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12 de 0ctubre de 2010 EL PAÍS › RELEVAMIENTO DE LA UBA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS RECUPERADAS

Nacidas de la crisis, lograron afianzarse El estudio realizado por la Facultad de Filosofía y Letras muestra que mientras en 2003 había 128 empresas recuperadas en Capital y Gran Buenos Aires, ahora se elevan a 205 y emplean a casi diez mil trabajadores. Estado y sindicatos son los nuevos apoyos.

Por Laura Vales

Lejos de apagarse, la experiencia de las empresas recuperadas se ha asentado y muestra un flujo constante de nuevos casos. Así lo señala el Tercer Relevamiento del sector realizado por el Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; el informe revela que las recuperadas siguen creciendo en número y ampliando sus planteles de trabajadores. Una de las conclusiones de la investigación es que la formación de cooperativas o empresas autogestionarias como forma de preservar el trabajo ha sido incorporada por los trabajadores como una herramienta cierta de acción frente a conflictos que antes consideraban sin salida.

El relevamiento fue presentado el sábado en el centro cultural de la imprenta recuperada Chilavert. El director del programa, Andrés Ruggeri, con el apoyo de un Power Point mostró los datos principales de lo que es, a fin de cuentas, el mapa más completo que se tenga sobre el tema, un mapa armado en base a visitas a cada cooperativa por parte de los investigadores, 85 estudiantes universitarios que hicieron el rastrillaje. La universidad ya había hecho otros dos relevamientos generales, en el 2003 y 2004, y luego –en el 2007– un estudio de la situación en la ciudad de Buenos Aires. Esto le permite hacer comparaciones en el tiempo y detectar cambios y tendencias.

Una de las novedades de esta época es que aparecen otros actores entre quienes son señalados por los trabajadores como sus apoyos. En primer lugar, en los procesos de recuperación el respaldo más fuerte sigue siendo el de las otras empresas recuperadas, pero ahora aparece el Estado (en años anteriores no era así) y aumentó la importancia otorgada a los sindicatos, mientras que se desdibujaron los movimientos sociales. Quizá lo más llamativo sea el giro que dieron los gremios, que allá por el 2001, en el pico de este fenómeno, eran hostiles a la toma de empresas y su reapertura por parte de los trabajadores, con la única excepción de la UOM.


Entre el público reunido en el primer piso de Chilavert, sin embargo, hubo otro tema que se llevó todo el interés: la situación de los trabajadores y, en especial, el modo en que realizan nuevas incorporaciones a sus cooperativas. De acuerdo con el relevamiento, hoy en las recuperadas trabajan 9362 personas (en el 2004 eran bastante menos, 6900). Este crecimiento se debió no sólo a que hay nuevas empresas autogestionadas, sino a que las antiguas tomaron trabajadores. El conflicto está en que un elevado número de las incorporaciones se hace bajo contrato.

Como cooperativas de trabajo (ésta es la forma legal que adoptaron todas las recuperadas para poder impulsar la expropiación de las máquinas y edificios), las empresas autogestionadas sólo pueden tomar gente en calidad de aspirantes a socios, con un período de prueba de seis meses, vencido el cual deben definir si los integran. En la investigación, surgió que un 46 por ciento de las recuperadas tienen en su plantel de trabajadores a personas que no son socias. De ellas, un 45 por ciento aparece como contratados como aspirantes y otro 21 por ciento figura en la encuesta como contratado, sin más detalle, es decir que no se sabe en qué condición.

El dato sirvió para abrir la discusión sobre las dificultades de las recuperadas en este punto, una cuestión sensible porque hace a su identidad. Si en épocas de crecimiento piensan en ampliar el número de trabajadores, cuando sus ventas decaen o su mercado se achica no pueden aplicar la clásica receta de los privados y despedir gente. Les queda el recurso de que cada socio se lleve menos dinero a su casa a fin de mes, pero esto pone en crisis a la cooperativa. En algunos casos, hay cooperativas que decidieron colectivamente hacer suspensiones rotativas. Como sea, hay un panorama que vuelve muy complejo para las recuperadas tomar la decisión de agregar puestos de empleo.

Para algunos de los trabajadores presentes en el debate, la solución sería permitir a las cooperativas de trabajo tomar personal en relación de dependencia. Otros plantearon que el período de prueba podría extenderse a dos años, porque asociar a un nuevo integrante a una cooperativa es una decisión de demasiado peso. La mayoría expresó que las leyes que se aplican al sector no son adecuadas; fueron hechas para cooperativas de trabajo, pero las recuperadas no nacieron como cooperativas, sino que tuvieron que adoptar a la fuerza esa figura legal. El trabajo autogestionado, coincidieron, es otra cosa.El desafío de incorporar trabajadores todavía no encuentra un modo de ser resuelto, y se muestra como el gran tema de los próximos años.

El rol del Estado aparece como complejo y contradictorio. “Al no tener una política coherente, el Estado atiende a las recuperadas con acciones sueltas”, señaló Ruggeri. El grueso del apoyo es a través de subsidios: el 85 por ciento de las recuperadas declaró haberlos recibido, la mayoría a través del Ministerio de Trabajo, que creó el Programa Trabajo Autogestionado, y luego a través del Inaes y del Ministerio de Desarrollo Social. El relevamiento detectó, sin embargo, que no hay una política unificada ni siquiera en la otorgación de los subsidios, que en general se entregan luego de que los propios trabajadores presionan y buscan “en los recovecos de la administración la posibilidad” de conseguirlos. Mientras tanto, el grueso de las expropiaciones sigue sin ser pagadas por el Estado, lo que da lugar a juicios de expropiación inversa, y no se ha impulsado la sanción de una legislación específica para el sector, lo que deja a las autogestionadas sin acceso al crédito –ya


que no tienen la propiedad de sus inmuebles– e incluso fuera de los créditos de la banca estatal, y sin poder acceder a los planes de promoción para las pymes.

Sobre este panorama de dificultades, con todo, las recuperadas se muestran como una realidad consolidada y vital. De las 128 estimadas como existentes en el 2003, pasaron a 161 en el 2004 y a 205 en la actualidad. Aunque la mayoría están ubicadas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en los últimos años el crecimiento se hizo más notable en el interior del país. El relevamiento señala que la crisis internacional generó una nueva camada de recuperadas, pero que en general lo que se ve es un flujo estable de nuevas recuperaciones. La tasa de permanencia de las autogestionadas también se mantiene alta, como otro indicador de la potencialidad del sector.

Jueves, 2 de junio de 2011

ECONOMÍA › EL SENADO MODIFICÓ LA LEY DE QUIEBRAS PARA HABILITAR A LOS TRABAJADORES A HACERSE CARGO DE LA PLANTA

Fábricas recuperadas y también legales Con celebración en las calles de los movimientos de trabajadores de fábricas recuperadas, el Senado convirtió en ley el proyecto que habilita la continuidad de las actividades por gestión obrera en los casos de quiebra empresaria.

La ley que regula los concursos preventivos y quiebras empresarias fue modificada ayer por el Senado, en favor de la participación de los trabajadores en el proceso, con la posibilidad de darle continuidad a la actividad en manos de los empleados. La Cámara alta convirtió en ley los cambios introducidos en Diputados, a pesar de que la senadora puntana Liliana Negre logró respaldo para girar a la Cámara baja, paralelamente, “una ley correctiva” a la aprobada ayer.

El proyecto fue respaldado por los 47 senadores presentes, sin votos en contra y con 26 legisladores ausentes.

Habilita la participación activa de los trabajadores en un proceso de eventual quiebra buscando garantizar, hasta la última instancia, la posibilidad de la continuidad laboral de la empresa fallida. Facilita el pase a explotación a manos de los trabajadores constituidos en cooperativas, tomando como moneda de pago


todos los créditos laborales al momento de la quiebra, incluida la indemnización, salarios caídos y otras remuneraciones y derechos no abonados.

Hasta ahora, sólo se podía llegar a la gestión obrera en un caso de quiebra si así lo definía un juez comercial, pero sólo como cesión precaria de derechos y hasta tanto se definiera el destino definitivo del inmueble y del resto del capital de trabajo. Para convertirlo en cesión definitiva, era necesaria una ley de expropiación o el consentimiento de su anterior dueño (el empresario quebrado). Este procedimiento sólo era alcanzable en casos excepcionales. En la mayoría de las demandas laborales colectivas por quiebra, la situación quedaba definida en la Justicia.

Para favorecer la continuidad de la explotación de las empresas en manos de sus trabajadores organizados en cooperativas, el proyecto les otorga la prioridad de adquisición de la empresa en quiebra con sus créditos laborales, los que serán calculados conforme la indemnización completa que se establece en el Régimen de Contrato de Trabajo. Por el proyecto votado se garantiza el acceso a la información de los trabajadores en todo el proceso, aun en el concurso preventivo.

El proyecto de ley correctiva fue propuesto por la senadora Liliana Negre de Alonso, titular de la Comisión de Legislación General. Este proyecto, aprobado por 50 votos afirmativos, “evita confundir la venta de una empresa en quiebra con la venta de una empresa en salvataje”, según destacó la puntana. Además, con este proyecto se propone que las cooperativas puedan tener trabajadores en relación de dependencia y no solamente “socios”, tal cual lo establece el funcionamiento de las cooperativas de trabajo.

Desde las organizaciones de trabajadores de empresas recuperadas, en cambio, reclamaron “un debate a fondo” sobre el punto, ya que consideran que “el proyecto de la diputada Negre crea dos categorías, trabajadores de primera y de segunda en las cooperativas, en vez de proponer una nueva ley de cooperativas de trabajo, que regule estas entidades para evitar el fraude laboral”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el kirchnerista Eric Calcagno, dijo que “estas modificaciones están a la vanguardia de la preservación del empleo. Cuando antes se pensaba que lo único que podía hacerse con las empresas quebradas era desguazarlas, acá hay una verdadera revolución cultural”.

“Es importante recuperar las empresas en crisis a través de la continuidad por parte de sus propios trabajadores”, indicó. “Según datos del programa de Trabajo Autogestionado, dependiente del Ministerio de Trabajo, los trabajadores involucrados en esta situación son aproximadamente 15.000, en un total de 280 empresas recuperadas”, señaló Calcagno. “La iniciativa propone impulsar la continuidad de las empresas en situaciones de crisis e impedir la destrucción de industrias en condiciones de ser recuperadas, para lo cual se


les brinda esa posibilidad a los trabajadores, idóneos por su experiencia, conocimiento y capacidad”, destacó el senador por la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajo, el radical Alfredo Martínez, dijo que con esta legislación “podríamos comenzar a dar respuesta a un grupo de jueces que muchas veces planteaban que no tenían las herramientas para contener a los trabajadores”.

Domingo 13 de diciembre de 2009 |

Económicas de la UBA forma líderes con compromiso social.


Jóvenes con posibilidades de ocupar, en el futuro, puestos de decisión. Recientes graduados que se destacan por su desempeño académico e inquietudes sociales. A ellos, precisamente, está destinado el Programa Amartya Sen, que dicta la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para formar a futuros docentes y potenciales líderes en temas referidos a los valores y al compromiso social. Cuestiones que salen a la palestra del sacudido contexto mundial. "Uno de los puntos más débiles que llevó a esta crisis económica, la mayor de los últimos 80 años, fue la pobreza en la formación ética de economistas, gerentes, empresarios y personas clave en el desarrollo", dice Bernardo Kliksberg, impulsor del programa, reconocido experto en temas de desarrollo y autor de varios libros, uno de ellos, Primero la gente , junto a Sen, premio Nobel de Economía 1998. "Las principales universidades -agrega- y escuelas de negocios del mundo que forman a importantes directivos están en un proceso de autocrítica muy severo respecto de cómo pudieron formar profesionales que son impecables desde el punto de vista técnico, pero inadmisibles desde el punto de vista moral, que no tuvieron en cuenta para nada los criterios más básicos de bienestar colectivo", enfatiza el especialista que actualmente se desempeña como asesor principal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América latina. Así, con el objetivo de empapar a las nuevas generaciones "con las ideas más avanzadas en materia de desarrollo para la Argentina -al decir de Kliksberg- y de tratar de prevenir un agujero negro ético en la formación" de potenciales líderes, la iniciativa también busca crear una camada de profesores que transmita estos conceptos entre los estudiantes de la facultad. "Para cambiar la sociedad hay que cambiar la dirigencia, y esta facultad de donde surgen muchos dirigentes estaba desprovista de una formación centrada en valores. El programa quiere apuntalar esa formación y por eso, una vez aprobado, los egresados son designados como jefes de trabajos prácticos y se comprometen durante un año a dar clases de Ética para el Desarrollo en varias materias de las carreras", precisa Jorge Scarfi, director académico del programa. Con el apoyo de las Naciones Unidas, el gobierno español y el auspicio de empresas y organizaciones, el programa se dicta gratis y va por su segunda edición en la UBA, una primera en la Universidad Nacional de Rosario y es visto con interés por varias casas de altos estudios de América latina. Para aplicar, los graduados deben tener los mejores promedios y experiencia en trabajos de voluntariado orientados al desarrollo social, además de interés por la docencia. El plan de estudios, de cuatro meses, se organiza en 10 horas semanales de clases, dictadas de manera voluntaria por 28 profesores, muchos figuras prominentes de los mundos empresarial, de las ONG y académico.


"Nos proponemos que esto se haga con el más alto nivel de calidad en términos internacionales. Por ejemplo, una de las primeras conferencias que recibieron los jóvenes fue de Sen directamente desde Harvard y también de Joseph Stiglitz (Nobel de Economía en 2001)", puntualiza Kliksberg. Sobre la experiencia del programa, Kliksberg dice: "Estamos muy entusiasmados porque de los 100 jóvenes, 95 cumplieron con los requisitos. Además, los dos últimos meses, en un módulo que llamé Ideas para la Argentina, los jóvenes, en equipos, tomaron temas candentes del país y produjeron ideas. Y se comprometieron totalmente, la inmensa mayoría está enseñando en el aula y muchos se han involucrado en ONG y han formado un grupo de trabajo para ayudar en los nuevos programas". Según Kliksberg, se trata de una gran apuesta a los jóvenes y a la ética. "Y los jóvenes -dice- han respondido como si se les hubiera encendido una luz gigantesca. Varios tienen una excelente formación técnica, pero estaban buscando mucho más, como poner todos estos instrumentos al servicio de la gente, y esta disciplina, Ética para el Desarrollo, probablemente aporte en ese camino."

Recortes de cooperativismo y fábricas recuperadas  
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