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Retablo

Año 07///Nro. 45 COSTO Ayacucho S/. 0.50 Lima S/. 1.00 Ayacucho, Abril 2012

REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO REGIONAL

¿Revancha política o control ciudadano?

El malestar de la población por las promesas incumplidas de los alcaldes ayacuchanos busca ser capitalizado por quienes perdieron las elecciones a través de las revocatorias.

Historiador Jefrey Gamarra:

“El MOVADEF saca réditos políticos de las debilidades de la democracia”

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Editorial

ayacucho / abril 2012 / nro. 45 Presidente Asociación SER Roger Agüero Pittman Comité editorial Ricardo Caro Enma Díaz Rosa Montalvo Felix Palomino Director Javier Torres Seoane Editores Omar Rosel Christian Reynoso Columnistas Percy Rivas Celina Salcedo Colaboradores Karim Ninaquispe Yuber Alarcón Michael Chuchón Impresión / Diagramación Giacomotti Comunicación Gráfica Fotografía Asociación SER Distribución, ventas y publicidad Ayacucho: Ingrid Mesías 066 319428 – 995053967 Lima: Rosario Arévalo. 01 4727937 - 995053868 Retablo es una publicación de la Asociación SER. Lima: Jr. Mayta Capac 1329 - Jesús María 01 472 7937 / www.ser.org.pe Ayacucho: Urb. María Parado de Bellido - Mz J Lt 4 066 319428 / serayacucho@ser.org.pe Las opiniones expresadas en los artículos firmados no representan necesariamente la posición editorial de la revista.

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w w w. n o t i c i a s s e r. p e Revista de Análisis Político Regional - Retablo

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Editorial

l último reporte de conflictos emitido por la Defensoría del Pueblo ubica a Ayacucho entre los 6 departamentos con mayores índices de conflictividad; se indica además que el 50 % de los conflictos ocurridos en el departamento son socio-ambientales. Tal es el caso de los mineros informales de las provincias del sur como Páucar del Sara Sara o Lucanas, que se han sumado a las acciones de protesta nacional contra los decretos legislativos que penalizan el ejercicio ilegal de la minería. Este conflicto no ha merecido aún una decidida intervención del Gobierno Regional de Ayacucho que permita la prevención y la gestión de los conflictos de su competencia; ello a pesar de que el problema es complejo y complicado por su claro trasfondo social que atañe a una numerosa población -existen en la región cerca de cinco mil mineros artesanales- y a su constante expansión que viene generando confrontaciones en las comunidades campesinas, las que ven en la minería informal una oportunidad para la captación de ingresos económicos como una amenaza a los medios y recursos naturales que poseen. En Retablo consideramos que la intervención del Gobierno Regional en los dos conflictos de este tipo ha sido fallida; son los casos de conflicto entre la comunidad Pomacocha y la Asociación de Mineros Informales de Luicho (ASMIL) en Páucar del Sara Sara, por un lado; y entre la minera informal Vituchín I con la comunidad campesina San Pedro de Lucanas, por otro. En ambos casos el protagonismo innecesario del presidente Wilfredo Oscorima ha terminado por generar expectativas difíciles de sortear en el corto plazo como ocurre al plantear la inmediata formalización de los mineros de ASMIL, o la inversión de un megaproyecto en la comunidad de San Pedro de Lucanas. Por otro lado, los recientes decretos legislativos que penalizan la actividad minera informal; si bien muestran una acción decidida del gobierno nacional por abordar el problema en consideración del alcance que ha tomado en los departamentos de Madre de Dios o Puno, tiende a reducir el problema a aspectos legales, sin proyectar medidas que puedan generar oportunidades reales de trabajo para quienes se verán obligados a abandonar la actividad. Ante este contexto en Retablo, consideramos saludable la iniciativa de constitución de una Oficina Técnica de Gestión y Prevención de los Conflictos Sociales al interior del Gobierno Regional de Ayacucho. Esta deberá establecer un protocolo adecuado para la gestión de los conflictos en la región, pero debemos advertir que esta medida en sí misma no tendrá posibilidades de éxito si es que la actual gestión regional no asume la tarea de “ordenar el territorio”, es decir desarrollar una adecuada planificación del mismo, que nos permita decidir nuestro futuro, a partir de las reales potencialidades y posibilidades de inversión y desarrollo existentes en nuestro región.


Análisis Político

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Revocatorias: Entre el control ciudadano y la revancha política L

a cifra resulta alta considerando que Ayacucho cuenta con 112 distritos, 11 provincias y un gobierno regional. Desagregando las cifras, 5 kits son para revocatoria de autoridades regionales, 15 para provinciales y 79 para distritales. Estas cifras podrían ser interpretadas como la respuesta a una deficiente gestión pública, como menciona el analista Andrés Solari, que sostiene que la revocatoria “debería ser una forma de expresar la disconformidad de una población ante ciertas deficiencias de desempeño de una autoridad”.

Promotores de la revocatoria al alcalde provincial de Huamanga en pleno centro de la ciudad, animan a los pobladores a unirse en tal propósito.

La revocatoria es un mecanismo de control ciudadano que da derecho a los ciudadanos para destituir a las autoridades que eligió. Basado en este derecho, en la región Ayacucho, 99 ciudadanos han adquirido la misma cantidad de kits electorales para intentar revocar a sus autoridades.

Omar Rosel

Como ello implica la pérdida de confianza de ciertos sectores de la ciudadanía hacia su autoridad, el pedido de la revocatoria debería ser fundamentado y con documentos objetivos que prueben la motivación de la misma. Pero en opinión de Solari, “la ley que ampara la revocatoria es imperfecta” porque no pedir pruebas objetivas, motiva que los rivales políticos o los candidatos perdedores promuevan de forma asolapada o abierta la revocatoria, en muchos casos respondiendo a aspiraciones políticas personales.

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Análisis Político

especial de Las Américas, cuestionaron al presidente del Frente de Defensa, Melitón Eccoña, y le pidieron que no utilice a la organización para intereses particulares. Análisis

Movilización de los transportistas en la plaza de Armas de Ayacucho. Las protestas contra el alcalde provincial, Amilcar Huancahuari, terminaron también por considerar su revocatoria.

El caso de Huamanga En el caso de la municipalidad provincial de Huamanga, pueden identificarse motivos coherentes para el pedido de la revocatoria. Sin embargo, el objetivo político, reiterado por sus promotores, es buscar que a partir de este proceso se inicie el fortalecimiento del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA) y que, alrededor del pedido de revocatoria se sumen otras organizaciones sociales. Mientras tanto, el alcalde de Huamanga, Amilcar Huancahuari, ha dicho que detrás de su revocatoria estarían algunos integrantes del Movimiento de Amnistía y los Derechos Fundamenta-

les (MOVADEF). Lo cierto es que quienes promueven la revocatoria son el presidente del FREDEPA, Rubén Uscata, junto a Iver Maraví y otros ex dirigentes de este Frente. Uscata al ser preguntado por qué una organización de presencia departamental como el FREDEPA sólo apoya el proceso de revocatoria en Huamanga y no en otras provincias, respondió que “en Huamanga falta una organización legítima que represente a la provincia; por ello que está tomando esa responsabilidad”. Por lo pronto, deben recolectar un promedio de 35 mil firmas para poder iniciar el proceso de revocatoria.

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En Huanta Las organizaciones sociales como el Frente de Defensa del Pueblo de Huanta, el Frente Cívico y las organizaciones rurales, tuvieron diferencias sobre el pedido de revocatoria del alcalde Carlos Rúa, lo que neutralizó el pedido de revocatoria. En otros distritos como San Juan Bautista, ex trabajadores de la municipalidad, de la gestión anterior, son los promotores de la revocatoria del alcalde Wilber Torres. Para legitimar este proceso recurrieron al alicaído Frente de Defensa de este distrito para que lidere la recolección de firmas. Varios presidentes de barrios, en

La ciudadanía debiera ser más cauta ya “que los promotores de la revocatoria tampoco garantizan nada. Cuando los revocadores llegan a ser autoridades cometen los mismos errores”.

Viendo este escenario, la ciudadanía debiera ser más cauta ya “que los promotores de la revocatoria tampoco garantizan nada. Si recorremos la historia cuando los revocadores llegan a ser autoridades, cometen los mismos errores por los que acusaban a la autoridad”, explica Solari. Por su parte, Gerardo Távara, secretario general de Transparencia, precisa que la Ley N° 26300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos, establece tres mecanismos de control: la revocatoria, la remoción de funcionarios y la rendición de cuentas. “En estos 18 años de vigencia de esta ley el único utilizado es la revocatoria”, que a su consideración, resulta ser el mecanismo más extremo. Otro punto es que la ciudadanía no toma en cuenta como parte del control ciudadano, las normas de transparencia y acceso a la información pública, por ello Enrique Moya Bendezú, reconocido líder de opinión, indica que la autoridad edil debe buscar mecanismos para que la ciudadanía esté informada de sus acciones. “Transpa-


Análisis Político

rentar la gestión ayudaría a que la ciudadanía ejerza control y vigile, eso se logra con la transparencia de la información”. Sin embargo, ninguna autoridad edil ha utilizado estos mecanismos, por ello que surgen motivaciones para la revocatoria. Asimismo Moya precisa que el hecho de no aplicar la transparencia genera una falta de comunicación entre la autoridad y la población, generándose una natural suspicacia hacia la gestión. Cifras Si nos remitimos al proceso de revocatoria del 2009, en nuestra región, según indica Mirko Huayanay, asistente de la ONPE – Ayacucho, a pesar de la cantidad de kits adquiridos, sólo en 4 distritos se llegaron a recolectar las firmas requeridas para convocar a la consulta de revocatoria. Asimismo, Gerardo Távara, indica que según los datos de la ONPE y del JNE, las revocatorias nunca han sido efectivas en circunscripciones con

Uscata al ser preguntado por qué el FREDEPA sólo apoya la revocatoria en Huamanga respondió que “falta una organización legítima que represente a la provincia”; por ello que asumen esa responsabilidad”.

Rubén Ascata, Presidente del Frente de Defensa de Ayacucho.

más de 20 mil electores. En esta lógica, aplicando a la realidad de Ayacucho, hasta en 5 de las 9 provincias con intención de revocatoria, se podría llegar a juntar las firmas requeridas. Por ejemplo, Sucre y Páucar del Sara Sara, apenas superan los 6 mil electores. Asimismo, muchos de los promotores de las revocatorias prefieren mantener en reserva el número de firmas recolectadas para no alertar a sus revocados, quienes podrían afinar sus estrategias para bloquear la recolección de firmas. De esta forma, los procesos, en la mayoría de los casos, se dan en un escenario de incertidumbre y cifras imprecisas. Pero esta cura de silencio ha generado una percepción en la ciudadanía en torno a la revocatoria: el estancamiento del recojo de firmas. Por ello, por ejemplo, escenarios como la paralización de los agremiados de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano de la región Ayacucho (ADETURA), realizada la primera semana de marzo, fueron aprovechados por el FREDEPA para recolocar en la agenda pública la revocatoria del alcalde Huancahuari y lograr adhesiones de ciertos gremios al proceso. Este tipo de situaciones coyunturales suceden más en ciudades grandes como Ayacucho y no en las provincias de menor población. En suma, el proceso de revocatoria ya está en marcha, pero tal como se viene desarrollando más bien, no parece contribuir a la gobernabilidad de la región. También es preocupante el incremento del porcentaje de autoridades revocadas de un proceso a otro. En ello también tiene parte de culpa la ciudadanía que aún no tiene criterios claros para elegir a sus representantes.

Opinión

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Entre líneas Percy Rivas Ocejo

¿Revocatoria o revancha política?

L

a revocatoria es un derecho ciudadano que tiene la población y que le permite corregir la decisión que tomó al elegir a una autoridad. Además puede servir para que la autoridad corrija los errores que va cometiendo en la gestión; sin embargo este mecanismo sufre distorsiones cuando responde a intereses partidarios y tiene afanes de desestabilizar la gestión, truncando así los procesos locales que se van impulsando y también a las organizaciones de la sociedad civil. La fiebre de revocatorias emprendidas contra las autoridades distritales, provinciales y regionales, motivada en su mayoría sin evidencia objetiva que las justifique, no hace más que confirmar la existencia del sentimiento de “revancha política” de sectores que no encuentran otra forma de visibilizarse y mantenerse en la agenda, que oponiéndose a la gestión. En ese sentido, las revocatorias no estarían representando el ejercicio de un derecho ciudadano responsable. Por ejemplo, el inicio de la revocatoria en la provincia de Huanta puso en evidencia un latente conflicto entre las comunidades alto andinas y algunos sectores citadinos, cuando el Frente de Defensa de Huanta y el Frente Cívico convocaron a una reunión para la conformación de una comisión que tendría la dirección política de la revocatoria. En esta reunión, los líderes de las comunidades le dieron la espalda a la propuesta de plantear la revocatoria a la autoridad provincial porque surgía básicamente de sectores de la ciudad, por ello se adquirió un kit sin un ente político de dirección y, por supuesto, sin legitimidad. Por ello, un proceso de revocatoria sin consenso a nivel de las organizaciones sociales de los diferentes sectores y sin sustento objetivo que lo respalde, no es más que la expresión de un sentimiento de revancha que busca desestabilizar la gestión.

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Entrevista Política

“El MOVADEF saca réditos políticos de las debilidades de la democracia” El surgimiento del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF) generó reacciones de rechazo en diversos sectores sociales. Jefrey Gamarra, historiador de la Universidad de Huamanga, hace un análisis sobre esta organización, el papel de los jóvenes y cómo la debilidad democrática abona el terreno para el surgimiento de esta organización.

Omar Rosel

¿

Se puede decir que la cantidad de firmas que logró el MOVADEF para su inscripción como partido, evidencia que es un grupo organizado? Se nota que hay una estructura que viene de atrás. Pero también pueden trabajar en base a determinadas coyunturas. Por ejemplo, el año pasado hubo una toma de lo-

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cales de los universitarios de Huamanga, ese descontento fue hábilmente canalizado para conseguir firmas de adherentes. Ese tipo de tácticas se pueden trabajar sobre el estado de humor de un determinado grupo, pero de ahí a una firma como adherente, a pensar en una militancia o pertenencia a una agrupación política como el MOVADEF, hay una marcada distancia.


Entrevista Política

¿Hay en esto algo de desinformación o ignorancia del pasado? Creo que es la ignorancia y la incertidumbre del futuro, lo que lleva a apoyar o a adherirse a una agrupación política como el MOVADEF. Martín Tanaka menciona que el MOVADEF es consecuencia de la manera en que funciona parte de la escuela y la educación superior, que sigue patrones autoritarios, ideologizados y dogmatizados. ¿Qué opina? No necesariamente hay que echarle la culpa a la universidad o a la escuela, pues el patrón autoritario está presente en cualquier institución. Veamos, por ejemplo, a muchos gobiernos regionales o al mismo gobierno actual. Este es un país de autoritarismos. El problema es que a esto le sumemos otro partido político de tradición autoritaria, entonces ¿cómo queda la democracia? me pregunto. En este escenario, ¿cómo afirmar las posiciones que postula la democracia? Toda democracia tiene que ser institucionalizada y hay que buscar la manera de hacerlo en el Perú. Ello pasa por generar condiciones para organizaciones políticas realmente democráticas, además de generar una cultura de institucionalidad democrática. Apelar al olvido es el arma del MOVADEF para captar simpatizantes. ¿Cómo analizar esto?

El Informe de la CVR es un discurso, no es una memoria, porque una memoria es la manera cómo una colectividad organiza ciertos recuerdos del pasado.

En el MOVADEF no se guían simplemente por el olvido sino por la manera cómo reconocen a un pensamiento guía y a un líder único. Si eso es un principio de acción hacia futuro, obviamente esto no puede ser parte de un sistema democrático electoral donde todos los actores entienden que el otro, que es mi rival político, merece el mismo respeto que yo merezco. Con este tipo de posiciones el MOVADEF se aleja de las posibilidades de un reconocimiento legal. El APRA tuvo estas manifestaciones violentistas, pero tuvo que dejar de lado muchos principios para poder entrar al juego electoral, no obstante que mantuvo cierta tradición violentista, sino cómo explicar la “bufalería” aprista. ¿Cómo construir memoria colectiva en este escenario? Habíamos dicho que existían memorias y no sólo una memoria, entonces había verdades y no sólo una verdad. Se tiene que aceptar que estas memorias están ahí y el recordar es un acto de de varias memorias que recuerdan determinado hecho del pasado. Hay que aceptar que esto es parte del juego democrático, de la manera cómo se piensa el pasado. En otras épocas se pensaba que había una historia pero hay que reconocer que hay varias historias y memorias, conviviendo entre ellas de manera opuesta y conflictuada. ¿Qué opina sobre la controversia generada contra el Informe de la Comisión

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Manuel Fajardo y Alfredo Crespo, líderes del MOVADEF, promovieron la inscripción de esta organización como partido político sin éxito.

de la Verdad y Reconciliación (CVR) que ha impedido que se enseñe en las escuelas? El Informe de la CVR es un discurso, no es una memoria, porque una memoria es la manera cómo una colectividad organiza ciertos recuerdos del pasado. Diría que la CVR no puede pretender ser una memoria sino un discurso en torno al pasado. ¿Comparte la idea de que este Informe debería difundirse? Hay cosas importantes en el discurso de la CVR, pero también es necesario exponer las visiones locales y sus discursos de la época de la violencia. En Ayacucho tiene más impacto el rescatar los discursos, la memoria regional y local sobre la violencia que, difundir el Informe, porque para los ayacuchanos una de las cosas más importantes es que buena parte de la memoria indica

que la desgracia vino de la época de la violencia. Ese es el discurso local que hay que rescatar y discutir en las instituciones educativas. No implica llevar el informe de la CVR y decir que se lo aprendan de memoria. Por ahí no va la cosa. ¿Cómo hacemos que nuestras memorias en torno al pasado puedan ser debatidas libremente? ¿Cómo hacemos para rescatar nuestros discursos regionales y memorias y que puedan ser debatidas en clase? Eso es importante, sino buena parte de la población ayacuchana no asumirá ni internalizará el informe de la CVR. ¿Qué cree que pasará con el MOVADEF más adelante? Con el discurso y principios que tiene no le veo mucho futuro. El peligro es que haya desbordes violentistas a partir de su pensamiento único. Ese es el problema, no es el recordar el pasado o los crímenes del pasado.

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Desarrollo

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arino Barrios, representante de la Asociación de Comunidades Alto Andinas de la Cuenca del Cachi, es uno de los dirigentes comunales de la región Ayacucho que ha seguido de cerca el proceso de discusión de la reglamentación de la Ley de Consulta Previa. Participó de las reuniones de trabajo que se realizaron en torno al tema, por ello indica que, si el gobierno nacional promulga la reglamentación, tal como está, se generarían mayores conflictos sociales, teniendo en cuenta que en estos últimos años se han masificado las concesiones mineras en el país así como en Ayacucho.

Ley de Consulta Previa: ¿Reglamentación sin legitimidad? El proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa ha tenido algunos reveses que podrían hacer que, ante su aprobación por el Poder Ejecutivo, no cuente con la legitimidad social necesaria. Veamos cómo marcha el tema en nuestra región.

Omar Rosel Revista de Análisis Político Regional - Retablo

La alerta que hace Barrios se basa en las posiciones adoptadas por algunas organizaciones del denominado Pacto de Unidad e integrantes del Comité Multisectorial -Confederación Nacional Agraria (CNA), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI)-, quienes han pedido la modificatoria de algunos artículos de la ley antes de proceder a su reglamentación, ya que “vulneran los derechos colectivos de los pueblos indígenas previstos en el Convenio 169 de la OIT”. Mientras que la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) mantienen una posición contraria ya que están de acuerdo con la reglamentación y posterior modificatoria de la ley.


Desarrollo

Por su parte, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, se mostró contrariado por la posición de estas cuatro organizaciones del Pacto de Unidad y recordó que esas mismas demandaron insistentemente al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo aprobar el texto de la Ley de Consulta del 19 de mayo de 2010. Además que estas organizaciones saludaron a través de comunicados, cuando la ley fue aprobada. Barrios dice que las organizaciones indígenas vieron por conveniente apoyar esta ley porque era lo mínimo y lo máximo que podrían conseguir. “No se puso en discusión su articulado”, explica. Hace pocas semanas Lanegra ha manifestado que la reglamentación de la Ley de Consulta Previa está próxima a ser aprobada. Pero según las explicaciones de Pedro Castillo, especialista del Centro Peruano de Estudios Sociales

Clelia Rivero, presidenta de la FEDECMA, afirma que es incongruente que las comunidades puedan ser consultadas, pero que su opinión no sea definitiva.

Clelia Rivero, presidenta de Club de Madres de Ayacucho (FEDECMA)

(CEPES), si se aprueba de esa manera, la reglamentación perderá peso y legitimidad pero sí tendrá validez legal, ya que es potestad del Poder Ejecutivo reglamentar las leyes y aprobarlas. Con este escenario, parece que ya no habrá más espacios para prolongar la discusión de la reglamentación o el contenido de la ley, por ello Evaristo Quispe, presidente de la Federación Agraria Departamental de Ayacucho (FADA), manifiesta que el gobierno tiene que cumplir un plazo y por ello pretende aprobar y publicar la reglamentación. “Lo correcto sería respetar el acuerdo mayoritario de las organizaciones y discutir la ley”, dice. Observaciones Tres son las principales observaciones a la Ley de Consulta Previa, según explica Pedro Castillo, especialista de CEPES: 1) Decisión 2) Sujetos de

Evaristo Quispe, presidente de la Federación Agraria Departamental de Ayacucho (FADA)

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consulta y 3) La segunda disposición complementaria que tiene que ver con la revisión de concesiones anteriores a la vigencia de la ley.

recho. “La nomenclatura oficial es comunidad campesina, no obstante el artículo 7 de la ley desparece a las comunidades campesinas”, dice.

En el marco de esas observaciones, la Ley de Consulta Previa no contempla el derecho a veto que deberían tener las comunidades indígenas, originarias y campesinas. A consideración de Clelia Rivero, presidenta de la Federación Departamental de Club de Madres (FEDECMA), es incongruente que las comunidades puedan ser consultadas, pero que su opinión no sea definitva. “El Estado tendrá la decisión final y si desea desarrollar un proyecto, lo llevará a la práctica sin importar la decisión de la comunidad”, dice. También se pregunta: “¿Entonces para qué nos van a consultar?”

Resquebrajamiento

Por otra parte, no incluir el derecho a veto de las comunidades, según Antolín Huáscar de la CNA, implica que la ley así como su reglamento “no sirven”, por ello que la pregunta cae por su propio peso: “¡¿Qué pasará cuando las comunidades consultadas digan “no” y el Estado diga “igual lo hago”?”. En ese entendido, para Huáscar hay una reflexión que se debería hacer antes de pretender aprobar la reglamentación de la ley. El otro punto es que la ley es imprecisa cuando habla de quiénes deberán ser sujetos de consulta. A ello se suma que en la norma no se visibiliza a las comunidades campesinas. A opinión de Pedro Castillo, la ley señala a comunidades “andinas” y la palabra “andina” no existe en ninguna parte de la legislación como sujeto de de-

El proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa ha puesto en evidencia cierto resquebrajamiento en los lazos de unión de las organizaciones indígenas, nativas y de comunidades campesinas. Marino Barrios, representante de la Asociación de Comunidades Alto Andinas de la Cuenca del Cachi, manifiesta que los representantes de la CCP y la CONAP se habrían sumado a la propuesta del gobierno, porque varios de sus dirigentes y ex dirigentes trabajan como asesores del gobierno. “A ellos les conviene aprobar la ley y no oponerse. Lo ético debería ser defender a las comunidades”, indica. La posición de la CCP Por su parte, Julián Páucar de la CCP, ha planteado que la posición del gremio que representa frente a la Ley de Consulta y su reglamento, no tiene nada que ver con un asunto de “entreguismo”, sino más bien, constituye una posición estratégica, necesaria en un contexto donde las fuerzas “neoliberales” todavía son fuertes. “Nosotros no estamos de acuerdo con algunos artículos de la ley, pero también somos conscientes de que estamos frente a un gobierno neoliberal, frente a una Constitución que no es de nosotros. […] Esta Ley de Consulta será una herramienta de lucha cuando se apruebe, por eso nosotros estamos apostando por ella”, sostuvo.

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Reportaje Gráfico Informe

La minería en Ayacu La actividad minera FormaL e inFormaL ha venido creciendo en La región ayacucho. a continuación presentamos una serie de datos que nos ayudarán a comprender La magnitud de dicha actividad en La región.

Concesiones y petitorios mineros en la región Ayacucho (2011-2012) Provincia Huanta La Mar Huamanga Cangallo Vilcas Huamán Víctor Fajardo Huanca Sancos Sucre Lucanas Parinacochas Páucar del Sara Sara TOTAL

26/10/2011 Cantidad 95 96 150 105 89 154 94 147 1283 712 164 3089

27/01/2012 Cantidad 97 101 136 102 86 155 95 158 1302 761 168 3161

Fuente: dirección regional de energía y minas

Asentamientos mineros ubicados en la zona de Lucanas, al sur de la región Ayacucho.

Petitorio Minero – Denuncio:

solicitud de concesión minera que se realiza ante cualquier dirección regional de energía y minas. se debe determinar los puntos del área, el número de cuadrícula que abarca dicha área y la zona donde se ubica. una cuadrícula equivale a 100 hectáreas. • Un Pequeño Productor Minero sólo puede poseer 2, 000 Has, entre petitorios y concesiones mineras. • Un Productor Minero Artesanal sólo puede tener hasta 1, 000 Has, entre petitorios y concesiones mineras o por haber suscrito un acuerdo o contrato de explotación con titulares mineros.

Minería artesanal e inf Provincia Lucanas

Ocaña Llauta Otaca

Concesión Minera:

cuando el estado autoriza a un particular o al propio estado a explorar y explotar los recursos minerales que están en el subsuelo del área que comprende la concesión. el titular minero debe pagar el derecho de vigencia cada 30 de junio, en caso de no pagar 2 años consecutivos, éste se revierte al Estado.

Distrito Sancos

Páucar del Sara Sara Parinacochas

Huachuas Colta Pullo

Asentamiento Mi Pullo, Relave, San Millonaria, Santa R Convento Saramarca, Lomo Callo, Pate Grande Jabonería Huarasaca, Conce y Cenccache Pacolla y Santa Lu Cerro Luicho Chaipi

Fuente: elabora

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ucho

epción

ucía

ación propia

Unidad Brea pampa Catalina Huanca Chillapucro Incapacha Inmaculada Laytaruma Pacapausa Palla Palla Pallancata Samana Titiminas

Empresa Compañía Buenaventura Catalina Huanca Sociedad Minera Minera Meridiam Perú S.A.C IAMGOLD Perú S.A Ventura Gold Perú S.A.C Minera Laytaruma S.A Minas Pacapausa S.A.C. Minera Silex Perú S.R.L. Minera Suyamarca S.A.C Newcrest Resources Inc. Compañía Buenaventura

Provincia Parinacochas Víctor Fajardo Parinacochas Lucanas Páucar del Sara Sara Lucanas Parinacochas Parinacochas Parinacochas Lucanas Cangallo

Distrito Chumpi Canaria Chumpi Carmen Salcedo Oyolo Sancos Coronel Castañeda Cora Cora Coronel Castañeda Lucanas Paras

Inversión Exploración Ampliación Exploración Exploración Exploración Operación Exploración Exploración Ampliación Exploración Exploración

Canon minero Ingreso canonpor minero canon minero es el 50% del impuesto a la renta que pagan las Ingreso por Gobierno Gobierno Regional Regional Ayacucho Ayacucho empresas al estado, es decir, el impuesto que grava las utilidades de las empresas mineras que realizan Millones de Año AñoMillones de soles soles operaciones de extracción y comercialización de 5,414,689.22 5,414,689.22 2007 2007 recursos naturales y minerales. 2008 2009 2010 2011

Ingreso por Ingreso canonpor minero canon minero Gobiernos Gobiernos locales-Ayacucho locales-Ayacucho Millones de AñoMillones de soles soles 15,548,565.37 15,548,565.37 2007 30,565,517.21 30,565,517.21 2008 7,981,635.50 7,981,635.50 2009 25,958,770.96 25,958,770.96 2010 43,738,741.06 43,738,741.06 2011

Año 2007 2008 2009 2010 2011

9,869,694.69 9,869,694.69 2008 3,554,163.27 3,554,163.27 2009 8,667,848.17 8,667,848.17 2010 14,798,460.09 14,798,460.09 2011

2000

2002

2003

2006

2007

2008

2009

1307344, 0

1139917, 4

1067506, 9

2005

872904, 4

2004

705691, 7

581448, 1

734117, 5 2001

594220, 9

1999

Evolución de las concesiones mineras en la Región Ayacucho (en hectáreas) 905072, 0

Has 1108007 905072 734117 421424 581448 630698 594220 705691 872904 1067506 1139917 1307344

421424, 4

• 20 mil mineros artesanales agrupados en 8 asociaciones habrían en ayacucho. • Trabajan en 6 de las 11 provincias de la región: páucar del sara sara, Lucanas, parinacochas, sucre, vilcashuamán y víctor Fajardo.

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1108007, 0

Evolución de las concesiones (1999 al 2010)

630698, 3

de e

Proyectos en exploración al 2012

Fuente: dirección regional de energía y minas

formal en Ayacucho

inero Luis, Rita,

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Análisis Informe Político

2010

Fuente: ingemmet elaboración: omar rosel y enma díaz Fuentes: • Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, • Federación Regional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores de ayacucho • “La minería artesanal e informal en el Perú”, Juana R. Kuramoto, GRADE, setiembre 2011. • “Manual Informativo sobre minería en el Perú”. Embajada de Canadá en el Perú/ gobierno de canada - social capital group. 2007.

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Derechos Humanos

Un balance de la judicialización de casos de violaciones a los Derechos Humanos La judicialización de casos de violaciones a los derechos humanos en el nuevo escenario político se muestra complicada. Conforme a un Estado Constitucional de Derecho, el Poder Judicial y Ministerio Publico son instituciones independientes e imparciales, y que obedecen a los intereses de la justicia. Sin embargo, en el trascurso de estos años hemos sido testigos del retardo injustificado en las investigaciones fiscales, así como de los procesos judiciales que han concluido con sentencias absolutorias emitidas por parte de la Sala Penal Nacional.

Karim Ninaquispe Gil Abogada y especialista en Derechos Humanos. Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq – Para Nuestra Gente – ADEHR

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uando se inició el proceso de judicialización de las violaciones a los Derechos Humanos, a mediados del año 2002, las víctimas y quienes bregamos por alcanzar justicia, teníamos una expectativa positiva de estos procesos, pues los casos como Accomarca, Cayara, Los Cabitos, Huanta, Pucayacu, Matero, Parcco y Pomatambo, Chuschi -entre otros-, se habían iniciado exitosamente. La Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho, en ese entonces, tenía una estrategia clara de investigación y,

además, el escenario político era favorable para el desarrollo de estos procesos. A mediados del año 2005, se iniciaron los cuestionamientos a estos procesos, y hasta se denunció a la Fiscal de Derechos Humanos, Cristina Olazabal, por prevaricato al haber denunciado los sucesos de Accomarca comprendiendo como denunciado a Alan García, quien en el 2006 asumió la Presidencia de la República. Desde el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se limitó la competencia al juez de Ayacucho,

y los casos denunciados pasaron a la ciudad de Lima, bajo la competencia de los juzgados supraprovinciales y para su juzgamiento bajo competencia de la Sala Penal Nacional. Excepcionalmente la Sala Penal, emitió sentencias condenatorias ejemplares, como el caso de Chuschi, Hugo Bustios y Castillo Páez. Posteriormente lo que siguió fueron absoluciones de militares y/o policías, en cuyos casos no hubo una valoración imparcial de los medios probatorios ni mucho menos se tomó en cuenta el contexto en que se


Derechos Humanos

las victimas impulsó la deportación de Juan Manuel Rivera Rondón, así como la extradición de Telmo Hurtado, jefes de las patrullas militares que intervinieron en la operación militar.

perpetraron las violaciones a los Derechos Humanos. A la fecha, los avances no han sido significativos. Lo poco que se ha conseguido ha sido gracias a la persistencia de las víctimas y del movimiento de Derechos Humanos. A fin de ejemplarizar esta etapa analizaremos sucintamente algunos casos emblemáticos que se encuentran en juicio oral. Caso Matero, Cangallo El caso de los 4 desaparecidos de la localidad de Matero en Cangallo, a la fecha se encuentra en juicio oral por tercera vez. Los hechos se perpetraron entre el 25 y 30 de julio de 1986 por parte de personal militar de la Base Contrasubversiva de Cangallo (BIM 34). Pese a las evidencias y medios probatorios, la Sala Penal Nacional –en dos oportunidades– emitió sentencias absolutorias que posteriormente fueron declaradas nulas por la Corte Suprema de Justicia, instancia que ha ordenado un tercer juicio oral. De los 5 acusados sólo uno afronta el juicio oral, para el resto el proceso ha sido archivado. En el transcurso de este tercer juicio oral, el acusado Marino Nemesio Ambia Vivanco, a quien se le imputa ser el autor material del crimen, ha sido ascendido a General del Ejército y sigue una carrera militar exitosa pese a afrontar un proceso por desaparición forzada. Forma parte de la promoción de la escuela militar del Presidente Ollanta Humala. Accomarca La matanza de Accomarca, el 14 de agosto de 1985 por personal militar. Desde el inicio del proceso judicial en 2005, hemos sido testigos de la poca voluntad y falta de estrategia del Poder Judicial para afrontar el proceso. Tuvieron que pasar más de 6 años para que se inicie el juicio oral. La parte civil que defiende a

Lo poco que se ha conseguido ha sido gracias a la persistencia de las víctimas y del movimiento de Derechos Humanos.

Han transcurrido más de 15 meses de iniciado el juicio oral y aún no se ha concluido con los interrogatorios de los acusados. Los que se encontraban detenidos han sido excarcelados por exceso de prisión preventiva, es decir, se encuentran afrontando el juicio en libertad y, a Juan Rivera Rondón, se le varió el arresto domiciliario por una comparecencia simple. El principal acusado de la matanza, Telmo Hurtado Hurtado, quien se encuentra recluido en un penal de máxima seguridad, no ha sido todavía interrogado. Las audiencias son cortas, se desarrollan de forma lenta y no son consecutivas. Huanta, 1984 El caso Huanta 1984, aglomera un número significativo de víctimas, entre ellos, la desaparición de Jaime Ayala Sulca, ejecuciones extrajudiciales en Pucayacu I, ejecuciones de los evangélicos de Callqui; y los desaparecidos de Culluchaca. Después de 10 años de investigación se ha iniciado el proceso judicial en Lima. El 2006 la fiscalía formuló denuncia penal en contra del entonces jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, Adrián Huamán Centeno; el jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar, Alberto Rivero Valdeavellano; y el jefe de la base contrasubversiva de Huanta, Augusto Gabilondo García del Barco. El caso fue derivado al 2do Juzgado Penal Supraprovincial de Lima, el cual archivó la denuncia. La Fiscalía y los agraviados apelaron la resolución, elevándose el caso a la Sala Penal Nacional, instancia que en setiembre de 2007 devolvió la denuncia a la Fiscalía con el fin que se subsane las omisiones que fueron observadas. En diciembre de 2011 se ha logrado abrir el proceso judicial.

Opinión

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Opinión Yuber Alarcón

No hay voluntad para la reparación

E

n agosto del 2003, la CVR hizo entrega de su Informe Final al Presidente Alejandro Toledo, exhortándole a cumplir sus recomendaciones a través de la implementación de políticas orientadas a las reformas institucionales y la reparación a las víctimas. Toledo, antes de culminar su mandato, promulgó la Ley 28592, con la que creó el Plan Integral de Reparaciones (PIR), reconociendo a los afectados como tales. Pero tuvieron que transcurrir tres años para que se emita el marco normativo de las reparaciones. Desde nuestra perspectiva, creemos que se pudo haber hecho mucho más, pero el problema de fondo fue que no hubo voluntad política para encarar las recomendaciones de la CVR. Alan García, en la campaña del 2006, ofreció cumplir con las demandas de los afectados e incluso se reunió con sus dirigentes. Una vez elegido, se olvidó de sus ofrecimientos. Antes de concluir su mandato emitió el Decreto Supremo 051-2011-PCM, que cerraba el Registro único de víctimas y disponía el inicio de las reparaciones económicas individuales, para los mayores de 80 años y viudas mayores de 65 años, con la irrisoria suma de 10 mil nuevos soles por víctima.

El Presidente Ollanta Humala señaló que era una prioridad saldar la deuda con los afectados. De igual parecer fue el ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis y la ex secretaria ejecutiva de la CMAN, Isabel Coral, quienes elaboraron una propuesta de modificación del DS 051-2011, que fue desestimada por el Ministerio de Economía y por el primer ministro Oscar Valdés, postergando una vez más las demandas de los afectados. Humala tiene la oportunidad de reivindicar las justas demandas de los afectados, pero ello dependerá de voluntad política, además de un cambio en el discurso del gabinete ministerial, ya que algunos ministros han denostado

Retablo - Revista de Análisis Político Regional


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Entrevista Gestión Pública

“Los conflictos sociales se presentan por la presencia de la actividad minera” ¿

Cuál es la situación de los conflictos sociales en Ayacucho?

Observamos que los conflictos sociales se vienen presentando por la presencia de la actividad minera y las afectaciones al medio ambiente. Muchos de ellos están latentes y los últimos que se han reportado son en la zona sur de Ayacucho con la minera Vituchín y la comunidad de San Pedro. Estamos realizando un trabajo de prevención y de gestión para poder solucionar estos conflictos. ¿Hay zonas de mayor conflictividad en nuestra región?

Según el último reporte de conflictos de la Defensoría del Pueblo, Ayacucho tiene 15 conflictos –entre activos y latentes–, ante esta situación el gerente del gobierno regional, Tony Hinojosa, responde sobre las acciones que se desarrollan para prevenir y gestionar los conflictos sociales en nuestra región.

Omar Rosel Revista de Análisis Político Regional - Retablo

Los problemas son parecidos. Los conflictos surgen cuando existe de por medio recursos mineros y está en juego ingresos adicionales para las comunidades. Las imprecisiones limítrofes hacen el juego porque hay algún recurso, en esos terrenos, que puede beneficiar a la comunidad. Ello lo observamos en el sur de Ayacucho como Sucre, Víctor Fajardo y Lucanas, donde la actividad minera se viene incrementando. ¿Dispone el Gobierno Regional de algún sistema de monitoreo de conflictos?

Hay una organización liderada por el presidente regional. Se tiene la asistencia de un secretario técnico que representa al presidente en los espacios de diálogo como en el caso del conflicto de Raccaya con la Minera Catalina Huanca, o en el caso de la minera Vituchín. Este secretario va acompañado de un equipo técnico de los sectores, según el tipo de conflicto que se presente. Es decir no hay un sistema de monitoreo. No hay. Por ello el gobierno regional ha creado la oficina de Prevención y Gestión de Conflictos, que se encargará de dar soporte técnico y seguimiento además de brindar información sobre los conflictos en la región. De este modo, en este mes de marzo se emitirá la resolución ejecutiva regional oficializando su creación. Esta oficina será de carácter funcional y no estará dentro de la estructura organizativa del gobierno regional, será una oficina consultiva. Dependerá de la gerencia general con la participación del presidente regional, quien intervendrá directamente. ¿Se ha pedido asesoramiento o acompañamiento a la Ofi-


Entrevista Gestión Pública

cina de gestión de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)? En este caso, nosotros hemos convenido en contar con un profesional de la cooperación internacional, con quien se viene trabajando el asesoramiento y la asistencia técnica. Pero una vez que esté creada esta oficina va a ser necesario que el personal que trabaje en ella pueda visitar espacios como la Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM u otros como la que existe en el gobierno regional de Arequipa para que puedan conocer el trabajo que realizan y con ello fortalecer la oficina de Ayacucho. ¿Cómo articulará su trabajo esta oficina con la Defensoría del Pueblo o la Mesa de Concertación? Se convocará a una reunión con estas y otras instituciones para determinar cuál es el rol que se cumplirá dentro de esta institucionalidad que se quiere construir. Esperamos que cada una de ellas asuma una respon-

sabilidad dependiendo de qué tipo de conflictos se presenten y de quiénes sean las organizaciones involucradas.

La oficina de Prevención y Gestión de Conflictos, se encargará de dar soporte técnico y seguimiento, además de brindar información sobre los conflictos en la región.

Se elaborará un proyecto de inversión pública para dotar de recursos a esta oficina y con ello se fortalecerá las capacidades de intervención del gobierno regional en la gestión de los conflictos sociales. ¿Cuáles son las competencias que tiene un gobierno regional para abordar los conflictos sociales? Al igual que cualquier otra institución como la Defensoría del Pueblo, la iglesia, la Mesa de Concertación, el gobierno regional también interviene en este tipo de asuntos. Pero debemos entender que todos, de alguna manera, estamos involucrados y tenemos la responsabilidad de gestionar soluciones en estos asuntos que son bastante delicados y requieren de la intervención de muchas instituciones.

El gobierno regional no será quien determine la solución, sino será un mediador y otorgará opiniones técnicas. ¿Qué sucederá, por ejemplo, cuando surjan conflictos con trabajadores del sector Educación, Salud o del mismo gobierno regional? De igual manera. Tratamos de evitar que se presenten este tipo de escenarios mediante el diálogo con los trabajadores y sus representantes.

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De igual a igual Celina Salcedo

¿Con qué presupuesto contará esta oficina de Prevención y Gestión de Conflictos?

Hay conflictos que el mismo gobierno regional genera, ¿podrá esta oficina actuar como mediadora sabiendo que depende de una instancia del mismo gobierno regional?

La actividad minera en la zona sur de la región Ayacucho ha aumentado considerablemente en los últimos años, con ello también la contaminación y los impactos sociales.

Opinión

¿Olvidar o recordar?

A

raíz del propósito de MOVADEF de inscribirse como organización política legal, se ha puesto en debate el tema de la violencia, generando en algunos casos el rechazo de la población y de la clase política. Han trascurrido más de 30 años y las heridas siguen abiertas. Quienes perdieron a sus seres queridos difícilmente olvidarán. Para ellos siempre estará presente el dolor porque el gobierno y la sociedad en su conjunto no han hecho casi nada para implementar las recomendaciones de la CVR, que podrían haber contribuido a establecer un nuevo pacto social y quizá cerrar las heridas. En la memoria colectiva, la violencia se va desdibujando con el paso de los años, especialmente en los jóvenes que no vivieron aquellos episodios y sus consecuencias ya conocidas: muerte y destrucción. Lo preocupante es que no sólo desconocen lo sucedido, sino que muchos apoyan a MOVADEF, lo que nos trae al recuerdo, el tiempo en que Sendero Luminoso reclutó a jóvenes -hombres y mujeres- manipulándolos para sus fines. Necesitamos no sólo recordar, sino analizar lo que sucedió en Lucanamarca, Tarata y tantos otros lugares, donde la insania terrorista destruyó pueblos y familias. De la misma forma, deberíamos recordar Accomarca, Chungui, Acosvinchos, donde murieron inocentes atrapados entre dos fuegos. Necesitamos construir la historia del Perú de manera democrática y objetiva, considerando los temas históricamente eludidos: la exclusión, la discriminación, las brechas económicas y culturales; temas que requieren ser resueltos con urgencia, tal como lo recomendó la CVR. Carlos Iván Degregori dijo que debemos hacer nuestra la nueva lectura del pasado. “Transitar de una cierta simpatía pasiva a una memoria activa no solo solidaria con las víctimas sino capaz de elaborar nuevos sentidos del pasado y propuestas políticas de futuro, ese es el difícil desafío de los próximos años”. Ciertamente es el desafío que nos toca asumir como sociedad; y, como gobierno sacar lecciones para que la historia no se repita.

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Historia

Ex hacienda Pomacocha:

Historia de un movimiento campesino E

n la década de 1960 en el Perú se realizaron fuertes movilizaciones sociales organizadas por el campesinado que demandaba una Reforma Agraria en todo el Perú. Los campesinos de comunidades y haciendas estaban lejos de sumirse en la pasividad y asumieron una lucha social en busca de demandas básicas: usurpación de tierras, desaparición de la servidumbre, pago de jornales en efectivo, construcción de escuelas, postas médicas, etcétera.

Marcha de V Congreso Nacional de la Confederación Campesina del Perú, realizado en Pomacocha, distrito de Vischongo, provincia de Vilcashuamán, Ayacucho, el 8, 9 y 10 de octubre de 1978.

El presente artículo relata las principales acciones de los campesinos de la hacienda Pomacocha por alcanzar una auténtica Reforma Agraria en una época de grandes movilizaciones campesinas. Ellos lucharon para cambiar la situación de su entorno y buscar mejores condiciones de vida.

Michael Chuchón Revista de Análisis Político Regional - Retablo

La hacienda Pomacocha, perteneció al Monasterio de Santa Clara que se hizo cargo del predio a partir de 1624, por donación de Francisco de Oré 1. En adelante las religiosas condujeron el destino de la hacienda. En 1945, los campesinos colonos y arrendatarios, decidieron emprender una larga lucha para reclamar mejores salarios a los locatarios de turno. Obtuvieron respuestas negativas y violencia. De esta forma, en vez de dejarse presionar, consolidaron sus reclamos formando un sindicato, ayudados por los residentes en Lima que ya estaban asociados en el “Centro Mutualista de Residentes de Pomaco-

cha”. De esta forma se creó el 31 de enero de 1960 la “Unión Campesina de Pomacocha y anexos”, que en adelante representaría los intereses de los campesinos. Ante la nula respuesta por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales a sus demandas, decidieron realizar una “Autentica Reforma Agraria Revolucionaria”, llamada así por los campesinos. Con ese cometido, el 11, 12 y 13 de octubre de 1961 decidieron tomar la hacienda en su conjunto, expulsando al último locatario y a los mayordomos, además de acabar con todo el sistema de explotación impuesta en Pomacocha. Posterior a estas acciones, las propietarias de la hacienda iniciaron una serie de demandas ante las autoridades denunciado a los principales dirigentes, entre ellos, Pastor Palomino, Donato Alberto Izarra, Pelayo Oré Chávez, Teobaldo Yupanqui, Abel Cárdenas y otros, con el fin de acabar con las revueltas y recuperar las tierras invadidas. La Guardia Civil ingresó a Pomacocha para apresar a los principales dirigentes, encarcelando a algunos de ellos. En respuesta, los campesinos decidieron realizar una “Convención Campesina” en Pomacocha, convocando a todas las comunidades de la provincia de Cangallo. En esta convención se fundó la Federación Campesina de la provincia de Cangallo (FECPCA), que en adelante acogería las quejas y demandas del campesinado.


Historia

Recorte periodístico del expediente Pomacocha. Archivo de la Dirección Regional de Agricultura de Ayacucho.

En 1964, los parlamentarios por Ayacucho del Partido Aprista, Carlos Enrique Melgar, Enrique Gonzáles Cárdenas y Teodosio Martínez Bendezú, presentaron un informe al parlamento donde indicaban que en Pomacocha se habían instalado dirigentes comunistas que alteraban el orden de la provincia. Seguidamente trajeron desde Trujillo a un dirigente aprista llamado Andrés Calderón Vizcarra, que contrajo matrimonio con la hermana del último mayordomo de la hacienda, Ponciano Bautista Quispe, creándose de esta forma la “Unión Familiar de Pomacocha”.

A partir de entonces Pomacocha se dividió en dos bandos: la parte baja donde estaban los “rojos” o “comunistas”, por tener relación con la Confederación Campesina del Perú (CCP), vinculada al Partido Comunista del Perú –Bandera Roja de tendencia maoísta que era liderado por Saturnino Paredes–. Y el bando de la parte alta o “amarillos” por estar relacionados con los parlamentarios apristas. Se creó así una atmosfera de violencia entre los pomacochanos. Ambos bandos protagonizaron durante varios años

Los campesinos decidieron realizar una “Convención Campesina” en Pomacocha, convocando a todas las comunidades de la provincia de Cangallo. En esta convención se fundó la Federación Campesina de la provincia de Cangallo (FECPCA)

constantes disputas por el poder local, pero es en agosto de 1968 cuando el bando de la parte alta da muerte a Eugenio Pomasoncco; y posteriormente en febrero de 1969, en las celebraciones de los carnavales, las comparsas de ambos bandos se encuentran en Narcepata, iniciando una pelea con piedras y huaracas. En aquel enfrentamiento resultó muerto de una pedrada Hilario Yucra. Los campesinos de la parte baja denunciaron a los autores de los crímenes pero nadie cumplió condena por estas dos muertes. A los pocos meses, en agosto de 1969, en las festividades patronales del pueblo, los campesinos de la parte alta decidieron arremeter nuevamente. Ante ello, los de la parte baja, deciden convocar a una asamblea general para definir y acabar con los apristas. El 22 de agosto 1969, doscientas personas –entre hombre y mujeres– armados de palas, picos, ondas y sogas, acorralaron la casa de Ponciano Bautista, donde vivía Andrés Calderón Vizcarra para darle muerte. De igual forma, Bautista fue conducido a la plaza de Pomacocha. Un campesino de la parte alta dio aviso al puesto policial en Vischongo, gracias a lo cual siete efectivos lograron rescatar a Bautista.

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Luego de estas acciones, 18 campesinos fueron denunciados por la muerte de Andrés Calderón Vizcarra. Los dirigentes de la “Unión Campesina de Pomacocha y anexos”, enviaron cartas a las autoridades políticas argumentando: “El único delito que ha cometido el pueblo de Pomacocha, es la de haber hecho su propia justicia contra el indeseable agente asalariado Andrés Calderón”. En consecuencia, no había una confesión más clara y precisa que esta “carta abierta” a la ciudadanía y a la moralizadora Junta Militar de Gobierno presidida por el General Juan Velasco, donde se dijo a una sola voz, que quien mató a Andrés Calderón fue: “Fuente Ovejuna”2. Posteriormente, los campesinos contrataron al abogado Daniel Quispe Pérez, jurista, que apelando a la Ley Nº 18692 que concede amnistía e indulto, logró la libertad de los 18 presos. Varios años más tarde, el 12 de octubre de 1975, se realizó una gran fiesta en Pomacocha por el reconocimiento oficial de la comunidad en 4 sectores: Pomacocha, Chanen, Chito y Vilcashuaman. Estuvieron presentes también autoridades del SINAMOS y de la Reforma Agraria. 1 Véase Salas de Coloma, Miriam:”Estructura colonial del poder español en el Perú: Huamanga (Ayacucho) a través de sus obrajes, siglos XVI-XVIII. Tomo II. PUCP-1998. 2 Archivo Regional de Ayacucho: Subprefectura de Cangallo: Oficios recibidos.

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Reseña

CENTRO DE DOCUMENTACION – SER

CEDOC

La persistencia de la desigualdad La exclusión de los grupos andinos es una constante histórica que se mantiene hasta el día de hoy a pesar del crecimiento económico que el país está viviendo.

Puedes encontrar libros, revistas y documentos de consulta.

“Desigualdad distributiva en el Perú: dimensiones” Janina León Castillo, Javier Iguíniz Echevarría (editores) Fondo editorial PUCP. Lima 2011 324 pp.

Leonidas Ramos

¿

De qué modo estos grupos son excluidos en la actualidad? ¿Cuáles son las causas que han permitido que la desigualdad que afecta a estos grupos persista hasta nuestros días desde antes de la existencia de la República? Estas son las dos preguntas que intenta responder el libro “La etnicidad y la persistencia de la desigualdad: El caso Peruano” escrito por Rosemary Thorp y Maritza Paredes, y publicado por el Instituto de Estudios Peruanos en 2011.

Los grupos indígenas son afectados por la desigualdad social

Los capítulos 2, 3 y 4, escritos en colaboración con Adolfo Figueroa, responden a la primera pregunta. En la actualidad, se indica, los grupos indígenas son Revista de Análisis Político Regional - Retablo

afectados por la desigualdad social, medida en términos de educación y salud; económica, medida en términos de ingreso económicos y oportunidad laboral; y, finalmente, política, utilizando como indicadores la ocupación efectiva de puestos públicos en organizaciones tan importantes como el Poder Judicial, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Los capítulos 5, 6, 7 y 8, escritos con ayuda de Carlos Contreras, responden a la segunda interrogante a través de un análisis histórico de la situación de la población andina desde la colonia hasta los últimos años del fujimorismo. Las autoras sostienen que la

aparición y la persistencia histórica de la desigualdad se explica por la aparición, entrecruzamiento y constante transformación de instituciones formales e informales, entendidas como reglas de juegos en la política, economía, cultura y sociedad. A pesar de lo valioso y lo analítico del texto, es posible encontrar, en la primera parte, algunos deficiencias en el manejo de los indicadores sobre las diferentes dimensiones de la desigualdad. “La etnicidad y la persistencia de la desigualdad: el caso peruano” Rosemary Thorp, Maritza Paredes Instituto de Estudios Peruanos, 2011 284 pp.

“Impacto del programa Juntos: sobre nutrición temprana” Miguel Jaramillo, Alan Sánchez GRADE. Lima 2011 68 pp.

Horario de atención: Lunes, Miércoles y Viernes: 3 p.m. - 7 p.m. Dirección: Urb. María Parado de Bellido Mz. “J” Lt. 04 - EMADI


Sucedió

19 de enero.- La fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, abrió investigación al presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y al gerente general, Tony Hinojosa, por presunta compra irregular de maquinarias por un valor de 20 millones de soles. La investigación se basa en los informes del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado.

encuentro de alcaldes de pueblos originarios 6 de febrero.- Con la participación de autoridades distritales de Ayacucho, Huánuco, Cusco y Huancavelica, se realizó el primer Encuentro de Alcaldes de Pueblos Originarios. El evento culminó con la declaración de Chuschi, que recoge los acuerdos y declaraciones para fortalecer la organización de los pueblos originarios.

Fredepa, formaliza queja contra gobierno regional 17 de febrero.- Rubén Uzcata, presidente del Frente de Defensa de Ayacucho, formalizó queja contra el presidente regional Wilfredo Oscorima, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República por el caso de la construcción del Hospital Regional, obra que se encuentra paralizada desde hace 10 meses.

declaran en emergencia a Lucanas, huanta y La mar 28 de febrero.- La PCM declaró en Estado de Emergencia por 60 días las provincias de Lucanas, Huanta y La Mar. La medida fue adoptada tras el registro de serios daños en las vías de comunicación, así como deslizamientos, derrumbes e inundaciones en las áreas de cultivo, ocasionadas por las intensas lluvias.

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LA REGIÓN Y SUS

PERSONAJES

Enero - Febrero investigan a presidente regional

Personaje

Omar Rosel

suspenden diálogo en conflicto minero 3 de febrero.- Comuneros de San Pedro de Lucanas se dirigieron al campamento de la minera informal “Vituchín I”, para tomar posesión de sus bienes, tras suspenderse la reunión programada entre autoridades regionales de Ayacucho y Arequipa para abordar los conflictos generados por la presencia de la mencionada minera.

Laboratorio de medicina Forense 16 de febrero.- El Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, inauguró el laboratorio de Medicina Forense en el distrito Judicial de Ayacucho, donde también funcionará un laboratorio de ADN. Los equipos permitirán la identificación de los restos exhumados de las fosas comunes, así como agilizar los problemas de paternidad en casos de asistencia alimentaria.

creación de distrito de canayre 26 de febrero.- La posible existencia de yacimientos petroleros en la zona de Vizcatán y parte de la cuenca del río Ene, habría agudizado los conflictos entre los pobladores de Ayahuanco y Canayre, ya que este último pretende distritalizarse tomando parte del territorio de Ayahuanco. A la fecha se vienen discutiendo las imprecisiones limítrofes de sus territorios.

afectados por la violencia realizan movilización 29 de febrero.- Los afectados por la violencia política realizaron una movilización para exigir al gobierno la modificatoria del D.S 051-PCM 2011 que define el incremento de las reparaciones económicas individuales. Asimismo pidieron la instauración de un fondo permanente para las reparaciones.

Mama Angélica:

lucha incansable por la verdad y justicia

L

a figura de la lucha incansable por buscar la verdad y la justicia en Ayacucho tiene nombre y es Angélica Mendoza, más conocida como Mama Angélica, aquella mujer que en los peores años de la violencia fundó la primera Asociación Nacional de Secuestrados y Desaparecidos del Perú (ANSAFEP) en 1983. Mama Angélica, hoy con 83 años de edad, nos recibe en su casa en la periferia de la ciudad. “No estoy al tanto de las noticias sobre los afectados”, nos dice y teme no ser precisa en sus opiniones, pues hace varios años que dejó la presidencia de ANSAFEP. Pero empezamos a conversar y mientras camina por el patio de su casa nos señala el cuarto donde su hijo Arquímedes fue secuestrado por los militares a las 12:30 de la madrugada el 3 de julio de 1983. Desde aquel día no volvió a verlo y su vida cambió radicalmente. Su espíritu de madre incansable hizo que pierda el miedo a la muerte en la búsqueda de su hijo por lugares inimaginables. “He caminado hasta en el huayco, había un socavón, he entrado pensando que mi hijo estaba ahí. Cuando regresaba, varios me acorralaron y me dijeron que me iban a matar. Sí, mátenme, no tengo miedo, pero primero háganme ver a mi hijo, así voy a morir tranquila y sin pena, les dije, pero no me mataron”, suspira y se toma la cara con la mano. Las imágenes que rememora de sus recorridos por zonas sórdidas como Infiernillo, Huatatas son escalofriantes. Cuenta que encontró cuerpos quemados y sin cabezas. Angélica resume todo ello en una frase: “Eso ya no era vida. No sé cómo vivíamos”. Su voz tuvo más eco en el exterior que en nuestro propio país, por ello viajó a varios lugares, “para contar como estaba mi pueblo”, dice. Pero este tipo de acciones no fue del agrado de los gobiernos de turno, porque muchos de los gobiernos extranjeros enviaban cartas llamando la atención por la violación de los derechos humanos en la lucha antiterrorista. “Al ministro del interior le mandaron cartas que me hicieron ver diciendo que los extranjeros terrucos habían mandado esos documentos. Yo les dije: ¿cuál de los terrucos ha firmado?, No tenía miedo”, nos cuenta. Son más de 30 años los que nos separan de aquel día en que se inició la violencia en el país y Mama Angélica está un poco alejada de ANSAFEP, pero aún clama justicia por su hijo. Cuenta que en la campaña electoral del 2006, Ollanta Humala la visitó en su casa y que en el último proceso, sólo Nadine Heredia le solicitó apoyo, pero Mama Angélica ha perdido la fe en los políticos. “Cada gobierno ofrece y cuando entran no cumplen”, afirma. Con mucha convicción dice que pedirá dialogar con el gobierno actual y anuncia que marchará junto a las señoras de ANFASEP. “A ver qué nos contesta el gobierno”, concluye.

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Descentralización Antropología Conflicto Armado Interno y CVR Derechos Humanos Historia Política

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