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Edición No. 52 - Mayo 2014

Reyerta por las Cortes

Juan Luis Font

juanluis.font@contrapoder.com.gt

Periodista. Director de ContraPoder y Director de Noticias de Canal Antigual.

La batalla por la Fiscalía General quedó atrás. Ahora, empieza Cristo a padecer por la integración de las Cortes.

E

l presidente podrá haber enfrentado días complicados para elegir de entre los nominados a fiscal general, pero no tiene derecho a quejarse. Su labor fue ampliamente facilitada por los postuladores que le libraron de la complicación mayor. Con Claudia Paz y Paz fuera de la nómina, la selección es cosa de soplar y hacer botellas. Decidir con qué grupo queda mejor y a cuál debe desairar de momento. Eso es todo. Bastó asegurarse que al menos cinco postuladores (y se obtuvo tres más de pilón), se negaran en redondo a votar a favor de la fiscal general saliente y listo. Paz y Paz quedó fuera. Los favoritos del Gobierno quedaron dentro. Poner de acuerdo a tantos postuladores para excluir a la fiscal (el segundo puntaje más alto de la nómina) no fue demasiado complicado. El común denominador de quienes la dejaron fuera es la decidida convicción conservadora de que es mejor echar tierra por encima de los métodos utilizados para ganar la guerra interna. Esa es agua que ya corrió bajo el puente. Ahora vienen retos distintos y más complejos. A simple vista cualquiera podría creer que la elección de magistrados a Cor-

tes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, calendarizadas igualmente para el año 2014 y ya habilitadas por el Congreso de la República, serán también fáciles. Por el contrario. En ese caso el factor ideológico es bastante más relativo.

Los grupos de poder, que en el caso del desplazamiento de la fiscal general conseguían con facilidad poner de acuerdo a una sólida mayoría para alejar al demonio capaz de atemorizarles, ahora se ven en el riesgo de que estos mismos postuladores pongan oídos y favorezcan a sus adversarios.

Los postuladores sin duda se inclinarán por abogados que juren lealtad a los principios de la Liberación, pero más difícil la tendrán para asegurarse de la imparcialidad o la idoneidad de quienes aspiran a ser magistrados.

Decanos, representantes del voluble Colegio de Abogados y los delegados de los propios magistrados actuales serán objeto de cuanto esfuerzo por cortejarlos sea posible.

Hay grandes conflictos entre grupos empresariales que rompen la unidad mantenida de forma granítica en la elección del jefe del Ministerio Público. Tres ejemplos rápidos son el actualísimo conflicto surgido alrededor de los cambios a la Ley de Telecomunicaciones que enfrenta a los cableros privados y a las empresas telefónicas entre sí. Ese será un duelo de titanes. Otro ejemplo es el conflicto legal, comercial entre las dos cerveceras del país. Y otra fuente de conflicto insospechado, pero que habrá de arreciar en los próximos meses, es el embate que existe para privatizar las tierras comunitarias, ejidales y/o municipales que provienen de la propiedad colectiva desde tiempos de la Colonia y la fundación de la República en 1871.

Y los postuladores tendrán ocasión de proponer sus servicios a los diferentes grupos en disputa. Los decanos de las facultades de Derecho que tan diligentes ofrecieron su voto en contra de la fiscal, ¿a qué magistrados de apelaciones querrán favorecer ahora? ¿Cómo lograrán los grupos de poder económico garantizar que sus preferidos pasen a integrar las Cortes? Luego, vendrá la gravosa tarea de financiar el voto favorable de los diputados para sus candidatos preferidos a las magistraturas. La certeza jurídica se vuelve una auténtica utopía con un modelo de selección de fiscal, jueces y magistrados tan poroso y vulnerable a las influencias políticas y del dinero.

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