Lucio Oliver y Francesca Savoia
Balances
La estrategia económica de Martinelli, anunciada en 2010, ha implicado el rezago de la burguesía industrial productiva (minera y agropecuaria), cuya actual búsqueda de competitividad vía la extrema explotación de la fuerza de trabajo ha derivado en crecientes tasas de desempleo e informalidad, y en la consecuente fragmentación de una clase trabajadora otrora fuertemente organizada. Esta última, sin embargo, ha demostrado mantener todavía una capacidad de resistencia y movilización, frente a la cual Martinelli tuvo que desistir temporalmente, en 2010, de su intento de flexibilizar aún más las relaciones laborales, anular las libertades sindicales, impedir los estudios de impacto ambiental y formalizar un virtual estado de sitio en el país. Según la CEPAL, para 2011 la economía panameña registró el más alto índice de crecimiento de América Latina (superior al 9% del PIB). El boom actual deriva del impulso dado a obras de extensión del canal –para el cual han sido reservados 5.250 millones de dólares–, la inversión en proyectos residenciales, hidroeléctricas, complejos turísticos, la primera línea del metro en la ciudad capital y proyectos de extracción de cobre realizados por Minera Panamá. Todas ellas, iniciativas que implican, aparte de la provisionalidad de las fuentes de empleo generadas, la depredación del ambiente y de los recursos naturales, sobre todo los mineros y acuíferos. Hay que subrayar que de los 46 mil millones de dólares invertidos, dos tercios pertenecen al capital privado. Paralelamente al proyecto de depredación social y ambiental, en el país se registra un proceso de creciente militarización que sufrió un salto cualitativo con la actual administración. Martinelli ha creado el Ministerio de Seguridad Pública, equipado con nuevas tecnologías de control y un personal que recibe adiestramiento en centros militares de Estados Unidos, Israel y Colombia. Asimismo, bajo los auspicios de la Iniciativa Mérida, se está invirtiendo en la construcción de bases aeronavales en las costas del Pacífico y del Caribe y se verifican ejercicios militares periódicos como los Panamax que, en 2010, contaron con la participación de un total de 17 países de la región, bajo el Comando Sur de Estados Unidos. La violencia del Estado se ha concentrado, especialmente, sobre los pueblos indígenas; la gran mayoría de los trabajadores de las fincas bananeras de Boca del Toro, protagonistas de la lucha en rechazo a la Ley 30, eran de la etnia indígena ngobe; y los Pueblos Originarios han protagonizado la resistencia de 2011 en San Feliz y Veraguas, en oposición al proyecto depredador neoliberal protagonizado, para este año, por la iniciativa de Reforma al Código Minero. La oposición a la Ley 8, aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada por el presidente, aglutinó en la Coordinadora de Lucha contra la Explotación Minera a organizaciones ecologistas, ambientalistas y de la sociedad civil, bajo la coordinación de representantes de la comarca indígena panameña Ngäbe Buglé, la cual, recibiendo el respaldo de campesinos, educadores e universitarios, logró en marzo la derogación del proyecto. Las manifestaciones masivas, concentradas en las dos provincias mencionadas y en la ciudad de Panamá, sufrieron las agresiones de efectivos de la seguridad pública, con numerosos heridos y arrestos. El gobierno anunció primero el compromiso de no promover la explotación de Cerro Colorado, ni de ningún otro yacimiento en las comarcas indígenas hasta llegar, con la extensión de las protestas, a la derogación del proyecto para “devolver la
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