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1 DE mayo DE 2014

La propiedad privada en Guatemala (2a. de 4 entregas) Roberto Gutiérrez Martínez Los derechos de propiedad en Guatemala han pasado por varias experiencias. En el siglo XIX y bajo el régimen liberal del doctor Mariano Gálvez (1831-1838), con el propósito de incorporar tierras a la producción del añil se expropiaron tierras de la Iglesia católica y de las comunidades indígenas, asunto que se revirtió a partir de 1838 con los gobiernos conservadores que, primero tras bambalinas y luego como “presidente vitalicio” dirigió Rafael Carrera hasta su muerte en 1865. Durante este periodo, llamado “conservador”, se volvió a prácticas de la Colonia, en la que los ciudadanos podían trabajar tierras baldías a través del “censo enfitéutico”, mecanismo que permitía conservar el dominio de la propiedad, cediéndola para su explotación mediante el pago de una renta. En 1871, cuando retoman el Gobierno los liberales, había en Guatemala siete tipos de propiedad, según relata el historiador Arturo Taracena: las adquiridas con título legítimo, las tituladas ad corpus, terrenos poseídos por personas que “carecían de títulos”, tierras de “ejidos”, tierras “comunales” de los pueblos de indios, tierras de “comunidades religiosas” de cofradías indígenas, y de fundaciones de las “festividades religiosas”. A mediados del siglo XIX, se estima que el 70 por ciento de las tierras estaba en manos de comunidades indígenas. Con la llegada de Justo Rufino Barrios al poder se establece como estrategia económica la producción y exportación del café (había caído la demanda de los antiguos productos añil y cochinilla guatemaltecos), bajo cuya motivación y excusa expropió tierras

A mediados del siglo XIX, el 70 por ciento de tierras era de comunidades indígenas. de comunidades indígenas y de la Iglesia católica. La “privatización” de tierras y su reparto concluyó en 1921. Un cambio radical se dio durante el Gobierno de Jacobo Árbenz con la Reforma Agraria (Decreto 900) iniciada en 1952, la que, basándose en la prohibición de latifundios ordenada en la Constitución de 1945, procedió a distribuir cerca del 20 por ciento del total de la tierra cultivable de la Nación, compensando a los finqueros expropiados con bonos estatales pagaderos durante 25 años con valores en los que habían sido declaradas las propiedades para propósitos de impuestos. Uno de los más importantes expropiados fue la United Fruit Company, a la que se responsabiliza de Los Conservadores motivar la denominada Revolución dirigida por Carlos Castillo Armas, bajo cuyo Gobierno se volvieron a las prácticas de la estableció el programa de la “liberación”, que Colonia a partir de 1954 revirtió el proceso anterior, devolviendo las fincas a sus propietarios, acompañando la estrategia con un programa de entrega de tierras, especialmente de fincas nacionales, programa que distribuyó 550 mil hectáreas, titulándose a partir de 1954 y hasta 1962, 364 mil 852 hectáreas en varias modalidades: parcelamientos de grandes fincas (20 hectáreas), microparcelamientos (10 hectáreas), tierra a comunidades agrarias (patrimonio agrario colectivo; empresas campesinas asociativas; fincas cooperativas). Un caso especial de “democratización de la propiedad” lo constituyó los programas de colonización y otorgamiento de tierras desarrollados por el FYDEP (Empresa de Fomento y Desarrollo del Petén), el que distribuyó un total de 1,980,000 hectáreas a 39 mil beneficiarios de nueve parcelamientos, tanto a campesinos en pequeñas parcelas, como a universitarios, militares y otros terratenientes a quienes les otorgaron parcelas de entre cinco y 15 caballerías cada una. A la fecha, las tierras entregadas por el INTA (Instituto de Transformación Agraria) y el FYDEP ascienden a 3,324,000 hectáreas, ¡equivalentes al 30 por ciento! del territorio nacional (33,240 kilómetros cuadrados), otorgadas a 147 mil 700 adjudicatarios. Estas dos instituciones, el INTA y el FYDEP han desaparecido, y en su lugar se constituyó, a partir de los Acuerdos de Paz, el Fondo de Tierras (Decreto Ley 24-99 del Congreso de la República), entidad que ha regularizado la tenencia de propiedades entregadas por las anteriores entidades responsables.


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