Dictadura mediática en Venezuela
Luis Britto García
en el canal. A casi dos años del abandono de dicha plaza por los golpistas, el grupo mediático no abandona el veto contra el intelectual que se atrevió a criticar la escandalosa divulgación de sus pronunciamientos. Olavarría muere en abril de 2005 sin que los medios le levanten el veto. La cacería de brujas llega a su paroxismo cuando ya no distingue entre bolivarianos y opositores, sino entre críticos y obsecuentes. Pues el poder mediático privado se considera por encima de toda crítica, pública o privada. A su vez, emplea a los políticos a quienes apoya para ejecutar atropellos contra medios competidores. Indicamos que una de las primeras medidas de la dictadura de Carmona Estanga fue el allanamiento de VTV. Paralelamente, sus agentes allanaron las instalaciones de la televisora comunitaria Catia TV. En julio de 2003, el alcalde Alfredo Peña, elegido con votos bolivarianos y luego pasado a la oposición, utiliza a la Alcaldía Mayor para clausurar las instalaciones e incautar los equipos de Catia TV. Tan torpes como la medida son las excusas. El secretario general de Salud de la Alcaldía Mayor justifica haber cerrado las instalaciones porque “sólo protegíamos el equipo”. José Quintero, directivo de Pro Catia, aduce “que la programación era muy repetitiva y por eso la poca gente que podía sintonizar el canal tampoco le daba mucha importancia, aunque deje de transmitir nadie le va a extrañar” (Karenina Velandia, “Pedro Aristimuño: el cierre de Catia TV se realizó para proteger sus equipos”, El Nacional, 15/7/2003, A-6). Cabría preguntarse por qué no se protegen con medidas similares los equipos de las televisoras comerciales, cuyos programas repetitivos seguramente no serían extrañados por muchos venezolanos. En virtud de lo cual el director de Últimas Noticias Eleazar Díaz Rangel se pregunta: “¿Qué habría ocurrido si es el gobier-
no nacional el que, con cualquier pretexto, cierra las instalaciones de una televisora o de una emisora, como acaba de hacer el gobierno metropolitano con Catia TV? ¿Cuáles repercusiones internacionales habría tenido? ¿No estaría ya en Venezuela una comisión de la OEA?” (Últimas Noticias, 13/7/2003, p. 10). En el mismo sentido el ministro de Comunicación e Información, Jesse Chacón, denuncia que lo ocurrido con la emisora comunitaria fue “una flagrante violación de la libertad de expresión y del derecho a la información de los venezolanos, que lamentablemente la prensa no recogió como lo ha hecho con otros casos relacionados con la materia” (Adela Leal, “Ordenan a Conatel que investigue el cierre de instalaciones de Catia TV”, El Nacional, 12/7/2003, A-2). Y en efecto, la mediocracia cubre con un silencio cómplice cualquier agresión contra los medios alternativos. El 4 de julio de 2003, miembros de una operación “comando” roban los equipos de transmisión de Radio Perijanera, en Machiques y queman la camioneta de un locutor. El 11 de octubre un grupo de empleados de la Alcaldía de Machiques y miembros de Acción Democrática ataca a la emisora Comunitaria Parroquiana de San José de Perijá. El 25 de enero de 2004 grupos dirigidos por la alcaldía de Vargas secuestran los locales de Radio Chuspa y dañan el equipo de transmisión y de audio. El 27 de febrero de 2004 son agredidos tres colaboradores de Radio Perola. El 2 de marzo de 2004 grupos armados de Gente del Petróleo golpean con cabillas y piedras, roban y tratan de linchar a Víctor Yépez, presidente de la fundación comunitaria Radio Máxima, de Ciudad Ojeda. El 8 de marzo de 2003 grupos con escopetas y fusiles automáticos livianos agreden al personal de Radio Llovizna, en Ciudad Guayana. Sólo nos enteramos de este pertinaz y sistemático ataque con-
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