Page 4

4

L

ESPECIA

29SRAL

NE VAGA GE

Los servicios mínimos como elemento de neutralización del derecho de huelga y el ataque permanente a un derecho fundamental Vidal Aragonés Col.leciu Ronda

N

os encontramos con una reforma laboral, el RD-Ley 10/2010, y la concreción última de este, la Ley 10/2010, que supone el mayor ataque contra los derechos de los trabajadores: facilitando el despido, reduciendo las indemnizaciones y los costes del mismo para las empresas; quebrando el régimen de negociación colectiva; desarrollando las ETT`s en todos los sectores; privatizando la intermediación laboral y regalando miles de millones a los empresarios por un régimen absurdo de bonificaciones en la contratación. Como respuesta a estas medidas el próximo 29 de septiembre encontramos la convocatoria de una jornada de Huelga General, que inevitablemente ha provocado y provocará la enésima exigencia de la patronal y la derecha de una nueva regulación del Derecho de Huelga y toda una serie de mitos y farsas sobre el supuesto desarrollo del mismo. Precisamente, haciéndose eco de este espíritu está la solicitud realizada por el Partido Popular en la tramitación de la reforma laboral. En el contenido de la Enmienda 271 el Grupo de Congreso del susodicho partido exige: "(..)No obstante lo anterior, no podrán adoptarse medidas de huelga y conflicto colectivo que tengan por objeto alterar, durante su vigencia, lo pactado en un convenio colectivo". Curiosamente se realiza una exigencia que ya existe desde hace más de 30 años, con una regulación prácticamente exacta, indicando el vigente art. 11 c) RD 17/1977 como ilegalidad de las huelgas: "Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un convenio colectivo o lo establecido por laudo." Esta es una de las características en los discursos políticos contra los trabajadores: presentar como Derechos absolutos aquellos que ya están fuertemente limitados. Así el Derecho de huelga empieza a presentarse como una agresión a la sociedad que supuestamente se ejerce por grupos privilegiados, cuando en realidad el mismo supone en su ejercicio exactamente lo contrario, un Derecho de la mayoría de la sociedad, los trabajadores y trabajadoras, en defensa del interés social y que tan sólo causa perjuicio a una minoría de privilegiados, las empresas. El Derecho de huelga ha requerido siempre unos fuertes y rigurosos requisitos formales que sin cumplimiento pueden suponer la ilegalidad de la misma: acuerdo de convocatoria por representantes unitarios o sindicales (también por acuerdo mayoritario de los trabajadores); preavisar a empresa y Autoridad Laboral con 5 (10 días si es servicio público); establecer Co-

mité de Huelga; en su desarrollo garantizar los servicios de seguridad y mantenimiento (que no es igual a los servicios mínimos). En cuanto a las causas o motivos para la convocatoria de la huelga existen históricamente limitaciones a determinados actos de solidaridad de clase como son la declaración de ilegalidad de la huelga política y de la huelga de solidaridad. En un sentido similar el Derecho y la convocatoria de huelga se construyen como un derecho no de clase o colectivo, si bien la convocatoria se debe realizar o bien por sindicatos, por órganos de representación unitaria o por la mayoría de trabajadores, las decisiones colectivas no son de obligado cumplimiento pudiendo plasmarse actos de insolidaridad de clase mediante

El Derecho de huelga se presenta como una agresión a la sociedad por parte de grupos privilegiados Otra práctica habitual es la concreción de servicios mínimos que suponen dejar sin efecto la convocatoria de huelga la asistencia al trabajo ante la convocatoria de huelga. Curiosamente desde un punto de vista jurídico el Derecho a la huelga es un derecho fundamental, condición que no ostenta el Derecho al trabajo, ni tan sólo como una negación de la huelga, con lo que se crea una situación por la cual un derecho no fundamental se puede imponer a un Derecho fundamental. Pero más allá de discusiones doctrinales, la gran cortapisa del Derecho de Huelga, para aquellos trabajadores que escapan de las presiones de las empresas, la encontramos a través de la fijación de servicios de servicios mínimos. Estos se definen como las medidas necesarias

que deben adoptar las Autoridades Gubernativas para asegurar aquellos servicios que permiten satisfacer derechos fundamentales, libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos (servicios esenciales o de la comunidad). De esto debe llamarnos la atención en primer lugar que se protejan como potenciales Derechos y bienes los que habitualmente no se garantizan de una manera gratuita y universal, o que son sistemáticamente puestos en cuestión. En segundo lugar el titular de la fijación de los servicios mínimos es la Autoridad Gubernativa, es decir, los Gobiernos Estatal, Autonómicos o Locales. Pretender trasladar la condición de tercero imparcial a quien en la totalidad de las huelgas generales es el objeto causante de las mismas es facilitar la permanente atribución de servicios esenciales para aquellos que no los ostentan, así como fijar servicios mínimos abusivos. A modo de ejemplo tienen la condición de servicios esenciales y por lo tanto afectados por servicios mínimos la radiodifusión, el transporte público, el sector hospitalario, etc., etc., pero cada vez se suman otros que quedan bastante lejos del concepto de servicios esenciales: mantenimiento y reparación de aparatos elevadores, el Museo el Prado, la Seguridad Privada, etc. A su vez, más allá de la determinación de lo que son o no son servicios esenciales, otra de las prácticas habituales es la concreción de servicios mínimos que suponen dejar sin efecto la convocatoria de huelga. Desde los ya conocidos del 100% en el transporte aéreo y en ocasiones Hospitales hasta el 60% del Metro, lo que supone incluso asegurar servicios que en algunos días o horarios no se prestan. Ello tiene su origen porqué más allá de la posibilidad de impugnar judicialmente los servicios mínimos fijados prácticamente en la totalidad de supuestos la sentencia es posterior a la convocatoria de huelga. A pesar de todas estas limitaciones existentes y del gran sacrificio que supone para los trabajadores y trabajadoras las pérdidas económicas de un día, una semana o un mes de huelga, todavía deberemos soportar en las próximas semanas los discursitos de la derecha y la patronal que solicitan limitaciones del Derecho a huelga y sitúan a trabajadores y trabajadores conscientes y solidarios como auténticos bárbaros privilegiados. Sin duda que más allá de la regresión que supone la reforma laboral los próximos ataques tendrán como objeto los derechos colectivos y entre los mismos la gran arma que supone la Huelga.

Nou Treball 100  

Portaveu del PSUC viu - Setembre 2010

Nou Treball 100  

Portaveu del PSUC viu - Setembre 2010

Advertisement