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REVISTA ACADEMICA

REDACTORES: Carlos Cรกrdenas Arianny Alvarez Maricarmen Pargas


- Legalidad: es de indicar que el Principio de Legalidad se encuentra señalado en el artículo 137 de nuestra Constitución que dispone que “La Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”. Por ello se tiene que el Principio de Legalidad, bien en sus actuaciones formales (procedimientos administrativos y actos administrativos) y materiales (ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en la ley y en las decisiones administrativas), debe someterse a todas las normas del ordenamiento jurídico vigente.

- Participación: Este principio procura reglar y favorecer el acceso de los particulares a la Administración Pública, y en especial, determinar las obligaciones que recaen sobre el Estado a la hora de iniciar un procedimiento administrativo o de recibir una solicitud, petición o recurso. Los artículos 22 y 23 de la LOPA, prevén la figura del interesado como presupuesto de participación en el procedimiento, tomando expresamente como base jurídica la contenida en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA).

- Eficacia: tenemos que el procedimiento administrativo “…debe alcanzar la finalidad para la cual fue iniciado (…) la finalidad del procedimiento administrativo debe prevalecer sobre aquellos formalismos intrascendentes que no determinen la invalidez de la decisión ni afecten las garantías establecidas a favor de los administrados…” (Campolieti) 12. De manera que la eficacia exige que el procedimiento sea un vehículo o medio capaz de lograr los objetivos de ese procedimiento resguardando siempre los derechos y garantías de los particulares (tanto los que participan como aquellos que pudieran verse afectados por el resultado del procedimiento).

- Imparcialidad: La imparcialidad supone que el órgano sustanciador o el que decide el procedimiento, no esté vinculado a los interesados en el procedimiento, o no esté dirigido por intereses personales o ajenos que puedan desviarlo de un recto cumplimiento de sus funciones. Así, el principio de imparcialidad produce un doble beneficio: para el administrado, constituye una garantía de que su caso fue tratado con objetividad y para la administración, quien puede resultar perjudicada cuando sus órganos deciden con arreglo a consideraciones extrañas al interés general.

- Economía: Es equiparable al principio de economía procesal que rige en el proceso civil. Se expresa fundamentalmente en la concentración de las pruebas y en la resolución ordenada y rápida de los expedientes.


• Simple: artículo 5 de la LOPA. Es un procedimiento especial establecido dentro de la LOPA (20 días). Se inicia sólo a instancia de parte.

 Retardo u Omisión: Artículo 3 LOPA Los funcionarios y demás personas que presten servicios en la administración pública, están en la obligación de tramitar los asuntos cuyo conocimiento les corresponda y son responsables por las faltas en que incurran. Los interesados podrán reclamar, ante el superior jerárquico inmediato, del retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier procedimiento, trámite o plazo, en que incurrieren los funcionarios responsables del asunto.

Ordinario: establecido a partir del artículo 48 y siguientes de la L.O.P.A.. Este procedimiento se inicia de oficio o a instancia de partes.

 Sumario: art. 67 de la LOPA, tiene una duración de 30 treinta días, se inicia de oficio, se abre cuando la admón. Lo considere conveniente y debe indicar en el auto que es un procedimiento que se sigue por el artículo 67 de la LOPA, Es decir sumario. Este procedimiento se abre cuando la admón. Lo considere conveniente, exclusivamente de oficio, pero se puede convertir en procedimiento ordinario si la complejidad del asunto así lo exige (art. 68 LOPA)

• Sancionatorios: artículo 100 y siguientes LOPA, todo el mundo se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. La carga de la prueba la tiene la administración pública, ella debe demostrar que el administrado cometió una irregularidad. La administración pública abre procedimientos sancionatorios siguiendo procedimientos sumarios. Amerita sustanciación instrucción del procedimiento.

 Inhibición: (art. 39 LOPA): figura que sustituye a la recusación, mediante la cual el funcionario de superior jerarquía ordena al funcionario inhibirse, a través de la prohibición expresa de actuar en el procedimiento y designando al funcionario que habrá de actuar. Sin embargo, tal orden no implica una inactividad absoluta, pues le ordena prestar colaboración en lo que sea menester (art. 40 LOPA).


Potestad de la Autotutela La autotutela administrativa cuenta con diversas potestades que otorga la ley orgánica que le permite organizar y corregir dichas actuaciones administrativas, de las cuales se desprenden los principios de convalidación, revocación, anulación y corrección.

Principio de Revocación. Según Allan Brewer Carias es la potestad más importante que tiene la autotutela ya que extingue los actos administrativos en la vía administrativa. En el Art. 82 de la LOPA, establece como norma que los actos administrativos pueden ser revocados en cualquier momento; en todo o en parte, sea por la misma autoridad administrativa que dictó el acto, sea por el superior jerárquico siempre que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y derecho para un particular; es decir la revocación se establece de carácter general con respecto a los actos administrativos que no originen derechos o intereses legítimos, por lo que la posibilidad de revocar, en este sentido tiene sus limitaciones especialmente aquellos que originan derechos o intereses personales y directos a favor de un particular.

Principio de Convalidación Este principio puede realizarse en cualquier momento siempre que no s haya generado una litis en el contencioso administrativo que procure la revisión de dicho acto, de modo que es aplicable en los actos administrativos que no sean nulos de nulidad absoluta entre ellos los que señala el artículo 19 de la LOPA al indicar lo siguiente: 1. Cuando esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal; 2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido, con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo autorizados de manera expresa por la ley; 3. Cuando su contenido imposible o ilegal ejecución; y

sea

de

4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifestantes incompetente o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido.


Principio de Corrección La autotutela cuenta con la potestad de corregir sus actos cuando estos contengan errores materiales, ya que la LOPA en su artículo 84 determina que “La administración podrá en cualquier tiempo corregir errores, materiales o de cálculo en que hubiere incurrido en la configuración de los actos administrativos”. Esto no quiere decir que se procederá a convalidar vicios de nulidad relativa, por el contrario, se busca corregir errores materiales o de cálculo que pueden realizarse en cualquier momento y que forman parte de esta potestad de revisión de los actos administrativos.

Principio de Nulidad La potestad de anulación implica la declaración de invalidez de un acto y la extinción de sus efectos jurídicos. La potestad de anulación la puede ejercer la Administración de oficio a instancia de los particulares, mediante la acción de nulidad; en uno u otro caso esta potestad es ejercitable en cualquier tiempo cuando el acto haya sido afectado de nulidad absoluta, tal como lo establece el artículo 83 de la LOPA. Esta potestad es ilimitada en el tiempo, y le ha sido otorgada a la administración en virtud de que solo puede ser utilizada cuando se esta en presenca de un vicio de nulidad absoluta (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia: 14705; 14/08/91). Si el acto está afectado por un vicio de anulabilidad, solo podrá ser anulado.


Son poderes jurídicos reconocidos expresamente por el Ordenamiento Jurídico, que atribuyen a las Administraciones Públicas, titulares de los mismos, una habilitación para desarrollar actuaciones ejecutivas específicas que produzcan efectos actuales o potenciales sobre los particulares y sus ámbitos de interés, en una esfera concreta y que tienen por objeto la satisfacción de los intereses generales. En esta práctica profesional examinamos el régimen general de las potestades administrativas.

POTESTAD REVOCATORIA

Es el poder de la Administración de retirar, de extinguir, los efectos de los actos administrativos que sean contrarios al interés que ella tutela. La revocación en general es uno de los problemas más polémicos del campo del derecho. A través de ella se plantea la posibilidad de que un sujeto extinga un acto precedentemente dictado en su propia esfera, por considerar que tal acto no atiende a los intereses que tutela o que ya no existe correspondencia entre 58 dichos intereses y el acto mismo. En el planteamiento que hemos efectuado, hemos sugerido dos posibilidades: posibilidad primera; el acto no satisfizo nunca los intereses a los cuales estaba destinado. Hay una falta de mérito originaria del Acto

Revisión de Administrativos:

los

actos

Esta potestad se verifica en la capacidad de la administración para REVOCAR, de oficio y en cualquier momento los actos administrativos.


La potestad de anulación Aparece perfectamente delineada en base a sus elementos diferenciales con la potestad revocatoria, en razón de lo cual su exposición no requerirá de conceptuaciones teóricas extensas. En efecto, sus notas características son: En primer lugar, incide sobre el acto. En segundo lugar, se califica como un procedimiento de reexamen porque implica el análisis de los elementos del acto o del procedimiento de formación del mismo, a los fines de determinar los vicios que hubieran podido afectarlo. En tercer lugar, su efecto ha de ser hacia el pasado ex tune, por cuanto detecta un vicio que hace imposible la existencia del acto. En cuarto lugar, el "vicio”, como tal, es vicio de ilegitimidad, aun cuando algunos conciben el vicio de "mérito” como una irregularidad originaria del acto

POTESTAD DE CORREGIR SUS PROPIOS ACTOS Cualquier acto administrativo puede contener errores que exijan actuaciones de la Administración dirigidas a corregirlos; estos errores pueden ser de varios tipos: materiales, rehecho o de derecho; pero en cualquier caso todo error constituye un funcionamiento incorrecto de la Administración que exige una corrección que varía en función de la clase de error de que se trate, pero que podemos dividir en dos grandes grupos: la rectificación y la revisión. Por lo común, tanto la doctrina como la jurisprudencia han definido, tanto la potestad de revisión como la de rectificación, como verdaderas excepciones al principio general de que la Administración no puede ir contra sus propios actos que habilitarían a ésta a corregir los vicios de procedimiento en la formación del acto (revisión por motivos de legalidad); a modificar la voluntad del órgano de la Administración (revisión por razones de oportunidad), o a modificar la exteriorización de la voluntad, en cuyo caso estaremos ante una rectificación.

A rectificación de errores consiste en un mecanismo de corrección que se ejerce sobre actos válidos, eficaces y existentes, que se fundamenta en la necesidad de adecuación entre la voluntad de la Administración y su manifestación externa, o lo que es igual, en la necesidad de traducir al exterior el verdadero contenido de la única y originaria declaración.

Artículos 105.2 LRJ y 267 LOPA. El artículo 61 de la Ley N° 19.880(art. 28,16,22) LOPA.

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REVISTA DIGITAL ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

UNIVERSIDAD YACAMBU-VENEZUELA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICA REDACTORES: Carlos Cárdenas, Arianny Alvarez, Maricarmen Pargas.

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