NORTE/noticias 449, 14 de marzo de 2012
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El PP tricantino aprueba un acuerdo con los dueños del Tagarral VIENE DE PORTADA JULIA BUSTOS En 1987, previa la existencia del Tres Cantos independiente que conocemos hoy, el Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar, municipio al que se adscribía Tres Cantos, acordó reclasificar el suelo de la urbanización Soto de Viñuelas 2ª y 3ª fases como terreno no urbanizable. Fue el llamado “Plan Bodonal”. Los dueños no quedaron conformes con la decisión e iniciaron un largo proceso legal que finalizaría, según fuentes oficiales, “con la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1992 condenando solidariamente a la Comunidad de Madrid y a los Ayuntamientos de Colmenar y Tres Cantos” a indemnizar a los propietarios por no haberles dejado construir. Dicha cuantía quedó fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en 2003 “en 42,43 millones de euros más los intereses”. Actualmente, la mayoría de las hectáreas de la finca pertenecen a dos constructoras, Nozar y Martinsa, que compraron la mencionada sentencia, y a la familia Masaveu. Los propietarios les vendieron sus tierras por lo que estas empresas son las que deberían recibir la indemnización estipulada por el TSJM, un montante que asciende a 42 millones de euros. Según el informe emitido tras la última resolución judicial por la representación procesal del Ayuntamiento, existirían tres opciones para hacer frente a la misma: “pagar la sentencia, lo que supondría un desembolso de más de 1.000 euros por vecino; no hacer frente a la sentencia y que el juzgado proceda al embargo de bienes patrimoniales y a la imposición de sanciones, incluso con apertura de procesos penales contra los “funcionarios responsables”, o promover un acuerdo con las otras administraciones condenadas y los demandantes en el cual se aporten soluciones encaminadas a satisfacer la condena impuesta a favor de los propietarios de dichos terrenos del Tagarral, sin necesidad de efectuar los enormes desembolsos de dinero que exigen las resoluciones judiciales”. ¿Urbanizable o no? Jesús Moreno expuso en el Pleno de febrero las soluciones posibles, remitidas por los abogados que
epresentan al Ayuntamiento de Tres Cantos en este caso. En cuanto a la opción que hace referencia al pago de la indemnización señaló que “significaría que los vecinos cargarían sobre sus espaldas con la sentencia que hemos heredado” y recalcó el compromiso de su partido para que “ningún vecino pague un euro” por la misma. En este sentido dijo que no hacer frente a la sentencia, lo que constituiría la segunda alternativa, supondría “el embargo del patrimonio municipal”. El concejal de Urbanismo ha propuesto la realización de un estudio medioambiental que justifique la existencia de valores objetivos que permitan calificar el terreno de la finca El Tagarral como urbanizable o no. Sería el primer paso para la promoción de un acuerdo con los propietarios, “no se trata de una modificación del suelo sino de documentar si son urbanizables”. Además, con el acuerdo, “los propietarios renunciarían al cobro de la indemnización”, señaló. “Votamos por la tercera opción (el acuerdo) porque no tiene ningún coste; supondría beneficios para el municipio; movilidad (con posibilidad de construcción de una conexión con la A1); y es la solución a un gran problema urbanístico”, concluyó. La crítica de la oposición Para Fernando de Santiago, portavoz de UPyD en el Ayuntamiento tricantino, el Equipo de Gobierno “nos obliga a elegir entre tres alternativas que no nos gustan”. En su opinión, “las sentencias están para cumplirlas pero no en los términos propuestos” ya que “la Comunidad de Madrid debe ponerse al frente
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por su posición dominante para dar cuenta de la sentencia”. Además señala que la propuesta del concejal de Urbanismo “no es más que el primer paso para llegar a un nuevo ordenamiento urbanístico cuando Tres Cantos no tiene necesidad de nuevos desarrollos”. En su blog personal, recuerda que “el Partido Popular lleva gobernando en este municipio desde el año 2000 y desde entonces ha ostentado la cartera de Urbanismo. Desde 2007 gobierna en solitario con mayoría absoluta y presume de una gestión impecable. Esa gestión no es ni tan eficaz, ni tan eficiente, ni tan ejemplar. ¿Ustedes conciben que si van a tener que hacer frente a una indemnización no se tome ninguna medida de ahorro? ¿No se deberían haber realizado provisiones en época de bonanza para hacer frente al pago que corresponda? Pues bien, eso es lo que ha ocurrido en Tres Cantos. Lo más curioso es que para resolver este asunto nos proponen como solución tres alternativas y el Partido Popular, cómo no, se inclina por una solución en solitario que consiste en más ladrillo sobre el suelo de Tres Cantos”. En la misma línea se ha manifestado el portavoz del Grupo Municipal IU-Los Verdes, Federico Mas: “Estamos aquí para consumar la recalificación del Tagarral por parte del PP, que ha asumido que tenemos que solucionar el problema a su partido”. Ha insistido en que los intereses de los tricantinos no son un pagarés y que defenderlos es “hacer responsable a quien nos metió en el mismo, la Comunidad de Madrid y Colmenar Viejo” y en que “la promesa final del PP de Tres Cantos consiste en que se dejará construir en los terrenos, si no, no se entiende por qué los propietarios renuncian a una indemnización de 60 millones de euros”. No entienden “porqué Folgado se empeña en resolverle el problema a Esperanza Aguirre y al acalde de Colmenar Viejo, teniendo en cuenta que ellos no han iniciado ningún tipo de acción. Proponemos que actuemos como ellos y que mientras la Comunidad de Madrid, con Aguirre a su cabeza, no ponga solución, sean los juzgados quienes dictaminen qué se debe hacer”. El Grupo Municipal socialista también ha rechazado las propuestas del concejal de Urbanismo. Para Lydia Martínez, su portavoz, la palabra que define el hacer del Equipo de Gobierno en este asunto es “irresponsabilidad”. Afirma que la información sobre el tema “ha llegado tarde y ha sido manipulada
con objeto de asustar a los vecinos” en relación al posible pago de los 1.000 euros “aunque saben que esto no se puede hacer”. Por otra parte, señala que el estudio medioambiental propuesto por el PP “se basa en una decisión de la Comunidad de Madrid y no hace referencia sólo al Tagarral, sino al 30% del suelo que queda por urbanizar en Tres Cantos, lo que significa que (si el Tagarral resulta urbanizable) se podría urbanizar todo”. Para los socialistas “esto supone un cambio en el modelo de ciudad, entorno y calidad de vida que no defendemos para nuestro municipio”. Por otro lado, la oposición en bloque ha querido reprobar el comportamiento “poco democrático del alcalde, José Folgado, y sus concejales” ya que al finalizar el turno de mociones en el pasado Pleno “el alcalde, José Folgado, dio por cerrado éste de forma unilateral, dejando al margen los ruegos y preguntas de la oposición, así como los del público. Este último hecho exacerbó a los asistentes que llevaban ahí desde las 10 de la mañana. Folgado sin dar más explicaciones, se levantó y dio por terminado el Pleno; los concejales del Equipo de Gobierno siguieron sus pasos. Por su parte, la oposición (PSOE, IULV y UPyD), permaneció en sus puestos y contestó a las preguntas del público. Todos, en sus intervenciones, tildaron la actitud del alcalde de autoritaria”. Además, han querido remarcar “el malestar que ha causado el hecho de que se prohíba a los ciudadanos grabar en video los plenos municipales” y han querido mostrar su solidaridad con “aquellas personas a las que se les hayan conculcado sus derechos”.
actuaría el juzgado ni en qué cuantía. Pero, de nuevo (el Ayuntamiento) asume que sea sólo contra Tres Cantos. El embargo únicamente puede efectuarse contra parcelas patrimoniales no afectas a servicios o dotaciones. Circunstancias que solo reúnen parcelas para Oficinas e Industria en el nuevo desarrollo. Esta opción, según advierte la sentencia, podría dar lugar además a sanciones o procesos penales que afectarían afectar, en nuestra interpretación, a las autoridades responsables de la no ejecución de la sentencia en las tres administraciones implicadas”. se oponen radicalmente a promover ningún “acuerdo”. Hablan del mismo como una recalificación del terreno a urbanizable que contravendría el “acuerdo de todos los grupos políticos en el Pleno de septiembre de 2005”. Consideran que este acuerdo ha estado intentándose “desde hace más de un año a espaldas de los vecinos y de buena parte de nuestros representantes legales, como la solución sin coste para todos. Despreciando el coste real de merma de nuestra calidad de vida, de masificación de nuestras dotaciones y servicios públicos y de atentado contra el medio natural”. La Asociación de Vecinos ha querido remarcar que “el problema no es responsabilidad directa de los tricantinos. La solución debe proponerla la Comunidad de Madrid y, contra esta administración debería ir prioritariamente el Juzgado”y que “los sucesivos gobiernos de la Comunidad y los Ayuntamientos implicados han obviado el problema permitiendo una escandalosa acumulación de intereses hasta multiplicar por más de 3 veces la indemnización inicial”.
Vecinos en contra No son las únicas voces discordantes. Para la Asociación de Vecinos de Tres Cantos el Ayuntamiento ha decidido asumir en solitario una solución unilateral del conflicto que resume en tres alternativas. A la hora de hablar de la primera de las opciones, pagar, afirman que “mediante cuentas absurdas amenazan a los vecinos con un supuesto desembolso de 1.000 euros cada uno ¿Por qué asumen que Tres Cantos debe pagar 42 millones? Si se toma esa decisión, la cuenta es falsa y estas deudas no se pagan por derrama, pero consiguen que los vecinos se asusten”. En cuanto a esperar a la decisión del juez, señalan que “al tratarse de una indemnización solidaria no está delimitado contra quién
Final polémico Todas las alternativas a las propuestas del Partido Popular expuestas en el Pleno Ordinario de febrero fueron rechazadas. La consulta popular sobre la decisión a tomar, la permuta de los terrenos por otros de la Comunidad de Madrid, la solicitación de aclaración de la sentencia para que el tribunal establezca las cuantías a pagar cada condenado o el no a la recalificación de los terrenos fueron algunas. Finalmente, se impuso la mayoría absoluta del Partido Popular que con sus 13 votos acordó la adopción de la tercera vía: la promoción del acuerdo con los propietarios del terreno. LEE MÁS EN: “EL TAGARRAL, UN ASUNTO PELIAGUDO” DE UPyD. PÁGINA 9.