Domingo 6
A10 EDITORIAL
LA CANASTA DEMOCRATICA FRANCISCO VALDES
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e suele hablar de la “canasta básica” para referirse a los bienes esenciales para cualquier persona. Este concepto está arraigado en la estadística, entendida en el sentido original de los datos necesarios para que un gobierno tome decisiones. Amartya Sen —filósofo, economista y uno de los pensadores contemporáneos más profundos y menos entendidos— ha insistido en que la percepción de la realidad y el sentido de las decisiones que toman las sociedades varían de acuerdo con la forma en que se miden. Sen ofrece una vasta argumentación al respecto cuando se refiere a la pobreza y la desigualdad. Al aceptar la premisa liberal de la igualdad entre los seres humanos, pasa a hacerse la pregunta “¿igualdad de qué?”. Por obvio que parezca, la igualdad ha estado informada en demasía por una retórica jurídica y poco por las condiciones reales en que se desenvuelven los seres humanos. Para que la igualdad no quede en mera abstracción se han propuesto muchas soluciones. El pensamiento político, clásico y moderno es incomprensible sin esta preocupación que está en sus raíces. Sen propone formas nuevas de medición. En buena parte a él se deben las modalidades al uso de medición de la pobreza, de la desigualdad, del desarrollo social, del desarrollo humano. Hoy estas medidas se han incorporado a los sistemas de cuentas nacionales. Hace unos días Sen visitó México para impartir una conferencia y entre otras cosas afirmó que la democracia no puede avanzar, ni siquiera entenderse sin el propósito de alcanzar la igualdad en un sentido práctico, es decir, político. Y no al estilo Robin Hood, quitándole a los ricos para repartir a los pobres. El asunto es más complicado si se trata de igualdad y democracia representativa. Esta última debe ayudar a institucionalizar el “gobierno por discusión”, como lo nombró John Stuart Mill, y en la discusión tienen que ocupar un sitio privilegiado las formas de la igualdad y sus contrarias. Si las personas concretas no tienen “libertad de realización” o la desigualdad de realización es muy amplia, la convivencia en democracia fracasa. Si hay quienes la tienen en sobreabundancia por ocupar posiciones privilegiadas en la estructura social, mientras que otros tienen poca, muy poca o prácticamente ninguna, no hay orden político que aguante (vid. El Magreb). Una de las divisiones políticas que han surgido en la “tercera ola” democrática es la que opone democracias representativas y democracias participativas. Las primeras suelen ser tildadas despectivamente de “liberales”, como si esa corriente de pensamiento fuera despreciable y las segundas como “populistas”. Lo cierto es que en las primeras, al menos en las de reciente creación, han tendido a parapetarse los poderes oligárquicos de preferencias autoritarias y conservadoras, mientras que en las segundas se ha intentado remover a esos viejos poderes consolidando liderazgos a la Robin Hood. En las primeras se paralizan las fuerzas del cambio al confundir el sistema político con un aparato poco susceptible de ser realmente representativo de las preferencias de todos los sectores sociales y de procesar sus contradicciones. Las segundas generan bloques de poder que para afirmarse arrasan el pluralismo. La disyuntiva entre ambas conduce a una aporía: identificar la democracia representativa con la preservación de la desigualdad y la injusticia, y a la justicia y la equidad como inviables junto con la democracia. Un callejón sin salida.
Marzo de 2011
CUMPLEAÑOS 82 ALBERTO AGUILAR IÑARRITU
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l 4 de marzo, con 82 años a cuestas, el Partido Revolucionario Institucional, miembro del selecto grupo de los partidos más longevos del mundo, se apresta a mostrar lo que ha aprendido en su etapa de oposición y lo que recuerda de la anterior para lanzarse otra vez en pos de la Presidencia de la República. Lo hace estrenando una dirigencia de nueva generación que, prácticamente sin hacer campaña, logró el consenso mayoritario de una militancia cansada de cuatro años de quedarse sin voz en un partido desmovilizado, capturado por una dirigencia que se recordará por las altas rejas, coronadas por púas, con la que cerró la entrada partidaria a su sede nacional. La nueva dirigencia hereda muchos retos para hacer del PRI un partido capaz de definir y apoyar una candidatura al 2012 que convoque a la unidad interna, al mismo tiempo que a la voluntad mayoritaria de una ciudadanía harta de la ineficacia de la política actual en la solución de sus necesidades. El PRI debe entender que, sin demeritar sus fortalezas, su ascenso en las preferencias de la opinión pública responde más a los fracasos de la opción en el poder y al autodesmantelamiento de la izquierda que a sus méritos, que si bien existen, no acreditan aún que el PRI se haya transformado y que represente una nueva alternativa ante el desgastado sistema de partidos.
Completar con éxito esa tarea exige mucho más que colgar una manta en Insurgentes que dice estar “Construyendo el PRI del siglo XXI”, requiere sacar sus documentos básicos del archivo muerto, en particular su socialdemócrata declaración de principios, y proponerse conquistar de nuevo el centro izquierda del país, muy desdibujado por las pugnas aliancistas, pero sobre todo, decidirse a contestar las preguntas que la gente profundizará en los próximos tiempos: ¿Por qué debe regresar el PRI a Los Pinos y qué ganamos nosotros con eso? Contestarla implica construir y proponer un proyecto de rumbo a la nación que acredite ser el fundamento de su pacto político interno, al mismo tiempo que el vehículo para incorporar y expresar en él las demandas de la ciudadanía y pactar con ella la edificación de un bloque mayoritario con capacidad de gobierno, que le permita salir con éxito del referéndum de gobernabilidad del 2012. Se trata de contar con una hoja de ruta que convoque y convenza a una mayoría social de sus cualidades para lograr que nuestro país recupere el rumbo perdido en prácticamente todos los campos y, en consecuencia, pueda reintegrar a los mexicanos al orden, la seguridad, la prosperidad económica, la igualdad social, la soberanía y la respetabilidad internacional, que son bienes en torno a los cuales los ciudadanos sin duda tenderán a vertebrar su voluntad electoral.
CALDERON Y LA CORRUPCION IRMA ERENDIRA SANDOVAL
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a ausencia de estrategias innovadoras y estructurales para combatir la corrupción ha sido uno de los elementos que han caracterizado la alternancia política del país. Ahora, de manera tardía y meramente simbólica en el ocaso de su sexenio, Felipe Calderón busca enmendar este gran fracaso histórico lanzando un par de propuestas nuevas en la materia. En principio, habría que reconocer los avances de las iniciativas anunciadas el pasado miércoles. Éstas incluyen dos demandas históricas de los estudiosos del combate a la corrupción: por un lado, sanciones contundentes para los miembros del sector privado que se coludan en actos de corrupción y, por otro lado, estímulos económicos para quienes denuncien tales actos. Ambos temas son ampliamente tratados en mi libro más reciente, Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad (Siglo XXI–IISUNAM, 2009). Allí se señala, por ejemplo, que como signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción, México estaba obligado desde hace mucho a adoptar medidas de protección y estímulo a los whistleblowers o informantes y denunciantes internos. Sin embargo, tanto el contexto en que estas iniciativas fueron presentadas como la falta de un andamiaje institucional y legal apropiado para hacerlas funcionar, indican que terminarán siendo una nueva llamarada de petate. Este anuncio se realizó en la víspera del encuentro de Calderón-Obama, lo que sugiere que la pro-
puesta está más diseñada para congraciarse con el gobierno estadounidense, que para lograr la recuperación de la confianza de la ciudadanía mexicana. De la misma forma en que Carlos Salinas, en el marco de la aprobación del TLCAN en 1990, anunciara con bombo y platillo la creación de una CNDH subordinada al Ejecutivo, hoy Calderón también estaría respondiendo a las presiones del Norte. Los principales estudios internacionales sobre la implementación de las leyes de denunciantes internos demuestran que estas normas sólo pueden funcionar de forma adecuada en el marco de la vigencia de las libertades de expresión, de acceso a la información, de asociación y de sindicalización, todo lo cual por desgracia hoy es más una quimera que una realidad para los ciudadanos de este país. De otra forma, los whistleblowers podrían poner en riesgo su integridad física y laboral y no pocas veces podrían arrepentirse de su participación. Otro grave riesgo es que estas figuras terminen siendo utilizadas para ajustes de cuentas, tal y como ha sido la pauta con los programas de “testigos protegidos” tan utilizados hoy por la Procuraduría General de la República. Con respecto a la creación de una nueva Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, no queda claro porque la iniciativa únicamente se limita a las “contrataciones públicas de carácter federal”. Lo que realmente haría falta es una ley general anticorrupción de amplio espectro que cubra la totalidad de las relaciones.