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Entrevista Gestión Pública

cipio de celeridad, por ello hay procesos que culminan al mes por una terminación anticipada, cuando el inculpado acepta su responsabilidad penal. Por supuesto, también hay procesos ordinarios donde no se acepta esa terminación y continúa el proceso, extendiéndose a unos ochos meses, incluyendo las audiencias del juicio oral. Pero hay casos como las acusaciones contra el presidente regional o el alcalde de Huamanga que ya superaron ese tiempo. En Ayacucho tenemos varias sentencias penales condenatorias, evidentemente los casos emblemáticos que mencionas, se encuentran en giro, pero en los primeros meses de 2013 tendremos las primeras sentencias en estos casos. ¿Cómo es el panorama de los delitos de corrupción de funcionarios en Ayacucho? Hemos hecho un sinceramiento de la carga procesal que maneja esta Procuraduría y oscila entre 970 casos, de los cuales el 70% están con el modelo anterior y sólo un 30% con el nuevo Código Procesal. En todos estos casos participamos como actores civiles y hacemos una

pretensión a nombre del Estado solicitando una reparación civil o la restitución del bien.

“Hemos hecho un sinceramiento de la carga procesal que maneja esta Procuraduría y oscila entre 970 casos, de los cuales el 70% están con el modelo anterior y sólo un 30% con el nuevo Código Procesal”

La Procuraduría Anticorrupción de Ayacucho ha propuesta el proyecto de Ley para la creación de una Comisión de Alto Nivel de Lucha Anticorrupción a nivel nacional.

¿Cuántos sentenciados ha habido en Ayacucho por delitos de corrupción? Manejamos una estadística que indica que en el 2011, de acuerdo a la carga procesal había un 36% de casos que contaban con sentencia condenatoria y algunos con sentencias absolutorias, casos que la Procuraduría ha impugnado. ¿Qué tanto se ha avanzado en las reparaciones civiles? Hay avances pero también la Procuraduría y el Ministerio de Justicia han presentado propuestas en este tema. Por ejemplo, que el sentenciado por delitos de corrupción de funcionarios que no pague el íntegro de la reparación civil no pueda acceder a los beneficios penitenciarios. También hay un proyecto de ley para que exista la institución de la “muerte civil” para aquellos que no paguen la reparación y que al salir de la cárcel no puedan acceder a créditos y sean declarados incapaces para asumir cargos públicos. Finalmente, ¿cómo se articula su trabajo respecto a la Mesa de Lucha anticorrupción de Ayacucho? En este espacio, junto a otras instituciones estamos proponiendo políticas o ideas de cómo prevenir la corrupción. Se ha trabajado un proyecto de ley que fue presentado al Congreso con la ayuda de los parlamentarios de nuestra región, y que fue aprobado para la creación de una Comisión de Alto Nivel de Lucha Anticorrupción a nivel nacional. También se estarán creando estas comisiones en cada región y gobierno local.

Opinión

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De igual a igual Celina Salcedo

La Audiencia Pública y la democracia

L

a Audiencia Pública, como mecanismo de participación ciudadana, promueve la transparencia e integridad así como un marco normativo para la rendición de cuentas. Su ejercicio contribuye al control social de la gestión pública, y a la interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía. Por otro lado, permite a las autoridades que la toma de decisiones se realice dentro de un marco de actuación visible y transparente, elevando la confianza de la población, para fortalecer y recuperar la legitimidad de las instituciones y las autoridades del Estado. Sin embargo, no todos los mecanismos de participación ciudadana cumplen con estos objetivos, ni todas las autoridades están abiertas a cuestionamientos de la sociedad, ni mucho menos tienen la voluntad de actuar con transparencia y responder al conjunto de las preocupaciones colectivas. Se trata, entonces, de gobiernos cerrados, autoritarios, y con una escasa valoración y comprensión de los derechos ciudadanos. El desempeño de estas audiencias depende también de la calidad y pertinencia de la participación de la sociedad civil y es aquí donde se perciben deficiencias. Por ejemplo, se observa que no hay claridad en el objetivo de la audiencia, sobresale la relación clientelista de quienes son convocados, se ve a la autoridad como un benefactor a quien hay que darle las gracias, sin entender que la responsabilidad de toda autoridad es resolver los problemas de la población utilizando adecuadamente y de manera transparente y eficaz los recursos públicos. La última audiencia convocada por el Gobierno Regional Ayacucho, el 14 de diciembre, no ha sido el mejor ejemplo. Dejó un sabor amargo en ayacuchanos y ayacuchanas, y ciertamente no tuvo las características positivas que se esperaban. Más bien, fue un ejercicio de clientelaje y de aprovechamiento de poder donde la población más pobre fue utilizada.

Retablo - Revista de Análisis Político Regional

Retablo N° 49-50  

Revista sobre actualidad política y social de Ayacucho

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