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SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS:

herramientas para la reflexi贸n sobre la seguridad ciudadana y democr谩tica


Jefe de Gabinete de Asesores Dr. Raúl Garré


SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS: herramientas para la reflexión sobre la seguridad ciudadana y democrática Equipo de Trabajo: Secretaría de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad, Ministerio de Seguridad • • • •

Coordinación: Esteban Rodríguez Dibujos e ilustraciones: Paula Di Giorgi Diseño gráfico: Policía Federal Argentina Corrección: Willy Bouillon

Agradecimientos: Agradecemos muy especialmente al abogado y militante de derechos humanos, Andrés Díaz, miembro del Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Pro Juárez (Centro Prodh), de la ciudad de México, por el “Manual de Seguridad Ciudadana”, material que tuvimos presente a la hora de elaborar esta herramienta didáctica. ISBN: 978-987-27467-0-4 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junio de 2011 Publicación del Ministerio de Seguridad de la Nación Av. Gral. Gelly y Obes 2289 – CP 1425 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Telf. 54 (011) 4809-1572 / 0800-555-5065 www.minseg.gob.ar


Ministerio de Seguridad Secretaría de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad

INDICE Pag. 11

Tema

Presentación

SEGURIDAD, DERECHOS HUMANOS y DEMOCRACIA: definiciones básicas Pag.

Tema

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1.1. ¿Qué entendemos por seguridad?

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1.2. ¿Qué entendemos por derechos humanos?

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1.3. ¿Qué entendemos por democracia?

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Ejercicio 1 Análisis de caso

Construyendo un modelo de seguridad ciudadana democrática Pag. 40

2.1. Seguridad y derechos humanos.

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2.2. Seguridad y democracia.

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2.3. Seguridad y Estado: el gobierno político de la seguridad.

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2.4. Seguridad pública y seguridad ciudadana.

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2.5. Seguridad objetiva y seguridad subjetiva: la sensación de

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2.6. La seguridad, ¿sólo es un problema policial?

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2.7. Inseguridad y delito común:¿pobreza o brecha social?

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2.8. Imposición del orden estatal o gestión de la conflictividad

inseguridad.

social.

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2.9. La intervención multiagencial y multiactoral.

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2.10. La demagogia punitiva: agitando el fantasma de la

inseguridad.

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2.11. La seguridad y los ciudadanos desaventajados.

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2.12. La policía y las manifestaciones públicas: proteger a los

74 80 86

manifestantes Ejercicio 2 Análisis de caso Ejercicio 3 Análisis de caso Ejercicio 4 Análisis de caso

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Seguridad y Derechos Humanos: HERRAMIENTAS para la REFLEXION sobre la SEGURIDAD CIUDADANA y DEMOCRATICA

Tema

Obligaciones del Estado en materia de seguridad Pag. 92

3.1. ¿Quién es responsable de garantizar la seguridad?

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3.2. Obligaciones básicas del Estado en materia de derechos

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3.3. Policía y derechos humanos: límites para la actuación policial

humanos y seguridad.

Tema

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3.4. Policía y sociedad

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3.5. El uso de la fuerza

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3.6. Las detenciones por averiguación de identidad

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3.7. Violaciones de los derechos humanos en el ámbito de la

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seguridad por parte de la Policía Federal 3.8. Violaciones de los derechos humanos en el ámbito de la seguridad por parte de las otras fuerzas de seguridad

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3.9

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Ejercicio 5 Las obligaciones del Estado

Otros derechos de los policías

Prevención del delito y la violencia Pag. 124 128 131 131 137 139 145 151

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La seguridad ciudadana y la nueva prevención: de la prevención policial a la prevención ciudadana 4.2. La “Tolerancia Cero”: vigilar a los “grupos peligrosos” 4.3. Los modelos preventivos: 4.3.1 Prevención situacional Los ciudadanos soldados: ciudadanos enclaustrados, ciudadanos temerosos 4.3.2. Prevención social 4.3.3. Prevención comunitaria ¡Vecinos en alerta! Vigilar y delatar 4.3.4. Participación comunitaria Ejercicio 6 Los conflictos sociales y urbanos en nuestro barrio 4.1.


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Tema

La participación comunitaria como política de Estado Pag. 154 157 158 158 159 159 161 161 163 164 166

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Seguridad ciudadana y participación comunitaria Las Mesas Barriales y Zonales de Participación Comunitaria en Seguridad 5.2.1. ¿Qué son las Mesas Barriales y Zonales? 5.2.2. ¿Quiénes las pueden integrar? 5.2.3. ¿Cuáles son las funciones y misiones de las Mesas Barriales? 5.2.4. ¿Cómo se organizan las Mesas Barriales? 5.2.5. ¿Cuáles son las funciones y misiones de las Mesas Zonales? 5.2.6. ¿Cómo se organizan las Mesas Zonales? 5.3. ¿Cómo participar? 5.4. ¿Qué más podemos hacer, de qué otras maneras podemos participar? Ejercicio 7 El rol de las mesas de participación comunitaria 5.1. 5.2.

Repaso final Otros materiales útiles: para seguir aprendiendo y debatiendo Direcciones útiles - Servicios telefónicos Bibliografía

INDICE DE FIGURAS Pag. 29

Figura 1: ¿Cuáles son nuestros derechos que debe asegurar el Estado?

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Figura 2: Las formas de la democracia

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Figura 3: Dos modelos de seguridad: de la seguridad pública a la seguridad ciudadana

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Figura 4: Las dos dimensiones de la inseguridad

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Figura 5: ¿Quién es el responsable de la seguridad?

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Figura 6: Paradigmas de prevención

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Figura 7: Modelos de prevención ciudadana

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Figura 8: ¿Cómo participa la sociedad en el gobierno de la seguridad? 9


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A modo de presentación

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n el marco de las nuevas políticas de seguridad de este ministerio, los ciudadanos y la comunidad son actores centrales. El proceso de cambio y de construcción de una política de seguridad acorde con las que conforman el modelo nacional y popular que conduce la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández, implica que el pueblo y sus organizaciones no son espectadores, ni receptores pasivos; muy por el contrario son verdaderos y legítimos protagonistas del proceso de diagnóstico, del de construcción de respuestas y del de evaluación en todo lo atinente a políticas en materia de seguridad. La gestión de las diversas expresiones del delito, de la violencia y de otras conflictividades sociales nos exigen superar antiguos esquemas en los que el Estado, con el indiscutido monopolio de la violencia, consolidó un abordaje en el que las fuerzas de seguridad definían políticas y al mismo tiempo eran el único instrumento mediante el cual se viabilizaban respuestas con una concepción reactiva frente al conflicto, con intencionalidad represiva y sin ninguna capacidad resolutiva o de anticipación. Para corregir esta concepción negativa se tomó la decisión política de generar, en primer lugar, un efectivo gobierno civil de la seguridad, objetivo que se expresa puntualmente con la creación del Ministerio de Seguridad en diciembre de 2010. Este desafío también incluye la centralidad de las políticas de prevención, el protagonismo de los gobiernos locales, la participación efectiva y conducente de la comunidad y la moderni-

zación y el fortalecimiento institucional democrático de las fuerzas de seguridad, entre otros objetivos. Apelar al protagonismo de la comunidad exige una política activa que permita el pasaje de la expresión de voluntad hacia una efectiva participación amplia y diversa y, además, reclama del Estado un activismo importante que asegure la distribución de la palabra y el acceso a las ideas y a las herramientas conceptuales. Estas “herramientas” para las organizaciones tienen el fin de promover el debate sobre políticas de seguridad con elementos que permitan un protagonismo creciente y, además, una mirada estratégica que implica una puesta en relación del proceso de políticas en materia de seguridad con el contexto institucional, social y político en su conjunto. Este material es un aporte más para superar la posibilidad de que el debate quede encapsulado en el diagnóstico generado a través de la experiencia individual o coyuntural frente a la violencia y el delito que, en tanto esté signada por contextos de alta sensibilidad según la situación de las víctimas, la manipulación mediática, el estupor mismo que algunos hechos producen, terminan tributando a aquellos sectores que aprovechan la debilidad del debate público para impulsar respuestas de probada ineficacia práctica pero con cierto resultado en el plano de lo discursivo, funcionales a los riesgos del retorno autoritario bajo viejos y nuevos ropajes, acercándose así más a la estafa que a la solución real de los problemas. 11


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Tampoco es solución proponer que, en la medida en que algunas demandas legítimas de seguridad se expresan en términos autoritarios o incompatibles con las condiciones de vida que nuestra democracia impone, deban ser descalificadas sin más. Esa posición, valorativamente correcta, en tanto impugna ciertos cursos de acción por su expresa negación de las más básicas condiciones de la democracia, deja la cuestión de fondo sin gestionar. Y pierde de vista que el Estado es el primer obligado a rescatar la demanda en su legitimidad, trabajando sobre ella en todo lo errado o distorsionado que tenga y promoviendo respuestas genuinas a los problemas que se plantean. Además, en ese proceso, es necesario que la ciudadanía también comprenda que no todo vale en relación con las respuestas frente a la violencia, que existen límites y que el control de éstos es una obligación primordial del Estado. Se trata de evitar tanto la demagogia punitiva como la inacción tecnocrática que se sustenta acusando a quien demanda seguridad de “autoritario”, confundiendo así lo inapropiado de los términos de la demanda con el objeto mismo del reclamo. Nosotros apelamos aquí a una perspectiva completamente distinta e interpretando que hemos llegado, como dice nuestra Presidenta, para hacernos cargo de los problemas, avanzamos en todos los frentes. Tenemos que forjar un nuevo paradigma en materia de seguridad, dada su larga historia de distanciamiento entre la sociedad civil y los temas de seguridad, incluyendo en esa distancia a la dirigencia política. También se 12

registra la concentración de estos temas en sectores hegemónicos que - lejos de impugnar las deficiencias del viejo paradigma de seguridad que reduce la cuestión a un tema policial- se amparan en formas de relación que carecen de componentes críticos y en las que son precisamente los sectores más populares y más vulnerables los que quedan fuera de toda posibilidad de participación positiva. Así como el modelo de seguridad ciudadana y democrática no limita la seguridad a la policía, en el plano de la sociedad civil tampoco puede acotársela a determinados sectores o a los mismos de siempre. Resta entonces hacer explícito que destinatarios de este material son las organizaciones sociales y quienes las integran aunque, coherentes con la propuesta, esto no resulta excluyente. El proceso de movilización y organización popular que atravesamos es una realidad efectiva y, por cierto, un muy saludable signo de estos tiempos. El Estado, comprometido con el fortalecimiento de una organización social y popular orienrado a protagonizar los procesos políticos en marcha, pone así en manos de ella herramientas concretas para la reflexión y el debate colectivo, para apoyar y contribuir a la formación de espacios de capacitación sobre seguridad y derechos humanos en las organizaciones, contribuyendo en lo que aquí corresponde a la construcción y profundización del modelo nacional y popular.

Nilda Garré Ministra de Seguridad de la Nación


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Tema SEGURIDAD, DERECHOS HUMANOS y DEMOCRACIA: definiciones básicas

Objetivos • Reconocer las diferentes perspectivas para pensar y definir la seguridad.

• Reconocer la importancia de los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico. • Reconocer la importancia del compromiso de los ciudadanos en la democracia y las distintas formar de participación.

Disparadores para la reflexión inicial:

• ¿Qué entendemos por derechos humanos? ¿Quiénes tienen derechos humanos? • ¿Qué entendemos por democracia? ¿Cómo puede participar la ciudadanía para autogobernarse? • ¿Qué entendemos por seguridad?

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Seguridad y Derechos Humanos: HERRAMIENTAS para la REFLEXION sobre la SEGURIDAD CIUDADANA y DEMOCRATICA

1.1.

¿Qué entendemos por seguridad?

¿De qué hablamos cuando decimos “seguridad”? ¿Qué entendemos por “seguridad”? ¿Es cierto que la seguridad es un concepto aséptico, que no es de derecha ni de izquierda? ¿La seguridad es la “seguridad”? A simple vista, en la vida cotidiana la seguridad se nos presenta como un concepto que no ofrece mayores dificultades. Basta que uno diga que se siente inseguro o reclame más seguridad para que todos sepan de qué se está hablando, a qué se está haciendo referencia. La seguridad es un concepto de inmediata comprensión, forma parte del sentido común, de nuestra conversación diaria. En esos lugares, en esos momentos, la seguridad casi siempre aparece vinculada con conflictos que amenazan la integridad física o los bienes personales, y, por otro lado, a hechos por lo general asociados con determinados actores: jóvenes de piel morena de barrios marginales.

antes 16

Sin embargo, cuando nos detenemos en ella, a los efectos de construir respuestas efectivas que se hagan cargo de este problema, se presentan dificultades y muchos interrogantes. Por empezar, la inseguridad es un problema complejo, que tiene como telón de fondo múltiples causas y merece respuestas reflexivas y deliberadas entre los distintos actores involucrados. El Estado es uno de esos actores, pero no el único. Están las víctimas y los vecinos, las organizaciones de la sociedad civil, los investigadores, la policía, las distintas agencias que componen el sistema penal, las instituciones que instrumentan los programas de seguridad y el desarrollo social, educativo, cultural, etcétera. Todos ellos tienen algo para decir; a todos hay que escuchar. Por eso las respuestas no son sencillas, no se improvisan de un día para el otro. La calidad institucional y la


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después

construcción democrática de la seguridad ciudadana están muy lejos de las respuestas espasmódicas de los periodistas y políticos oportunistas que se apresuran a decir rápidamente lo que la “gente” quiere escuchar, que ponen todo bajo responsabilidad de la policía, que creen que las cosas se resuelven con más presencia policial, aumentando las penas, bajando la edad de punibilidad, creando más cárceles, etcétera. Las respuestas consensuadas entre distintos actores a los problemas de la inseguridad reclaman tiempos más o menos largos, que son los que demanda la discusión pública en cualquier democracia, y la resolución de problemas estructurales complejos de larga duración. Porque, además, conviene tener siempre presente que la seguridad no se relaciona sólo con la construcción de estrategias para prevenir y perseguir el delito común (no organizado o de oportunidad), sino también para prevenir y perseguir el delito profesional u organizado (trata de perso-

nas, proxenetismo, narcotráfico, mercado de autopartes robadas, asaltos a banco y camiones que transportan caudales, piratas del asfalto, etc.) y el denominado “de cuello blanco” (grandes evasiones fiscales, doble contabilidad, invención de empresas fantasmas, lavado de dinero, etc.), o la violencia de género o contra niños, los accidentes de tránsito, la que se registra en el fútbol, etc. Es decir que la seguridad va mucho más allá del delito callejero. Aunque muchas de esas situaciones no son percibidas como generadoras de miedo, integran también la conflictividad social y en no pocos casos alcanzan la categoría de delitos de menor o mayor entidad que merecen atención y respuesta del Estado. Esta última no será siempre la misma. No todo se resuelve con más policía. De allí que, antes de avanzar, conviene profundizar la noción de seguridad. ¿Qué es la seguridad? En términos generales, según Victoria Rangugni (2010), la noción de seguridad se vincula con un valor u 17


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objetivo deseables –aunque ciertamente incomprensible- que apuntarían a la reducción o elusión de la incertidumbre, la desprotección, la inseguridad, las amenazas. Esta reducción o elusión de la incertidumbre es incomprensible en tanto aquello que atenta contra las certezas es cambiante y está históricamente determinado.

antes

En efecto, a lo largo de la historia, la seguridad tampoco ha sido siempre la misma, es decir, no siempre estuvo asociada con los mismos problemas, los mismos protagonistas, y, por tanto, las agencias del Estado -para hacerse cargo de la inseguridad- tampoco fueron siempre las mismas. A grandes rasgos, se puede decir que durante el estado de bienestar, la seguridad se vinculaba centralmente con la cuestión social. Si el Estado tenía que equilibrar el desarrollo económico con el desarrollo social, solucionar los desequilibrios e inequidades sociales, garantizando el pleno empleo y la calidad de vida, incrementar la capacidad de consumo, transformar a los trabajadores en consumidores, entonces la seguridad era la “seguridad social”. La tendencia era a la desjuridización de los conflictos sociales. La resolución de los conflictos y las situaciones violentas merecían un tratamiento correctivo e integrador que no siempre involucraba a las agencias del sistema penal y a las fuerzas policiales. Si había que asistir e incluir en las redes sociales, la cárcel no parecía la mejor respuesta ni la única. Antes había que agotar otras instancias; existían otras agencias que tenían que hacer su trabajo. Pero en las décadas del 70 y el 80, con la crisis de la sociedad salarial, el desmantelamiento del estado social y la prepotencia del mercado, la seguridad fue mutando hasta convertirse en un problema policial. La seguridad era una problemática que ya

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después

no involucraba a las agencias sociales o de desarrollo social sino, centralmente, a las agencias que coordinaban y planificaban la actuación policial. Para contener las consecuencias sociales de las transformaciones producidas por el neoliberalismo (la marginación social, la desocupación, la precarización del mercado laboral, el abandono familiar, etc.), se catalogaba a la policía como la institución primordial. Todo se cargaba a su cuenta y al sistema punitivo. Poco a poco se empezaba a asociar la inseguridad con la pobreza y se proponía un tratamiento criminalizador, canalizando los conflictos sociales hacia el ámbito judicial. Es lo que algunos autores llamaron la “judicialización” y “criminalización de la pobreza”. Como dijo el sociólogo francés Loïc Wacquant, con el desmantelamiento del estado social la providencia se vuelve penitencia. La culpa de la inseguridad la tienen los pobres. Prueba de ello son las políticas de “Ley y Orden”, “Tolerancia Cero” y “Mano Dura”, a través de las cuales se propone limpiar las calles de los extraños referenciados como peligrosos, invisibilizarlos, sacarlos de circulación. En la Argentina, en los últimos años, paulatinamente se fueron creando nuevas condiciones institucionales para repensar la seguridad sobre otras bases. A medida que el Estado fue agregando la cuestión social en su agenda, la inseguridad empezó a enfocarse de otra manera. Y, por tanto, se fueron postulando otras agencias para su intervención. Eso no significa que el Estado desautorice a la policía ni que haya que desentenderse de problemas como el delito, la violencia y demás conflictividades sociales. Pero –como se verá más adelante- se los abordará con otras herramientas y otras estrategias, ya no sólo con la policía sino tambien con el desarrollo de politicas sociables inclusivas. 19


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La intervención será multiagencial y descentralizada, es decir, además del Ministerio de Seguridad intervienen los ministerios de Desarrollo, Educación, Justicia y la Secretaría de Cultura de la Nación), procurando involucrar a los gobiernos locales (municipios o comunas). Desde esta perspectiva, y según el criminólogo italiano Alessandro Baratta (2003), la seguridad es una necesidad humana que no tiene contenido propio, es decir, una necesidad secundaria o accesoria respecto de todas las otras necesidades básicas o reales que pueden definirse como primarias (alimento, salud, vivienda, trabajo, etc.). La seguridad no es un fin en sí mismo. Debe orientarse a crear condiciones para el ejercicio de aquellos derechos, analizando las conflictividades sociales y violentas que pueden obstaculizar o poner en tela de juicio el ejercicio efectivo de esos derechos. Los derechos humanos y la democracia constituyen el marco de la seguridad ciudadana, las dos ideas fuerzas que organizan las tareas para gestionar las conflictividades sociales. Los derechos humanos representan un límite y señalan un horizonte en materia de seguridad. No se trata de reducir derechos para disminuir los riesgos, sino de ampliar los derechos para asumir entre todos los riesgos que corremos en ciudades con profundos contrastes sociales. No hay que perder de vista que, con el afán de obtener seguridad, muchos ciudadanos tienden a reclamar reformas institucionales o penales que avasallan otros valores deseables, como la igualdad entre las personas, la libertad, la cooperación, la protección mutua entre aquéllas. Reformas que, lejos de resolver los problemas, crean nuevas condiciones para reprodu20


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cirlos o, incluso, agravarlos. De allí que la democracia y los derechos humanos fijen límites al mismo tiempo que perfilan un nuevo horizonte para la administración de la seguridad.

Recordemos… La seguridad se centra en el respeto de los derechos humanos de las personas y permite que éstas participen en su implementación de forma activa, plural y crítica.

1.2.

¿Qué entendemos por derechos humanos?

Los derechos humanos son aquellas libertades y derechos básicos que tienen las personas, sin distinción de ningún tipo (raza, color, sexo, nacionalidad, identidad política, religión, ocupación, edad, etc.) por el solo hecho de ser tales, es decir, por su sola condición humana. Todos poseemos derechos de los que nadie nos puede despojar. Siempre los tenemos, aunque cometamos alguna falta o delito. Por ejemplo, si una persona cometió un robo, tendrá derecho a un juicio justo, a alimentarse, a gozar de salud y a su integridad física. No se lo puede privar de una defensa, ni de comida, etc., por más grave que haya sido el crimen que se le imputa o por el que se la condena. Los derechos humanos no son dádivas sino conquistas sociales alcanzadas, a través de la lucha en distintos lugares del mundo y a lo largo de la historia, por grupos de personas en situación de desventaja: esclavos, trabajadores, pobres, opositores políticos, mujeres, inmigrantes, personas de color, niños, minorías reli21


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giosas o nacionales perseguidas y discriminadas. Por eso, los derechos humanos van evolucionando y cambiando constantemente a partir del protagonismo de los ciudadanos organizados y del compromiso que asumen los Estados de cara a todos los ciudadanos. Esos derechos se fueron plasmando en instrumentos (declaraciones, tratados, pactos, convenciones) que constituyen los estándares a los cuales tienen que adecuarse los ordenamientos jurídicos de los Estados que adhieran a aquellos instrumentos, y también en la Constitución Nacional. Para los Estados esos instrumentos internacionales implican un compromiso asumido con la sociedad civil, establecen criterios, fijan los parámetros mínimos, el piso común a partir de los cuales los Estados tienen el deber de organizar su gestión. Para la sociedad civil, representan un programa de lucha y de legitimidad de esa lucha contra la violencia, los abusos, la desidia, la burocracia de los gobiernos y demás autoridades que muchas veces impiden que se cumplan efectivamente. En los derechos humanos, entonces, se pueden reconocer claramente dos momentos: el primero apunta al reconocimiento de los derechos (fijar por escrito) y el segundo tiene que ver con su cumplimiento efectivo (ejercicio en la práctica). Los derechos humanos no empiezan y terminan en las declaraciones o en las constituciones que los reconocen como tales. Ésa es una primera parte que habrá que completar a través de la implementación de políticas públicas universales, protegiendo especialmente a minorías o grupos que, por las particulares circunstancias en las que se encuentran, están en una relación desigual y desventajosa. 22


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Los derechos humanos se pensaron, por un lado, como instrumentos que limitan el uso abusivo del poder de los gobernantes y funcionarios de turno, fijando obligaciones negativas para el Estado. Por ejemplo, estableciendo prácticas que impiden la tortura, la discriminación, la privación arbitraria de la vida o la libertad limitan y pautan el uso de la fuerza por parte de las agencias de seguridad, entre otras. Por otro lado, estableciendo obligaciones positivas para el Estado en orden a garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Es decir que los Estados no sólo tienen restricciones sino que están obligados a garantizar efectivamente los derechos humanos, responder mediante políticas públicas concretas para que toda la ciudadanía pueda ejercer los derechos civiles y políticos: los de orden económico, social, cultural y ambiental.

Pluralidad de derechos Los derechos humanos pueden ser de diferente tipo: civiles, políticos, sociales, económicos y culturales:

✔✔ Los derechos civiles y políticos son

Recordemos… …que los derechos humanos son todo lo que necesitamos las personas y grupos para vivir dignamente.

derechos considerados de “primer orden” porque son aquellos que garantizan la vida y la libertad. Entre ellos, están el derecho a la libertad de expresión; a no ser molestados por nuestras opiniones; a no ser torturados ni esclavizados; a la libertad de pensamiento; a la libre asociación; al voto; a participar de los asuntos públicos directamente y peticionar a las autoridades, y al debido proceso.

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Recordemos que los derechos humanos… • Son inherentes a la persona humana: nacemos con estos derechos y por esta condición nos pertenecen. Su origen no es el Estado ni las leyes, sino la propia dignidad de la persona humana. No son concesiones del Estado sino que pertenecen a todos más allá de la nacionalidad, la religión, la cultura, la raza o el sexo. • Son inalienables: nadie puede renunciar a ellos, ni el Estado puede alegar que no se reclaman para soslayar su cumplimiento. Es decir que ni el Estado ni ningún grupo social o empresa los pueden arrebatar. • Son universales, porque son siempre de todos, en cualquier circunstancia, tiempo y lugar. • Son dinámicos e históricos, porque, según las necesidades históricas y las luchas sociales se les van incorporando cambios. • Son interdependientes o integrables, porque un derecho está en relación con el otro; violar un derecho supone violar otro. Por ejemplo, no es posible el ejercicio del derecho a la vida sin acceso a la salud o al agua potable o a la alimentación; no es posible el derecho a la libertad de expresión sin acceso a la educación o a los bienes culturales; no es posible el derecho a no ser detenido arbitrariamente sin tener acceso a petición o a la Justicia. La violación de uno de ellos supone la violación del resto. • Son progresivos: su tendencia es al avance, de ninguna manera a la regresión o cancelación, tanto en lo que corresponde al contenido protegido como a la eficacia y procedimiento para su cumplimiento. • Son obligatorios para cualquier Estado, sin importar si se está atravesando una crisis económica, política o una guerra o catástrofe natural. El Estado debe no sólo respetar y garantizar los derechos reconocidos, sino además organizar su acción con el fin de satisfacer su plena realización.

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✔✔ Los derechos económicos, sociales y

culturales (DESC) son los derechos que el Estado debe garantizar a través de medidas colectivas, satisfaciendo las necesidades básicas sociales, culturales y económicas. Entre los DESC se encuentran el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la alimentación adecuada, al ambiente sano, a la identidad y la niñez feliz, entre otros.

• Los derechos económicos son

aquellos que posibilitan a las personas tener las condiciones necesarias para vivir dignamente. El derecho al trabajo digno es uno de estos derechos que debe asegurarse a toda persona, en condiciones equitativas y satisfactorias, es decir, garantizando efectivamente igual remuneración por igual tarea, sin distinción entre sexos, nacionalidad, etcétera. Derecho que debe proteger a los niños de la explotación y la trata de personas.

• Los derechos sociales garantizan

a las personas un desarrollo en sociedad. El derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social son algunos de ellos, que deben preservarse para satisfacer necesidades materiales e intelectuales.

• Los derechos culturales refieren a

los derechos vinculados al conocimiento, al respeto por las costumbres, al derecho a la comunicación, a la producción artística.

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¿Por qué hay derechos de primero y segundo orden? La distinción de orden, donde se pretende diferenciar a los DESC de los derechos civiles y políticos, se explica en que estos últimos son de inmediata aplicación por parte del Estado, el cual sólo debe abstenerse de alterarlos. Por ejemplo, el Estado no debe matar, no debe privar a nadie de su libertad en forma arbitraria, no debe ejercer censura previa, etc., mientras que los DESC necesitan de acciones concretas por parte del Estado para lograr su ejercicio, acciones que dependen de cómo se encuentre económicamente aquél para garantizarlos. Ahora bien, si recordamos que los derechos humanos son indivisibles, interdependientes e integrales, los Estados locales no pueden ampararse en las circunstancias económicas para justificar su violación. Si bien los DESC van a ser 26


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alcanzados en forma progresiva, los Estados deben garantizar las condiciones para su cumplimiento efectivo: erradicar la pobreza extrema, la mortalidad infantil, garantizar el acceso a la atención médica primaria, erradicar el analfabetismo, por ejemplo a través de programas como la asignación universal por hijo. Corresponde al Estado garantizar y asegurar, como mínimo y en forma gratuita, la satisfacción de los niveles esenciales de cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales de toda la ciudadanía, debiendo demostrar que ha realizado el máximo esfuerzo en cuanto a utilizar todos los recursos que están a su disposición para poder satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas y aunque se demuestre que tales recursos son insuficientes (Comité DESC, Observación general nº 3 (14/12/90)

¿Dónde se encuentran reconocidos los derechos humanos? Todos los derechos humanos están consagrados en la Constitución: por ejemplo, en los artículos 14 y 14bis, y a partir del artículo 75, inciso 22, donde el Estado argentino reconoce declaraciones, pactos, protocolos y convenciones de derechos humanos.

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Algunos instrumentos internacionales con rango constitucional en la Argentina:

✔✔ CADH: CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE

DERECHOS HUMANOS. PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, 22 de noviembre de 1969.

✔✔ CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, 18 de diciembre de 1979.

✔✔ PIDESC: PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 16 de diciembre de 1966.

✔✔ PIDCP: PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, 16 de diciembre de 1966.

✔✔ PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PIDCP, 16 de diciembre de 1966.

✔✔ CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y

OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, 10 de diciembre de 1984.

✔✔ CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 20 de noviembre de 1989.

✔✔ DUDDHH: DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, 10 de diciembre de 1948.

✔✔ DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE. Bogotá, Colombia, 1948.

✔✔ CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL, 21 de diciembre de 1965.

✔✔ CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA SANCIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO, 9 de diciembre de 1948.

✔✔ CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, 9 de junio de 1994.

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Figura 1: ¿Cuáles son nuestros derechos que debe asegurar el Estado? Derechos económicos, sociales y culturales

Otros derechos

• Derecho a la propiedad individual y colectiva.

• Derecho de los pueblos a la autodeterminación.

• Derecho a la seguridad económica.

• Derecho a un medio ambiente sano.

• Derecho a la alimentación adecuada.

• Derecho al desarrollo sustentable. • Derecho a la paz.

• Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

• Derecho al trabajo (a un salario justo y equitativo, al descanso, a formar y pertenecer a un sindicato, a la huelga, etc.).

• Derecho a la libertad de expresión.

• Derecho a igual salario por igual trabajo.

• Derecho a la libertad de movimiento y libertad de tránsito.

• Derecho a la seguridad social.

Derechos civiles y políticos • Derecho a la vida. • Derecho a la integridad física y psicológica. • Derecho a la libertad personal. • Derecho a la igualdad ante la ley.

• Derecho a la justicia. • Derecho a elegir y ser elegido a cargos públicos. • Derecho a la información.

• Derecho a la vivienda. • Derecho al vestido. • Derecho a la educación. • Derecho a la investigación científica, literaria, artística.

• Derecho de las mujeres (a gozar de todos los derechos en condiciones de igualdad, a una vida libre de violencia, a decidir sobre su cuerpo). • Derecho de los pueblos indígenas (a la tierra y el territorio, a la consulta previa e informada, a la autodeterminación). • Derecho de las niñas y niños a ser sujetos de derecho, a que se anteponga siempre su superior interés.

• Derecho a expresiones culturales. • Derecho a la identidad. 29


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Recordemos que los Estados están obligados a: ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

RESPETAR PROTEGER SATISFACER ADOPTAR MEDIDAS PROGRESIVAS PRESENTAR INFORMES

Los Estados tienen que respetar y proteger los derechos humanos. Son las dos caras de la misma moneda. Por un lado, no puede violarlos y por otro, debe protegerlos generando medidas progresivas y no regresivas. Esto significa que el Estado en su actuación no puede ir en desmedro de los derechos alcanzados; no puede dar pasos hacia atrás, salvo que demuestre que en realidad ello es para mejorar un conjunto de otros derechos. Además, periódicamente debe mejorar la situación de los derechos ciudadanos, garantizando su satisfacción.

Por último, el Estado está obligado a presentar informes sobre la situación de los derechos humanos. Cualquier ciudadano u organización social pueden reclamar su respeto o recurrir a tribunales internacionales para denunciar la violación de aquéllos, ante lo cual el Estado debe responder inmediatamente.

1.3. ¿Qué entendemos por democracia?

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Se ha dicho que la democracia es el "Gobierno del pueblo". La democracia es la manera de decidir colectivamente cómo queremos vivir entre todos. Pero es, también, el medio que tiene la ciudadanía para hacer visibles sus problemas y el mecanismo para imaginar una solución, para debatir y buscar colectivamente una respuesta a los problemas con los que tienen que medirse determinados grupos o sectores sociales. Por eso, como dijo el filósofo francés Jacques Ranciere (1996), el horizonte de la democracia no son los


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acuerdos sino los desacuerdos. La democracia es la posibilidad de practicar el desacuerdo, de poner en común o hacer evidentes soluciones vividas como problemas, circunstancias experimentadas como injustas. La democracia no es la fatalidad de decir sí, sino la posibilidad de decir no. De allí que la democracia sea siempre la lucha por la democracia. La democracia supone abrir permanentemente ámbitos de manifestación, producir espacios de polémica o litigio para demostrar lo que es justo o, mejor dicho, lo que un sector social o un grupo entienden que es injusto de cara al Estado o al resto de la sociedad. La democracia es un orden desordenado, inestable, dinámico, que requiere esfuerzos continuos de parte de los protagonistas –los distintos actores sociales- por los incesantes desplazamientos y renegociaciones constantes entre ellos. Como dice la politóloga Chantal Mouffe, “las cosas siempre podrían ser de otra manera” (2009). Por eso, la democracia siempre 31


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estará incompleta; no se puede reducir a una expresión de una vez y para siempre. Los acuerdos están recomponiéndose permanentemente a partir de los disensos puestos de manifiesto. Los consensos nunca son totales. Acaso por todo eso “democracia” significa el “gobierno del pueblo” que, en una sociedad masificada y urbanizada, necesita un diálogo fluido entre representantes y representados. Ese diálogo supone desarrollar un debate público, que debe ser desinhibido (completo), vigoroso (fuerte) y abierto (plural). Pero asimismo necesita, como señala el politólogo francés Pierre Rosanvallon (2007), de la contrademocracia. No hay democracia sin contrademocracia: si la democracia es la expresión de la confianza de los ciudadanos sobre los representantes, la contrademocracia, por el contrario, es la reserva de desconfianza. A través de sus diversas formas (poderes de control, poderes de obstrucción y poderes de enjuiciamiento), los ciudadanos velan para que los representantes elegidos sean fieles a los compromisos que asumieron. Por eso, según Rosanvallon, los po-

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deres contrademocráticos no sólo no son opuestos a la democracia sino que constituyen su complemento necesario. Ahora bien, para que el pueblo pueda gobernarse (debatir, decidir y controlar), esto es, autodeterminarse, fijarse sus propias leyes e instituciones, decidir libremente cómo quiere vivir; manifestar los problemas que padece pero también sus deseos, sus esperanzas; comunicar sus conflictos, peticionar a las autoridades; estar en condiciones de que un grupo pueda decir no, y ejercer el desacuerdo, se necesitan tres cosas:

• Primero, un compromiso de los ciu-

dadanos: no hay democracia sin activismo social. Los ciudadanos tienen que involucrarse o participar activamente en los debates públicos. No pueden quedarse sentados en su casa, siguiendo los hechos desde lejos o frente al televisor. Deben comprometerse, formar parte activa de los debates que los involucra, participar en las distintas organizaciones que agregan los intereses de los ciudadanos.


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• Segundo, contar con espacios públi-

cos: no hay democracia sin espacios de encuentro y expresión, sin esferas públicas para dialogar, donde los ciudadanos puedan presentar sus problemas, ámbitos para peticionar a las autoridades, pero también para poder compartir y confrontar problemas con otros sectores de la sociedad. Esos espacios de encuentro son pluridimensionales, en la medida que no sólo se trata de una esfera racional, sino también afectiva. Los debates no implican únicamente intercambio de argumentos sino que con frecuencia se revelan como expresiones apasionadas. Las pasiones son los insumos morales para sostener colectivamente procesos de manifestación pública y posicionamientos que reclaman tratamientos prolongados. 33


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• Y tercero, libertad de expresión: no

hay democracia sin libertad de expresión, sin debate público plural. La discusión colectiva reclama de la capacidad expresiva de los múltiples actores en cuestión, estén o no directamente involucrados en la problemática concreta. Porque de lo que se trata es de decidir entre todos cómo queremos vivir entre todos. Resulta claro que para que los ciudadanos puedan expresarse libremente necesitan todo aquello que crea las condiciones para la libertad de expresión, como la posibilidad de desplazarse (no hay libertad de expresión sin libertad de movimiento, circulación); de reunirse (no hay libertad de expresión sin libertad de reunión); organizarse (no hay libertad de expresión sin libertad de asociación u organización), e informarse (no hay libertad de expresión sin derecho a la información, sin acceso a ella). En una democracia, la libertad de expresión no es la libertad de expresión individual sino la libertad de expresión colectiva. No son los individuos sueltos los que se expresan sino los individuos agregados en otros colectivos. La libertad de uno no termina donde comienza la del otro sino que, por el contrario, se refuerza y potencia con la libertad del otro. Si el otro no es libre, si el otro no puede decir no, entonces tendremos serias dificultades para manifestar nuestro desacuerdo.

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Por eso, como dice el jurista norteamericano Owen Fiss, el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, es uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática. El socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal del sistema democrático.

Figura 2: Las formas de la democracia Democracia representativa

Democracia participativa

Ciudadanos pasivos

Ciudadanos activos

(espectadores)

(activismo social)

Los ciudadanos opinan

Los ciudadanos debaten

Los ciudadanos delegan Ciudadanos indignados

Los ciudadanos actúan Ciudadanos comprometidos

Recordemos… En una democracia, el compromiso de los ciudadanos no termina con el voto. Se manifiesta todos los días cuando aquéllos discuten en su entorno inmediato y, sobre todo, cuando forman parte de otros colectivos a través de los cuales reflexionan y debaten, se organizan para peticionar a las autoridades y compartir con el resto de la sociedad su punto de vista sobre determinados problemas. Uno de esos problemas es, sin lugar a dudas, la seguridad.

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Ejercicio 1: Análisis de caso LA REPRESION A UN INTENTO DE SAQUEO PROVOCO DOS MUERTOS Y UNA PROTESTA VIOLENTA FRENTE A LA COMISARIA. Muerte y furia vecinal en José León Suárez  Un grupo quiso robar la carga de un tren que sufrió un descarrilamiento. La policía reprimió. Murió un joven de 16 años y hay otro muerto, aunque no se sabe si está vinculado al hecho. Luego, vecinos atacaron con piedrazos la comisaría. Hubo corridas y saqueos a comercios. Por Soledad Vallejos

Fuentes judiciales confirmaron a este diario que un joven de 16 años murió baleado en las vías mientras efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires reprimían el saqueo a un tren descarrilado, en José León Suárez. Otro chico, de 17 años, murió en un centro de salud, presuntamente tras haber sido herido en la misma escena, algo que anoche los investigadores aún no habían confirmado. Al cierre de esta edición, un tercer muchacho se encontraba internado en grave estado. Poco después de que corriera la noticia de las muertes, la violencia continuó en las calles del barrio: algunos de los heridos habían sido llevados a la sala de salud ubicada frente a la comisaría 4ª. de San Martín. Familiares y amigos cortaron las calles. Luego de algunos minutos, sobre la avenida Márquez comenzaron las corridas, los saqueos y los disparos. Hubo al menos seis detenidos. La policía detuvo al menos a 15 personas, todas ellas menores de edad. Ante las cámaras de los móviles de TV, en la puerta de la comisaría, un hombre acusó a los 36

oficiales de haber detenido a su hijo de 12 años mientras caminaba junto a su madre por la avenida. Por orden de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 5ª, a cargo de Marcelo Sendot, la Policía Bonaerense fue apartada de la investigación. Se secuestraron las armas de los efectivos involucrados en los episodios cuyo confuso derrotero no llegó a ser despejado anoche; también fueron secuestrados patrulleros con impactos de balas. Cerca de medianoche, el fiscal Sendot, quien se encontraba recorriendo los lugares donde todo había transcurrido, confirmó que la investigación será realizada exclusivamente por su oficina y peritos de Gendarmería. En la tarde, siete vagones del tren 8232, del Nuevo Central Argentino (NCA), descarrilaron a la altura de José León Suárez. Se trataba de un carguero que transportaba autopartes entre Retiro y Zárate. En un comunicado, NCA sostuvo que “un grupo de personas arrojó al paso de un tren (...) troncos de árboles con el fin de producir su descarrilamiento para posteriormente


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saquear la mercadería transportada”. Este caso, añadió la empresa, no resultó inusual, porque en “los últimos 90 días se produjeron dos hechos similares con la misma finalidad”. En conversación con este diario, fuentes judiciales también sostuvieron que no se habría tratado de un accidente, sino que habría sido un sabotaje cometido por “gente del barrio Villa Independencia”, cercano a las vías. La carga de los vagones comenzó a ser saqueada por habitantes de ese asentamiento. Un llamado al 911 alertó de la situación. “La Policía Bonaerense llega al lugar; se produjeron enfrentamientos con la gente de la villa”, aun cuando al cierre de esta edición seguía siendo incierto si esas personas estaban o no armadas. El primero de los muertos llegó al Centro de Atención Primaria Nº 4 José Luis Agote, ubicado frente a la comisaría 4ª de San Martín. Fuentes de la investigación dijeron a este diario que, al llegar al lugar, el joven ya había fallecido. Una de las balas que recibió habría sido disparada desde cierta altura, porque el recorrido es descendente. Al cierre de esta edición, por la distancia que existe entre el hospital donde falleció y el lugar de los hechos, los investigadores

aún procuraban establecer si el segundo muchacho también habría muerto a consecuencia de heridas inflingidas al pie del tren. Al trascender la noticia de las muertes, los heridos y las detenciones, la tensión estalló en las inmediaciones de la comisaría 4ª y la sala de salud. Mujeres, niños y varones jóvenes dejaron las veredas para tomar la calle y obligar a colectivos, autos y motociclistas a desandar camino. Ya atardecía. A esos cortes de calle sobrevinieron corridas en cuanto efectivos de la comisaría procuraron liberar el lugar. La tensión estalló mientras chicos jóvenes, muchos de los cuales luego serían detenidos, arrojaban piedras a los policías, mientras otros rompían vidrieras y saqueaban comercios, como una casa de computación de la que anoche apenas quedaban algunos muebles. Los móviles de la televisión transmitían en vivo. Las versiones eran confusas y hasta contradictorias. En la puerta de la comisaría, el jefe de la DDI de San Martín, Mario Briceño, confirmó la primera de las muertes, y sostuvo la hipótesis de que en las vías del tren se había producido “un enfrentamiento” entre habitantes del barrio carenciado y efectivos policiales. Briceño, sin embargo, procuró no relacionar a los heridos con el descarrilamiento.

Noticia publicada en el diario Página/12, 4 de febrero de 2011.

Preguntas para la reflexión colectiva 1. ¿Cuáles son los derechos violados?

2. ¿Quién o quiénes son los agentes violadores? 3. ¿Quiénes son las víctimas?

4. ¿Qué tendría que hacer la policía?

5. ¿Pueden los ciudadanos hacer algo?

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Tema CONSTRUYENDO UN MODELO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEMOCRATICA Objetivos • Reconocer la relación entre seguridad y derechos humanos.

• Reconocer la relación entre democracia y seguridad. • Reconocer la situación de vulnerabilidad y desventaja de determinados sectores de la sociedad. • Reconocer la complejidad de los conflictos sociales y las limitaciones de las políticas de seguridad. • Reconocer la diferencia entre inseguridad y sensación de inseguridad. • Reconocer la importancia de las manifestaciones públicas en una democracia y el rol específico que deben asumir las agencias policiales

Disparadores para la reflexión inicial: • ¿Puede la policía resolver el problema de la inseguridad?

• ¿Qué papel desempeña la policía en una sociedad democrática? ¿A quién debe proteger la policía? • ¿Cuáles son los sectores y grupos desaventajados? • ¿Cuál es el rol de la policía en las manifestaciones públicas que llevan a cabo los sectores desaventajados? • ¿Qué diferencia existe entre imponer orden o gestionar conflictos? • ¿Qué otras herramientas puede utilizar el Estado para generar seguridad? • ¿La pobreza es la causa de la inseguridad? 39


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2.1.

Seguridad y derechos humanos

¿Queremos ser guardianes del orden o defensores de los derechos? La seguridad, ¿está vinculada con los derechos humanos o con el orden público? Tradicionalmente, la seguridad pública estuvo asociada con la idea de orden público. El orden era el principal valor y el objetivo del Estado. El orden público organizaba las políticas de seguridad y definía las tareas de las policías. Esto implicaba que cualquier acción del Estado en el terreno de la seguridad estaba orientada a preservar o restaurar la tranquilidad puesta en tela de juicio por los distintos actores sociales. La seguridad del Estado estaba ubicada delante de la seguridad de las personas que eran consideradas como un medio para alcanzar determinadas metas, entre ellas, el orden público. Había que cuidar al Estado de la sociedad; la policía estaba para proteger a los gobernantes que representaban el orden. Una política que tenga como criterio el orden público puede alentar, por ejemplo, la realización de razzias o detenciones masivas o sistemáticas de jóvenes pobres o inmigrantes para evitar su presencia en el centro de la ciudad, para combatir las “pandillas” que, a juicio de las autoridades o vecinos prejuiciosos, amenazan la tranquilidad. El concepto de seguridad ciudadana, por el contrario y como se verá más abajo, enfoca su prioridad en la seguridad de las personas, en la convivencia pacífica de los ciudadanos entre sí. Considera a las personas como seres sociales y comunitarios, así como destinatarios principales de las políticas de seguridad. Las personas son colocadas en el centro de la definición y la instrumentación de la seguridad. La seguridad ya no es un fin en sí mismo sino un instrumento para alcanzar la plena vigencia de todos los derechos humanos que tienen los ciudadanos.

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Una política de seguridad que parta del ciudadano buscará, entonces, que la actuación policial contribuya tambien a la vigencia de los derechos y que responda a las necesidades concretas de las comunidades y atienda a sus particularidades, guardando entonces proximidad respecto de ellas. En el caso concreto de los agentes encargados de la seguridad, su marco de actuación ya no será el “mantenimiento del orden público” sino la “protección integral de los derechos humanos”. Los derechos humanos constituyen un límite para la actuación policial, pero también son la partitura de la misma: la policía está para garantizar el ejercicio de los derechos. Garantizar la seguridad a los ciudadanos es una de las funciones principales del Estado. Una función que debe cumplimentarse no sólo a través de la policía. La policía es una de las agencias que tiene el Estado a partir de la cual puede desarrollar distintas estrategias tendientes a prevenir o perseguir el delito, o tratar la violencia y otras conflictividades sociales. Pero no es la única y, muchas veces, ni siquiera la más importante o estratégica. Esto es algo que no conviene perder de vista para no acotar la seguridad a la policía o la inseguridad al delito. Volveremos sobre esto más adelante.

La seguridad es un servicio que debe prestar el Estado. Esa prestación, en un régimen democrático, tiene como referentes la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El Código Penal o los códigos de convivencia no son los únicos pretextos de las agencias policiales. También están los derechos humanos, que limitan el poder del Estado a la hora de reprimir y prevenir el delito. La seguridad de los ciudadanos significa garantizar un contexto pacífico para el desenvolvimiento de la vida social en el que se respeten también la integridad física de las personas y los derechos de los individuos y sus bienes, así como el resarcimiento del daño para las víctimas de delitos, incluso la seguridad fisica y los bienes de aquellos que cometen delitos. Garantizar la vigencia de todos los derechos, desde una perspectiva integral que incluya tanto los derechos civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales, supone -además- practicar una política pública de seguridad integral. Una seguridad que no se limite a reprimir sino que tienda a crear condiciones para el ejercicio efectivo y real de los derechos humanos que tenemos todas las personas.

Recordemos… Si la seguridad es un derecho, los gobiernos están obligados a extenderla a toda la ciudadanía, sobre todo a aquellos que se encuentran en una situación de desventaja.

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2.2.

Seguridad y democracia

Han cambiado los parámetros de las agencias y la cantidad de actores ejecutores. Porque en una democracia el pueblo delibera con sus representantes todo el tiempo. La democracia, o mejor dicho, la democracia concebida en términos participativos, llevó al Estado a estar cada vez más atento a los reclamos de la sociedad, a darle protagonismo en el debate y la planificación de las políticas de seguridad. Si la democracia consiste en decidir entre todos cómo queremos vivir, los ciudadanos tienen que comprometerse, deben formar parte del debate público. El compromiso va mucho más allá de la concurrencia a sufragar en las periódicas elecciones. La participación no empieza y termina con cada jornada electoral. No hay que limitar la democracia al sufragio. Sabemos que cada persona vale un voto, pero no todas las personas están diciendo lo mismo cuando votan, no todos lo hicieron por las mismas razones, atendiendo las mismas prioridades. Hay matices y diferencias que no suelen ser relevados en las elecciones. Votar a un candidato particular implica votar un conjunto de medidas económicas, sociales y securitarias que, en ese momento (al celebrarse el voto), requieren cierta resignación. Se votan los trazos gruesos, dejándose para después de las elecciones el debate más fino o minucioso, que expone matices, prioridades e intensidades. Por eso no hay que sobredimensionar las posibilidades expresivas del sufragio. El sufragio puede volverse un sistema torpe en la medida que torna discontinuo el diálogo entre los representantes y los representados toda vez que las elecciones, que se demoran en el tiempo, se concentran además sobre determinados ejes generales. De esta manera, cuando la democracia se circunscribe al voto, se genera un déficit de representación que, en sociedades

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como la nuestra, que ha atravesado continuos desequilibrios y crisis de representación (esto es, por la incapacidad del sistema de partidos para agregar los intereses de los diferentes sectores sociales y la incapacidad del sistema político en cuanto a canalizar adecuadamente los conflictos sociales), puede afectar la gobernabilidad y conducir a una crisis institucional. En definitiva, la democracia necesita de un diálogo fluido entre representantes y representados. Después de cada elección, los debates se mantienen y profundizan. Estos debates necesitan, además, de espacios públicos para la puesta en juego del compromiso cívico. Durante mucho tiempo la seguridad fue tema de Estado, una competencia exclusiva del gobierno de turno. Cuando la sociedad es el lugar del desorden, referenciado como el lugar de los conflictos sociales, al Estado le correspondía velar por el orden público. La seguridad era cuestión de Estado, que se diseñaba, planificaba e instrumentaba más allá de la comunidad, a espaldas de los ciudadanos, o sin dialogo con ellos. Un Estado que, además, empezó a delegar en el mercado la cuestión de la seguridad. La seguridad se privatizo. El Estado dejó en manos de empresas privadas la gestion de la seguridad: son los ciudadanos los que, en tanto consumidores, deberían resolver su seguridad personal. De esa manera, cuando la seguridad se privatiza y un bien publico se convierte en un bien privado, otra mercancía que se compra o se vende en el mercado, la seguridad se organiza de una manera desigual: Aquellos que tienen mas recursos, tendrán mas posibilidades de estar seguros.

Hoy, el Estado ha reasumido la problemática de seguridad, dándole carácter de ítem central, o sea que la ha retomando de otra manera. Ya no como un tema que involucra a la dirigencia política, que atañe exclusivamente al funcionariado de turno, sino a todos los ciudadanos. De esa manera, los ciudadanos deben comenzar a participar en el diseño, planificación, instrumentación, control y evaluación de las políticas de seguridad. Por eso hablamos de seguridad ciudadana democrática. Porque entre todos debemos debatir y decidir qué entendemos por seguridad y cuáles son las estrategias idóneas para hacer frente a la inseguridad. Eso no implica debilitar el rol del Estado. La seguridad, referenciada como un servicio público, resulta una competencia y una función del Estado. Pero su contenido no se completa a espaldas de la sociedad sino escuchando a ésta e involucrándola todo el tiempo en las discusiones y las decisiones.

Recordemos… …en una democracia, la seguridad es un problema que involucra a todos los actores sociales. Todos los ciudadanos deben participar en el diseño, planificación, instrumentación, control y evaluación de las políticas de seguridad.

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antes

2.3.

Seguridad y Estado: el gobierno político de la seguridad

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Garantizar la seguridad de los ciudadanos es una de las funciones principales del Estado. Si la seguridad es un servicio público, entonces es un deber del Estado: los gobiernos están obligados a extenderla a toda la ciudadanía, sobre todo a aquellos que se encuentran en una situación de desventaja. Los Estados democráticos presuponen la existencia de un estado de derecho que no sólo regula la convivencia entre los ciudadanos, sino que también limita el poder del Estado para ejercer la violencia. Es por ello que la seguridad debe ir de la mano de la Justicia y el estado de derecho.


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después

Como se dijo recién, durante decadas, muchos dirigentes se desentendieron de la seguridad. En parte porque se cargó la tarea a la cuenta del mercado, y en parte porque se delegó en la propia policia el gobierno de la seguridad. Es lo que muchos autores han denominado el “desgobierno de la seguridad” o la “policialización de la seguridad”. El desgobierno de la policía contribuyó a la autonomización y corporativización de las instituciones policiales. Con el paso del tiempo, algunas policías fueron desarrollando sus propios intereses, gestionándolos, unas veces, sin injerencia de la políti-

ca y más allá de cualquier control judicial, y otras, acordando con sectores de la dirigencia política y la Justicia. La creación del Ministerio de Seguridad es señal de la desición de asumir el gobierno de la seguridad. Asegurar un gobierno político de la policía. Es la política la que debe definir el rumbo de la policía, y no al revés. Pero la política unida a las organizaciones sociales y los gobiernos locales. Como venimos diciendo, no se trata de sustituir a la sociedad para representarla sino de convocarla para que coparticipe en la definición de las políticas de seguridad y en el control de la policía. 45


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Si los conflictos sociales son fenómenos complejos y multicausales, entonces no corresponde que las respuestas a ellos provengan de la intervención exclusiva del Ministerio de Seguridad. El ministerio es una de las agencias, pero deberá coordinar su intervención con otras agencias del Estado (Ministerio de Desarrollo o Educación, por ejemplo), procurando la participación de los gobiernos locales que son, en última instancia, los que se miden diariamente con los conflictos sociales en sus territorios.

Recordemos… …que en nuestro país las fuerzas militares no pueden utilizarse para gestionar en las conflictividades sociales ni para desarrollar labores de seguridad ciudadana.

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2.4.

Seguridad pública y seguridad ciudadana

Los conceptos de seguridad pública y seguridad ciudadana suelen utilizarse indistintamente, como sinónimos. Sin embargo, existen algunas diferencias que conviene tener presente para luego pensar las nuevas formas que asume hoy la prevención, ya sea la prevención comunitaria o la prevención policial a través de una policía de proximidad o comunitaria. Los aspectos comunes se sintetizan en que ambas comprenden la seguridad de las personas y los bienes; están claramente definidas dentro de los márgenes de la soberanía de un Estado y en el marco de las leyes; pretenden crear las condiciones para que los individuos se encuentren libres de riesgo y daño; proveen el respeto y resguardo de los derechos y garantías individuales, así como el pleno funcionamiento de los poderes y órganos del Estado democrático. En cuanto a las especificidades y diferencias que podemos encontrar son relativas al contexto en que son utilizadas. En ese sentido, la palabra pública se utiliza preferentemente para el ámbito de las políticas sectoriales, haciendo énfasis en la responsabilidad que le cabe al Estado en la relación gobernantes/gobernados y en una clara delimitación respecto de lo que es privado para proteger la libertad de las personas. Por el contrario, con la palabra ciudadana se pone especial énfasis en la corresponsabilidad de la seguridad entre ciudadanos y Estado, prioritariamente en el aspecto de la participación. La seguridad pública, entonces, hace mención al conjunto de acciones públicas (normativas, intervenciones, desarrollos institucionales) orientadas a producir y garantizar determinadas condiciones de 47


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convivencia, a la persecución de delitos, la reducción de formas de violencia y la protección de los bienes y la integridad física de los ciudadanos. Todo ello, según un marco regulador que funciona como organizador y límite de las competencias. La seguridad ciudadana se orienta a lo mismo, pero acentuando la cuestión de la ciudadanía como factor clave de la seguridad. Como se habrá advertido, aquí no hablamos tanto de seguridad pública sino de seguridad ciudadana, toda vez que no se trata de proteger al Estado de la sociedad en general y tampoco garantizar el statu quo de un sector social, de privilegiar los intereses de determinado sector en detrimento de otros. No se busca preservar y restaurar un supuesto orden público, sino preservar a todos los ciudadanos, garantizando el ejercicio de sus derechos y de su libertad.

antes

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El enfoque de la seguridad ciudadana prioriza la seguridad de las personas, es decir que ellas son receptoras de las políticas de seguridad. Pero, además, asigna a los ciudadanos el papel de actores sociales y comunitarios. O sea que son referenciados a la vez como los receptores y protagonistas del diseño, la planificación y la instrumentación de las políticas de seguridad. Reiteremos que no se trata de proteger al Estado de la sociedad sino a los ciudadanos en esa sociedad. El Estado debe velar por la plena vigencia de los derechos de aquéllos. Los agentes de la seguridad deben responder a las necesidades de las comunidades guardando proximidad respecto de ellos. Pero deben hacerlo no perdiendo de vista las diferentes interpretaciones que puedan tener los distintos actores sobre los problemas generados por los variados conflictos que pueden experimentar diariamente.


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después

En definitiva, como sostiene Rangugni, “la seguridad ciudadana es un concepto que supera la idea de seguridad ligada al mantenimiento del orden público por parte de los poderes estatales. La supera y reemplaza por una idea de seguridad entendida como derecho inherente a la ciudadanía misma. La seguridad, en este sentido, no es tanto una función a cumplir por los poderes públicos y un bien a brindar por las instituciones estatales, sino un derecho ciudadano sin cuyo cumplimiento la ciudadanía no está cumplida. Pero al

mismo tiempo, en tanto derecho exigible al Estado, se constituye en una obligación ciudadana, no sólo en lo atinente al cumplimiento de las leyes, sino también respecto de su participación protagónica en la cuestión. Esta noción de seguridad ciudadana implica una reubicación en el ciudadano en tanto ser comunitario que no sólo demanda seguridad, sino también provee sus capacidades, disposiciones y propuestas para lograrla” (Rangugni, 2010: 71)

Recordemos… La seguridad ciudadana apunta a crear condiciones para la convivencia pacífica de los ciudadanos entre sí; su objetivo no es el “mantenimiento del orden público” sino la “protección integral de los derechos humanos”.

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Figura 3: Dos modelos de seguridad: de la seguridad pública a la seguridad ciudadana Seguridad pública

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Seguridad ciudadana

Exclusión y contención social

Inclusión y protección social

Seguridad para los fuertes

Seguridad para todos, sobre todo para los grupos desaventajados

Imposición de orden (ordenar)

Gestión de conflictividad (gestionar)

La seguridad es un fin en sí mismo

La seguridad es un medio (instrumento) para alcanzar la plena vigencia de todos los derechos humanos, desde una perspectiva integral que incluye tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales

El objetivo de la seguridad es resguardar el orden público

El objetivo de la seguridad es garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de las personas

Oposición entre derechos humanos y seguridad

Derechos humanos y seguridad son un binomio inseparable

Seguridad a través de la reducción de derechos fundamentales y minimización de riesgos

Seguridad a través de la ampliación de los derechos fundamentales y asunción de riesgos

Seguridad y ciudadanía se oponen

Seguridad y ciudadanía se complementan

La seguridad es una responsabilidad exclusiva del Estado

El Estado es el responsable fundamental de la seguridad, pero la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad participan en el diagnóstico, el diseño, la instrumentación, control y evaluación de las políticas públicas de seguridad

Política tecnocrática

Política democrática

Seguridad del Estado

Seguridad de la sociedad


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2.5.

Seguridad objetiva y seguridad subjetiva: la sensación de inseguridad

Un tema recurrente, materia de debate público en los últimos años, que ha sido explotado por muchos periodistas y del cual ha sabido sacar provecho el populismo punitivo, es la “sensación de inseguridad”. Hablamos de "populismo punitivo" para dar cuenta de todos aquellos que creen que la inseguridad se resuelve aumentando las penas, creeando nuevas figuras penales, bajando la edad de imputabilidad o haciendo más carceles. Los investigadores coinciden en que no hay que confundir la inseguridad objetiva con la inseguridad subjetiva o la sensación de inseguridad; no es lo mismo ser víctima de un delito que temer ser víctima de aquél. Se trata de dos fenómenos diferentes, aunque eso no implica que no estén relacionados entre sí. En muchos casos, la inseguridad subjetiva se explica en la inseguridad objetiva, esto es, la gente tiene más miedo porque efectivamente aumentó el delito. Pero otras veces puede suceder que habiendo bajado el delito (disminuido la inseguridad objetiva), la gente siente más miedo que nunca (aumento de la inseguridad subjetiva). Como se puede ver, se trata de dos variables relacionadas pero independientes. No hay una relación mecánica entre los términos en cuestión. La inseguridad subjetiva no es el mero reflejo de la inseguridad objetiva. Muchas veces el aumento del miedo puede tener que ver con otras causas como, por ejemplo, el crecimiento de la desconfianza policial (la gente tiene miedo porque desconfía de la policía, los jueces o los políticos); el aislamiento de los ciudadanos y desenganche de las redes sociales (la gente tiene miedo porque se encuentra sola y enclaustrada en su casa, alejada de sus grupos de amigos), o las coberturas truculentas y sensacionalistas que exponen los 51


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grandes medios de comunicación en torno de determinados conflictos sociales (la gente tiene miedo porque se siente alarmada con las noticias policiales). Otras veces está relacionada con la vulnerabilidad que producen otras transformaciones estructurales (la gente tiene miedo porque puede perder el trabajo en cualquier momento o puede perder su casa, su nivel de consumo). En ese sentido, para calmar su angustia redefinen y transforman ese miedo difuso en miedo al delito (aumenta la sensación de inseguridad porque la gente se siente a la deriva), es decir, encuentran un chivo expiatorio o víctima sacrificable que canalice la tensión diaria, etcétera. Vista la inseguridad a través de nuestras conversaciones cotidianas o la televisión, la inseguridad tiene un rostro concreto y un barrio que la fabrica. Tendemos a asociar la inseguridad a la presencia de determinados grupos que no dudamos en identificar prejuiciosamente como peligrosos o productores de riesgo. La seguridad y la inseguridad son construcciones sociales subjetivas: nuestros prejuicios, creencias, valores, diarios que leemos, periodistas que escuchamos, constituyen otros insumos para modelar 52

ese sentimiento. La seguridad no está hecha solamente de experiencias concretas que nos tocó vivir a nosotros o nuestros familiares, amigos o vecinos, sino de discursos y relatos, algunos muy nuevos y otros bastantes viejos que venimos cargando por generaciones. Pero la inseguridad no sólo tiene que ver con experiencias violentas o esa violencia no siempre es percibida como tal. La violencia indirecta, esto es, la falta de trabajo o el trabajo precario, la falta de vivienda, educación o salud, el hecho de no poder acceder a la Justicia, también son manifestaciones de inseguridad y sin embargo no llegamos a identificarla con ella. La culpa de nuestro derrotero no son las malas políticas sino el “joven” que tenemos en frente. Ya se sabe: cuando uno ignora quién lo golpea tiende a golpear al que tiene más cerca, al lado. Ahora bien, estas preocupaciones están en el origen de la inseguridad, crean condiciones para que sintamos miedo. El miedo al delito es la cara visible de un problema más profundo. Hay otro montón de causas que producen inseguridad y, sin embargo, muchas veces no llegamos a percibirlas como fuente de inseguridad, causantes de la “sensación de inseguridad”. Es un miedo difuso toda vez que no tiene un origen


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concreto, viene de todos lados; es, por así decir, el “espíritu de una época”. Pero para calmar la angustia que eso genera se le pone un rostro y se le asigna un lugar. De esa manera, el miedo abstracto se vuelve miedo a algo concreto. El miedo es el miedo al delito callejero y, más aún, el miedo a determinados grupos identificados como productores de miedo, supuestos protagonistas del delito callejero o actos de vandalismo. Así, los jóvenes pobres o inmigrantes se nos presentan como los culpables de todos nuestros padecimientos y angustias diarias. La culpa la tienen los “pibes”. Esos grupos de jóvenes suelen convertirse en el mejor chivo expiatorio de una sociedad que tiene miedo y no se da cuenta de que

cuando apunta con el dedo al otro –como una profecía autocumplida- contribuye a inventar también el problema que tiene: la sensación de inseguridad. Así como hay que construir estrategias para prevenir y perseguir el delito, hay que construir también estrategias para conjurar el miedo al delito. Muchas veces, haciendo retroceder el delito se logrará hacer retroceder el miedo al delito. Pero otras veces, cuando el miedo tiene otras causas –como se dijo- nuestro miedo no va a disminuir porque el Estado haya sido eficaz en la lucha contra el delito común. Se necesitan otras respuestas. Por ejemplo, no sólo se debe propiciar que los medios de comunicación informen de manera responsable y no truculenta sobre los con53


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flictos sociales, que no manipulen el dolor de las víctimas y que consulten varias fuentes a la hora de investigar, etcétera. Se necesita, además, como veremos, que se reconstituyan los tejidos sociales, que los ciudadanos participen en la vida pública, se sumen a las organizaciones barriales. Una persona sola en su casa, que se la pasa mirando televisión, tiene más posibilidades de sentir miedo que una persona que sale, tiene muchos amigos, se relaciona, participa en la vida pública. Una

persona que dialoga colectivamente en un club, en la cooperadora de la escuela, en una biblioteca popular, en una organización social o política o en un centro cultural, tendrá más herramientas para hacer una lectura crítica cuando vaya a la verdulería de la esquina y escuche frases como: “El problema son los vagos de la esquina”. Pondrá más reparos o tendrá más preguntas para hacerse cuando vea televisión y no se dejará llevar de las narices fácilmente.

Figura 4: Las dos dimensiones de la inseguridad Inseguridad objetiva

Inseguridad subjetiva o sensación de inseguridad

Cantidad de hechos de violencia, robos, secuestros, etc., que se producen en un espacio determinado

Temor, incertidumbre, el miedo al otro o el sentimiento de fragilidad que producen tanto los hechos reales como otros múltiples factores

El delito en cifras

El miedo al delito

Recordemos… No hay que confundir el delito con el miedo al delito. La inseguridad muchas veces no nos está informando del aumento del delito sino del aumento del miedo al delito. A veces, la disminución del delito puede contribuir a la disminución de la sensación de inseguridad; pero otras veces, ésta puede mantenerse e incluso aumentar a pesar de que hayan disminuido el delito y los conflictos sociales. 54


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2.6.

La seguridad, ¿sólo es un problema policial?

Los portavoces de las campañas de “ley y orden” piensan los problemas sociales con el Código Penal en la mano. Por eso, la pregunta que se hacen es cuál es el nivel de castigo adecuado. La política criminal es la respuesta a determinados casos tipificados como problemáticos y sugieren una intervención reactiva por parte de la policía centrada en el momento en que se está cometiendo el delito o después de que éste tuvo lugar. La prevención del delito es una materia pendiente. Cada una de las situaciones es tratada como un caso aislado que merece una respuesta individual. Problemas penales requieren soluciones judiciales, de la misma manera que los problemas policiales requieren la atención policial. Por el contrario, cuando a la seguridad se la piensa con los derechos humanos y la Constitución Nacional, la pregunta es cuál es el nivel de protección adecuado. Y cuando alguien plantea el problema con esta pregunta ya no podrá responderla apelando solamente a la policía y a las otras agencias del sistema penal. Hemos dicho que la seguridad no ha sido siempre la misma. Como sostuvo el sociólogo francés Robert Castel (1993), durante casi todo el siglo XX la seguridad estuvo vinculada con lo social; la inseguridad era la “inseguridad social”, una temática asociada al mantenimiento del pleno empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general: equilibrar el desarrollo económico con el desarrollo social, para el mantenimiento de la cohesión social. Esta problemática, así enfocada, reclamaba el compromiso y la disposición continua de protecciones especiales por parte del Estado para reducir los riesgos sociales. El compromiso descriminalizaba y desjudicializaba determinados conflictos sociales, habilitando a 55


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otras agencias sociales para asistir a los actores en situación de desventaja. En la Argentina, tras el golpe militar y con la “doctrina de seguridad nacional”, con la crisis del estado de bienestar, la seguridad se ha ido separando de lo social para quedar circunscripta al delito común y a otras conflictividades sociales urbanas casi siempre vinculadas con los sectores más pobres o marginados. La seguridad se ha convertido en una problemática que reclama otra legalidad e involucra a otras agencias: la policía, los tribunales y la cárcel, es decir, el sistema penal. Sin lugar a dudas, detrás de este corrimiento estaba operando -también- la mano invisible del mercado, los intereses económicos de una industria incipiente pero muy prometedora (la industria del miedo: la seguridad privada). En efecto, el negocio de la seguridad privada empieza a ganar cada vez más espacio a medida que va aumentando el temor social. El 56

miedo de la gente crea condiciones favorables para la expansión de este rubro, para aumentar la renta a través de estas inversiones privadas. Cuanto más miedo tenga la gente más posibilidades de vender seguridad tendrán los empresarios de este negocio. Pero al mismo tiempo que el mercado ganaba terreno, también había otra concepción sobre el Estado que empezaba a ganar adhesiones entre distintos actores sociales y de la dirigencia política. Un Estado sobrecargado de demandas sociales que había que desalentar, a veces a través de la represión y la criminalización de la protesta, y otras, apelando a la sociedad civil, es decir, interpelando al libre albedrío de los ciudadanos, confiando en la voluntad y –sobre todo- en su capacidad de consumo para resolver los problemas que plantean estos fenómenos. La seguridad social se ha vuelto, entonces, una cuestión individual y privada; la seguridad social se ha transformado en seguridad personal:


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vista la inseguridad a través de la defensa personal, aquélla se nos presenta como un problema que girará en torno de la protección de la integridad física y la propiedad privada de los ciudadanos. Con todo, a medida que el Estado se desentendía de la seguridad social, acotando la seguridad a una cuestión policial (hay que garantizar el orden), la seguridad se convertía también en seguridad personal: los individuos, en tanto consumidores, tienen que comprar seguridad para sentirse más seguros y protegerse. Por el contrario, desde el modelo de la seguridad ciudadana y democrática la inseguridad no es centralmente un problema policial que se resuelve apelando a la policía o haciendo más cárceles, sino resolviendo los problemas sociales pendientes, encarando esos problemas con políticas públicas universales que garanticen la renta ciudadana, un trabajo estable y digno, con mejores condiciones para la edu-

cación, etcétera. Ello no significa que el Estado no pueda ni tenga que apelar a la policía en determinados casos. Pero sólo podrá hacerlo cuando no existan otros canales de diálogo y nunca perdiendo de vista que la respuesta punitiva no puede ser la única y definitiva. No se puede perder de vista que, en las sociedades desiguales donde importantes sectores de la población resultan segregados y discriminados, la inseguridad es un problema más complejo, más grave pero también más profundo. El telón de fondo de la inseguridad es la brecha social y espacial, pero también los procesos de estigmatización social que reproducen y crean malentendidos entre vecinos y las distintas generaciones, produciendo un círculo vicioso de inseguridad.

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2.7.

Inseguridad y delito común: pobreza, brecha social, fragmentación social y mercados delictivos

Dijimos que durante el neoliberalismo, el delito en general había sido reducido al delito común o al microdelito, asociado con la pobreza que viven determinados sectores sociales. “La causa del delito es la pobreza, la desocupación”, solemos escuchar. “Es la fuente generadora de delito y de distintos tipos de fechorías o conductas incivilizadas o estilos de vidas violentos que generan igualmente inseguridad y preocupación.” Se trata de una concepción simplista y mecanicista, que atribuye todo a la pobreza. El delito común sería la respuesta espasmódica y visceral de la pobreza: “Tengo hambre; luego, robo”. No decimos que esto no sea así, que la pobreza no sea un factor a tener presente a la hora de explorar las causas del delito común, pero las cosas resultan mucho más complejas. Hay que evitar las posturas simplistas que remiten todo a la desocupación, el hambre, la marginalidad, sugiriendo, en fin, que el delito es la respuesta a una necesidad insatisfecha. En efecto, como dijo la presidenta Cristina Fernández, las causas del delito contra la propiedad habría que buscarlas en la brecha social, es decir, en la desigualdad extrema existente en determinados ámbitos urbanos, aceleradamente desagregados y deteriorados y, en cuyo contexto durante las dos últimas décadas se fue desarrollando un extendido proceso de rápida marginación en gran parte de la población de esos lugares. Lo mismo sostiene Mariano Ciafardini, director de Política Nacional del Ministerio de Justicia: las causas del delito común no hay que buscarlas en la pobreza sino en la polarización o verticalización del sistema social, en el deterioro desigual como consecuencia del impacto negativo en determinados sectores de la sociedad de las

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políticas neoliberales, es decir, en el desfase o desajuste económico abrupto que se produce entre ciertos grupos sociales, que ocupan espacios adyacentes, en el marco de ciertos cambios acelerados. En otras palabras, “el deterioro económico social no deriva directa e inmediatamente en violencia delictiva sino a través de complejos procesos de degradación de las formas de organización económica y social que incluyen aspectos individuales y familiares, y también institucionales y políticos. Es la resultante de la nefasta combinación de la destrucción de los individuos con la destrucción de la organización social y política. Tanto una como otra tienen en su base la destrucción económica y social” (Ciafardini, 2007: 46) Entonces, “no es la

pobreza en sí lo que está relacionado con el delito en forma directa, sino el desajuste económico abrupto de un estrato social o grupo respecto a otro u otros que ocupan espacios adyacentes” (Ciafardini, 2007: 47) En tercer lugar, a la hora de explorar las causas del delito común habría que prestar especial atención además a otros fenómenos que algunos autores (Miguel Miguez y Alejandro Islas, 2010) llamaron la “fragmentación social” o “desorden social”. La pobreza se vuelve delito sólo cuando aquélla se encuentra mediada por la fragmentación social. Dicho de otra manera: para que estos sectores referencien estas actividades como “estrategia de sobrevivencia o pertenencia” hace falta 59


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mucho más que pobreza; es necesario que se hayan deteriorado los consensos comunitarios que regulaban la vida de relación entre los miembros de la comunidad. Esos consensos cotidianos se construyeron por generaciones en torno del mundo de la escuela, el trabajo formal estable y las solidaridades sindicales. Las transformaciones que supuso el neoliberalismo para el mundo del trabajo, la escuela y la familia fueron deteriorando esas trayectorias biográficas alrededor de las cuales se formaron las pautas que normaban las relaciones sociales. La fragmentación social, es decir, la desarticulación del tejido social, las crisis en los sistemas de participación política, el creciente individualismo producto de los cambios culturales en los 90 y el desdibujamiento de los contratos comunitarios que norman la vida cotidiana, contribuyeron a crear condiciones para

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reproducir determinados conflictos sociales, generando malentendidos sociales cuando vuelven ineficaces los mecanismos de control social que ejerce la sociedad. Finalmente, las causas del delito hay que buscarlas en la conformación de los mercados ilegales, en las estructuras de oportunidades que generan esos mercados (por ejemplo, el mercado de autopartes o de drogas legales e ilegales). En efecto, esos mercados pueden ser referenciados por alguna persona como la oportunidad para resolver problemas materiales concretos. La conformación de estructuras de oportunidades delictivas permite que determinadas ilegalidades y formas de victimización (y no otras) sean llevadas a cabo por los potenciales infractores socialmente producidos. Por ejemplo, la demanda de


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autopartes, de remedios o determinadas drogas legales puede ser percibida por distintos grupos de sectores precarizados como una oportunidad para resolver problemas materiales concretos. Si la gente compra más autos y maneja mal, y choca y luego va a un “desarmadero” o un negocio que vende autopartes muy “baratas”, entonces tenderá a aumentar el robo de autos para satisfacer la demanda de ese mercado ilegal. Y lo mismo se puede decir del mercado de fármacos o la trata de personas. La desregulación del mercado de medicamento creó condiciones para el aumento de venta de remedios y, con ello, el aumento de regularidades: piratas del asfaltos (robo de camiones que transportan remedios), adulteración de medicamentos, etcétera. Como se puede ver, los problemas resultan más complejos: el delito común no es la respuesta a una necesidad insatisfecha. Los contrastes sociales abruptos, el deterioro de consensos y controles sociales, el deterioro y la desconfianza hacia las instituciones y la conformación de mercados ilegales son otros factores que crean condiciones para que el delito tenga lugar.

Recordemos… La inseguridad no es un tema que atañe exclusivamente a la policía, un problema que se resuelve apelando a la policía o haciendo más cárceles, sino resolviendo los problemas sociales pendientes, encarando los conflictos sociales con políticas públicas universales que garanticen la renta ciudadana, un trabajo estable y digno, con mejores condiciones para la educación, etcétera.

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2.8.

Imposición del orden estatal o gestión de la conflictividad social

Dijimos que el gobierno democrático de la seguridad no se funda en la idea del orden. No se trata de ordenar sino, como dice Alberto Binder, de gestionar las conflictividades sociales. Ahora bien, “abandonar la idea de orden no significa, de ninguna manera, proponer una política permisiva respecto de la criminalidad. Gobernar la seguridad implica desarrollar políticas públicas y comunitarias para gestionar las conflictividades sociales. No es una mirada débil sino compleja sobre los fenómenos sociales. Es necesario reconocer tanto su realidad dinámica como las múltiples causas que los originan. De esa manera no sólo se quiere evitar en todo momento el uso de la fuerza, sino impedir que en un conflicto predomine el más fuerte. Si el fuerte debe ganar que no sea porque es el más fuerte sino porque tiene razón.

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2.9.

La intervención multiagencial y multiactoral

antes

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Los problemas con causas múltiples reclaman también múltiples respuestas por parte de las distintas agencias del Estado y actores de la sociedad. Para resolver los problemas de inseguridad en la sociedad no basta con la intervención de las instituciones que componen el sistema penal y tampoco apelando al accionar policial. Al contrario, muchas veces, cuando interviene sólo el sistema punitivo, lejos de resolver los problemas, terminan agravándose. Así, con frecuencia, las propias políticas de seguridad contribuyen a generar el problema que quieren resolver, es decir que las soluciones forman parte del problema del delito y otras conflictividades. Por ejemplo, como dijo el sociólogo argentino Gabriel Kessler (2004), si a un joven, que sabe que robar está mal (que sabe que está cometiendo un delito), y sabe además que el trabajo es lo que le aporta honorabilidad y respetabilidad en su barrio, de cara a las generaciones mayores, se lo lleva a la cárcel de buenas a primeras, además de generar en él resentimiento y un estigma que le resultará muy difícil sacarse de encima una vez que cumpla su condena y salga de la cárcel, se lo podrá estar vinculando con otros individuos en una carrera profesional del delito. De esa manera, la cárcel, lejos de resolver los problemas recrea las condiciones para que se agraven, toda vez que la persona que pasó una temporada en prisión tendrá muchas dificultades para conseguir un trabajo formal y digno y será molestado permanentemente por la policía, alertada por los vecinos prejuiciosos del barrio. Otras veces, la cárcel le aporta capital social (contactos, afiliación en redes criminales profesionales), capital simbólico (“chapa”) y capital cultural (experiencia), 63


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que perfilan una trayectoria criminal cada vez más difícil de desandar. El problema de la inseguridad no se resuelve, pues, con más cárcel sino creando condiciones para reproducir la vida: trabajo formal digno, redes sociales solidarias, etcétera. Hay que operar sobre las condiciones de vida en las que se desarrolla la violencia, generando oportunidades para desalentar la opción criminal. Para decirlo de otra manera: para atajar los problemas complejos, con causas sociales diversas, la respuesta no puede ser única sino múltiple. Reclama la articulación y el trabajo conjunto de distintas agencias del Estado. 64


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Ahora bien, las respuestas del Estado no sólo deben dirigirse a hacer frente a la inseguridad objetiva. También hay que operar en el plano de las subjetividades. Si la inseguridad es, también, una sensación, allí también habrá que ensayar una respuesta. En ese sentido, hay que fortalecer los lazos sociales para afianzar el sentimiento de seguridad. Como dijimos, un individuo solo es un individuo que tienen más chances de sentirse vulnerable. Y esa vulnerabilidad que genera angustia suele ser catalizada a través de un chivo expiatorio. Por eso hay que apuntalar las redes sociales, el entramado organizacional de la sociedad.

Todo esto supone articular las politicas públicas de seguridad con la intervención de otras áreas. Por ejemplo, trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación o la Secretaría de Cultura en políticas sociales, educativas o recreativas que puedan contener las expectativas de los jóvenes, o capacitarlos para que tengan más posibilidades de encontrar un trabajo estable y digno cuando ingresen al mundo de la economía. Puede articular también, con el Ministerio de Desarrollo Social, la implementación de programas especiales destinados a grupos en riesgo o con antecedentes penales, para contenerlos y reinsertarlos en la sociedad. 65


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2.10.

La demagogia punitiva: agitando el fantasma de la inseguridad

En los últimos años, sobre todo en vísperas de cada elección, muchos dirigentes políticos prueban su valía en la lucha contra lo que suelen llamar “el flagelo del delito”. Muchos partidos hicieron de la inseguridad su caballito de batalla y hacen campaña manipulando el dolor de las víctimas, aprovechando la desgracia ajena para ganarse la adhesión de la gente. Se trata de políticos oportunistas y demagógicos que dicen lo que la gente quiere escuchar, lo que muchos periodistas quieren oír. Pero también se trata de políticos irresponsables, que creen que los problemas son sencillos y se pueden resolver con más presupuesto, es decir, con más policía, con “mano dura”, “haciendo más cárceles”, “bajando la edad de punibilidad para los menores”, “negando las excarcelaciones para los pobres”, “subiendo las penas”, “creando más delitos”, “aumentando las facultades discrecionales de la policía”, etcétera. Pero, ¿por qué la inseguridad es el tema principal de las campañas electorales? Sin duda, porque hay muchos delitos y la gente siente miedo o no quiere acostumbrarse a convivir con este tipo de conflictos. Pero hay algo más: según el criminólogo noruego Nils Christie, cuando los políticos piensan que el mercado tiene que ocupar el lugar del Estado, o sea, cuando el Estado se desentiende del trabajo, la educación, la vivienda, la salud, la niñez, etcétera, como sucedió en las décadas anteriores durante el neoliberalismo, muchos políticos creen que el Estado sólo está para custodiar el orden y combatir el delito o las incivilidades. Pero el Estado no está para incluir sino para contener, es decir, para evitar que lo que sobra irrumpa, se organice o lleve a delinquir. De allí que la lucha contra el delito común se haya convertido en la vidriera de la política.

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No se trata de un problema menor, porque cuando el delito se convierte en el tema favorito de estos políticos, se manipula el miedo que legítimamente pueda tener la ciudadanía y, por añadidura, se magnifican los problemas, se estigmatiza a los supuestos victimarios, se alimenta un espíritu de revancha que, lejos de contribuir a pacificar la sociedad, a resolver los conflictos sociales, genera más malentendidos y crispa a la sociedad. De esa manera, son recreadas constantemente las condiciones para que estos males se perpetúen en el tiempo de una manera cada vez más grave.

En una democracia y, más aún, en una sociedad con todos los problemas que tiene, después de décadas de abandono del Estado y de indolencia social, después de tanta frivolidad, banalidad e individualismo, la búsqueda de soluciones debe hacerse entre todos y con paciencia. Escuchando a todos los actores involucrados para tener un diagnóstico completo de los problemas. No hay que echar más leña al fuego, sino debatir con responsabilidad.

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2.11.

La seguridad y los ciudadanos desaventajados

Ahora bien, si bien es cierto, como dice la Constitución Nacional (en su articulo 16), que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, hay determinados grupos de ciudadanos que, por las particulares circunstancias en las que se encuentran (años de desocupación, miseria, falta de recursos económicos y culturales, deterioro de las redes sociales de solidaridad, etc.), no tienen las mismas oportunidades para ejercer y hacer valer los derechos que la ley les garantiza. Las sociedades que nos tocan son complejas. Esa complejidad tiene múltiples razones. Algunas derivan directamente del sistema capitalista y su modelo neoliberal, que han terminado polarizando, segregando y compartimentado a la sociedad. Otras tienen que ver con el descompromiso del Estado y su desmantelamiento (ajuste del gasto público, reforma del Estado, privatizaciones y desregulaciones) durante muchos años, con el déficit de representación (crisis de los partidos tradicionales para agregar los intereses de los distintos sectores y grupos de la sociedad), pero también con la incapacidad del sistema político para canalizar las distintas voces de la sociedad (crisis de gobernabilidad). Pero las desigualdades sociales no son solamente económicas, desigualdades que derivan de la apropiación exclusiva de la naturaleza: las hay raciales, étnicas, culturales, de género o físicas, que tampoco pueden ser desapercibidas y subordinadas a las otras. En nuestra sociedad, existen diferentes clases de grupos (menores de edad, niños o jóvenes; mujeres; jubilados; minorías étnicas, raciales, culturales o religiosas; inmigrantes; madres solteras; discapacitados; enfermos de cáncer o sida; pobres; desocupados; trabajadores precarizados,

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etc.) que están en una situación de desventaja con respecto a otros grupos de otros sectores de la misma sociedad. Si bien es cierto que, en sociedades como las nuestras, las desigualdades económicas afectan a todas aquellas minorías, cada una tiene sus particularidades que habrá que poner de manifiesto y atenderlas. Esa pluralidad de grupos e intereses, de circunstancias y cosmovisiones, propia de las sociedades contemporáneas, diluye o redefine uno de los presupuestos fundacionales del constitucionalismo moderno, tanto en su versión liberal como socialista, a saber: la vocación universalista que se reconoce en el principio de igualdad (“todos somos iguales” o “todos merecemos un trato igualitario en oportunidades iguales”). El Estado debe garantizar la igualdad económica, la distribución equitativa de la riqueza, esto es, garantizar un piso común a todos los ciudadanos, pero al mismo tiempo debe velar por las particularidades de los distintos grupos de pertenencia, pero también por las particularidades que existen en el seno de cada grupo. No sólo por las desigualdades que se agravan cuando se trata de determinados grupos (por ejemplo, los pobres o los aborígenes), sino por aquellas desigualdades que cabe preservar (la propiedad colectiva en los aborígenes). Para decirlo de otra manera: se trata de pensar una sociedad igualitaria, pero respetuosa de la diversidad cultural y la pluralidad de estilos de vida, que proteja a los grupos de personas desaventajadas, las cuales, para resolver los problemas materiales, desarrollan determinadas estrategias de sobrevivencia, como, por ejemplo, limpiar vidrios y hacer malabarismos en

los semáforos, cuidar coches, cartonear, mendigar, dedicarse a la venta ambulante, ocupar terrenos públicos, etcétera. De la misma manera, hay que cuidar a todos aquellos que, no pudiendo esperar la próxima elección para presentar su problema ni tampoco acceder a los medios masivos de comunicación para compartir su problema con el resto de la sociedad, o accediendo a ellos ven desvirtuado su punto de vista, eligen la calle para manifestarse y peticionar a las autoridades. En definitiva, lo que estamos señalando cuando reconocemos la existencia de grupos desaventajados es su estatus jurídico particular, y postulando, por añadidura, el especial trato que merecen estos grupos. Por eso mismo, el Estado demuestra una preocupación prioritaria o privilegiada hacia los grupos sociales más desaventajados, asegurando un trato justo para ellos, sea atendiendo oportunamente sus reclamos y no criminalizando sus acciones que tienden a poner de manifiesto el problema (demanda o exigencia legitimada en los instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos) o desarrollando políticas públicas preferenciales o de apoyo especial para ellos. En ese sentido, el Estado brinda una especial protección para todos aquellos que, por las particulares circunstancias en la que se encuentran, están en una situación desventajosa para ejercer sus derechos o hacerlos valer.

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Seguridad y Derechos Humanos: HERRAMIENTAS para la REFLEXION sobre la SEGURIDAD CIUDADANA y DEMOCRATICA

2.12.

La policía y las manifestaciones públicas

No todas las protestas son iguales. Hemos dicho que en una democracia, para que los ciudadanos puedan autogobernarse, tienen que tener la posibilidad de expresarse. No hay democracia sin libertad de expresión. La libertad de expresión es el nervio de la democracia. La Constitución prevé determinados mecanismos institucionales para que los ciudadanos puedan peticionar a las autoridades y compartir con el resto de la sociedad los problemas que tienen. Uno de esos mecanismos es el sufragio electoral. Cada dos y cuatro años las personas serán convocadas para manifestar su opinión sobre los candidatos y las propuestas de cada uno de los partidos. Pero en sociedades como las nuestras, con los problemas sociales que tienen, hay determinados sectores sociales que no pueden esperar ese momento. Deben poder contar en todo momento con la oportunidad de expresarse libremente. El sistema prevé también la posibilidad de contar lo que les pasa a través de los medios masivos de comunicación. Pero cuando la libertad de expresión se organiza en función de la capacidad económica, si para aparecer en la televisión o poner un aviso en el diario hay que pagar, está claro que los sectores de mayores recursos económicos tienen más chances de llegar más lejos y a más personas. En estas circunstancias, cuando las personas no pueden esperar a la próxima elección y tampoco pueden acceder a los medios o, accediendo, éstos desvirtúan o manipulan su punto de vista, los ciudadanos podrán expresarse usando los espacios públicos como foros públicos. A través de las marchas, cortes, manifestaciones, los ciudadanos pueden compartir sus problemas, expresarse libremente.

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Estas formas de manifestación pública, protagonizadas por los sectores desaventajados, merecen ser protegidas por el Estado. Por eso, el ex presidente Néstor Kirchner ordenó la despolicialización de la protesta social, es decir, dispuso la ausencia de efectivos policiales en las manifestaciones públicas y, cuando fuese necesaria su presencia, indicó que ésta se hiciese sin portación de armas de fuego. Con ello, la gestión de Kirchner quería evitar que la intervención disuasiva de la policía en el control de las grandes manifestaciones y protestas sociales desembocase en hechos de violencia con secuelas fatales. Los manifestantes desaventajados están ejerciendo un derecho consagrado en la Constitución y en los pactos internacionales de derechos humanos: la libertad de expresión.

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Seguridad y Derechos Humanos: HERRAMIENTAS para la REFLEXION sobre la SEGURIDAD CIUDADANA y DEMOCRATICA

• El objetivo es el respeto y protección

Criterios de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas:

de los participantes, así como reducir las afectaciones que puedan causar las manifestaciones en derechos de otras personas y bienes públicos.

• Se buscará garantizar el control del

tránsito, destinado a minimizar los inconvenientes para personas ajenas y reducir la posibilidad de hechos de violencia con los manifestantes.

• Se agotarán todos los recursos para

garantizar la resolución de los conflictos que no implique daños a la integridad física de las personas. Por ello, la intervención de los cuerpos policiales debe ser progresiva, comenzando por el diálogo con los organizadores de la manifestación.

• La negociación con los organizadores no podrá estar en manos de quien conduzca el procedimiento operativo policial.

• Cuando las manifestaciones sean antes

programadas o con amplia concurrencia o cuando se prevean riesgos potenciales, el Poder Ejecutivo deberá designar un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones y hacer cumplir las normas.

• No podrán participar en los operativos los policías que se encuentren bajo investigación por uso excesivo de la fuerza. Deberá existir una capacitación previa del personal que intervenga.

• Se establecerá claramente la prohi-

después 72

bición de portar armas de fuego. El personal que intervenga no dispondrá de municiones de poder letal. La utilización de pistolas lanzagases está prohibida. Se considerará falta grave la utilización de armamento o munición no provista por la institución correspondiente.


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• Las postas de goma sólo podrán ser

utilizadas con fines defensivos en caso de peligro para la integridad física de algún miembro del personal interviniente. No se puede utilizar ese material para dispersar una manifestación.

• Los agresivos químicos y antitumul-

tos sólo podrán ser utilizados en última instancia y siempre previa orden del jefe del operativo.

• Todo el personal interviniente deberá

portar identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes.

• Todo el personal que intervenga será

previamente individualizado y se registrarán el armamento, la munición, los vehículos, los equipos y los aparatos de telefonía celular.

• Se prohíbe expresamente la utilización de móviles que no se encuentren debidamente identificados. Si hubiera detenidos, éstos sólo podrán ser trasladados en patrulleros o vehículos específicos.

• Se velará por el respeto de grupos que

requieran una protección especial de sus derechos, tales como niños, jóvenes, mujeres, ancianos, pueblos originarios y personas con capacidades diferentes.

• Los efectivos de seguridad deben ga-

rantizar la actividad periodística. Los periodistas no podrán ser molestados, detenidos ni trasladados. El personal actuante debe abstenerse de realizar acciones que impidan el registro de imágenes o la obtención de testimonios.

• La responsabilidad operativa y la de control recaerá en funcionarios policiales diferentes.

• Se establecerán con claridad los ca-

nales de comunicación de las fuerzas policiales y se registrarán esas comunicaciones.

• En operativos programados, se dispondrán barreras físicas (vallas) que ayuden a preservar la integridad física de los manifestantes y los efectivos policiales.

• Se dispondrá que, siempre que los

riesgos para el personal no lo desaconsejen, los cuerpos especiales (policía montada, canes, infantería) se mantengan a distancia prudente de la manifestación y sólo intervendrán en caso de que las condiciones lo exijan.

Recordemos… La policía no puede estar con armas de fuego en una manifestación pública. La policía debe garantizar la libertad de prensa en las manifestantes. La policía tiene deberes especiales frente a niños y mujeres.

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Seguridad y Derechos Humanos: HERRAMIENTAS para la REFLEXION sobre la SEGURIDAD CIUDADANA y DEMOCRATICA

Ejercicio 2: Análisis de caso

DOS MUERTOS Y AL MENOS DIEZ HERIDOS EN LA REPRESION POLICIAL A UNA PROTESTA TRAS UN DESALOJO EN SOLDATI Día de fuego y sangre en el sur de la ciudad* Por la tarde, la Federal y la Metropolitana desalojaron las viviendas intrusadas que construyen las Madres en Los Piletones. Un grupo de los desalojados protestó luego en la Villa 20, con pedradas e incendios. Todo terminó en represión y muerte. Más de 50 detenidos. piedrazos la comisaría. Hubo corridas y saqueos a comercios. Por Carlos Rodríguez

El desalojo de un grupo numeroso de familias que habían ocupado parte del predio del Parque Indoamericano, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, terminó con gravísimos incidentes cuando las policías Federal y Metropolitana reprimieron a vecinos que se resistieron en la zona de la ciudad donde se encuentra la Villa 20. La protesta vecinal incluyó la quema de autos secuestrados en procedimientos policiales y que se encuentran depositados en un predio que pertenece a la Federal. La Guardia de Infantería reprimió con violencia a los vecinos y de acuerdo con la información obtenida por Página/12, hubo dos personas fallecidas, mientras que hay otras dos heridas de suma gravedad, entre ellas una beba. Cerca de la medianoche, fuentes de la Policía Federal consultadas 74

por este diario confirmaron la muerte de un joven de 22 años y de una mujer de 28 años. La información fue difundida, al principio, por el Frente Darío Santillán, que denunció en un comunicado que “los policías dispararon balas de plomo con sus armas reglamentarias y con Itakas”. La denuncia tardó varias horas en ser confirmada por una fuente oficial. Hubo más de 50 detenidos. El Frente Darío Santillán aseguró que durante “el violento desalojo del Parque Indoamericano y en la Villa 20 fueron asesinados Bernardo Salgueiro, de 24 años, y Rosemary Puña, de 28 años”. Además, según denunció la misma organización, “hay otras dos personas que fueron trasladadas a los hospitales Piñero y Santojanni, una de las cuales es una beba que fue


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herida de bala y un joven que tiene una herida en la cabeza y que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia”. Anoche, un vocero del Ministerio de Justicia de la Nación se había hecho presente en la Villa 20, para tratar de ampliar la información y establecer los detalles de lo sucedido. Aunque la oficina de prensa de la Policía Federal seguía sin dar información sobre los hechos de violencia, una fuente de esa fuerza le confirmó a este diario las dos muertes, aunque sostuvo que “las heridas que recibieron las dos personas sería de armas de bajo calibre”. La misma fuente dijo que “también hay policías heridos de bala de armas de bajo calibre”. Horas antes de que se conociera la noticia sobre las muertes y las personas heridas, el ministro de Espacio Público del gobierno porteño, Diego Santilli, había asegurado que el operativo de desalojo, realizado en forma conjunta por las policías Federal y Metropolitana había “terminado bien”, en referencia a que “no se habían producido incidentes graves”. Según Santilli, habían sido “muy distintas las posturas que adoptaron las familias (que habían ocupado el predio del Parque Indoamericano), que se retiraron sin producir incidentes, y la de un grupo reducido que provocó los choques con la policía”. En el operativo intervinieron uniformados tanto de la Federal como de la Policía Metropolitana. Sergio Schocklender, de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, entrevistado antes de que se conocieran las muertes, aseguró que la situación planteada en el Parque Indoamericano, con la toma de tierras, era

“el resultado de la inacción del gobierno de (Mauricio) Macri, que sigue produciendo desalojos, pero no construye viviendas para la gente pobre”. Los problemas comenzaron en la madrugada de ayer, cuando “un grupo de hombres armados intentó ocupar, a tiros, el obrador del barrio que estamos construyendo en la zona de Los Piletones”, informó a Página/12 Sergio Schocklender. Precisó que “el portón por el que ingresaron las personas que iban armadas estaba custodiado por la Policía Metropolitana, que no hizo nada para evitar la agresión que sufrieron los serenos y la gente que se encontraba en el lugar”. En ese predio, la Fundación construye 320 viviendas, con la participación directa de las mismas personas que serán las adjudicatarias de esos hogares. “La Policía Metropolitana vio los fogonazos, pero no hizo nada para impedir el accionar de ese grupo, que evidentemente responde a algún puntero político que convocó a ocupar viviendas que están siendo construidas para otras personas que son adjudicatarias de esas casas”, interpretó Schocklender. Luego fueron llegando al lugar personas que, sin ejercer violencia, fueron ocupando los terrenos. “Con su accionar, con la indiferencia del gobierno de (Mauricio) Macri, lo que se genera es una batalla entre pobres que necesitan un lugar donde vivir.” De acuerdo con la información suministrada por el gobierno porteño y el SAME, en los incidentes hubo “ocho policías heridos”. Nada se dijo sobre los civiles muerto y heridos que después, como se pudo comprobar recién cerca de la medianoche, 75


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habían sido atacados a tiros. Las imágenes registradas en el lugar demuestran que hubo una violenta represión en contra de los vecinos del lugar. Los agentes de la Federal y de la Metropolitana reprimieron con balas de goma, según la información oficial, aunque los vecinos de la Villa 20 afirman que “dispararon balas de plomo con sus armas reglamentarias y con Itakas”. Además de los muertos y de los heridos, se produjeron 28 detenciones, en la comisaría 52ª, y otras 27 en la seccional 36ª, las dos que intervinieron en el operativo, junto con fuerzas de elite como la Guardia de Infantería. El desalojo del predio ocupado en el Parque Indoamericana fue ordenado por la jueza María Cristina Nazar, y se desarrolló sin incidentes graves, al menos en los primeros momentos. El problema comenzó a las 19.45, pero se trasladó a la zona de la Villa 20, de la que habían partido –se supone– algunas de las personas que intentaron tomar las casas que construye la Fundación Madres de Plaza de Mayo. De acuerdo con la información suministrada por el ministro porteño Diego Santilli, las familias que habían ocupado el predio lo abandonaron luego de una “negociación pacífica”. El funcionario macrista estuvo acompañado por el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Al parecer, 45 minutos después, cuando el conflicto parecía solucionado, un grupo de personas –según la versión oficial– comenzó a arrojar piedras contra la Guardia de Infantería. Los policías comenzaron a reprimir con disparos de balas de goma –y también de plomo, según las denuncias 76

realizadas por los vecinos– y el avance de un camión hidrante por la avenida Escalada. Los manifestantes, como respuesta, quemaron gomas sobre el asfalto y luego retrocedieron hacia la Villa 20, donde quemaron los autos secuestrados del predio policial. Uno de los vecinos muertos, Bernardo Salgueiro, de 22 años, es un joven de nacionalidad paraguaya que había llegado al país hacía un año. Vivía en la Villa 20, donde alquilaba una habitación de tres por tres por la que pagaba la suma de 400 pesos. Hoy, las organizaciones sociales realizarán una conferencia de prensa para informar sobre lo sucedido y para las 15 se llamó a una manifestación hacia la Plaza de Mayo, que partirá de la esquina de Corrientes y Callao.

Noticia publicada en el diario Página/12, 4 de febrero de 2011.


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CRONICA DEL INDOAMERICANO Una toma ampliada* Por Emilio Ruchansky

Cuando Cristina Isfert sonríe brillan un corazón y una flor diminutos, ambos incrustados en sus dientes. No son de oro, aclara la mujer, oriunda de los barrios altos y pobres de La Paz, en Bolivia. “No vaya a creer que me sobra algo”, dice sentada en dos bloques de hormigón, comiendo pepitas y tomando chocolatada en un tupper, que acaba de entregarle una asociación benéfica. No aparecieron ni los remedios ni la comida ni el agua; los víveres prometidos por el gobierno porteño. La mujer ocupa uno de los tantos lotes del Parque Indoamericano, en Villa Soldati. “Estamos oprimidos en casa, somos muchos, así que les cuido este lugar a mi hija y a mis tres nietos”, cuenta Isfert. Para vivir, lava ropa y cuida a los bebés de “señoras del centro”. Por hora, asegura, “le pagan siete pesos y en negro”. Ayer, la toma se amplió en el Indoamericano con cientos de nuevos ocupantes. Alrededor de ella, entre los escombros y las líneas divisorias, cientos de hombres, mujeres y niños se distraen jugando al fútbol, a las cartas, tomando mate o charlando con sus nuevos vecinos. Cada tanto, se arma un tumulto porque a alguien le quieren quitar el terreno. “A los bolivianos no nos defienden tanto”, se lamenta Isfert,

que tiene casa en la Villa 20 y enseguida se acusa: “Algunos venden los terrenos, me dan vergüenza. Yo no los vendería, ¡si los necesita mi hija!” A dos parcelas, el boliviano Arsenio Quispe dice que está “fatigado”, que no entra su familia en el cuarto que alquila en la Villa 20. Trabaja doce horas diarias en un taller de ropa clandestino en Flores y gana, según dice, 1300 pesos. Detrás de él, dos chicas bajan con palas un conciso montículo de tierra. Al lado, con las rocas, troncos y hierros de este parque que parecía un baldío, cuatro muchachos hacen fuego y preparan un guiso en una olla negra, tiznada de tanto calentarse con brasas. Quispe cuenta que le quitaron la mitad del terreno que ocupó pocas horas antes. “No me puedo defender, otros tienen más familias y presionan con eso. Y yo no respondo a la violencia. Los bolivianos nos caracterizamos por ser muy respetuosos”, dice. En el camino por la única calle de la ocupación, se ven tiendas hechas con palets o con cuatro maderas y techo de sábana o frazada. El calor y la falta de agua son los principales enemigos de los ocupantes. Aunque cuando anochece, aparezcan los temidos aprietes de “los vagos”, 77


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como definen todos los entrevistados. “A mí me quisieron sacar también, pero me la aguanto. Tengo esta barra de metal y ya me hice amigo de los vecinos. Los pude echar enseguida”, cuenta orgulloso Nelson Villavicencio, chaqueño y criado, como asegura, “en las cosechas de algodón”. Con sólo 22 años y quince trabajando de sol a sol, se vino a la ciudad de Buenos Aires porque “no daba más”. Ahora, mientras vigila su terreno, “la bruja” le trae comida y agua de la casilla que alquilan en la Villa 20. No durmió en toda la noche, dice, “porque la presión y el miedo” se lo impedían. Mientras el cronista recorre el lugar, muchos se paran para preguntar “si es por el censo”, la otra promesa de la administración macrista. En medio de la espera, un grupo de paraguayos, amigos de Bernardo Salgueiro, asesinado el martes pasado, aseguran que al joven lo mató la policía y que no les quieren devolver el cuerpo. “Nosotros somos muy unidos y ahora más porque mataron a Bernardo, no nos van a poder sacar”, dice Alejandro Martínez, carpintero de profesión. Su amigo, Diego Ramos, zapatero, asegura que la ocupación, ahora, es una gran juego de ajedrez. “Si te movés y no volvés por un rato, te 78

ocupan el lugar. Entonces, si no salimos a defender a alguien es porque ponemos en riesgo nuestro lugar, siempre evaluamos esto antes de saltar por alguien”, dice el zapatero.

*Noticia publicada en el diario Página/12, 10 de diciembre de 2010.


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Preguntas para la reflexión colectiva 1.

¿Quiénes son los actores protagonistas?

3.

¿Cuáles son las agencias del Estado que identifican?

2. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

¿Quiénes son los actores involucrados en el conflicto social? ¿Cuál es el motivo de la manifestación pública? ¿Cómo considera el desempeño de la policía?

Atendiendo a lo leído en el manual, ¿cuál creen que debería haber sido el rol de la policía y los jueces?

Desde una perspectiva de los derechos humanos, ¿puede usarse la fuerza pública para contener actos de protesta? ¿En qué casos?

¿Qué derechos debería proteger el Estado en el marco de una manifestación pública?

¿Qué otras agencias del Estado consideran que deben intervenir para prevenir este tipo de conflictos?

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Ejercicio 3: Análisis de caso Corte de rutas: “La masacre del puente.” Día de protesta y aprietes* HABRA 2000 EFECTIVOS PARA CONTENER A LOS PIQUETEROS Por primera vez el Gobierno amenazó que impediría los cortes, no así la protesta. Cuatro organizaciones de desocupados son las organizadoras. Decidieron no llevar chicos al piquete. Por Laura Vales

”Si quieren marchar, que crucen los puentes de acceso a la Capital, pero no vamos a permitir que los corten con piquetes, aislando la ciudad.” El Gobierno anticipó en estos términos la postura que mantendrá frente a la nueva jornada de protesta impulsada por cuatro organizaciones de desocupados, que desde temprano en la mañana avanzarán desde el conurbano para concentrarse en las principales entradas a la Capital. La idea de los manifestantes es instalarse en cinco accesos y bloquearlos hasta obtener una respuesta oficial a sus reclamos. El operativo policial, según informó la Secretaría de Seguridad, contará con no menos de dos mil hombres de la Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Ante el temor de que se produzcan incidentes o haya represión, la mayor parte de las organizaciones decidió no llevar chi80

cos a las concentraciones. Ayer no había una postura monolítica sobre hasta qué límite mantener los bloqueos. Esta es la primera vez en más de ocho meses que cuatro sectores piqueteros logran articular una acción conjunta y por lo que se ve, mucho de lo que suceda se va a decidir un poco sobre la marcha. Para Néstor Pitrola, del Polo Obrero, la cuestión es ser recibidos por el Gobierno: cuando antes sean atendidos, más rápido terminarán los piquetes. Castells pareció más entusiasmado con una eventual marcha hacia la Casa Rosada que con el sostenimiento de un bloqueo, aunque ratificó que habrá desocupados de su organización en los cinco puntos anunciados. En la Coordinadora Aníbal Verón se mostraron menos dispuestos a ceder.


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Como una muestra concreta de que el endurecimiento oficial no es una cuestión discursiva, en el Gobierno ayer mostraban como ejemplo lo sucedido en Tucumán, donde la policía local junto con la Gendarmería desalojó tres piquetes en los puentes Lucas Córdoba, San Andrés e Ingeniero Barros, en el último caso con gases lacrimógenos. El despeje fue realizado por pedido del gobernador Julio Miranda (PJ), con conocimiento del juez federal Felipe Terán. Los manifestantes, en su mayoría obreros de la construcción, fueron primero emplazados a desbloquear la ruta y sacados por la fuerza en los casos en que se negaron a hacerlo. Sobre el puente Ingeniero Barros hubo incidentes entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, que rechazaron el desalojo con piedras. Disuelto el piquete, consignó el parte policial, los uniformados tendieron “un cordón de seguridad en torno a los barrios marginales que circundan la ruta, impidiendo el paso de los manifestantes hacia los puentes”.

de la mañana para dar tiempo a llegar a los desocupados que se movilizan desde puntos distantes del conurbano. La protesta está anunciada como una jornada de carácter nacional, con cortes de ruta en 19 provincias. En el interior, dijeron los organizadores, las principales actividades se concentrarán en Córdoba, Corrientes, Chaco, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Mar del Plata y Santa Fe. Los principales reclamos de los piqueteros son el plan Jefes y Jefas de Hogar, del que sostienen que han quedado fuera miles de solicitantes, el envío de alimentos a los barrios y la libertad de Raúl Castells.

Tal fórmula de desalojo mediante la intervención de la Justicia es la que podría repetirse hoy si los desocupados mantienen su intención de cortar los ingresos a Buenos Aires. Los cinco puntos de concentración anunciados son los puentes Pueyrredón y Alsina, en Avellaneda; en el puente La Noria, de Lomas de Zamora, el acceso de Liniers al oeste y General Paz y Panamericana al norte. Aunque no hay un horario fijo, los cortes se producirán después de las once

* Noticia publicada en el diario Página/12, 26 de junio de 2002 81


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LOS ASESINATOS SE COMETIERON LEJOS DEL PUENTE DONDE COMENZO LA PROTESTA La cacería policial terminó con dos muertos a balazos* Las fuerzas de seguridad tomaron una parte de Avellaneda para cazar a los piqueteros que antes habían sido dispersados en el puente Pueyrredón, acceso clave a la Capital Federal. Y la cacería fue sangrienta: dos muertos, 90 heridos, varios de ellos con balas de plomo, más de 150 detenidos. Por Laura Vales

Los dos muertos llegaron al Hospital Fiorito sin documentos, con inocultables heridas de bala. Uno con un disparo en la espalda, a la altura del glúteo. “Un chico muy joven, de menos de 25 años”, describió la médica que lo recibió en la guardia. El otro con un balazo en el pecho. No hubo nada que hacer, los dos llegaron fríos. Los familiares reconocieron los cuerpos varias horas más tarde: Darío Santillán, de 21 años, y Maximiliano Costeki, de 25. Ambos pertenecían a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Por lo que se sabe hasta ahora, cayeron escapando de la policía, uno de ellos porque decidió auxiliar a otro herido, los dos bastante después de iniciado el operativo de represión que la bonaerense desató en la bajada del Puente Pueyrredón como inicio de una cacería que prolongó durante varias horas por las calles de Avellaneda. La represión empezó sin previo anuncio, con un incidente cuyo origen se pareció a un error o a un acto de estupidez. Tal como estaba previsto, piqueteros de cuatro organizaciones (la Coordinadora Aníbal Verón, el Movimiento de Jubilados y Desocupados de Raúl Castells, el Bloque 82

Nacional y Barrios de Pie) se concentraron desde las once de la mañana en el acceso que comunica Avellaneda con la Capital. La jornada de protesta de ayer incluía el corte de cinco puentes, pero la interrupción del de Avellaneda había quedado a cargo de los de la Verón. Por eso se vio allí a mayoría de desocupados de ese sector, fuertes en el sur del conurbano. Sus integrantes se reunieron para marchar frente a la estación de trenes de Avellaneda. A las once y media de la mañana habían formado una columna de doscientos metros de largo a lo largo de la avenida Hipólito Yrigoyen, tres cuadras antes del puente. Un segundo grupo de manifestantes, encabezados por la mujer de Raúl Castells, Nina Peloso, los esperó frente al Bingo Avellaneda. Había sol, y las mujeres se dedicaron a sacar pequeñas viandas de sus bolsos para almorzar. En la calle no se veían chicos. La gente los dejó en casa porque existía temor por una eventual represión, aunque nadie pensaba que podría ocurrir de la manera brutal y sin preámbulos en que después sucedió.


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–Espero que antes de darnos palos nos avisen –dijo Nina Peloso a Página/12, entre la preocupación y la broma, mientras esperaba la llegada de los otros manifestantes. Tampoco Darío Santillán, el más joven de los muertos del día, imaginaba lo que iba a pasar. Página/12 lo cruzó en la misma vereda donde las piqueteras comían su almuerzo. Santillán había acompañado al diario poco tiempo atrás a hacer una nota en el barrio La Fe, donde el MTD de Lanús tiene una fábrica de ladrillos huecos con la que los habitantes del asentamiento quieren reemplazar sus casas de chapa. Tras el encuentro hubo una suerte de charla informal. Darío parecía despreocupado. Anoche sus compañeros contaron que lo vieron por última vez en la estación Avellaneda, donde decidió quedarse para auxiliar a un herido. Un tercer grupo de manifestantes se reunió en la plaza Alsina, a varias cuadras de distancia. Quince minutos antes del mediodía, las dos columnas más alejadas del puente empezaron a marchar para confluir en él. Un helicóptero sobrevolaba el área, mientras abajo se apostaban efectivos de la policía y la prefectura. Lo imprevisto pasó apenas la gente llegó al lugar del corte. Con el grupo de manifestantes de la Verón delante (justo en la bajada del Pueyrredón) y otro detrás (los

de la Plaza Alsina, que iban caminando por la avenida Mitre), la infantería tendió un cordón policial en el medio. Esa línea de uniformados quedó parada, atravesando la calle, hasta que tuvo a las dos columnas a diez centímetros de distancia. Es la que mostraron, aunque acotada por el ancho de la pantalla, algunos canales de televisión. Cuando policías y piqueteros estuvieron cara a cara empezaron los empujones, los forcejeos, las trompadas. Diez segundos más tarde la policía lanzó el primer gas lacrimógeno y un minuto después la gente corría en desbandada, escapando de los disparos. A partir de allí la represión se extendió en un crescendo que se pareció bastante a una cacería. Norma Giménez corrió hacia atrás, buscando regresar por Mitre hacia la Plaza Alsina. Calcula que habría hecho la primera cuadra cuando sintió los disparos en la espalda: cuatro balas de goma de que atravesaron su campera, el suéter, una camiseta, antes de lastimarle la piel. A su sobrino Leonardo Torales le fue peor: una bala le atravesó el pulmón y tuvo que ser operado de urgencia. Norma dice que vio francotiradores sobre el puente peatonal pegado a la entrada del Pueyrredón. “Íbamos corriendo por la avenida, gritando que no nos tiren y vimos caer a otro chico en una esquina”, relató a Página/12 en el Hospital Fiorito. 83


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Otros corrieron por Hipólito Yrigoyen buscando llegar a la estación de Avellaneda. La intención era que los piqueteros de más edad pudieran subirse a un tren para salir de la zona. La policía tiró gases lacrimógenos dentro de la estación. Allí murió por lo menos uno de los manifestantes, posiblemente Darío Santillán. La diputada porteña Vilma Ripoll habló más tarde con un testigo que, al parecer, auxilió en el lugar. “Encontró a un pibe tirado en el piso, sangrando, al que la policía quiso levantar para llevárselo preso. Este hombre vio que el chico se estaba muriendo y les pidió que pararan, porque lo estaban arrastrando como si fuera un saco de papas”, contó ayer. “El pibe tenía un tiro en la zona lumbar y sangraba. Cuando el hombre insistió en que el chico estaba muy mal, lo metieron en un vehículo y lo llevaron al hospital.” Unos ochocientos manifestantes intentaron mantenerse sobre la Yrigoyen, pero la cantidad de gases lacrimógenos en el aire era tal que era imposible permanecer en el lugar sin desmayarse. Todo estaba envuelto en una neblina irrespirable. La avenida se convirtió muy pronto en una zona de guerra: los uniformados avanzando, tirando gases y disparando sobre el tumulto, los manifestantes más jóvenes tirando molotovs dentro de los locales comerciales, armados con honderas y piedras. Algunos arrancaron marquesinas de 84

publicidad y trataron de armar barricadas para volver a cortar la calle, pero los gases no los dejaron permanecer. Cien metros antes de llegar a la estación quedó el esqueleto de un colectivo incendiado. Según dijo la policía, por piqueteros que subieron con un fusil. En la calle hubo persianas bajas y gente espiando desde los techos, con miedo a todo: a la policía y a los manifestantes. Allí donde el tráfico no estaba cortado, los heridos trataban de llegar al hospital o al menos alejarse del área. Pasó un grupo de cinco personas cargando a la rastra a una mujer desmayada. Los automovilistas continuaron su camino ignorando los pedidos de auxilio. Pasó un hombre con una pierna baleada, apoyándose para caminar en el hombro de otro. El dúo consiguió entrar a la estación de Gerli, pero una vez dentro tiraron más gases y tuvo que volver a salir. Los curiosos que se habían asomado cerraron puertas y ventanas a su paso. Si tuvieron suerte, habrán podido treparse a algún colectivo. La columna central fue así retrocediendo, desgajándose por las cuadras adyacentes, recibiendo nuevas cargas por patrulleros que llegaban cada tanto desde los costados. Una vez dispersada en grupos menores, la gente era detenida. Más de 50 personas fueron rodeadas, en Mariano Acosta al 1300, y trasladadas a la comisaría 1ra de Avellaneda. Los dirigentes piqueteros


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dijeron ayer que a la medianoche aún faltaba que unos treinta volvieran a sus casas. La tarde terminó con 160 detenidos, 90 heridos y los dos muertos. La policía no tuvo heridos de bala. Sólo el jefe del operativo, comisario Alfredo Franchiotti, dijo que lo había lastimado un proyectil. Tenía un raspón en el cuello, y un ojo mora-

do producto de la furia de los familiares que le pegaron en el Hospital Finochietto, cuando el oficialintentó acercarse a los medios para ostentar el rasguño. El comisario, golpeado y todo, se dio el gusto de difundir su versión de lo sucedido: “Actuamos porque esa gente iba dispuesta a combatir”, dijo a las cámaras. “Nos dimos cuenta por sus cánticos”. * Noticia publicada en el diario Página/12, 27 de junio de 2002

Preguntas para la reflexión colectiva 1.

¿Quiénes son los actores protagonistas?

3.

¿Cuáles son las agencias del Estado que identifican?

2. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

¿Quiénes son los actores involucrados en el conflicto social? ¿Cuál es el motivo de la manifestación pública? ¿Cómo considera el desempeño de la policía?

Atendiendo a lo leído en el manual, ¿cuál creen que debería haber sido el rol de la policía y los jueces?

Desde una perspectiva de los derechos humanos, ¿puede usarse la fuerza pública para contener actos de protesta? ¿En qué casos?

¿Qué derechos debería proteger el Estado en el marco de una manifestación pública?

¿Qué otras agencias del Estado consideran que deben intervenir para prevenir este tipo de conflictos?

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Ejercicio 4: Análisis de caso CASO DEMONTY ENCONTRARON EL CADAVER DEL CHICO EZEQUIEL DEMONTY FLOTANDO BAJO UN PUENTE DEL RIACHUELO Un cuerpo que condena a la Policía Federal* Fue tres kilómetros río abajo de donde lo obligaron a saltar a las aguas sucias. El principal acusado es un subinspector hijo de un ex jefe de la Bonaerense, que habría golpeado a Ezequiel antes de ordenarle “que nade”. Hay once policías más detenidos. Por Carlos Rodríguez El cuerpo joven apareció flotando sobre las oscuras aguas del Riachuelo, muy cerca del puente Victorino de la Plaza, que cruza la avenida Vélez Sarsfield en el extremo sur de la Ciudad de Buenos Aires. El hallazgo fue a media mañana y desde ese momento, casi, se supo que era el cadáver de Ezequiel Demonty, de 19 años, el pibe del Barrio Illia que había sido obligado a arrojarse a las aguas, negras como la misma muerte, en la noche del viernes 13 de septiembre. “Justo en el Día del Estudiante”, suspiró Luz Martínez, quien fue maestra de Ezequiel de la primaria y el secundario, y que siguió la triste escena desde la orilla del río. Anoche, al menos diez de los 12 policías involucrados fueron trasladados a distintos lugares de detención, por decisión de la jueza María Bértola. Entre ellos está el oficial subinspector Gastón Somohano, señalado como el máximo responsable del operativo que finalizó con tres chicos sumergidos en las aguas nauseabundas, dos de los cuales salvaron su vida en forma providencial. Somohano es hijo de un ex jefe de la Policía Bonaerense. “Al parecer, además de ordenarles que se tiraran al agua, el propio Somohano ha86

bría golpeado a Ezequiel con su pistola para acelerar la caída”, aseguró a Página/12 una fuente cercana a la familia. El oficial Somohano es hijo del comisario retirado Osvaldo Somohano, quien fue jefe de la Policía Bonaerense hasta diciembre de 1991, cuando asumió el comisario Pedro Klodczyk, mentor de la llamada “Maldita Policía”. Fuentes de la Federal reconocieron que Somohano hijo tiene “un carácter irritable” y que suele hacer “algunos desplantes”, incluso ante sus propios colegas. El grupo de policías involucrado en la causa estaba encabezado por el oficial inspector Daniel Barrionuevo, quien era el jefe externo de la comisaría 34ª, que fue descabezada a partir de los sucesos que terminaron dolorosamente ayer con la aparición del cuerpo de Ezequiel. Los otros involucrados son los sargentos Jorge Sosa y Luis Funes; los cabos primeros Luis Gutiérrez, Alfredo Bornasari y José Luis Martínez; el cabo Andrés Wright; los agentes Santiago Ritrovato, Sandro Esteban Granado, Maximiliano Pata y Jorge Ramón Solís. Al parecer, dos de los policías fueron dejados en libertad anoche, luego de ser indagados por la jueza, mientras que el resto fue


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trasladado directamente a la cárcel de Marcos Paz, donde seguirán detenidos a disposición de la Justicia. El único que no fue llevado a Marcos Paz fue el sargento Luis Funes, quien quedó alojado en una dependencia de la Gendarmería. La medida fue tomada por la jueza porque Funes fue el policía que admitió ante la doctora Bértola que habían realizado el operativo nocturno del viernes 13, dentro de las mismas características que habían sido denunciadas antes por los dos chicos sobrevivientes, que tienen 18 y 14 años, y que todavía “siguen sin tener ningún tipo de seguridad especial, aunque ya recibieron amenazas”, aseguró una fuente allegada a la familia. El testimonio aportado el viernes por el sargento Funes fue ratificado ayer por otros tres policías, según pudo saberse en fuentes cercanas a la investigación. Todos aseguraron que la voz cantante la llevó Somohano, quien luego de la detención de los chicos en la esquina de La Constancia y Avenida Cruz, en el Barrio Illia, ordenó que los llevaran hasta la orilla del Riachuelo, a 30 metros del Puente Alsina, en el barrio de Pompeya. Al parecer, en este caso, como ocurría durante la dictadura, nadie cuestionó la orden. Una vez más ganó la obediencia debida. “El cuerpo estaba flotando, no lo encontramos como resultado de la tarea que seguían realizando los buzos de nuestra fuerza y de la División Bomberos de la Policía Federal”, confirmó ayer el jefe del Destacamento La Boca de la Prefectura, prefecto Hugo Zabala. Explicó que uno de los botes de goma se dirigía desde la

Vuelta de Rocha hasta el Puente Uriburu (Puente Alsina) y se topó con el cuerpo a la altura del puente sobre la calle Vélez Sarsfield”. Ese puente, que se llama Victorino de la Plaza, está a unos tres kilómetros del lugar donde Ezequiel fue obligado a tirarse a las aguas. “Yo esperaba decir ‘es’, pero tengo que decir ‘era’”, declaró la madre de Ezequiel, Dolores Ingamba, al confirmar que era el de su hijo el cuerpo que habían rescatado de las aguas. “No quiero que pase nunca más”, rogó la mujer, que ante una pregunta inoportuna de la prensa dijo que no pensaba describir el estado del cuerpo. “Espero que ellos vayan a verlo.” Ese fue el único momento en el cual la mamá de la víctima trató con cierta dureza a los asesinos de su hijo (ver recuadro). La mujer estaba acompañada por su actual pareja, Rodolfo Suárez, quien se limitó a decir que “es muy injusto que un chico bueno termine de esta forma. Esto que pasó no se paga con nada y lo único que podemos pedir es que se haga justicia”. Las declaraciones fueron hechas en la puerta de la Morgue Judicial, donde se hizo el reconocimiento. La repercusión que tuvo la confirmación pareció conmover los cimientos de algunas instituciones que suelen permanecer impávidas ante los terremotos. “Delincuentes”, “enemigos”, “traidores”, fueron las palabras elegidas por el jefe de la Federal, Roberto Giacomino, quien se caracteriza por defender a sus hombres con el mismo ímpetu con el que ayer los descalificó (ver nota aparte). “No hay palabras para calificar la forma en que murió”, dijo el secretario de Seguridad Interior, Alberto Iribarne, al conocerse la noticia. 87


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Iribarne destacó especialmente la actitud asumida por la madre del joven Ezequiel Demonty: “Pidió que no haya más violencia en el momento en que más grande es su dolor y en el contexto de nuestra compleja y difícil situación social”. Iribarne sostuvo que el Ministerio de Justicia y la secretaría están “colaborando con las autoridades judiciales” y dando “plenas garantías a los testigos”, aunque los familiares de los dos sobrevivientes ayer dijeron todo lo contrario. El defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Lesbegueris, quien acompañó a la familia en los últimos días, estimó que con la aparición del cuerpo “se cierra una etapa muy dolorosa y se abre otra que tiene que llevar al juicio y al castigo de los responsables”. El defensor estaba acompañado por Luz Martínez, quien fue maestra de Ezequiel durante el primario y el secundario. “Era una preciosura de chico, una criatura como cualquier otra”, dijo la docente.

hubiera vuelto a su casa con vida. Seguramente nada de esto que nos está pasando se hubiera conocido. Que al menos su muerte sirva para que se terminen estas cosas porque es sabido que están ocurriendo todos los días y nadie parece darse por enterado”.

La mujer resaltó especialmente que la víctima era “una persona muy tranquila, que nunca generaba ningún disturbio”. Para evitar falsas interpretaciones de sus dichos, se apresuró a aclarar que “aun en el caso de que se trate de chicos que alguna vez delinquieron, esto no justifica lo que han hecho”. Luz Martínez se hizo una pregunta que parece definir el costado central de la historia: “¿Alguien se merece que lo tiren al río?”. Para ella lo ocurrido “no tiene ningún sentido y nos debe llamar a la reflexión a todos”.

Otra fuente, del ámbito universitario y que alguna vez fue juez, recordó que en los tiempos más duros de la primera época del peronismo en el poder “el Riachuelo supo ser el lugar de castigo, no sólo para los ladronzuelos o chicos de la calle sino también para los opositores políticos”. En los últimos años, los barrios del sur suelen ser el flanco elegido por patotas violentas de la Federal que habitualmente suelen ser denunciadas por los curas católicos que viven en las villas del Bajo Flores, del Barrio Zavaleta y de Villa Lugano, entre otras.

La docente recalcó que “lo que hay que pensar es qué hubiera pasado si Ezequiel

Anoche se realizó la autopsia del cuerpo de Ezequiel, que puede servir para ratifi-

“Si saben nadar, naden”, habrían sido las últimas palabras que escucharon los tres chicos, antes de hundirse en las aguas putrefactas de un Riachuelo que, durante el fulgor del menemismo, iba a ser dejado libre de toda impureza. A partir del caso de Ezequiel, en los barrios que tienen la desgracia de ser vecinos del infecto charco comenzaron a circular historias en torno de otros supuestos casos de chicos que también fueron arrojados al río. “Nosotros hemos acumulado denuncias por abusos de todo tipo, pero nunca hemos recibido ninguna denuncia concreta en la materia”, dijo anoche a este diario una fuente judicial que tiene jurisdicción sobre uno de esos barrios porteños.


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car que el joven fue golpeado por los policías, antes de ser obligado a arrojarse a las aguas. Fuentes judiciales aseguraron que con las pruebas testimoniales recogidas y con la aparición del cuerpo del delito “el caso está virtualmente cerrado y lo que hay que establecer ahora es el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno de los miembros de la comitiva policial”. La causa que había comenzado como “averiguación de ilícito” terminó como “homicidio, lesiones y privación ilegítima de la libertad”. Anoche, como nunca en los últimos años, las fuentes habituales de la Federal estaban “destruidas” por la confirmación. Los restos de Demonty comenzaron a ser velados a las 22 de ayer en una casa de sepelios ubicada en Eva Perón (ex Avenida del Trabajo) y Guardia Nacional, en Mataderos, muy cerca del lugar donde vivían hasta el viernes 13

los dos sobrevivientes. Los chicos están escondidos, sin ningún tipo de custodia especial, y están “virtualmente aterrorizados”, dijeron fuentes cercanas a la familia. En el lugar del velatorio, a pedido de los padres, tuvo que instalarse un equipo de sonido, ya que allí se realizará una ceremonia religiosa de acuerdo con el rito de los evangelistas. El sepelio se realizará hoy a las 11 en el cementerio de Flores. * Noticia publicada en Página/12, 22 de septiembre de 2002

Preguntas para la reflexión colectiva 1.

¿Cuáles son las agencias del Estado que identifican?

3.

¿Cuáles son los derechos humanos vulnerados?

2.

¿Cómo considera el desempeño de la policía?

4.

¿Considera que se trata de un hecho aislado o de una practica

5.

¿Cuál cree que podrían ser las acciones estrategicas para poner

regular?

en crisis este tipo de rutinas institucionales?

89


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Tema OBLIGACIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE SEGURIDAD Objetivos • Conocer los deberes del Estado en

materia de seguridad y derechos humanos.

• Reconocer las distintas funciones de la policía y sus límites. • Saber clasificar los tipos de obligaciones estatales. • Distinguir los principios y limitaciones que las instituciones de seguridad deben ajustar en su actuación.

Disparadores para la reflexión inicial: • ¿Quién es el responsable de la seguridad? • ¿La policía está para proteger al Estado o a la comunidad? • ¿Cuáles son las limitaciones al uso de la fuerza y otras facultades de la policía cuando efectúa acciones de seguridad? • ¿Cuándo es legítimo el uso de la fuerza por parte de las autoridades?

91


Seguridad y Derechos Humanos: HERRAMIENTAS para la REFLEXION sobre la SEGURIDAD CIUDADANA y DEMOCRATICA

3.1.

¿Quién es responsable de garantizar la seguridad?

La seguridad ciudadana y democrática es una responsabilidad indelegable del Estado. Más allá de que los ciudadanos puedan individualmente contratar en el mercado privado servicios para sentirse más protegidos, la seguridad sigue siendo un servicio público que corresponde y debe prestar el Estado a todos los ciudadanos, principalmente aquellos que, por las particulares circunstancias en las que se encuentran, tienen que enfrentarse periódicamente a situaciones conflictivas y violentas. Por otro lado, conviene tener presente que en una sociedad democrática, la comunidad -organizada a través de determinadas instituciones (partidos, sindicatos, clubes, centros de adultos mayores, cooperadoras escolares, bibliotecas populares, centros culturales, movimientos sociales, escuelas, etc.)- puede y debería participar y colaborar tanto en el diseño como en la implementación, control y evaluación de la gestión local de las conflictividades sociales. De allí también que las organizaciones de la sociedad civil tienen asimismo su cuota de responsabilidad. A través de la acción colectiva se pueden generar mecanismos de prevención y control social, creando atmósferas sociales beneficiosas y tolerantes que impidan la comisión de delitos y resuelvan otras conflictividades sociales, facilitando el encuadramiento de los problemas y la contención e inserción social de las personas o grupos en situaciones de desventaja.

antes 92

Las políticas de seguridad ciudadana son diseñadas por el Poder Ejecutivo en los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales tienen la obligación de confeccionar las políticas públicas de seguridad y regular la prestación de servicios policiales tanto de las policías


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después

del Estado como las de empresas privadas prestadoras de servicios similares. Pero hay que tener en cuenta que una de las tendencias actuales en materia de seguridad es su localización. La seguridad se está territorializando. Partiendo de la base de que los vecinos de la ciudad o el barrio son los que mejor conocen el territorio y, por tanto, los conflictos sociales y los eventos violentos, la gestión de las conflictividades no debería prescindir de la intervención de las autoridades locales ni desautorizar a las organizaciones de la comunidad. De allí la tendencia a la conformación de policías comunitarias o de proximidad y la creación de las Mesas Barriales de Seguridad, estos últimos, espacios de encuentros vecinales para que las organizaciones de la sociedad civil del barrio debatan entre todas qué seguridad quieren para el barrio. En todo caso, a las autoridades centrales

les tocará establecer los criterios generales de las políticas de seguridad, acordes con los estándares internacionales de derechos humanos, que luego serán particularizadas por las autoridades locales y las distintas organizaciones de la comunidad atendiendo los matices específicos que tienen los conflictos sociales en cada territorio. De esa manera, fomentando la responsabilidad de la sociedad en el debate público en torno de la seguridad, además de promover la participación, se fortalece la ciudadanía. Los ciudadanos son facultados para tal fin y con ello se crean mejores condiciones para el protagonismo social que necesita la democracia. El gobierno nacional ha creado recientemente el Ministerio de Seguridad, el cual es el responsable principal del diseño, planificación, instrumentación, control y evaluación de las políticas de seguridad, 93


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a saber: la prevención del delito; la promoción de la participación comunitaria en las políticas de seguridad; la persecución e investigación del delito común y las organizaciones criminales; la selección,

formación y especialización de las distintas fuerzas públicas; el control y la disposición de sanciones de las infracciones administrativas; la custodia en eventos y manifestaciones públicos, etcétera.

En el sistema de seguridad nacional existen cuatro fuerzas de seguridad: • • • •

Policía Federal Argentina (PFA) Gendarmería Nacional Argentina (GNA) Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Prefectura Naval Argentina (PNA)

Estas instituciones dependen del Poder Ejecutivo nacional y tienen jurisdicción en todo el territorio argentino. Además, pueden cooperar con las policías provinciales e intervenir en asuntos de competencia federal.

Recordemos… La seguridad es una responsabilidad indelegable del Estado.

Figura 5: ¿Quién es el responsable de la seguridad?

94

Modelo de seguridad tradicional

Modelo de seguridad democrático

La responsabilidad de la seguridad pública se reserva exclusivamente al Estado

La responsabilidad de la seguridad ciudadana recae principalmente en el Estado

Seguridad para los fuertes

Seguridad para todos, sobre todo para los grupos desaventajados

La policía del Estado: cuida al Estado

Policía de la comunidad: protege a los ciudadanos

Los ciudadanos no participan

Los ciudadanos participan en el diseño, planificación, instrumentación, control y evaluación de las políticas de seguridad

Los ciudadanos consumen seguridad privada

Los ciudadanos se comprometen en las políticas públicas


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3.2.

Obligaciones básicas del Estado en materia de derechos humanos y seguridad

Hemos señalado que los derechos humanos, en tanto atributos inherentes a la condición humana, constituyen un límite para las autoridades. El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos, ajustando el ejercicio de la función pública a los límites impuestos por el respeto de esos derechos. La obligación estatal de garantizar los derechos implica el deber de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente dicha obligación. Por tanto, exige al Estado emprender las acciones necesarias para asegurar que todas las personas bajo su autoridad estén en condiciones de respetar y hacer respetar los derechos humanos. Además, la obligación de garantizar supone tanto la existencia de normas como la necesidad de remover obstáculos, aunque no emanen de las normas internas sino de la estructura social y de la cultura. En razón de ello, el Estado también debe promover los derechos humanos emprendiendo campañas necesarias para que se vayan creando las condiciones que permitan -por una parte- ser ejercidos y -por otra- respetados por todos, tanto por los agentes del Estado como los particulares. Asimismo, el compromiso de garantizar entraña la obligación jurídica de proteger, es decir, tomar las medidas pertinentes para impedir intromisiones de terceros en el ejercicio de los derechos.

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Seguridad y Derechos Humanos: HERRAMIENTAS para la REFLEXION sobre la SEGURIDAD CIUDADANA y DEMOCRATICA

En cuanto a las obligaciones estatales, también se las ha clasificado como obligaciones negativas y positivas. Las autoridades no sólo deben abstenerse de cometer violaciones a los derechos humanos, sino además adoptar medidas de protección:

• Las obligaciones negativas o pasi-

vas corresponden al no hacer del Estado, lo que se traduce en una prohibición absoluta y definitiva del abuso de poder por parte de los agentes y autoridades que conforman el aparato estatal o la no interferencia en el ejercicio de los derechos protegidos, es decir que aquél tiene el deber de respetar los derechos y libertades.

• Las obligaciones positivas o acti-

vas implican un hacer del Estado, lo que supone que éste tome las medidas y realice todas las acciones legislativas, ejecutivas y judiciales con el fin de asegurar los derechos y libertades protegidos por los instrumentos internacionales, y a su vez los Estados deben prevenir, investigar y sancio-

3.3.

Policía y derechos humanos: limites para la actuación policial

96

nar toda violación de los derechos reconocidos por la convención y procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho transgredido y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Finalmente, debemos recordar que las obligaciones del Estado deben realizarse siguiendo siempre el principio de igualdad y no discriminación. Esto supone que las personas gozarán de sus derechos fundamentales sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma, religión, cultura, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición social. Sin embargo, no toda distinción de trato puede considerarse contraria a la dignidad humana y sólo se la juzgará discriminatoria si carece de una justificación razonable y objetiva, ya que ciertas desigualdades buscan proteger mediante un trato diferenciado a ciertos grupos que, por tratarse de personas vulnerables o al encontrarse en una situación desventajosa, merecen una especial protección o sobreprotección por parte del Estado. Dijimos que desde la perspectiva de los derechos humanos el Estado tiene obligaciones activas y pasivas. Las obligaciones pasivas son aquellos deberes que suponen para el Estado abstenciones y limitaciones a su actuación para garantizar la vigencia de los derechos humanos. Para que los derechos humanos sean respetados no sólo es necesario que el Estado haga determinadas cosas, sino que no haga otras. Tratándose de las policías, interesa repasar cuáles son las abstenciones y limitaciones que deben observar sus agentes mientras gestionan la seguridad, velando por el respeto de los derechos humanos.


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Las obligaciones pasivas del Estado coinciden, en buena medida, con las obligaciones de respetar, consistentes en que el Estado no interfiera en el disfrute de los derechos humanos ni en el de los bienes que constituyen el objeto de cada derecho. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones de no hacer del Estado en materia de derechos humanos que más directamente atañen al ámbito de la seguridad ciudadana? En principio, podemos decir que las obligaciones de no hacer tienen que ver con que las autoridades del Estado en general y los agentes policiales en particular se abstengan de violar los derechos humanos cuando ejercen las facultades conferidas por la ley para garantizar la seguridad de todos. Como ha dicho en sucesivas oportunidades la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el Estado tiene la obligación de adoptar medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, a través de métodos que respeten los estándares de los derechos humanos en el marco de la sociedad democrática”. Revisemos esas obligaciones de no hacer en función de algunos derechos que merecen especial atención:

• Derecho a la vida: los agentes del

Estado no pueden privar arbitrariamente de la vida a nadie en aras de tutelar la seguridad ciudadana. El uso de la fuerza letal sólo es reconocible en casos de legítima defensa. De allí que el uso de la fuerza tenga que protocolizarse a los efectos de restringir al máximo posible su utilización, de la misma manera que deben disponerse mecanismos de control efectivos y permanentes para evitar esos casos.

• Derecho a la libertad: los agen-

tes del Estado no pueden detener arbitrariamente a nadie alegando motivos de seguridad, orden público o por meras sospechas. Las detenciones siempre deben estar cabalmente fundadas y motivadas, así como también aquellas razones deben hacerse conocer a las autoridades competentes y a las personas que se detiene o demora.

• Derecho a la integridad personal:

los agentes del Estado no pueden alegar razones de seguridad pública para cometer actos de tortura. También deben abstenerse de causar padecimientos físicos y/o psicológicos en las personas usando o amenazando con usar la fuerza pública. No pueden zamarrearlas, ni pegarles y tampoco “pasearlas” en patrulleros. Tampoco pueden, una vez trasladadas a la comisaría, alojarlas con individuos privados de libertad imputados de haber cometido algún delito. La policía es responsable de su custodia. Si quien resulte detenido es una mujer, en caso de ser revisada deberá hacerlo personal femenino. Nunca deberá ser alojada con hombres en una comisaría. 97


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• Derecho a un trato humano: los agentes del Estado no pueden infringir tratos crueles, inhumanos, humillantes o degradantes en las personas que han sido privadas de su libertad o se encuentran demoradas para preservar la seguridad. No pueden, por ejemplo, cachearlas si no existen motivos, y cuando lo hacen no deben arrojar y desparramar sus pertenencias por el piso.

• Derecho al debido proceso y a un

juicio justo: los agentes del Estado no pueden restringir las garantías básicas del debido proceso con la excusa de que alguien es potencialmente “peligroso”, o alegando problemas administrativos, falta de personal, etcétera. Por ejemplo, no pueden negarse o demorar la comunicación de la situación de un detenido al juez de turno y defensor oficial; no pueden negarle a la persona detenida el derecho a una llamada para dar a conocer su situación, etcétera.

• Derecho a la libertad de expre-

sión: los agentes del Estado no pueden acotar la libertad de expresión aduciendo que el ejercicio de este derecho pone en riesgo la seguridad pública. Por ejemplo, no pueden prohibir una manifestación pública (movilización, corte de ruta u ocupación de espacios públicos, etc.) que se realizan con el fin de denunciar un conflicto social, para peticionar a las autoridades o compartir con el resto de la sociedad los problemas que afectan a ese actor social, aduciendo que se viola el derecho de tránsito o el de trabajar de otros ciudadanos.

• Derecho a la libertad de reunión:

los agentes del Estado no pueden coartar la libertad de reunión para preservar la seguridad pública; tampoco pueden disponer “toques de queda” o medidas similares que impidan a los ciudadanos encontrarse para celebrar una reunión. Recordemos que, en una democracia, la reunión es constitutiva del debate público.

• Derecho a la libertad de tránsito: los agentes del Estado no pueden obstruir el libre tránsito de los ciudadanos si no existe fundamento y motivación de tal medida por autoridad competente. Por tanto, no pueden disponer “operativos cerrojos” ni “retenes” que impidan la circulación y el libre desplazamiento de los ciudadanos.

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• Derecho a la propiedad: los agen-

tes del Estado no pueden violar la propiedad privada sin fundamento ni motivación de dicha medida por autoridad competente. Por tanto, no pueden disponer allanamientos sin orden judicial y sin la presencia de testigos en todo el proceso. No pueden arrojar las pertenencias de la morada allanada al piso, ni romperlas o dañarlas. Todo objeto que se secuestre debe ser detallado en el acta del procedimiento, la que debe darse a leer para ser firmada u observada por el titular o responsable de la morada allanada y por los testigos del procedimiento.

Es importante recordar que una de las características de los derechos humanos es su integralidad o interdependencia, lo cual significa que, frecuentemente, la violación de un derecho supone la violación de otro. En definitiva, como pudimos ver, los derechos humanos limitan y acotan el ejercicio de las facultades que han sido conferidas a las autoridades para gestionar las conflictividades sociales y la seguridad ciudadana.

• Derecho a la privacidad: los agen-

tes del Estado no pueden intervenir la correspondencia o la comunicación privada sin fundamento, ni motivación de dicha medida por autoridad competente. Por tanto, no pueden “pinchar” los teléfonos o intervenir la frecuencia de los teléfonos móviles o “hackear” las cuentas privadas de Internet. Derecho a la igualdad y principio de no discriminación: los agentes del Estado no pueden tratar en forma discriminatoria y desigual a los ciudadanos por su extracción social, étnica, religiosa, género o nacionalidad en el ejercicio de las facultades legales para resguardar la seguridad. No pueden, por ejemplo, hacer razias masivas en los barrios humildes ni detener sistemáticamente a las personas pobres por el solo hecho de ser pobres, jóvenes y/o morochos.

Recordemos… Desde el modelo de seguridad ciudadana y democrática se propone otro rol para la policía: la protección de los derechos humanos. La policía está para gestionar las conflictividades sociales que puedan menoscabar el ejercicio efectivos de los derechos que tienen los ciudadanos. Los derechos humanos, entonces, constituye el contenido de la agencia policial.

99


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3.4.

Policía y sociedad

La policía es una institución que históricamente ha estado al servicio del gobierno de turno más que de la comunidad. La policía ha sido la policía del Estado, guardiana del orden público, siempre dispuesta a cuidar al gobierno de la sociedad. En muchos casos, incluso, la policía ha sido la encargada de custodiar los intereses de un sector determinado de la política o la economía. Con todo, desde el modelo tradicional, la sociedad o parte de ella era vista sospechosamente. Se instruía a la fuerza policial para que viese en la sociedad no a un interlocutor sino a un enemigo. Se la entrenaba con la dinámica de la guerra, con la hipótesis del conflicto interno y la lógica del amigo-enemigo. Por eso estamos ante agencias muchas veces muy poco predispuestas a dialogar con la sociedad, a la que percibe como problema y objeto de control. Una institución poco dispuesta a la mediación, que no fue preparada para dialogar con la sociedad civil. Una agencia organizada para defender al Estado de la sociedad, entrenada para sospechar, vigilar, detectar y neutralizar a individuos o colectivos de personas referenciados como peligrosos, productores de riesgo, activistas o enemigos internos que tienen o pueden tener los gobiernos. Porque cuando se postula al otro como enemigo, está excluyéndose de antemano cualquier tipo de mediación. Con el enemigo no se puede dialogar. El enemigo habla un idioma extraño, ininteligible. Al enemigo hay que hacerle la guerra de policía: hay que vigilarlo, perseguirlo y, eventualmente, demorarlo, cachearlo, detenerlo o reprimirlo.

antes

100

Ese enemigo se construyó en función de las coyunturas políticas con las que debían lidiar los funcionarios de turno, pero también a partir de los intereses que fue desarrollando la policía a medida que se corporativizaba.


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después

Otra consecuencia indirecta de la aplicación de este modelo es la privatización de la seguridad personal. Si la policía está para proteger al Estado y custodiar el orden público, la sociedad debe cuidarse a sí misma recurriendo al mercado. Los ciudadanos se transforman en consumidores de seguridad. La seguridad se organiza en función de la capacidad económica de los actores. Cuanto mayor sea su poder adquisitivo, más seguridad podrán contratar y más seguros podrán sentirse. Por el contrario, como venimos diciendo, desde el modelo de seguridad ciudadana y democrática se propone otro rol para la policía: la protección de los derechos hu-

manos. La policía está para custodiar su ejercicio y gestionar las conflictividades sociales que puedan menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos que tienen los ciudadanos. Además, no hay que perder de vista que el policía no es un extraterrestre. El policía es un ciudadano más. No es un individuo separado y separable del resto de los demás. Su trabajo especial –custodiar a la comunidad- no lo pone más allá de la comunidad. De allí que entre las reformas que actualmente se están proyectando desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se 101


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prevé la promoción de la participación comunitaria. Si la comunidad, a través de sus organizaciones, se involucra en la gestión de los conflictos sociales, se crean mejores condiciones para producir un diálogo fluido entre la policía y la comunidad, un diálogo que tenga como marco el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Un diálogo que vaya mucho más allá de la realización de un mapa del delito, que no se produzca en función de la detección y delación de los grupos de personas que suscitan miedo entre los vecinos del barrio. Un diálogo, entonces, que también acerque a los vecinos, que permita un debate entre las diferentes generaciones y que no contribuya a reproducir malentendidos que puedan generar estigmatización, resentimiento y, por añadidura, contribuir a recrear condiciones para que los vecinos tengan más miedo, se sientan más inseguros. Un dialogo, en definitiva, que abarque a todas las partes involucradas en los conflictos sociales. Pero además, la nueva prevención se completa con el despliegue de una policía de cercanía o proximidad, una policía que esté vinculada con los ciudadanos en sus barrios, estrechamente relacionada con los habitantes del lugar y con sus conflictos particulares. Esos ciudadanos pueden ser además sus vecinos, de modo que la relación ya no será anónima ni fría. Todo esto no se resuelve con medidas 102

oportunas. Por más buena voluntad de las autoridades de turno, hay que construir nuevas relaciones sociales, hay que limar las mutuas desconfianzas, hay que reconstruir las redes sociales. No se trata de un problema menor, sobre todo cuando la desconfianza y la corrupción son factores que contribuyen a aumentar la sensación de inseguridad en la población: a medida que la confianza en la policía disminuye, a medida que la corrupción es percibida como un problema mayor, la sensación de inseguridad también se incrementa (Dammertt y Malone, 2002). Desconfianza que se verifica en el uso de la seguridad privada, en los linchamientos públicos, en los escraches o ataques a las comisarías por parte de los vecinos o en la falta de colaboración con la policía. Pero hay que tener presente que muchas veces esa desconfianza no está hecha de derechos humanos y democracia, de reclamos de calidad institucional y respeto por el estado de derecho. La policía se ganó la desconfianza no sólo por la corrupción sino porque no satisface determinadas expectativas que la sociedad espera de ella. Expectativas que tampoco se modelaron a partir del respeto de los derechos humanos, la solidaridad, etcétera. Al contrario: el precio de la confianza está hecho de “ley y orden”. En un contexto electoral,


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los políticos demagógicos tienden a decir lo que la gente y los periodistas en general quieren escuchar: “Más seguridad es más policía”. Por ello, después de cada “ola de inseguridad”, las respuestas de esos políticos frente a los reclamos de los vecinos indignados que protagonizaron las “marchas por la inseguridad” no son la calidad institucional, controles externos y auditorías permanentes, sino un aumento del presupuesto para el reequipamiento de la fuerza, mayores facultades que avalen la discrecionalidad policial y el incremento de las penas para los victimarios. El populismo punitivo y las respuestas espasmódicas de muchos políticos contribuyen a consolidar los esquemas de interpretación discriminatorios y autoritarios que pueden existir todavía en la sociedad que, lejos de contribuir a desandar las rutinas policiales violentas, crean nuevas condiciones de posibilidad para su despliegue y puesta en práctica. Así, entre cultura social y cultura policial, entre la vida cotidiana y las rutinas institucionales hay muchas y profundas continuidades que conviene no desconocer a la hora de reformar la policía.

nos sorprendemos cuando corroboramos la confianza que, a pesar de la corrupción, despierta la policía. Una confianza que a lo mejor se explica por la proximidad de la policía a la sociedad. La policía es la que está en la calle, en la trinchera diaria, midiéndose con muchos de los problemas concretos que tienen los vecinos. Una confianza que subsiste en el mito del “buen policía”, ese de la esquina que retaba pero cuidaba a los niños o jóvenes por sus eventuales travesuras. Acá también hay que hacer la siguiente aclaración: muchas veces la confianza que manifiestan algunos vecinos se basa en las mismas concepciones que tienen aquellos que manifiestan desconfianza: confían en el uso de la fuerza pública o desconfían porque no la usan. En los dos casos, los vecinos están pensando lo mismo: le están reclamando al gobierno de turno “mano dura”, una policía fuerte, que no ahorre sus energías y apele al uso de la violencia.

Cabe recordar, como lo señalan los antropólogos Alejandro Islas y Daniel Miguez (2010), que la policía sigue siendo una de las instituciones del Estado que más confianza despierta en la ciudadanía. Si se la compara con otros actores (dirigentes políticos, concejales o la propia Justicia), 103


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3.5.

El uso de la fuerza

Dijimos que el gobierno democrático de la seguridad ciudadana no se funda en la idea del orden sino en la protección de derechos. La policía no está para imponer un orden sino para proteger los derechos cuando gestiona las conflictividades sociales. Esto supone la utilización de la palabra. La policía de la seguridad democrática no está para reprimir sino para dialogar y hacer dialogar, abrir o generar canales para que tenga lugar el diálogo entre los distintos actores en conflicto. Esto no significa que en determinadas circunstancias la policía no pueda ni deba hacer uso de la fuerza, según la facultad que le otorga la ley. El Estado tiene el monopolio de la fuerza; la violencia es uno de los rasgos que caracterizan a los Estados modernos. Una violencia que se instrumenta a través de la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria o la Prefectura Naval Argentina. Pero debe tenerse presente que policía no es igual a violencia. El uso de la fuerza es una de las facultades que tiene la policía, pero no la única ni la más importante. En los estados de derecho, esa violencia se encuentra ajustada a determinadas formas. Es una fuerza reglada y controlada, que debe adecuarse a determinados estándares jurídicos. El uso de la violencia por parte de la policía esta regulado y tiene límites legales concretos. No puede quedar, por tanto, al margen de la legalidad. Toda la ciudadanía debe saber qué está prohibido y qué está permitido. Con ello se busca impedir la brutalidad, los abusos de poder y las violaciones de derechos humanos, evitando fomentar este tipo de prácticas violentas.

antes 104

Por otro lado, la fuerza que puede utilizar la policía no siempre tiene que ser letal. De hecho, las autoridades deben estable-


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después

cer una serie de métodos que determinen pautas muy precisas sobre el uso que las policías hagan de armas y municiones con las que se las ha provisto. Entre esas armas figurarán aquellas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, para limitar cada vez más el empleo de medios capaces de ocasionar lesiones o muertes. A nivel internacional, existen instrumentos que sirven como modelo para regular el uso de la fuerza y que, mientras no se legisle en la materia en nuestro país, pueden servir de guía para evitar las lagunas de la ley. En el ámbito de las Naciones Unidas, estos instrumentos son el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General el 17 de diciembre de 1979, y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza Pública y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, del 7 de septiembre de 1990. Estos instrumentos, si bien no tienen carácter de ley, constituyen

guías generales para la actuación de los funcionarios y fueron diseñados conforme a los estándares aplicables de derechos humanos. Según estos instrumentos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizaran medios no violentos en la resolución de las conflictividades sociales. Sólo en casos estrictamente necesarios y cuando otros medios resultasen ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto, podrán usar la fuerza (no letal o letal): “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes medidas 105


Seguridad y Derechos Humanos: HERRAMIENTAS para la REFLEXION sobre la SEGURIDAD CIUDADANA y DEMOCRATICA

menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida” (Art. 9). Así y todo, en esos casos, “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso” (Art. 10). De lo dicho hasta aquí, y atendiendo a estos instrumentos internacionales, podemos extraer los siguientes principios fundamentales para regular el uso de la fuerza:

106

• Principio de legalidad: que implica el sometimiento a la Constitución y a las leyes nacionales, así como a las normas contenidas en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.

• Principio de proporcionalidad:

que exige que haya un equilibrio entre la gravedad de la situación que provoca la intervención policial y la intensidad o grado de la fuerza usado para afrontarla.

• Principio de razonabilidad: que

supone que la fuerza no puede ser empleada de modo que resulte irracional o excesiva.

• Principio de necesidad absoluta o

de intervención mínima: que ordena que el uso de la fuerza sea siempre excepcional, por lo que solamente deberá utilizarse cuando sea estrictamente necesario, es decir, por imperio de las circunstancias. Únicamente dos objetivos pueden perseguir el uso de la fuerza: prevenir un delito de inminente comisión o efectuar una detención de un delincuente legal. El uso de la fuerza letal sólo puede ser admisible en defensa propia o amenaza inminente de muerte o lesiones que pongan en peligro la vida.


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De modo que la violencia debe ser una práctica excepcional. Pero, aun así, el uso de la fuerza está reglado, limitado. Cuando las autoridades policiales o judiciales habilitan el uso de la fuerza para gestionar las conflictividades sociales, aquélla debe adecuarse a determinados estándares que la regulan. La policía no puede hacer lo que quiera o lo que reclama la gente en un momento de emoción violenta. El uso profesional de la violencia supone, entonces, ajustarla a determinados estándares jurídicos. Según Binder (2009), los principios estándares para protocolizar el uso de la fuerza son los siguientes:

• Principio de la ultima ratio: En

la gestión de los conflictos debe existir una primacía de los instrumentos no violentos o con historia menos abusiva; la violencia tiene que ser el último recurso, siempre postergable si existen otras instancias, actores o canales de diálogo.

• Principio de mínima interven-

ción: En la gestión no deben utilizarse instrumentos violentos si el conflicto no tiene ya algún componente violento que deba ser neutralizado o acotado.

• Principio de respuesta integral:

No existe ningún conflicto que por sí sólo tenga una naturaleza que implique la intervención violenta del Estado, ya que la “gravedad” no sólo se mide por los atributos de ese conflicto sino por la eficacia de los métodos de respuesta.

• Principio de economía de vio-

lencia estatal: La selección de un conflicto como aquellos que reclaman una intervención violenta no debe ser rígida, ya que siempre se debe dejar la puerta abierta, en el caso concreto, para que otra forma de intervención de los conflictos produzca el mismo efecto social con menor costo en términos de violencia.

107


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3.6.

Las detenciones por averiguación de identidad

Una de las prácticas habituales y discrecionales de la policía son las detenciones por averiguación de identidad, lo que antes se llamaba “Doble A”. Se trata de una práctica muy difundida. Sin embargo, tenemos que saber que debiera ser una practica excepcional. El hecho de que la policía patrulle el centro de la ciudad o los barrios no la habilita para que detenga discrecionalmente a las personas por averiguación de identidad por la simple “portación de rostro”. Para el ambito de la ciudad de Buenos Aires, las detenciones por averiguación de identidad fueron reguladas por la Ley Lázara, una reforma que se introdujo después de la muerte del joven Walter Bulacio en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires, después de que efectivos de la Policía Federal lo detuvieron en la entrada de un recital de rock, por averiguación de antecedentes.

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Dice la nueva ley: “…fuera de los casos establecidos por el Código de Procedimiento Penal, no podrá detenerse a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existen circunstancias que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer un hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia en lo correccional en turno, y demorada el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder las 10 horas. Se le permitirá comunicarse en forma inmediata con un familiar o persona de confianza a fin de informar su situación. Las personas demoradas para su identificación no podrán

ser alojadas junto ni en los lugares destinados a detenidos por delitos o contravenciones”. De modo que la policía solamente puede detener a las personas en dos casos concretos: para esclarecer delitos que ya se cometieron o para prevenir delitos que pudieran llegar a cometerse. Fuera de esos casos la policía no está habilitada para detener a nadie. Además, nótese que la ley ya no habla de averiguación de antecedentes sino de identidad. La finalidad que persigue el legislador cuando habilita a la policía a detener es solamente a los fines del establecimiento o la constatación de la identidad, nunca para conocer su eventual derrotero. La otra novedad es que la policía tiene que informar inmediatamente de las actuaciones a la autoridad judicial.

Recordemos… ….no existe una norma que obligue a los ciudadanos a tener que llevar documentos las 24 hs. …todos tenemos derecho a circular y desplazarnos libremente por la ciudad y el país. La policía no puede molestarnos. Sólo podrá detenernos para conocer nuestra identidad en dos casos: para esclarecer delitos que ya se cometieron o para prevenir delitos que pudieran llegar a cometerse. Fuera de estos casos, la detención será arbitraria. En caso de que la policía nos detenga, hay que saber que:

• La detención no podrá extenderse más de 10 horas. • Tenemos derechos a una llamada para comunicar nuestra situación a un familiar.

• No nos pueden alojar con presos imputados de delitos. • Nos tienen que informar el objeto de la detención e informar el juez interviniente.

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3.7.

Violaciones de los derechos humanos en el ámbito de la seguridad por parte de la Policía Federal

Las violaciones de derechos humanos pueden confundirse con las faltas disciplinarias o los delitos. Si bien hay algunas faltas y muchos delitos que pueden constituir al mismo tiempo una violación de derechos humanos, es necesario explicar las diferencias. • Faltas disciplinarias Las faltas disciplinarias son todas aquellas transgresiones a los deberes y obligaciones policiales. Las faltas están reguladas por la Ley para el Personal de la Policía Federal Argentina (ley 21.965) y por la Reglamentación de la Ley para el Personal de la Policía Federal Argentina (decreto 1866/83). Según el orden de gravedad de la falta, las sanciones pueden ser:

- Apercibimiento (individual o colec-

tivo): es una advertencia formulada por el superior al subalterno (o los subalternos) de la comisión de una falta cuya naturaleza o magnitud no hace menester otra sanción mayor.

- Arresto: consiste en la permanencia

del sancionado en su dependencia o en el lugar que se determine, por un período no mayor de 60 días.

- Cesantía: importa la baja del sancio-

nado con pérdida del estado policial y los derechos que le son inherentes.

- Exoneración: implica la baja definiti-

va e irrevocable del sancionado y la pérdida de todos los derechos que la institución le brinda a sus miembros. El exonerado no puede pedir la reincorporación en ningún caso.

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Tanto la exoneración como la cesantía las dispone el tribunal disciplinario previa instrucción de sumario. Algunas faltas graves pueden ser: la revelación a personas ajenas a la institución de informes, órdenes o constancias secretas o reservadas; el pedido o aceptación de propinas, indemnizaciones o regalos en su condición de policía, para sí o sus allegados; interponer influencias o utilizar procedimientos no reglamentarios para solicitar cambios de destino, ascensos, comisiones o servicios; dejar huir o posibilitar la huida de un detenido; la pérdida o sustracción de armamento bajo su custodia; el trato con personas conocidas por la policía como de mala reputación; la manipulación indebida de armas o el disparo injustificado o imprudente de aquéllas; ordenar a un subalterno un acto que transgreda el régimen disciplinario; la embriaguez, etcétera.

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• Delitos penales El delito es una conducta que daña de manera grave la propiedad, las posesiones o la integridad de las personas de una comunidad e incluso de la nación entera. Los delitos se describen en el Código Penal. Son responsables de un delito la persona o personas que lo cometan y los autores intelectuales, es decir, la gente que lo planea. Se castiga con multa o la privación de la libertad. Le corresponde al ministerio público (los fiscales) la investigación de las conductas y a la autoridad judicial (los tribunales) decidir si hubo o no un delito, quién es la persona responsable y la sanción que corresponde. • Violaciones a los derechos humanos En términos formales, una violación a los derechos humanos sucede cuando el Estado, a través de sus agentes servidores públicos, vulnera, niega, restringe, condiciona o no garantiza los derechos humanos de las personas o colectivos protegidos por normas nacionales e internacionales. Asimismo, si el Estado no respeta y no garantiza los derechos humanos o, en su caso, si no sanciona a los responsables de un hecho ilícito, sea particular o agente estatal, se convierte en un Estado violador de derechos humanos atentando de manera grave contra las personas sujetas a su jurisdicción. 112

Existen diversos mecanismos para declarar responsable al Estado y sus autoridades por violaciones de derechos humanos o, en su caso, proteger o restituir a los individuos en el goce de sus derechos, a nivel nacional mediante la tramitación de una acción de amparo y a nivel internacional mediante diversos mecanismos regionales y universales protectores de los derechos humanos. Hay quienes afirman que son los Estados los únicos que pueden violar estos derechos, aunque también otros señalan que las empresas multinacionales y los poderes privados –legales e ilegales- pueden incurrir en violaciones a derechos humanos.


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Recordemos… El Estado, a través de sus servidores públicos, puede negar, vulnerar o restringir los derechos humanos de las personas. Si un particular viola derechos humanos, el Estado puede ser responsable por su falta de diligencia para proteger efectivamente los derechos humanos. Los responsables de una violación de derechos humanos pueden ser:

• Los que ordenan la acción (ORDENADORES) • Los que desarrollan la acción (EJECUTORES) • Los que la planearon o decidieron (AUTORES INTELECTUALES) Los tipos de responsabilidad pueden ser:

• Por OMISION: cuando los funcionarios dejan de cumplir su función • Por ACCION: cuando los funcionarios participan en la violación de los derechos humanos

En caso de que la policía o alguna otra fuerza pública hicieren uso abusivo de la violencia hay que denunciar el hecho a la Justicia o las secretarías de derechos humanos.

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3.8. Violaciones de los derechos humanos en el ámbito de la seguridad por parte de las otras fuerzas de seguridad

Repasemos también el sistema disciplinario de las otras fuerzas de seguridad toda vez que tanto la Gendarmería como la Prefectura se encuentran actualmente cumpliendo funciones de policía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

a. Sistema disciplinario de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) El régimen disciplinario de la GNA se rige transitoriamente por las disposiciones del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas (anexo IV de la Ley 26.394). Según el orden de la falta, las sanciones pueden ser:

- Apercibimiento: es la reprobación

formal y expresa que, por escrito, dirige el superior al subordinado, sobre su conducta o proceder, de la cual debe dejarse constancia en el legajo personal del causante.

- Arresto: conforme la gravedad de la

falta, el arresto podrá ser simple o riguroso y consistirá en restricciones a la libertad del sancionado.

- Arresto simple: implicará la permanencia del causante por el tiempo que dure su arresto en domicilio particular o unidad que se indique. El sancionado participará en las actividades de la unidad que su jefe determine, permaneciendo en los lugares señalados el resto del tiempo

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b. Sistema disciplinario de la Prefectura Naval Argentina (PNA) Las faltas disciplinarias de la PNA están reguladas por la Ley de la Prefectura Naval Argentina (Ley 18.398) y por la Reglamentación de la Ley de la Prefectura Naval Argentina (Decreto N° 6242/71). Según la gravedad de la falta, las sanciones pueden ser:

- Apercibimiento: es la advertencia

formulada por el superior al subalterno que cometa una falta que por su naturaleza y circunstancia no merezca sanción más severa.

- Arresto riguroso: significará el internamiento del causante en la unidad que se determine. El sancionado no participará de las actividades de la unidad durante el tiempo que dure el arresto, con relevo de mando y del servicio pertinente.

- Destitución: consiste en: 1) la pérdida definitiva del grado; 2) la baja; 3) la imposibilidad de readquirir estado de gendarme.

La destitución es dispuesta por el Consejo de Disciplina previa instrucción de la información disciplinaria. El personal que es sancionado tiene derecho a interponer un recurso frente a la sanción dispuesta. Algunas faltas gravísimas pueden ser: insubordinación; deserción; desobediencia; abuso de autoridad; órdenes ilegales; abandono del servicio; abandono del destino; abuso del poder disciplinario; negocios incompatibles; acoso sexual del superior; la comisión de un delito, etc.

- Arresto: consiste en la detención del

sancionado en el organismo, dependencia o unidad, domicilio particular o lugar donde se ordene por el término de su duración

- Pérdida del uso del grado y del uni-

forme para el personal en situación de retiro: se aplica al personal en situación de retito

- Baja por cesantía o en calidad de ce-

santía: consiste en la separación del causante de la Prefectura Naval; implica la pérdida del estado policial y de los derechos que le son inherentes; excepto el derecho al haber de retiro que le pudiera corresponder.

- Baja por exoneración o en calidad de

exoneración: consiste en separar definitivamente al causante de la Prefectura Naval Argentina; implica la pérdida del estado policial y de los derechos que le son inherentes; quedando inhabilitado para el ejercicio de todo cargo, empleo o función en la administración pública. 115


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La cesantía y la exoneración las dispone el Prefecto Nacional Naval previa instrucción de un sumario. El personal sancionado puede interponer un recurso frente a la sanción impuesta. Algunas faltas graves pueden ser: aplicar castigos excediéndose en sus facultades disciplinarias; excederse en el ejercicio de su autoridad; infringir los reglamentos policiales; etc.

c. Sistema disciplinario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Por último, las faltas disciplinarias de la PSA están reguladas por la Ley de Seguridad Aeroportuaria (Ley 26.102), el Régimen Profesional del Personal Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (Decreto N° 836/08) y por el Reglamento de Investigaciones Administrativas del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (Decreto N° 1329/09). Según la gravedad de la falta, las sanciones pueden ser:

- Apercibimiento: comprende el lla-

mado de atención y la advertencia al personal policial que cometió una falta disciplinaria leve que afecte la disciplina, la imagen pública y/o prestigio de la institución o la ética y honestidad del personal policial.

- Apercibimiento grave: comprende el

llamado de atención y la advertencia al personal policial que cometió una falta disciplinaria leve que afecte la operatividad en el servicio y/o los principios básicos de actuación policial.

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- Suspensión de empleo por un máxi- La cesantía y la exoneración son dispuesmo de 60 días: comprende la privación temporal del ejercicio de las funciones del personal policial que cometió en forma reiterada una falta disciplinaria leve, una falta disciplinaria grave o una falta disciplinaria muy grave.

tas por el/la titular del Ministerio de Seguridad, previa instrucción de un sumario por parte de la Auditoria de Asuntos Internos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El personal sancionado puede interponer un recurso frente a la sanción impuesta.

- Pérdida del uso del grado y del uni- Algunas faltas disciplinarias muy graves forme para el personal en situación de retiro: comprende la privación del derecho de hacer uso del grado jerárquico y del uniforme que posee el personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en situación de retiro que fuera sancionado.

- Baja por cesantía: comprende la separación definitiva del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria por razones disciplinarias. Implica la inhabilitación para el reingreso del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sancionado, pero no importa la pérdida del derecho a los haberes de retiro que le correspondiere.

pueden ser: incumplir con el servicio ordinario o extraordinario, siempre que afecte gravemente la vida, bienes o salud de personas; haber sido condenado judicialmente a pena privativa de la libertad, aun de ejecución condicional y/o habilitación para el ejercicio de la función pública; cometer actos u omisiones que impliquen de forma directa o indirecta cualquier modo de corrupción; acosar y/o discriminar por razones de sexo, raza, ideología, religión, condición étnica, económica, social o personal a cualquier otro miembro de la institución; agredir físicamente a un particular; cometer actos que impliquen la afectación de la dignidad humana y/o violen los derechos humanos, etcétera.

- Baja por exoneración: comprende la

separación definitiva del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Implica la pérdida del empleo y los derechos inherentes al mismo. Asimismo, implica la inhabilitación para el reingreso a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y conlleva la pérdida del derecho al haber de retiro que correspondiere. Los cónyuges supérstites, convivientes y derechohabientes conservarán el derecho a percibir la pensión que les hubiera correspondido en caso de haber fallecido el causante a la fecha de la baja por exoneración.

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3.9.

Otros derechos de los policías

Los policías en tanto ciudadanos gozan de los mismos derechos humanos. La función que realizan los policías no implica, por tanto, ninguna restricción en el goce de sus derechos. Considerando la situación de los policías en la Argentina, algunos de los derechos más importantes que cabe subrayar y recordar son:

• Que se garantice la protección a su

vida e integridad física: para ello es necesario que los agentes cuenten con el equipo necesario para preservar su integridad física y garantizar su seguridad en el cumplimiento de su servicio. Pero además la administración pública debe proporcionar al policía una capacitación constante y la organización necesaria. Tales servicios deben ser brindados en forma gratuita ya que se trata de condiciones indispensables para una adecuada ejecución de su labor.

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• Que se respete su dignidad: los poli- Los policías tienen los mismos derechos cías deben ser respetados por sus superiores y tratados con dignidad no sólo por sus compañeros y personal administrativo sino también por el resto de la ciudadanía. Aun en el supuesto de haber cometido un delito o una falta, sus superiores jerárquicos no deben exhibirle, ni ridiculizarle, ni someterle a tratos degradantes, humillantes u ofensivos.

• Que se le brinde capacitación cons-

tante: en las sociedades contemporáneas, con todos los conflictos que existen y la complejidad de aquéllos, las autoridades administrativas deben garantizarle una capacitación adecuada para las funciones que puede llegar a asumir. Esa capacitación tienen que ser constante, toda vez que los conflictos y los delitos van mutando y se van volviendo cada vez más complejos.

y las mismas obligaciones que cualquier servidor público. Su función especial –garantizar la seguridad de los ciudadanosno puede implicar una reducción de los derechos reconocidos a todo empleado de la administración pública. Algunos aspectos importantes que conviene tener presentes son:

• El límite a su deber de obediencia: un

policía debe y puede cumplir las órdenes de la autoridad superior si éstas no violan los derechos humanos. El policía, entonces, no puede invocar la “obediencia debida” para fundamentar o legitimar su actuación cuando la orden recibida es improcedente, contraria al ordenamiento jurídico y los derechos humanos. El policía en ese caso no sólo puede sino que debe incumplir la orden y el Estado debe proteger al policía que lo haga.

• Que sus derechos laborales sean res- • Las sanciones legales: ningún policía petados: como cualquier otro trabajador, el policía tiene derecho a una salario digno y a una carrera policial estable.

puede ser sancionado administrativamente con un arresto superior a los 60 días.

• No aplicación de sanciones colectivas:

ningún policía puede ser sancionado administrativamente por pertenecer al mismo grupo de otro servidor que haya cometido una falta y no puede ser identificado.

• Derecho a no ser discriminado: tanto

las tareas de mayor interés como las menos atractivas deben asignarse de manera equitativa y razonable a todos los agentes en igualdad de condiciones. Distinto es el caso de aquellas funciones para las cuales se necesita una especial capacitación. En esa situación, el policía puede negarse a realizar tareas para las que no fue preparado. 119


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• Derecho de petición: todo servidor

público tiene el derecho a presentar una queja, de manera verbal o escrita, por irregularidad ante sus superiores o ante autoridades distintas, quienes, en caso de haber recibido la queja, estarán obligados a responderla.

• Derecho a la información: con el fin

de garantizar una mejor defensa de las imputaciones que se les hacen, los policías deben tener acceso a su expediente personal para consultar antecedentes, reportes y datos relacionados con el desempeño de sus funciones.

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Recordemos… Otros derechos fundamentales que tienen los funcionarios policiales -que conviene no perder de vista- son el derecho a la libertad de conciencia y religión, el derecho a la protección de la vida privada, y el derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres.


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Ejercicio 5: Completar el cuadro sobre las obligaciones del Estado Consigna: como hemos visto, el Estado tienen obligaciones muy específicas cuando se trata de los derechos humanos. Complete en el siguiente cuadro: ¿Cuáles son las obligaciones de las autoridades y agentes de seguridad respecto de algunos derechos?

Derecho

¿Qué deben hacer los responsables de la seguridad para que este derecho sea respetado?

¿Qué no deben hacer los responsables de la seguridad para que este derecho sea respetado?

¿Cómo se viola más frecuentemente este derecho en nuestro barrio o en el centro de la ciudad o en un espectáculo deportivo o cultural custodiado por los responsables de la seguridad?

A la integridad de la persona

A la libertad personal

A una vida libre de violencia

A la vivienda / inviolabilidad del domicilio

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4

Tema

PREVENCION DEL DELITO Y LA VIOLENCIA

Objetivos • Reconocer las distintas formas de prevención.

• Reconocer la importancia de la participación de los ciudadanos en organizaciones de la sociedad civil. • Reconocer la importancia de la participación de las organizaciones sociales en la prevención.

Disparadores • ¿Qué significa prevenir? • ¿Quién es el responsable de la prevención? • ¿Qué nos hace sentir seguros o inseguros? • ¿Qué tan seguros nos sentimos en el ambiente donde vivimos y donde trabajamos? • Para sentirnos seguros, ¿conviene aislarse y encerrarse o relacionarse y participar de la vida comunitaria? • ¿Cuándo hay que llamar al 911? ¿Prevenir es delatar? 123


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4.1.

Seguridad ciudadana y “Nueva prevención”: de la prevención policial a la prevención ciudadana

La violencia y el delito son fenómenos sociales complejos que no pueden ser enfrentados con una sola estrategia de política pública. Por eso, tradicionalmente dos han sido las finalidades de la política criminal: la persecución del delito y la prevención del delito y la violencia. Si la represión supone la intervención policial después (pos facto) de que el delito se ha producido, la prevención es la intervención antes (ex facto) de que el delito se produzca, para evitar que tenga lugar. En las últimas décadas, el acento se ha puesto otra vez en la prevención. Se sabe, como dice un refrán popular, que “mejor es prevenir que curar”, o sea que, antes que perseguir el delito, conviene prevenirlo. Una prevención que ya no se organiza exclusivamente a través de la agencia policial.

antes

Estamos asistiendo a una transformación de las políticas de seguridad, toda vez que la sociedad y otras agencias empiezan a ser convocadas para participar en el desarrollo de politicas de prevención. De allí que muchos autores hayan empezado a hablar de un “gran cambio de paradigma” para dar cuenta no sólo de la centralidad que tiene la prevención en la planificación general de las políticas de seguridad sino para reconocer el protagonismo de muchos otros actores, además de la policía, en esas tareas. Como vimos en el capítulo 3 de este manual, recordemos la responsabilidad principal que le cabe al Estado tanto en las tareas de persecución como de prevención del delito y la violencia.

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después

Como se puede observar, la prevención no ha sido tampoco siempre la misma, es decir, no siempre se la pensó y organizó del mismo modo. En las décadas del 80 (en países como Gran Bretaña o Canadá) y los 90 (en Italia y otras naciones, algunas de América latina), la prevención era una intervención que involucraba casi exclusivamente a las agencias del sistema penal. Se trataba de una función policial centralizada por el Estado. Pero, a partir de entonces, se produce una serie de cambios que tienen tres rasgos centrales:

1. La creciente delegación de funciones

en materia de seguridad, antes centralizadas, en instituciones públicas locales: distintas agencias gubernamentales locales ajenas al sistema penal empiezan a participar activamente en la toma de decisiones y en el

desarrollo de medidas concretas destinadas a prevenir delitos (por ejemplo, organizando la policía comunal o de proximidad).

2. La convocatoria a la participación

ciudadana: los vecinos y organizaciones sociales empiezan a ser referenciados como actores centrales de la nueva prevención (por ejemplo, alentando la formación de grupos de vecinos alertas o la creación de foros o mesas de seguridad).

3. La incorporación de empresas priva-

das en las estrategias de prevención del delito: la apelación a los ciudadanos para que, en tanto consumidores, apelen al mercado de modo de contribuir a producir seguridad (por ejemplo, contratando seguridad privada). 125


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La “nueva prevención” introduce una serie de estrategias de intervención novedosas en el campo de la seguridad destinadas a producir seguridad, sea para evitar o disminuir el riesgo de ser víctima de delitos (inseguridad objetiva) o evitar o disminuir la sensación personal y colectiva de temor con respecto a ser víctima de un delito o una incivilidad (inseguridad subjetiva). En la nueva prevención no sólo se busca prevenir el delito o la violencia, sino también evitar el temor al delito o la violencia. Pero debe señalarse también que la participación de la sociedad no siempre tendrá los mismos cauces, no siempre se estará buscando lo mismo con la implicancia de los ciudadanos. No es lo mismo que la comunidad sea interpelada en tanto sujeto de información que, por el contrario, sea referenciada como sujeto de acción en la resolución de los conflictos sociales. En el primer caso, los vecinos son meros apéndices de la policía: ésta necesita de la participación de la sociedad como fuente privilegiada de información para que le indique cuáles son los colectivos de personas que producen miedo. Los vecinos saben dónde se reúne la “barrita” de jóvenes cada tarde, dónde se vende droga, quién es extraño en el barrio, aquellos que molestan o que ellos consideran molestos. La participación está acotada a mapear los delitos, a “marcarle” a la policía cuáles son las personas o grupos de personas productores de hechos cotidianos que mo126

lestan u ofenden a la comunidad. Ésta es una de las ideas fuerza del paradigma de la “Tolerancia Cero” (ver recuadro). En el segundo caso, la ciudadanía, individualmente o de manera colectiva, a través de las organizaciones que integra, es convocada a participar en el diseño, planificación, instrumentación y control de las políticas de seguridad, mediante audiencias públicas, cuando se trata de políticas generales, o en su propia localidad a través de espacios públicos creados especialmente para contener su protagonismo (por ejemplo, las Mesas Barriales de Seguridad). En cualquiera de los casos, la prevención no está exenta de riesgos y dificultades que, dicho sea de paso, conviene tener muy presentes para no mitificar la prevención. En efecto, en algunas circunstancias, la prevención -lejos de resolver o evitar conflictos- puede contribuir a crearlos o, incluso, profundizarlos. Por eso, antes de describir los distintos modelos de prevención, conviene repasar los riesgos y las dificultades más comunes que se corren con la prevención:


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1. La estigmatización y segregación 3. La policialización de la seguridad: socioterritorial: las políticas de prevención pueden identificar al “otro” como alguien amenazante, determinados espacios como peligrosos y, por añadidura, generar estigmatización y segregación del otro.

2. La demagogia punitiva: la ciudadanía tiene el potencial de convertirse en una caja de resonancia y, por tanto, favorecer a los grupos de presión que reclaman mano dura o incremento de los castigos, sosteniendo la necesidad de respuestas represivas frente a los problemas. No se trata de impedir que la ciudadania se exprese en esos terminos, sino de asumir que el Estado debe elaborar respuestas democráticas que estén acordes con los estándares internacionales de derechos humanos y no valerse de soluciones demagógicas para liberarse de la responsabilidad en la construccion de soluciones complejas para problemas complejos.

cuando en el diagnóstico de los problemas los vecinos se desentienden del pasado, de los contextos sociales con los que se miden determinados actores sociales, de las causas de los problemas que enfrentan, y se concentran básicamente en el presente, en las consecuencias que determinados eventos pueden producir, se tiende a asociar la seguridad con la presencia y vigilancia policial, y por añadidura, a asimilar la inseguridad con la criminalidad callejera. En ese sentido, prevenir significa más policía en las calles del barrio. La policía se transforma en la respuesta a todos los problemas, la solución de rigor.

4. La venganza social: muchas veces, la sensación de abandono por parte del Estado o la frustración de la población, aunadas a un permanente reclamo por solucionar (y solucionar rápidamente) los problemas que enfrentan algunos ciudadanos, pueden generar mecanismos comunitarios de justicia por mano propia como, por ejemplo, los linchamientos, escraches o juicios populares. Incluso, puede llegarse a la situación de que los vecinos armen sus propias fuerzas para tomarse revancha (es el caso de la formación de guardias paramilitares, como existen en algunas ciudades de América latina). 127


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4.2.

La “Tolerancia Cero”: vigilar a los “grupos peligrosos”

La prevención es tambien el ABC de la “Tolerancia Cero”. Pero la Tolerancia Cero se encuentra en el extremo opuesto de las políticas de seguridad ciudadana y democráticas que impulsa este gobierno. Por eso, antes de continuar, conviene repasar esta teoria, aunque sea muy brevemente, toda vez que muchos dirigentes politicos y periodistas se han hecho eco de ella y ha tenido repercusión en la ciudadania. Para los partidarios de la “ley y orden”, no sólo la sociedad debe actuar preventivamente; también debe hacerlo el Estado. Con la prevención se ha rediseñado el rol de la policía. El papel de la policía se redefine a partir de redefinir su objeto de atención. La policía ya no estará para perseguir el delito sino para prevenirlo, toda vez que su objeto de atención no serán los delincuentes cuanto los incivilizados, es decir, los potenciales delincuentes, aquellos que crean las condiciones para que el delito tenga lugar. Dice la criminóloga italiana Tamar Pitch: “Retrotraer la policía a sus antiguas tareas de control y defensa, de aseguramiento del orden a cualquier costo, desplazándola así de las funciones de investigación y arresto de delitos graves” (Pitch, 2009: 132) En todo caso, para los partidarios de la “Tolerancia Cero” luchar contra el delito implica prevenirlo, es decir, luchar contra los pequeños desórdenes de la vida cotidiana que van creando las condiciones, generando el ambiente, “las malas juntas” para que el delito tenga lugar; pequeños hechos alterados que van llevando a las personas a cometer delitos. Por eso, se especula que si se lucha paso a paso contra

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los pequeños desórdenes de la vida cotidiana se logrará desalentar las conductas desviadas, y con ello hacer retroceder el delito. Esta es la tesis conocida como de “ventanas rotas”, que fuera esbozada por los criminólogos norteamericanos -asesores de Ronald Reagan- Wilson y Kelling, en el ensayo “Reparar las ventanas rotas: la restauración del orden y la disminución del delito en nuestras comunidades”. Según sostienen, los pequeños desórdenes cotidianos serían el comienzo de problemas muchos más serios de convivencia. La carrera hacia el delito profesional se inaugura con este tipo de actos de vandalismo. En la primera foja de cualquier prontuario nos encontraremos con esta clase de contravenciones. Se trata de hechos menores pero que, sin embargo, van perfilando conductas desordenadas que, si no son desalentadas a tiempo, pueden generar situaciones de mayor gravedad. Como dicen Wilson y Kelling, “quien roba un huevo, roba una vaca”. Quien puede lo menos, puede lo más. De modo que la mejor forma de prevenir los delitos graves es persiguiendo aquellas pequeñas conductas que si bien no constituyen un delito sientan las bases morales y materiales para que éste se produzca. Dicho con las palabras de sus mentores: “Un barrio estable de familias que se preocupan por sus hogares y por los hijos de los demás, que decididamente fruncen el ceño ante intrusos indeseables, puede convertirse en pocos años, e incluso en pocos meses, en una selva inhóspita y aterradora. Una propiedad es abandona-

da, se deja crecer el pasto, una ventana estalla. Los adultos dejan de regañar a los chicos ruidosos; los chicos, envalentonados, se vuelven más ruidosos. Las familias se mudan a otro barrio, mientras llegan personas solteras. Los adolescentes se reúnen en las puertas de las tiendas. Los comerciantes les piden que se corran pero ellos se niegan. Comienzan las peleas. La basura se acumula. La gente empieza a beber frente a las tiendas. En poco tiempo un borracho se desploma en la vereda y se le permite dormir allí. Los mendigos se acercan a los transeúntes” (Willson y Kelling, 1982: 70). Esta decadencia urbana genera un ambiente inseguro desde el momento que el temor lleva a que la gente se evite entre sí, debilitando los controles informales. Por eso, advierten que “no controlar ciertas conductas lleva al colapso de los controles comunitarios” (Willson y Kelling, 1982: 70) Existe una relación de continuidad entre el mantenimiento del orden y la prevención del delito. Cuando una ventana rota no se repara enseguida se corre el riesgo de que se rompan otras ventanas. De ahí en más, estaremos a un paso del delito predatorio. En efecto, el ambiente decadente genera la sensación de que nada y a nadie le importa nada. Los “revoltosos” continuarán con sus fechorías en una espiral que los conducirá directamente a practicar el delito. La degradación urbana, expresión de la falta de control social, de desidia institucional, induce a los protagonistas de aquellos actos vandálicos a ir subiendo la apuesta para concretar actos más nocivos.

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Como se puede advertir, los desórdenes aparecen casi siempre asociados con determinados grupos de pares. Colectivos de personas, cuyos estilos de vida contradicen y van deteriorando las pautas de convivencia de la comunidad. En tal esquema puede enumerarse a mendigos, borrachos, drogadictos, adolescentes ruidosos, prostitutas, vagabundos, vendedores ambulantes, personas mentalmente perturbadas o desaliñadas, revoltosas, impredecibles y violentas. El objeto de la prevención serán esos colectivos de personas, referenciados como productores de riesgo, que generan temor y crean un ambiente de inseguridad entre ciudadanos y consumidores. Ahora bien, a la policía de la “Tolerancia Cero” no le interesa saber nada sobre las poblaciones que identifica como peligrosas. No es un saber-poder sino un poder a secas, un mero poder de contención. No está interesada en la causa de aquellas conductas, ni tampoco en las biografías de sus protagonistas. Ni la clase, ni la raza, ni el género, ni la nacionalidad son datos por tener en cuenta. Estos antecedentes sociales son excluidos de su consideración; sólo se tendrá como relevante evaluar el riesgo contingente que introducen con sus conductas en el entramado urbano. De esa manera, la prevención situacional rompe la conexión entre la criminalidad y la estructura social desigual. Si los controles disciplinarios del estado de bienestar eran una suerte de laboratorio, puesto que había que estudiar para reinsertar, los controles del estado de malestar, según el sociólogo inglés Zygmurt Bauman, son meros contenedores o vertederos (Bau130

man, 2005) donde se van arrojando los desechos sociales, depositando a los inservibles o supernumerarios, a los marginales de la sociedad. Estos controles toman como punto de partida el riesgo, un riesgo que es normal pero que hay que contener. Un riesgo que sólo puede ser gestionado a través de la intervención oportuna sobre el ambiente, es decir, sobre los comportamientos exteriores de los grupos sociales considerados peligrosos. De allí que los controles se vuelvan preventivos, porque operan sobre las conductas, o mejor dicho, sobre las culturas o estilos de vida. Controles que imponen un orden sin norma, que se organiza a través de una fuerza desprovista de toda formalidad, es decir, a través de la discrecionalidad. Un orden que tan sólo está marcando un territorio, distribuyendo los cuerpos en el espacio público, evitando el congestionamiento de personas sospechosas en la calle. La atención se ha trasladado a los escenarios donde se mueven los eventuales ofensores, donde tienen lugar las incivilidades. Ya no interesan las causas sino los escenarios inmediatos o próximos al delito. De allí que de lo que se trata es de controlar las oportunidades para cometer delitos. En la medida que esas oportunidades se reduzcan, lo mismo sucederá con los delitos. Como decía Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, “hay que limpiar las calles”. Intervenir sobre el ambiente, esterilizar el territorio, bloquear el acceso a determinadas áreas por parte de determinados grupos.


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4.3.

En las últimas décadas, se han producido cuatro modelos de prevención: la prevención situacional; la prevención social; la prevención comunitaria, y la participación comunitaria. No hay que perder de vista que se trata de cuatro modelos teóricos. En la realidad, resulta muy difícil encontrarlos de esta manera, pero tienen muchos puntos de contacto unos con otros. Repasemos, entonces, los modelos preventivos por separado pero no perdiendo de vista que en la práctica no hay un punto donde termine, por ejemplo, la prevención social y empiece la prevención comunitaria o la prevención ambiental. Revisemos cuáles son los presupuestos teóricos y las criticas más comunes que se le han formulado a cada uno de estos modelos.

4.3.1

Este modelo de intervención se propone modificar situaciones y/o ambientes en los que se pretende reducir el delito. Busca rediseñar la geografía urbana, modificando la arquitectura privada o rediseñando los espacios públicos para evitar que determinados hechos tengan lugar, es decir, para reducir lo más que se pueda las posibilidades de que los ciudadanos resulten víctimas de delitos (hurtos o robos) u otras conflictividades (cobro de peajes, insultos, amenazas, vandalismos, etc.) que producen temor. Cuanto peor el diseño urbano, más altas son las tasas del delito. Con la táctica situacional se pretende diseñar lugares más seguros para las potenciales víctimas y más hostiles para los potenciales victimarios. El objetivo no es atrapar al eventual delincuente o infractor sino evitar o reducir los daños. De hecho, uno de los presupuestos teóricos de este modelo es que el delito es considerado normal, algo que, sobre todo en la gran ciudad, puede llegar a ocurrir, y de lo que se trata es de reducir las probabilidades. Se parte

Los modelos preventivos

Prevención situacional y ambiental

131


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del supuesto de que “la ocasión hace al ladrón”; por tanto, prevenir el delito significa disponer una serie de obstáculos en el ambiente que desalienten la conducta del potencial agresor. El otro supuesto teórico es que el posible ofensor es un actor racional, alguien que sabe lo que hace, que se la pasa midiendo y comparando los riesgos que corre en función de los beneficios que puede obtener. Por tanto, la manera de desalentar el delito será disponiendo una serie de obstáculos que presenten dificultades de acceso o altas probabilidades de detectarlo. De esa manera, si el medio ambiente presenta dificultades, el potencial infractor, en tanto actor racional, se abstendrá de cometer el delito o materializar una conducta referenciada como problemática por los vecinos. Entre las técnicas de prevención situacional que pueden adoptar las autoridades locales en el espacio público se pueden mencionar: 132

• el alumbrado público; • los circuitos cerrados de televisión o • • •

cámaras de vigilancia en los estacionamientos de autos, plazas o parques y zonas céntricas muy transitadas; el vallado o cerramiento de espacios públicos; el cierre de calles; los reductores de velocidad (lomos de burro) para disminuir el tránsito y la velocidad de circulación vehicular.

Por su parte, los vecinos pueden poner en práctica otras estrategias de prevención situacional en el espacio público, entre ellas:

• la contratación de seguridad privada; • la disposición de garitas de vigilancia privada en los barrios;

• la vigilancia del vecindario (“vecinos •

alertas”) o la formación de patrullas vecinales; la restauración y embellecimiento de plazas, parques y paseos públicos;


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• la parquización de terrenos baldíos; • la estetización del barrio. Las estrategias de prevención que pueden adoptar los vecinos en sus hogares son:

• la disposición de luces con fotocélulas • •

• • • •

sensibles al movimiento en las puertas de acceso y garajes; el uso de cámara de video o monitoreo; la utilización de rejas, puertas o vidrios blindados, reforzamiento de cerraduras, trabas de ventanas, electrificación de cerca perimetral o levantamiento de muros; la utilización de sistema de alarmas (alarmas perimetrales, botones antipánico, etc.); la instalación de porteros eléctricos; la adquisición de armas de fuego; el aprendizaje de técnicas de autodefensa personal y/o la utilización de perros.

Como se puede observar, si bien muchas de estas estrategias pueden ser aportadas por el Estado, hay una fuerte apelación al uso del mercado para poder implementarlas. El ciudadano, en tanto consumidor, puede comprar esos elementos securitarios o contratar tales servicios para que su transcurrir cotidiano sea más seguro. Las críticas más comunes que se han formulado a este modelo es que está estrechamente vinculado con la prevención de delitos contra la propiedad y el control de conductas indeseables en los espacios públicos, pero desatiende otros que tienen lugar en el ámbito privado (violencia doméstica o contra mujeres o niños), y no se preocupa de los delitos organizados, ni de la criminalidad económica (evasión fiscal; contabilidad fraudulenta; fuga de capitales o delitos de guante blanco), o los perpetrados por la autoridad (corrupción política) o los que genera el tránsito. Como dice Victoria Rangugni, “este recorte y 133


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focalización no sólo deja de lado hechos altamente lesivos, sino que contribuye a una definición sesgada del problema de la seguridad y refuerza la criminalización de la pobreza al consolidar como relevantes sólo los delitos de los más débiles” (Rangugni, 2010: 35) Por otro lado, este modelo se dirige a los síntomas de los delitos y no a las causas que pueden producirlo, priorizando criterios empresariales, como los de reducción de riesgos (que utilizan las compañías de seguros y siniestros) para hacer frente al delito contra la propiedad o la integridad física. Al mismo tiempo, cuando sólo busca reducir “aquí y ahora” el delito (en vez de solucionar los problemas de fondo), pierde de vista que la conducta delictual es móvil, que tiende a desplazarse de un lugar a otro. De modo que con la disposición de obstáculos lo único que se logra es trasladar el delito a otros barrios o zonas de la ciudad donde los impedimentos son menores. Además, puede promover una fe 134

ciega en la tecnología, instigada fundamentalmente por los intereses comerciales de la creciente industria de la inseguridad. Finalmente, otra crítica que se le ha formulado a ese modelo es su carácter intrusivo y excluyente: una vigilancia excesiva y omnipresente transforma a los ciudadanos en soldados (ver recuadro: Los ciudadanos soldados) y convierte sus hogares en auténticas fortificaciones militares. Además, contribuye a difundir una “mentalidad de fortaleza”, a “encerrarse”, a asociar la libertad con el autoconfinamiento. Todo lo cual no sólo violenta libertades civiles sino que desalienta la participación comunitaria y el uso de los espacios públicos, que ya no serán identificados como lugares de encuentro sino tratados como meros ámbitos de circulación.


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Los ciudadanos soldados: ciudadanos enclaustrados, ciudadanos temerosos Se sabe que la propiedad es privada, pero en los últimos años el hogar se ha convertido en una suerte de casamata o búnker. La casa es el mejor refugio en la ciudad. Todas las medidas que adopta el ciudadano-soldado que entra en pánico, lo llevan a convertir su casa en una fortaleza que lo resguarde del mundo exterior referenciado como un lugar peligroso. Cuando el pánico cunde, el ciudadano se abroquela, se encierra y se distancia cada vez más de los demás. Como señala el urbanista y filósofo francés Paul Virilio (2006), de la misma manera que en la década del 40, en Europa, los gobiernos recomendaban cavar una trinchera en el jardín o el patio del fondo, y en las décadas del 60 y 70, durante la guerra fría, sugerían construir sótanos

antinucleares, hoy, para protegerse del enemigo interno, de los delincuentes, se recomienda contar con una habitación antipánico, y cuando el dinero no alcanza para ello, hacerse de buenos perros, electrificar el perímetro, colocar alarmas y cámaras de vigilancia, contratar seguridad privada o ponerse de acuerdo entre los vecinos del barrio o de la cuadra para estar alertas frente a cualquier movimiento sospechoso. Vale la pena recordar el relato del escritor Franz Kafka, "La madriguera", donde el protagonista, un innominado animal (puede ser un hombre o un topo), está obsesivamente preocupado por construir un hoyo, una guarida inexpugnable que, poco a poco, terminará siendo una trampa sin salida. Sin saberlo, el individuo ha cavado su propia fosa. Aquello que había imaginado como una garantía de seguridad se convierte en la fuente de sus peores pesadillas.

135


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“Mi hogar es mi castillo. En ese castillo, uno puede tener su propia habitación, una habitación donde es posible estar totalmente en privado” (Christie, 2004: 47). Observemos en este ejemplo el uso de la palabra “privado”, uno de los fetiches favoritos a la hora de pensar también en la seguridad. En efecto, la seguridad es privada. Pero ¿qué significa privado? ¿Qué sucede cuando la seguridad se vuelve privada? Privado viene del latín privare. “Privar –dice Christie- era el concepto romano para el destino de ser amputado, separado de la vida social, arrancado de todo lo importante, apartado”. Para Christie, entonces, el costo de la seguridad es el aislamiento social: los individuos comienzan a tomar distancia de sus vecinos y de los grupos sociales que los contienen, para pasar la mayor cantidad de tiempo encerrados en su habitación. Sin embargo, no se dan cuenta de que la seguridad inmediata que satisfacen con esas conductas, crean las condiciones anímicas para perpetuar ese estado en el tiempo y en el espacio. Se vuelven más vulnerables y se sienten amenazados por todo. Nunca estarán satisfechos con las medidas de seguridad adoptadas. Siempre habrá una nueva táctica aconsejada, una alarma más eficaz. Y las medidas que adopten las autoridades también serán siempre insuficientes. Después de cercar el perímetro de la casa, se pretenderá cercar el barrio y luego la ciudad donde vive. El hombre habrá quedado atrapado en una espiral de inseguridad. Un círculo vicioso del que le resultará cada vez más difícil escapar toda vez que, con semejantes conductas, desautorizó las instancias colectivas y democráticas hasta recostarse sobre gobernantes autoritarios y demagógicos que hicieron de la inseguridad un problema policial. 136

Recordemos… La seguridad no es un bien privado que se resuelve según la capacidad de consumo de cada ciudadano. La seguridad, en tanto bien colectivo, constituye un servicio público.


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4.3.2.

Prevención social

La estrategia de prevención social parte de un enfoque diferente. En primer término, el destinatario directo no es la víctima eventual sino los sectores vulnerables, es decir, aquellos que, por las particulares circunstancias en las que se encuentran, pueden verse arrastrados a protagonizar algún delito. La idea central subyacente de este modelo es que ciertos delitos (sobre todo, el deliro predatorio, callejero o de oportunidad) son consecuencia de determinadas condiciones socioeconómicas, culturales o vinculares. La desocupación y la precarización del empleo, el deterioro de las redes sociales o el resquebrajamiento del tejido comunitario, el desdibujamiento de los contratos sociales, la socialización defectuosa en la escuela y la familia, todo ello crea condiciones para que determinados actores tengan más probabilidades de referenciar al delito como estrategia de 137


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sobrevivencia y/o pertenencia o como la oportunidad de resolver problemas materiales o identitarios. Por eso, desalentar el delito supone no sólo mejorar las condiciones de trabajo digno en general, sino asistir a esta población en riesgo con programas de contención e inclusión social especialmente diseñados. De allí también que los destinatarios de estas políticas públicas no sean sólo los jóvenes en situación de vulnerabilidad, sino su entorno social, el tejido social. Hay que apoyar al entramado institucional en el que, al expresar sus problemas y sean contenidos, pueda contribuir a modelar otras trayectorias para estos actores en desventaja. A diferencia de la prevención situacionalambiental se opera sobre las causas, se trata de intervenir sobre las condiciones sociales con las que se miden determinados sectores o grupos. La prevención social trabaja con poblaciones focalizadas referenciadas como grupos de riesgo, actores vulnerables (por ejemplo, jóvenes pobres y desocupados, que no están yendo a la escuela y que tampoco tienen contención familiar o rotan en diferentes grupos familiares), a efectos de brindarles una protección especial que, revirtiendo las condiciones de riesgo y vulnerabilidad, obstruyan una eventual trayectoria criminal (“para que crezcan fuera del delito”) o desalienten la comisión de nuevos delitos. Como se puede ver, se trata de revincular la inseguridad ciudadana con la inseguridad social. De allí la importancia de arti138

cular las políticas públicas en materia de seguridad con las que hacen al desarrollo social y educativo. Entre las técnicas sociales de prevención social se pueden nombrar:

• • • • •

la capacitación laboral; la reinserción en el sistema educativo; la recreación e integración cultural; el apoyo psicológico-vincular; el otorgamiento de beneficios que incentiven la reinserción escolar, la capacitación laboral y la integración cultural.

Una de las críticas más habituales que se le formulan a este modelo surge de la tendencia a asociar el delito con la pobreza, postulando una relación mecánica de causa-efecto entre pobreza y delito y deduciendo que el delito es una consecuencia inevitable de la pobreza. Como dijimos (ver punto Inseguridad y delito común ¿pobreza o brecha social?), no es la pobreza sino la brecha social una de las causas del delito común en la Argentina. Por otro lado, vinculada con lo anterior existe también una tendencia a la estigmatización de aquellos grupos referenciados como de riesgo, a discriminarlos en aras de la prevención. Esto, con frecuencia, lejos de resolver los problemas crea nuevos conflictos entre los ciudadanos, toda vez que alimenta la discriminación y el resentimiento, que encuadran entre los impulsores primarios de la inseguridad.


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4.3.3.

Prevención comunitaria

El modelo de prevención comunitaria es una táctica orientada a actuar sobre las causas, sólo que esta vez no está dirigida a las víctimas eventuales ni a victimarios potenciales sino a la comunidad. La comunidad no sólo es referenciada como objeto de intervención, sino además identificada como sujeto de acción, es decir que deja de ser un mero destinatario para ser un actor protagonista. Se parte del supuesto de que el delito y la violencia son consecuencia del fracaso de la vida comunitaria y los procesos de socialización, del deterioro de los acuerdos comunitarios que norman la vida cotidiana. Fracaso que se verifica en el anonimato, el individualismo, el desinterés por el otro, el aislamiento y la despreocupación por el espacio público, es decir, en la cultura del “no te metás”. El debilitamiento de los vínculos comunitarios constituye un factor que facilita la emergencia de la inseguridad (objetiva y subjetiva). Por eso, con el despliegue de estrategias de prevención comunitaria se busca apuntalar el tejido social con vistas a reconstruir formas de control social en el territorio por parte de quienes lo habitan.

139


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Para ello, como señala Cristian Varela, “la prevención comunitaria se focaliza de manera más directa en situaciones específicas, así como en el trabajo con grupos determinados o con vecinos de un mismo ámbito” (Varela, 2010: 61). La prevención toma sentido haciendo foco en aspectos concretos y problemáticos de la vida comunitaria que contribuyen a la inseguridad.

• la vigilancia vecinal: la coordinación

Entre las técnicas sociales de prevención comunitaria se pueden mencionar:

• • •

• •

140

de los vecinos para vigilar el barrio (ver recuadro sobre Vecinos en alerta!) y desplegar otras tácticas situacionales de seguridad, como el intercambio de teléfonos, la colocación de carteles de seguridad (“vecinos alertas” o “seguridad vecinal”), la eliminación de los signos identificatorios de propiedad deshabitada cuando los vecinos están ausentes por razones laborales o vacaciones (colocando residuos en los basureros, cortando el césped, retirando la correspondencia, folletería o diarios, encendiendo las luces exteriores o interiores, vigilando la casa, etc.); las rondas vecinales o guardias urbanas de vecinos; la mediación comunitaria (alternativa y extrajudicial) para la resolución de conflictos que tienen lugar en el barrio; la administración barrial de viviendas populares, sobre todo la regulación de los espacios públicos (placitas, juegos, estacionamientos) y aquellos espacios que están a mitad de camino entre lo público y lo privado (pasillos, escaleras, etc.); la realización de actividades recreativas para los niños en los espacios públicos; el apoyo comunitario a través del trabajo voluntario.


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Entre las críticas más frecuentes que se le hacen a este modelo, una se basa en la concepción que se tiene de “comunidad”. La comunidad es el vecindario, es decir, una sumatoria de ciudadanos ejemplares que comparten la ubicación geográfica y tienen los mismos intereses e identidades. Propone relaciones de solidaridad en función de la afinidad u homogeneidad social. Los vecinos se vinculan en tanto comparten el mismo estilo de vida y adhieren a los mismos valores. Una comunidad que se apoya y reproduce un “nosotros exclusivo”. Como dice otro investigador argentino, Máximo Sozzo: “Comparten la forma en que piensan y se visualizan a sí mismos; de tal manera que el dato definitorio de lo que constituye una comunidad se ubica en las cabezas del conjunto de personas, se expresa en términos simbó-

licos y se materializa en actitudes y comportamientos colectivos. De esta forma, se pierde de vista el influjo de instituciones que atraviesan las prácticas sociales de ese espacio urbano a lo largo del tiempo y que a su vez se encuentran imbricadas en relaciones políticas, económicas y sociales más amplias en las que se inscriben: el trabajo, la familia, la religión, etc. No se comprende adecuadamente no sólo la dinámica interna de la vida comunitaria sino también la dinámica externa de la comunidad local con respecto al resto de los espacios sociales: la economía política de la comunidad” (Sozzo, 2000: 30) Por otro lado, la imaginación sobre la comunidad que proyecta la táctica comunitaria es errada en otros sentidos: “Piensa que ese grupo de personas radicadas es141


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pacialmente en determinadas fronteras, comparten una identidad, un sentido de pertenencia o sentido de comunidad, y por ello comparten una serie de valores o normas, lo que implica una tendencia a la armonía y la paz. No se toma en cuenta que las comunidades pueden ser también intolerantes y punitivas. Pero, sobre todo, se pierde de vista que los procesos de control social en la vida social no son uniformes y unívocos sino heterogéneos, plurales y conflictivos. Por ende, en el marco de determinadas coordenadas de espacio y tiempo pueden coexistir complejamente diversos valores o normas afirmados por diversos sectores del grupo de personas que se encuentran allí ubicados. Comunidad no es sinónimo de consenso” (Sozzo, 2000: 31) Finalmente, para Varela, intentar “el refuerzo o la revalorización de esos lazos, en sociedades que ya no se rigen por hábitos comunitarios, parecería ser una apuesta con pocas chances de ganar. En todo caso, se argumenta que las estrategias comunitarias tendrían más posibilidades de producir efectos en aquellos lugares donde existe una vida comunitaria, con sus vínculos, su identidad y su sentido de pertenencia. Pero si son ciertas las hipótesis de la perspectiva comunitaria en seguridad, no son ésos los lugares donde la inseguridad presenta mayores problemas, ya que ellos cuentan con el reaseguro que significa la cohesión social de la vida comunitaria” (Varela, 2010: 63). 142


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¡Vecinos en alerta! Vigilar y delatar La inseguridad y el miedo al delito han ido progresivamente vaciando las calles y las veredas del barrio. La calle ya no es un espacio de encuentro sino de circulación. El mandato consiste en evitar al otro. La calle no se vive, se vigila. El sacrificio de la libertad es el precio que hay que pagar para ganar seguridad. La calle es aquello que quedó detrás de la ventana. El otro es percibido a través de la mirilla de nuestra puerta, el parabrisas del coche o el televisor. De hecho, miramos por la ventana como miramos el televisor. Y cuando miramos por la ventana somos mirados por la televisión, que nos asusta otra vez. Si la casa es nuestro búnker privado, un lugar protegido con perros, rejas y alarmas, el barrio es el lugar donde hay que mantenerse en guardia las veinticuatro horas. Cuando la calle se vuelve un espacio de circulación y las veredas se vacían, el “otro” se vuelve sospechoso y los vecinos deberán mantenerse alertas. Como rezan los cartelitos en los barrios de clase media: “vecinos en alerta”, “seguridad vecinal”. Los vecinos están controlando cada movimiento del barrio, atentos a las personas anónimas que, por el solo hecho de serlo, se tornan sospechosas.

Pero ¿qué significa “sospechoso”? ¿Alguien desconocido, “raro”? ¿Qué atributos debe tener un extraño para ser “raro”? ¿Ser joven, pobre, morocho, o las tres cosas? Reírse o andar cantando por la calle, ¿nos convierte en sujetos raros y sospechosos? Deambular sin rumbo por la ciudad, ¿es un acto peligroso? Lo miedos tienden a solaparse. La precarización del trabajo, la pérdida de un horizonte estable, la falta de certidumbre, susceptibilizan las relaciones sociales. Todos se sienten vulnerables. El miedo se vuelve ubicuo y surge la necesidad de ponerle un rostro a esa sensación difusa, de encontrar nuevos chivos expiatorios. ¿Y entonces? Miedo sobre miedo, pocos buscaron respuestas colectivas. Si los sectores más acomodados se mudaron a la burbuja de barrios cerrados, los que no estaban tan acomodados pero sentían que tenian mucho que perder, se encerraron en sus propios barrios, fortificaron su vivienda. Proliferaron las rejas, las cámaras de vigilancia, los vecinos en alerta para delatar a cualquier sospechoso. La mirada desconfiada desplazó al saludo amistoso. Los deliverys suplantaron al asado compartido o la cena en el club. Y hasta la comodidad del sillón de la tele y el asiento de la computadora. Se esfumó la costumbre de sacar la silla a la vereda. 143


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Cada casa se tornó un punto separado del otro. El barrio se redujo a un gran dormitorio, pero con compartimentos aislados, sin relación entre sí. Se desataron los lazos y, lo que es peor, muchos perdieron la voluntad, la pasión y el gusto de establecerlos. En este contexto, el vigilantismo y la cultura de la delación se proponen como estrategias de seguridad preventiva. Estrategias que, en la medida que estigmatizan al otro, recrean permanentemente las condiciones de su inseguridad. Por ejemplo, la estigmatización lleva a hacer un uso abusivo del 911. Se llama a la policía cuando no hay razones para hacerlo; se la llama porque somos víctimas del miedo que crean nuestros propios prejuicios. Y esos prejuicios, sumados a la intervención abusiva de la policía, generan resentimiento de parte de aquellos que son estigmatizados y delatados como “sospechosos”. Todo esto, lejos de crear un clima seguro, instala y profundiza malentendidos entre los distintos actores (por ejemplo, entre vecinos del barrio o comerciantes y grupos de jóvenes), sentando las bases para que se produzcan conflictos sociales.

144


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4.3.4.

Participación comunitaria

La participación comunitaria es el cuarto modelo de prevención. Una prevención que reclama también el protagonismo de la comunidad, pero ésta ahora será convocada a través de su entramado organizacional. Por eso se diferencia de la prevención comunitaria. Aquí, en la prevención participativo-comunitaria, la comunidad no es entendida como una sumatoria de ciudadanos sueltos que participan individualmente sino de ciudadanos organizados, individuos que se nuclean para pensar y debatir colectivamente e imaginar soluciones creativas a los problemas que se les presentan cotidianamente. De allí también que la comunidad no sea una entidad homogénea sino algo heterogéneo. En ella participan distintas organizaciones compuestas por distintas clases sociales, que pueden tener también diferentes concepciones del mundo, creencias e intereses. En segundo lugar, la comunidad es participada pero no sólo para evitar que sus miembros sean potenciales víctimas. Interviene no sólo sobre el delito sino además sobre los factores que pueden desembocar en conductas ilegales, violentas y conflictos sociales de diverso tipo. Hay que aclarar que cuando el Estado propicia el protagonismo de la comunidad, cuando reclama la participación comunitaria, no busca –como en otras épocas“lavarse las manos”, pasarle “la pelota” al mercado, a los ciudadanos en tanto consumidores. El Estado no juega al “sálvese quien pueda”. La participación comunitaria no lo exime de responsabilidades. El Estado sigue siendo, como hemos dicho, el principal responsable. Sólo que esa responsabilidad es compartida con las instituciones sociales. Esto resulta un avance sustancial en las políticas públicas de se145


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guridad, porque el Estado no aparece diciendo “el problema es mío”, sino, por el contrario, “el problema es nuestro”. Mientras la seguridad era un problema exclusivo del Estado, los gobernantes hicieron de la seguridad una manera de defenderse de la sociedad. Ahora, cuando el Estado da participación a la comunidad organizada, lo hace reconociendo su responsabilidad, pero fomentando la construcción de una ciudadanía activa que necesita la democracia. Pero al hacerlo, involucrando activamente a la comunidad en la resolución de los problemas que tiene, se busca construir una ciudadanía que esté a la altura de la democracia. Una ciudadanía activa que no se agote en votar cada dos o cuatro años, sino que participa cotidianamente a través de los diferentes ámbitos de organización que integra. Los ciudadanos no son individuos pasivos con opiniones que alguna vez pueden ser levantadas o medidas por 146

los periodistas a través de encuestas, sino actores protagonistas de los distintos debates que tienen lugar y que los involucran directa o indirectamente. En materia de seguridad, con la participación comunitaria, el gobierno no sólo busca acercarse a la población sino establecer ámbitos de cooperación en la prevención del delito. Ahora bien, el protagonismo no se improvisa, no es algo que se decreta. Sobre todo en sociedades como las nuestras, donde, y durante mucho tiempo, la participación ha sido pensada y organizada en términos republicanos. Recordemos: “El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”. De esta manera, la participación está acotada al sufragio electoral. Cada dos años las personas son convocadas a votar y después se les pide que sigan los debates por TV. Los ciudadanos creemos que el ejercicio del gobierno se limita


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a elegir a aquellos que van a representar nuestros problemas e intereses. Por el contrario, cuando la participación se organiza a través de la democracia, los ciudadanos tienen que comprometerse activamente y todos los días en la búsqueda de soluciones a sus problemas. En nuestra sociedad, circunscribir la participación al voto puede provocar un déficit de representación que, lejos de resolver los problemas, puede agravarlos. Los ciudadanos tienen que comprometerse. En una democracia, el compromiso es una responsabilidad de los ciudadanos. Sin embargo, la responsabilidad no se traduce espontáneamente en acciones concretas: “No es una tarea lineal que se cumple a partir de una toma de decisión política. Entre la decisión y su materialización efectiva hay una distancia donde abundan los obstáculos. Algunos de ellos son propios de las estructuras del aparato estatal. Otros exceden al sistema público y se sitúan en el seno de la sociedad civil” (Arriola, 2010: 69). De parte del Estado, éste tendrá que generar ámbitos que creen condiciones para que la participación tenga lugar. Por ejemplo, mediante Mesas Barriales (ver capítulo 5). Sin embargo, si en estos ámbitos no participan todos los sectores de la sociedad o sólo lo hace un determinado sector, estaríamos repostulando a la comunidad como un espacio homogéneo, con todos los riesgos y problemas expresados al referirnos a la prevención comunitaria. Y aquí es donde se presenta un punto por definir y que ha dado lugar a otra de las críticas que se le formulan al modelo. En efecto, en una sociedad como la nuestra, en la cual la seguridad siempre estuvo asociada al Estado en general y a la poli147


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cía en particular, aquélla se plantea como un tema que tiende a estar ausente en las agendas de las organizaciones sociales. No era un aspecto abordado por las organizaciones sino un problema de incumbencia exclusiva del Estado, de modo que sólo a él le correspondía encontrarle solución efectiva. Pero en una democracia, cuando el Estado involucra a la sociedad organizada a debatir y definir las políticas de seguridad, entonces la comunidad tiene que comenzar a registrar esta problemática, no sólo para actuar en las esferas públicas que se generen a tal efecto (por ejemplo, los foros de seguridad), sino para tomar posición, frente a otras organizaciones sociales y agencias estatales (por ejemplo, la policía o la administración pública local, etc.), respecto de las políticas de seguridad ciudadana. Por eso el desafío es doble: además de crear ámbitos para la participación hay que sensibilizar a las organizaciones con el fin de que éstas asuman como propio el problema de la seguridad y concurran a esos espacios para debatir el sentido de la seguridad. Ese debate tendrá como referencia al estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Como señala Lucía Dammert, “la participación de la comunidad, si no es planificada, organizada e implementada con liderazgo y coordinación con los gobiernos locales, puede tener impactos negativos” (Dammert, 2005: 63). Hay que acompañar la discusión con charlas y talleres de capacitación, pero también coordinándola, evitando los malentendidos, que se estigmatice a determinados vecinos, que se vulneren derechos, etcétera. Pero de todo eso hablaremos en el último capítulo de este manual, dedicado a los foros de seguridad, una política de Estado de la actual gestión. 148

Recordemos… La participación comunitaria preventiva es el núcleo constituyente del modelo democrático de seguridad ciudadana. No se trata de una opción preventiva sino de una política pública central.


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Figura 6: Paradigmas de prevención

Actuarialismo privado

Actuarialismo social

Primacía del mercado

Primacía del Estado

Políticas privadas de seguridad Políticas públicas de seguridad La seguridad es un negocio

La seguridad es un servicio público

Los ciudadanos se convierten en policías

Los policías se convierten en ciudadanos

Los ciudadanos se enclaustran

Los ciudadanos se relacionan

Vecinos alertas

Vecinos solidarios

Autolimitación del uso y disfrute Uso ilimitado de los espacios de los espacios públicos por públicos por parte de todas las parte de la víctima potencial personas La calle es un espacio de circulación

La calle es un espacio de encuentro

La ciudad se fragmenta

La ciudad se abre 149


Seguridad y Derechos Humanos: HERRAMIENTAS para la REFLEXION sobre la SEGURIDAD CIUDADANA y DEMOCRATICA

Figura 7: Modelos de prevenci贸n ciudadana

150

Modelos preventivos

Opera sobre

Rol del actor social

Tipo de medidas

Situacionalambiental

Circunstancias o s铆ntomas

Pasivo (el actor es un objeto)

Focalizadas

Social

Causas

Pasivo (el actor es un objeto)

Universales

Comunitario

Causas y circunstancias

Comunitarioparticipativo

Causas

Poco activo (el actor es objeto y sujeto)

Muy activo (el actor es sujeto)

Focalizadas

Focalizadas


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Ejercicio 6: Complete el cuadro sobre los conflictos sociales y urbanos en nuestro barrio

Consigna: En nuestro barrio o ciudad suelen producirse situaciones problemáticas que generan inseguridad. Complete el cuadro.

Conflictos sociales urbanos

¿Por qué cree que se produjeron?

¿Quiénes son los victimarios?

¿Quiénes son las víctimas?

¿Qué ¿Cuál de¿Cuáles debería bería ser son las hacer la el rol de estrategias policía la policía individuadesde el desde el les que paradig- modelo de desarroma de la seguridad llan los Tolerancia ciudadana vecinos Cero? y demo- para hacer crática? frente a esos conflictos?

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Seguridad y Derechos Humanos: HERRAMIENTAS para la REFLEXION sobre la SEGURIDAD CIUDADANA y DEMOCRATICA

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Tema

LA PARTICIPACION COMUNITARIA COMO POLITICA DE ESTADO Objetivos • Caracterizar la relación entre la sociedad organizada y la policía • Reconocer la importancia de la participación de los ciudadanos en las Mesas Barriales de Participación Comunitaria en Seguridad • Reconocer la importancia de la solidaridad

Disparadores • ¿Cuál es el papel que tiene la ciudadanía en el diseño, planificación, control y evaluación de la seguridad ciudadana? • ¿Puede la ciudadanía controlar a la policía? ¿Cómo?

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5.1.

Seguridad ciudadana y participación comunitaria

Más allá de que la seguridad es un deber del Estado, en una democracia los ciudadanos deben comprometerse y aquél debe crear las condiciones para su participación. La seguridad se completa entonces con el activismo social, necesita del protagonismo (compromiso) de los ciudadanos. Los ciudadanos, a través de las distintas instituciones de las que forman parte, pueden y deben participar activamente tanto en el diseño como en la implementación, el control y evaluación de las políticas de seguridad y de la policía. Hasta hace un tiempo, la seguridad -en tanto seguridad pública- era un tema de exclusiva competencia del Estado. Éste tenía el monopolio de la seguridad. Los ciudadanos eran simples espectadores. El Estado definía, diseñaba, implementaba y controlaba las políticas de seguridad, de espaldas a la sociedad, más allá de las necesidades y los diferentes puntos de vista de la comunidad. Cuando el Estado debia protegerse de la sociedad, entonces ésta o alguna de sus partes eran identificadas como sospechosas o problemáticas. La ciudadanía no sólo es el destinatario sino el objeto de impacto de aquéllas. La ciudadanía no es un sujeto de seguridad sino objeto de seguridad. Desde una perspectiva democrática, la seguridad no es un bien privado sino un bien público, algo que nos incumbe a todos. Por tanto, hay que implicar a la comunidad en la seguridad, pero para ello resulta primordial cambiar el modelo de seguridad. La seguridad es una obra de todos, se construye entre todos. “Todos” no son los ciudadanos sueltos sino los ciudadanos en cada una de las organizaciones de la sociedad civil de la que forman parte. La sociedad no es una sumatoria de indivi-

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dualidades, sino un entramado social. Los vínculos sociales se tejen a través de la mediación de agrupamientos colectivos que nos identifican y agregan nuestros intereses, nuestros problemas. Participamos a partir de esas mediaciones sociales, con las discusiones que se dieron en su interior, según su punto de vista. Por eso no basta con que el Estado genere instancias de participación. Se necesita que cada una de las instituciones civiles (clubes, cooperadoras escolares, gremios, partidos políticos, movimientos sociales, centros culturales, casas juveniles, bibliotecas, etc.) evalúe también a la seguridad como un tema primordial en sus respectivas agendas. Que generen sus propios ámbitos de reflexión y discusión para luego ir a los espacios públicos (por ejemplo, los foros de seguridad) a reflexionar y debatir con

otras instituciones qué entienden por seguridad. Los ciudadanos no son espectadores ni meros consumidores: tienen que ser actores, protagonistas de las políticas de seguridad democrática. Recordemos que la seguridad es un bien colectivo y no un bien privado que se resuelve según la capacidad de consumo de cada jefe de familia. La participación no es algo que se improvisa ni se decreta. Hay que construirla. Durante mucho tiempo la democracia estuvo acotada al sufragio electoral. La democracia consistía en asistir a las elecciones y optar entre los diferentes candidatos. Después había que regresar a nuestros hogares y seguir los debates por televisión. Si los ciudadanos estaban disconformes te155


Seguridad y Derechos Humanos: HERRAMIENTAS para la REFLEXION sobre la SEGURIDAD CIUDADANA y DEMOCRATICA

nían que esperar las próximas elecciones para manifestar su desacuerdo. Como dicen muchos que todavía desconfían de la movilización social, el pueblo no delibera sino a través de sus representantes. Por el contrario, en una democracia participativa los representantes no están para sustituir a los representados sino para convocarlos y generar marcos que profundicen su participación. Pero esa participación no se logrará de un día para el otro. Deben procurarse canales y marcos para que aquélla pueda manifestarse. El Ministerio de Seguridad propone a la participación comunitaria preventiva como núcleo constituyente del modelo democrático de seguridad ciudadana. No se trata de una opción preventiva sino de una política pública central. Una política de Estado, que se concreta en la formulación del “Plan Nacional de Participación Comunitaria”, prevé la formación ciudadana en políticas de participación comunitaria en seguridad y la conformación e institucionalización de ámbitos de participación comunitaria en seguridad, entre otras líneas de acción. Uno de estos espacios son las Mesas Barriales de participación comunitaria. De ello nos ocuparemos en este capítulo.

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Recordemos… El Estado no tiene el monopolio de la seguridad. Los ciudadanos no son simples espectadores y destinatarios de las políticas de seguridad. La seguridad es una obra de todos se construye entre todos. Los ciudadanos tienen que ser protagonistas de las políticas de seguridad democrática.


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Figura 8: ¿Cómo participa la sociedad en el gobierno de la seguridad? Política centralista y autoritaria: los ciudadanos y los gobiernos no interactúan

Política pluriactoral: los ciudadanos y los gobiernos interactúan

Los ciudadanos son destinatarios y meros espectadores de las políticas de seguridad

Los ciudadanos son protagonistas de las políticas de seguridad

Las políticas de seguridad, una vez Las políticas de seguridad son diinstrumentadas, son estáticas: no námicas: se van adaptando ante los son retroalimentadas, ni evaluadas, cambios sociales y la interacción ni controladas por la ciudadanía entre los ciudadanos y los gobernantes. Las políticas de seguridad son evaluadas y controladas por los ciudadanos

5.2.

Las Mesas Barriales y Zonales de Participación Comunitaria en Seguridad

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de un modelo de seguridad ciudadana y democrática, que implica desplegar acciones que incidan en la dimensión cultural de la sociedad -para lo cual la participación democrática constituye una de las estrategias centrales-, promover relaciones dinámicas entre las organizaciones de la comunidad y las autoridades estatales e impulsar la participación comunitaria, el ministerio ha creado recientemente en el ámbito de la jurisdicción de las comisarías de la Policía Federal Argentina en la ciudad de Buenos Aires las Mesas Barriales y Zonales de Participación Comunitaria. 157


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5.2.1.

¿Qué son las Mesas Barriales y Zonales?

Son espacios de encuentro, participación y trabajo de la comunidad barrial para la elaboración, diseño, implementación y control de las políticas de seguridad ciudadana de su jurisdicción. Como instituciones de la esfera pública no estatal, su accionar actualiza la democracia participativa. A través de las mesas se busca generar nuevas y mejores condiciones para la participación de los ciudadanos.

5.2.2.

¿Quiénes las pueden integrar?

Las mesas estarán integradas por aquellas organizaciones o entidades comunitarias no gubernamentales, interesadas en la seguridad pública, que actúen en dicho ámbito territorial y que hayan participado en la capacitación inicial prevista por la Secretaría de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad. Se constituirá una Mesa Barrial por jurisdicción policial. Esta secretaría habilitó un registro para que las organizaciones y entidades de la comunidad no gubernamentales puedan participar.

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5.2.3.

¿Cuáles son las funciones y misiones de los Mesas Barriales?

Las Mesas Barriales tendrán como funciones en el ámbito territorial:

• Efectuar diagnósticos participativos

que permitan confeccionar mapas de prevención comunitaria de la violencia y el delito;

• Participar en el diseño de los planes locales de seguridad;

• Impulsar acciones de prevención de

la violencia y de integración comunitaria en articulación con el Estado;

• Cogestionar con organismos del

Estado el mejoramiento del espacio urbano barrial;

• Solicitar informes del funcionamiento de las comisarías a sus titulares;

• Diseñar y ejecutar estrategias de co-

municación para informar a los vecinos sobre el funcionamiento de la mesa, las acciones realizadas y todo otro tema que redunde en beneficio de la seguridad pública e integración del barrio;

• Invitar a autoridades, funcionarios

públicos o efectores locales de las distintas agencias estatales con actuación en el ámbito territorial, para cuestiones y asuntos atinentes a la seguridad pública del ámbito vecinal.

5.2.4.

¿Cómo se organizan las Mesas Barriales?

Cada Mesa Barrial establecerá su organización, sus normas de funcionamiento y dictará su propio reglamento teniendo como marco los siguientes parámetros establecidos por el ministerio:

• Los integrantes de la mesa cumplirán sus tareas de manera “ad honorem”.

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Seguridad y Derechos Humanos: HERRAMIENTAS para la REFLEXION sobre la SEGURIDAD CIUDADANA y DEMOCRATICA

• Cada organización participa a través •

• •

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de un miembro titular y un miembro suplente elegidos a tal efecto; Cada Mesa Barrial tendrá un órgano de coordinación colegiado conformado por tres integrantes que serán elegidos previa postulación, por simple mayoría de votos de los miembros presentes. La duración del mandato será de dos años, pudiendo ser reelectos. Los integrantes de dicho órgano formarán parte de la Mesa Zonal que corresponda; Serán atribuciones y deberes del órgano colegiado: convocar a los otros miembros a las reuniones; coordinar las reuniones; crear un archivo de notas recibidas y enviadas; registrar la asistencia a las reuniones; crear comisiones de trabajo; hacer observar el reglamento, y registrar cada reunión en un libro de actas; La Mesa Barrial se reunirá como mínimo una vez por mes, en el lugar que sus miembros acuerden; Las reuniones serán cerradas. Sólo podrán permanecer en las reuniones los miembros integrantes de la mesa y los invitados o convocados a tal efecto. Después de iniciada la reunión se podrá declarar pública cuando así lo dispongan los miembros integrantes; En el tratamiento de los temas, se debe propiciar la toma de decisiones por consenso de todos los miembros presentes en la reunión. En caso de no ser posible, se someterá el tema a votación, en la que tendrán voz y voto los miembros titulares de las organizaciones y/o instituciones en la Mesa Barrial; La Mesa Barrial convocará asambleas cada vez que lo considere necesario, estableciendo la obligatoriedad de realizar al menos cuatro por año.

Recordemos… Cuando la comunidad, a través de sus organizaciones, se involucra en la gestión de los conflictos sociales, se crean mejores condiciones para producir un diálogo fluido entre la policía y la comunidad, un diálogo que tenga como marco el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Un diálogo que no se limite a hacer un mapa del delito. La participación no se organiza en función de la delación (para informar a la policía sobre los grupos de personas que suscitan miedo entre los vecinos del barrio), sino con el fin de dar participación a los vecinos en la resolución de los distintos conflictos que puedan presentarse.


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5.2.5.

¿Cuáles son las funciones y misiones de los Mesas Zonales?

Las Mesas Zonales tendrán como funciones:

• Articular el accionar de las Mesas Barriales de su jurisdicción;

• Promover el trabajo en red de las di• •

5.2.6.

¿Cómo se organizan las Mesas Zonales?

ferentes organizaciones que integran las Mesas Barriales de su jurisdicción; Favorecer el mutuo conocimiento de las diferentes realidades barriales, fomentando procesos de integración; Invitar a autoridades, funcionarios públicos o efectores locales de distintas agencias estatales con actuación en su ámbito territorial, como también a organizaciones no gubernamentales de carácter sectorial o cuyo ámbito de actuación se extienda a toda la jurisdicción, para tratar cuestiones y asuntos atinentes a la seguridad pública de la jurisdicción; Evaluar el funcionamiento y las actividades del servicio de policía local.

Cada Mesa Zonal establecerá su organización y sus normas de funcionamiento y dictará su propio reglamento, teniendo como marco los siguientes parámetros establecidos por el Ministerio de Seguridad:

• Los integrantes de la mesa cumplirán sus tareas de manera “ad honorem”.

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• Cada Mesa Zonal tendrá un órgano de

coordinación colegiado conformado por tres integrantes que serán elegidos previa postulación, por simple mayoría de votos de los miembros presentes. La duración del mandato será de dos años, pudiendo ser reelectos;

• Serán atribuciones y deberes de los in-

tegrantes del órgano colegiado de coordinación: convocar a los miembros de la Mesa Zonal a todas las reuniones; coordinar las reuniones; crear un archivo de notas recibidas y enviadas; registrar la asistencia a las reuniones; crear comisiones de trabajo, hacer observar el reglamento, y registrar cada reunión en un libro de actas;

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• La Mesa Zonal se reunirá como mí-

nimo cada dos meses, en el lugar que sus miembros acuerden;

• Las reuniones serán cerradas. Sólo podrán permanecer en las reuniones los miembros integrantes de la mesa y los invitados o convocados a tal efecto. Después de iniciada la reunión, se podrá declarar pública cuando así lo dispongan los miembros integrantes;

• En el tratamiento de los temas, se

debe propiciar la toma de decisiones por consenso de todos los miembros presentes en la reunión. En caso de no ser posible, se someterá el tema a votación, oportunidad en la que cada Mesa Barrial tendrá un voto en la Mesa Zonal.


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5.3.

¿Cómo participar?

Es muy importante que las organizaciones sociales perciban la significación de esta problemática, pero también la de estas esferas públicas que pueden ser identificadas como un espacio para visualizar los distintos conflictos sociales con los que se miden cotidianamente los vecinos del barrio. Pero además para buscar, con las otras organizaciones de la comunidad y las distintas agencias del Estado, una solución concreta a esas situaciones problemáticas. No son espacios para hacer catarsis e indignarse entre todos. De allí que es muy importante que cada organización -que evalúe como un ítem central a esas problemáticas- cree espacios propios en el seno de su organización aptos para compartir y debatir con sus pares las problemáticas que se debaten periódicamente en las mesas barriales y zonales. No se trata de mandar un delegado o vocero de la organización sino de participar activamente. La tarea de los vecinos que participan en representación de la organización no termina con cada reunión en la mesa barrial sino que continúa en el interior de su propia organización y dialogando con los vecinos que representan. Por eso es relevante que las organizaciones sociales acompañen las responsabilidades que asumió el vecino creando, por ejemplo, comisiones o áreas que garanticen la continuidad de la participación y el debate colectivo.

Recordemos… Que la comunidad organizada es uno de los actores claves para evaluar y controlar la gestión de las fuerzas de seguridad y aportar desde allí al desarrollo ético y profesional de aquéllas.

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Seguridad y Derechos Humanos: HERRAMIENTAS para la REFLEXION sobre la SEGURIDAD CIUDADANA y DEMOCRATICA

5.4.

¿Qué más podemos hacer?¿De qué otras maneras podemos participar?

• Registrando, documentando y denunciando casos de violaciones de derechos humanos ocurridas en el ámbito de la seguridad, por parte de las fuerzas policiales;

• Impulsando observatorios ciudadanos

de las policías y la seguridad para tener un monitoreo constante y sistemático;

• Discutiendo en nuestro entorno coti-

diano inmediato sobre la necesidad de transitar hacia un modelo de seguridad ciudadano y democrático, de gestión de conflictividades y respetuoso de los derechos humanos;

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• Participando en las discusiones públicas sobre temas de seguridad para insistir que los derechos humanos no se contraponen a ésta y socializar la perspectiva de la seguridad ciudadana y democrática;

• Protestando, en ejercicio de nuestros

derechos, cuando la actuación de la policía o los representantes de la Justicia incumplan sus obligaciones o desarrollen acciones para las cuales no estaban facultados;

• Compartiendo experiencias y aprendiendo de los esfuerzos del otro;

• Informándonos antes de sacar conclusiones. No hay que sacar conclusiones apresuradas;

• Demandando rendición de cuentas a la autoridad;

• Organizándose con otros ciudadanos para participar de todas estas maneras.

Recordemos… Que el Estado y la comunidad organizada son quienes deben contribuir a mejorar la situación de los grupos vulnerables y de alto riesgo en materia de violencia y delito. Es necesario promover espacios de integración comunitaria para enfrentar y disminuir las conflictividades sociales.

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Ejercicio 7: Complete el cuadro sobre el rol de las mesas de participación comunitaria

Consigna: Retome los conflictos señalados en el ejercicio 6 y complete el siguiente cuadro.

Conflictos sociales urbanos

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¿Qué podrían hacer ¿Qué podrían hacer los vecinos orgalos vecinos organizados desde las nizados desde las Mesas Barriales? Mesas Zonales?

¿Qué otras agencias del Estado pueden implicarse en la busqueda de soluciones?


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REPASO FINAL / CONCLUSIONES Seguridad: La seguridad no es un fin en sí mismo sino un instrumento para alcanzar la plena vigencia de todos los derechos humanos de que deben gozar los ciudadanos. Se centra en el respeto de esos derechos y propicia que las personas participen en su implementación en forma activa, plural y crítica. Derechos humanos: Los derechos humanos son todo lo que necesitamos las personas y grupos para vivir dignamente. Tales derechos, inherentes a la persona humana, son, además inalienables, universales, dinámicos e interdependientes, integrables, progresivos y obligatorios. El Estado debe respetar y proteger los derechos humanos. No puede violarlos y, en su resguardo, tiene que generar medidas progresivas y no regresivas. Seguridad ciudadana: Una política pública centrada en la seguridad colectiva apunta a crear condiciones para la convivencia pacífica de los ciudadanos entre sí; el objetivo no es el “mantenimiento del orden público” sino la “protección integral de los derechos humanos”. Seguridad, una responsabilidad indelegable del Estado: Garantizar la seguridad de los ciudadanos es una de las funciones principales del Estado. Si la seguridad es un servicio público, entonces los gobiernos están obligados a extenderla a toda la ciudadanía, en especial a aquellos que se encuentran en una situación de desventaja. 167


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Despoliciamiento de la seguridad: la inseguridad no es un tema que atañe exclusivamente a la policía, un problema que se resuelve apelando a la policía o haciendo más cárceles, sino resolviendo los problemas sociales pendientes, encarándolos con políticas públicas universales que garanticen la renta ciudadana, un trabajo estable y digno, mejores condiciones para la educación, etcétera. Ello no significa que el Estado no pueda ni tenga que apelar a la policía en determinados casos. Pero sólo podrá hacerlo cuando no existan otros canales de diálogo y nunca perdiendo de vista que la respuesta punitiva no puede ser la única y definitiva.

Seguridad democrática: sabemos que democracia significa “gobierno del pueblo”. Para que entre todos decidamos cómo queremos vivir, los ciudadanos tienen que comprometerse, participar activamente en la discusión pública de los distintos asuntos y problemas. La democracia necesita un diálogo fluido y permanente entre representantes y representados. Hablamos de seguridad democrática porque entre todos debemos debatir y decidir qué entendemos por seguridad, cuáles son las estrategias para hacer frente a la inseguridad. La seguridad, entonces, involucra a la dirigencia política pero también es una responsabilidad de todos los ciudadanos que deben tomar parte en el diseño, planificación, instrumentación, control y evaluación de las políticas de seguridad. 168

Delito común: el delito común no es la respuesta a una necesidad insatisfecha. Los contrastes sociales abruptos, el deterioro de consensos y controles sociales y la conformación de mercados ilegales son otros factores que crean condiciones para que el delito tenga lugar. Multiagencialidad: los conflictos sociales tienen múltiples causas que reclaman también múltiples respuestas de parte del Estado. Una de esas agencias es la policía. Pero hay otras, como, por ejemplo, los ministerios de Desarrollo, de Salud, Educación, Justicia, la Secretaría de Cultura, la AFIP o el Banco Central, con los que se debe coordinar el desarrollo de distintas estrategias tendientes a prevenir la violencia y otras conflictividades sociales, entre ellas, el delito. Multiactoralidad: los conflictos sociales no son patrimonio del Estado. La seguridad, siendo una responsabilidad indelega-


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La policía y los derechos humanos: la policía está para gestionar las conflictividades sociales que puedan menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos. Los derechos humanos limitan y acotan el ejercicio de las facultades que han sido conferidas a las autoridades para gestionar las conflictividades sociales y la seguridad ciudadana. Desde el modelo de seguridad ciudadana y democrática se propone otro rol para la policía: la protección de los derechos humanos.

ble del Estado, es una problemática que incumbe también a la sociedad. En una democracia, la resolución de los problemas se completa con el activismo social. De allí que para enfrentar las conflictividades sociales se necesita interpelar a la comunidad que es, en última instancia, la que se enfrenta diariamente con los conflictos sociales en su territorio. Una comunidad que no será interpelada como una entidad homogénea sino como un espacio heterogéneo. La sociedad será participada a través de su entramado organizacional. Los diferentes actores sociales de la comunidad, que agregan los intereses de los ciudadanos –representantes de sus problemas-, serán convocados a participar en las esferas públicas que el Estado vaya creando (por ejemplo, las Mesas Barriales y Zonales) para debatir y compartir la búsqueda de soluciones creativas con vistas a resolver las conflictividades sociales.

Uso de la fuerza: en los estados de derecho el uso de la fuerza por parte de la policía o la gendarmería se encuentra ajustado a determinadas formas: es una fuerza reglada y controlada, una violencia que debe adecuarse a determinados estándares jurídicos. El uso de la violencia por parte de la policía esta regulada y tiene límites legales concretos. No puede quedar, por tanto, al margen de la legalidad. La policía y las manifestaciones públicas: la policía no puede portar armas de fuego en una manifestación pública. No está para vigilar a los manifestantes sino para protegerlos. La policía no puede estar vestida de civil ni hacer inteligencia sobre la sociedad, ni sobre los manifestantes ni sus organizaciones. Violaciones de derechos humanos: si un particular viola derechos humanos, el Estado puede ser responsable, por su falta de diligencia para proteger aquéllos efectivamente. En caso de que la policía o alguna otra fuerza pública hicieren uso abusivo de la violencia hay que denunciar el hecho a la Justicia o a las secretarias de de169


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rechos humanos que se han creado en las distintas esferas estatales. La prevención y la participación comunitaria: el Estado no tiene el monopolio de la seguridad. Los ciudadanos no son simples espectadores, meros destinatarios de las políticas de seguridad. La seguridad es una obra de todos, se construye entre todos. Los ciudadanos tienen que ser protagonistas de las políticas de seguridad democrática. Recordemos que la seguridad es un bien colectivo y no un bien privado que se resuelve según la capacidad de consumo de cada ciudadano. El Minis170

terio de Seguridad propone la participación comunitaria preventiva como núcleo constituyente del modelo democrático de seguridad ciudadana. No se trata de una opción preventiva sino de una política pública central. Si la comunidad, a través de sus organizaciones, se involucra en la gestión de los conflictos sociales, crea mejores condiciones para producir un diálogo fluido entre la policía y la comunidad, un diálogo que tenga como marco el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Un diálogo que va mucho más allá de la realización de un mapa del delito, que no se produzca en función de la detección y delación de los grupos de personas que suscitan miedo entre los vecinos del barrio. Un diálogo que también acerque a los vecinos, que permita un debate entre las diferentes generaciones, que no contribuya a generar malentendidos capaces de inducir estigmatización, resentimiento y, por añadidura, plantear condiciones para que los vecinos tengan más miedo y se sientan más inseguros. Un dialogo, en definitiva, que involucre a todas las partes implicadas en los conflictos sociales. Las Mesas Barriales: las mesas son espacios de encuentro, participación y trabajo de la comunidad barrial para la elaboración, diseño, implementación y control de las políticas de seguridad ciudadana de su jurisdicción.


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OTROS MATERIALES ÚTILES PARA SEGUIR APRENDIENDO Y DEBATIENDO

• “Sociedad, Estado y seguridad”, Se-

cretaría de Seguridad Interior – Cuadernos de Seguridad, Colección Manuales y Protocolos, N°1; Bs. As., 2010.

• “Comunidad y seguridad”, Secretaría de Seguridad Interior – Cuadernos de Seguridad, Colección Manuales y Protocolos, N°3; Bs. As., 2010.

• “La seguridad ciudadana”, Secretaría de Seguridad Interior – Cuadernos de Seguridad, Colección Manuales y Protocolos, N°5; Bs. As., 2010.

• “El derecho a tener derechos. Manual de derechos humanos para organizaciones sociales”, Universidad Nacional de La Plata – Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, La Plata, 2008.

• “Manual de primeros auxilios legales:

una guía para conocer sus derechos y ejercerlos en la vida cotidiana”; Ministerio de Educación, Aguilar, Taurus, Alfaguara, Bs. As., 2007.

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DIRECCIONES ÚTILES

Organismos públicos Defensoría del pueblo de la Nación: Suipacha 365 (C1008AAG), CABA Teléfono: a810-333-3762 Consultas: www.defensor.gov.ar

Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de justicia y Deechos Humanos de la Nación, Centro de Recepción de denuncias y Orientación Ciudadana. Horario de Atención: Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. 25 de Mayo 544 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Violencia Familiar: Programa “Las vícti-

Correo electrónico:

mas contra las violencias: contra el abuso y la violencia familiar.” Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

denuncias@derhuman.jus.gov.ar

Teléfono: 137 (en CABA)

Teléfono: 011-5167-6500

funciona los 365 días del año, las 24 hs.)

INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo): Línea gratuita de consultas y asesoramiento: 0800-999-2345. Las 24hs., todos los días del año (0800@inadi.gob.ar) (las 24 horas todos los días del año) 0800@inadi.gov.ar. http://inadi.gob.ar Moreno 750 1er. piso – C.P.: C1091AAP – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mesa de entradas: 011-4340-9431/32. Conmutador: 011-4340-9400.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Tucuman 1353, Teléfonos 4374-5611/2/3

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San Martín 323 (1004) 4 piso CABA

Brigada Niñ@s: Contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Programa “Las víctimas contra las violencias: contra el abuso y la violencia familiar.” Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Telf. 0800-222-1717 (funciona los 365 días del año, las 24 hs.)

Violencia contra la mujer: Centro de atención a víctimas de la violencia sexual y Brigada móvil de intervención en urgencias con víctimas de delitos sexuales

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Pasaje Ángel Peluffo 3981, Barrio Almagro, CABA. Teléfonos. 4958-4291 – 4981-6882 – 4958-3982 (funciona los 365 días del año, las 24 hs.)


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Seguridad Vial: www.seguridadvial.gov.ar Organismos de derechos humanos

Asociación Miguel Bru

Abuelas de Plaza de Mayo Virrey Cevallos 592 PB (1077) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina Tel.: (54-11) 4381-0642 / 0800-666-8631

Calle Andres Ferreira 3555 Tel: +54-1149121123 - Parque Patricios BS.AS.

Página web: www.abuelas.org.ar Correo electrónico: abuelas@abuelas.org.ar

Calle 46 # 897 Of. "5 C" Tel: +54-2214272404 - La Plata

http://www.ambru.org.ar

Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), La Plata www.ciaj.com.ar

Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

(CASACIDN)

Sede Central: Av. Callao 569, 3º cuerpo, 1º Piso (1022) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

(1012) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

Tel.: 4373-0397

Página web: www.casacidn.org.ar

Página web: http://www.apdh-argentina. org.ar/

Correo electrónico:

Correo electrónico: apdh@apdh-argentina.org.ar

Libertad 1282, 1 Piso

Tel.: (54-11)4815-9524

casacidn@casacidn.org.ar

Delegación La Plata

Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)

(0221) 482-4872//483-7860.

http://www.correpi.lahaine.org

Página web: www.apdhlaplata.org.ar Delegación Misiones Página web: www.misiones.org.ar/apdh

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Piedras 547

Asociación Madres de Plaza de Mayo Hipólito Yrigoyen 1442

(1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

(1089) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

Tel.: 4334-4200 Página web: www.cels.org.ar

Tel.: (54-11) 4383-0377

Correo Electrónico: cels@cels.org.ar

Página web: www.madres.org Correo electrónico: madres@madres.org

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Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas Riobamba 34 (1025) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina Tel.: (54-11) 4953-5646

Memoria Abierta

Página web:

Corrientes 2560, 2º E

www.desaparecidos.org/familiares

(1046) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

Correo electrónico: faderap@fibertel.com.ar

Página web: www.memoriaabierta.org.ar

H.I.J.O.S.

memoriaabierta@memoriaabierta.org.ar

Riobamba 34 Tel.: 4953-5646. E-mail: hijoscapital@gmail.com

Correo electrónico:

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)

Página Web: www.hijos-capital.org.ar

Moreno 1785, 1° piso

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Tel.: 4382-5957

Corrientes 1785 2° C Tel.: (54-11) 4371-3939 Página Web: www.liga.org.ar

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

(1093) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina Página web: www.medh.org.ar/ Correo electrónico: medh@medh.org.ar

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) Piedras 730 (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

Piedras 153, 1° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires -

Tel.: 4361-5745

República Argentina

Correo electrónico: serpaj@serpaj.org.ar

Tel.: (54-11) 4343-1926 Página web: www.madresfundadoras.org. ar/index.shtml Correo electrónico: madresfundadoras@topmail.com.ar

Madres del Dolor (011) 4953-3412 4953-3482 E-mail: asociacionmadresdeldolor@yahoo.com.ar http://www.madresdeldolor.org.ar

Página web: http://www.serpaj.org/

Organismos especializados Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Cerrito 836, Piso 10 (1010) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina Tel.: (54-11) 4815-7870/3172/4357 Fax: (54-11) 4815-4352 Página web: www.acnur.org Correo electrónico: argbu@unhcr.ch

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Amnistía Internacional Argentina Uruguay 775, 4°B C1015ABO Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfonos: (+54 11) 4372.3141 / 4372.3404 / 4372.3643 Fax: (+54 11) 4372.1736 Pagina web: http://www.amnesty.org.ar/ Correo electrónico: contacto@amnesty.org.ar

Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay (CINU) Junín 1940, 1º Piso (1113) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Dirección postal: Equipo de Peticiones, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, 1211 Ginebra 10, Suiza Fax: (41 22) 917 9022 (particularmente para los casos urgentes) Sitio web: http://www.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/ index.htm

Tel.: (54-11) 4803-7671/7672/0738

Correo electrónico:

Fax: (54-11) 4804-7545

tb-petitions@ohchr.org

Página web: www.unic.org.ar Correo electrónico: buenosaires@unic.org.ar Horarios de atención de la biblioteca: lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 13:30 hs. / martes y jueves de 9:30 a 16:30 hs. Correo electrónico: biblioteca@unic.org.ar

Comité Contra la Tortura Dirección postal: Secretariado, Comité contra la Tortura, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 8-14 Avenue de la Paix 1211, Ginebra 10, Suiza

Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura Dirección Postal: Secretariado, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Fondo de Contribuciones Voluntarias, 8-14 Avenue de la Paix 1211, CH1211 Ginebra 10, Suiza Tel.: (41 22) 917 9315 Fax: (41 22) 917 9017 Sitio web: http://www.ohchr.org/spanish/ about/funds/torture/index1.htm#i Correo electrónico: unvfvt@ohchr.org

Tel.: (41 22) 917 9316

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación IIPE/UNESCO

Fax: (41 22) 917 9022 (particularmente para los casos urgentes)

Agüero 2071

Página web: http://www.ohchr.org/spanish/bodies/cat/index.htm Correo electrónico: webadm.hchr@unog.ch

(1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina Tel.: 4806-9366 Fax: 4806-9458 Página web: www.iipe-buenosaires.org.ar Correo electrónico: info@iipe-buenosaires.org.ar 175


Seguridad y Derechos Humanos: HERRAMIENTAS para la REFLEXION sobre la SEGURIDAD CIUDADANA y DEMOCRATICA

ONUSIDA - Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Dirección postal: Equipo de Peticiones, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, 1211 Ginebra 10, Suiza Fax: (41-22) 917-9022 (particularmente para los casos urgentes) Página web: http://www.ohchr.org/spanish/contact Correo electrónico:

(1395) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina Tel.: 4314-2376 Fax: 4313-1880 Página web: www.onusida.org.ar / www.unaids.org Correo electrónico: onusidaconosur@onusida.org.ar

OPS/OMS - Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud

tb-petitions@ohchr.org

Marcelo T. de Alvear 684, Piso 4

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Tel.: 4312-5301/04

Av. Córdoba 950, Pisos 13 y 14 (1054) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina Tel.: 4393-7076 (líneas rotativas) Fax: 4393-7062 E-mail: buenosaires@oit.org.ar Página web: www.oit.org/public/spanish/region/ampro/buenosaires/index.htm Horario de atención de la Biblioteca: miércoles y jueves de 10 a 13 y de 14 a 18 hs. / viernes de 10 a 13 hs Correo electrónico: borrajo@oit.org.ar

176

Marcelo T. de Alvear 684, Piso 8

(1395) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina Fax: 4311-9151 Página web: www.ops.org.ar Correo electrónico: pwr@arg.ops-oms.org / info@arg.ops-oms.org

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esmeralda 130, Piso 11, 12 y 13 (1035) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina Tel.: 4320-8700 / 4393-0008 Fax: 4320-8754 Página web: http://www.undp.org.ar/pnud Correo electrónico: fo.arg@undp.org


Ministerio de Seguridad Secretaría de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad

Poder Ciudadano Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura Dirección postal: Relator Especial sobre Tortura, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 8-14 Avenue de la Paix 1211 Ginebra 10, Suiza Página web: http://www.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/index.htm Correo Electrónico: urgent-action@ohchr.org

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Oficina en Uruguay Avda. Brasil 2697, Piso 4º (11300) Montevideo - República Oriental del Uruguay Tel.: (5982) 707-2023 Fax: (5982) 707-2140 Página web: www.unesco.org / www.unesco.org.uy Correo electrónico: orcyt@unesco.org.uy

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Junín 1940 - PB (1113) Ciudad Buenos Aires - República Argentina

Piedras 547 - (C.P. C1070AAK) - Buenos Aires - Argentina - Tel/Fax: (+54 11) 4331-4925 – E-mail: comunicacion@poderciudadano.org www.poderciudadano.org

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) Dirección: Talcahuano 256 / primer piso / Ciudad Autonoma de Buenos Aires / CP 1013/ Argentina / Mail: inecip@inecip.org Tel/ Fax: [+] 54 (11) 4372-4970/0570 www.inecip.org

Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) Talcahuano 256 Piso 1 (C1013AAF) Te: +(54)115-9839539 interno 184 Ciudad de Buenos Aires, Argentina E-mail: ilsed@ilsed.org www.ilsed.org

Programa “El derecho a tener derechos” Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP y CIAJ E-mail: derechoatenerderechos.laplata@ gmail.com http://www.derechosatenerderechos. blogspot.com

Tel.: 4800-0123 Fax: 4800-0111 Página web: www.unicef.org/argentina Correo electrónico: buenosaires@unicef.org 177


Seguridad y Derechos Humanos: HERRAMIENTAS para la REFLEXION sobre la SEGURIDAD CIUDADANA y DEMOCRATICA

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Seguridad y Derechos Humanos  

Herramientas para la reflexión sobre la seguridad ciudadana y democrática.

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