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Boletín Anual 2008 Área Protección Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado-MOVICE Introducción: En el siguiente documento se describe y analiza la evolución del MOVICE dentro de la coyuntura política del 2008 y las estrategias de persecución que se han usado en su contra. Además, se hacen algunas propuestas para garantizar la protección de las víctimas y los defensores/as de derechos humanos en los procesos de exigibilidad de verdad, justicia y reparación integral. Resumen: El año 2008 ha sido un año de fortalecimiento del MOVICE con su cuarto Encuentro Nacional, la marcha del 6 de marzo y la formación de siete nuevos capítulos regionales. El posicionamiento político en el ámbito nacional e internacional ha significado un incremento en la persecución de integrantes y organizaciones que forman parte del MOVICE. Las diferentes estrategias utilizadas -procesos judiciales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, entre otras– para silenciar los procesos de exigibilidad de derechos de las víctimas, tienen el denominador común de existir en un marco general de criminalización de la protesta social. Los grandes medios de comunicación y el gobierno manejan de forma continua un lenguaje guerrerista que posiciona la labor de defensores/as de derechos humanos, las víctimas y la oposición política en el campo del “terrorismo”. Este discurso provoca la aceptación y legitimidad dentro de la sociedad de la persecución de los defensores/as y víctimas y a su vez perpetua la impunidad. Los llamados falsos positivos son otra estrategia que ha sido reiteradamente denunciada en 2008. La necesidad de mostrar resultados en la guerra y el estímulo de las recompensas para los soldados, han contribuido al incremento aberrante de ejecuciones extrajudiciales de campesinos, jóvenes y defensores de derechos humanos. Los falsos positivos sin embargo, no se reducen sólo a las ejecuciones extrajudiciales, sino que también se materializan entre otros en montajes judiciales y campesinos que son forzados a integrarse en los programas de desmovilización como si fueran guerrilleros. El MOVICE exige delante de estos casos, el cese inmediato de la criminalización y estigmatización de defensores/as de derechos humanos, comunidades y víctimas, investigación y apertura de procesos judiciales por parte de entes nacionales e internacionales a los funcionarios públicos que cometen violaciones

a

los

derechos

humanos,

la

inmediata

liberación

de

las

personas

detenidas

arbitrariamente y la depuración de elementos de la Fuerza Pública en los espacios de la Fiscalía, el INPEC y los organismos de control. La impunidad en los casos de crímenes de Estado no permite un avance concreto en la realización de los derechos de las víctimas a la Verdad, Justicia y Reparación Integral. A la vez, se pide a las instituciones públicas, organismos de Naciones Unidas y cuerpo diplomático, pronunciamientos públicos delante de las arbitrariedades que se cometen en los procesos de exigibilidad de las víctimas.

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MOVICE

El 6, 7 y 8 de marzo de 2008 se celebró el Cuarto Encuentro, el máximo órgano de toma de decisiones dentro del MOVICE. El encuentro fue inaugurado con una marcha en contra de los Crímenes de Estado y el paramilitarismo que contó con marchas y plantones en más de cien ciudades en todo el mundo y alrededor de 500.000 personas que caminaron en Bogotá. En el encuentro se perfilaron las ocho estrategias para seguir el trabajo en los siguientes años. Las estrategias son: 1. Estrategia de lucha contra la desaparición forzada: La exhumación de las fosas comunes y el derecho a enterrar El 9 de septiembre de 2008 se realizó en la ciudad de Medellín una audiencia pública sobre la desaparición forzada. En los últimos 40 años se han presentado más de 30.000 desapariciones forzadas, donde en la mayoría de los casos la responsabilidad por acción cae sobre agentes del Estado y/o estructuras paramilitares. Por parte del MOVICE se ha empezado con un trabajo formativo, con intercambios de experiencia entre comunidades y personas a nivel nacional e internacional. Se han hecho varios foros sobre el tema de exhumación y se han acompañado los familiares de las víctimas en la búsqueda de los restos de sus seres queridos. 2. Estrategia para la reparación: El catastro alternativo Según cifras de la Procuraduría1, del 1997 al 2006 el despojo de tierras en Colombia llegó a casi 7 millones de hectáreas. Muchas de las personas que fueron desplazados de estas tierras no tenían títulos, vendieron su tierra bajo presión y/o el entorno ha cambiado de una forma drástica que hace difícil reconocer el territorio. El catastro alternativo apunta a hacer un mapeo del despojo de tierra en Colombia durante el conflicto armado para dar herramientas a las víctimas en su lucha de recuperación de tierras.

1

“Proyecto Control Preventivo y Seguimiento a las Políticas Públicas en materia de Reinserción y Desmovilización” Procuraduría General de la Nación 2006

2


En 2008 se ha empezado con la sistematización del despojo en la región de San Onofre (Sucre) y San Carlos (Antioquia) para poder presentar un catastro alternativo mostrando el carácter sistemático de la usurpación de tierras en el país. A la vez, se elaboró una ruta exploratoria para comunidades que permite dar herramientas para hacer un mapeo del despojo en la región. En 2009 serán presentados los resultados de esa experiencia piloto en el foro nacional sobre territorios y tierras. 3. Estrategia de lucha contra el genocidio político: Verdad, justicia y reparación para las víctimas Los gobiernos de las últimas décadas han perseguido de forma sistemática a la oposición política. Los/las integrantes expresiones Patriótica,

de

diferentes

políticas la

y

Asociación

organizaciones

sociales

como

Nacional

de

la

y

Unión

Usuarios

Campesinos (ANUC), las organizaciones sindicales, el pueblo Kankuamo, A Luchar y el movimiento estudiantil han vivido una persecución sistemática. En el año 2008 se ha empezado con la sistematización de la experiencia de genocidio y persecución política de A Luchar, a la vez se han realizado galerías de memoria y se han presentado casos de genocidio político en las diferentes audiencias públicas. Para el 2009 se planea hacer un seminario llamado “Democracia y genocidio político” y seguir preparando un caso internacional sobre el genocidio político y social en Colombia. 4. Estrategia para el acompañamiento solidario con las víctimas: La Comisión Ética La

Comisión

Ética

está

constituida

por

24

personalidades

internacionales que hacen un acompañamiento moral a las víctimas de crímenes de Estado. La Comisión Ética realizó dos visitas a Colombia en 2008, visitando procesos organizativos y víctimas en varios departamentos del país, entre estos Chocó, Putumayo, Sucre y Antioquia. La Comisión Ética ha hecho ocho pronunciamientos, entre otros frente a la extradición de los paramilitares, sobre las garantías de las víctimas, sobre la depuración del cuerpo diplomático y con respecto a la minga social e indígena. Las casas de la memoria en Europa se han consolidado y se está promoviendo una en Estados Unidos. 5. Estrategia para la verdad y la memoria histórica En los diferentes capítulos del MOVICE se han realizado de forma periódica (en general de forma mensual) galerías de la memoria en espacios reconocidos y públicos. Las galerías de

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la memoria son exposiciones itinerantes con fotografías, poesías e historias de víctimas de crímenes de Estado. Una conmemoración nacional se hizo el mes de diciembre sobre la Masacre de las Bananeras del 1928. El 4 de diciembre fue inaugurada la Casa de la Memoria Hermano Mayor Monseñor Gerardo Valencia Cano en Buenaventura, un espacio abierto de forma permanentemente que ofrece una propuesta concreta frente al olvido y la impunidad. Durante todo 2008 se han desarrollado en los diferentes capítulos del MOVICE plantones frente a instalaciones del ejército, de la fiscalía y otras instituciones públicas por parte de familiares y amigos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Sesenta familiares de 50 víctimas de falsos positivos de la IV División del Ejército al mando del General Guillermo Quiñónez en el departamento del Meta y San José del Guaviare, exigieron el 13 de noviembre verdad y justicia con carteles y fotografías de sus seres queridos frente de las instalaciones de La Fiscalía General de la Nación de Bogotá. Luego fueron hasta la embajada de Estados Unidos para entregar una carta donde pedían que el gobierno estadounidense deje de dar ayuda económica y militar a la IV división del ejército, como ya lo han hecho con tres unidades militares, y que se investigue y destituya al General Quiñónez.

El 6 de marzo, en el marco del Encuentro Nacional de víctimas de crímenes de Estado, se presentó la publicación del informe “Crímenes de lesa humanidad en la zona 5ª” del Proyecto Colombia Nunca Más. Que recopila los crímenes de lesa humanidad cometidos de 1965 a 1998 en los departamentos de Santander, Norte de Santander, y las regiones de Sur de Bolívar y Sur del Cesar. Desde el Proyecto Colombia Nunca más se publicó la página web www.colombianuncamas.org donde se encuentra una base de datos con 26 mil casos de crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2006 hasta 1998, para ser consultada y alimentada desde diferentes partes de Colombia o del mundo.

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6. Estrategia de organización: El fortalecimiento del MOVICE El trabajo organizativo realizado por parte del MOVICE ha consistido en la realización de decenas de talleres sobre los temas de protección, derechos de las víctimas, cuidado psicosocial, memoria y derechos humanos. A la vez, al Comité de Impulso del MOVICE se han sumado nuevas organizaciones y se han conformado nuevos capítulos regionales, llegando a principios de 2009 a un total de 250 organizaciones y 17 capítulos. Actualmente encontramos capítulos del MOVICE en Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, Sucre, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Magdalena Medio, Nariño, Meta, Bogotá-Cundinamarca, Chocó, Caquetá, Sur Bolívar, Eje Cafetero, Santa Marta y Cartagena. También hay 4 capítulos internacionales: Argentina, Francia, Bélgica y España. 7. Estrategia jurídica que persiga a los máximos autores de los crímenes y la responsabilidad de los agentes estatales En 2008 el MOVICE con el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado ha organizado 5 audiencias públicas. Dichas

audiencias

se

realizaron

en

Barrancabermeja

(Santander), Montería (Córdoba), París (Francia), Ocaña (Norte de Santander) y Medellín (Antioquia) con la asistencia de miles de

víctimas,

organizaciones

y

organismos

internacionales,

autoridades civiles y militares y diferentes representantes de la Cámara y el Senado de la República. Las diferentes audiencias se enfocaron en diferentes temáticas como es la represión a los trabajadores, estudiantes

y profesores universitarios; la desaparición

forzada; el exilio y las ejecuciones extrajudiciales. Se han podido recoger alrededor de mil quinientos testimonios en las diferentes audiencias y a raíz de las declaraciones de las víctimas varias personas han sido detenidas por sus vínculos con la estrategia paramilitar. 8. Estrategia para la no repetición: La prohibición legal del paramilitarismo El MOVICE durante el 2008 realizó acciones públicas de exigencia en las audiencias de versión libre de la Ley de Justicia y Paz de los paramilitares. Dentro de la estrategia jurídica se ha hecho seguimiento a las versiones libres de los jefes paramilitares con el objetivo de hacer seguimiento a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz y contrarrestar las versiones de de los jefes con las versiones de las víctimas del MOVICE y mostrar el carácter de crímenes de Lesa Humanidad. También se ha apoyado la campaña de respaldo a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de continuar con las investigaciones a los congresistas implicados en las investigaciones por parapolítica.

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Contexto Político Infracción del DIH y de convenios internacionales y el

aislamiento de la

comunidad internacional En marzo de 2008 las Fuerzas Armadas Colombianas incursionaron y bombardearon territorio Ecuatoriano en un operativo contra las FARC-EP en una clara violación a la soberanía nacional y al derecho internacional. Ecuador rompió en ese momento las relaciones políticas con Colombia y la OEA intervino para buscar una salida a la crisis. “En la

resolución que emite la OEA sobre la crisis diplomática no se condena a Colombia como pretendía originalmente el Gobierno de Ecuador, pero si se reconoce que Colombia violó la soberanía ecuatoriana y se reafirma el principio de que el territorio de un estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro estado, directa o indirectamente, cualquier fuera el motivo, aún de manera temporal”.2 Posteriormente, el uso del emblema de la Cruz Roja en la liberación militar de 14 secuestrados en julio de 2008 y la falta de una respuesta contundente por parte de la Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha hecho perder la credibilidad de esta organización internacional frente a las organizaciones insurgentes en asuntos de acuerdos humanitarios y otras gestiones humanitarias. En junio de 2008 después de que el sistema de Naciones Unidas advirtió sobre un incremento de 27% en cultivos ilícitos en Colombia, el gobierno colombiano terminó el convenio con la ONU para medir cultivos ilícitos en su territorio. Frente a dos informes críticos que salieron en octubre de 2008 sobre la situación de derechos humanos en el país por Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), el Presidente Uribe respondió acusando a AI de "ceguera", "fanatismo" y "dogmatismo" y al director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, de ser "defensor" y "cómplice" de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Extradición de jefes paramilitares El 13 de mayo fueron extraditados 14 líderes paramilitares a los Estados Unidos para ser juzgados en diferentes cortes por delitos relacionados con el narcotráfico. La Casa Blanca expresó el 14 de mayo su esperanza de que la extradición beneficie la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EEUU. Organismos y organizaciones nacionales e internacionales denunciaron frente a la extradición que los derechos de las víctimas corrían riesgo, ya que no se aseguraban los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral 2

“Informe de Coyuntura, Colombia marzo y abril 2008” Observatorio Social de América Latina, mayo 2008

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de los que fueron víctimas de la estrategia paramilitar. El 14 de mayo en un comunicado público el MOVICE denunció que “la extradición por razones de narcotráfico desconoce la

prioridad que tiene la investigación y juzgamiento de los responsables de la comisión de crímenes contra la humanidad. Esta decisión quiere ocultar que el paramilitarismo ha constituido un instrumento que ha favorecido la sistemática y masiva violación de los derechos humanos, estrategia en la que el estado tiene una decisiva e inocultable responsabilidad.”

Frente a la extradición del paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, el MOVICE envió una carta abierta a José Luis Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional quien ha venido realizando un detallado seguimiento a la forma en que se aplica la ley de “Justicia y Paz” en el país y de todas aquellas situaciones que son de su competencia. En esta carta el MOVICE consideraba que la extradición del jefe paramilitar es una abierta violación de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de miles de personas en Colombia, que acentúa la impunidad de crímenes contra la humanidad contemplados en el Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional. Igualmente la carta informaba sobre la existencia de fuertes indicios de que el jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez siguió ejecutando crímenes de lesa humanidad después de haberse desmovilizado y que algunos de ellos los habría cometido en el período en que ha sido vigente el Estatuto de Roma para Colombia. Parapolítica El gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha visto como alrededor de 150 representantes públicos de la coalición de gobierno (entre congresistas, senadores, diputados y alcaldes) han sido investigados por nexos con grupos paramilitares desde el 2006. En las declaraciones libres de varios de los altos mandos paramilitares cientos de militares, políticos y otros funcionarios públicos fueron involucrados con dichas estructuras. Un caso emblemático se presentó el 22 de abril de 2008 cuando la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura contra el Senador Mario Uribe por estar vinculado a la “parapolítica”. En el momento en que el primo hermano del Presidente de la República se enteró de dicha orden se fugó hacia las instalaciones de la embajada de Costa Rica pidiendo el estatus de asilo político al país.

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Momentos después, víctimas directas del paramilitarismo, el MOVICE y organizaciones de acompañamiento hicieron un plantón frente a la embajada exigiendo la entrega del senador. Por declaraciones del paramilitar Salvatore Mancuso y Jairo Castillo Peralta se pudo establecer que Mario Uribe se aprovechó personalmente de la influencia paramilitar para la adquisición de 5.000 hectáreas de tierra. La embajada Costa Rícense emitió el mismo día un comunicado público en el que establece improcedente la solicitud de asilo y que dicha institución no debe ser desvirtuada, con lo que entregó al Senador.

Desplazamiento Forzado Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos – SISDHES, durante el primer semestre de 2008, por causas relacionadas con el conflicto armado interno, 270.675 personas se vieron obligadas a abandonar sus lugares de origen, lo que representa un incremento del 41% con relación al mismo periodo de 2007 (191.313 personas). Desde 1985 a la fecha no se había reportado un incremento de tal magnitud en el número de personas desplazadas en el país.3 Según Acción Social, en 2008 fueron desplazadas en total 325.126 personas. Ejecuciones Extrajudiciales El 2 de noviembre de 2008, el Ministerio Público tenía 1.019 investigaciones en curso en todo el país de casos de “falsos positivos”. Por presión de organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional se han podido destapar algunos casos emblemáticos, que constituyen solo una parte pequeña del total de los casos denunciados en los últimos años. En Sucre se dió la separación del servicio activo de 13 militares de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre por las muertes de siete jóvenes en Sahagún

(Córdoba),

registradas

como

bajas en combate

cuando figuraban

como

desaparecidos. El nombre de esta unidad y sus operaciones ya figuraban dentro de hechos similares, como el de los 11 jóvenes desaparecidos hace un año en Toluviejo y que murieron en supuestos combates.4 Según el informe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos entre el 1ero de enero de 2007 y el 1ero de julio de 2008 se presentaron 535 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública por responsabilidad directa.

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“Boletín Informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento número 74” CODHES Septiembre de 2008 4 “Boletín” MOVICE Noviembre 2008

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Estado de Conmoción Interior El mes de octubre fue un mes de protesta popular, paros y huelgas. El paro del sector judicial a través de su principal sindicato Asonal Judicial duró cerca de dos meses entre septiembre y octubre y el paro de los corteros de caña en una decena de ingenios en el Valle del Cauca que también duró cerca dos meses. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y organizaciones indígenas regionales y locales empezaron desde el 12 de octubre la Minga Nacional Indígena y Popular. La respuesta del gobierno fue promulgar el Estado de Conmoción Interior, la militarización en los territorios indígenas y la criminalización de la protesta social. Ley de Víctimas El proyecto de Ley presentado en el congreso bajo el nombre Ley de Víctimas fue aprobado el 12 de noviembre por la Cámara de Representantes. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia declaró que el proyecto de Ley era discriminatorio y según Amnistía Internacional el Gobierno "adulteró" el proyecto original de lo previsto en un principio que era reparar a las víctimas de más de 40 años de violencia en Colombia y añadió "el proyecto de ley sí ofrecía alguna esperanza de

reparación de numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos del conflicto colombiano (...) el nuevo proyecto, de ser aprobado, establecerá una jerarquía discriminatoria entre las víctimas".5 Por su lado “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) opina que el proyecto de ley de reparación a las víctimas -que cursa en el congreso- podría resultar discriminatorio para los damnificados por delitos perpetrados por agentes del Estad.”.6 El MOVICE hizo una declaración pública sobre el proyecto de ley del senado el 16 de septiembre de

2008 en la que decía: “Cualquier iniciativa que surja desde la

institucionalidad, debe empezar por reconocer la responsabilidad del Estado colombiano en la creación, conformación, auspicio y consolidación de los grupos paramilitares, como una estrategia de control territorial, económico, político y de persecución y exterminio del movimiento social. Este reconocimiento, en consecuencia, debe ser el fundamento de una política pública coherente de protección a los derechos de las víctimas, que incluya la garantía efectiva del derecho a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación integral.” Fallo de la Corte Constitucional sobre Protección a Víctimas – T 496/08 El programa de protección a víctimas y testigos diseñado por el gobierno Colombiano dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz fue declarado insuficiente por la Corte 5 6

“Amnistía Internacional pide no aprobar Ley de Victimas” El Espectador, 26-10-2008 “CIDH rechaza Ley de Victimas, comunicado de prensa 54/08” Comisión Interamericana de Derechos Humanos 26/11/2008

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Constitucional en mayo de 2008, lo que obligó al Estado Colombiano a revisar dicho programa. La sentencia de la Corte Constitucional dice: “En conclusión, confrontados los

principios básicos y los elementos mínimos de racionalidad que, conforme a la jurisprudencia y a la práctica internacional, deben orientar y contener un Programa como el concebido para la Protección para Víctima y Testigos de grave criminalidad, la Corte verificó que el diseñado por el Decreto 3570 de 2007, no obstante constituir un primer paso en el camino hacia la implementación de una estrategia integral de protección a las víctimas de los delitos atroces, resulta inadecuado e insuficiente, por cuanto no responde a cabalidad a las directrices que deben guiar un programa de protección que debe estar inscrito en una política global de genuino esclarecimiento de la verdad, y satisfacción de las garantías de justicia y reparación para las víctimas. (…) Las entidades demandadas realizarán las acciones necesarias orientadas a efectuar una revisión integral del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz, a fin de adecuarlo a los principios y elementos mínimos de racionalidad (Supra 8) que conforme a la jurisprudencia y la práctica internacional deben orientar y contener una estrategia integral de protección satisfactoria de las víctimas y testigos de los procesos en los que se investiga grave criminalidad o criminalidad de sistema, como aquella de la cual se ocupan los procesos de esclarecimiento judicial de Justicia y Paz.”7 Crítico balance de las Naciones Unidas respecto la situación de derechos humanos en Colombia

“En Ginebra, Suiza, tuvo lugar el 10 de diciembre la revisión de la situación de derechos humanos de Colombia en el marco del Examen Periódico Universal, nuevo mecanismo del Consejo de Derechos Humanos. (…) Entre las problemáticas que de manera reiterada suscitaron preocupación de los Estados se destacan las numerosas denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas en gran escala por la fuerza pública, las desapariciones forzadas, y el reclutamiento forzado de niños y niñas y su uso para tareas de inteligencia militar. También se expresó preocupación por la práctica de la tortura. Asimismo, varios Estados recomendaron al Estado colombiano que ratifique la Convención contra las desapariciones forzadas y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura. Los diferentes gobiernos fueron muy críticos por las recurrentes amenazas y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, e instaron al Gobierno a respetar la independencia del poder judicial y garantizar la integridad de los funcionarios judiciales. Recomendaron en particular al Gobierno abstenerse de estigmatizar públicamente a los defensores y defensoras de derechos humanos e 7

“T-496/08” Corte Constitucional 16/05/2008

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insistieron en la necesidad de hacer declaraciones públicas al más alto nivel reconociendo la legitimidad de su labor y de garantizar su protección. Muchos países manifestaron su preocupación por el incremento del desplazamiento forzado, la deficiente atención a esta población y la falta de medidas para garantizar la restitución de las tierras y el retorno. Varios Estados se mostraron preocupados por la situación de violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado, y el impacto del reclutamiento de niños y niñas y del desplazamiento en sus vidas, haciendo especial énfasis en la violencia sexual y la trata de mujeres y niñas, requiriendo medidas urgentes y concretas para su atención de conformidad con la reciente decisión de la Corte Constitucional. Llamaron la atención sobre la persistencia de grupos paramilitares con distintos "disfraces" y la necesidad de apoyar al poder judicial en sus investigaciones sobre los nexos entre estos grupos y agentes del Estado, al tiempo que pidieron la aplicación de los estándares internacionales para garantizar los derechos de las victimas a la verdad, la justicia, y la reparación, en particular mediante la adopción de una Ley de Víctimas que permita un acceso a la reparación en términos de igualdad para todas las víctimas del conflicto armado, incluso las víctimas de agentes del Estado. En varias intervenciones, se resaltaron la necesidad de garantizar derechos económicos, sociales y culturales, haciendo referencia en particular a la salud, la educación y a situaciones críticas de pobreza y desigualdad, especialmente de los pueblos indígenas, afrodescendientes y población desplazada, mientras otros insistieron en la urgencia de llegar a acuerdos con las guerrillas para poner fin al conflicto armado interno. Varios países se ofrecieron para facilitar la búsqueda de la paz. En todos los niveles de violación de los derechos humanos mencionados, los Estados expresaron preocupación por los altos niveles de impunidad. Pidieron expresamente no aplicar amnistías a responsables de crímenes de lesa humanidad. Para mejorar la situación de derechos humanos, superar la crisis humanitaria y avanzar hacia una salida política y negociada al conflicto armado interno, reiteramos la importancia que se implementen todas las recomendaciones anteriormente emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, los órganos de tratados y los procedimientos especiales de Naciones Unidas”.8

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”Naciones Unidas: Critico balance de la situación de derechos humanos en Colombia” OIDHACO 11/12/2008

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Estrategias de Persecución A raíz de las labores de denuncia y en defensa de los derechos de las víctimas (Verdad, Justicia y Reparación Integral) el MOVICE y sus integrantes han sido objeto de una estrategia de revictimización por parte del gobierno y sus funcionarios así como de las estructuras paramilitares vigentes. Muchas de las agresiones son presentadas por la Fuerza Pública, el gobierno y la prensa nacional como falsos positivos. Para entender bien la dinámica entre las diferentes estrategias de victimización, estos falsos positivos constituyen el eje fundamental ya que buscan justificar las agresiones hacía los sobrevivientes, familiares y acompañantes de víctimas con el discurso de que “forman parte de las estructuras terroristas o subversivas”. La acción sistemática de señalamiento, estigmatización y criminalización de organizaciones e individuos en esta lógica es el primer paso hacia la ejecución de estos falsos positivos. Estigmatización Individuos, comunidades y organizaciones que integran el MOVICE han sido objetivo de múltiples estigmatizaciones por parte del gobierno, integrantes de la Fuerza Pública y medios de comunicación. En los días anteriores al 6 de marzo, donde hubo 24 marchas nacionales y 70 internacionales en "Homenaje a las víctimas, los desplazados, los asesinados, los desaparecidos. Memoria y dignidad" y el IV Encuentro del MOVICE, el gobierno Colombiano a través del asesor presidencial José Obdulio Gaviria señaló a los organizadores de la marcha como cercanos a la guerrilla de las FARC-EP. El 10 de febrero del 2008 en Radio Caracol, José Obdulio Gaviria criticó las protestas y dijo que los organizadores eran miembros de las FARC. Al otro día José Obdulio Gaviria continuó sus ataques por radio, diciendo que un organizador de la protesta, Iván Cepeda del MOVICE era un simpatizante de la guerrilla.9 En respuesta, el 4 de marzo 12 parlamentarios europeos respaldaron la marcha del 6 de marzo y pidieron “una rectificación clara al Presidente Álvaro Uribe Vélez sobre las

declaraciones de su vocero contra las víctimas que expone abiertamente sus vidas, y esperamos del gobierno colombiano que asuma el mismo compromiso y garantías, incluso de su servicio diplomático, como hiciera para la movilización del 4 de febrero”.10 En los días alrededor de la marcha de 6 de marzo fueron asesinados cinco sindicalistas, se presentaron 9

“Carta a Alvaro Uribe Vélez” Human Rights First, 20/02/2008 “Homenaje a todas las víctimas del Conflicto Armado, por la Vida, la Paz y la Democracia en Colombia” 04/03/2008

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robos de computadoras de organizaciones pertenecientes y cercanas al MOVICE, atentados contra organizadores de la marcha en Risaralda y Santander y decenas de amenazas a organizaciones y personas pertenecientes al MOVICE por parte de paramilitares en todo el territorio nacional. Iván Cepeda denunció el 2 de mayo de 2008 el poder de los paramilitares en el departamento de Córdoba a través de su columna en el periódico El Espectador, mencionando la cercanía de la finca “El Ubérrimo” del presidente Uribe con las de varios comandantes paramilitares. El 3 de mayo de 2008, un pronunciamiento público de la Presidencia de la República colombiana se divulgó en varios medios de comunicación: "La

Presidencia de la República rechaza las informaciones calumniosas del columnista IVAN CEPEDA publicadas hoy, quien posa de víctima de violación de derechos humanos y en la práctica es un hostigador a que se violen los derechos humanos". El 6 de mayo de 2008, el Presidente de la República habría acusado el Sr. Iván Cepeda, durante el desarrollo de un consejo comunal, de ser un "farsante de los derechos humanos" que "salen cobardemente [a decir] que el Gobierno los está poniendo en peligro (...) que

van a ir a hablar con unos senadores para que no aprueben el TLC, para que le manden una carta de regaño al Presidente Uribe desde la comunidad internacional". Durante el mismo consejo comunal, el Presidente Uribe solicitó "a aquellos que tanto los secundan en la comunidad internacional, a que antes de compadecerse por las lágrimas de cocodrilo de estos farsantes de los derechos humanos, vengan a ver qué es lo que está pasando en Colombia."11 En respuesta, el 4 de marzo 12 parlamentarios europeos respaldaron la marcha del 6 de marzo y pidieron “una rectificación clara al Presidente Álvaro Uribe Vélez sobre las

declaraciones de su vocero contra las víctimas que expone abiertamente sus vidas, y esperamos del gobierno colombiano que asuma el mismo compromiso y garantías, incluso de su servicio diplomático, como hiciera para la movilización del 4 de febrero”.12 Durante la Minga Indígena y Popular que se realizó entre octubre y noviembre de de 2008 el Ministerio de Agricultura Andrés Felipe Arias y el General de la Policía Oscar Naranjo dijeron que había infiltración de las FARC-EP en las movilizaciones. La policía antidisturbios ESMAD y el ejército usaron en medio de estas declaraciones armas no convencionales como machetes, explosivos caseros y piedras igual que armas de guerra contra los manifestantes, con el resultado de cuatro muertos y más de cien heridos. En este caso, hubo una 11

“Actos de Hostigamiento e intimidación contra el Dr. Iván Cepeda Castro y temor por su seguridad personal” FIDH, 15/05/2008 12 “Homenaje a todas las víctimas del Conflicto Armado, por la Vida, la Paz y la Democracia en Colombia” 04/03/2008

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declaración de 32 parlamentarios europeos que condenaba “la permanente utilización del

pretexto de la lucha contra el terrorismo para reprimir el movimiento social en Colombia”.13

Este tipo de declaraciones incumplen tanto la Directiva Presidencial 7 del 2001 como la Directiva Presidencial 2 de 1999. Ambas directivas obligan a los oficiales públicos para,

“Abstenerse de cuestionar la legitimidad de las organizaciones no gubernamentales… y sus miembros; [para no] realizar afirmaciones que descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento de dichas organizaciones; [para no] emitir declaraciones públicas o privadas que estigmaticen la labor propia de estas organizaciones; … [y para] abstenerse de hacer falsas imputaciones o acusaciones que comprometan la seguridad, así como la honra y el buen nombre de las organizaciones no gubernamentales.”

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Judicializaciones y detenciones arbitrarias En 2008 una de las estrategias de victimización más importante ha seguido siendo los procesos judiciales en contra de defensores de derechos humanos, comunidades indígenas, movimientos sociales y organizaciones políticas. Esta estrategia ha contado con el respaldo de los medios de comunicación. En muchos de los procesos judiciales se han llegado a detenciones masivas y se han involucrado a decenas de personas, hasta el extremo de judicializar las directivas de organizaciones enteras. Aquí reseñamos algunos casos emblemáticos: El 15 de noviembre Carmelo Agámez, integrante del MOVICE en Sucre encarcelado por orden de la Fiscalía. Carmelo goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2006 junto a 17 líderes sociales del departamento de Sucre pertenecientes MOVICE después de que se conociera una lista de exterminio que al parecer fue elaborada por políticos comprometidos con la estrategia paramilitar en la región. Durante casi dos meses fue detenido en el patio 2 de la cárcel de Sincelejo, en la que se encuentran muchos de los paramilitares de San Onofre que él y las víctimas de Crímenes de

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“Declaración parlamentaria sobre la represión de los movimientos indígenas y sindicales en Colombia” Parlamento europeo 22/10/2008 14 “Carta a Álvaro Uribe Vélez” Human Rights First 20/02/2008

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Estado se han atrevido a denunciar.15 Lo cual puso en riesgo su vida, actualmente se encuentra privado de su libertad en otra cárcel de la región. El 04 de noviembre un operativo compuesto por la Fiscalía, DAS, CTI y Policía Nacional capturaron a 16 dirigentes sociales y defensores de derechos humanos. Entre ellos Martín Sandoval Rosso, defensor de Derechos Humanos y Presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y Guillermo Díaz, Presidente del Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios SINTRAOVA. Martín Sandoval Rosso y los compañeros del Sindicato SINTRAOVA, participaron activamente denunciando la represión sufrida en su contra y por las demás organizaciones y sectores sociales en la pasada Audiencia Pública por la verdad realizada por el MOVICE y la Comisión de Audiencias y Derechos Humanos del Senado, en Arauquita el pasado 31 de julio.16 El 14 de enero de 2009, fue detenido arbitrariamente Harry Yesid Caicedo Perlaza, directivo del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos seccional Nariño. Harry se encuentra detenido injustamente en la ciudad de Buenaventura (Valle del Cauca) a expensas de la Fiscalía Segunda Especializada Delegada Gaula de Buenaventura, acusado por el delito de rebelión y concierto para delinquir.17 Entre el 13 y 14 de noviembre la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos tuvo conocimiento de 6 capturas realizadas por la dirección de policía Judicial DIJIN, y emitidas por la Fiscalía 12 Especializada de la Unidad de Antiterrorismo y de un total de 70 órdenes de captura para estudiantes, profesores de universidades y colegios, y para lideres comunitarios y políticos de la ciudad de Bogotá. (…) Este proceso coincide con recientes amenazas que han circulado en diferentes universidades, suscritas por las Águilas Negras, donde acusan a los miembros del movimiento estudiantil de ser subversivos, declaran varias universidades como objetivo militar y dan un listado de estudiantes y trabajadores universitarios a los que amenazan directamente de muerte. A la vez, en el marco del mismo proceso se ha descubierto la intercepción de los correos electrónicos de aproximadamente 150 personas y organizaciones, entre ellos varios integrantes del MOVICE como Fensuagro, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Fundación Manuel Cepeda y Yira Castro; como también el reconocido periódico Le Monde Diplomatique, la FIDH, Justice for Colombia y una persona de las Naciones Unidas en Bogotá.18

15

“De Ver 469 Comunicado de MOVICE” Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 21/11/2008

16

Acción Urgente “El secuestro estatal de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos continua en el departamento de Arauca” Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra 04/11/2008 17 Denuncia CPDH Nariño 16/01/2009 18

Comunicado de prensa “Detenciones Masivas” Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos 14/11/2008

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Ejecuciones Extrajudiciales y Asesinatos Selectivos En 2008 han sido asesinados 42 sindicalistas en su gran mayoría por grupos paramilitares y con la responsabilidad de las Fuerzas Armadas por omisión y en algunos casos por acción. 19 Varios de los sindicalistas asesinados pertenecían a organizaciones que forman parte o tenían una colaboración estrecha con el MOVICE. El domingo 9 de marzo fue asesinado en San Vicente de Caguán (Caquetá), Carlos Burbano, integrante de la Subdirectiva de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC), promotor y organizador de la jornada de movilización del 6 de marzo. El cuerpo del sindicalista fue encontrado 48 horas más tarde en el basurero del municipio con visibles huellas de tortura y al menos 11 puñaladas.20 Varios integrantes del MOVICE y defensores de derechos humanos han sido víctimas de asesinatos selectivos por parte del ejército y/o paramilitares en donde en la mayoría de los casos los responsables no están siendo investigados. Además gran parte de las ejecuciones extrajudiciales se han presentado como falsos positivos lo que ha generado temor por familiares a reclamar el cuerpo de su ser querido o de impulsar procesos de verdad, justicia y reparación integral. El 19 de marzo fue asesinado extrajudicialmente Luis Horacio Ladino Guarumo, campesino de 42 años de la vereda Caño Tigre, municipio de Remedios (nordeste de Antioquia), arriero de profesión y parte del equipo de campo de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana). Fue asesinado por tropas del Ejército Nacional en Campo Bijao, vereda de Remedios. El coronel Ramírez, comandante del Batallón Calibio del ejército colombiano, “explicó” esta acción de muerte diciendo que a las nueve de la mañana de hoy -marzo 19 de 2008- la tropa presente en esta zona y al mando del subteniente Manrique, lo sorprendió cuando instalaba una mina “quiebrapatas”, entonces, dice el coronel Ramírez, la tropa responde dándole muerte en el sitio.21 El 14 de octubre dos paramilitares asesinaron al líder comunitario del Curvaradó, Walberto Hoyos Rivas quien se encontraba en la Zona Humanitaria de Caño Manso participando de una reunión con la comunidad. (…) Dos paramilitares tomaron su teléfono celular y el de la comunidad con los que se activan las alertas tempranas. Segundos después, tomaron a Walberto, lo insultaron diciéndole «hijo de puta» (…) le dispararon en repetidas ocasiones. Los paramilitares se retiraron del lugar y cinco minutos después regresaron. Tomaron el 19

“Colombia: Balance a 22 de diciembre de 2008, cuarenta y dos sindicalistas asesinados” Agencia de Información Laboral ENS diciembre 2008 20 “Caquetá: Fuerzas vivas condenan asesinatos de dirigentes políticos y sociales” Pacocol 25/03/2008 21 “Militares asesinan a líder campesino del nordeste antioqueño” Cahucopana 19/03/2008

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cuerpo sin vida de Walberto lo colocaron boca arriba y le dispararon en el rostro y el cuello nuevamente.(…) Gracias al trabajo de investigación y de defensa de los derechos realizado por Walberto se ha logrado desenmascarar la estrategia paramilitar de usurpación de territorios colectivos en el Bajo Atrato con fines agroindustriales para la siembra de palma, la deforestación intensiva y la extensión ganadera, lo que se oculta detrás de Asociaciones Campesinas como Asoprobeba y el desarrollo de la estrategia económica paramilitar en la región. Detrás del crimen de Walberto se encuentran las mismas estructuras armadas de tipo paramilitar, consentidas por instancias militares y policiales, que protegen y son beneficiarias en empresas palmeras, ganaderas y madereras.(…) Walberto contaba con medidas de protección del Ministerio del Interior y de Justicia, entre ellos un escolta del DAS y un automóvil. En el momento de su atentado dichas medidas no se encontraban en funcionamiento debido a imperfectos mecánicos del automotor.22

Desaparición Forzada La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que en la mayoría de los casos está acompañado por prácticas de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Hasta la fecha de hoy la convención contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas de 2006 solo cuenta con 7 ratificaciones y faltan 13 para que entre en vigor. El día 22 de abril en la ciudad de Bogotá fue desaparecido al parecer por miembros de la Policía Nacional Guillermo Rivera Fuquene, Presidente

del

Sindicato

de

Servidores

Públicos

de

Bogotá

-SINSERPUB- y militante del Partido Comunista. La desaparición ocurrió en las horas de la mañana cerca de su residencia, ubicada en el sur de Bogotá. El cuerpo fue encontrado el día 15 de julio en la ciudad de Ibagué. Las informaciones preliminares indican que el dirigente sindical fue asesinado y sepultado como NN el día 28 de abril, seis días después de su desaparición.23 Joel Pérez Cárdenas fue desaparecido el 8 de diciembre cuando se movilizaba en motor de San Vicente de Caguán en dirección a Puerto Rico. Su cuerpo fue encontrado el 10 de diciembre totalmente incinerado, decapitado y con un orificio en el cráneo. Según testigos de la zona, el cuerpo sin vida fue visto en la mañana del martes aún humeante a orillas de la vía principal, lo que indica que su asesinato fue cometido, posiblemente, en la madrugada del martes. “Cabe anotar que según testimonios de los moradores de ese sector, el Grupo Meteoro del ejército nacional había llegado a ese sector el lunes 8 de 22

Informe 93, Curvaradó “Asesinado Walberto Hoyos, paramilitares asesinaron líder de Curvaradó” Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 14/10/08 23 “Encontraron muerto en Ibagué a Guillermo Rivera” El Espectador 17/07/2008

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diciembre. Cuando se fue a realizar la inspección con los agentes de la SIJIN, aún se encontraban en la zona. Los moradores aseguran que informaron al ejército de la existencia del cadáver pero que estos no hicieron diligencia alguna para su levantamiento.24 Amenazas e intimidaciones A las organizaciones de defensores de derechos humanos, de estudiantes, de víctimas y las pertenecientes al MOVICE les han llegado durante todo el año amenazas e intimidaciones por todo el territorio nacional. Las amenazas llegaron en correos electrónicos, correos físicos, llamadas, visitas y otros, la mayoría de estas por parte de “nuevos” grupos paramilitares, como son las Águilas Negras, las Autodefensas Gaitanistas, Autodefensas Campesinas Nueva Generación, Frente Capital del Bloque Centauros o Autodefensas Unidas de Colombia.

En varios casos, la misma fuerza pública ha amenazado a integrantes de

procesos organizativos, como es el caso durante la Minga Indígena y Popular cuando miembros del ESMAD amenazaron a mujeres a violarlas.25 El 2 de abril en Sincelejo (Sucre) Ingrid Vergara, líder en el Capítulo Sucre del MOVICE y responsable de coordinar las marchas del 6 de marzo en ese departamento fue hostigada a través de la intimidación a su hija de 12 años de edad en su colegio por tres hombres y una mujer quienes se desplazaban en una camioneta blanca sin identificación. El conductor de la camioneta quien le expresó a la niña: “te vamos a matar por lo que tu madre está haciendo”. Posteriormente, en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación en Sincelejo, se recibió la denuncia sobre este hecho y registró los antecedentes sobre su situación de riesgo. No es la primera vez que esa camioneta blanca sin identificación merodea en cercanías del lugar de residencia de la defensora de derechos humanos, y de la institución educativa donde estudiaba su hija. El 11 de marzo vecinos del barrio declararon haber visto

una camioneta blanca desde la cual, varios hombres,

indagaban por “la mujer que trabaja en derechos humanos”. 26 Esta denuncia ya fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA con sede en Washington por parte de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Fundación “Manuel Cepeda Vargas”. El 30 de abril Iván Cepeda Castro sufrió amenazas de muerte en su correo electrónico al igual que en el foro de lectores en línea del periódico El Espectador de parte del grupo paramilitar autodenominado como "Autodefensas Campesinas Nueva Generación".27 24

“Asesinado en Caquetá defensor de derechos humanos.” MOVICE 16/12/2008 “En la Minga por la Vida las mujeres caminamos juntos” Consejo Regional Indígena del Cauca 22/10/2008 26 “Nuevos actos de serio hostigamiento contra la Sra. Ingrid Vergara” Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos 10/04/2008 27 “Actos de hostigamiento e intimidación. Temor por seguridad personal” Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos 15/05/ 2008 25

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El 20 de julio en Pasto (Nariño) fue difundida una amenaza mediante un panfleto emitido por el “Grupo de Liberación y Justiciero de Nuestra Sociedad, Auto Defensas Unidas de Colombia”. Entre las entidades defensoras de derechos humanos son mencionadas en las amenazas: Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Nariño (Movicenar), Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz), Humanidad Vigente, Sindicato del Magisterio de Nariño, (Simana), Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).28 El 11 de Agosto en Barranquilla (Atlántico) mediante un escrito firmado por un grupo armado ilegal autodenominado “Bloque Central Caribe de las Águilas Negras” se amenazó de muerte a Wualberto Torres, Presidente de la Asociación Sindical de Profesores (ASPU) seccional Atlántico; Moisés Saade,

Tesorero de la

Junta Seccional de ASPU, seccional

Atlántico; Gustavo López, Presidente de la Asociación de Jubilados del Atlántico (ASOJUA); José Rodríguez Perozos, Presidente del Sindicato de trabajadores universitarios de Colombia, (Sintraunicol) Seccional Atlántico; José R. Jiménez, Vicepresidente nacional de Sintraunicol; Walter Cabarcas, directivo sindical de la Asociación Nacional de trabajadores hospitalarios Colombianos (Anthoc) Seccional Atlántico; Henry Molina, representante estudiantil al Concejo Superior de la Universidad del Atlántico; José Tovar, secretario de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) seccional Atlántico; José Humberto Torres, abogado y defensor de derechos humanos, en Barranquilla y (7) dirigentes sindicales y sociales más del departamento del Atlántico.29 Desde el 14 de noviembre la Secretaria Técnica Nacional ha sido víctima de diferentes seguimientos e intimidaciones. El 12 de diciembre la Secretaria Técnica salió de su residencia en su automóvil y dos sujetos en una motocicleta de alto cilindraje la siguieron en un transcurso de diez cuadras hasta que se bajaron de la moto. Uno de los sujeto rompió el vidrio derecho del carro mientras el otro apuntó a Carolina Torres con un revólver y preguntó por su maleta. El sujeto que rompió el vidrio buscó su maleta y cuando la obtuvo, se subieron a la moto y se fueron.30 Desplazamiento Forzado El desplazamiento forzado no sólo es una estrategia para despojar tierras ricas o estratégicas de su población, también busca romper el tejido social y colectivo y los procesos organizativos en las regiones. Cientos de personas, integrantes del MOVICE han tenido que dejar su casa y comunidad para llegar a los grandes centros urbanos y en algunos casos han tenido que salir del país por cuestiones de seguridad. 28 29

30

“Paramilitares amenazan a defensores de derechos humanos en Nariño”Andas 23/07/2008 “Continua el Ataque de “Águilas Negras” en el país” Senador Alexander López Amaya 28/08/2008 “Persecución y Hostigamientos a la Secretaría Técnica Nacional del MOVICE” MOVICE 17/12/2008

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El 14 de febrero en el Caserío de Santo Domingo, Municipio de Vistahermosa (Meta), tuvieron que ser sacados de la región por una misión de emergencia once campesinos y líderes de las comunidades del bajo Ariari, que se encontraban desde hace dos semanas sitiados por paramilitares comandados por alias “Cuchillo” y alias “El Tino”. La misión fue hostigada por hombres a bordo de un campero rojo. Las personas en riesgo eran María Del Carmen

Zuluaga

Muñoz

(Coordinadora

del

Comité

de

Víctimas

de

Ejecuciones

Extrajudiciales de la localidad) y su núcleo familiar; Álvaro Ortiz Medina (esposo); Jhon Alexander Cubides Zuluaga (hijo); Jaime Ortega (Coordinador de Derechos Humanos Santo Domingo Municipio de Vista Hermosa); Duvalier Ortega (Secretario Comité de Derechos Humanos de Santo Domingo); Luís Antonio Alfonso Núñez (Fiscal de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari y tesorero del Comité de Santo Domingo); Gustavo Lancheros (Fiscal suplente del Comité de Derechos Humanos de Santo Domingo); Luis Orlando Rojas Vargas; Flor Marina Sánchez Martínez; Yury Tatiana Rojas Sánchez (menor de 2 años de edad); Andrea Natalia Sánchez Martínez (menor de 17 meses de vida).31 Robos y destrucción de bienes Buscando el acceso a información confidencial, datos personales de testigos de procesos en contra de paramilitares y funcionarios públicos y/o para intimidar, en 2008 organizaciones e individuos han sido víctimas de visitas a sus casas por parte de paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, que han resultado en el robo o la destrucción de bienes personales. El 17 de abril en la ciudad de Bogotá las puertas de acceso a las oficinas de Fensuagro habían sido objeto de forzamiento y violación de las guardas de seguridad por personas desconocidas, que no lograron ingresar a pesar de los destrozos de madera y cerradura. 32 Igualmente, el 18 de agosto en Bucaramanga (Santander) a eso de las 2:30 de la tarde, sujetos desconocidos intentaron ingresar por la fuerza en la sede del Partido Comunista localizada en pleno centro de la ciudad, en un tercer piso, usando lazos y ganchos en una tentativa por acceder hacia la terraza desde el primer piso.33

31 32 33

Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari “Intentan forzar la puerta de las oficinas de Fensuagro” Fensuagro 17/04/2008 “Exigimos garantías” Partido Comunista Colombiano Regional Santander 20/08/2008

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Conclusiones y Recomendaciones En el año 2008 el MOVICE ha podido consolidarse como un espacio que puede ofrecer alternativas viables en los procesos de exigibilidad de los derechos de las víctimas de crímenes de Estado. A la vez, el MOVICE se ha posicionado como uno de los principales actores sociales y políticos que con voz propia han venido confrontando las políticas del actual gobierno y reclamando cambios estructurales en el Estado colombiano. Cambios que permitan obtener Verdad, Justicia y Reparación y hacer viable un Estado Democrático como principal forma de reparación al conjunto del pueblo colombiano. El posicionamiento del MOVICE al escenario nacional ha traído como consecuencia un incremento de agresiones sistemáticas a las organizaciones y víctimas que lo integran por parte de funcionarios públicos y militares y estructuras paramilitares. El trabajo en defensa de los derechos de las víctimas a la vez se ha desarrollado en un contexto de militarización de los espacios civiles y de la criminalización y estigmatización de la oposición política a nivel nacional en el marco de la política

denominada “Seguridad

Democrática”. Frente a una política estatal carente de una protección integral a víctimas y testigos, el MOVICE propone medidas específicas de implementación para garantizar la labor de sus integrantes que describimos a continuación. Complementariamente a estas medidas, se necesita el pronunciamiento público tanto de instituciones públicas como de los organismos del sistema de Naciones Unidas y cuerpo diplomático delante de las arbitrariedades que se están cometiendo por parte de estancias del gobierno y fuerza pública en los procesos de exigibilidad que el MOVICE desarrolla en sus estrategias. 1.

Cese de estigmatización y criminalización de la oposición política

La directiva presidencial 007 obliga a funcionarios públicos y la Fuerza Pública a no estigmatizar a defensores de derechos humanos. Sin embargo, durante los dos gobiernos de Uribe se ha visto una política sistemática de desacreditación y estigmatización como parte de un aparente formato para responder ante cualquier crítica proveniente de la prensa, las Altas Cortes, los defensores/as de derechos humanos, la oposición política, los movimientos sociales e indígenas e incluso, del Fiscal General de la Nación. Esta práctica gubernamental no ha encontrado freno alguno por parte de algún ente de control y por el contrario, ha incrementado la popularidad del actual gobierno que parece encontrar créditos políticos en el señalamiento y la estigmatización. A la vez, deslegitima los reclamos realizados por sectores de la sociedad civil e incrementa la polarización que actualmente se vive en Colombia. Esta práctica, pone en grave peligro la vida e integridad

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personal de los y las integrantes del MOVICE, debido a que legitima las agresiones de la fuerza publica y las estructuras paramilitares. 2.

Falsos positivos34

En 2008 la Fuerza Pública y otras instituciones estatales continuaron de forma sistemática a la práctica de montajes y falsos positivos como forma de mostrar ante la opinión pública supuestos éxitos contra la insurgencia, cobrar sus recompensas y obtener créditos políticos. La política de Seguridad Democrática a través de diferentes programas de recompensa ha promovido e instigado dentro de la Fuerza Pública y en la denominada Red de Informantes el incremento de falsos positivos. El asesinato intencionado de civiles por parte de integrantes de la Fuerza Pública constituye un crimen de Lesa Humanidad, en el cual la responsabilidad intelectual corresponde al actual gobierno. Por lo tanto, los integrantes de la Fuerza Pública y del gobierno comprometidos con este crimen deben ser investigados y juzgados por las autoridades nacionales en primera instancia o de lo contrario, por los entes internacionales, como son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional quienes impartan justicia en nombre de la humanidad. 3.

Montajes Judiciales y detenciones arbitrarias

La Directiva Presidencial Nº 11, de junio 1997, relativa a "Información pública sobre temas relacionados con los derechos humanos", reafirma el apoyo a las ONG de derechos humanos, instruía a los representantes del Estado a reconocer la legitimidad del trabajo de las organizaciones, y ordenaba a los funcionarios públicos que se abstuvieran "de incurrir

en la formulación de falsas imputaciones o en conductas que menoscaban el derecho de defensa, al debido proceso y a la honra del sindicado". En 2008 varios integrantes del MOVICE han sido víctimas de montajes judiciales y detenciones arbitrarias y en algunos casos por parte de fiscales que hacen parte activa de las reserva militar y en consecuencia imparten justicia de manera parcializada. El MOVICE ha venido exigiendo la depuración de elementos de la Fuerza Pública en los espacios de la Fiscalía, el INPEC y los organismos de control. Cabe señalar que la estrategia de persecución judicial ha tenido un incremento considerable en los casos de líderes sociales, víctimas que exigen sus derechos y defensores/as de derechos humanos. Esta estrategia va encaminada a deslegitimar el accionar de

estos

sectores y pretende ser mostrada ante la comunidad internacional como prueba de la influencia de la insurgencia en los movimientos sociales colombianos y de esta manera, disminuir los apoyos que sectores sociales de otros países e incluso gobiernos han tenido en

34

Los falsos positivos son ejecuciones extrajudiciales, montajes judiciales y desmovilizaciones forzadas.

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favor de la democracia y el papel de defensores y víctimas que se han levantado a reclamar sus derechos. El Estado colombiano debería implementar una política que brinde las garantías a la oposición, los movimientos sociales y defensores/as de derechos humanos, esta política debe ser integral y debe proscribirse en la práctica reiterada del gobierno en cuanto al ejercicio de presión o influencia en el poder judicial de manera que se garantice su independencia y se evite utilizarlo como herramienta de persecución política. Debe modificarse el sistema de inteligencia nacional, el cual debe ser acorde a un país verdaderamente democrático y deberá tener supervisión de una comisión conformada por organismos de control y delegados de la sociedad civil. 4.

Garantías al acompañamiento a víctimas y familiares

La protección de la vida e integridad física de los miembros del MOVICE está orientada a la protección a la labor que realizan los beneficiarios en el país en el acompañamiento a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y a los familiares y sobrevivientes de los graves hechos que han ocurrido. En la labor de acompañamiento a las víctimas y sus familiares, los miembros del MOVICE requieren que se respete y garantice los derechos de asociación, libertad de expresión y de movilidad, tanto a ellos como a las personas que acompañan. Para esto, es necesario el combate a estructuras paramilitares que se mantienen en la región, así como la depuración de la fuerza pública y la decodificación de archivos de inteligencia que existan sobre cualquiera de los beneficiarios de las presentes medidas, informando de su existencia y contenidos a los beneficiarios y sus peticionarios de las presentes medidas. El Gobierno colombiano deberá como parte del resarcimiento a estas organizaciones, realizar un pronunciamiento en el cual se retracte de los señalamientos que ha realizado en su contra y reconocer el carácter de legalidad y legitimidad de su labor y en consecuencia, hacer un llamado concreto al respeto y respaldo de las acciones de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas. El Estado y principalmente los órganos de control, deberán emprender una campaña de visibilización de la importancia de la labor de los defensores/as y las víctimas. 5.

Garantías en los procesos de justicia ordinaria

Se requiere la constitución de un grupo especial de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos vinculados al Estado. Este grupo debe ser coordinado desde la unidad

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nacional de los derechos humanos de la Fiscalía de la Nación, debe unificar todas las investigaciones y proporcionar información de manera periódica a los beneficiarios y peticionarios de medidas de protección, sobre el estado de las mismas, tendientes al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de responsabilidades penales. Además de los peticionarios, la información sobre el estado de las investigaciones debe ser puesta en conocimiento a los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría Nacional del Pueblo, para que cada una de ellas haga seguimiento y determina las acciones que les competa seguir. Se debe garantizar la participación del MOVICE en el seguimiento del estado de las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos (conocimiento del estado de las investigaciones y veeduría). En este sentido, se requiere el diseño de un mecanismo de participación dentro de las investigaciones preliminares y el conocimiento de las investigaciones archivadas. Esto con el fin de generar las condiciones iniciales de esclarecimiento como derecho de las víctimas y sus familiares. La propuesta de seguimiento a las investigaciones se hará de manera concertada con los beneficiarios y peticionarios, a partir del primer informar que proporcione la Fiscalía General de la Nación sobre el estado actual de las investigaciones. Dentro del procedimiento de esclarecimiento de responsabilidades se requiere el inicio de investigaciones penales. Estas investigaciones deben iniciarse de oficio por la Unidad Nacional de los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y las acciones disciplinarias respectivas por parte de la Procuraduría General de la Nación. Se exige condena para los responsables materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos. Las investigaciones deben mostrar resultados reales en la identificación de responsabilidades materiales e intelectuales, con condena dentro de lo presupuesto en la justicia ordinaria. Así mismo, se espera que sea de conocimiento público las sanciones y condenas como el reconocimiento de responsabilidad por acción y/o omisión del estado colombiano. Como garantía de no repetición se requiere el combate y la desestructuración de los grupos paramilitares que siguen operando, los cuales deben ser procesados en la ley de justicia ordinaria y no tener ningún tipo de privilegios dentro de la Ley 975. Las investigaciones deben establecer la responsabilidad de los financiadores y auspiciadores de este tipo de estructuras. Además, el gobierno debe cesar todo pronunciamiento en contra de la aplicación de justicia y evitar la instrumentalización del aparato de justicia.

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Apoya las campañas para la libertad de Martín Sandoval y Carmelo Agámez:

Federación Internacional de los Derechos Humanos: Carta abierta a las autoridades colombianas: Continúa la detención arbitraria de Martín Sandoval. Link:

http://www.fidh.org/spip.php?article6364

Link:http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=52&Itemid=82 Más información sobre judicializaciones a defensores y defensoras de derechos humanos: * Asociación Campesina del Valle Cimitarra: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?rubrique=7&debut_articles=10

*“Los Defensores de Derechos Humanos en Colombia Acusados Sin Fundamento: Presos y Señalados” Informe de Human Rights First:

http://www.humanrightsfirst.org/defenders/reports/index.aspx#report

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Boletín 2008 MOVICE