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ACCIONES POPULARES - Requisitos para su procedencia / DERECHOS COLECTIVOS - Son los definidos como tales por la Constitución, las Leyes Ordinarias y los Tratados Internacionales En la forma y términos de la reglamentación contenida en los artículos 1, 2, 4 y 9 de la Ley 472 de 1998, los elementos necesarios para la procedencia de las acciones populares, son los siguientes: a) La finalidad es la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva. b) Procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar ese tipo de derechos o intereses.c) Se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración, o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.d) Los derechos e intereses colectivos susceptibles de esta acción son todos aquellos definidos como tales en la Constitución Nacional, las leyes ordinarias y los tratados de derecho internacional celebrados por Colombia, como por ejemplo los mencionados en el artículo 4 de la ley 472 de 1998. ACCIONES POPULARES - La titularidad la tiene cualquier persona / EXISTENCIA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL - No es causal de improcedencia para la Acción Popular Es desacertada la decisión del a-quo en cuanto estimó que el actor carecía de la legitimación en la causa por no ser residente del Municipio de Murillo (Tolima), toda vez que, ese aspecto en modo alguno es exigido por la ley, porque, como ya se indicó, la titularidad de dicha acción se predica respecto de cualquier persona; por lo tanto, sobre el particular la Sala no encuentra objeción alguna con relación a la acción ejercida por el señor Félix Eduardo Martínez Ramírez. Ahora bien, como ya se indicó, la acción popular se encuentra instituida para proteger derechos e intereses colectivos, en los términos regulados en la Ley 472 de 1998, marco normativo bajo el cual, a diferencia de lo que acontece con la acción de tutela y la acción de cumplimiento, no constituye causal de improcedencia de la acción popular la existencia de otro medio o instrumento judicial de defensa. Por consiguiente, no obstante el hecho de que para la protección de los derechos e intereses colectivos eventualmente se cuente con otro tipo de acción judicial, como por ejemplo las acciones de simple nulidad, la de nulidad y restablecimiento del derecho, la acción de cumplimiento, la acción de tutela, etc., esa sola circunstancia no hace improcedente la acción popular, pues, basta que frente a una determinada situación, producto de una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, se vulnere o se coloque en situación de peligro o amenaza un derecho o interés de naturaleza colectiva. SALA DE NECROPSIAS - Al estar adelantándose las obras para su adecuación se torna improcedente una orden en tal sentido / DERECHO A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PUBLICAS - Se ponen en peligro al estar la Sala de Necropsias sin cumplir los requisitos del artículo 27 del Decreto 786 de 1990


El actor fundamenta las pretensiones en la amenaza que constituye para la comunidad el hecho de que la sala de necropsias del Municipio de Murillo, no reúne las condiciones de higiene que exige el artículo 27 del Decreto 786 del 16 de abril de 1990, y que a pesar de ello está siendo utilizada, situación ésta que, pone en peligro la seguridad y salubridad pública no solo de los habitantes del mencionado Municipio, sino de todos los habitantes de las poblaciones vecinas porque con la práctica de necropsias a cadáveres en estado de descomposición que se han venido llevando en el Municipio, pueden desencadenarse múltiples epidemias. De otro lado, el apoderado del Alcalde Municipal manifestó, en la audiencia especial de cumplimiento, que para tal fecha se están efectuando las obras pertinentes para adecuación de la sala de necropsias .Por consiguiente, la Sala estima que la autoridad demandada si está cumpliendo con el deber que se dice omitido por lo que no resulta procedente impartir una orden para que se cumpla con unas determinadas actividades que, según se dijo, ya se están adelantando, pues la orden así impartida resultaría inútil.

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Consejero ponente: GERMÁN AYALA MANTILLA Radicación número: 73001- 23-31-000-2002-0423 01(AP-402) Actor: FELIX EDUARDO MARTÍNEZ RAMÍREZ y JOAQUÍN AUGUSTO TORRES NIEVES Demandado: ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MURILLO - TOLIMA

Referencia: Apelación. Acción Popular.

FALLO

Bogotá D. C., junio doce de dos mil dos.

Decide la Sala la apelación interpuesta por la parte accionante contra providencia de 19 de diciembre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda


ANTECEDENTES

FELIX EDUARDO MARTÍNEZ RAMÍREZ y JOAQUÍN AUGUSTO TORRES NIEVES, actuando en nombre propio, instauraron acción popular contra el Alcalde del Municipio de Murillo - Tolima por considerar que los derechos colectivos a la seguridad, salubridad pública y al goce de un medio ambiente sano se encuentran amenazados conforme los hechos que expone a continuación:

Narraron los accionantes que dentro del cementerio ubicado en el Municipio de Murillo - Tolima, no había un lugar destinado para llevar a cabo las necropsias a los cadáveres en estado de descomposición, razón por la cual este tipo de procedimientos eran realizados en lugares carentes de las correspondientes medidas sanitarias tendientes a evitar la generación de epidemias.

Señalaron que el Alcalde mismo, mediante Oficio de 28 de enero de 2001, aceptó el hecho de la ausencia de dicho establecimiento especial.

Manifestaron que desde el año 1990, mediante Decreto N° 786, artículo 34, se dio un plazo al Municipio para llevar a cabo las obras destinadas a la ejecución o adecuación de la sala de necropsia.

Por lo expuesto, estimó la parte actora que se veían seriamente amenazados los derechos colectivos al medio ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas, al realizar dichos procedimientos desatendiendo el riesgo que para la salud acarrea.

Solicitó se ordenara al Alcalde del Municipio de Murillo iniciar inmediatamente las obras con el fin de que se dispusiera un espacio idóneo para la realización de las necropsias mencionadas y la suspensión de la licencia de funcionamiento del cementerio municipal hasta que no fuesen llevadas a cabo las obras.


Solicitaron el otorgamiento del incentivo económico establecido en la ley.

OPOSICIÓN

El Municipio de Murillo por medio de apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que el Alcalde desde el momento de su posesión -en enero de 2001-, llevó a cabo las gestiones correspondientes para iniciar la obra de las instalaciones que alega la parte demandada, siendo tan eficiente su labor que la obra fue entregada el 14 de junio de 2001.

No obstante, precisó que no es común encontrar cadáveres en descomposición en el citado municipio.

Por lo demás, consideró improcedente la solicitud de suspensión de la licencia de funcionamiento del cementerio, ya que de hacerse, no habría donde sepultar a los muertos.

De manera rotunda se opuso a que le fuera concedida a la parte actora el incentivo económico, no solo por el hecho de ser evidente que las obras requeridas en la demanda ya se realizaron, sino por estimar que lo que había detrás de la acción era un interés lucrativo, más que de carácter altruista con la comunidad.

AUDIENCIA ESPECIAL

Con fecha 17 de agosto de 2001, fue llevada a cabo la audiencia especial a la cual se presentaron los actores, el Representantes de la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA-, el Ministerio Público, el Alcalde y el Representante del Municipio.


La diligencia en mención fue considerada fallida, pues no existió proyecto de pacto de cumplimiento.

FALLO DEL TRIBUNAL

El Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda argumentando lo siguiente:

Después de hacer una reseña de lo que por vía jurisprudencial se ha considerado como legitimación activa de las acciones populares, concluyó que la parte actora en el caso objeto de estudio carece de la misma toda vez que, si bien toda persona natural está legitimada para interponer este tipo de acciones, es necesario que dicha persona pertenezca al grupo que alega la amenaza o que se encuentra perjudicado en sus derechos colectivos; situación que aquí no se presentó y que se evidencia en el momento mismo en que los accionantes señalan como dirección una perteneciente a la nomenclatura de la ciudad de Ibagué.

Aunque consideró suficiente este argumento para desestimar las pretensiones, coligió del acervo probatorio que la obra cuya ejecución se estaba requiriendo, ya se ha llevado a cabo, por lo que la demanda ha quedado sin fundamento.

RECURSO DE APELACIÓN.

Los accionantes, inconformes con la decisión del Tribunal interpusieron de manera independiente recurso de apelación.

Félix Eduardo Martínez estimó que sí le asiste causa activa para la interposición de la presente acción popular, conforme los principios de interés general, público o social, “así como el hecho de compartir una misma BIOSFERA” (mayúsculas del texto). (fl. 92).


Por su parte, el accionante Joaquín Augusto Torres Nieves, mediante apoderado judicial, alegó que la Ley 472 de 1998 estipula quienes pueden iniciar una acción popular limitándose a señalar para lo atinente al caso, a “toda persona natural o jurídica”, sin especificaciones adicionales sobre la calidad que debían ostentar las personas naturales, motivo por el cual se encuentra legitimado para interponer la misma.

Que teniendo en cuenta los principios constitucionales de la solidaridad y la prevalencia del interés general que exhorta a los asociados a que, aún sin tener interés directo en la afectación del derecho colectivo, pongan de presente la causación de amenaza de los mismos en busca de la protección de la sociedad de la cual hacen parte.

Explicó que inclusive para motivar a los administrados la misma Ley dispuso un incentivo de carácter económico, transcribió apartes de la sentencia de 16 de agosto de 2001, emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejero Ponente doctor Tarcisio Cáceres Toro, la cual reza: “Entonces lo perseguido por la ley, al incentivar a los demandantes en las acciones populares, es buscar que ese mismo demandante o las demás personas naturales o jurídicas ejerzan esa herramienta, atraídos por el estímulo, pues ello contribuirá a que se haga efectiva la protección de los derechos e intereses de la colectividad, que en últimas es la finalidad del artículo 88 de la Constitución Política al establecer tales acciones” (fl. 101).

Expuso que en el caso de no haberse construido la instalación para la realización de las necropsias bajo condiciones sanitarias adecuadas, la propagación de epidemias no afectaría solamente “a las personas que presuntamente se considera que estaban legitimadas para promover la acción popular”, por lo cual, no entendió como es posible delimitar quienes podrían resultar o no vulnerados.


Volvió a pronunciarse en lo perjudicial que resulta no tener un área correspondiente para llevar a cabo los procedimientos de necropsia por la posibilidad que representa, cuando se trata de cadáveres en estado de descomposición de la propagación de enfermedades contagiosas.

Por otro lado, estimó que no hay fundamento alguno para haber condenado a la parte demandante al pago de costas, pues según lo señalado en la Ley 472 de 1998, artículo 38, esto solo procede cuando la “ACCIÓN PRESENTADA SEA TEMERARIA O DE MALA FE”. (Mayúsculas del texto). (fl. 99).

Finalmente, manifestó que el Tribunal no motivó la determinación antes citada, lo que hace que no sea posible defenderse contra la condena violándose el derecho al debido proceso y de defensa CONSIDERACIONES DE LA SALA Las acciones populares consagradas en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política, reglamentadas por la Ley 472 de 1998, tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares cuando ellos actúen en desarrollo de funciones administrativas.

La naturaleza de las acciones populares, por tanto, es preventiva, razón por la cual, en el inciso 2° del artículo 88 de la Ley 472 de 1998 se establece que éstas “... se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.”.

Es por ello por lo que, en relación con la naturaleza y finalidad de tales acciones, la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente: “f) En este orden de ideas se observa que el inciso primero del artículo 88 de la Carta, al consagrar las denominadas Acciones


Populares como otro de los instrumentos de defensa judicial de los derechos de las personas, señala también el ámbito material y jurídico de su procedencia, en razón de la naturaleza de los bienes que se pueden perseguir y proteger a través de ellas; éstas aparecen previstas para operar dentro del marco de los derechos e intereses colectivos que son, específicamente, el patrimonio público, el espacio público y la salubridad pública; igualmente, se señala como objeto y bienes jurídicos perseguibles y protegidos por virtud de estas acciones, la moral administrativa, el ambiente y la libre competencia económica. Esta lista no es taxativa sino enunciativa y deja, dentro de las competencias del legislador, la definición de otros bienes jurídicos de la misma categoría y naturaleza, la cual le asigna un gran valor en procura de uno de los fines básicos del Estado Social de Derecho como es el de la Justicia. “Queda claro, pues, que estas acciones, aunque estén previstas para la preservación y protección de determinados derechos e intereses colectivos, pueden abarcar derechos de similar naturaleza, siempre que estos sean definidos por la ley conforme a la Constitución, y no contraríen la finalidad pública o colectiva y concreta a que quedan circunscritas estas acciones, por sustanciales razones de lógica y seguridad jurídica. “También se desprende de lo anterior que las acciones populares, aunque se enderecen a la protección y amparo judicial de estos concretos intereses y derechos colectivos, no pueden establecerse ni ejercerse para perseguir la reparación subjetiva o plural de los eventuales daños que pueda causar la acción o la omisión de la autoridad pública o del particular sobre ellos; para estos últimos fines el Constituyente erigió el instituto de las acciones de grupo o de clase y conservó las acciones ordinarias o especializadas y consagró como complemento residual la Acción de Tutela si se presenta la violación de los Derechos Constitucionales, como en este caso lo propone el peticionario. “ g) Por su finalidad pública se repite, las Acciones Populares no tienen un contenido subjetivo o individual, ni pecuniario y no pueden erigirse sobre la preexistencia de un daño que se quiera reparar subjetivamente, ni están condicionadas por ningún requisito sustancial de legitimación del actor distinto de su condición de parte del pueblo. “Característica fundamental de las Acciones Populares previstas en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución


Nacional, es que permiten su ejercicio pleno con carácter preventivo, pues, los fines públicos y colectivos que las inspiran, no dejan duda al respecto y en consecuencia no es, ni puede ser requisito para su ejercicio el que exista un daño o perjuicio sobre los derechos que se pueden amparar a través de ellas. Desde sus más remotos y clásicos orígenes en el Derecho Latino, fueron creadas para prevenir o precaver la lesión de bienes y derechos que comprometen altos intereses colectivos, sobre cuya protección no siempre cabe la espera del daño; igualmente buscan la restitución del uso y goce de dichos intereses y derechos colectivos. En verdad, su poco uso y otras razones de política legislativa y de conformación de las estructuras sociales de nuestro país, desdibujaron en la teoría y en la práctica de la función judicial esta nota de principio. Los términos del enunciado normativo a que se hace referencia en este apartado, no permiten duda alguna a la Corte sobre el señalado carácter preventivo y restitutorio y se insiste ahora en este aspecto, dadas las funciones judiciales de intérprete de la Constitución que corresponden a esta Corporación, para evitar y corregir equívocos como el advertido en la primera de las sentencias que se examinan. “Además, su propia condición permite que puedan ser ejercidas contra las autoridades públicas por sus acciones u omisiones y, por las mismas causas, contra los particulares; su tramitación es judicial y la ley debe proveer sobre ellas, atendiendo a sus fines públicos y concretos, no subjetivos ni individuales” 2. Ahora bien, en la forma y términos de la reglamentación contenida en los artículos 1, 2, 4 y 9 de la Ley 472 de 1998, los elementos necesarios para la procedencia de las acciones populares, son los siguientes:

a) La finalidad es la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva.

b) Procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar ese tipo de derechos o intereses. c) Se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración, o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las


cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

d) Los derechos e intereses colectivos susceptibles de esta acción son todos aquellos definidos como tales en la Constitución Nacional, las leyes ordinarias y los tratados de derecho internacional celebrados por Colombia, como por ejemplo los mencionados en el artículo 4 de la ley 472 de 1998.

e) La titularidad para su ejercicio, como su nombre lo indica, está dada por su naturaleza popular, por lo tanto puede ser ejercida por cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, o también por las autoridades, organismos y entidades señalados en el artículo 12 de la ley 472 de 1998. En efecto, el numeral 1° del artículo 12 de la Ley 472 de 1998 establece que “toda persona natural o jurídica” podrá ejercitar las acciones populares, razón por la cual, en aplicación del principio de interpretación que establece que cuando la ley no realiza distinción alguna, no le es dado hacerla al intérprete, y teniendo en cuenta la finalidad de esta clase de acciones, es decir, la protección de los derechos e intereses que están en cabeza de toda la comunidad, se entiende entonces la razón por la cual tanto el constituyente de 1991 como el legislador establecieron de manera clara que “cualquier persona” puede ejercer estos mecanismos judiciales para la protección de los derechos o intereses de naturaleza colectiva.

En ese orden de ideas, se tiene que cualquier persona como integrante de la sociedad tiene derecho a que le sean protegidos los derechos e intereses colectivos y, en este caso en particular, el derecho a gozar de un ambiente sano, por lo que es perfectamente claro que, según lo preceptuado en la ley y lo considerado por la jurisprudencia, todas las personas están legitimadas para ejercitar una acción popular cuando exista una amenaza o sea lesionado algún derecho o interés de índole colectiva.


Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-215 del 14 de abril de 1999, se pronunció en los siguientes términos: “2. Naturaleza y ámbito de protección de las Acciones Populares y de Grupo “Cabe anotar, que la Constitución de 1991 no distingue como lo hace la doctrina, entre intereses colectivos e intereses difusos, para restringir los primeros a un grupo organizado y los segundos a comunidades indeterminadas, pues ambos tipos de intereses se entienden comprendidos en el término “colectivos”. Las acciones populares protegen a la comunidad en sus derechos colectivos y por lo mismo, pueden ser promovidas por cualquier persona a nombre de la comunidad cuando ocurra un daño a un derecho o interés común, sin más requisitos que los que establezca el procedimiento regulado por la ley. “… “Finalmente, hay que observar que estas acciones tienen una estructura especial que la diferencia de los demás procesos litigiosos, en cuanto no son en estricto sentido una controversia entre partes que defienden intereses subjetivos, sino que se trata de un mecanismo de protección de los derechos colectivos prexistentes (sic) radicados para efectos del reclamo judicial en cabeza de quien actúa a nombre de la sociedad, pero que igualmente están en cada uno de los miembros que forman la parte demandante de la acción judicial.” (Subraya la Sala).

En consecuencia, es desacertada la decisión del a-quo en cuanto estimó que el actor carecía de la legitimación en la causa por no ser residente del Municipio de Murillo (Tolima), toda vez que, ese aspecto en modo alguno es exigido por la ley, porque, como ya se indicó, la titularidad de dicha acción se predica respecto de cualquier persona; por lo tanto, sobre el particular la Sala no encuentra objeción alguna con relación a la acción ejercida por el señor Félix Eduardo Martínez Ramírez.

Ahora bien, como ya se indicó, la acción popular se encuentra instituida para proteger derechos e intereses colectivos, en los términos regulados en la Ley 472


de 1998, marco normativo bajo el cual, a diferencia de lo que acontece con la acción de tutela y la acción de cumplimiento, no constituye causal de improcedencia de la acción popular la existencia de otro medio o instrumento judicial de defensa. Por consiguiente, no obstante el hecho de que para la protección de los derechos e intereses colectivos eventualmente se cuente con otro tipo de acción judicial, como por ejemplo las acciones de simple nulidad, la de nulidad y restablecimiento del derecho, la acción de cumplimiento, la acción de tutela, etc., esa sola circunstancia no hace improcedente la acción popular, pues, basta que frente a una determinada situación, producto de una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, se vulnere o se coloque en situación de peligro o amenaza un derecho o interés de naturaleza colectiva.

En el caso bajo estudio, se tiene que con la acción interpuesta se pretende la protección de los derechos de carácter colectivo señalados en los literales a) y g), del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, a saber: “Artículo 4º.- Derechos e intereses colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros los relacionados con: “ a) El goce de un ambiente sano “........................” “ g) La seguridad y salubridad públicas; “…………….…” (Resalta la Sala).

Según el estudio realizado sobre la finalidad y procedencia de las acciones populares, considera la Sala que, si bien frente a los hechos descritos por el actor en su petición pudiese resultar viable la acción de cumplimiento para obtener la efectiva aplicación de lo ordenado en los artículos 3° del Decreto 2455 de 1986 y 34 del Decreto 786 de 1991, reglamentario de la Ley 9ª de 1979, que establecen un plazo máximo para la implementación o adecuación de salas de necropsias, dado que la finalidad de las pretensiones de aquél es la protección de los derechos colectivos de goce de un ambiente sano y salubridad pública, la acción


popular resulta idónea para tal propósito.

El actor fundamenta las pretensiones en la amenaza que constituye para la comunidad el hecho de que la sala de necropsias del Municipio de Murillo, no reúne las condiciones de higiene que exige el artículo 27 del Decreto 786 del 16 de abril de 1990, y que a pesar de ello está siendo utilizada, situación ésta que, pone en peligro la seguridad y salubridad pública no solo de los habitantes del mencionado Municipio, sino de todos los habitantes de las poblaciones vecinas porque con la práctica de necropsias a cadáveres en estado de descomposición que se han venido llevando en el Municipio, pueden desencadenarse múltiples epidemias.

El examen de los medios de prueba allegados al expediente, permite establecer lo siguiente:

1.- El 1° de marzo de 2001, el Alcalde Municipal de Murillo, anexó Orden de Servicio dirigida al señor Carlos Arturo García, en la cual le solicitó la prestación de los servicios consistente en la construcción del Anfiteatro (Morgue) en las instalaciones del Cementerio Municipal, obra cuyo costo se estimó en $1.900.000. (fl. 22).

2.- El Secretario de Planeación Municipal certificó el 9 de mayo de 2001, que la obra Construcción del Anfiteatro (Morgue) del Municipio de Murillo Departamento del Tolima, se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal 2001-2003 “Paz y Desarrollo Hacia un Futuro Mejor”, en el sector 02, Bienestar Social, subsector Salud, programa infraestructural, por lo tanto quedó radicado en el banco de programas y proyectos de inversión municipal con el código 2001-73461-2-2-1-1; al tener en cuenta los criterios de maximización de beneficio social generado por este tipo de proyectos, en pro del Municipio. (fl. 23).

3.- La Tesorera Municipal de Murillo, certificó el 1° de marzo de 2001 que en el


presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal del año 2001, existe partida presupuestal para el pago de la cuenta a favor de Proyecto de Salud, por concepto construcción de la Morgue de la localidad de Murillo, por valor de $6.000.0000 y con cargo a la imputación “CAPÍTULO IV FONDOS ESPECIALES PROGRAMA 4 FONDO LOCAL DE SALUD ARTÍCULO 4.2 PARA ATENDER GASTOS DEL SECTOR SALUD ACUERDO 22 DE DICIEMBRE 10 DE 2000 Y DECTO 28 DICIEMBRE 31 DE 2000.” (fl. 28).

4.- Se observan en los folios 29 a 57, todas las gestiones realizadas por la Alcaldía Municipal de Murillo, tendientes a la realización de la construcción del Anfiteatro (Morgue).

5.- De otra parte, se encuentra acreditado que con el fin de instrumentar la solución al problema de seguridad y salubridad públicas que afronta la población de Murillo (Tolima), el alcalde de esa localidad aseguró en la contestación de la demanda que: “...ya ha adelantado las gestiones administrativas, para solucionar esta necesidad, entre las que están el haber ordenado los movimientos presupuestales suficientes para la inversión.” (fl. 58).

6.- De otro lado, el apoderado del Alcalde Municipal manifestó, en la audiencia especial de cumplimiento, que para tal fecha se están efectuando las obras pertinentes para adecuación de la sala de necropsias (fl. 72).

Por consiguiente, la Sala estima que la autoridad demandada si está cumpliendo con el deber que se dice omitido por lo que no resulta procedente impartir una orden para que se cumpla con unas determinadas actividades que, según se dijo, ya se están adelantando, pues la orden así impartida resultaría inútil.

Ahora bien, sobre el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, considera la Sala que no hay lugar a ello, pues la construcción del Anfiteatro (Morgue) del Municipio de Murillo - Tolima, se encuentra presupuestado dentro de


la partida para el pago de la cuenta a favor del Proyecto de Salud, por concepto de la construcción de la Morgue y la obra se construyó, cosa diferente sería si no se encontrara dentro de la imputación presupuestal para ello y si hubiera probado inactividad de la administración, lo cual es motivo suficiente para desestimar el incentivo solicitado por la parte actora.

En cambio, sí se revocará la condena en costas impuestas por el Tribunal por considerar que éstas no se causaron. En efecto, el articulo 38 de la Ley 472 de 1998 dispone que solo habrá lugar a la condena en costas,”cuando la acción sea temeraria o de mala fe”. En el caso concreto, se considera que los actores no incurrieron en este tipo de conductas, pues sin abuso del derecho pretendieron evitar la causación de daños eventuales con la construcción de una obra que al momento de interponer la acción no se había realizado. Asunto distinto es que a partir de la valoración de las pruebas recaudadas, se hayan negado sus pretensiones por considerar que si bien ese hecho era cierto, la obra que se ejecutó en el curso de la acción no lo fue gracias a su actividad sino como resultado de un proceso que se había iniciado antes.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la providencia apelada, en cuanto deniega las pretensiones de la demanda.

REVÓCASE la condena en costas a la parte actora, según lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, envíese el expediente al Tribunal de origen y


cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

GERMÁN AYALA MANTILLA Presidente de la Sección

JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIÉ

MARÍA INÉS ORTIZ BARBOSA

LIGIA LÓPEZ DÍAZ

Mercedes Tovar de Herrán Secretaria General


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