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5 DE ABRIL DE 2014

La organización comunitaria merece apoyos e incentivos Rosalinda Hernández Alarcón La capacidad de iniciativa y movilización de organizaciones comunitarias son dos cualidades que vale promover, ya que ambas facilitan los caminos para solucionar añejas demandas sociales; hacer lo contrario, merece una condena. En este país se quiere hacer ver como únicas realidades las difundidas de manera publicitaria por altos funcionarios gubernamentales, quienes aseguran están “cumpliendo promesas”. De tal manera que toda la ciudadanía tendría que esperar paciente la solución a sus demandas y confiar que los recursos públicos alcancen, y si no esperar pacientemente; así han dicho a las comunidades indígenas damnificadas por la hidroeléctrica en Chixoy. Desatender los reclamos de las personas organizadas ya de por sí es una gran injusticia cometida por las instituciones del Estado, obligadas a garantizar sus derechos individuales y colectivos. Cuando se suma la indiferencia y el incumplimiento de acuerdos gubernamentales, ello provoca mayor indignación. Pero cuando además se agrega el elemento intencional para desincentivar la organización comunitaria o sabotear las decisiones de la población, tal actitud tiene que ser denunciada. Hay que señalar a quienes están ocupando cargos públicos y actúan

Es criminal tratar de aniquilar la convicción de lucha y resistencia indígena. con desdén a las demandas sociales o como caciques autoritarios. Esta reflexión viene a propósito de dos hechos. Uno. Hace tres años 789 familias q’eqchi’es fueron desalojas en el Valle del Polochic. Con base en su capacidad de organización llevaron a cabo diferentes acciones para exigir sus demandas, algunas junto con agrupaciones solidarias que tuvieron repercusión nacional y sirvieron de ejemplo para validar la lucha por la tierra en Guatemala (hay 480 mil solicitantes) y reivindicar la importancia del reasentamiento digno. El Presidente de la República y el Comisionado del Sistema de Diálogo Permanente afirmaron que en 2013 iban a beneficiar a 140, incluso anunciaron que el 15 de septiembre serían reasentadas las primeras 30, pero la indolencia provocó una espera de cuatro meses más. Las otras 110, aún aguardan se cumpla lo prometido antes del fin de abril. Para quienes conocen qué significa ser campesina o campesino sin tierra, representa una actitud inhumana prologar las condiciones paupérrimas que sufren esas familias desalojadas, pero ello no solo resquebraja su esperanza de un buen vivir, podría debilitar su espíritu de lucha o descalificar la organización comunitaria como facilitadora de la atención de demandas. Dos. Desde hace dos años 480 familias, que integraron Comunidades de Población en Resistencia en Quiché, impulsan un proyecto de alumbrado domiciliar y para servicios públicos, lo nombran “Luz de los héroes y mártires de la resistencia”. Debido a sus resultados se ha convertido en un ejemplo en la Zona Reina, ya que soluciona un requerimiento social desde una iniciativa diferente a los megaproyectos, también fortalece la capacidad organizativa que logra ponerlo en marcha a pesar de múltiples dificultades. En lugar de apoyar tan importante éxito, el alcalde de Uspantán y sus allegados provocan división entre la población, llegando a actitudes violentas. En esta región las comunidades están tomando sus decisiones y aplicando nuevas formas de desarrollo, la institucionalidad del Estado tiene que reconocer su aporte e incentivar ese tipo de experiencias, en en lugar de continuar fomentando el compadrazgo y la subordinación a intereses empresariales.


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