, es decir, las que inciden en toda la población.


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La construcción de ciudadanía hoy Seis ideas

Carlos San Juan Victoria*

Nuestro tiempo considera a la ciudadanía como una condición sustantiva de un orden de convivencia deseable. ¿Y si hubiese zonas de sombra en esa idea luminosa?, ¿si hubiera en su seno, no un sentido sino varios en juego?, ¿si estuviese habitada por estrategias no sólo diversas sino encontradas? Estas líneas tratan de esos pliegues y claroscuros presentes en la ciudadanía y en su construcción. Primera. En nuestra República siempre liberal hay sin embargo un «regreso liberal» Desde nuestro origen y fundación republicana (1824 y 1857) el liberalismo fue y es la ideología política que estructura al individuo, a la soberanía y al Estado en el ámbito de la política. Por 200 años orientó la invención y la construcción de la comunidad política moderna en el país y gran parte del mundo, con sus iniciativas de soberanía popular, de República


con poderes en contrapeso y de ciudadanías. ¿Para qué entonces hablar de «regreso» si al parecer nunca se ha ido? Para precisar las varias capas de liberalismo que conviven en el presente y ubicar las potencias y las fracturas actuales. Ahí se juegan, como veremos, nociones diversas de ciudadanía y de construcción ciudadana. En panorámica instantánea se puede afirmar que en nuestro país aún conviven tres capas de liberalismo: el oligárquico del siglo XIX, con derechos para un individuo abstracto, pero propietario, y donde las reglas concretas para precisar al ciudadano «soberano» eran retratos hablados de los «notables». Este primer liberalismo universalizó la condición ciudadana a todo aquel nacido en la República —su fuente de soberanía y legitimidad— pero de inmediato la restringía con requisitos de alfabetización, propiedad y nivel de ingresos que pocos, muy pocos en esa sociedad desigual, podían cumplir. Luego vino la capa creada por la Revolución de 1910 a 1917, donde el anterior liberalismo fue expandido como sufragio universal y como derechos sociales a amplias regiones de nuestra sociedad, en la que resurgieron los cuerpos sociales y políticos (corporaciones y partidos de masas) sobre el individuo; el Estado fue la fuerza decisiva, más que el mercado. Aunque le dio más peso a la igualdad, su gran falla fue la libertad política. Y una tercera capa resurgida hacia los años ochenta del siglo pasado, donde vuelve a cobrar importancia el individuo sobre las corporaciones, el mercado sobre el Estado y los partidos como agrupamientos de individuos con sus identidades de ideas que desplazaron a los partidos de masas.1 El «regreso liberal» reorganizó a la vida económica, política y cultural. Es nuestra época la que se mueve en una plena aceptación de la ciudadanía, pero con

un fraseo peculiar —otro equilibrio entre libertad e igualdad— y claroscuros inquietantes. Segunda. La escisión interna del liberalismo arroja dos nociones de ciudadanía Desde su origen, y en confrontación con el absolutismo ilustrado en Europa, el liberalismo hizo una promesa de refundación del orden social en torno al individuo. Esa promesa era de protección ante la arbitrariedad y el abuso de los poderosos (la libertad negativa) y para el desarrollo de las personas (la libertad positiva), y de fuente de soberanía para elegir gobernante ejercido por la vía del voto. Era una promesa universal que expandía a la comunidad política, pero que a la vez fue acotada por los poderes de la sociedad jerárquica y de dominación que a la fecha constituyen la manera más enraizada y poderosa del vivir en común. Ésa es la escisión interna del liberalismo, su universalismo y su apropiación por los poderes reales. De ese primer modo originario de existir, el liberalismo construyó ciudadanías pensadas y ejercidas como legitimidad y orden de formas de vida injustas, que anulan sus contenidos de desarrollo y de autonomía para atar a las personas a la edificación de poderes sin contrapesos y a estilos de vida sujetos a los apetitos de los poderosos. Pero a la vez, su escisión originaria fue receptiva de las grandes movilizaciones sociales de fines del siglo XIX y del siglo XX que lo hicieron democrático, es decir, que fracturaron el cerco de los privilegiados para intentar expandir su promesa. De ahí surgieron otras nociones de ciudadanía, ya no centrada en la conservación legítima de sociedades injustas, sino en su constante trasformación por la vía de dar garantías al desarrollo de las personas. De tal escisión

*Investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH

1

paisdenubes@gmail.com

Se puede consultar al

respecto a José Fernández Santillán (1997).

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Entretextos

2

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Sugiero al respecto el

libro clásico de Crawford B. Macpherson, La democracia liberal y su época. 3

A manera de ejemplo:

«Occidente dialoga con África y Asia y transforma cualitativamente al individuo homogéneo y aislado en una persona vinculada a su Estado pero también a pueblos como cultura y civilización comunitaria, con identidades nacionales pero también con identidades étnicas, regionales, culturales y de múltiples grupos de adscripción. Las periferias del mundo ampliaban los derechos para hacer posible la unidad en la diferencia» (San Juan, 2005:49-65). 4

Véase la aprobación por el Senado de la iniciativa

de reforma sobre derechos humanos que los integra en un solo capítulo constitucional, en la lógica de reconocer la diferencia y articular su integralidad (La Jornada, 9/04/2010).

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originaria del liberalismo surgieron dos grandes sentidos de la ciudadanía.2

Cuarta. Fuerzas desintegradoras que desnudan de derechos

Tercera. En nuestro tiempo hay potencia para «vestir» de derechos a las personas

Hay una mancha que cubre a nuestro país y sus fronteras: los abusos de la autoridad y de los poderosos, la pobreza, el clientelismo, la violencia desenfrenada, el difícil acceso masivo a las jurisdicciones de justicia y servicio de gobiernos y del Estado. Es una mancha que avanza a ritmos diferentes en el sur, centro y norte del país. El «regreso liberal» desató fuerzas no necesariamente interesadas en la dignidad y el desarrollo de las personas. Esa mancha contraria a la autonomía de las personas tiene varios ingredientes; anoto algunos: el mercado y la extrema mercantilización de la vida; una política centrada en hacer clientes, no ciudadanos responsables; la impensable alianza neoliberal con la Iglesia católica que regresa a disputar el terreno de las autonomías personales en el pensar y el vivir y que amenaza a la laicidad del Estado; las dominaciones de los poderes patriarcales.

Se ha logrado aceptar una ruta de concreción de los derechos universales para abrirse a las condiciones nacionales, culturales, de género, de clase y de edad, entre otras muchas. Es la ruta que viajó del individuo abstracto hacia los derechos del niño, pasando por los de las mujeres, la tercera edad, los del trabajador, de los pueblos o de las preferencias sexuales. Es la sustitución de la comunidad de los iguales abstractos por la comunidad de los diferentes concretos.3 Se hizo realidad la idea radical de Hannah Arendt de que la cualidad central de los derechos humanos es «el derecho a tener más derechos». Se han realizado avances importantes: leyes que recogen varias de las demandas de una sociedad plural, instituciones como las defensorías de derechos o de políticas públicas que intentan regirse por ellos, como por ejemplo, las políticas de género. El Senado recogió una iniciativa largamente deseada y peleada por las organizaciones defensoras de derechos que pugnan por elevar a un rango constitucional la noción avanzada de los «derechos integrales».4 Así, se ha creado un «medio ambiente» donde valores, instituciones, actores sociales y culturales movilizados —una constelación virtuosa pero en ocasiones restringida y efímera— afianza nuevas mentalidades que asumen y defienden los derechos como armas vigentes en la experiencia cotidiana. Se puede afirmar que nuestro tiempo cuenta con la potencia de ese «medio ambiente» que intenta «vestir» de derechos a la pluralidad de individuos que integran nuestra sociedad.

En la raíz de este problema estuvo el ascenso de una sociedad jerárquica y de dominación a la vez que se reiteraba la fe liberal. Con ello se arma una trampa o bien una contradicción: junto a los derechos integrales conviven entornos públicos agresivos que los niegan, fragmentan o trasforman en legitimidad momentánea y fugaz, según la circunstancia y conveniencia. La economía y la política dominante encontraron en la debilidad de las personas la fuente de su fuerza. Para un consenso dominante en gobiernos y en segmentos culturales, la ciudadanía realista es de baja intensidad. Las personas no se interesan por la política, tienen bajo nivel cultural, y su interés real es aumentar sus consumos y los prestigios derivados; no les importan las ideologías. Por ello a lo más que se


puede aspirar es a establecer un catálogo de deberes y derechos, los términos de un intercambio donde se recibe protección y servicios, se pagan impuestos y se vota.5 Ese es el buen ciudadano. Pero en sociedades encrespadas por el ascenso de los poderosos sin contrapesos éticos, legales y de contrapoderes, donde las grandes mayorías fueron y son expropiadas de su autonomía productiva, legal, política y cultural; las ciudadanías de baja intensidad se adaptan bien a los segmentos satisfechos y contribuyen a desnudar de derechos a grandes áreas de mexicanos. La baja intensidad destruye derechos. Quinta. La ciudadanía es sobre todo una experiencia En esos entornos agresivos muchas personas se enteran de su condición ciudadana al sufrir un atropello. El retiro de apoyos y servicios a los más pobres, las expropiaciones arbitrarias, las pérdidas de trabajo, la injusticia que surge o retroalimentan las instancias de justicia. Nuestro tiempo colecciona estampas de personas que de golpe sufrieron la injusticia o la exclusión y reaccionaron con los lenguajes y los recursos a la mano, unos de mucho tiempo atrás. Entonces aparece un criterio esencial en la formación de las ciudadanías: que por acontecimientos negativos se resiente un poder que hace visible la ausencia de poder autónomo de las personas, como ocurrió en las luchas sindicales y campesinas recientes; o bien, los acontecimientos que motivan y abren puertas para que muchas personas sientan su poder, como ha sucedido en algunos procesos electorales que promueven la esperanza. De ahí nace una ciudadanía plebeya. En ambos casos los sin poder —la enorme mayoría— se enlazan con emociones y actos

que les recupera su acción y su conciencia autónoma, su confianza para lograr una buena vida y, a la vez, la generación de vínculos entre individuos antes aislados. La comunidad moderna de las reglas puede ser apropiada por sujetos y por las muchas otras comunidades derivadas de los paisanajes, las clases, las etnias, los géneros, las preferencias ideológicas y de modos de vida. Por esa vía la comunidad abstracta y homogénea se ilumina con los mil colores de la diferencia. No se trata de una pedagogía ilustrada sino de acontecimientos que desatan experiencias. Si esa experiencia personal, o de algunos cuantos, ocurre o genera un «medio ambiente» propicio de otras organizaciones, de personajes públicos que ayuden a hacer pública su circunstancia; de abogados y leyes disponibles; de coordinaciones para lograr acciones públicas; se abren procesos de construcción ciudadana que impactan no sólo a los directamente involucrados sino a otros segmentos de la población. Las personas que se vivieron desnudas e inermes se pueden entonces vestir de derechos y a la vez, aumentar el catálogo formal de ellos.

Los sin poder —la enorme mayoría— se enlazan con emociones y actos que les recupera su acción y su conciencia autónoma

De manera paradójica, para esta generalización de las experiencias, cuenta y pesa tanto la potencia de los derechos integrales, como la fuerza desintegradora que al atropellar provoca en ocasiones la emoción reactiva hacia la ciudadanía. Si en los aspectos formales la palabra ciudadanía parece decir una sola cosa, en los procesos concretos dice que hay varios sentidos y uno de ellos es muy riguroso: construir ciudadanía es construir el poder de los sin poder, no es sólo pagar impuestos, votar, respetar la ley y orientarse por el consumo, puede ser eso,

5

Para ver el modo de uso de

estas concepciones se puede consultar a Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín (2009).

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Karla Quiñones / Sin título

pero sobre todo es recuperar la autonomía y la libertad real de la persona. Sexta. En los sentidos diversos de la ciudadanía se juegan estrategias de construcción de subjetividad y de relaciones sociales, de individuos y de sistemas, de ciudadanos y de Estado, de individuos y de vivir en común

6

Esa cualidad del liberalismo sólo en manos de los poderosos se revisa, y muy bien, en Piero Gobeetti (2008).

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La coincidencia del «regreso» del liberalismo con la escalada de los poderosos fracturó los vínculos creados entre los liberalismos con la democracia a lo largo del siglo XX, imaginada como modelo deseado de sociedad y de persona y ahora reducida a competencia de oligarquías. Por eso decimos «regreso» y no neoliberalismo, porque su novedad, junto a las grandes potencias disponibles, es a la vez de recaída oligárquica como en el siglo XIX. La consolidación de este liberalismo regresivo introdujo una serie de imposturas: un elogio a la libertad

y la rigurosa reconstrucción de autoridades y jerarquías que la expropian; la suplantación de los ciudadanos por los clientes; la preservación del Estado patrimonial que redistribuye entre cúpulas, amigos y clientes, los excedentes de la sociedad; la histórica y persistente fusión de dineros públicos y negocios privados; la desarticulación de la ética pública por una corrupción masificada; en una palabra, la erosión de los fundamentos mismos de la autonomía de las personas y de las instituciones liberal democráticas.6 En sus manos las «políticas públicas», las «participaciones ciudadanas», el «desarrollo social» y la «construcción de ciudadanías», lenguajes ahora comunes, tienen una fórmula elemental: máximo efecto de legitimidad y de clientelismo, mínimo aporte a la libertad, la autonomía y las potencias de la gente. Por ello nuestra época alberga una lucha al interior del liberalismo, para resignificar sus palabras mayores (Merquior, 2008; Mouffe, 1993). Requiere de construcciones de ciudadanía que rehagan subjetividades en clave de potencia, de autonomía y de poder de las personas comunes, y que adviertan que no hay individuo sin sistema, no hay ciudadano sin Estado verdaderamente público, no hay autonomía sin economías y políticas dispuestas a reconocer y redistribuir poder. Volver a ligar liberalismo y democracia requiere del concurso de muchos con ideas e imaginarios plurales, pero en clave de justicia, igualdad de los diferentes y libertad de los más. Como en otros momentos de nuestra historia el liberalismo democrático puede ser el punto de confluencia de católicos progresistas, de ideologías sociales, de imaginarios populares de justicia que puedan rehacer otro sentido preciso: construir al ciudadano es a la vez rescatar al Estado y al desarrollo.


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Macpherson, Crawford B. (1991) La democracia liberal y su época. España: Alianza.

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Ciudadanía y políticas públicas

David Martínez Mendizábal* La reflexión sobre el tema de la ciudadanía resulta fundamental, pues contar con ciudadanas y ciudadanos comprometidos con diversos aspectos de la sociedad en que viven, se encuentra entre los factores que definen el tipo de país y de región que realmente opera en la cotidianidad. A contramano de como se piensa, afirmo que la magnitud y la modalidad real de participación ciudadana determina un tipo particular de democracia y por tanto, de ciertas políticas públicas. La calidad de la democracia es proporcionalmente directa a la variable participación ciudadana. Sin embargo, como en muchos ámbitos de las ciencias sociales, hay una extrema maleabilidad en la comprensión del término de ciudadanía, pues existen nociones que ubican a ciertos ciudadanos puros, verdaderos representantes de todos los


sectores sociales, cuya tarea es operar en contra de los terribles y malévolos partidos y gobiernos; otras más se basan en consideraciones elitistas, ya que se considera que el ciudadano prototípico es el empresario exitoso, validado por sus relaciones culturales y sociales. Incluso, líderes ciudadanos, fabricados de forma express por los medios de comunicación, adquieren en poco tiempo una relevancia extrema y hablan en nombre de las víctimas de violencia o de otros segmentos sociales a quienes nunca escuchan. Estas letras tienen el propósito exponer de forma muy apretada las ideas de algunos autores que ayudan a comprender el fenómeno de la ciudadanía desde una óptica crítica y aportan reflexiones conducentes hacia la definición operativa del quehacer ciudadano. El Estado y la ciudadanía Para Pérez Baltodano (1997), en América Latina los Estados de la región gozan de un alto grado de autonomía con respecto de la sociedad civil, así como de una gran dependencia de la economía mundial. Esta situación contrasta con la característica fundamental de los Estados europeos que durante los últimos 300 años desarrollaron una elevada soberanía externa y una gran dependencia doméstica. Esta combinación les permitió el desarrollo de una capacidad política que domesticó las economías nacionales para extraer y redistribuir recursos destinados al desarrollo social. El mismo autor dice: Este tipo de ciudadanía no se deriva, como en el caso europeo del desarrollo de la capacidad de la sociedad para condicionar

el funcionamiento del Estado, sino de la capacidad desarrollada por grupos y sectores de la sociedad para participar en el diseño y la formulación de decisiones y políticas públicas dentro del ámbito del Estado [...] La ciudadanía se convierte en una reivindicación de una particular relación con el Estado más que como una reivindicación frente al Estado (1997:43).

Aunque esta afirmación no podría sostenerse en términos absolutos, se puede constatar la existencia de ciertos rasgos marcados de una ciudadanía artificial promovida desde arriba y desde afuera por los Estados latinoamericanos al lado de una élite privilegiada existe una gran masa de simples ciudadanos, la de los que están teóricamente sujetos a los rigores de la ley, pero que en la práctica dependen de la buena o mala voluntad de sus representantes (Murilo, 1995:156).

Una ciudadanía, no frente al Estado, sino dependiente estructural del Estado, sujeta a la caridad pública. Will Kymlicka señala que la discusión sobre la ciudadanía se ha revitalizado, después de que se le daba por muerta en el ámbito de las ciencias sociales de los años setenta. Al parecer el tema de la ciudadanía viene a llenar un hueco, pues articula el «sentido de pertenencia a la comunidad y exigencias de justicia» (Klymlicka y Norman,1999:5). En la línea de la promoción de complementar los mecanismos de respuesta institucional, Klymlicka sostiene que se deben considerar que el Estado será incapaz de proveer cuidados sanitarios si los ciudadanos no actúan responsablemente hacia su propia salud;

* Director de Investigación, UIA

León

david.martinez@leon.uia.mx

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el Estado puede tornarse incapaz de satisfacer las necesidades de niños, ancianos y discapacitados si los ciudadanos no aceptan su cuota de responsabilidad en la atención de sus propios parientes [...] los intentos de crear una sociedad más justa tropezarán si los ciudadanos exhiben una intolerancia crónica hacia la diferencia o si carecen de lo que Rawls llama sentido de la justicia [...] lo que el Estado necesita de la ciudadanía no se puede obtener mediante la coerción sino solamente por medio de la cooperación y el autocontrol en el ejercicio del poder privado (p.14).

Ciudadanía: del estatus pasivo al compromiso activo La ciudadanía no es simplemente un estatus legal definido por un conjunto de derechos y responsabilidades, sino una identidad, es decir, la expresión de pertenencia a una comunidad política (Klymlicka y Norman, 1999: 25). Chantal Mouffe, en la misma línea sostiene que ser ciudadano obliga a una serie de lealtades múltiples con muchas comunidades diferentes y que éste no es un receptor pasivo de derechos en ninguna de ellas (1998:139).

Varios procesos contemporáneos abonan al debilitamiento de la ciudadanía social

Por su parte Giovanna Procacci plantea que el concepto inicial de ciudadanía ha evolucionado desde un planteamiento formal-jurídico de pertenencia como miembro con derechos plenos a una sociedad y las formas constitucionales de ese derecho —concepto introducido por Marschall a fines de los años cuarenta del siglo pasado— hacia una noción menos rígida (1999:17). Esta evolución ha puesto en entredicho la ciudadanía social en su dimensión colectiva,

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pues las discusiones sobre políticas sociales han estado influenciadas por el régimen de bienestar estadounidense que abandona los principios universalistas de la ciudadanía social. En coincidencia con Klymlicka, Procacci sostiene que varios procesos contemporáneos abonan al debilitamiento de la ciudadanía social y los derechos sociales, entre ellos, la individualización, la comercialización de los servicios, la flexibilidad laboral, la contractualización, el humanitarismo individualista, todas ellas promovidas como soluciones cuasi absolutas (1999:20). El planteamiento del mercado, la privatización de los servicios sociales y la filosofía del «usuario paga» están por encima de los planteamientos universalistas de la ciudadanía social. El problema es que suelen adoptarse soluciones globales y únicas sin discutir plenamente la racionalidad de las distintas propuestas. Se aceptan como dogmas, sin considerar que precisamente las políticas sociales nacen ante el fracaso del individualismo (caritativo, económico y jurídico) e históricamente han batallado contra la desigualdad, en particular la pobreza, que es uno de los principales problemas que han impedido formalizar un estatus de ciudadano. Particularmente importante para el tema de la política pública es lo que señala Procacci sobre ciudadanía social y bienestar. La autora dice que el deseo de asegurar un mínimo de bienestar no sólo es necesario, sino que exige una intervención en el libre funcionamiento del mercado, redistribuyendo riqueza en forma de servicios públicos. Los servicios de bienestar social son un elemento constitutivo indispensable de la ciudadanía social.


La ciudadanía ha ofrecido un marco más eficiente que el mercado para la discusión sobre las políticas de bienestar social. Si se trata a todos como ciudadanos, las condiciones necesarias para que esto se dé eficientemente pasan a convertirse en un problema público. La ciudadanía restaura el principio de reciprocidad al margen de las normas que rigen el mercado —el cual se regula mediante el cambio de dinero y servicios— así como de las relaciones familiares cuya naturaleza es la ayuda mutua, y mucho más afuera del ámbito de la caridad en donde no existe ninguna reciprocidad. Bajo esta visión existe el supuesto de que la sociedad ha reconocido que hay ciertos niveles de vida que son imprescindibles, independientemente del poder de negociación del individuo. Al formularse estas escalas en términos de derechos, las dependencias a las que se pretende dar solución se trasforman en condiciones para la autonomía (Procacci, 1999: 27-29). Desde una óptica sociopolítica Juan Manuel Ramírez aborda en el inicio de sus reflexiones la importancia del problema de la participación para la ciudadanía social: y dice que éste no es un concepto, una categoría con carga teórica precisa, sino un término descriptivo demasiado elástico. Ramírez cita a Cunill cuando asienta que no es suficiente señalar en las políticas públicas la existencia de frases como «los beneficiados tomarán parte en las decisiones de los programas», sino que hay que aclarar, fundamentar y argumentar cómo se llevará a cabo (2003:351). Parte de una visión universalista de los derechos sociales, al igual que Procacci y Klymlicka.

La primera es un estatus donde el Estado reconoce o atribuye a los ciudadanos un sentido de pertenencia como miembros de una comunidad política y en sujetos de garantías y responsabilidades. La segunda implica el ejercicio de un conjunto de prácticas que convierten a una persona en miembro competente de una sociedad para intervenir en ella y que tiene por objeto la defensa y ejercicio de sus derechos (p.352). Reflexión final Una conclusión de las muchas que se pueden derivar de las ideas expuestas en los párrafos precedentes es que el concepto de ciudadanía que se deriva de esta corriente de pensamiento tendría las siguientes características: 1. En un aspecto formal, la ciudadanía es un estatus de pertenencia plena a la sociedad, pero no se agota ahí, pues también implica un conflictivo proceso social donde coexisten derechos y deberes, y diversas ideologías e intereses, dentro de los grupos Rubí Hurtado / Frozen artificial organic

Tales derechos tienen una doble vía de interpretación: la jurídica y la socio-política.

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ciudadanos. La identidad ciudadana diversa y plural se logra con la intervención activa en los procesos sociales trasformadores de cara a una sociedad justa y democrática, tal y como la entiende cada corriente. 2. Ser ciudadano es una forma de situarse frente al poder, particularmente el del Estado. Esto se puede hacer de múltiples maneras. No basta con no ser parte del gobierno o de algún partido político para adquirir el estatus de ciudadana o ciudadano. 3. Uno de los campos prioritarios de intervención es que la esfera de lo público tenga realmente ese carácter. Si se asume que la ciudadanía plena implica estar en un franco camino para lograr una vivencia también plena en los aspectos civil, económico, político, social, cultural y ambiental, de cada una de estas esferas, la articulación con las políticas públicas demanda del Estado y de la sociedad una estructuración inteligente y crítica. 4. Algunos de los valores centrales para la intervención ciudadana se oponen a los

promovidos por el liberalismo económico: solidaridad, comunitarismo y generosidad. Finalmente es conveniente poner sobre la mesa de la discusión que los cambios coyunturales que demanda la articulación entre las luchas ciudadanas y la definición de políticas públicas, pasa por la reflexión sobre la necesaria constitución del amplio movimiento social —constituido a su vez, de variados actores sociales, entre ellos los llamados grupos ciudadanos—, que pueda asumir la tarea política de «construir un nuevo bloque histórico capaz de realizar la reforma del Estado [...] una articulación de actores alrededor de objetivos sociales aceptados por todos» (Barba, 2006:493-494). Este pacto social le queda grande a las ahora llamadas organizaciones de la sociedad civil, si se autoconciben como las únicas con legitimidad para asumir el cambio estructural. Se requiere la confluencia de otros actores que le den mayor capacidad definitoria a este bloque histórico en formación.

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Alberto Azis México al inicio del siglo México: Porrúa/CIESAS.

XXI.


Cartografía discursiva de la noción de ciudadanía Una intempestiva y breve reflexión Cuauhtémoc Nattahí Hernández Martínez*

Si hay una vocación igualitaria en la filosofía, no es la de comunicar el mayor número de fórmulas de un arte de vivir, es la de reconfigurar el terreno de lo pensable, con el fin de manifestar tanto la potencia del pensamiento como la potencia de todos. Jacques Ranciére 1

Sometido a las más diversas variaciones, la noción de ciudadanía ha terminado por convertirse a fuerza de discursos de toda índole en otro de los muchos conceptos sobresaturados de sentidos y significados: «ciudadanía compleja», «ciudadanía multi o intercultural», «ciudadanía global», «ciudadanía cosmopolita», son sólo algunos de los sentidos con los que circula en los diversos contextos discursivos contemporáneos, algunas de las veces como producto del rápido consumo en el mercado cultural de las ideas.


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Genealógicamente, el concepto tuvo mejor suerte durante los siglos XIX y XX cuando acompañó los discursos y las prácticas de una buena parte del amplio repertorio de movimientos políticos de emancipación. Fue lo que aconteció con las primeras luchas feministas por el voto, con los movimientos antirracistas, étnicos y con todos aquellos movimientos sociales que pugnaban por el reconocimiento jurídico y práctico de libertades y derechos que en el marco de los Estados nacionales se les habían postergado o negado a ciertos colectivos sociales. El pleno disfrute de derechos que incluía la ciudadanía en este caso, como dijo Hannah Arendt, fue una conquista social antes que una concesión del Estado; conquistas sociales que implicaron en su momento una «implosión» o una reorganización del ordenamiento político burgués vigente en aquellos tiempos.

Para la gran mayoría de las personas el ejercicio de la ciudadanía se restringe a la emisión del voto

*Profesor del Centro Ignaciano de Formación Humanística, UIA León nattahiher@yahoo.com.mx 1

Citado en Miguel Abensour et al., (2005). 2

Vicisitud de la ciudadanía y

de la práctica política que sin duda guarda relación con las formas contemporáneas de control social que se emplean sobre las personas.

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Sin embargo, con el paso del tiempo el panorama actual ha tomado un rostro completamente diferente. En la práctica, el ejercicio de la ciudadanía ha terminado por referir una cierta relación objetiva y abstracta entre un individuo y un Estado, de modo que el ejercicio político que implica ha quedado limitado a ser una participación formal —caricaturísticamente reflejada en la emisión del voto—, dentro del marco establecido por la democracia liberal capitalista. La ciudadanía restringida a este ámbito democrático, así como el estatuto que adquieren o deberían adquirir los gobernados cuando colaboran en la red pública, participa únicamente mediante las elecciones que vivimos como una especie de disolución simbólica del edificio social, en tanto tomamos parte

como ciudadanos abstractos y atomizados, y cuyo resultado depende de un mecanismo puramente cuantitativo de contabilización en el que desaparece toda red jerárquica de relaciones sociales. Por supuesto, actualmente la práctica política no se restringe a su caricatura, a la relación de un individuo con su Estado a través del voto cada cierto lapso de tiempo. Si hay algo que se puede oponer al triste declive de lo político en nuestras sociedades es la abigarrada y diversa multitud de prácticas políticas (locales, nacionales, internacionales, barriales) que por diversas causas (derechos humanos, ecología y consumo alternativo, antihomofobia, antiglobalización, equidad de géneros, objeción de conciencia, etc.) han emergido recientemente ampliando el alcance de la noción de ciudadanía más allá de la relación con el Estado hasta incluir todas aquellas acciones que inciden o trasforman la realidad social, aun por fuera de aquél. Sin embargo y a pesar de esto, para la gran mayoría de las personas el ejercicio de la ciudadanía se restringe a la emisión del voto.2 Aunque en el nivel discursivo la noción ha experimentado una verdadera «implosión» de sentidos y orientaciones, las más serias de estas nuevas perspectivas teóricas no han encontrado cauce pleno en la practicidad de la vida política y social actual, principalmente porque suponen un rebasamiento del ejercicio político que permite la democracia formal representativa y el marco jurídico, político e institucional del Estado-nación. Tomemos la noción «ciudadanía global» como ejemplo, en referencia a la «política de la multiplicidad» tal como la plantean Antonio Negri y Michael Hardt en Imperio y Multitud, en relación con el problema de las migraciones masivas. Problema


mayúsculo que en realidad se trata de un éxodo forzado por la implementación de las medidas neoliberales en los países tercermundistas que ha agravado la pobreza, y por la reconfiguración de la producción capitalista que ha demandado el aumento de la movilidad de la fuerza laboral, al grado que la producción en los países dominantes es completamente dependiente del influjo de trabajadores desde las regiones subordinadas. Partiendo del pensamiento de Gilles Deleuze y Félix Guattari, quienes emplean el término «ciudadanía global» para referirse a la política del acontecimiento que frente a un capitalismo mundial integrado se vislumbra como la única acción política, con la opción de impedir el cierre totalitario del capitalismo y abrir a la vez posibilidades que rompan la lógica del horizonte de lo dado con su fuerza creativa. Como acontecimiento político, las jornadas de protesta de Seattle y Washington, por ejemplo, han creado un nuevo campo de lo posible (no existía antes del acontecimiento, llegó con él), que produjo una mutación en la subjetividad (ya no se soporta lo que antes se soportaba) e hizo emerger nuevas opciones de vida (nuevas relaciones con la economía y con la política-mundo, una manera diferente de vivir el tiempo, el cuerpo, el trabajo, la comunicación, nuevas maneras de estar juntos, etc.), como un proceso de experimentación y creación. La consigna «otro mundo es posible» que arengó la multiplicidad de singularidades individuales y colectivas (organizaciones marxistas, ecologistas, sindicatos, trotskistas, mediactivistas, feministas, black bloc, etc.) es sintomática a este respecto. Lo que implica es el desbordamiento que la práctica política de los «movimientos altermundistas» hace de los causes institucionales tradicionales de la política

Rubí Hurtado / Pili's time

institucionalizada, en tanto que de lo que se trata es de re-politizar las leyes del mercado capitalista que en las últimas décadas han llegado a considerarse cuasi leyes naturales como parte del movimiento despolitizador que caracteriza la actual configuración capitalista contemporánea.3 En este orden de ideas, la demanda de una «ciudadanía global» en relación con las migraciones masivas forzadas implicaría en principio la reforma de la condición y estatus jurídico de las poblaciones inmigrantes. Si la internacionalización de los circuitos de la producción capitalista ha demandado la movilidad a gran escala de la fuerza de trabajo, la demanda política que implica la noción de «ciudadanía global» sería reconocer jurídicamente la fuerza laboral y su plena ciudadanía. Ahora bien, si en la actual coyuntura los gobiernos de los países de acogida de trabajadores migrantes parecen movidos por lógicas que definitivamente no son las de otorgamiento de derechos jurídicos y

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Movimiento ideológico que

hizo que algunas cuestiones que antaño se consideraban políticas, esto es, conflictivas y agonísticas, sean ahora identificadas como mera gestión técnica de las cosas.

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políticos, sino todo lo contrario, por las de la represión y criminalización, ¿qué es lo que queda por hacer? De nueva cuenta el hilo de la reflexión arendtiana se impone: la obtención de la «ciudadanía global» pasa ineludiblemente por la lucha y movilización social que pueda emprender la multitud en este caso, tal como el goce y disfrute de la llamada «primera generación de derechos» fue un logro social. Frente a la desterritorialización de la fuerza de trabajo que provoca el capital, la lucha social tendría que implicar la posibilidad para la multitud de reapropiarse del control del espacio y de la autonomía de sus propios movimientos, resistir las restricciones a la movilidad impuestas por los gobiernos, crear espacios de resistencia, convivencia y contestación, y sobre todo organizarse para constituirse en sujetos activos y libres. Queda claro entonces que la lucha por la «ciudadanía global», tal como la plantean Negri y Hardt, no se limita a ser una lucha por el reconocimiento —por parte de los países donde viven y trabajan— de las diferencias culturales, étnicas, etc.,

que pudieran poseer los flujos humanos excluidos internamente tanto política, social y culturalmente (el famoso problema del reconocimiento de la diferencia), cuanto de una reivindicación emancipatoria frente a las lógicas laborales del gran capital mundial y sus acoplamientos espacio-temporales. Es así como las más serias de las nuevas orientaciones del concepto de ciudadanía desbordan el ejercicio político-formal que implica la noción en su acepción burguesa y el ordenamiento político representacional, domesticado y regulado, de la democracia liberal capitalista. De «teatro de sombras», según la perspectiva marxista tradicional, a dispositivo simulacional con fines de disuasión o esfera masivamente des-investida libidinalmente, según el posmodernismo filosófico, la política institucionalizada democrático-liberal no parece, pues, poder hacerse cargo del carácter dinámico y potencial trasformador del concepto de ciudadanía, como no sea en el estatus de un objeto de discurso petrificado y domesticado en boca de los representantes y gobernantes en turno.

REFERENCIAS Absensour, Miguel; Alejandra González y Marcela Díaz (2005) Voces de la filosofía francesa

Hardt, Michael y Antonio Negri (2005) Imperio. Barcelona: Paidós.

contemporánea. Argentina: Colihue. — (2006) Multitud. Barcelona: De Bolsillo. Arendt, Hannah (1995) Qué es la política. Madrid: Gedisa. Deleuze, Gilles y Felix Guattari (1988) Mil mesetas. Trad. por José Vázquez Pérez y Umbelena

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Larraceleta.Valencia: Pre-textos.


Universidad y formación para la ciudadanía Martha Mora Cantoral*

Algo en lo que estamos muy atrasados en América Latina es en la construcción de formas institucionales que den continuidad a la ciudadanía. Néstor García Canclini

El desinterés de la sociedad por la vida pública y las instituciones se manifiesta también en la universidad, ya sea porque el alumnado no lucha ni se entusiasma por defender sus intereses estudiantiles y ciudadanos, o bien porque la propia institución no vive en su interior un ambiente de preocupación que vaya más allá de la formación de profesionales. La educación para la ciudadanía es un tema recurrente en el debate educativo desde hace varios años, el interés por la democracia en México y los problemas sociales que enfrentamos han


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puesto a la educación cívica como una posibilidad para replantearnos nuestra capacidad de convivencia, sin embargo esta tarea educativa no es reconocida naturalmente como universitaria; la fuerza y dominio de las leyes del mercado han permeado casi todas las actividades culturales, por lo que las expectativas sobre la formación universitaria apuntan más hacia las seguridades económicas y laborales, que al desarrollo de las personas y sus comunidades.

La universidad de hoy tiene la enorme posibilidad de resignificar la educación superior en clave social y cultural

Hace ya 14 años, el Informe a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de la Comisión Internacional sobre educación para el siglo XXI, también conocido como «Informe Delors», señalaba que la educación está obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar por él. La misma UNESCO, dos años después, planteó la imperiosa necesidad de que la universidad contribuyera a la formación de personas críticas que estén atentas a las necesidades de su sociedad.

*Directora del Centro

Cabe reconocer que la universidad hace un aporte social, entre otras maneras, a través de la formación de profesionales que al término de sus estudios se espera que integren parte de los grupos que toman decisiones importantes, no sólo para sus instituciones, sino también para la ciudadanía y la sociedad en general, por lo que considerar su formación como personas, particularmente en su dimensión ética, adquiere una trascendencia insoslayable.

Ignaciano de Formación Humanista, UIA León. martha.mora@leon.uia.mx

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Por otra parte, sin pretender hacer una única caracterización de los jóvenes que

asisten a la universidad, sí podemos mencionar que existe una desatención añeja a este grupo social que pasa cada vez más tiempo en actividades globalizantes, sin que por esto haya una formación sistemática y cuidada de su incorporación al mundo hipercomunicado. Los altos niveles de inseguridad en todas las esferas de la actividad humana, los discursos catastrofistas del futuro cercano, los testimonios incontrovertibles de la corrupción de las principales instituciones sociales y políticas, aunadas a un perverso y omnipresente espíritu que invita permanentemente al consumo, hacen que los jóvenes miren con indolencia los problemas que ellas y ellos no provocaron y que con insistencia sugerimos que deben conocer, enfrentar y resolver. Educar para la ciudadanía en la universidad La universidad de hoy tiene la enorme posibilidad de resignificar la educación superior en clave social y cultural, sin dejar de ofrecer una formación profesional. Es preciso evidenciar que en su trayectoria educativa, las y los jóvenes que asisten a las aulas universitarias están conviviendo en un ambiente cultural, científico y tecnológico en el nivel educativo más avanzado, y que su futuro laboral supone necesariamente la incursión en la vida de la comunidad a través de las decisiones que tomen; por lo tanto habrán de comprender las implicaciones éticas de su actuar próximo. Es aquí, en el aprendizaje de valores y actitudes, donde se abren las posibilidades para la formación de nivel superior de la ciudadanía, en el marco de la reflexión ética y de la dimensión social de las profesiones; la universidad tiene pues, la oportunidad de aprovechar su espacio educativo para formar ciudadanos a través de las profesiones.


Miquel Martínez (2006) establece que son tres las dimensiones de la función ética de la universidad en la sociedad actual: la formación deontológica, la formación ciudadana y cívica del alumnado y la formación humana, personal y social de los futuros profesionales. Las competencias ciudadanas en la educación superior requieren de un trabajo focalizado en: el desarrollo socio-moral del alumno, la construcción de un proyecto educativo ligado a los bienes internos de la profesión y la vinculación estrecha con la realidad del entorno que permita conocer las problemáticas y abordar desde el pensamiento crítico su análisis y propuestas de solución (p. 85).

Los estudiantes asisten a la universidad con un imaginario y con expectativas sobre la profesión definidos en mayor o menor medida, pero en el camino van perfilando con más precisión sus gustos, deseos y en el mejor de los casos, las posibilidades reales que tiene su proyecto de vida profesional; la institución educativa tiene también una idea de cada profesión que es expresada en sus planes y métodos educativos, cada programa podría tener un eje vertebral referido a los bienes internos de la profesión, entendidos como los objetivos y metas que dan sentido a dicha actividad profesional, por la que se considera pertinente y es legitimada socialmente; aquellas actividades que le han sido encomendadas porque son valiosas y necesarias para la comunidad humana y que no hará otra profesión. Desde esta perspectiva, podría colocarse un primer piso para pensar la formación universitaria con responsabilidad social, más allá de la consecución de un título que permita al portador obtener ingresos a través de un trabajo y desarrollar acríticamente un sector productivo.

Si consideramos que la ciudadanía cobra sentido en el espacio público y que se ejerce a partir de una identidad construida a través de un proceso cultural, otro posible punto de partida para su reflexión consiste en valorar el grado de arraigo-desarraigo que tienen los jóvenes de su propia sociedad: el conocimiento y vínculo con su ciudad, los espacios urbanos que les son propios, las culturas que comparten y su sentido de identidad. Estos elementos pueden ser abordados a través de diversas asignaturas que permitan el contacto con múltiples realidades locales, la reflexión de sucesos polémicos y problemas concretos que tienen la ciudad y sus habitantes. La universidad como institución que modela y educa Para pensar de forma institucional la educación para la ciudadanía, la universidad tendrá que asumir al menos dos retos importantes en su vida interna: una cultura y práctica Sergio Urbina / Tenis

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institucional con alta participación de su comunidad y una relación estrecha con su ciudad y los problemas que le aquejan. El medio universitario, los servicios educativos o las condiciones del ambiente institucional que propician la formación extracurricular son espacios que colorean con intensidad las declaraciones formales sobre la misión de la universidad, que con frecuencia viven pálidas en documentos que nadie lee o que se leyeron y se guardaron. Es ahí, en dichos espacios que envuelven cotidianamente a la comunidad universitaria, donde la información veraz sobre el entorno —elemento fundamental del sentido ciudadano— se configura a través de la participación de diversos actores sociales que convergen en invitaciones a debatir y dialogar sobre los tensos temas de coyuntura que la ciencia o la tecnología quizá puedan explicar, pero no pueden resolver cabalmente, por lo que es requerido el análisis ético de sus orígenes y consecuencias. En muchos espacios de encuentro de profesoras y profesores, una queja constante sobre el alumnado es su falta de interés por los aspectos públicos. ¿Será posible despertar una pasión con un profesorado que es igual de apático, pero que lo oculta detrás de una máscara de erudición noticiosa?, ¿en qué medida también las y los docentes nos resguardamos del compromiso ciudadano activo en nuestras múltiples actividades académicas? Existen universidades que observan, documentan, critican y proponen sobre las realidades de la ciudad, del estado, del país y cumplen una tarea cívica y ética en tanto que se conciben como órgano pensante de una sociedad. ¿En qué medida se involucra al alumnado en estas tareas?, ¿los productos de estas actividades académicas alimentan las asignaturas de licenciatura?

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Como vemos, resignificar la formación universitaria en lo referente a lo ciudadano, requiere de construir, de manera trasversal pero también explícita y focalizada, redes de trabajo internas y externas; hacer un reconocimiento honesto del perfil del profesorado e impulsar su formación; promover ejercicios de democracia directa, y crear más y mejores espacios para el diálogo con los protagonistas de las tensiones ciudadanas reales. La vida cotidiana de las aulas La educación para la ciudadanía supone conocerse y tener autocontrol, aprender a estar con otras y otros, desarrollar la capacidad de convivencia con formas diferentes de pensar y de vivir, ser sensible a las situaciones injustas y tener el arrojo para luchar por la trasformación de las mismas, en el marco de los derechos y las obligaciones ciudadanas. A partir de esto, el profesorado tiene el reto de hacer vivencial en el desarrollo de sus asignaturas, relaciones respetuosas entre alumnas y alumnos, alumnado y profesores, pero también propiciar ambientes que permitan debates sustentados que apoyen el desarrollo del pensamiento crítico, utilizar ejemplos de la realidad cercana o bien, aquellos casos emblemáticos de situaciones de frontera en donde las profesiones han dejado claro que la mera formación en conocimientos no alcanza para resolver problemas de gran calado y que los criterios pertinentes provienen del ámbito ético y social. Se requerirá revisar permanentemente los métodos de enseñanza para ajustarlos hacia posibilidades reales de aprendizaje de la información, técnicas, contextos, manejo de la afectividad, desarrollo de la sensibilidad ética y toma de postura activa. Para ello es necesario un trabajo especial con el profesorado, que no todo ni siempre, está de acuerdo con este enfoque integral


de la educación que asume su tarea como trasmisión de conocimientos, y en algunos casos de conceptos democráticos y cívicos que provienen de reflexiones realizadas por otros y sin espacio para experimentar afectivamente lo que implican. Se requiere un profesorado que reconozca al otro (Martínez, 2006), en el caso del estudiante, en igualdad de derechos y condiciones en tanto persona; capaz de comprender que es en la intersubjetividad y en la cotidianeidad de la vida en las que nos construimos como personas y, por ende, a saber actuar en consecuencia. Cuando le pedimos a la educación la solución de todos los males sociales, las

tareas concretas parecen inmanejables y la agenda de temas infinita; considerando además el debate en torno a los diversos enfoques educativos para la educación superior, desde la capacitación técnica hasta el enfoque de competencias, me parece que para la formación de personas comprometidas con su realidad, tanto en su dimensión personal como profesional, es urgente al menos ajustar los dispositivos de aprendizaje de manera que los estudiantes universitarios puedan desarrollar: una profunda conciencia de los bienes internos de su profesión, las habilidades para la convivencia pacífica en la pluralidad humana y el pensamiento crítico para mirarse y mirar la realidad que les rodea.

REFERENCIAS Castro, Inés (2006) Educación y ciudadanía. México: UNAM-CESU/Plaza

y Valdés.

la identidad y la cultura». En Revista Latinoamericana de Comunicación

CHASQUI, 099.

Ecuador: Centro Internacional de Estudios García Roca, Joaquín (2007) Educación para la ciudadanía. Barcelona: Cristianisme i Justícia.

Superiores de Comunicación para América Latina. Pp.20-25.

Martínez, Miguel (2006) «Formación para la

Delors, Jacques et al. (1996) La educación encierra

ciudadanía y educación superior». En Revista

un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión

Iberoamericana de Educación, 42. Pp. 85-102.

Internacional sobre la educación para el siglo XXI.

Madrid: UNESCO/Santillana.

Massuco, Jorge (2007) «De la universidad a la ciudadanía. El tránsito por la comunicación,

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Construir ciudadanía para las mujeres, desde las mujeres

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Ma. Guadalupe Fernández Aguilera*


Lo personal es político. Kate Millet1

El mundo global nos presenta en una de sus caras un avance tecnológico y científico que cambia día a día vertiginosamente, abriendo posibilidades, antes impensables, para atender la salud, comunicarse u obtener conocimiento por ejemplo; en pocas palabras pareciera que se acortan las distancias físicas y culturales. Otra cara de la globalidad es su selectividad, la cual hace llegar los beneficios sólo a una franja de personas y se los niega a otra, que por lo regular sólo recibe las consecuencias negativas de la inviabilidad de los modelos económicos y de desarrollo instrumentados. El asunto es que nos queda lejano aquel sueño de la ciudadanía mundial, ya no sólo por la existencia de las rigurosas fronteras, sino precisamente por la irracional desigualdad que vuelve inhumana la existencia y sigue evidenciando una falta de solidaridad entre pueblos y también entre individuos, de la misma y de diferentes naciones. Para llegar a ser ciudadanas o ciudadanos del mundo nos hace falta un modelo de sociedad que coloque en el centro a la persona y en la que la constante sea la creación de mecanismos sociales, institucionales y legales, atravesados por un enfoque ético y de derechos humanos que lleven al desarrollo de la persona en un marco de dignidad. Esta aspiración que no es posible obtener de golpe, pero sí de manera escalonada construyendo en lo local, nacional y regional, podría considerarse como una verdadera ciudadanía transformadora de la realidad. Pero, ¿qué implica esta construcción de ciudadanía en un contexto que pone en el centro multiplicidad de intereses principalmente económicos y no al ser humano? Requiere necesariamente del empoderamiento ciudadano, es decir, cuando la prioridad está en proyectos a costa de las personas, éstas

tienen que crear estrategias que les permitan apropiarse de un lugar en el espacio público para dar la batalla por una serie de derechos que todas y todos debemos compartir y que los Estados —en nuestro caso el Estado mexicano— en principio están obligados a garantizar, una vez ratificados los diversos documentos internacionales de derechos humanos que los obligan públicamente desde el ámbito internacional a la inminente creación de instituciones, legislación y mecanismos para hacer realidad dichos derechos. El problema se presenta cuando las autoridades no sólo no cumplen sus obligaciones, sino que consolidan instituciones y prácticas que violan los derechos humanos o permiten que particulares lo hagan, siendo la sociedad la receptora de estos actos que siempre van en detrimento de una vida digna. A esto se agrega el hecho de la impunidad, ya que las omisiones, retrocesos y delitos que cometen el Estado o algunos particulares bien posicionados económica o políticamente, rara vez son sancionados cuando en frecuentes ocasiones actúan con irresponsabilidad e ignorancia. En circunstancias de esta naturaleza el ejercicio de la ciudadanía se torna complicado y si lo pensamos en nuestro contexto guanajuatense por ejemplo, se presentan obstáculos como los siguientes: 1. Ciudadanas y ciudadanos con la imposibilidad de participar activamente debido a la situación de pobreza en la que se encuentran que les lleva a centrarse casi únicamente en la sobrevivencia. 2. La apatía de las y los ciudadanos que pudiendo participar no lo hacen, ya sea por falta de responsabilidad o de interés en los asuntos públicos (pasividad) o por considerar que no será capaz de incidir (desconfianza).

*Académica del Centro Ignaciano de Formación Humanista, UIA León guadalupe.fernandez@leon.uia.mx Citada en Galeana (2004)

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3. Ignorancia sobre la realidad social amplia, más allá del contexto cercano, falta de información, conocimiento y análisis sobre los derechos y también sobre la función pública. 4. La escasa formación cívica que provoca la dificultad en las y los ciudadanos para organizarse, aunado al miedo a represalias por parte de la autoridad, lo cual con frecuencia paraliza la participación. 5. La estructura de la institución pública que prácticamente deja al margen a sus ciudadanas y ciudadanos, limitando la participación a ciertos grupos, cuya influencia varía, desde los que pueden definir políticas públicas, otros que sólo pueden opinar pero sin incidir efectivamente, y por último las y los ciudadanos que lejos de ser actores terminan siendo únicamente avales de decisiones gubernamentales. Estos obstáculos que denotan la complejidad antes mencionada para poder ejercer la Lucero Romero / Pobreza

ciudadanía se vuelven pecata minuta si lo analizamos desde la perspectiva de género, es decir, si consideramos la diferencia de género, es evidente que no es lo mismo construir la ciudadanía desde las mujeres que construirla desde los varones. Pero, ¿por qué es así?, porque como es sabido las mujeres históricamente siempre ocuparon lugares secundarios en todas las sociedades del mundo; esta desventaja que pareciera primitiva es vigente en la actualidad, por lo que requiere de las mujeres el esfuerzo que hacen los varones para ser ciudadanos, más un extra que tiene que ver con la tarea de romper con la cultura que genera conductas y costumbres que socialmente la colocan al margen. Las limitaciones que rodean a las mujeres en la actualidad varían de un contexto social a otro, y desafortunadamente éste es determinante en el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, quienes por el hecho de nacer en un lugar y otro tendrán más o menos derechos. Partimos entonces de que las mujeres no pueden ejercer la ciudadanía plena, es decir, son ciudadanas a medias. Es importante mencionar antes el derecho al voto como un precedente fundamental, ya que es uno de los pocos derechos ciudadanos de las mujeres en torno al cual hay consenso; aunque de todas maneras llegó tarde a México (1953) precediéndonos Brasil, Argentina, El Salvador, Uruguay, Cuba, Panamá, Guatemala, Chile y Bolivia, entre otros países de América Latina. Este hecho emblemático refleja la resistencia de los varones en esa época a que la mujer votara, pero también da cuenta de la lucha de las feministas que desde principios del siglo XX se empeñaron en obtenerlo. Esta historia parece repetirse puesto que en los años recientes las feministas siguen enfrentando las mismas resistencias para

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alcanzar nuevos derechos, en medio de un orden patriarcal que continúa y permea la estructura social actual caracterizada por jerarquizar un género sobre el otro, derivando en una desigualdad por la diferencia sexual, en la que el género femenino queda en desventaja. Este orden patriarcal también trae consigo la obsoleta asignación del espacio público para los hombres y el espacio privado para las mujeres, que es donde esencialmente reside la traba que impide que las mujeres sean ciudadanas plenas. Esta distribución del espacio se origina en la división sexual del trabajo alrededor de la cual se organizan las sociedades, oprimiendo la vida entera de las mujeres que son reducidas a un ámbito donde su trabajo es invisibilizado, no aparece en las cuentas públicas de los países y no tiene reconocimiento; en cambio el ámbito público es el del varón, en el que sí hay remuneración, reconocimiento y diferenciación de la actividades, pero sobre todo es en el ámbito público en el que se toman las decisiones, es un espacio de poder. En las últimas décadas las mujeres reivindicaron su derecho a ser parte del espacio público y consiguieron el voto, el trabajo y la educación, aunque sabemos que las condiciones de desigualdad que prevalecían en lo privado se trasladaron tanto a lo laboral como a lo educativo. Posteriormente, reivindicaron otros derechos que se contemplaban como asuntos de la vida privada de las mujeres, mismos que las feministas instalaron en la agenda pública, estableciendo de manera definitiva que lo personal es político, discusión que a la fecha se sigue librando en estados como el de Guanajuato, donde lo privado no aparece en el tema de la ciudadanía (específicamente los derechos sexuales y reproductivos),

al mismo tiempo que se cuestionan «las consecuencias familiares» del ingreso de las mujeres al mundo laboral; pero no es causa de polémica la incapacidad de los varones de ingresar de forma determinante al mundo doméstico ni la incapacidad del Estado para elaborar políticas públicas conciliatorias.2 En concreto, el punto está en que las mujeres tienen que irrumpir en el espacio público para construir su ciudadanía y así poder participar donde se toman las decisiones y lidiar con la intransigencia de quienes quieren regresarlas al mundo privado.

Tenemos ejemplos de cómo se impide estructuralmente a las mujeres ser ciudadanas plenas

En Guanajuato por ejemplo, ¿a qué se enfrentan las mujeres para construir ciudadanía? Primero a una política pública que no reconoce las diferencias en las circunstancias de mujeres y hombres, como si ambos géneros participaran en iguales condiciones; es decir, se ignoran las diferencias y se llevan a cabo políticas públicas bajo un discurso centrado en la familia, considerando a ésta como equivalente de la mujer. Si bien las mujeres pueden recibir beneficios económicos de las políticas de este corte familiarista, su rango de ciudadanas se queda igual que antes, es decir, son receptoras de asistencia pero no se empoderan.

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Las políticas conciliatorias

de equidad de género deben considerar el ámbito del trabajo remunerado con

En Guanajuato tenemos ejemplos de cómo se impide estructuralmente a las mujeres ser ciudadanas plenas, observando en el siglo XXI una clara manifestación del patriarcado, que Daniel Cazés define como

el del no remunerado; los equilibrios demográficos con los derechos reproductivos; el financiamiento de la protección social con el bienestar de las familias, y

un sistema de organización de las relaciones sociales en el que la condición genérica de los hombres es más vivible que la de las mujeres porque es una condición de dominio, mientras que la de ellas es una condición de opresión

el bienestar social y de las familias con la competitividad sistémica de los países en un mundo globalizado (Sojo, 2004).

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El documento íntegro

donde aparece esta ley puede consultarse en http://

[...] las posibilidades de vida para hombres y para mujeres son desiguales, inequitativas e injustas (2005:103).

www.cddhcu.gob.mx/ LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf ARTÍCULO OCTAVO.-

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En un

marco de coordinación, las Legislaturas de los Estados, promoverán las reformas necesarias en la Legislación Local, previstas en las fracciones II y XX del artículo 49, dentro de un término de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 5

Párrafo reformado el 26

de mayo de 2009. Se puede acceder al documento consultado http://www. congresogto.gob.mx/

Una de esas condiciones injustas en la que se encuentran las mujeres es la violencia; si al grupo gobernante le interesara prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres guanajuatenses, las y los legisladores armonizarían la «Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia»,3 publicada el 1 de febrero de 2007, cuyo artículo 8° transitorio obliga a cada estado a modificar su legislación local.4 En Guanajuato no se hizo; entonces se legitima el dominio sobre las mujeres en esta entidad, obstaculizando por lo tanto el ejercicio y construcción de la ciudadanía de las mujeres, ¿cómo toman decisiones, cómo participan en la esfera pública, cómo se empoderan las mujeres violentadas? Hay que resolver primero la emergencia de la situación de violencia; un primer paso de muchos es la legislación.

Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos.5

Esta legislación ignora y penaliza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, reduciéndolas de ciudadanas a menores de edad. ¿Cómo puede una mujer considerarse ciudadana si el Estado decide por ella, si el Estado aprueba una ley regresiva y en vez de contar con más derechos resulta que tiene ahora menos derechos?, ¿no se supone que ser ciudadana implica la facultad de la persona para elegir, en este caso, si se quiere o no ser madre? Una vez más el sistema patriarcal con la gran capacidad que tiene para adaptarse a las culturas y contextos sociales, consigue subordinar la sexualidad de la mujer, siendo el Estado quien decide por ella si debe ser madre, lo quiera o no la «ciudadana».

legislacion/Constitucion/ constitucion.doc 6

Mecanismo contemplado en la «Ley general de acceso de las mujeres a

una vida libre de violencia». ARTÍCULO 22.- Alerta

de

violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. ARTÍCULO 24.-

La declaratoria

de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando: III. Los organismos de derechos

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Otra expresión concreta de retroceso en la ciudadanía de las mujeres en Guanajuato es la embestida contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que como ya se mencionó, pertenece a la tensión que la feminista Kate Millet denominó «lo personal es político», afirmando que la vida familiar y la sexualidad son círculos de poder y sujeción de las mujeres; en las sociedades de tipo conservador conviene mantener en el ámbito privado esta situación. En Guanajuato se intenta frenar los esfuerzos de las feministas que se afanan por incorporar tales derechos al ámbito público. Un caso más de control es la reforma constitucional aprobada por 23 legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido del Trabajo (PT) en la LX Legislatura local, estableciendo en el artículo 1° de la Constitución de Guanajuato

Desde la estructura de poder se ha evitado que las mujeres construyan su ciudadanía omitiendo acciones contundentes para erradicar la violencia. Para muestra basta observar también que en Guanajuato se hizo uso de la figura de Alerta de violencia de género por agravio comparado,6 contenida en la «Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia». Organizaciones de la sociedad civil al igual que redes nacionales y locales7 solicitaron al Instituto Nacional de las Mujeres declarara esta Alerta de violencia de género, a fin de que de una vez se tomaran medidas para la eliminación de la discriminación y violencia contra las mujeres. La Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres rechazó conformar una comisión investigadora para esclarecer distintas agresiones a los derechos


contra las mujeres del estado de Guanajuato, incluida la violación de una menor de nueve años de edad (El Universal, 20/07/2009).

Las instancias del gobierno local tampoco estuvieron a favor, y mediante la gestión de la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, Luz María Ramírez Villalpando, consiguieron evitar que se aprobara la Alerta de violencia de género. Instituciones federales y estatales se opusieron pues a que se realizara en Guanajuato una investigación, que como lo especificaron las organizaciones y redes, serviría para identificar y registrar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres del estado y a diseñar mecanismos legales e institucionales que garanticen sus derechos sexuales y reproductivos. Esta violencia estructural es todavía mucho más amplia, ya que en Guanajuato persiste una tasa de violencia contra las mujeres de 59%; son ya 154 feminicidios en el estado de 2006 a la fecha.8 Se presentan casos como el de la niña de Jaral del Progreso, de 9 años de edad, violada y embarazada por un hombre de 54 años, a quien se le impidió interrumpir el embarazo a pesar de que la ley local lo contempla en casos de violación, sin considerar tampoco sus derechos como niña: somos una entidad que se ubica en el numero 7 de 32 con un alto índice de embarazos en adolescentes y donde se les niega la educación sexual, editando libros de biología que carecen del tema. Ante esta realidad, ¿cómo se construye la ciudadanía de las mujeres si quienes la impulsan se ven amenazadas por las autoridades y poco apoyadas por la sociedad?, y aquellas que descubren sus derechos y que quieren empoderarse tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para conseguirlo. Como menciona Graciela Nieto, directora del Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos A. C.

desde las Ong’s se trabaja en el empoderamiento de las mujeres a través de los conceptos de derechos humanos [...] pero la parte de la deconstrucción de las jerarquías y roles primero en el ámbito familiar es complicado para la mujer que decide un cambio (Comunicación personal)

humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos

O como lo visualiza Isabel Solórzano como joven feminista del mismo Centro, quien concibe la construcción de ciudadanía de las mujeres como

internacionales, así lo soliciten. 7

El Centro de Derechos

Humanos Victoria Díez; Observatorio Ciudadano

tomar conciencia de nosotras mismas, individualmente, de nuestros derechos y luego transformar, porque si no lo tenemos bien claro nosotras no podemos transmitirlo a las mujeres que llegan al Centro (Comunicación personal).9

Nacional del Feminicidio; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para Todas y Todos»; Federación Estatal de Sindicatos Auténticos de Guanajuato

Por su parte Ángeles Enríquez, feminista que participa en el Centro de Derecho Humanos Victoria Díez A.C. coincide, por que para ella

(FESAG); Red de Desarrollo Integral del Bajío (REDIB); Centro las Libres, Proyectos Laubach de Alfabetización (PLAMAC); Red de Mujeres

construir ciudadanía es un proceso socioeducativo individual y colectivo que implica promover la participación crítica, responsable, solidaria, justa, con perspectiva de género y desde los derechos humanos de las mujeres (Comunicación personal).10

Radialistas en Guanajuato; Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos, y Unidas para Nosotras. Registro del Centro de

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Derechos Humanos Victoria

Todas ellas enfrentan obstáculos para trabajar en un proyecto que intenta la redistribución del poder y cambiar el rol social de ambos géneros, esto resulta muy cuestionador, ya que aquello que era personal ahora es público, pues el problema radica en que una clase gobernante como la de Guanajuato no ha comprendido todavía que las mujeres somos sujetas de derechos como señala Graciela Nieto

Díez A.C. 9

La comunicación personal,

tanto con Graciela Nieto, como Isabel Solórzano, se verificó el día 28 de abril de 2010, en las instalaciones de la UIA León. 10

Las declaraciones de

Ángeles Enríquez fueron a

en el estado de Guanajuato yo veo que estamos viviendo un retroceso en la cons-

través del correo electrónico, el 28 de abril de 2010.

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trucción de ciudadanía y en los derechos porque pareciera que son dictados desde la moral de las autoridades que en un momento determinado están gobernando [...] los derechos humanos no están a capricho de los atavismos particulares (Comunicación personal).

Por su parte Isabel Solórzano coincide también en que el ámbito social nos afecta lo que trabajamos es todo lo cultural porque las mujeres están en una cultura patriarcal machista y lo ven como normal, a veces es difícil que ellas lo identifiquen y tienes que trabajar muy sutilmente pero con fuerza (Comunicación personal).

Ángeles Enríquez también reconoce que existen fuertes dificultades que obstaculizan la construcción de las mujeres como sujetas de derecho y el ejercicio de una ciudadanía transformadora de las mujeres, tales como el sistema patriarcal y discriminatorio [...] la violencia contra las mujeres vista socialmente como natural [...] la falta de igualdad ante la ley (Comunicación personal).

empeña en mantener a las mujeres en un estatus secundario, lejos de la esfera pública y de la toma de decisiones; en medio de omisiones y la falta de garantía y promoción de sus derechos. La clave está en preguntarnos qué contribuye al empoderamiento de las mujeres y qué lo coarta, así podemos saber en qué nivel de construcción de ciudadanía para y desde las mujeres nos encontramos, ya que mientras la mujer siga siendo relegada al ámbito privado y no cuente con las condiciones para ingresar libremente al mundo público, entonces su ciudadanía estará todavía en proyecto, pues recordemos que la democracia requiere ciudadanas y ciudadanos activos y partícipes, por lo que las mujeres precisan de toda una transformación de las estructuras sociales con perspectiva de género que superen de una vez el pensamiento tradicionalista que cree que la mujer necesita de la tutela del esposo, padre, hermano, tío, Estado, Iglesia, etc. Los derechos humanos de las mujeres son, pues, la prioridad política desde la cual se construye su ciudadanía siendo también un buen termómetro de la democracia.

Finalmente podemos observar que en Guanajuato pareciera que la clase gobernante se

REFERENCIAS Sojo, Ana (2004) «Inversión social y aseguramiento

Cazés, Daniel (2005) La perspectiva de género. Guía

en América latina y el Caribe: ¿es posible romper

para diseñar poner en marcha, dar seguimiento

el círculo vicioso de la vulnerabilidad social?». En

y evaluar proyectos de investigación y acciones

Revista Instituciones y Desarrollo, 16. Barcelona:

públicas y civiles. México: CONAPO/UNAM.

Institut Internacional de Governabiliet de Catalunya.

El Universal (2009) Nota de José Gerardo Mejía. 20 de julio.

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Espacios vacíos En esta ocasión, Espacios Vacíos presenta una muestra de los integrantes de la Maestría en Diseño Fotográfico quienes contribuyen, con su peculiar mirada y su criticidad compositiva, a reelaborar fragmentos extraídos de la realidad.

Una de las líneas principales de la Maestría en Diseño Fotográfico, iniciada en agosto de 2009, es detonar la discusión teórico-conceptual acerca del fenómeno de la imagen y se aspira a lograr el objetivo de formar profesionistas líderes en el campo de la imagen, capaces de percibir, analizar y crear imágenes fotográficas, mediante la comprensión y aplicación de los principios estéticos, compositivos, simbólicos, tecnológicos y conceptuales implicados en el proceso fotográfico, siempre en relación con la dimensión humana. Los autores de estas piezas no se conforman con las imágenes comunes, sino que abstraen y proponen las propias, utilizando a la fotografía como un medio para compartir esa visión de mundo que les ha tocado reinterpretar.

Carlos Castellanos

Coordinador de la Maestría en Diseño Fotográfico


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1 Blanca Padilla / Cerro del Gigante 2 Karla Quiñones / Odisea Azul 3 Rubí Hurtado / Frozen natural organic 4 Gloria Pérez / Límite entre la vida y la muerte 5 Flor Navarro / Sueños 4 6 Gaby Rodríguez / La Hojuelera 7 Luis Enrique Rivera / Sin título 8 Rebeca Cordero / Sin título 9 Mariajosé Morán / Enamorar la luna


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10 Sergio Urbina / Park lot 11 Marisol Campos / Laura 15 años 12 Maru Segovia / Sin título 13 Verónica Escobar / Luz Irreal


Guanajuato: movimientos populares

Arturo Mora Alva* El presente ensayo pretende ordenar un conjunto de experiencias que en Guanajuato se expresaron como movimientos sociales en los años ochenta y principios de la década siguiente del siglo pasado. Jorge Alonso señala que: los movimientos tiene etapas correspondientes a sus orígenes, a auges, a descalabros, a victorias y fracasos. La muerte de un movimiento no conlleva que su influencia desaparezca por completo.Van dejando marcas en la vida social. Los repertorios tácticos colectivos se van enriqueciendo (2007: 29).

En ese sentido se buscó reconstruir un referente histórico de la acción colectiva y de sus expresiones sociales, como una forma de recuperar parte de la memoria de la lucha social.


En Guanajuato se presentaron movimientos sociales que, como lo señala Olvera, fueron una manera de reificación, ya que en ese periodo dichos movimientos eran sobre todo de corte clasista. En la lucha por su autonomía organizativa de los actores sociales se adquirió un carácter político y se tuvo como interlocutor necesario, y con frecuencia como enemigo directo, al propio Estado (1999: 2) que a su vez aportó una rica gama de referencias identitarias en la compleja relación sociocultural que los movimientos generaron en los diferentes niveles de los contenidos de la acción colectiva. Un acercamiento Los movimientos populares se ubican como una forma de ser y hacer de los pueblos, comunidades y colonias; son la expresión sociocultural que adquieren sus demandas y necesidades frente al poder y a las formas institucionales de autoridad por parte del Estado. De alguna manera, en el sentido más amplio de la cultura social, constituyen la forma o el estilo que toma la vida política y social de un pueblo, de una comunidad, de una agrupación de personas. Estos procesos están de alguna manera marcados por las necesidades o demandas sentidas que obligan a organizarse para la búsqueda de soluciones y respuestas a sus intereses. Estos procesos se caracterizan por ser imprevisibles en cuanto al sentido de quitar algunas nociones deterministas, ya que en el proceso mismo de lucha dan origen a la aparición de líderes naturales de la comunidad, que asumen como pueden —con intuición, valentía, cierta responsabilidad moral— la conducción del movimiento. A su vez, pocos liderazgos logran configurar una forma organizativa de mayor estructura. En el mejor de los

casos, cuando esa organización social alcanza sus metas, pocas veces se plantea mantenerse como fuerza para abordar otros problemas. Así, por la falta de experiencia de los líderes naturales, o por no contar con una estructura organizativa básica que promueva la participación y la democracia, el movimiento se «enfría», bien porque no se logró lo esperado o bien porque se alcanzaron las metas de la lucha social que los llevó a la movilización. Uno de los fenómenos que se alcanzaron a observar como parte de la cultura política en este periodo se presenta en el hecho de que la gente regularmente depositó en los líderes de la organización la responsabilidad de encontrar la solución a otros problemas, pero ya sin la participación activa de las personas; esto es delegando el liderazgo, las tareas de negociación y la atención de los trámites que la lucha particular implicó, lo que ocasionó muchas veces que el Estado, los partidos políticos, cooptaran a estos líderes, traicionando y desdibujando con ello los intereses de la comunidad o del grupo organizado. Uno de los efectos que se tiene cuando no se logra el objetivo buscado que los condujo a la movilización, es que muchas personas quedan «vacunadas» ante la experiencia vivida y pasa algún tiempo para que vuelvan a incorporarse en un nuevo proceso de lucha, en tanto se gestan nuevas circunstancias y condiciones que los empujen a unirse de nueva cuenta o bien que operen las redes sociales que los convocan, como señala Olvera, «el parentesco, paisanaje, compadrazgo entre otras» (1999: 4). Uno de los rasgos más importantes observados en la lucha que impulsaron los movimiento sociales es la participación de las mujeres del campo y la ciudad. Estas fueron

*Director del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, UIA León arturo.mora@leon.uia.mx

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la fuerza activa en la mayoría de los procesos de lucha; ellas asumen la movilización y las acciones directas que el movimiento plantea y, sin lugar a dudas, son y fueron las más de las veces el rostro real del movimiento popular.

impuesto y recurrieron a alternativas de acción y movilización que enfrentan directamente las formas de control del aparato de Estado.

Un elemento poco registrado y estudiado es el hecho de que el movimiento popular comunitario más vivo y real de estos procesos de lucha social se dio a partir o en torno de estructuras de organización del propio PRI-gobierno, sea la Confederación Nacional Campesina ( CNC ) y la Confederación Nacional de organizaciones Populares (CNOP) como instituciones, y que ante la falta de respuestas se «desprenden» de éstas, buscando caminos nuevos de movilización, de acción y de la oportunidad de utilizar diferentes organizaciones que se presentan ante ellos. De hecho, los movimientos populares bien pudieran —o pueden ser— calificados según su alianza con organizaciones sociales o políticas para la resolución de sus problemas.

A finales de los años setenta se constituyó uno de los movimientos populares más significativos en la lucha agraria del estado de Guanajuato. La Reforma Agraria, surgida a partir de la Revolución Mexicana, se fue anquilosando y burocratizando desde el poder local que mantuvo a una oligarquía agraria y que no dejó que se afectaran sus intereses, ya que muchos de los núcleos agrarios que fueron beneficiados se quedaron con papeles, planos y promesas, pero no con la tierra. En estas condiciones era de preverse un movimiento amplio de solicitantes de predios para cultivo, como una forma de vida y como una aspiración social de ser de alguna manera ejidatarios o comuneros principalmente, esto en relación directa con su historia particular. Un número significativo de estos «sin tierra» se fueron organizando en torno de la organización Alianza Campesina Revolucionaria (ACR). Todos los grupos que integraron de forma gradual a la ACR contaban con la experiencia de recorrer oficina tras oficina, de Guanajuato a la ciudad de México y de ahí a sus comunidades, sin tener respuesta para sus gestiones de años. La totalidad de quienes se involucran en este movimiento tenían experiencia de participación en organizaciones como la CNC y la Central Campesina Independiente (CCI), y estaban ya cansados de esperar una solución.

En los años ochenta y principios de los noventa la actuación de las organizaciones sociales y políticas que intervinieron en algunos de estos procesos dependía de su carácter ideológico-político, así como del tipo de relación que se estableció con líderes de esas organizaciones. Así, hubo organismos que pretendieron realizar un trabajo de concientización o emancipación política y otros que jugaron un papel conciliador frente al Estado, o de control y cooptación del movimiento social. Es necesario analizar por tanto, el papel que juegan estos movimientos populares en función de la lógica del sistema dominante. La mayoría de ellos se ubicaron en formas de lucha desde la ilegalidad, es decir, no tenían la intención de respetar las estructuras jurídicas y políticas que el Estado había

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El movimiento campesino

Este movimiento se desarrolló principalmente en los municipios de San Francisco del Rincón, Purísima, Manuel Doblado y San Felipe, que cuentan con una amplia zona rural. En las zonas urbanas, la lucha por predios


para vivienda se dio en San Francisco del Rincón, León, Salamanca y Valle de Santiago. El crecimiento de éste fue con gran rapidez. Si bien fue recorriendo los mismos caminos de trámites y papeleo ante las autoridades agrarias, la fuerza y la identidad social desarrollada por esta organización hizo posible que de 1982 a 1985 se realizaran una serie de tomas de tierras, desatando una lucha que tuvo como respuesta inmediata por parte del gobierno estatal la represión y, por parte de ACR, la movilización y unidad con otras organizaciones Campesinas, a través de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) de un par de organizaciones urbanas, una en León conocida en ese momento como «El Guaje» y la Unión de Colonias Independientes (UCI) del municipio de Irapuato. En algunos casos los grupos campesinos obtuvieron la tierra sin que mediaran para ello entregas oficiales o ejecuciones agrarias, sino la organización y la lucha, ya que lo que faltaba era formalmente el acto de ejecución de resoluciones agrarias. En otros casos, algunos de los predios obtenidos por la vía de la posesión de las tierras se mantuvieron durante un año o más tiempo, con la creación de «campamentos», sin trabajar esos campos, debido a los constantes actos de amenazas, agresiones de particulares en complicidad con el gobierno estatal y de los desalojos que éste realizaba; en algunos pocos casos, pasada la acción de la fuerza pública del Estado, se volvía a la posesión, situación por demás difícil y desgastante. No en todos los casos se logró la posesión en forma definitiva de la tierra. Desde el poder local y la presión política, principalmente de la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas del estado de Guanajuato, se obligó al gobierno estatal a usar mayor fuerza, con la consecuente derrota de los

grupos organizados. En menor número de ocasiones, las promesas de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) tuvieron suficiente fuerza para que se desistiera de la lucha. Durante el proceso de organización de este movimiento la ACR desarrolló un trabajo regional importante que incluía la realización de asambleas regionales, donde se obtenían acuerdos de trabajo, movilización y acción. En éstas se acordaban las formas para participar, ya fuera en marchas campesinas nacionales o en audiencias en la ciudad de México, organizadas por la CNPA, así como movilizaciones en la capital del estado y tomas pacíficas de la delegación de la SRA en la ciudad capital del Estado. Por todo esto, se puede afirmar que ese movimiento popular fue el más amplio e importante, durante esos años en la lucha por la tierra. A finales de 1985, la ACR perdió su fuerza social, debido a factores diversos, en los que se combinó la represión por parte del gobierno estatal y las promesas de solución para los problemas que mantenían a la gente en actitud de movilización, esto junto con que al interior de la ACR se registró una crisis interna, la cual obligó a algunos de los dirigentes nacionales a salir del estado, dejando inconclusos muchos procesos de gestión y lucha directa, sin que se encontrara a quienes pudieran encabezar con éxito el movimiento y mantenerlo. La organización, en fin, entró en un periodo de reflujo que fue aprovechado por el gobierno para perseguir a sus dirigentes estatales y encarcelar a algunos de ellos.

En algunos casos los grupos campesinos obtuvieron la tierra sin que mediaran para ello entregas oficiales o ejecuciones agrarias

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Otras experiencias de lucha en el campo Desde los inicios de los años ochenta podemos encontrar otro número de experiencias de lucha en el campo por la demanda fundamental: la tierra. Así, hubo movimientos y luchas en el sur del estado, en Apaseo el Alto y Jerécuaro, así como en el centro, en Pénjamo y los municipios de Abasolo e Irapuato. También se dieron luchas en el norte, en los municipios de San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo. Se pueden registrar que en la mayoría de los municipios se presentaron durante esos años acciones de lucha. Una gran cantidad de fuerzas políticas y sociales actuaron en algunos de esos movimientos: Organización de Pueblos del Altiplano (OPA), Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), Central Independiente Obrera,Agrícola y Campesina (CIOAC), Unión General Obrero Estudiantil de México (UGOCEM), con sus ramas «Roja» y «Jacinto López», Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), y algunas otras. También organizaciones políticas como el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y otras propias del Revolucionario Institucional. Muchas de estas luchas fueron apoyadas por los estudiantes de la Escuela de Agronomía de Roque, en Celaya, cerrada en 1985 por el gobierno federal. El movimiento campesino logró tener una gran vitalidad en Guanajuato, pero no llegó a conformar una fuerza social unitaria que permitiera enfrentar la política del estado en materia agraria. Sólo algunos grupos han logrado hacer valer su derecho a la tierra, pero la mayoría fueron golpeados por el gobierno

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y la dinámica del movimiento perdió fuerza —esto a la par de la pérdida de fuerza y desarticulación de otras organizaciones en el país— de manera que los esfuerzos de coordinación a través de la CNPA se fueron diluyendo y reconfigurando en el contexto de la lucha electoral, por la cual optaron muchas de estas organizaciones. En noviembre de 1986 los productores de sorgo de la región del Bajío, encabezados por el PST, cerraron el tránsito vehicular durante cuatro días, en las afueras de Celaya, Salamanca y Salvatierra, en demanda de aumento a los precios de garantía. Acciones como ésas y otras se presentaron en diversas partes del estado, pero el carácter aislado de dichos movimientos ha hecho que el gobierno logre sus objetivos, desmovilizando a la población por una parte, y propiciando de manera indirecta la aparición de organizaciones progubernamentales (tipo Antorcha Campesina) por la otra, que lograron controlar las aspiraciones de los solicitantes de tierras, principalmente en el sur del estado. A partir de 1987 se gestó otro movimiento en la zona de San Francisco del Rincón y Manuel Doblado, donde la entonces recién formada Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCEP), asumió la lucha por la tierra de algunos de los grupos que ya se habían movilizado con la ACR, realizando algunas acciones para hacer valer títulos de propiedad y resoluciones presidenciales que las autoridades agrarias se habían negado a ejecutar. Nuevamente el gobierno estatal, con apoyo de la fuerza política y económica de los particulares, reprimió este movimiento. Movimiento urbano popular La mayoría de los movimientos populares que se presentaron en las zonas urbanas


fueron especialmente por la búsqueda de vivienda, a través de la regularización de predios rústicos en las periferias de las ciudades y, en menor caso, por la dotación de servicios básicos y de infraestructura urbana para las colonias populares. El crecimiento registrado en esas décadas en torno a las cabeceras municipales en el estado fue amplio y acelerado, estimulando la proliferación de nuevos asentamientos, donde la irregularidad en la tenencia de la tierra, la falta de agua, electricidad y otros servicios urbanos, fueron situaciones constantes. También la ACR, en inicios de los años ochenta, favoreció la organización de la lucha por la tenencia de predios urbanos, agrupando a personas de origen campesino atraídas por la ciudad o expulsadas por el campo, al grado de encabezar las primeras tomas de predios urbanos en estos años. Igual que en el movimiento campesino, la política en contra de la ACR por parte del gobierno del estado fue la misma, y sólo hubo logros en los casos de colonias populares en San Francisco del Rincón y, relativamente, en la colonia Emiliano Zapata de León, en donde se mantuvo la posesión urbana hasta 1988, cuando fue reubicada.

Morelos y que en 1988 se constituyó como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Esta colonia mantuvo una relación cercana con la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) teniendo un papel destacado en la lucha urbana durante más de 10 años. Se desarrolló fundamentalmente en la ciudad de León, donde llegó a agrupar comités de colonos de 28 colonias populares de la ciudad, que demandaban la dotación de servicios básicos e infraestructura, particularmente escuelas. A partir de 1988 el MIR extendió su actividad a todo el estado, conformando grupos de colonos en San Miguel de Allende, San Francisco del Rincón, San Felipe, Irapuato, Purísima de Bustos, Silao, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Guanajuato capital, Salamanca y Celaya. Tal crecimiento se puede entender por el cambio de actitud que tomó el MIR frente al gobierno estatal. Si bien en los primero años de la colonia Morelos se habían presentado innumerables enfrentamientos con los Karla Quiñones / Burrito

En diferentes lugares de la entidad se dieron acciones de lucha por tener un lugar en donde fincar un sitio para vivir, pero todas ellas se expresaron de manera aisladas, no logrando la conformación de un movimiento organizado en el nivel estatal. Hubo experiencias en Celaya, Irapuato, Juventino Rosas, Cortazar y Villagrán, entre otros municipios. La experiencia más importante es el caso de un movimiento en la ciudad de León, que surgió en 1980 con la toma del predio «El Guaje», el cual después se llamaría colonia

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gobiernos del estado y del municipio, esto se modificó hasta llegar a cierta cercanía, no exenta de tensiones, que se tradujo en tolerancia, pese a la presión de sectores sociales y económicos para «quitar» ese germen comunista. Se puede interpretar que para el MIR esta nueva situación de no ataque, constituyó la posibilidad de realizar un movimiento táctico, en tanto que para el gobierno estatal priísta sería de tipo estratégico, ante el crecimiento de la derecha, a través del PAN y del Partido Demócrata Mexicano (PDM) y la Unión Nacional Sinarquista que ganaban espacios y presencia pública. Se puede afirmar que el MIR es el movimiento más importante de la lucha urbana en Guanajuato. Cabe señalar que éste mantuvo vínculos con la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas (OIR-LM) y otras organizaciones sociales como el Comité de Defensa Popular (COP) de Chihuahua y Durango, entre otros, que dieron origen al PT, destacando que el dirigente estatal más importante del MIR participó como candidato a gobernador, en las elecciones de 1991.

El MIR es el movimiento más importante de la lucha urbana en Guanajuato

En ese mismo año, 1988, se creó el movimiento de Colonias Independientes de Irapuato. Tuvo su origen a partir de la lucha contra las alzas de tarifas de agua y servicios municipales. Este movimiento se desarrollo y creció, debido a la política de represión ejercida por las autoridades, locales y estatales, contra la población organizada en la UCI. Las bandas En la década de los ochenta la aparición de las bandas formada por jóvenes en las

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ciudades, producto de las presiones ocasionadas por la crisis económica y por el ganar espacios de expresión, así como la necesidad de reivindicar sus gustos musicales, de vestir y de relación, configuró uno de los movimientos populares más significativos en Guanajuato, debido a dos elementos: que es un estado altamente conservador y que fue el único de la llamada provincia del país, además del Distrito Federal, donde se gestó un proceso de organización de las bandas. Una de las características de estos jóvenes es que la mayoría eran trabajadores, obreros y empleados, unos más estudiantes de bajos recursos y otros tantos jóvenes campesinos, algunos de ellos migrantes que ya habían estado un tiempo en Estados Unidos. La formación de Bandas Unidas de Guanajuato (BUG) respondió fundamentalmente a la búsqueda de un espacio para la defensa del estilo de vida que «la banda» asume, y a que esa expresión cultural que se manifiesta y se ve en los jóvenes favoreció la represión y una de las formas de intolerancia más vistas en ese entonces: las razzias policiacas, practicadas de manera constante y con un uso excesivo de la fuerza contra chavas y chavos rockeros y punks, en donde la violación de las garantías individuales y de los derechos humanos fue una situación permanente. Así, por ejemplo, en algunas ciudades del estado de Guanajuato se empiezan a organizar grupos de jóvenes. La Comunidad Rockera de Dolores (CDR), en el municipio de Dolores Hidalgo; los Rockeros Unidos de León (RUL), y otros grupos de jóvenes en San Miguel de Allende e Irapuato, entre otros, fundaron la BUG y tuvieron la capacidad de convocar a dos marchas «rockers» en la capital del estado —mostrando un nivel de organización no pensado y considerado en este sector social de jóvenes con afinidad


por el rock y otros géneros de música—, donde se exigió el cese de la represión y el respecto al derecho de vestir y manifestarse como ellos desearan. El 11 de enero de 1986 hicieron la primera marcha y el 31 de mayo de 1987 la segunda, concluyendo ambas con conciertos de rock, en el estadio de béisbol de la ciudad capital del estado. No obstante lo realizado por la BUG, este movimiento entró en reflujo por muchas razones, incluida la represión que las autoridades continúan ejerciendo contra la «banda» y porque en especial los intereses de los jóvenes, tan diversos, no logran dar continuidad a lo realizado, teniendo serios problemas de definición en lo que implicaba la conducción y liderazgo de grupos de jóvenes por demás heterogéneos y en muchos casos radicales. Este movimiento fue apoyado por el PRT y algunas organizaciones sociales de la ciudad de México y contó con el apoyo de grupos de rock mexicano, que en ese tiempo también se movían de manera marginal en el mundo de la música. Mucho de esta experiencia se basó en el influjo del Consejo Popular Juvenil de la ciudad de México, que fue la otra organización de jóvenes banda en el país y que buscaba un cambio cultural.

algunos docentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), los Maestros Democráticos y Sección Sindical del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Guanajuato, entre otros, y que buscaba crear una coordinación unitaria y de solidaridad que permitiera impulsar la consolidación de las agrupaciones que se incluían en la CTD. Este intento de unidad se vio afectado en 1985, época de procesos electorales, que evidenciaron diferencias que fueron insalvables para mantener la unidad hasta entonces lograda. Si bien han existido luchas gremiales en el estado, éstas se han desarrollado de forma aislada. La lucha sindical que el FAT llevó a cabo durante los años en las últimas décadas fue heroica, al proponer un sindicalismo independiente, pero no tuvo los resultados que esta organización esperaba. Si bien han existido acciones de apoyo con algunos trabajadores petroleros para la competencia por la dirección de la sección en Salamanca o se ha dado la lucha de los profesores del Sistema de Video Bachillerato «Sabes» por contar con un sindicato independiente. El movimiento obrero y los sindicatos como sector social en Guanajuato no se han desarrollado como espacios de participación y lucha social de los derechos laborales.

Los obreros Algunas conclusiones Tal vez el único intento serio de buscar la construcción de un frente que permitiera la integración de obreros sindicalizados, especialmente en León, fue la formación de la Coordinadora de Trabajadores Democráticos ( CTD ) en los primeros meses de 1982, donde se agruparon organizaciones del campo y la ciudad como el Partido Mexicano de los Trabadores, el Frente Auténtico del Trabajo ( FAT ) la ACR y la colonia Morelos, junto con

Los movimientos sociales en el estado de Guanajuato fueron trastocados trasversalmente por los fenómenos sociales y los efectos generados por la crisis económica. Estos movimientos son de corte popular y clasista, pues se desarrollaron principalmente como expresiones de resistencia y supervivencia en las condiciones sociales, económicas y políticas imperantes en ese momento de la historia reciente de

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México y que sin duda han dejado una huella en la experiencia colectiva de los actores implicados y la sociedad en sentido amplio. Sin embargo, se puede afirmar que una constante que se hace evidente es el aislamiento que los movimientos sociales experimentaron, debido en muchos casos al papel de las organizaciones sociales y políticas, que la coyuntura de los años de la reforma electoral y con las emergencias de nuevos grupos políticos y partidos políticos, no crearon nuevas condiciones que permitieran el desarrollo de proyecto de unidad. Los esfuerzos realizados por las coordinadoras la CNPA y la CONAMUP, no tuvieron la capacidad organizativa para aglutinar a muchas y variadas expresiones de lucha social en todo el país. No obstante, es necesario iniciar una reflexión más seria y profunda sobre el significado e impacto de estos movimientos sociales en la vida política del estado.

Tal vez sea oportuno abordar ya algunas preguntas desde la teoría social, pero en especial desde aquéllas asociadas al cambio social y las formas en que los movimientos aportan a la construcción de una cultura social, y la construcción de una nueva ciudadanía, social, política, cultural y económica. «Los movimientos populares, los actores emergentes, la construcción de nuevas subjetividades nos mandan la señal de que hay que repensar tanto la realidad como sus interpretaciones» (Salazar, citado en Alonso, 2007: 31).Y como concluye el doctor Jorge Alonso, «se debe luchar contra muchos miedos, pero sobre todo hay que perder el miedo a pensar» (p. 31). El presente artículo quiere abonar a la necesidad social e intelectual de hacernos cargo de la realidad que nos tocó vivir, más ahora que se requiere con urgencia pensar la identidad nacional.

REFERENCIAS Alonso, Jorge (2007) «Aproximaciones a los

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dictó el pasado 14 de septiembre 2007 en el

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