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LETRAS E IMÁGEN

Legisladores mezquinos e Irresponsables: J. Lozano

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Mundo Letras e Imágen Legislativo

w w w. e n l a c e l e g i s l a t i v o. c o m

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El nuevo amparo, paga la deuda a la igualdad entre los mexicanos La expansión de los Derechos Humanos: JSM

El nuevo amparo, mitiga la crisis de justicia: A. Zaldivar

Los alcances del amparo: Miguel Alessio Robles ENTRE-PÁGINAS

El caso Hank Rhon y el amago de los Legisladores.

Rafael Cardona. Estación san Lázaro Jorge Mario Pardo Rebolledo. El amparo Rina Mussali: Japón y la crisis nuclear Rodolfo Sánchez Mena: Bloque geopolítico

Año VII. No. 77 15-junio-2011

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ESCENARIO

Terminó el “veto de bolsillo” del Presidente en turno

Ya no podrá hacerle al “Tío Lolo”

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a Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue informada del aval por congresos estatales, a una reforma constitucional que termina con el llamado “veto de bolsillo” del Presidente de la República. La Comisión Permanente se dio por enterada de la aprobación al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma señala que se considera aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de 10 días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. La reforma había sido aprobada ya por la Cámara de Diputados y el Senado, y recorría los congresos locales, en busca del aval de la mitad más uno, es decir 17 congresos. El pasado miércoles 1 de junio, la Comisión Permanente recibió el informe de que se logró el voto de 19 congresos locales a favor de la reforma.

ara contrarrestar el “veto de bolsillo”, ése que permite al Poder Ejecutivo federal “congelar” las leyes avaladas por las Cámaras de Diputados y Senadores mientras no sean publicadas en el Diario Ofic i a l d e l a F e d e r a c i ó n ( DO F ) , l o s l e g i s l a dores hicieron reformas al Artículo 72 de la Constitución, y están en espera de que aparezcan pronto en el rotativo. Miguel Carbonell, experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nac i o n a l A u t ó n o m a d e M é x i c o ( UNA M ) , e x plicó que la legislación aprobada cierra el m a rg e n d e i n t e r p r e t a c i ó n q u e h a b í a e n e l citado artículo constitucional, pues éste no explicaba qué sucedía si transcurridos 10 días el Presidente no vetaba ni publicaba el decreto. “La reforma evitará los abusos que se presentaban en el sentido de que el Ejecutivo demoraba hasta seis u ocho meses la publicación de una ley que no había sido vetada, el llamado ‘veto de cajón´”. Para Carbonell, la reforma al Artículo 72 constitucional “abona al equilibrio de poderes” y fortalece el sistema democrático —agregó— “porque garantiza que el Ejecutivo respete la voluntad del Legislativ o ” . E n e l s e x e n i o d e Vi c e n t e F o x , e x p l i c ó Carbonell, el Congreso hizo seis exhortos para pedir al ex presidente publicar en el DO F l a s l e y e s r e z a g a d a s . C a n e k V á z q u e z , diputado del PRI, contrastó el trabajo del L e g i s l a t i v o . E x p l i c ó q u e Vi c e n t e F o x e n vió mil 966 asuntos al Congreso, de los c u a l e s f u e r o n a p r o b a d o s m i l 8 7 9 , e s d e c i r, casi 95 por ciento. En la administración de Felipe Calderón, dijo, se han enviado mil 870 y se ha aprobado 91 por ciento. Alrededor de 50 decretos aprobados por las cámaras todavía no son publicados en e l DO F


ESCENARIO

¿Cuántos indiciados habría en México?

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Piden juicio político contra García Luna… no pasará

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l congreso de México desautorizó el pasado miércoles 14 de mayo al secretario (ministro) de Seguridad y jefe de la policía federal Genaro García Luna a portar una medalla impuesta por Colombia, que recibió sin contar con el permiso previo que exige la constitución mexicana. Durante un arduo debate, los legisladores cuestionaron a García Luna por viajar a Bogotá para recibir la medalla por su aporte a la cooperación de los dos países en la lucha antidroga, sin autorización previa. “Es un desprecio a la norma constitucional que obliga a cualquier funcionario o ciudadano mexicano que quiera recibir una condecoración de un gobierno extranjero a pedir autorización al Congreso”, explicó orge Carlos Ramírez, presidente de la Cámara de Diputados en la sesión extraordinaria de este miércoles. A comienzos de este mes, el poeta Javier Sicilia, al encabezar una manifestación contra la violencia reclamó la renuncia de García Luna como muestra de la voluntad del gobierno de rectificar su estrategia contra las drogas que ha dejado más de 37.000 muertos desde diciembre de 2006

Felipe Calderón, violó la Constitución: Pablo Gómez

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l exsenador demócrata y exaspirante a la Presidencia de Estados Unidos, John Edwards, fue acusado por un gran jurado federal en Carolina del Norte de usar fondos de campaña para cubrir una relación extramarital. Edwards enfrenta el prospecto de ir a prisión de ser encontrado culpable de los seis cargos en su contra, cuatro por contribuciones ilegales de campaña, uno por conspiración y otro más por declarar en falso. El encausamiento tuvo lugar tras el fracaso de las negociaciones celebradas por varios días entre sus abogados y el Departamento de. Edwards fue investigado por el Departamento de Justicia sobre el uso de más de un millón de dólares supuestamente usados para encubrir una relación extramarital con una mujer con la que procreo una hija.

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l presidente Felipe Calderón violó la Constitución al promulgar la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ya que no tiene facultades para ello, advirtió el senador del PRD Pablo Gómez. Deploró que el Ejecutivo federal haya armado un “acto mediático”, en el que se presenta como impulsor de esa legislación, lo que es “una mentira gigantesca”. De acuerdo con el artículo 132 de la Carta Magna, las reformas constitucionales no las promulga el Ejecutivo, el Congreso las declara, como hizo la Comisión Permanente la semana pasada, recalcó el perredista.


ESCENARIO

Marcelo Ebrard: $260 por tarjeta de circulación por 2.5 millones de autos = a… ¿cochinito?

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l secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, Armando Quintero, anunció una prórroga para el trámite de renovación de la tarjeta de circulación con chip debido a que se saturó el servicio en los 17 módulos donde se atiende a los capitalinos. El funcionario detalló que un millón 200 mil personas faltan para realizar el trámite, por lo que se calendarizó por la terminación de placas el mes en el que podrán acudir a realizar la renovación. Así, los autos con placas terminación 5 y 6 podrán hacer el trámite en julio y agosto; 7 y 8 agosto y septiembre; 3 y 4 septiembre y octubre; 1 y 2 octubre y noviembre; y los de 9 y 0 en noviembre y diciembre.

Venden en París, lo que en México no sabemos cuidar

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a venta de arte prehispánico que se realizó este miércoles en la casa de subastas Drouot de París y atrajo a coleccionistas europeos y estadounidenses rebasó el medio millón de euros por más de cien obras. La pieza central de la venta, una máscara funeraria de la cultura teotihuacana del periodo clásico (450 a 650 D.C.), se vendió en 100 mil euros, fuera de impuestos, a un coleccionista suizo. Entre otros objetos subastados también figura una cabeza de hombre de la cultura veracruzana, del periodo clásico (450 a 650 D.C.

El peor desempeño en diez años

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éxico ocupa el penúltimo lugar en calidad de vida de los 54 países afiliados a la OCDE y el lugar 33 en desigualdad social. El 10% de la población acapara el 38% del ingreso nacional, el 10% más pobre tiene el 1.7% de ese ingreso. El salario real cayó 6% mientras el costo de la canasta básica creció 57% en los últimos siete años. Hay 2.5 millones de desempleados, 3.7 millones de subempleados, más de 3 millones no cobran por su trabajo y 12 millones viven de la economía informal. 82 por ciento de los trabajadores del país, que están debajo de la línea de pobreza. Presenta el documento 10 años de panismo. México deterioro de la calidad de vida. La política social no funciona desde hace 10 años, no combate la pobreza, no genera empleo, ni desarrollo ciudadano, ni infraestructura, luego de una década de PAN somos más pobres y hay más pobres en México, de acuerdo a sus cifras oficiales del INEGI hay 59 millones de personas en pobreza, los más ricos que son el 10 por

ciento de la población concentra el 38% del ingreso nacional, mientras el 10 por ciento más pobre solo accede al 1.8%. El 82 por ciento de los trabajadores del país, que están debajo de la línea de pobreza, es decir el 60 por ciento de los hogares mexicanos vive en la pobreza, su ingreso es menor a los 11 mil 500 pesos al mes que se establece como nivel de pobreza, ese 82% gana 5 salarios mínimos o menos.


Francisco Ramírez R. Director mundolegislativo@hotmail.com “Estación San Lázaro” Rafael Cardona Sandoval Crónica Parlamentaria Patricia Arnaud Colaboradores Miguel Ángel Ramírez; Mariana Abad; Julieta Campos; Julio León Sardaneta; Rina Mussali; Marco Antonio Aguirre Legaria. Diseño L.D.G. Saby Ramírez Chávez. saby@linea-creativa.com.mx Agencias-Fotografía Punto y Línea Comunicación Mundo Legislativo Dirección Comercial Guadalupe Ugalde Inestrillas Tel 5513-1293 E-mail: mundolegislativo@hotmail.com Directorio electrónico www.enlacelegislativo.com www.issuu.com/mundol/docs www.mundolegislativo.blogspot.com Síguenos en: Facebook y Twitter. C.F.C. 5671. México, DF. C.P. 14650 E-mail: mundolegislativo@hotmail.com • MUNDO LETRAS E IMAGEN LEGISLATIVO • © Año VII. No. 77 Edición 15 de junio 2011. Editor responsable: S. Francisco Ramírez R. Reserva de Título No. 04-2004-102617472400- 102. Certificado de Licitud 14366 y Certificado de contenido 11939 Prohibida la reproducción. Impreso por Publigrafic Internacional S.A. de C.V. Distribuida por ML. Aguascalientes 199. Col. Cuauhtémoc, México, D.F.

En portada Los presidentes de la Suprema Corte, de la República y del Senado, reunidos en Los Pinos, dan cuenta de la nueva Ley de Amparo. Un gran avance en materia de derechos

EDITORIAL No bastan las reformas, hay que aplicarlas La nueva Ley de Amparo, viene a remediar en buena medida un vacío que impedía a todos los mexicanos, acceder a un instrumento de protección ante los abusos de las autoridades, cualquiera que sea ésta.

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Pero aún más: con la reforma se protegerán los derechos humanos establecidos en tratados internacionales; se ampliará el concepto de autoridad para efectos del amparo; se resguardarán intereses difusos y colectivos; se realizarán simplificaciones procesales para evitar que los juicios se alarguen; y, de manera muy importante, se hará la declaratoria general de inconstitucionalidad. Es cierta la apreciación del presidente Felipe Calderón -al firmar el decreto de promulgación de la reforma constitucional en materia Amparo- al calificarla como el más importante y poderoso cambio legal en décadas en México, para una mayor ampliación de derechos de las personas, evita la impunidad y rompe con viejos principios que impedían una eficaz aplicación de la justicia. Pero habría que recordar que no basta con promulgar, declarar o reformar las leyes. Un gobierno que no hace valer lo que se plasma en papel, no cumple con una de sus funciones primordiales: garantizar y proteger los derechos de sus ciudadanos, provocando una crisis de justicia como la que se vive en el país; creando un vacío de poder que suple la impunidad, y originando una crisis de valores que quiebra la convivencia social y fomenta la violencia. La nueva Ley de Amparo es un avance muy importante porque, como lo explican los especialistas en este número: se armoniza el orden jurídico nacional al derecho internacional, ampliando el ámbito de protección de nuestro juicio de amparo a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. También se matiza el principio de relatividad de las sentencias de amparo incorporando a su regulación la figura de las declaratorias generales de inconstitucionalidad, las cuales podrán ser emitidas por la por mayoría calificada de los ministros de la Suprema Corte. Con esta adición, no sólo se reconoce la importantísima función que de guardián del texto constitucional posee nuestro Alto Tribunal, sino que además, se conseguirá que el principio de relatividad pague la deuda que desde mucho tiempo atrás había contraído con los principios de igualdad y de supremacía constitucional. Como se vea, es una gran reforma para quienes hoy se creen impunes ante sus actos.

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La ley de amparo, remedia la crisis de justicia: Zaldívar

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a entrada en vigor de reformas a la Ley de Amparo va a hacer de este mecanismo de defensa un instrumento importante para mejorar, de manera sustancial, la crisis de justicia en México, afirmó el ministro A rturo Zaldívar L elo de Larrea. Para el presidente de la Primera Sala, los jueces tendrán herramientas que hoy no tienen porque la Ley anterior resultaba sumamente rigorista. Por ejemplo, d i j o , c o n l a r e f o rma se protegerán los derechos humanos establecidos en tratados internacionales; se ampliará el concepto de autoridad para efectos del amparo; se resguardarán intereses difusos y colectivos; se realizarán simplificaciones procesales para evitar que los juicios se a l a r g u e n ; y, d e m a n e r a m u y importante, se hará la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Guadalupe Ugalde Inestrillas/MUNDO LEGISLATIVO No obstante las reformas e n v i g o r, e l m i n i s t r o r e c o noció que México tiene un problema grave de justicia. “Es un tema en el que todos estamos conscientes, y creo que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación

e n p a r t i c u l a r, c o m o e l P o d e r Judicial de la Federación, en general, estamos tratando de hacer la parte que nos corresponde, precisamente por eso la Corte impulsó durante mucho tiempo esta reforma en materia de amparo para tener mayores instrumentos de defensa de los derechos humanos”, subrayó.

Aunado a lo anterior, dijo, el Alto Tribunal se esfuerza en establecer una muy rica jurisprudencia en materia de derechos fundamentales. “(Los ministros) hemos tratado de hacer la parte que nos corresponde, que desde luego no quiere decir que estemos satisfechos porque creo que el tema de procuración y de impartición de justicia en México es grave”, manifestó. Zaldívar Lelo de Larrea consideró que el problema de procuración e impartición de justicia también tiene que ver con una cultura jurídica de los abogados en México, porque “hablamos mucho de los jueces, de los Ministerios Públicos, pero poco se habla de la ética y de la preparación profesional del gremio de los abogados”, dijo. Comentó que uno de los retos a los que se enfrentará el amparo será al de ajustarse o adaptarse al nuevo sistema penal acusatorio, ya q ue dará a este medio de defensa mayor flexibilidad.


La ley de amparo, amplia las garantías en México Marisa Díaz de León/ MUNDO LEGISLATIVO “Debemos tener la misma atención, voluntad y disposición para ver cuál es el éxito que, seguramente, tendrá la aplicación de esta reforma; pero también atentos y cautelosos de las posibles deficiencias no previstas por el legis lador ni por ninguno de los quienes participaron en este proceso, y que deban ser corregidas”, alertó el presidente. Al acto asistieron los pres i d e n t e s d e l a S u p r e m a C o rte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, y del Senado, Manlio Fabio Beltrones, así como legislad o r e s d e PAN , P R I y P R D , juristas y el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. “ To d a l e y e s p e r f e c t i b l e y pienso también que toda re-

forma, una reforma tan audaz, tan profunda, como la que hoy se promulga, tiene riesgos. Pero, también, que cuando se trata de ampliar los derechos de los ciudadanos, e s o s r i e s g o s d e b e n d e c o r r e rse”, aseguró. La reforma a los artículos 9 4 , 1 0 0 , 1 0 3 , 1 0 7 y 11 2 d e l a Constitución entrará en vigor 120 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual sucederá a la brevedad, para que los estados ajusten sus legislaciones y el Poder Judicial adecue su estructura. Un aspecto novedoso del ajuste constitucional es que cierra la puerta al abuso en la suspensión del acto reclamado, para que no haya quien se escude en el amparo con el

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l presidente Felipe Calderón firmó el decreto de promulgación de la reforma constitucional en materia Amparo, la cual calificó como el más importante y poderoso cambio legal en décadas en México, para una mayor ampliación de derechos de las personas, evita la impunidad y rompe con viejos principios que impedían una eficaz aplicación de la justicia. En la escalinata de la Casa Miguel Alemán de la residencia oficial de Los Pinos, Calderón llamó a estar atentos de los riesgos que pudiera entrañar la reforma y que no hayan sido vistos por el Poder Legislativo.

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objetivo de evadir la justicia o entorpecer la acción de la autoridad. “ D e e s t a f o r m a p o d r á n o t o rgarse o negarse suspensiones cuando se considere que el instrumento, por ejemplo, es utilizado por infractores de la l e y, p a r a e v a d i r a l a l e y m i s ma. Ello le va a dar mucho más fortaleza y seriedad a la suspensión misma, cuando ésta sea justamente otorgada”, explicó Calderón. Protege derechos humanos -de segunda y tercera generación- contenidos en tratados internacionales; es d e c i r, t o d o d e r e c h o c o n t e n i d o en tratados internacionales firmado por México podrá invocarse su protección. Con esto, explicó Calderón, “los ciudadanos podrán interponer amparos cuando consi deren que han sido violentados no sólo los derechos garantizados en las leyes, sino en los tratados internacionales, ratificados por México, y que, desde luego, están apoyados, precisamente, ahora por nuestro sistema constitucional y legal, a través de la institución del amparo”. También se faculta a la SCJN para hacer declaratorias generales de inconstitucionalidad de leyes y de normas. Es decir cuando exista jurisprudencia reiterada y hayan transcurrido 90 días, y la autoridad no la corrija, la Corte podrá hacer una declaratoria de inconstitucionalidad que tendrá validez general o colectivo. El mandatario recordó que con la reforma se incorpora a la Constitución la figura

De igual formas se modifica el amparo y el llamado “Efecto Otero”, que sólo protege a las partes involucrad a s ; e s d e c i r, c o n l a d e c l a r a toria de inconstitucionalidad ésta será para todos los ciudadanos, y no sólo a la parte que impugnó. Además, se crean al interior del Poder Judicial Federal los plenos de circuito para que los presidentes de los plenos, de los tribunales c o l e g i a d o s d e u n m i s m o c i rcuito, resuelvan entre sí las contradicciones de tesis que se presenten, lo que permitirá descargar trabajo a la Corte. Calderón explicó que al d e s a h o g a r s e a l o s 11 m i n i s tros de asuntos les permitirá concentrarse en aquellos asuntos verdaderamente de peso o de mayor trascendencia, acordes con su competencia constitucional que deban r e s o l v e r. Silva Meza dijo en su oportunidad que “el acto que da origen a esta ceremonia, representa el inicio de un cambio de gran envergadura; un acontecimiento, que modificará trascendentemente la cara del Poder Judicial de la Federación”. El ministro de la Corte precisó que “se quiere que la institución de amparo vuelva a su origen: la prestación de un servicio público de importancia capital; para el buen funcionamiento de la República democrática; para evitar los abusos del poder; para garantizar nuestro régimen de libertades”.

“Los ciudadanos podrán interponer amparos cuando consideren que han sido violentados no sólo los derechos garantizados en las leyes, sino en los tratados internacionales, ratificados por México...”. Explicó Calderón, de amparo por omisión de la autoridad, lo cual significa que un ciudadano se podrá amparar también cuando la violación sea producto de una omisión o una falta de acción, llamada afectación “pasiva”, de tal forma que se cierra la puerta a la impunidad cuando las autoridades no cumplen cabalmente con su responsabilidad. “Esta reforma es la mayor ampliación de derechos de los ciudadanos que se haya hecho en varias décadas en el país”, dijo Calderón tras reconocer que con el esfuerzo de juristas, académicos, legisladores y miembros de los Poderes Ejecutivo y Jud i c i a l s e l o g r ó una propuesta de “gran calado”. Juan Silva Meza explicó que ahora la Corte podrá declarar la inconstitucionalidad de normas generales y con ello los beneficios de la impartición de justicia y de la protección constitucional alcanzarán a toda la sociedad “y no sólo a aquellos que cuentan con más recursos para defenderse”.


Los alcances de la reforma al amparo Por Miguel Alessio Robles*/ MUNDO LEGISLATIVO

relatividad pague la deuda que desde mucho tiempo atrás había contraído con los principios de igualdad y de supremacía constitucional.

orden jurídico nacional al derecho internacional, ampliando el ámbito de protección de nuestro juicio de amparo a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Tercero.- Se otorgará a los actuales Circuitos judiciales una autonomía relativa, a fin de que las contradicciones de tesis que se generen al interior de un mismo Circuito, sean resueltas a través de los Plenos de Circuito, órganos integrados por los miembros de los mismos tribunales colegiados. Ello permitirá darle mayor homogeneidad, precisión y especificidad a los criterios y precedentes, contribuyendo así a generar una mayor seguridad jurídica, y manteniendo, en todo caso, la posibilidad de que la Corte -en funciones de tribunal constitucional- resuelva las contradicciones que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos.

Segundo.- Se matiza el principio de relatividad de las sentencias de amparo incorporando a su regulación la figura de las declaratorias generales de inconstitucionalidad, las cuales podrán ser emitidas por la por mayoría calificada de los ministros de la Suprema Corte. Con esta adición, no sólo se reconoce la importantísima función que de guardián del texto constitucional posee nuestro Alto Tribunal, sino que además, se conseguirá que el principio de

Cua r t o . - Se matiza el principio de instancia de parte agraviada, transitando con ello del interés jurídico al interés legítimo. Así, el juicio de amparo será procedente, no sólo ante la afectación personal y directa a un derecho, sino atendiendo a la especial situación del particular frente al orden jurídico. Esto permitirá, en términos muy concretos, construir un sistema de justicia constitucional de puertas abiertas, ya que se generarán

Primero.- Se armoniza el

nuevas posibilidades de im pugnación.

Quinto.- Se incorporan al régimen suspensional, como parámetros de su procedencia, los conceptos jurisprudenciales de “apariencia del buen derecho” e “interés so cial”, según los cuales, el juez estará obligado a realizar una ponderación entre ambos al realizar el análisis preliminar de la probable inconstitucionalidad del acto. Ello permitirá que la suspensión, como institución fundamental dentro del juicio de amparo, sea nuevamente apreciada en su justa dimensión y finalidad. S e x t o . - En materia de amparo directo se establece el amparo adhesivo, así como la preclusión del derecho de alegar violaciones al procedimiento en juicios posteriores. Con ello se posibilitará respetar en mejor medida el derecho a la impartición de justicia pronta y expedita, ya que se agilizará la tramitación del juicio, evitando los denominados “amparos rebote”. Con idéntica finalidad, se establece la obligación para los Tribunales Colegiados de Circuito para que, en caso de que otorguen el amparo, fijen los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución, evitando así los denominados “amparos para efectos”.

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a reciente reforma constitucional en materia de amparo que fue promulgada por el Presidente Felipe Calderón, es el resultado de una ardua labor en la que participaron connotados juristas y académicos, legisladores de los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, miembros del Poder Judicial Federal y las dependencias de la Administración Pública Federal. Destacan los siguientes aspectos:

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Séptimo.- Se deroga el sobreseimiento y la caducidad de la instancia como un medio para respetar el principio pro accione. Así, nuevamente se privilegia la protección de los derechos sobre las reglas adje tivas y procedimentales.

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Octavo.- Se incorpora el principio consistente en que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección, con lo cual, se fortalece la supremacía constitucional y el sistema de control de la constitucionalidad. Ningún caso podrá quedar sin respuesta y, más aún, sin que se cumpla la misión última y genuina del amparo: restituir al particular en el goce de sus derechos. Noveno.- Se fortalece el esquema de sanciones ante el incumplimiento de sentencias o ante la repetición del acto reclamado, facultando a la Corte para separar de su cargo y consignar ante el Juez de Distrito

correspondiente, tanto a la autoridad responsable como a su superior jerárquico, así como a los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de autoridad responsable, hubieran incumplido la sentencia. Con ello se refuerza el carácter sacramental que en un Estado Constitucional debe tener toda sentencia de amparo. La reforma constitucional en materia de amparo que promulga -el pasado viernes 3 de junio- el Presidente Felipe Calderón es un paso claro que recoge inquietudes manifiestas por los tres Poderes de la Unión, en beneficio de un sistema judicial que mejor atienda las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la protección contra los actos de la autoridad. Con esta reforma a los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución se protegen derechos humanos -de segunda y tercera generación- contenidos en tratados internacionales. Es decir, todo derecho conteni-

do en tratados internacionales firmado por México podrá invocarse su protección. Es decir, cuando exista jurisprudencia reiterada y hayan transcurrido 90 días, y la autoridad no la corrija, la SCJN podrá hacer una declaratoria de inconstitucionalidad que tendrá validez general o colectiva. De igual formas se modifica el amparo y el llamado “Efecto Otero”, que sólo protege a las partes involucradas; es decir, con la declaratoria de inconstitucionalidad ésta será para todos los ciudadanos, y no sólo a la parte que impugnó. Además, se crean al interior del Poder Judicial Federal los plenos de circuito para que los presidentes de los plenos, de los tribunales colegiados de un mismo circuito, resuelvan entre sí las contradicciones de tesis que se presenten, lo que permitirá descargar trabajo a la S CJN. *consejero jurídi co de la Presidencia


Jorge Mario Pardo Rebolledo*/ MUNDO LEGISLATIVO

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os diversos Poderes de la Unión, así como el foro y la academia, hemos enfrentado el grave reto de actualizar nuestra institución protectora de derechos fundamentales por excelencia, el juicio de amparo, con el fin de responder eficazmente a los requerimientos de justicia y orden constitucional que exige la sociedad mexicana en nuestros días. Toda evolución de alguna figura jurídica pasa por diversas etapas, podría resaltar algunas: La relativa a la discusión e intercambio de opiniones en el ámbito académico, en el que se evidencia la necesidad de ajustar determinada institución que por el transcurso del tiempo o por la constante transformación del entorno y las relaciones sociales, ya no responde a las exigencias actuales, por lo que se estima pertinente hacer propuestas de nuevas interpretaciones a la Ley o, incluso, de una reforma a la misma. Por otra parte, tenemos la etapa del trabajo jurisdic cional, en la que los tribunales, en ejercicio de sus funciones y a través de sus criterios, hacen que las normas constitucionales o legales expedidas en una realidad social distinta a la que se vive en el presente, como un material maleable, se adecue, en su aplicación cotidiana, a las condiciones que la modernidad impone. En este punto cabe destacar la importante función que cumple la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal. Por su parte, el legislador, en una etapa distinta y con base en las inquietudes, investigaciones, y el debate que implica la delicada atribución de reformar y crear las leyes en nuestra Nación, plasma en normas generales los requerimientos de modernización y actualización de las

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figuras jurídicas, atendiendo en muchos casos a las conclusiones de los foros académicos y a las resoluciones de los tribunales. De lo anterior podemos obtener la enorme relevancia de realizar eventos como el que hoy nos convoca, pues ha te nido como objeto “sentar a la mesa” tanto a los creadores de las leyes, como a sus intérpretes y aplicadores, lo que indudablemente, no sólo acelera el proceso evolutivo antes descrito, sino que propicia el intercambio de ideas e inquietudes entre juzgadores, litigantes, académicos y legisladores, lo que con toda segu ridad, dará como resultado una mejor actualización de la Ley de Amparo, tomando en cuenta las visiones y perspectivas de todos los actores que participan en el sistema de impartición de ju sticia constitucional en nuestro país. En el Foro que hoy conclu ye se tra taron prácticamente todos los aspectos relacionados con el juicio de amparo: - En relación con la procedencia del A mparo Indirecto, se abordó lo referente a: los Derechos humanos y Tratados Internacio nales, las normas generales, actos y omisiones, los actos de particulares y el Amparo Penal; - En los Aspectos Proce sales, se analizaron los temas relativos a la firma electrónica, las notificaciones y los plazos, así como el concepto de interés legítimo; - Respecto de las Sen tencias se discutieron tópicos relativos a: la suplencia de la deficiencia de la queja; los efectos de las sentencias del amparo y el amparo contra leyes y reformas constitucionales; - Del Amparo D irecto se examinó lo referente a: las violaciones procesales y de fondo, la inconstitucionalidad

de leyes, el amparo fiscal y el amparo adhesivo; - En relación con los Recursos e Incidentes se abordó lo relativo a: dichos medios de impugnación, la suspensión y la ejecución de sentencia; - Finalmente, se estudiaron las figuras de la Declaratoria de inconstitucionalidad y Jurisprudencia, tratando temas como: la declaratoria general de inconstitucionalidad, la creación de jurisprudencia y la creación de los plenos de circuito. El viernes pasado asistimos a la ceremonia de promulgación de la histórica reforma constitucional en materia de Amparo, por lo que será indispensable que en la nueva Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales se vea reflejado el espíritu de la reforma constitucional en dicha materia, por lo que habrá que hacer especial énfasis en temas como: • La protección de los derechos humanos, reconocidos tanto en la Constitución federal como en los Tratados Internacionales suscritos por México; • El interés legítimo como elemento suficiente para la procedencia del juicio de amparo;

• La declaratoria general de inconstitucionalidad, que abarca materias como la administrativa, con excep ción de la fiscal, laboral, y ambiental, y • La suspensión del acto reclamado, que pondere la apariencia del buen derecho y la afectación del interés social. De vital transcendencia resulta que la nueva Ley de Amparo sea aprobada dentro del plazo que establece el correspondiente transit orio de la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial el pasado 6 de junio. Por todo lo anterior, felicito y aplaudo la labor que ha venido realizando el Senado de la República, así como todas las instituciones par ticipantes en este foro. Tengo la convicci ón que su esfuerzo (…) redundará en una nueva Ley de Amparo acorde con los legítimos reclamos de nuestra sociedad en materia de ampliación a los ámbitos de protección de derechos fundamentales, garantías de la regularidad constitucional y acceso pleno y efectivo a la justicia, que son retos inaplazables en los tiempos que vivimos. * Palabras del ministro de la SCJN en la clausura del foro sobre iniciativa de ley de amparo, en el senado de la república


Emiten los legisladores la declaratoria de aprobación en materia de derechos humanos. Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO investigar hechos que constituyan violaciones graves a las garantías individuales. La reforma establece que todo servidor público estará obligado a responder las recomendaciones que se les presenten, y cuando las misas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades, éstas d e b e r á n f u n d a r, m o t i v a r y h a cer pública su negativa. De igual forma, queda prohibida toda discriminación motivada por las preferencias sexuales de los ciudadanos. En este sentido, las legislaturas de Aguascalientes,

B a j a C a l i f o r n i a S u r, C a m peche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potos í , S o n o r a , Ta b a s c o , Ta m a u l i p a s , Ve r a c r u z , Yu c a t á n y Zacatecas, comunicaron a la Permanente su aprobación al proyecto. L a M e s a D i r e c t i v a i n f o rmó que también se recibió el voto en contra por parte del Congreso de Guanajuato. Al respecto, el senador Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Comisión

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a Comisión Permanente emitió la declaratoria de aprobación del proyecto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución en materia de derechos humanos. La resolución se dio tras recibir 21 votos aprobatorios de los congresos locales y uno en contra a las enmiendas constitucionales que facultan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para

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Permanente, dijo que la declaratoria es de importancia trascendental ya que los cam bios a la Carta Magna representan un avance decisivo en la plena armonización del marco normativo interno con la legislación internacional en materia de derechos humanos. Es --enfatizó-- el paso más importante que México ha dado en muchas décadas para que todas las personas cuenten en nuestro país con la protección a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Con ello, agregó, se asume el compromiso de las entida des federativas de garantizar la autonomía y el fortalecimiento de la defensa de esos derechos. Al respecto, el diputado Alfonso Navarrete Prida, del PRI , aseguró que “hoy se cul mina un paso importante en la protección, promoción y respeto de los derechos humanos en el país”. Externó que es quizá el anhelo más viejo que tiene la sociedad mexicana “desde aquella Procuraduría de Pobres del siglo antepasado en San Luis Potosí, pasando por los Sentimientos de la Nación de Morelos hasta nuestros días en que se culmina esta importante y trascendente reforma”. Por su parte, la senadora panista Beatriz Zavala Peniche refirió que esta reforma es la más importante desde la Constitución de 1917 ya que pone a los derechos humanos en el centro de la política del Estado mexicano y privilegia el respeto a la dignidad de las personas. En este sentido, destacó la incorporación de las preferencias sexuales en la Constitución para que no haya discriminación; “lograr esta importante reforma fue un

proceso que llevó a muchos consensos y a una pluralidad expresada en el Congreso”. Al respecto, el senador del PRD, Pablo Gómez Álvarez manifestó que estas enmiendas constitucionales son la síntesis de muchas décadas de “lucha por incorporar en el orden ju rídico básico de la República, principios esenciales de derechos humanos”. Es, dijo, la expresión de luchas largas y difíciles que llevaron a muchos incluso a perder la vida y la libertad, además de que es una reforma que procede de las organizaciones defensoras de los derechos humanos tanto mexicanas como las que actúan en el ámbito internacional y de numerosos legisladores mexicanos. Más adelante, el senador Javier Orozco Gómez, del P VE M , r e s a l t ó “ e l t r a b a j o a rduo que se realizó en ambas cámaras del Congreso para llevar a cabo esta reforma de gran envergadura para la materia de los derechos humanos”. Dijo que la reforma permitirá fortalecer la vida institucional del país y consolidar la democracia. En tanto, el senador petista Ricardo Monreal Ávila expresó que la modificación constitucional es quizá la más profunda de los últimos 20 años y “era indispensable, necesaria, sobre todo en este momento de profunda crisis de inseguridad, de un aumento enorme, sin igual sin parangón, de la violencia en nuestro país”. Afirmó que existe un incre mento de violaciones a los derechos humanos y se han pre sentado múltiples facetas de figuras jurídicas cercanas al genocidio que puede ser acusado el gobierno mexicano por este delito internacional. “Por esa razón es doble-

mente importante que hoy se esté haciendo el có mputo de las legislaturas que han aprobado las modificaciones”, subrayó. El diputado perredista Juan Carlos López Fernández mencionó que el respeto cabal a los derechos humanos es la mejor guía para enaltecer la dignidad humana, así como para combatir y abatir el flagelo de la discriminación. En su oportunidad, el diputado priista Arturo Zamora Jiménez consideró que al entrar en vigor las modificaciones, se establecerá con claridad y precisión cómo se va a reglamentar el procedimiento para la suspensión de garantías. “ Esto como consecuencia nos llevará a generar condiciones para modificaciones en normas generales de carácter secundario”, precisó. Por su parte, el senador p e r r e d i s t a To m á s To r r e s M e rcado dijo que es trascendente el reconocimiento de los derechos humanos y “no sólo los que la Constitución recoge, sino también los de los tratados o instrumentos internacionales que ha signado México”. Por último, el senador priista Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez explicó que con estas adiciones a la Carta Magna, en ningún caso se podrán suspender las garantías, “aún en las condiciones de dificultad de un estado o un espacio del territorio mexicano, garantizando así que los mexicanos puedan estar perfectamente resguardados en este catálogo de garantías”. La reforma que modifica el Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución en materia de derechos humanos fue canalizada al Diario Oficial de l a Federación para sus efectos constitucionales.


Las pautas de transmisión del IFE, no son materia de juicio de amparo

“Palo” a las

televisoras de la SCJN Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO i), de la Constitución Federal precisan que corresponde en exclusiva a dicho Instituto administrar el acceso de los partidos políticos a los tiempos oficiales de radio y televisión, tanto a nivel federal como en las entidades federativas. Y es precisamente esa atribución exclusiva a nivel nacional del IFE, de administrar los tiempos oficiales que los concesionarios o permisionarios de radio y televisión deben destinar para fines electorales, la que se vio desplegada en los oficios reclamados, emitidos justamente por una autoridad de dicho Instituto. De esta forma, como ya lo estableció la Segunda Sala de la SCJN, al resolver el amparo en revisión 682/2010, en sesión de 29 de septiembre de 2010, bajo la ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, las autoridades del Instituto realizan actos propios de comicios, según se lee del artículo 41 constitucional que, a partir de la reforma constitucional de noviembre de 2007, prevé que el IFE es la única autoridad facultada para administrar el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines

y al ejercicio del derecho de los partidos políticos; lo que confirma la naturaleza electoral de los actos reclamados. C o n a p o y o e n l o a n t e r i o r, se advierte que la comunicación social de los partidos forma parte de la materia electoral, y de hecho está vinculada de manera directa a ella en razón de que están en juego, entre otras cuestiones, los derechos de carácter electoral de los partidos políticos, los cuales son otorgados por la Constitución Federal ante el papel que deben cumplir en el Estado constitucional democrático de derecho. Y también es de considerarse que, como lo ha establ ecido el Pleno de la S uprema Corte, uno de los ejes rectores de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007 al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, giró en torno a prohibir a los partidos políticos la adquisición de tiempos, bajo cualquier modalidad, en radio y televisión, así como a condicionar la asignación de tiempos a los partidos políticos en tales medios para que se realizara exclusivamente por el Instituto Federal Electoral como autoridad única para estos fines.

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a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los actos relacionados con las pautas de transmisión de los promocionales de los partidos políticos respecto de los tiempos del Estado que le corresponde administrar al Instituto Federal Electoral (IFE), no pueden ser materia de un juicio de amparo por tratarse de actos de naturaleza electoral. De esta forma, sobreseyó un juicio promovido por una televisora que impugnó diversos oficios emitidos por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Po líticos y por el Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del IFE y, con ello, confirmó el fallo de un juez de Distrito. Para llegar a tal conclusión, puntualiza la resolución, no sólo se aplica la f r a c c i ó n VII d e l a r t í c u l o 7 3 de la Ley de Amparo bajo la sola consideración de que el juicio de garantías resulta improcedente por el hecho de tratarse de actos emitidos por una autoridad del IFE, sino q u e s e e s t a b l e c e q u e l o s a rt í c u l o s 4 1 , b a s e III , a p a r t a d o A , y 11 6 , f r a c c i ó n IV, i n c i s o

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ESTACION SAN LAZARO

Un Presidente ¿desinformado? Por Rafael Cardona

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Con la evidente intención de negar la naturaleza política del “sabadazo” contra Jorge Hank, el Vocero de la Estrageia del Sistema de Seguridad Nacional (así es su título) el señor Alejandro Poiré ha proclamado la ignorancia del Presidente de las República en la organización del operativo cuyo desenlace tiene hoy en la ergástula al ex alcalde de Tijuana. Obviamente Poiré, y así se nota en sus declaraciones radiofónicas de ayer a Joaquín López Dóriga, pretende sacar al presidente Calderón del marco de suspicacias ante un hecho cuyas repercusiones podrían ser sumamente graves, al menos en el campo conceptual. Si ya nos acostumbramos al Ejército como sucedáneo de la policía, debemos a partir de esta acción irnos haciendo a la idea del Ejército como una policía política. En esas condiciones nos ha dicho el vocero. Las cosas se dieron a partir de una denuncia anónima y después de un seguimiento en plena flagrancia, lo cual, quiere decir, nada fue planeado, todo fue obra del encadenamiento de circunstancias, de hechos en cascada cuya propia dinámica desembocó en la alcoba del señor ingeniero a quien pillaron a la mitad del sueño y sacaron de su casa en calzoncillos. He titulado la columna con una paráfrasis de aquella pregunta en torno de Roberto Madrazo cuya frase final era yo tampoco. Y a Poiré no le creo (a lo cual tengo pleno derecho pues su palabra no es dogma) por la sencilla razón de haberle creído antes. Yo le he creído en otras ocasiones. Su elocuencia me ha persuadido, como no. Por ejemplo el día 30 de mayo pasado cuando con detalle académico desmontó uno de los mitos principales en torno de la batalla por la seguridad pública. Lo hizo en su blog radicado

en la página de la Presidencia de la República y dice lo siguiente: “El primer mito dice, no hay estrategia, es solo el uso de la fuerza. En este contexto mito es sinónimo opinión crítica adversa al Presidente, no vaya usted a creer en la sacralización de valores populares jamás probados como sucede en asuntos antropológicos o religiosos. “Algunos consideran –escribe el señor Poiré--, que el Gobierno Federal no tiene una estrategia y centra el combate al crimen organizado solamente en el uso de la fuerza. Afirman que las “balas” son la única herramienta empleada para garantizar la seguridad. “Éste, como otros, es un mito, porque desde el inicio de la administración se cuenta con una Estrategia integral en la que el uso de la fuerza pública es solamente uno de sus ingredientes. “Las acciones, programas y procesos incluidos en la Estrategia Nacional de Seguridad han involucrado desde un principio, horas de planificación y análisis permanente de las distintas alternativas así como de los riesgos de la inacción ante la delincuencia organizada. La respuesta del gobierno en auxilio de las autoridades locales debía aplicar la fuerza pública y también era necesario atender otros aspectos del problema para que los resultados sean integrales. Por eso la Estrategia Nacional de Seguridad consta de cinco componentes: 1) Operativos conjuntos en apoyo a las autoridades locales y a los ciudadanos y que tiene el propósito de debilitar y contener a las organizaciones criminales; 2) Escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las Fuerzas del Estado; 3) Reforma al marco legal e institucional; 4) Política activa

de prevención del delito; y 5) Fortalecer la cooperación internacional”. Obviamente es notable una idea: detrás de los operativos, acciones y procesos incluidos, hay “desde un principio” (esto quiere decir desde diciembre del 2006) horas de planificación y análisis permanente de las distintas alternativas”, etc. ---¿Tenemos motivos para creer en una operación fortuita, lograda casi como de chiripada o por la suerte de quien juega al “Bingo” en “Caliente” y gracias a lo cual cae el primer pez gordo en la histórica batalla del Partido Acción Nacional contra la corrupción del PRI? Yo lo dudo mucho. Y quizá descreo si se toma en cuenta mi edad. Ya tengo 61 años cumplidos. No nací ayer, como tampoco la mayoría de los observadores políticos y los muchos ciudadanos con quienes he hablado cuya percepción es absolutamente otra: esto se planeó con todo cuidado hasta lograr la eficacia quirúrgica con la cual sorprendieron al presunto delincuente, con un serio análisis del costo y el beneficio (serio no quiere decir certero). Por eso no puedo concebir a un presidente cuya información llegue a posteriori, en especial en un asunto de repercusiones de ruptura definitiva con una fuerza política importante en medio de varios procesos electorales de notable trascendencia como las elecciones en el estado de México y con algunas reformas importantes empantanadas en el Congreso. Fue un golpe meditado, programado y bien ejecutado, al menos en la logística. Ya en asuntos jurídicos, pues no todo fue tan pulcro, pero quien se detiene ahora a buscar apegos legaloides. Lo hecho, hecho está y Jorge Hank pasará mucho tiempo arraigado. Para empezar.


La expansión de los Derechos humanos Por Juan Silva Meza*/MUNDO LEGISLATIVO Tampoco la incapacidad o el desconocimiento, justificarán la inobservancia del nuevo régimen. Ahora bien, es importante señalar que la reforma establece dos responsabilidades concretas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación importantísimas. Por una parte, la Corte, podrá evaluar constitucionalmente los decretos que, en uso de las facultades que le concede el artículo 29 en materia de suspensión de garantías, emita el Presidente de la República. Asimismo, el máximo tribunal del país deberá resolver las acciones de inconstitucionalidad que, contra leyes federales o estatales o contra tratados internacionales, sean presentadas por los organismos públicos protectores de derechos humanos, cuando esas normas vulneren, precisamente, esos derechos. En otras palabras, no podrá ponerse en duda la legitimación procesal de los organismos públicos autónomos, reconocidos como tales por el artículo 102 de la ley fundamental, para acceder a ese medio de control constitucional. La Suprema Corte de Justicia habrá de ejercer estas nuevas responsabilidades, con un claro entendimiento de la intención que ha impulsado al constituyente permanente al elaborar éstas: nada estará por encima de la protección a los derechos humanos. Con el Consejo de la Judicatura Federal, los jueces y magistrados federales, lo haremos. No sólo en el marco de la obligación genérica que nos vincula, como a todas las demás autoridades en términos del nuevo artículo 1º., sino también con el convencimiento de que, el lugar que ocupamos dentro de la estructura del Estado mexicano, nos compele a ser ejemplo no sólo en la aplicación jurisdiccional y administrativa del nuevo marco constitucional, sino en el reconocimiento de que, el propio Estado Mexicano promueve y protege eficazmente los derechos humanos. Los jueces constitucionales mexicanos, en el ámbito de nuestra competencia y responsabilidad, vigilaremos que ese espíritu sea hecho valer en beneficio de todos, sin distinciones, ni desviaciones. *Discurso del Ministro Presidente Juan Silva, con motivo de la firma del decreto que modifica la denominación del capítulo i del título primero y reforma diversos artículos de la constitución política de los estados unidos mexicanos.

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El Presidente de la República firmó el decreto que reformó el régimen constitucional relacionado directamente con el juicio de amparo que, de acuerdo con la intención del Poder Reformador de la Constitución, tiene como uno de sus objetivos expandir los derechos de los individuos, así como fortalecer y ampliar su protección. El Decreto que se firmará en esta ocasión, obedece a la misma intención de nuestro constituyente permanente. En este sentido, leídas en conjunto, las dos reformas constitucionales ratifican el compromiso que la Nación tiene no sólo con los más débiles, sino con la persona humana, con los más vulnerables. Esta reforma, apuntala el diseño del régimen constitucional mexicano, como uno que existe, primordialmente, para permitir una vida social que privilegie la protección de los derechos humanos. Eso explica precisamente que el título primero de la Constitución, el que inicia, el que da la bienvenida a la lectura del texto que nos contiene a todos, que ahora se llamará “De los Derechos Humanos y sus garantías”. El Poder Reformador de la Constitución, ha considerado fundamental para nuestro régimen constitucional, explicitar que la ley fundamental sirve: para reconocer y hacer valer los derechos humanos establecidos por ella misma, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Entre la Constitución mexicana y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que nos obligan, no hay divergencias, no hay contradicción: su finalidad es la misma. Por eso, la reforma no atenta contra la Constitución: la fortalece, la mejora. En esa dirección debe verse la relación entre las dos reformas: el instrumento protector de derechos por excelencia, se amplía pues, ahora, las normas relativas a los derechos humanos, entre las que el propio juicio de amparo se encuentra, se interpretarán, siempre favoreciendo la protección más amplia a las personas. Ante la duda, en los todos los casos, deberá preferirse proteger los derechos humanos de los individuos. Todas las autoridades estarán vinculadas a hacerlos valer y el Estado estará obligado a reparar las violaciones a los mismos. No podrán alegarse limitaciones normativas o materiales, para cumplir con estas obligaciones.

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El caso Hank y los legisladores Mundo legislativo

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Por Jorge Monter / MUNDO LEGISLATIVO

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penas el 3 de junio pasado, el presidente del Senado de la República, el priísta Manlio Fabio Beltrones, recordó ante el presidente Felipe Calderón que pese a diferencias naturales el Poder Legislativo le ha acompañado en la lucha contra la criminalidad, “asumiendo ambos los riesgos que ya aparecen en un inevitable debate”. El líder del Senado fue hasta la residencia oficial de Los Pinos para el acto de promulgación de la reforma constitucional en materia de Amparo, y dijo textual: “No sería honesto ni justo dejar de mencionar que el Congreso, no obstante las naturales y legítimas diferencias, han acompañado la firme decisión de este gobierno, y en especial de su titular, el presidente de la República, de avanzar, combatiendo el flagelo lamentable y agraviante de la delincuencia con toda la fuerza del Estado, dándole nuevos instrumentos jurídicos al gobierno federal, y asumiendo ambos los riesgos que ya aparecen en un inevitable debate”, dijo orondo Beltrones. Tres días después, el propio Beltrones, le demandó a su elogiado: “La vida institucional no puede transcurrir bajo amenazas de orden judicial e incertidumbre sobre los criterios que norman las decisiones públicas.

Jorge Hank Rhon y su esposa. Atrás, Arturo Montiel Por eso este llamado a esmerarnos en los asuntos públicos y cuidar las formas y el lenguaje políticos”. En un comunicado, hizo un llamado a frenar lo que llamó “la dinámica de deterioro institucional” y atender los asuntos públicos con el debido apego al marco legal y el interés general. Sin hacer mención u caso en específico, pero en clara alusión a la detención de Jorge Hank, el ex gobernador de Sonora dijo que los ciudadanos esperan una relación de respe to mutuo y colaboración institucional entre los poderes públicos y sostuvo en ese sentido que el gobierno federal tiene la enorme responsabilidad de conducirse por encima de inte reses partidistas. “Ni los altos funcionarios son operadores de partido, ni las

dependencias públicas son arietes para golpear adversarios”, dijo. “Los criterios electorales no deben prevalecer sobre el cumplimiento escrupuloso de las responsabilidades institucionales, ni mucho menos atar las decisiones públicas a preferencias políticas”. Para el viernes 10 de junio, ya nadie hablaba del caso Hank: ni legisladores, ni priís tas, ni candidatos; nadie. A Jorge Hank Rohn la Procuraduría le dio trato especial: no lo arraigó y sólo le fincó cargos por acopio de ar mas. Y lo que fue mejor: lo regresaron a Tijuana, a metros de su casa; algo pocas visto en otros casos, como el llamado “Michoacanazo”. Y es que a decir de la Procuradora, Marisela Morales, se les había “alborotado el gallinero”.


El senador Carlos Navarrete

no han podido llevar a México educación, salud, y han empobrecido en los últimos 10 años a más de 10 millones de mexicanos”, y acusó al PAN de “trastocar lo que el PRI dejó intacto : paz y tranquilidad en las calles”. Por su parte, tras afirmar que el Gobierno federal ha perdido el rumbo del país en todos los rubros, el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés, afirmó que exigirá pruebas contundentes en el caso Hank Rhon, poner fin al “terrorismo político” y resultados inmediatos por la muerte de Rodolfo Torre Cantú. A su vez, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, advirtió que tras la detención de Jorge Hank Rhon por parte del Gobierno federal, estamos ante el riesgo de fracturar la convivencia política y democrática con miras a las elecciones del próximo 3 de julio en varias entidades del país. “No estamos por un uso faccioso de las instituciones por parte del Gobierno federal, ni tampoco poniéndonos de lado de personajes de dudosa reputación como Jorge Hank Rhon. Blanca palomita no parece ser; pero una cosa es ésa y otra es que justamente el hecho pareciera ser vinculado y aprovechado con razones, objetivos y pretensiones políticos”, destacó. En conferencia de prensa, consideró que no es una casualidad que elección tras elección haya una nota policiaca con un personaje político, como ocurrió con el llamado “michoacanazo” en el que fueron detenidos alcaldes y funcionari os de extracción perredista, por supuestos nexos con el crimen organizado, para ser liberad os meses después por falta de pruebas.

Marisela Morales. María Elvia Amaya, esposa del priísta Jorge Hank Rhon, reiteró que la detención del empresario la madrugada del sábado 4 de junio pasado, estuvo plagada de anomalías y violaciones a sus derechos civiles y humanos, por lo que sus abogados recurrirán a las leyes para exigir su libertad. Recordó que alrededor de diez hombres vestidos como militares irrumpieron en su recámara alrededor de las 03:00 horas del sábado sin presentar ninguna orden de cateo, por lo que, dijo, durante horas temió que la familia sería secuestrada o asesinada, en conferencia de prensa, en el hotel Pueblo Amigo, propiedad de su esposo. La detención de Jorge Hank Rhon ni es cacería de brujas ni tiene sesgo político, advirtió el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien destacó que el gobierno del presidente Felipe Calderón no tolerará la impunidad. “Este país ha sufrido muchísimo la corrupción, y cuando empezamos a limpiar la casa de inmediato apelan a esas cosas. La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, aseveró que la detención de Jorge Hank Rhon no obedece a fines políticos ni electorales y que la institución actúa sin distingos partidistas. Finalmente, en vez de ser arraigado, Hnak Rhon, fue remitido a un juez de un penal de Tijuana. Sus abogados amagaron con mostrar videos privados donde presuntamente los militares “sembraban” las armas. No se han dado a conocer.

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Y así fue, por ejemplo el coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, dijo al respecto: “La gran pregunta es ¿qué hacen tantas armas en la casa de un particular, de un empresario, de un ex presidente municipal, destacado militante del PRI, de un miembro de la estirpe de la familia priísta de Hank González, del aliado de Peña Nieto?”. Fernando Castro Trenti, vicecoordinador del PRI en el Senado, acusó al Secretario de Gobernación, Francisco Blake, de planear y operar la detención de Jorge Hank Rhon, ex Alcalde de Tijuana, con la única intención de golpear al tricolor frente a los procesos electorales de este año y del 2012. En entrevista, el legislador federal aseguró que la desesperación del Presidente Felipe Calderón y del PAN ante la ventaja que muestra el PRI en las encuestas, llevó al Gobierno federal a utilizar las instituciones encargadas de impartir justicia con fines políticos. Castro Trenti, fue Secretario de Gobierno de Hank Rhon. Embestida del gobierno: Emilio Gamboa También, tras la detención de Jorge Hank Rhon, el ex coordinador de la bancada del PRI en San L ázaro, Emilio G amboa Patrón, advertiría que “sin duda alguna” el tricolor enfrenta una embestida del go bierno federal. “Es una embestida que quiere tratar de decir ‘los malosos del PRI no regresarán’; pero la sociedad está calificando todos los días. Los malosos de verdad son los que

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Entre amagos, Javier Lozano insulta y los legisladores se quejan…

¡No pasa nada!

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a bancada del PRI en Cámara de Diputados pidió al presidente Felipe Calderón Hinojosa controlar a su secretario d e Tr a b a j o , e l e x p r i í s t a J a vier Lozano, e instruirle “que respete la división de Poderes y deje de utilizar las comparecencias en la Comisión Permanente como plataforma política rumbo a 2012”. El diputado priísta Heliodoro Díaz consideró como “tambores de guerra al Poder Legislativo” las declaraciones que hizo Javier Lozano en una institución privada de e d u c a c i ó n s u p e r i o r. “Me gustó decirles sus verdades a los legisladores en su cara”, dijo Lozano, quien advirtió que el cuando regrese a la nueva sede del Senado por el tema de Mexicana de Av i a c i ó n o d e c u a l q u i e r o t r o “se los volveré a decir; han actuado de manera mezquina e irresponsable”. La diputada del PRI, Marcela Guerra, advirtió que su

Mauricio Marcos/ MUNDO LEGISLATIVO bancada no descarta la posibilidad de iniciar un juicio político en contra de Lozano Alarcón si éste viola la ley o se demuestra su responsabilidad en la crisis de seguridad de la industria minera y la quiebra de Mexicana. Pero esa amenaza se quedará en palabras, siempre sucede así. El titular de la Secretaría d e l Tr a b a j o y P r e v i s i ó n S o c i a l ( ST P S ) , J a v i e r L o z a n o Alarcón, se quejó de que él y los cinco integrantes del gabinete que comparecieron el pasado martes1 de junio ante senadores y diputados de la Comisión Permanente, fueron tratados como “perros arrinconados” por los legisladores, a quienes calificó de “mezquinos e irresponsables” porque “anteponen sus intereses partidistas y particulares a los de la nación y no rinden cuentas ni comparecen ante la sociedad por sus acciones y omisiones”. Entrevistado en el hangar presidencial momentos antes de partir a una gira de trabajo por Chihuahua, Lozano reclamó

a los legisladores que trabajan seis meses al año, sesionan dos días entre semana y “no pasa nada”. El funcionario –ex militante del Partido Revolucionario Institucional, quien ejerció distintos cargos durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y actual aspirante a la Presidencia por el Partido Acción Nacional– expresó su enojo por las “recriminaciones tan absurdas y tan injustas que desde la comodidad de sus curules” le dirigieron los legisladores. Incluyó en su reclamo al s e n a d o r p a n i s t a R i c a r d o G a rcía Cervantes, quien cuestionó a su correligionario por la explosión del 3 de mayo pasado en la mina de Sabinas, Coahuila, que costó la vida a 1 3 t r a b a j a d o r e s . E s d e c i r, a Lozano es intolerante ante la crítica de sus ahora correligionarios. Subrayó Lozano Alarcón: “Nunca lo vi (a García Cervantes) en esos lugares mientras estaba la emergencia”.


Javier Lozano, secretario del Trabajo E l s e c r e t a r i o d e l Tr a b a j o compareció ante senadores y diputados de la Comisión Permanente, junto con los secretarios de Economía, Bruno Ferrari; de Energía, José Antonio Meade, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira, además de los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social ( I M SS ) , D a n i e l K a r a m , y d e la Comisión Federal de Elect r i c i d a d , A n t o n i o Vi v a n c o Casamadrid.

No más sumisión a los insultos Lozano consideró que es muy grave que los servidores públicos comparezcan las veces que al Congreso le da la gana, los sienten en el banquillo de los acu sados, los ame drenten y no rindan cuentas a

nadie. “Los legisladores –insistió– están acostumbrados a malt ratar a los servidores públicos en las comparecencias y a que la respuesta de los funcionarios sea nula, de sumisión o se queden con los brazos cruzados o de plano en silencio”. Reprochó: “Ellos no comparecen ante la sociedad por sus acciones y omisiones. Ellos trabajan seis meses al año, dos veces entre semana sesionan en pleno, algunas v e c e s e n c o m i s i o n e s . Ti e n e n iniciativas que pueden estar congeladas por meses o años y no pasa nada, no hay consecuencias”. Los reclamos de Lozano Alarcón empezaron desde temprano, durante una conferencia de prensa llevada a cabo al finalizar su participación en un foro sobre reforma laboral en el Instit u t o

Te c n o l ó g i c o A u t ó n o m o d e M é x i c o ( ITA M ) . E n e s e m a r co el funcionario insistió en acusar a los legisladores de posponer la reforma a la ley F e d e r a l d e l Tr a b a j o : “ E l l o no está en la agenda de prioridades”. Ahí mismo los llamó “mezquinos e irresponsables” por “anteponer intereses partidistas y particulares a los de la nación”, y dijo que la decisión de los diputados y senadores, sobre todo del PRI y del PRD, de darse un plazo de 150 días para “analizar” y realizar consultas a la población, sólo son “prácticas dilatorias al más puro estilo de N a c h o Tr e l l e s ” . Los legisladores de oposición se quedarán en calidad de oyentes ante la retahíla que les lanzó el secretario del Tr a b a j o , s i n q u e h u b i e s e n i n guna reacción de Los Pinos.

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Pregunta al PRD…

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Y los mayores de 18 años ¿qué jornada tendrán en las minas?

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a bancada del PRD en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una iniciativa que busca prohibir el trabajo de los menores en actividades riesgosas como la minería. En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el senador del PRD, Jesús Guadarrama, presentó la iniciativa de reformas al Artículo 123 de la Constitución Política, ello luego del reciente accidente en Sabinas, Coahuila, donde se evidenció que menores de edad trabajaban en dicha mina. En tribuna y a nombre de senadores del PRD, expuso la reforma que establece que ‘la jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciocho años’. Asimismo queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de dieciocho tendrán como jornada máxima la de seis horas. Guadarrama propuso que se establezca en la ley medidas para prevenir y sancionar la explotación laboral de los menores de edad. Argumentó que el Fondo de las Naciones Unid a s p a r a l a I n f a n c i a ( UNI C E F ) s o l i c i t ó c o n urgencia a la comunidad internacional luchar contra la explotación laboral infantil. Según las cifras oficiales hasta 150 millones de niños con edades comprendidas entre

Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO

los cinco y los 14 años trabajan bajo condiciones muy lamentables. ‘México es uno de los países en donde más p r o b l e m a s d e e x p l o t a c i ó n l a b o r a l i n f a n t i l y, en escala del uno al 10, se encuentra en el s é p t i m o l u g a r, d e a c u e r d o a l a s c i f r a s d e l a O r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l Tr a b a j o ’ , i n dicó Guadarrama. Reveló que estudios de la Universidad Nac i o n a l A u t ó n o m a d e M é x i c o ( UNA M ) , m u e s tran que en el país hay 3.3 millones de niños que trabajan y sólo el 25 por ciento de ellos acude a la escuela. ‘Un ejemplo sobre ello es lo ocurrido en la mina de Sabinas, Coahuila, donde el niño Jesús Fernando Lara Ruiz, de quince años sufrió quemaduras graves y la pérdida de un brazo. ‘Lara Ruiz, por supuesto, no estaba dado de a l t a e n e l S e g u r o S o c i a l ’ , e x p u s o e l s e n a d o r. La iniciativa fue turnada a comisiones del Senado de la República para su revisión.


Avala la Cámara de Diputados minuta de acciones colectivas Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO hayan dañado al consumidor por la existencia de concentraciones indebidas o prácticas monopólicas, declaradas existentes por resolución firme emitida por la Cofeco. Asimismo, precisa que la acción colectiva es procedente para la tutela de las pretensiones cuya titularidad corresponda a una colectividad de personas, así como para el ejercicio de las pretensiones individuales, cuya titularidad corresponda a los miembros de un grupo de personas. La acción, explicó el legisladore, representa una defensa real a favor de los intereses de los ciudadanos y consumidores, sin llegar al extremo de la legislación estadounidense donde el marco legal ha producido un exceso de judicialización de procesos y de negocios que sólo son rentables, lamentablemente, para abogados, encareciendo los costos de transacción del funcionamiento de una economía eficiente. La minuta aprobada es el proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios

Financieros, para terminar con la ausencia de las acciones colectivas en el marco legal mexicano. Durante la sesión refirió también sobre la fe de erratas al artículo 614 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual, dijo, debe decir: “La sentencia no recurrida tendrá efectos de cosa juzgada”. Asimismo, detalló una fe de erratas en el artículo 609 del mismo Código, debido a que éste debe incluir un segundo párrafo que a la letra dice: “En el caso de la colectividad, la apelación podrá ser promovida por el representante cuya designación haya sido autorizada por el juez; en ese supuesto, el juez hará del conocimiento de los hechos que corresponda al Ministerio Público”. En su momento, el presidente de la Comisión de Justicia, Víctor Humberto Benítez Treviño (PRI), enfatizó que las acciones colectivas pueden promoverse al inicio de un procedimiento, antes de que el juez en procedimiento civil dicte sentencia o 18 meses posteriores a que la sentencia sea dictada. “Hoy, este Congreso da un paso histórico con la aprobación de este dictamen, porque vale la pena preguntarnos qué teníamos en materia de acciones colectivas, nada compañeros, hoy con este dictamen tenemos un ordenamiento jurídico que regulará los derechos de las acciones colectivas”, destacó.

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a Cámara de Diputados aprobó el 28 de abril pasado con 398 votos a favor la minuta, la cual establece que la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos procederán en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y en el ámbito de medio ambiente. En tribuna, el presidente de la Comisión de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI), explicó que la minuta permitirá que no todos tengan la obligación de ir a un juicio cuando haya un daño ocasionado a distintos individuos, pues tan sólo con que un grupo sea el que promueva y gane un proceso en el que denunciaban un daño al medio ambiente, o al derecho del consumidor, dicha resolución automáticamente favorece a todos aquellos individuos afectados. Lo anterior, destacó, reduce los costos de representación ante el Poder Judicial para poder proteger los derechos al consumidor. El diputado destacó que se evitará que los procesos se judicialicen y existan altos costos económicos a las empresas. Por lo anterior, entre los derechos e intereses colectivos que se defenderán con respecto a los servicios financieros y en materia de competencia económica, esta última respecto de actos que

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Japón:

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¿El IMPASSE nuclear mundial? Por Rina Mussali/ MUNDO LEGISLATIVO

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a memoria colectiva del pueblo japonés pronto se vio secuestrada por los recuerdos de los bom bardeos en Hiroshima y Nagasaki ante el terremoto y consecuente tsunami que sufrió Japón el pasado 11 de marzo, el peor sismo de su historia moderna que provocó una crisis nuclear en la planta de Daichi-Fukushima, que ha puesto a temblar al club selecto de países nucleares ante la liberaci ón de grandes cantidades de materiales radioactivos. Las campanas de los acciden tes de Chernobyl y de Three Mile Island vuelven a resonar en el mundo entero. La peor crisis que enfrenta Japón desde la S egunda Guerra Mundial ha obligado al mun do entero a pasar revista de los programas de energía nuclear que se desarrollan en los cinco continentes. Inspecciones, auditorías, regulaciones, exámenes y monitoreo son las palabras clave de un lenguaje nuclear que denota miedo, desconfianza e incertidumbre y que ha convocado a un autoanálisis sobre el orden energético mundial. Un fuerte freno al desarrollo de la energía nuclear parece ser la nueva tendencia mundial que se impone si partimos del aumento previsto de la contribución nuclear en la matriz eléctrica principalmente en las economías avanzadas

Un fuerte freno al desarrollo de la energía nuclear parece ser la nueva tendencia mundial que se impone si partimos del aumento previsto de la contribución nuclear en la matriz eléctrica principalmente en las economías avanzadas y emergentes. y emergentes. Antes de la tragedia japonesa y de acuerdo a la Asociación Nuclear M undial, se esperaba que esta industria creciera al doble de las 440 plantas nucleares hoy existentes en todo el mundo, pues tan sólo China tenía planificado desarrollar 160 estaciones de energía nuclear, I ndia 58, Rusia 44 y Estados Unidos 32. Frente al desastre ocurrido en Japón ha surgido un “impasse nuclear” en EU y la Unión Europea. Por ejemplo, voces de alarma se oyen en la Unión Americana cuando sabemos que hay 10 instalaciones nucleares en peligro, como la I ndian Point en Nueva York, Limerick en Penn sylvania y sobre todo la de San Onofre en California, un estado que tiene el 99.7% de posibi -


Los dilemas de la energía nuclear Una nueva ola de cuestionamientos, cálculos y polémicas han sacudido el debate mundial sobre la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos tras la múltiple catástrofe en Japón. Los puntos a favor y en contra de la utilización de la energía nuclear nos vuelven a mostrar el aco rralamiento que padece este sector que busca desacoplarse de las energías fósiles como el carbón, petróleo y gas natural para favorece r la transición hacia el uso de fuentes renovables y limpias. L a energía nuclear no es

una fuente emisora de gases de efecto invernadero (GEI) porque no emite bióxido de carbono a la atmósfera, uno de los mayores responsables del calentamiento global, por el contrario nos aleja de la dependencia petrolera y de los vaivenes de sus precios internacionales, así como de los conflictos geopolíticos crecientes que han derivado en guerras cruentas para contro lar el oro negro. Igualmente, la energía convencional produce mayores accidentes y un nú mero superior de muertes que se dejan ver en las “minas de carbón” en comparación a las provocadas por la radioactividad, aunado a los atentados que ha sufrido el patrimonio ambiental planetario, el caso de la e xplosión de la plataforma petrolera Deepwater Hori zon en el Golfo de México. Ataques, descalificaciones y fuertes críticas cunden sobre el desarrollo de la energía nuclear. Muchos proyectos relacio nados con la energía nuclear no se consideran eficientes porque requieren cantidades estratosféricas de inversiones y del cumplimiento

de estándares rigurosos de seguridad y observancia para enfrentar una vida útil corta de las plantas nucleares. Igualmente, la energía nuclear se alimenta del uranio, un recurso limitado a diferencia del sol o viento que obligaría a la industria a recurrir al plutonio como combustible lo que im plicaría mayores desventajas en materia de seguridad. La catástrofe en Japón habla por sí misma de los efectos nocivos para la salud de las fugas radioactivas y la difícil gestión de los residuos nu cleares que tardan muchísimos años en perder su radioa ctividad. Los nudos de la energía nuclear pasan por los parámetros de la seguridad, la gestión del riesgo y los errores humanos que se transan de acuerdo a los intereses económicos del momento, las prioridades políticas y el prestigio diplomático que se quiere alcanzar con el poderío atómico y p or lo tanto disuasivo. La apuesta por una plataforma energética diversificada, alternativa y altamente fiscalizada parece ser la respuesta que deben de trazar los

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lidades de sufrir un terremoto de magnitud 6.7 o superior en los próximos 30 años, según lo que comenta a Newsweek, Ri chard Allen de la Universidad de Berkeley, o bien el congelamiento de nuevas plantas en Alemania y Suiza y la aplica ción de exámenes para asegurar la integridad de más de una centena de instalaciones atómicas en Europa. E sta tragedia de consecuencias inauditas también la debemos de inscribir bajo el contexto político y económico que vive Japón. L a crisis atómica no sólo fue detonada por la furia de la naturaleza, también cuestiona la falta de decisiones oportunas y transparentes de la empresa que opera la central nuclear de Fukushima (Tepco, por sus siglas en inglés), todo un ambiente que se desarrolla en medio de fuertes divisiones políticas, corrupción, debilidad económica y una crisis de la deuda pública que genera amplios interrogantes sobre el futuro de la reconstrucción.

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países hambrientos de energía. Una vez más, los tomadores de decisiones deben de hacer cálculos racionales para regular la composición de su base energética , ponderando con un criterio filoso y agudo los cos tos e incentivos de cada una de las ofertas que integran este “menú energético”.

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América latina ¿una apuesta por la energía nuclear? Uno de los temas que más preocupa dentro de la agenda latinoamericana es la tendencia hacia el rearme, en donde países como Venezuela, Brasil y Chile, se encuentran enfras-

cados en una escalada armamentista que ha contagiado a otros países de la región. Dentro de esta esfera, la energía nuclear surge como una opción disuasiva, pero también como un derecho inalienable que tienen todos los países para desa rrollarla y aplicarla con fines pacíficos, tal y como lo esta blece el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP). La generación de energía nuclear ha estado muy poco desarrollada en América Latina, sin embargo, ha habido una serie de factores que han detonado sus planes de expansión y aumento. La necesidad de inducir un desarrollo sustentable, aminorando la d e p e n d e n c i a d e l o s h i d r o c a rburos y de los efectos perver-

sos del cambio climático ha alentado un nuevo despertar p o r d e s a r r o l l a r, p r o d u c i r y utilizar energías alternativas, renovables o limpias, entre las cuales destaca la de tipo n u c l e a r. Hasta ahora los países latinoamericanos que cuentan con reactores nucleares en funcionamiento son Brasil, Argentina y México, siendo Ve n e z u e l a , C o l o m b i a , C u b a , Chile, Ecuador y Perú, entre otros, quienes han mostrado mayor interés para inducir p r o g r a m a s d e e n e r g í a n u c l e a r. Sebastián Piñeira que no tiene previsto instalar una central nuclear en un corto plazo, tocó el tema de la energía nuclear con Barack Obama en su reciente visita al país sudamericano. No obstante,


La cooperación nuclear ha sido u n s i g n o d i s t i n t i v o d e la política exterior de algun o s p a í s e s c o m o Ve n e z u e l a y Brasil. Hugo Chávez ha materializado diversos acuerdos nucleares con Rusia e Irán que han levantado ámpulas en Estados Unidos y que han sido objeto de muchas controversias. Por su parte, Brasil en su condición de potencia emergente y líder regional que busca un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU , h a e n t r e t e j i d o u n a s e rie de alianzas estratégicas con Rusia en la prospección de yacimientos de uranio, construcción de reactores nucleares y producción de radioisótopos, con Francia para construir el primer submarino nuclear en Latinoamérica, así como la reciente suscripción de múltiples acuerdos de col a b o r a c i ó n n u c l e a r c o n A rgentina. Desde 1990, México materializó su aspiración de contar con reactores nucleares para la generación de electricidad c o n l a c e n t r a l d e L a g u n a Ve rd e e n Ve r a c r u z . A ú n c u a n d o la planta nuclear genera alrededor del 3% de la electricidad en México, la vida útil de esta planta se busca ampliar e n e l t i e m p o . A n t e l a e m e rgencia en Japón, expertos mexicanos han convocado a un nuevo debate para repens a r l a u t i l i z a c i ó n d e l a e n e rgía nuclear en México, pero algunos de ellos han ido más allá, incluso solicitando el c i e r r e d e L a g u n a Verde.

Ataques, descalificaciones y fuertes críticas cunden sobre el desarrollo de la energía nuclear. Muchos proyectos relacionados con la energía nuclear no se consideran eficientes porque requieren cantidades estratosféricas de inversiones y del cumplimiento de estándares rigurosos de seguridad y observancia para enfrentar una vida útil corta de las plantas nucleares.

Fukushima: ¿los desplazados nucleares? E l pasado 11 de marzo se desencadenó una catástrofe humanitaria en Japón a consecuencia del terremoto, tsunami y crisis nuclear que sumergieron a la población en un caos profundo y al mundo entero en un escenario tocado por el miedo e inseguridad, que nos han obligado a cuestionarnos sobre los parámetros energéti cos basados en las plantas nucleares. Aún cuando las cifras oficiales de personas muertas y desaparecidas cambia todos los días, el reporte de 11 de abril de ONU / OCHA llega a contabilizar 25,000 personas muertas y 16,000 personas desaparecidas. Es importante subrayar que en las tres prefecturas más afectadas, Miyagi, Iwate y Fukushima, hay 146,628 evacuados viviendo en 1,245 centros de apoyo, en total más de 173,000 personas han sido los desplazados en el Norte de Japón. Mientras tanto, el Organis mo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha recomendado nuevas evacuaciones de pueblos situados en las inmediaciones de la central nuclear Fukushima debido a los altos niveles de radioactividad que

se dispersan y que pueden ge nerar efectos dañinos para la salud de la gente. Cabe señalar que dentro de los parámetros de seguridad que establece esta organización internacional se marcan los 20 kilómetros a la redonda del sitio del accidente como la zona de máximo riesgo para ser evacuada, así como un segundo cinturón que llega al kilometro 30 y que sugiere a la población no salir de sus casas. Muy alarmante también es la situación que enfrentan los niños, según la organización no gubernamental Save The Children, la tragedia en Japón ha dejado más de 100,000 niños desplazados, un fuerte motivo para lanzar una campaña de recaudación de fondos para ayudar a los niños japoneses más vulnerables y apoyar a las familias para que se recuperen lo antes posible del desastre. Habría que destacar que en los últimos años, el mundo ha atestiguado una serie de desplazamientos de personas por las amenazas del cambio climático y los fenómenos extremos ya sea por inundaciones, sequías prolongadas y desas tres naturales. Sin embargo, la carrera que se ha vivido a contrarreloj en Fukushima nos alerta de otro tipo de desplazados, los que escapan de las fugas radioactivas.

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la catástrofe atómica en Japón ha generado resonancia en América Latina y ha pausado la acelerada marcha por la energía nuclear, al grado de que algunos países han deci dido reconsiderar sus planes para desarrollarla.

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Bloque geopolítico del Pacífico

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Rodolfo Sánchez Mena/ MUNDO LEGISLATIVO

e ha constituido el bloque geopolítico del Pacífico, BGP, integrado por los países sudamericanos, Perú, Chile y Colombia; los centroamericanos, Honduras, Costa Rica, Panamá y Guatemala, así como México, por América del Norte, con propósitos de seguridad y libre comercio. El bloque geopolítico del Pacífico, obviamente, es una inspiración de seguridad nacional del Departamento de Estado y el Pentágono. El diseño geopolítico del BGP, comprende desde Alaska hasta Chile. El objetivo es cercar geopolíticamente a los países integrantes deUnasur, para impedir que sigan avanzando como un área emergente de poder mundial. Y, fundamentalmente, frenar el acceso del BRICS a los recursos estratégicos latinoamericanos. Argentina, integrante de Unasur, al ser parte de la comunidad de la Cuenca del Pacífico, rompe la estrategia del diseño geopolítico de aislar a Brasil del Pacífico, al tener Unasur su acceso asegurado.

Estados Unidos reporta alta vulnerabilidad, dependencia, de la importación de energéticos, minerales estratégicos, para la industria aeronáutica, las telecomunicaciones y fabricación de transporte moderno, así como la apertura a los productos de fabricación norteamericana y sus servicios, como un medio para recuperar el empleo y salir de la recesión. El cambio en el modelo de producción de Unasur, ha transformado el sentido del intercambio desigual de materias primas,commodities, para abordarlos desde la perspectiva civilizatoria de la ciencia y tecnología para el desarrollo humano de la región y sus socios estratégicos.


movimientos campesinos-indígenas en defensa de la cultura y los recursos ancestrales. La intervención militar de las fuerzas armadas peruanas en apoyo de decretos legislativos del presidente Alan García, que permiten la mercantilización de territorios indígenas y campesinos, para explotación de petróleo, gas y minerales, desembocó en la disolución de una protesta popular pacífica protagonizada por los indígenas amazónicos. La propuesta de una mesa de negociación con el gobierno, tuvo como respuesta la instauración del estado de emergencia y la intervención de las fuerzas armadas para el desalojo de indígenas que bloqueaban las rutas de acceso a la región de Bagua, el 5 de junio de 2009. Resultado, la muerte de 10 civiles y 24 policías. Investigaciones posteriores, un proceso abierto contra 16 oficiales y dos generales, mostraron el uso arbitrario de la fuerza contra los indígenas que sólo usaron en su defensa lanzas, piedras y palos. La participación de Perú es considerada clave en la estrategia norteamericana de seguridad nacional, como lo ilustra la intensidad de las operaciones militares norteamericanas en suelo peruano. Está en marcha el proyecto de reincorporar al jefe de inteligencia peruana de Fujimori, Montesinos, y echar a andar la nueva etapa maoísta de Sendero Luminoso. El incentivo de la permanencia militar norteamericana es la apropiación de la Amazonia peruana para explorar y explotar petróleo-gas, minerales y recursos naturales. Conforme avanzan las inversiones y las utilidades, se duplica la fuerza militar, mas de 40 mil. Realizan ejercicios militares en mar, suelo y ríos; capacitación

y entrenamiento antisubversivo e inteligencia con las fuerzas armadas y policiales del Perú, así como reconocimiento de terreno en zonas de alto conflicto social. Los desplazamientos militares en regiones estratégicas de control de la cuenca amazónica y sus principales ríos afluentes; los principales puertos peruanos Callao, Salaverry, Paita, Chimbote e Ilo, desde donde se embarca el petróleo, gas y minerales que el país exporta. Y en las regiones de alto conflicto social y de protesta, el Valle del rio Apurímac y Ene. La VI Flota de Estados Unidos usa los puertos peruanos como centro operativo en la costa del Pacífico de América del Sur, donde abastece navíos y descansan sus tropas. El gobierno neoliberal de Alan García en Perú, lejos de encontrar medidas para atenuar el choque de la crisis financiera ha profundizado la ortodoxia del libre mercado, ha ocasionado severas protestas y la demanda de un cambio de gobierno. Los candidatos pronorteamericanos para suceder a Alan García, han fracasado en la primera vuelta. Sólo queda Keiko Fujimori, para tratar de contener a Ollanta Humala, el candidato popular. De ganar éste, Perú daría un viraje a la estrategia norteamericana y se integraría aUnasur, dejando al derechista gobierno de Chile aislado y obligado a mantenerse dentro de Unasur. En la misma perspectiva se ubica México, en el último año del gobierno derechista de Calderón, que seguramente al ser relevado por el PRI, no compartirá ser parte del proyecto de agresión militar norteamericano contra los países miembros de Unasur, como se presta, el gobierno de Calderón.

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El principal obstáculo al saqueo de los recursos suramericanos, es el modo de producción de Unasur que tiene por objetivo una nueva civilización, basada en principios de igualdad, democracia y solidaridad, y en un estilo alternativo de vida, con nuevos hábitos de consumo en el planeta. El propósito concreto del proyecto norteamericano de integración del bloque geopolítico del Pacifico, es frenar y romper los ejes de articulación política de la nueva economía suramericana, con las economías más dinámicas, impulsada con el liderazgo de Brasil, Argentina y Venezuela. Así mismo se trata de expulsar a los socios estratégicos de Unasur, las economías más dinámicas capitalistas, China, Rusia, India, a que dejen de invertir y asociarse en proyectos de alimentos, energéticos y materias primas fundamentales. De manera especial, desarticular las alianzas en materia de política internacional, en temas de interés global para la seguridad mundial, como fue la iniciativa, sorpresiva, de Brasil que incorporó a Turquía en apoyo a la política nuclear de Irán. Y ahora lo están haciendo, contra la intervención militar norteamericana y de la OTAN en los países árabes para apoderarse del petróleo-gas y sus rutas de acceso al mercado europeo. La estrategia norteamericana de seguridad nacional ha logrado sumar el proyecto de guerra contra las drogas y los migrantes de Centroamérica, que comprende el Plan Colombia y el Plan Mérida, a la nueva modalidad del BGP. El proyecto civilizatorio del nuevo modo de producción de Unasur y soluciones legislativas como las de Evo en Bolivia y Correa en Ecuador, han impactado en el ánimo de los

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Cae un sátrapa

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Pablo Salazar Mendiguchía, fue gobernador de Chiapas, represor, corrupto y autoritario: PRI

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l PRI denunció, no h o y , s i n o desde hace varios años, que en el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía se vivió un retroceso importantísimo de libertades en Chiapas”. “El último documento que signamos la inmensa mayoría de diputados federales y locales del partido en nuestro estado, fue precisamente comunicar que en ese sexenio hubo un retroceso de libertades, un autoritarismo, acciones represoras, corruptas y que como priistas las denunciamos”, afirmó el diputado Roberto Armando Albores Gleason. El ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, quien llegó al gobierno de Chiapas por una alianza entre el PRD y el PAN, fue capturado alrededor de las 19:00 horas en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún por la Policía Ministerial de Chiapas, el pasado 7 de junio. Esta acción se hizo en cumplimiento de la orden de aprehensión que había girado la Procuraduría General de Justicia de Chiapas tras ser acusado de asociacion delictuosa, peculado por 104 millones de pesos y otros delitos. Por estos cargos podría alcanzar penas

Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO

de más de 20 años de prisión. El ex gobernador de Chiapas, quién está estrechamente relacionado con el ex alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez Martínez –actualmente preso en una prisión de alta seguridad en Nayarit-- es acusado en Chiapas por desvío de recursos del fondo destinado a damnificados del huracán Stan en 2005, pero éste acusó a Josefina Vázquez Mota de haber manejado los once mil millones de pesos para la reconstrucción.

El diputado Albores Gleason, denuncio que el ex gobernador “ utilizó la maquinaria gubernamental para reprimir, amedrentar y encarcelar adversarios políticos, como es el caso de representantes de los medios de comunicación, como el Cuarto Poder, como la mayoría de los dueños de los periódicos, El Diario de Chiapas, El Orbe”. Narró el caso del diario “El Cuarto Poder”, y lo calificó de una tragedia, porque por órdenes


Dejó morir a decenas de niños Así como ha habido una gran insistencia mediática sobre la tragedia del ABC, hemos enfatizado sobre esta tragedia que por más de tres meses no se hizo nada y murieron decenas de infantes en

el hospital de Comitán, señaló el diputado federal. Se llegó incluso en esa administración a avasallar a través de la policía estatal el Poder Judicial Estatal. No era afín el presidente del Tribunal, no eran afines los magistrados en ese momento, del gobernador Salazar, y se les hizo fácil tomar por sorpresa con la policía estatal, el Poder Judicial, cambiar cuando hay una división de poderes en nuestro país, y obviamente en nuestros estados. Lo mismo hemos pedido que se aclaren los recursos millonarios que se manejaron en la reconstrucción del huracán Stan, miles de millones de pesos, 11 mil millones de pesos, el gobierno del estado ejerció más del 30 por ciento. Hay una gran demanda social sobre este tema. En la sierra de Chiapas se anunciaron y registraron obras que supuestamente están hechas, puentes, caminos, y en la realidad, nunca se ejercieron. Hemos pedido el uso irrestricto de la Ley para aclarar estos recursos. Señaló que se ha denunciado siempre, que en el gobierno de Pablo Salazar hubo un uso sistemático de la maquinaria gubernamental para amedrenta, reprimir y encarcelar; hubo una falta de transparencia importantísima en el uso de los recursos públicos que hoy vemos salen a la luz. Obviamente respaldamos las acciones de la Procuraduría General de la República, respaldamos las acciones de la Procuraduría General del Estado de Chiapas, que se llegue a las últimas consecuencias, no solamente en el tema que se ha vinculado en los medios de comunicación, sobre un desfalco superior a los 100 millones de pesos, sino en los diversos temas que he mencionado. Albores Gleason , señaló que el ex gobernador Pablo Salazar, está evaluado como uno de los peores gobernadores de Chiapas, lo dice por ejemplo Mitofsky y Parametría, precisamente por este repudio de ese gobierno autorita-

rio.

Más del 30 por ciento de los recursos los ejerció el gobierno del estado, no los ejerció la federación. Pongo un ejemplo, vivienda, en Tapachula, que supuestamente se entregó, no se hizo en muchos de los casos, y eso es lo que precisamente estamos demandando. Salazar ha querido involucrar a actores de la vida nacional, ya le respondió Josefina Vázquez Mota en su gira por Chiapas, no es de nuestro partido, es panista. Nosotros, como PRI, siempre hemos demandado que se actúe conforme a la Ley, los abusos del gobierno de Pablo Salazar. Pero lo dijo Josefina, que ella fue encargada de la reconstrucción; que ella no ejerció recursos, habrá que verlo en su momento, y que Pablo Salazar tiene que responder por los recursos que ejerció el gobierno del estado. Por eso los priistas estamos exigiendo que todos los que tuvieron que ver en la reconstrucción, obviamente rindan cuentas sobre una reconstrucción de más de 11 mil millones de pesos, que ha dejado mucho qué desear, y que el gobierno de Chiapas en ese momento, el gobierno de Pablo Salazar, ejerció una importantísima cantidad de recursos de forma directa y que es responsable de dar respuesta ante este ello. Hay demandas por ejemplo, de funcionarios priistas que fueron detenidos en ese momento, que llevan más de cuatro o cinco años, que han demostrado su inocencia y que tienen demandas contra Pablo Salazar y en ese momento también contra Mariano Herrán Salvatti, que por cierto, también está detenido por desviación de recursos públicos. Lo que sí aplaudimos en este caso específico, es que se estén tomando cartas en el asunto sobre diversas acciones que este gobierno tuvo, y que Pablo Salazar tiene que responder con toda contundencia, porque los chiapanecos se lo exigimos.

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de Salazar Mendiguchía, encerraron al hijo del dueño, Conrado de la Cruz, le inventaron un delito porque el periódico no era afín, a lo que quería que se dijera en el gobierno. Murió el hijo, murió el papá. Así hubo un enrarecimiento sistemático hacia las libertades. En el caso de funcionarios de gobiernos priistas, que también fueron encarcelados injustamente, acusados por cuestiones irrisorias. Por ejemplo, a un subprocurador lo acusaron de un robo de mil millones de pesos, cuando la subprocuraduría ejercía un presupuesto menor a los 10 millones de pesos. Inventaban delitos para perseguir a adversarios políticos; persiguieron por ejemplo, al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en ese momento, Pedro Raúl López Hernández, y todos demostraron su inocencia, los funcionarios y obviamente los medios de comunicación. Hubo una ley mordaza. No sé si recuerden, fue una ley represora, donde en el estado de Chiapas se perseguía penalmente por criticar directamente algunas acciones del gobierno. Los priistas hemos dicho que eso no puede volver a suceder en Chiapas, hubo un ataque sistemático a los representantes de los medios de comunicación, expresó en conferencia de prensa Albores Gleason. Hemos denunciado también la negligencia que inició en el 2002 y en febrero de 2003, sobre decenas de infantes muertos en el hospital de Comitán, más de 30 infantes muertos que nunca se aclaró.

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El ISSSTE no puede negar pensión: SCJN

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Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO

a Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó como inconstitucional la fracción III, del artículo 75 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), publicada el 27 de diciembre de 1983 (abrogada), ya que establece un trato diferente ante una misma situación jurídica (el estado de viudez del cónyuge supérstite de una trabajadora o de un trabajador), en tanto que exige mayores requisitos para que el viudo pueda acceder a la pensión respectiva en comparación a los exigidos para la viuda, sin razones válidas que lo justifiquen. Lo anterior, precisaron los ministros, porque tales exigencias se basan simplemente en el sexo de la persona en estado de viudez, es decir, sin mayor razón que las diferencias por cuestión de género, vulnerando así lo dispuesto en los artículos 1 y 4, en relación con el 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal. De los hechos contenidos en el amparo en revisión 328/2011, se desprende que un viudo solicitó al ISSSTE, el otorgamiento de una pensión de viudez deri-

vada del matrimonio civil celebrado con la extinta trabajadora. La referida autoridad le informó que si cumplía con alguno de los requisitos establecidos en el artículo impugnado (relativo a ser mayor de 55 años, estar incapacitado para trabajar y que hubiere dependido económicamente de la esposa trabajadora o pensionada), tendría derecho a la pensión solicitada. Inconforme, el viudo promovió

y, además, su estado civil también es el mismo, sus familiares tienen acceso al disfrute de los derechos que la institución concede, en la misma forma que lo tiene un trabajador varón. En la resolución se precisa que no existe justificación para que ante una misma situación jurídica, es decir, el estado de viudez del cónyuge sobreviviente de una trabajadora o de un trabajador, se les dé un trato diferente, en tanto que se establecen mayores requisitos para que el viudo pueda acceder a dicha pensión en comparación a los que se exige a la viuda, sin razones válidas que lo justifiquen, pues tales exigencias se basan simplemente en el sexo de la persona en estado de viudez. Diferenciar entre uno y otro (viudo y viuda), sin mayor razón que las diferencias por cuestión de género es claramente violatorio de lo dispuesto en los artículos 1 y 4, en relación con el 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal. Máxime que los preceptos constitucionales en cita tutelan el derecho subjetivo del gobernado a ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias.

En la resolución se precisa que no existe justificación para que ante una misma situación jurídica, es decir, el estado de viudez del cónyuge sobreviviente de una trabajadora o de un trabajador amparo en contra del artículo 75 de la ley del instituto. El juez de Distrito competente le concedió el amparo solicitado. Por lo anterior, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión el cual fue enviado por el tribunal colegiado a este Alto Tribunal. Al declarar la inconstitucionalidad del precepto, la Primera Sala señaló que el derecho a una pensión no encuentra limitantes por razón de género, pues se refiere en general a los trabajadores. Esto es, si un trabajadora desempeño la misma labor que una persona del sexo masculino, cotizó de igual forma para tener acceso a los derechos que otorga Ley del ISSSTE



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