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Algunas reflexiones para el debate Ada Caracciolo Matías Giletta Reflexionar en torno a la universidad, desde la perspectiva de su rol social y la posible definición de una universidad emancipadora, popular y latinoamericana supone cuestiones que van más allá del simple posicionamiento discursivo o práctico ante determinadas coyunturas del contexto socioeconómico, político y cultural. Nos impone un serio ejercicio de autorreflexión de reconocernos como actores universitarios y la identificación lo más ampliamente posible de ciertos ejes problemas- núcleos centrales - que nos posibiliten el debate y la discusión. Decir debate, discusión, plantea implícitamente aceptar la dificultad de establecer una mirada univoca en torno a esta problemática que actualiza sin dudas las disputas relativas a los modelos universitarios y a los proyectos políticos / culturales que los sostienen. Así, se trata en primer lugar de asumir nuestra especificidad de actores universitarios poniendo en juego nuestras capacidades de docentes e investigadores, empleando nuestras formaciones específicas con rigurosidad, pero también es más que un mero ejercicio académico. Reconocernos también como partícipes, como agentes constitutivos de ese espacio que nos proponemos como objeto de análisis, de estudio de intervención activa. No es banal en esto, el hecho de que esta convocatoria se produzca de la mano de entidades gremiales, comprometidas con el hacer, con la intervención en procesos en curso, en los que participan múltiples actores, con prácticas diversas cuyas experiencias cotidianas se particularizan en instituciones singulares, que resultan en última instancia de cómo se conjugan discursos y prácticas en determinados espacios organizativos. Discursos y prácticas que comprometen sin dudas nuestras utopías, que encuentran sus cimientos en una proyección de valores, convicciones, ideales, representaciones del mundo como horizontes de nuestras acciones en el mundo. Miradas diferentes que requieren ser articuladas si lo que buscamos es trascender la discursividad propositiva que configuran nuestras utopías, convirtiéndolas en prácticas de transformaciones sustantivas Es inevitable por tanto se conjuguen debate teórico y político, seleccionando bajo algún criterio cuestiones que a nuestro entender son significativas bajo ciertos presupuestos., buscando articular una perspectiva internista con una perspectiva

histórico- contextual, a la vez que un nexo entre las particularidades

institucionales y una mirada general del campo universitario, como de un contexto general. .

Universidad y contexto. Relaciones estado- sociedad - universidad. En Argentina, como en los países latinoamericanos, las políticas educativas en los años 90 se han orientado fundamentalmente a reconstituir o tal vez sea más apropiado decir constituir las bases de un sistema general en

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el cual la educación superior sólo es una parte. La agenda pública de esos años incluye la puesta en marcha de la reforma de la educación, como parte del proceso más general tendiente a la supuesta modernización de la sociedad en su conjunto. Por todos conocidos la centralidad de la reforma del estado, desde la óptica del neoliberalismo, como estrategia política general, claramente sostenida bajo el menemismo. La constitución de un nuevo paradigma en las relaciones Estado –Sociedad, se impone desde una lógica de Reforma del Estado, cuyo pivote es la superación de la generalizada crisis económica de los 80. Concebida ésta en primera instancia, bajo la gestión radical, como un proceso de democratización de las relaciones políticas, sociales y económicas, con eje en la participación más plena de los ciudadanos en el plano institucional, y la promoción cultural y educativa, la reforma se vacía gradualmente de contenido político frente a la crisis económica. El nuevo gobierno de Menen(1989) transfiere explícitamente el eje de su discurso de lo político a lo económico . La Reforma es más que nada reforma económica, y se implementa mediante políticas globales y especificas sustentadas en una perspectiva neoliberal que se impone en todas las dimensiones de la sociedad. Sus principales ejes: descentralización, desregulación, privatización y reforma burocrática administrativa. La transferencia a las provincias y/ o a los municipios de la educación primaria realizada a finales de los 70, durante la dictadura militar, se completa en 1992, bajo la actual gestión de gobierno con la descentralización de las escuelas de nivel medio y terciario no universitario. La responsabilidad de la gestión y financiamiento de los servicios educativos en manos de los estados provinciales, no exime al estado central de sostener políticas que tiendan a coordinar el sistema aunque bajo nuevas formas de control. Como afirma G. Tiramonti si “La definitiva descentralización educativa estaba llamada a construir condiciones de gobernabilidad” (1998) en un contexto de cuestionamiento a la capacidad del estado para superar su rol de mediador en conflictos de intereses sectoriales o corporativos , típicos de la etapa de la transición democrática y visto como una dificultad real para articular el sistema en su conjunto, las reformas que operan en los 90 priorizan el reposicionamiento del estado central en su objetivo de dar direccionalidad al mismo, en el marco de severas restricciones económicas y de gestión en la mayoría de los estados provinciales. La firma del Pacto Federal y la posterior promulgación de la Ley Federal de Educación establecen pautas para el desarrollo del sistema educativo nacional y precisan limites a la generación de políticas regionales alternativas, al reservarse el gobierno nacional el control de contenidos, la capacitación de los docentes, la evaluación de los resultados ( Tiramontti, 1998) El Pacto se constituye como un mecanismo de gestión homogeneizador y ordenador de las políticas

provinciales: las distintas jurisdicciones y la Nación

se

comprometen a la gestión y el financiamiento sobre la base de la transferencia de fondos provenientes de los recursos fiscales nacionales

y a coparticipar en la puesta en marcha de proyectos y programas de

transformación, evaluación y compensación elaborados técnicamente por el Gobierno Central . (1)

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Esta recentralización en el Estado Nacional del poder regulador de la educación en general afecta de manera particular el ámbito universitario, que había recuperado bajo el gobierno democrático iniciado en 1983, su autonomía y autarquía administrativa, suspendida durante largos años de gobiernos dictatoriales. Este proceso implicó definir también a la Universidad como un campo de intervención gubernamental, a fin de lograr un control efectivo y una relativa homogeneidad de la educación superior mediante políticas activas fundamentadas en la necesidad de la modernización universitaria. Propuesta inicialmente en el contexto internacional, se instala como centro del debate a nivel nacional a principios de los 90. Este gira alrededor de una compleja problemática incorporando como cuestión significativa la vigencia del modelo de universidad “moderna”, poniendo en tela de juicio su continuidad como institución educativa de no mediar a su interior los cambios que exigiría el nuevo contexto social, político y económico emergente en nuestro país, en el marco de las profundas transformaciones al nivel más general de la sociedad mundial. Multiplicidad de factores otorgan bases de razonabilidad a la decisión de encarar el análisis, la discusión y acciones efectivas orientadas a reformas académicas. Existe coincidencia en que este debate recoge y da visibilidad a situaciones concretas de nuestras universidades. En este sentido Pedro Krotsch, alude al arduo proceso por sostener la continuidad institucional a lo largo de décadas donde la ciencia y la cultura estaban bajo sospecha, lo que exige en la apertura democrática, la reconstrucción de su identidad que casi míticamente, encontraba sentido en rescatar los principios de la Reforma. Pero, “simultáneamente, comienza a enfrentarse con nuevos problemas que devienen tanto de las cuestiones irresueltas que se arrastran del pasado como de los nuevos desafíos que le plantean las nuevas políticas universitarias que se despliegan en América Latina” (pág5- Revista Sociedad). La idea de “la crisis de la universidad argentina”,

instalada socialmente en los 90 por el discurso político

gubernamental, los organismos internacionales, los medios de comunicación y la propia comunidad académica, coloca la “cuestión universitaria” como objeto de estudio en el ámbito académico y, fundamentalmente, crea condiciones favorables para la intervención política. Para esto se ha apelado

a estrategias múltiples como

forma de penetrar en un ámbito educativo caracterizado por un amplio margen de heterogeneidad y de autonomía. En este marco las

políticas de evaluación juegan una rol central en el conjunto de estrategias

puestas en marcha desde el Estado para adecuar la universidad a las nuevas condiciones emergentes. Dicha centralidad se expresa en el nivel general del juego político entre los distintos actores sociales que participan en el proceso de instrumentación política y a su vez al interior de las propias instituciones académicas en términos de los efectos que generan sobre las prácticas educativas y el desarrollo de sus funciones sustantivas. En los hechos se ha producido un cambio profundo en la relación gobierno/ universidad que se ha ido definiendo en un proceso de debate, negociación y conflicto ante los constantes avances e iniciativas gubernamentales. En este marco podemos identificar un discurso hegemónico utilizado para fundamentar dichas iniciativas, vertebrado alrededor de dos conceptos principales: evaluación y calidad. Ambos conceptos comparten un

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cierto grado de ambigüedad y la capacidad de convocar a los actores involucrados, en la discusión de sus propias prácticas, en la medida que se integran a la propia cultura universitaria. Concomitantemente, asociado a la responsabilidad social de brindar calidad en la enseñanza universitaria como obligación ineludible de las universidades públicas, se instala desde las instancias oficiales un nuevo concepto de autonomía universitaria: la “autonomía responsable”, como supuesta refutación a una universidad percibida como encerrada en si misma y con poca capacidad para dar respuestas a las demandas sociales que deberían constituir su principal fuente de legitimidad social. En última instancia, la difusión de estas nuevas representaciones implicó una operación de resignificación de ciertos elementos ejes articuladores de la tradición universitaria reformista. La Universidad, como institución de educación superior no fue ajena a las transformaciones de las últimas décadas. Lejos de ser “una isla”, su desarrollo institucional y su propia historia se entrelazan con los procesos sociopolíticos, económicos y culturales de la sociedad en su conjunto. La “cuestión” universitaria, en los años noventa, se tradujo sintéticamente en la idea de crisis, que pone en cuestionamiento el ideario del proyecto de la reforma, el modelo de universidad pública, de sus funciones sociales y del rol de los actores universitarios, entre otras cosas, marcando la necesidad de su adecuación a los nuevas condiciones generales, abriendo un espacio de disputa y conflicto, en la tensión emergente de la decidida intervención política, que desde la acción estatal se produce en las últimas décadas, y las acciones de resistencia o de adaptación, que desde el ejercicio de la autonomía desarrollan las universidades. Vinculados en términos de medio y finalidad a lograr, las políticas centradas en la evaluación y acreditación universitarias, han sido el vehículo utilizado para legitimar el conjunto de políticas instrumentadas en el ámbito universitario, sirviendo de nexo en la articulación de las mismas. La implementación de programas específicos aplicados gradualmente desde el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, que culminan con la sanción de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 (1995), confluyen a dar cierre a una política de disciplinamiento general de las universidades imponiendo un nuevo modelo de funcionamiento sobre criterios de productividad y eficiencia general del sistema. En este contexto, en su relación con las universidades públicas, el estado es un estado evaluador pero a la vez, el que asume la iniciativa de propuestas, reservándose en esto la potestad política de dar unicidad al sistema, bajo la lógica de establecer las condiciones que inserten y articulen la educación superior a las tendencias observadas a nivel mundial, que preconizan ya el objetivo de la “educación globalizada”. En esta perspectiva sistémica, cada nivel de enseñanza se concibe y se aborda tanto en si mismo como en su articulación con los otros, en un proceso que reserva al Estado Nacional, la competencia para actuar en forma directa sólo en el ámbito de la educación superior a diferencia de los otros subsistemas donde su intervención se mediatiza a través de los estados provinciales. Transformaciones en el contexto de las universidades públicas.

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Si lo anterior nos sirve para destacar algunos de los ejes centrales que constituyeron las políticas de reforma de la educación superior, éstas se circunscriben a las prácticas internas del ámbito académico. Éstas se complementan con estrategias más generales que redefinen el campo universitario en términos de los actores que intervienen para establecer nuevas relaciones de fuerza en la disputa por la legitimidad de las nuevas orientaciones generales y la instalación de nuevas prácticas para el funcionamiento general del sistema y de cada institución universitaria. En última instancia, resolver el problema de la gobernabilidad. Así, podemos observar: •

la Ley de Educación Superior se visibiliza como el hito clave de las políticas universitarias de los años noventa, en torno a la cual se generan las resistencias y propuestas alternativas para su modificación; nos parece importante señalar, sin embargo, que buena parte de las nuevas lógicas y prácticas instaladas en el campo de las universidades públicas en ese contexto se derivan mucho más de las modalidades de intervención asumidas desde el Ministerio de Cultura y Educación que de la sanción de dicha legislación.

La ley viene a legitimar lo que ya había sido introducido bajo la forma de programas y proyectos vía resoluciones ministeriales (por ejemplo, el programa de incentivos a docentes-investigadores, el Fomec, entre otros). Esta relación entre la perspectiva general de sistema en términos de sus orientaciones se diluye en la fragmentación de estas estrategias procedimentales.

La creación de nuevas universidades, cuya particularidad es que responden a proyectos políticos concretos, localizadas predominantemente en el conurbano bonaerense y en algunas ciudades intermedias de provincia, que operan como pivote para: a) ajustar las orientaciones de las políticas en curso (mecanismos de acreditación y los marcos referenciales desde donde operar con los procesos de autoevaluación y evaluación externa desde CONEAU que serán extensibles, a posteriori, a todo el campo universitario); b) para romper la potencial unicidad de las universidades históricas, que pese a su heterogeneidad de situaciones sostienen el común referente de la tradición reformista; c) para redimensionar las relaciones de fuerza en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); c) para presionar a las universidades “críticas” o “resistentes” desde la redistribución de los fondos presupuestarios.

La inclusión de las universidades privadas a la par de las universidades públicas, en términos de las discusiones que comprometen el sistema de educación superior en general. En este marco, los eufemismos “educación pública de gestión privada” y “educación pública de gestión estatal” rompe y resignifica la diferenciación paradigmática entre educación pública y educación privada. Habilita, en este sentido, la transferencia de recursos desde un sector a otro y abre puertas para el proceso de diversificación, crecimiento y jerarquización del sistema, reposicionando favorablemente al sector privado.

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A fines de no abundar en detalles por todos conocidos, nos parece importante destacar –a modo de conclusiónalgunos ejes que nos parecen vertebradores de las situaciones actuales de las universidades: 1) Los límites y alcances de la autonomía universitaria, frente a las formas procedimentales de decisión gestadas desde los ámbitos gubernamentales bajo las formas de proyectos y programas focalizados, cuya adhesión o rechazo se produce por fuera de los ámbitos de cogobierno de la universidad, quedando a manos de los funcionarios políticos de la universidad. Reproduce la lógica general de restringir la intervención de los ámbitos deliberativos, centrando la dinámica institucional en la ejecutividad de la acción. 2) El manejo de las fuentes de financiamiento, es decir, la relación entre presupuesto universitario y financiamiento vía proyectos y programas. Si el presupuesto concentra las discusiones de carácter gremial o político, y en esto constituye la primera base de diferenciación institucional en el sistema, invisibiliza en principio los financiamientos específicos vía programas/ proyectos que conforman hoy la principal vía de uso y distribución del recurso público, abriendo la posibilidad de decisiones discrecionales que no se discuten en el seno de los órganos colegiados de las universidades y ni siquiera, a veces, en el seno del mismo CIN. 3) La perspectiva sistémica en el manejo político general se acompasa con una perspectiva y un conjunto de prácticas fragmentadas sostenidas por los propios actores institucionales de las universidades.

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Algunas reflexiones para el debate