Número 42- Enero 2014

Año 3 - No. 42, enero de 2014, Precio: $35.00 m.n.

México Social

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MÉXICO SOCIAL

ISSN: 2007 - 2600

ESCRIBEN:

» JOSÉ DEL VAL » NUVIA MAYORGA » SYLVIA MARCOS » GUNTHER DIETZ » EUFROSINA CRUZ » LETICIA APARICIO

Injusticia Ideas para construir un MÉXICO SOCIAL en Canal Once Rolando Cordera Juan M. Portal

Fernando Cortés Olac Fuentes

Alfonso Navarrete Gonzalo Hernández

Rosario Robles Manuel Gil

José Woldenberg Miguel Székely

ISSN: 2007 - 2600

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nal enes: Premio nacio INAES con los jóv mexicano. lar pu po e art l de jóvenes creadores

Sigue creciendo

Precio: $35.00 m.n.

VAL » JOSÉADEL RGA » NUVI IAMAYO COS » SYLV HERMARDIETZ » GUNTOSINA CRUZ » EUFR IA APARICIO » LETIC

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ESCRIBEN:

MÉXICO SOCIAL

enero de 2014,

INAES NACIONAL INSTITUTO A SOCIAL DE LA ECONOMÍ

Año 3 - No. 42,

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Rosario Robles Manuel Gil

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José Woldenbe Miguel Székely

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ISSN: 2007 - 2600

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MÉXICO SOCIAL

ESCRIBEN:

» RICARDO BUCIERO » JUDIT BOKS ÍGUEZ » JESÚS RODR » PEDRO SALAÚAZAR » SARA MURGONZÁLEZ LUNA » TERESA

Año 3 - No. 41,

diciembre de 2013,

Precio: $35.00 m.n.

"Agujeros étic

SOCIAL en Canal

rrete Alfonso Nava ández Gonzalo Hern

és

Fernando Cort Olac Fuentes

Un país que

discrimina noviembre de 2013,

SANBORNS Y PUESTOS DE PERIÓDICOS

Año 3 - No. 40,

YA ESTAMOS A LA VENTA EN:

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ISSN: 2007 - 2600

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ESCRIBEN:

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ERA » ROLANDO CORD CORTÉS » FERNANDOORDO » MANUELGIORGULIRICA » SILVIA CÁRDENAS » ROSARIOECHARRI » CARLOS

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El reto: dimenográf ica em complejidad d

ÍNDICE

UNA MIRADA AL GÉNESIS DE LA PATRIA Eduardo Ysita

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MÉXICO SOCIAL es una publicación del

EL RETO INDÍGENA Nuvia Mayorga

DERECHOS HUMANOS Y MUJERES INDÍGENAS Sylvia Marcos

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CREADORES Y PROMOTORES DE POLÍTICA

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HACIA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL

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Leticia Aparicio

Gunther Dietz

Director General y Presidente del Consejo Editorial Mario Luis Fuentes CONSEJO EDITORIAL Jesús Kumate Rodríguez Rolando Cordera Campos Fernando Cortés Cáceres Miguel Concha Malo Irasema Terrazas Enrique Provencio Durazo Marcela Rovzar de González Gustavo Gordillo De Anda Nashieli Ramírez Mónica González Contró Director Editorial Saúl Arellano Almanza

EN UN MODELO EXTREMO DE DESIGUALDAD SOCIAL José Del Val

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Edición Electrónica Jesús Mendoza Franco

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

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PIEDRAS ANGULARES DEL DESARROLLO

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IMAGEN DE PORTADA Cortesía de Excélsior

¿EXISTEN, SE OTORGAN, SE EXIGEN?

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México Social es una publicación inscrita en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. http://pnmi.segob.gob.mx

LO MEJOR DE MÉXICO SOCIAL EN TV

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Eufrosina Cruz

Manuel Campa

Aída Valero Chávez

México Social, Año 3, No. 42, enero 2014, es una publicación mensual editada por el Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). Pennsylvania No.86, Col. Parque San Andrés, CP. 04040 Delegación Coyoacán, México, D.F. Tels. 5659-6120 y 5659-6209 www.ceidas.org, informacion@ceidas.org. Editor responsable: Saúl Arellano Almanza. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2010-032312331700-102 ISSN: 2007 - 2600, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Contenido No. 15077, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX IM09- 0840. Impresa por Expressarte Print Services, Calle Juan Sánchez Azcona No. 307, Col. Narvarte, México, D.F. Distribuida por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. y la Comercializadora GBN S.A. de C.V., Calzada de Tlalpan No.572, Desp. C-302,Col. Moderna, Del. Benito Juárez C.P. 03510, México D.F. Tel. 0155-56188551 Mail: comercializadoragbn@yahoo.com.mx comercializadoragbn@gmail.com este número se terminó de imprimir el 25 de diciembre de 2013.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS).

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Coordinadora Editorial Laura Ilarraza Gálvez

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DISEÑO Alejandra Núñez Valentín

Próximo número Sistema penitenciario y vida en la cárcel

EDITORIAL

S

iete de cada 10 personas hablantes de lenguas indígenas son pobres. Sin duda, este indicador basta para dimensionar la profunda escisión que nos mantiene confrontados y en deuda permanente con quienes forman parte de los pueblos originarios de nuestro país.

Es preciso decir que a 200 años de haber conseguido la independencia nacional hemos sido incapaces de construir un modelo de nación multicultural desde el cual pueda reconocerse la plenitud de portación de derechos de quienes forman parte de las comunidades indígenas, sino también la diversidad idiosincrática y aspiracional que existe en todo el territorio nacional.

En el año 2000 se llevó a cabo la que se consideraba hasta ese momento la más amplia reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas, la cual, a casi 15 años de su promulgación se revela ya como insuficiente y a todas luces como incompleta si se considera la visión y opinión de quienes viven las más intensas carencias.

A un año de la presente administración, y habiéndose concretado reformas constitucionales de la mayor relevancia, habría que asumir también el reto de construir una nueva propuesta de reforma a todo nuestro marco jurídico, que sea mucho más abarcadora y que permita resolver, de una vez por todas, la inmensa deuda histórica que mantiene el Estado mexicano respecto de los pueblos originarios.

A la par de una modificación legal como la que se plantea, haría falta también una renovada estrategia de desarrollo, sustentada en el respeto irrestricto del derecho a la consulta y participación de los pueblos y comunidades indígenas, así como el diseño de nuevas estructuras institucionales capaces de revertir los rezagos y carencias históricas que prevalecen.

Haría falta la reconstrucción del sistema educativo nacional, reconociendo en primer lugar que somos una nación plu-

riétnica y plurilingüística, y que todo modelo pedagógico que se diseñe para su aplicación en los territorios indígenas debería garantizar tanto el derecho a la protección y conservación de la lengua materna, como el derecho a pensar y vivir bajo cosmovisiones distintas a las asumidas por la mayoría.

Pensar al desarrollo social en nuestro país, retomando como punto de partida la reducción acelerada de nuestras más profundas contradicciones, podría generar un “modelo de desarrollo a la mexicana”; es decir, el tan buscado “modelo de desarrollo propio” tendría que partir del abordaje de la cuestión indígena en todos sus alcances y consecuencias.

Las bases constitucionales para un proyecto de esta envergadura están ya cimentadas en el Artículo 1º de la Carta Magna en materia de derechos humanos y tratados internacionales; lo que hace falta es construir el entramado institucional que cuente con las capacidades de garantizar lo más simple, en la complejidad que ello implica: evitar la muerte excesiva de la población más vulnerada, y generar procesos ampliados de inclusión para quienes han sido segregados históricamente del bienestar.

Desde esta perspectiva, México Social inicia el año proponiendo una nueva reflexión en torno a las condiciones en que viven las poblaciones indígenas, con el propósito esencial de recobrar la visibilidad de la agenda, y con ello dimensionar la centralidad que tiene en la construcción de un país que pueda consolidarse como una democracia que se sustenta en la diversidad y el reconocimiento de los diferentes.

Deseamos que 2014 sea un año en el que nuestro país recobre el rumbo hacia la justicia, el cumplimiento universal de los derechos humanos y la consolidación de nuestra democracia como la forma de vida incluyente, tolerante y equitativa que todos deseamos que llegue a ser.•

MARIO LUIS FUENTES Director general del CEIDAS, A.C.; en la UNAM es integrante de la Junta de Gobierno; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas

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Esta colaboración se realizó como parte del proyecto Amigos MUNAL, del Museo Nacional de Arte.

T U R I S M OConoce SO IA másC sobre esteL programa en: www.amigosmunal.org

Una mirada al génesis de la patria ÁNGEL EDUARDO YSITA CHIMAL Historiador y divulgador del Patrimonio Cultural. Ha impartido más de 4,000 visitas guiadas en más de 350 exposiciones temporales y tiene 24 años de experiencia en Museos de Arte de México

José María Jara La Fundación de Tenochtitlan, 1889 Óleo sobre tela Museo Nacional de Arte, inba

E

ncontrar y construir una identidad nacional, un origen, un génesis patrio, fue un camino aletargado, pero seguro. El peso religioso del largo periodo del Reino de Nueva España incitó a que los talleres de pintura desarrollaran temáticas cristológicas, marianas, martirologias y mendicantes que aludieron a la plástica de un reino por 300 años. El inicio del proceso independentista incitó una efervescencia triunfalista permitiendo un sentimiento de aires de libertad.

“El largo siglo xix”, como lo nombró Fernand Braudel, ilustre historiador francés apenas fallecido en 1985 y uno de los fundadores de los Annales Franceses, en su Teoría de Longue Durée (Larga Duración), propone que los siglos son mayores

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a los 100 años estrictos. Si aplicamos este concepto a nuestra historia podemos decir que el siglo xix fue una centuria “mexicana” llena de intervenciones extranjeras y golpes de Estado que dejaron muy fracturada la visión política del país. Comenzando el 4 de octubre de 1808, fecha en que sucedió la muerte “misteriosa” del Lic. Verdad en unas mazmorras del Arzobispado y que era uno de los primeros independentistas muy ajeno a Miguel Hidalgo y concluyendo este “siglo Braudeliano” el 26 de mayo de 1911, cuando se embarca Porfirio Díaz Mori en el buque de bandera alemana “El Ypiranga” con rumbo a Francia, donde morirá cuatro años después. La vida nacional se sintió dividida y la visión de lo mexicano no era determinante.

Los influencias neoclasicistas en México tendían a poner como modelo lo europeo,

por lo que la imagen de lo entendido indígena o mestizo tenía rasgos occidentales.

En más de una ocasión los indígenas fueron estereotipados como personajes atléticos, concebidos conforme al modelo de representación clásico, tan sólo con un color de tez más oscuro; un ejemplo de esto es el famoso retrato del indígena “Juan Diego”, pintado por el famoso y prolífico pintor oaxaqueño Miguel Cabrera, sobre el cual especialistas han comentado, incluso con cierto rencor intelectual, que “siendo Juan Diego un paradigma de lo indígena mexicano, cómo se le ocurre a Cabrera españolizar al tan querido indio de Cuautitlán”.

Entre la década de los treinta del siglo xix hasta la Restauración de la República en 1867, la pintura, la escultura y el grabado seguían reproduciendo en demasía los temas religiosos, sobre todo los bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La Academia de San Carlos contaba con una valiosa nómina de artistas como José Salomé Pina, Santiago Rebull, Rafael Flores, y Rodrigo Gutiérrez, entre otros, y dedicó gran parte de sus esfuerzos a incentivar el cultivo de temas sacros.

Al restaurarse la República, y enterrando los liberales la imagen desangelada de un Maximiliano de Habsburgo y todo lo que representaba el fallido intento de levantar un segundo imperio en nuestro país, los temas cambiaron de manera radical; además, la generación de artistas antes mencionados envejeció y otra generación se encargó de ilustrar los nuevos valores nacionales a partir de necesidades de legitimación del Estado desde un nuevo imaginario apoyado en temas de historia nacional y universal, literarios, mitológicos y científicos.

En esta conformación destaca la presencia del pintor José María Jara, un veracruzano nacido en 1839. El interés por el pasado y sobre todo por las “lagunas de la historia” permeó el último tercio del siglo xix en manifestaciones culturales donde el indígena se hace presente de diversas maneras. La visión menos romántica de los conservadores que “españolizaba” las etnias fue quedando atrás, y la obra llamada “La Fundación de Tenochtitlán”, de

El interés por el pasado permeó el último tercio del siglo xix en manifestaciones culturales donde el indígena se hace presente, dejando atrás la visión menos romántica de los conservadores, que “españolizaba” las etnias Jara, ganó el Concurso de bienal de 1889 en la Escuela Nacional de Bellas Artes, frente a obras de pintores como Joaquín Ramírez, Leandro Izaguirre, Andrés Ríos y Adolfo Tenorio.

Para este proyecto el jurado había puesto como condición que el importante pasaje histórico fuera basado en el texto del libro “Hombres Ilustres Mexicanos”, en particular el escrito de Alfredo Chavero, quien fue el encargado de escribir la biografía de Tenoch, y, a fin de imprimir un mayor realismo a su pintura, José María Jara salió a las calles aledañas a la Academia para encontrar la tipología perfecta que definiera a sus modelos. La intención era mostrar una realidad del tipo mexicano, de cuño indígena, que a la vez estuviera dotado de dignidad y honor. En la escena se aprecian un aguilucho muerto por una serpiente y una nopalera sin majestuosidad: el pintor nunca intentó menospreciar los tres elementos que son parte del Escudo Nacional, sólo quiso dotarlo de verosimilitud.

La presidencia de México descansaba en el General Porfirio Díaz quien, a pesar de la opinión de sus detractores, supo ser humilde y sensible a las manifestaciones artísticas y apoyó a la Academia en el otorgamiento de becas para Europa. Éste es el contexto en el que surge una obra que el pintor de Orizaba legó para la construcción de un nacionalismo académico finisecular. El siglo xx y sus procesos históricos reclamarían después la reformulación de la imagen que la centuria anterior construyó del indígena. Otras fuentes y otras ideas sirvieron como materia prima para las nuevas representaciones.• e n e r o 2014 MÉXICO SOCIAL

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Las personas que forman parte de comunidades y pueblos indígenas viven en un contexto de injusticias ancestrales, en las más agudas condiciones de pobreza, marginación, rezago social y atraso en la construcción de condiciones de acceso al desarrollo humano y el bienestar. Basta mencionar que 7 de cada 10 personas indígenas viven en condiciones de pobreza (8.2 millones) y 3.5 millones de ellos son pobres extremos. Asimismo, el 81% de quienes hablan alguna lengua indígena carece de seguridad social; 60% carece de servicios básicos al interior de sus viviendas; 34% vive en condiciones de rezago educativo y una proporción similar vive la vulnerabilidad por carencia a la alimentación

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

POBLACIÓN INDÍGENA

Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Es Licenciada en Contaduría con Especialidad en Impuestos por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha desempeñado diversos cargos públicos como Coordinadora de Administración y Finanzas del Sistema de Educación Pública de Hidalgo y Coordinadora de los grupos de fortalecimiento territorial, aportaciones federales y otros recursos descentralizados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, entre otros.

El reto indígena En el caso de la diversidad indígena, ésta también implica fragmentación, y viene acompañada de la inequidad, la exclusión, la marginación social, la injusticia y la marginación, lo que genera condiciones de debilidad política, económica y social. Ello también conduce a un debate inacabado sobre su condición y el reconocimiento de derechos como mexicanos y los mecanismos para atender sus necesidades y promover su desarrollo

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MÉXICO SOCIAL

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

NUVIA MAYORGA DELGADO

Desarrollo

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l mundo indígena en México es complejo y diverso. Por eso, si bien por la vía de lengua se identifican en el país 68 pueblos indígenas, lo cierto es que entre ellos y en su interior se vive una pluralidad lingüística, cultural e incluso religiosa que se traduce en un gran mosaico de contrastes, intereses y propuestas de desarrollo.

Existe también diversidad en el análisis y en la construcción de propuestas para que los indígenas mexicanos salgan del atraso.

Hay corrientes que reivindican lo tradicional como una vía para preservar su identidad, pero otras abogan por el cambio.

La condición de pobreza caracteriza a los pueblos indígenas y se aprecia claramente en los asentamientos donde viven, los cuales en su mayoría se encuentran ubicados en zonas de difícil acceso, aisladas y sin acceso a los servicios que deben tener como mexicanos. Asimismo, cuando esta población migra a las ciudades se ubica en las zonas periféricas donde lo que se observa son cinturones de miseria y exclusión alrededor de los grandes centros urbanos.

En este caso la pobreza es multidimensional y además multicultural. Resolverla exige de un gran compromiso social que no es sólo del gobierno federal, estatal o municipal, sino de éstos y de la sociedad en su conjunto.

Hay que atender los rezagos y carencias en materia de educación, salud, alimentación, agua potable, drenaje, electrificación y vivienda, entre otros, pero también hay que incorporar a la población indígena a actividades productivas rentables que les generen un ingreso monetario y no monetario.

También se necesita modificar el trato discriminatorio que padecen los indígenas, no sólo en la relación con diferentes instancias gubernamentales, sino también con las privadas, y en general, con el resto de la sociedad.

El tema de la discriminación La discriminación es una realidad. El abuso que la acompaña también. La discrimi-

En el caso de los pueblos indígenas la

pobreza es multidimensional y además multicultural.

Resolverla exige de un gran compromiso social que no es sólo del gobierno federal, estatal o municipal, sino también de la sociedad en su conjunto

nación es un tema que es indispensable abordar, entender y erradicar.

Los indígenas en México son discriminados, tanto por su condición indígena, como por sus condiciones de pobreza, educativas y culturales. Se les discrimina por su forma de vestir o hablar. Esta situación va de la mano de la amenaza de desaparición de las culturas indígenas. Erradicar la discriminación hacia los indígenas y preservar sus culturas no es una tarea exclusiva de las instituciones de gobierno, es una tarea de todos, de las familias, de la sociedad.

Además, la situación de culturas en riesgo es muy grave: es creciente el número de pueblos con una fuerte presión demográfica y un alto desgaste lingüístico, a lo que hay que agregar el componente migratorio. En esta situación se encuentran los akatecos y los kiliwas, así como los mayas, mayos, yaquis y popoloca.

15.7 millones

DE MEXICANOS

se consideran indígenas (autoadscripción) y 11.1 millones de ellos habitan hogares territorialmente identificados

Población indígena Por la vía de la lengua se identifican 68 pueblos indígenas de México. Se trata de un importante grupo social, de mexicanos que dada su cultura, historia y lengua identificamos como indígenas, como los pueblos originarios de México. De acuerdo con el inegi, en 2010, 15.7 millones de mexicanos se consideraban indígenas (autoadscripción) y, 11.1 millones de ellos habitaban hogares territorialmente identificados.

Esta población indígena, sea por razones históricas o por los desplazamientos e n e r o 2014 MÉXICO SOCIAL

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POBLACIÓN INDÍGENA

58.4%

DE LA POBLACIÓN INDÍGENA del país vive en 624 municipios

18 DE LOS 20 MUNICIPIOS EN

con mayor porcentaje de pobreza extrema más del 70% de la población es hablante de lengua indígena

que han sufrido y que los han excluido del desarrollo, padece una gran dispersión territorial. La distribución de la población por el tipo de municipios según la presencia de población indígena, a partir de los resultados del censo 2010, tiene las siguientes características generales: el número de municipios indígenas, es decir, municipios donde la concentración de población indígena es mayor al 40%, asciende a 624, lo que representa el 25.4% del total de los 2,456 municipios del país.

En ellos viven el 58.4% de la población indígena del país (6,500,722 habitantes). Si comparamos con la población total que se asienta en estos municipios, la población indígena equivale a un 75.5%, es decir, son territorios eminentemente indígenas.

Por otra parte, los 239 municipios con presencia indígena concentran a 3,644,105 indígenas, lo que representa poco más de una tercera parte de la población indígena nacional, aunque sólo alcanzan un 6.1% respecto al total de población en estos municipios. En la actualidad únicamente 32 municipios en México no cuentan con población indígena y la característica de estos municipios es de una baja intensidad poblacional.

Pobreza y carencia social De las poco más de 192 mil localidades del país, en 34,263, 40% y más de su población es indígena y, de ese total, casi 22 mil localidades no registran más de 100 habitantes.

Asimismo, en 624 municipios indígenas

De acuerdo con coneval: • 72% de la población indígena es pobre • 28% de la población indigena no tiene acceso a agua potable • 36% no tiene acceso a sistemas de drenaje y saneamiento • 7% no tiene acceso a electricidad • 4% no tiene acceso a servicios de salud • 33% no tiene acceso a caminos pavimentados • 22% de los indígenas son analfabetas • 19% de la población indígena de 15 años y más no cuenta con instrucción alguna

del país, más del 40% de la población es indígena, en 604 de ellos, los porcentajes de población en pobreza son superiores al 55%, y en 544 de ellos estos porcentajes son mayores al 70%.

De los 20 municipios con mayor porcentaje de pobreza extrema en el país, en 18 de ellos más del 70% de su población es hablante de lengua indígena.

La complejidad del tema indígena, así como su problemática de pobreza, discriminación y exclusión social debe ser abordada por todos los órdenes de gobierno, en particular por todos los mexicanos.

Las instituciones del Estado mexicano, esto es, Ejecutivo Federal, Ejecutivos estatales y Gobierno del Distrito Federal,

La situación de culturas en riesgo es muy grave: es creciente el número de

pueblos con una fuerte presión demográfica y un alto desgaste lingüístico, a lo que hay que agregar el

componente migratorio. En esta situación se encuentran los akatecos y los kiliwas, así como los mayas, mayos, yaquis y popoloca 10

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Desarrollo

Es fundamental identificar y promover el desarrollo de ventajas y oportunidades productivas de las comunidades indígenas, tanto con el propósito de que las comunidades y organizaciones productivas participen en y creen mercados, como para el autoabastecimiento de la comunidad o el autoconsumo de las familias Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

como los gobiernos municipales y los Poderes de la Unión, Congresos locales y Cabildos municipales tienen que actuar coordinadamente para resolver las carencias de la población indígena; pero ello no basta, se requiere de la participación social de las mismas comunidades indígenas y de la sociedad en su conjunto. Las organizaciones privadas y de la sociedad deben participar e involucrarse también en la lucha por mejorar las condiciones de vida de los indígenas mexicanos.

Visión del nuevo gobierno La visión que el Gobierno Federal tiene para el horizonte sexenal es que los pueblos y comunidades indígenas vivan en condiciones sociales y económicas dignas, dentro de un marco de igualdad e interculturalidad.

El gobierno de la República impulsa políticas públicas que respetan sus derechos y su identidad, y que propician la participación y la autogestión de sus procesos de desarrollo. La política hacia el sector se caracteriza por promover la transversalidad y la integralidad de las propuestas y acciones de política pública.

Particularmente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el apartado México Incluyente engloba los objetivos y las acciones dirigidas a combatir la pobreza y la desigualdad. El objetivo es: hacer realidad un país donde se asegure el ejercicio efectivo de los derechos sociales.

Este objetivo es más relevante cuando se refiere a la población indígena. En este contexto, la cdi trabaja bajo las directrices de la nueva política social que propone concretar un México Incluyente que gae n e r o 2014 MÉXICO SOCIAL

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POBLACIÓN INDÍGENA

Se les discrimina por su forma de vestir o hablar.

Esta situación va de la mano de la amenaza de desaparición de las culturas indígenas

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

rantice el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, particularmente para los indígenas.

Esto es una política social de nueva generación, enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y humanos plenos que contribuya a cerrar las brechas sociales. Se plantea integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades. Esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a través del acceso a: servicios básicos; agua potable; drenaje y saneamiento; electricidad; seguridad social; educación; alimentación; y vivienda digna.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene la responsabilidad de orientar eficazmente las políticas, los programas y proyectos del gobierno hacia la promoción del desarro-

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MÉXICO SOCIAL

llo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.

Existe un compromiso del gobierno federal para mejorar las condiciones de vida de la población indígena y combatir esta realidad de pobreza y marginación, a través de políticas y acciones públicas que les permitan a los pueblos indígenas tener acceso a mejores condiciones de educación, salud, vivienda, infraestructura básica e ingreso.

Retos a afrontar La pobreza indígena debe ser afrontada con estrategias que resuelvan las carencias sociales y mejoren el nivel de ingreso de las comunidades y familias indígenas a través de políticas públicas que atiendan el rezago social y promuevan capacidades producti-

Desarrollo

vas que generen de manera permanente ingresos monetarios y no monetarios.

Dadas las graves condiciones de dispersión y rezago social de las comunidades indígenas, uno de los grades retos es cómo abrir y garantizarles el acceso a los servicios básicos. Por ejemplo, es indispensable que las comunidades y las viviendas indígenas cuenten con agua potable; es un primer paso, pero a la intervención pública es necesario sumar la participación comunitaria y de otros actores de la sociedad.

El mismo caso es con la electrificación, el saneamiento y el drenaje y todo ello en su conjunto debe trascender a la comunidad para mejorar también las condiciones de la vivienda; esto es, materiales de construcción, espacios en vivienda y su equipamiento.

Ello, acompañado de la necesidad de construir vías de comunicación que interconecten a las comunidades y las acerquen a centros urbanos de mayor desarrollo y mejoren su acceso a servicios públicos y mercados para su producción.

En materia de educación y salud se debe garantizar una oferta adecuada, de calidad y permanente de estos bienes públicos.

En materia de generación de ingresos, es fundamental identificar y promover el

desarrollo de ventajas y oportunidades productivas de las comunidades indígenas, tanto con el propósito que las comunidades y organizaciones productivas participen en y creen mercados, como para el autoabastecimiento de la comunidad o el autoconsumo de las familias. El reto de la generación de ingresos, conforme a las capacidades y vocaciones de la población en las regiones indígenas es el reto mayor para la inclusión social de los pueblos y comunidades indígenas.

En este sentido, la cdi, a través de diversos mecanismos de consulta, ha venido delinenado conjuntamente con las comunidades, una estrategia y diversas acciones de atención a las necesidades de los pueblos indigenas.

La ruta de construcción de una Sociedad de Derechos pasa por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades equiparables a ellos.

Esta ruta también privilegia la construcción de las bases económicas y sociales para el desarrollo de las familias, comunidades y pueblos indígenas. Pero sólo el trabajo participativo y colaborativo; esto es, el compromiso gubernamental, sumado a la participación social, fortalecerá las acciones a favor del bienestar de las comunidades indígenas.•

Se ha trabajado con las comunidades y el Consejo Consultivo de la CdI para definir los ejes estratégicos de acción de la Comisión, los cuales son: • Derechos Indígenas y acceso a la Justicia. Impulsando la armonización legislativa y el apoyo legal a indígenas encarcelados • Desarrollo Social. A través del cual se dotará de más y mejor infraestructura básica a las comunidades y hogares indígenas, además de atender las necesidades de salud y educación • Desarrollo Económico. Considera la promoción de fuentes de ingreso monetario y no monetario para las comunidades y familias indígenas • Participación de la sociedad indígena y coordinación intergubernamental.

Para la planeación y gestión del desarrollo de los pueblos indígenas • Un gran eje transversal de preservación y promoción de las culturas indígenas y sus formas tradicionales de organización y participación.

A través de estos ejes se impulsará una estrategia que promueva el ejercicio pleno de los derechos de la población indígena, respetando su identidad y también su acceso al desarrollo. e n e r o 2014 MÉXICO SOCIAL

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POBLACIÓN INDÍGENA

Derechos humanos y mujeres indígenas (Primera de dos entregas) El reto principal que enfrentamos al querer escuchar y atender las reivindicaciones de las mujeres indígenas sobre sus derechos es saber comprender sus significados profundos. Revisaremos algunas expresiones para descubrir cómo aparece el término “derecho” o “mi derecho”. Este término ha sido reconfigurado desde las mujeres indígenas organizadas en el continente americano. A través de sus propias voces, podemos acercarnos a estos nuevos significados que reformulan el término “derechos humanos” en sus prácticas organizativas. “Es el tiempo de actuar, y el tiempo de agarrar con nuestras manos los derechos”* * Fragmento de discurso del ccri-cg del ezln, Caracol de Oventic, 8 de marzo de 2009. Consúltese: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/ezln/1469

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MÉXICO SOCIAL

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Género

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POBLACIÓN INDÍGENA

Una lectura de sus declaraciones, propuestas y demandas

SYLVIA MARCOS Directora del Centro de Investigaciones Psicoetnológicas de Cuernavaca, Morelos.

Tiene un post-doctorado en Psicología y Sociología de las Religiones de la Universidad de Harvard; es profesora visitante de la Facultad de Estudios de las Religiones del Posgrado de la Universidad de Claremont, CA; integrante y fundadora del seminario permanente de Antropología y Género del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM; e integrante del comité directivo permanente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones.

Es autora de varios libros, numerosos artículos y ha publicado ampliamente sus investigaciones etnohistóricas en el área de género, religiones mesoamericanas, epistemologías tradicionales, sobre el Curanderismo y sobre Derechos Humanos y Globalización. Fue consultora de la Primera Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas (Oaxaca, Dic. 2002) y ha participado y organizado varios talleres con mujeres indígenas de varias regiones de México y de Sudamérica sobre Derechos de las mujeres. Fue fundadora del Centro de documentación de CIDHAL, y profesora de psicología social y psicología sexual de la primera generacion de la Escuela de Psicología de la UAEM.

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MÉXICO SOCIAL

Los documentos producidos en reuniones de organizaciones y asociaciones políticas del movimiento amplio de mujeres indígenas contienen declaraciones, planes de acción, demandas y propuestas que reconfiguran el concepto tradicional de derechos humanos. Una lectura analítica de los documentos emergidos de las principales reuniones en los últimos años revela este proceso de recreación. A partir tanto de su propia perspectiva sobre su ser mujeres —en el ámbito de las relaciones de género—, cuanto desde su pertenencia a la colectividad como integrantes de los pueblos originarios indígenas, ellas están gradualmente transformando lo que significan los “derechos humanos” dentro de sus luchas como mujeres indígenas.

El análisis de estos documentos revela ejes en torno a los cuales los pueblos indígenas y sus mujeres están usando y recreando esta útil reconfiguración conceptual en su lucha por la justicia social. Entre sus particularidades destacan: una visión propia y con características específicas del concepto de género, una defensa de su espiritualidad indígena y un reconocimiento de las responsabilidades y derechos al interior de sus colectividades.

Las mujeres indígenas, por el espacio social que ocupan, se encuentran en la intersección de múltiples identidades de clase, raza, etnia y género, y están contribuyendo significativamente a la reformulación de un mundo nuevo, más justo y cuestionante, no sólo de su papel como mujeres, indias y pobres, sino también del modelo de Estado neoliberal.

En este espacio quiero dar la voz principalmente a las mujeres indígenas organizadas. Citaré extensamente de diversos documentos y entrevistas, para descubrir la lógica interna de sus discursos —lógica que, algunas veces, no resulta explícita—.

Podemos constatar cómo adoptan el lenguaje de los derechos humanos, y cómo lo resignifican.

En la declaración “Construyendo nuestra historia”, del Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, Oaxaca, leemos: “(…)que las mujeres indígenas formamos parte importante en el desarrollo de nuestros pueblos y del país; “Que los derechos de las mujeres y en particular de las mujeres indígenas no son reconocidos —por la Constitución—; “Que el derecho a la paridad y la equidad es parte de las exigencias que presentamos en la Mesa de Derechos y Cultura Indígenas, en San Andrés, Chiapas; “Que queremos cambiar el art. 27 constitucional para que permita que las mujeres tengamos derecho a heredar la tierra(…)”(I).

Las ideas y prácticas de relación entre los géneros en las comunidades indígenas comenzaron a interactuar intensamente con las propuestas que emergían del movimiento zapatista. Para algunas indígenas de organizaciones independientes, el zapatismo despertó muchas expectativas.

Ensancharon sus perspectivas, expresaron su identidad, sus demandas y aspiraciones en un lenguaje de derechos. Este lenguaje les permitió comunicarse con otras mujeres organizadas a través de las barreras de etnia y de clase. En los últimos tiempos forma un movimiento amplio de mujeres indígenas que escapa a los límites de las fronteras nacionales.

Son las propias mujeres organizadas quienes han conseguido expresar sus demandas en el ámbito de sus mismas comunidades, buscando cuestionar y transformar las tradiciones y costumbres que las afectan.

Afirman, también, que desean que se reconozcan los sistemas normativos indígenas —usos y costumbres— y la autonomía en sus comunidades. En este sentido, se defiende la necesidad de que sean las propias mujeres de los pueblos indígenas las que tomen las decisiones que les competen en sus espacios, y es ahí en donde ellas consiguen verbalizar sus demandas más sentidas de participación, de equidad y de no violencia.

Por eso consideran importante discutir sus tradiciones y costumbres analizando cuáles desean conservar y recuperar y cuáles desechar.

Género

“(…) el marco de los derechos humanos expande los temas de justicia social mas allá del relativamente estrecho enfoque de los derechos civiles, que sólo pretenden el castigo del culpable. Desde los derechos humanos se tiene una perspectiva más amplia de la justicia social, al combinar derechos civiles y políticos con los sociales, económicos y culturales. Una perspectiva de derechos humanos frente al problema de la violencia doméstica; por ejemplo, considera el derecho a vivir libre de violencia junto con el derecho a la salud, vivienda, educación y empleo. Además, la perspectiva de derechos humanos se construye en la intersección del género, la raza, el lenguaje, la religión, el origen nacional y una variedad adicional de factores”(II).

Así, los derechos humanos, en opinión de misma autora: “forman un amplio marco de justicia social, basado en ideas de equidad y dignidad, y en la aspiración a su aplicación universal. En esencia, esta es una reivindicación moral basada en la idea de que la equidad y la dignidad son ideas internacionales y compartidas por otros.

La universalidad de esta reivindicación le imprime un atractivo moral muy poderoso. La perspectiva desde un movimiento social implica que los derechos civiles y políticos son inseparables de los sociales económicos y culturales”(III).

Ahora bien, la “universalidad” de esta reivindicación ha sido gradualmente digerida y recreada desde abajo, desde las mujeres y desde distintos contextos culturales.

En nuestro caso, esta “re-semantización”, como la llama Aída Hernández(IV) muestra particularidades propias de los universos culturales mesoamericanos.

Resignificación subversiva Esta recuperación del lenguaje de “derechos” por las mujeres indígenas ha operacionalizado un cambio profundo de sus significados. La visión de un ser individual, libre y racional como sujeto de derecho, con conceptualizaciones de igualdad y libertad entendidas desde los mundos urbanos globalizados de occidente, no parece reflejar lo que las mujeres indígenas expresan al usarlo.

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

“Estas perspectivas alternativas de los derechos de las mujeres, que reivindican la cosmovisión indígena como un espacio de resistencia, están siendo también transnacionalizadas por un movimiento continental de mujeres indígenas que tiene su cara más visible en una instancia de coordinación internacional llamada Enlace Continental de Mujeres Indígenas(…)”(V).

Citaremos aquí documentos, declaraciones y demandas de varias reuniones, como el Encuentro Continental de Mujeres Indígenas, ocurrido en Quito, Ecuador, en 1995; la Primera Cumbre de Mujeres Indígenas de América, en Oaxaca, México, en 2002; la IV Conferencia del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, en Lima, Perú, en el año 2004; el Tercer Foro Internacional de Mujeres Indígenas, 2005; el Encuentro de Mujeres Zapatistas con Mujeres del Mundo, en La Garrucha, territorio zapatista, diciembre de 2007; la Cumbre Continental de Mujeres Indígenas de Abya Yala, en 2009; y la II Cumbre Continental de Mujeres del Abya Yala, 2013.

Estas instancias, a la vez que varias otras, han sesionado y emitido declaraciones, propuestas y demandas, consensadas colectivamente. Esta colección de documentos está interconectada y es interdependiente e n e r o 2014 MÉXICO SOCIAL

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Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

POBLACIÓN INDÍGENA

Ellas reclaman derechos desde su especificidad pero sin olvidar que forman parte de un conjunto: los pueblos indígenas. Esto contextualiza de manera eminente las prioridades colectivas de sus demandas

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MÉXICO SOCIAL

con los referentes del movimiento indígena amplio. El discurso de los derechos humanos dotó de un nuevo lenguaje moral y de un marco legal para resolver las demandas de los pueblos indígenas.

En la Declaración del Tercer Foro Internacional de Mujeres Indígenas, realizado en la ciudad de Nueva York, en 2005, leemos: “Mantenemos que el avance de los derechos humanos de las mujeres indígenas está ligado inextricablemente a la lucha para proteger, respetar y lograr [el cumplimiento de] los derechos de nuestros pueblos como un todo, y nuestros derechos como mujeres adentro de nuestras comunidades a nivel nacional e internacional. Recomendamos —en relación con el tercer reporte del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas—, que los temas sobre las mujeres sean transversales a través del sistema de Naciones Unidas”.

Ellas reclaman derechos desde su especificidad pero sin olvidar que forman parte de un conjunto, que son los pueblos indígenas.

Esto contextualiza de manera eminente las prioridades colectivas de sus demandas.

Como lo han señalado las investigadoras María Teresa Sierra (2001), y Ana María Garza (2000)(VI), el proyecto del ezln significó, para muchas mujeres indígenas, una oportunidad para cuestionar “costumbres malas”, para hablar de derechos: el decidir sobre su cuerpo; el derecho al respeto y la no violencia contra ellas; el derecho al trabajo y a una remuneración justa; el de la toma compartida de decisiones en la familia; la organización en la comunidad; y el de la corresponsabilidad en las tareas domésticas y la crianza de los hijos.

Así, Tarcila Rivera, dirigente kichwa del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, dice: “Consideramos que los pueblos indígenas, quienes mantenemos viva la concepción de género proveniente de nuestras propias fuentes, debemos de hacer esfuerzos para que dicha concepción sea coherente con la realidad cotidiana en nuestras respectivas sociedades”(VII).

La oposición a la violencia estructural, institucional y doméstica; sus derechos a la salud, a la educación, como productoras dentro de la pareja, y en torno a la partici-

pación en sus localidades y organizaciones han ido adquiriendo formas novedosas y a cada paso se reformulan los “derechos” o la “democratización” en las relaciones cotidianas entre los géneros, encontrando nuevas aristas y nuevas consecuencias, y nuevos ámbitos donde expresar sus prerrogativas. Ahora hablar de derechos es común en la vida diaria.

Ese mismo lenguaje de “derechos” legitimó los espacios de las mujeres y abrió otros al interior del movimiento indígena en general.

Sin embargo, como lo dice Ana María Garza, activista por los derechos de las mujeres indígenas en Chiapas, México: “(…) no por ello podemos asumir simplemente que se transita por una ruta lineal y sin conflictos hacia la ampliación de los derechos de la mujer indígena. (…)

El rumbo ha sido complejo, lleno de caminos andados y desandados —y abandonados—, de alianzas, confrontaciones, negociaciones, y no tanto de consensos fáciles. En un ambiente permeado por tan profundas diferencias, difícilmente se puede pensar que un movimiento social puede cancelar éstas de tajo. Tampoco se puede pensar que las aspiraciones de las mujeres sean producto de una comunidad de intereses, dadas por características biológicas naturales (…)”(VIII).

“Actualmente —explica Tarcila Rivera— es muy difícil encontrar relaciones de equidad y respeto, pues la influencia foránea, la pobreza extrema, la marginación y las formas patriarcales de relación en las sociedades dominantes generan violencia. Los varones aprendieron muy rápido dichas formas negativas haciéndolas suyas. Estas actitudes crearon privilegios, individualismos, así como la denominada violencia doméstica. La religión occidental jugó también su rol evangelizador haciéndonos creer que nosotras hemos salido de la costilla del varón y le debemos obediencia”(IX).

“Nuestros derechos como mujeres indígenas encuentran su espacio de resolución en el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indios, como la forma mas democrática, que se inicia en nuestra persona,

Género

desde nuestra casa hasta la comunidad y el pueblo y se sintetiza en el Estado (…)”(X).

Crítica de las mujeres a formas y mecanismos de exclusión En el Tercer Congreso Nacional Indígena, en Nurío, Michoacán, con la presencia de las comandantes zapatistas, mujeres provenientes de treinta pueblos indígenas expresaron sus demandas y el interés de garantizar sus derechos de género y de participación en sus comunidades y pueblos(XI). Enarbolaron, además de sus propias demandas como mujeres, las demandas indígenas en su papel de actoras sociales específicas, en su condición de género, y a la vez como integrantes de sus colectividades. Su liderazgo en este congreso dejó una huella imperecedera.

El papel destacado de las mujeres indígenas tiene otros ejemplos. Frente a la violación de los derechos humanos de los indígenas en regímenes dictatoriales, fueron las mujeres mayas de Guatemala quienes se organizaron inmediatamente para denunciar al mundo los abusos y violaciones al pueblo. Así también las mujeres quechuas(XII) del Perú alzaron la voz para denunciar la desaparición de sus familiares en épocas de violencia en los Andes. Las indígenas migrantes que se encuentran en los barrios populares son las que inician las organizaciones de barrios y luego dan vida a organizaciones, como son los comedores populares. En el caso de Nicaragua, las misquito estuvieron presentes en la revolución para defender el derecho de los pueblos indígenas y, Las mujeres indígenas, por el espacio social que ocupan, se encuentran en la intersección de múltiples identidades de clase, raza, etnia y género, y están contribuyendo significativamente a la reformulación de un mundo nuevo, más justo y cuestionante, no sólo de su papel como mujeres, indias y pobres, sino también del modelo de Estado neoliberal

sobre todo, en la lucha por la autonomía.

“En estos últimos cinco años, nos ha tocado esclarecernos entre nosotras mismas.

Tener la seguridad que luchar por nuestros pueblos también pasa por contribuir a disminuir las diferencias y privilegios entre los miembros de la comunidad indígena, hacer que nuestros líderes varones entiendan que hay que retomar el equilibrio en las relaciones entre todos nosotros, y que hablar y trabajar para mejorar las propias capacidades de las mujeres indígenas no significa dividir la organización, como muchas veces se nos ha dicho, sino más bien fortalecernos mutuamente y hacer unidad de la lucha colectiva”(XIII).

Pero en otra experiencia diversa, ahora en territorio zapatista, Shannon Speed(XIV) nos relata la respuesta de Rosalía ante la pregunta, ya clásica dentro de las luchas feministas de izquierda, inquiriendo si los varones les señalan a ellas que sus derechos como mujeres deben esperar, porque son una distracción de la meta principal en la lucha por la defensa de los pueblos indios.

Rosalía, perteneciente a la comunidad de Nicolás Ruiz, pensativa y reflexiva, tarda un poco en contestar. Al responder, ella dice: “Yo creo que lo opuesto es lo cierto.

Fue a través de la organización que empezamos a organizarnos, que empezamos a concientizarnos de nuestros derechos como mujeres(…)”, y añadió: “algunos hombres son más conscientes que otros, pero ellos también saben que en una comunidad, para avanzar, deben trabajar en colectivo hombres y mujeres, por eso nos apoyaron”.

En Xoxocotla, comunidad nahua del estado de Morelos, una joven, Yoloxóchitl Severiano, activista del Consejo de los Trece Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire dijo(XV): “(…) porque cada quien tiene que hacer su parte. Si todos hicieran exactamente lo mismo no se podría lograr”, expresando así las constricciones y amplificaciones de una lucha por los derechos de las mujeres cuando ellas están inmersas en la colectividad. Cuando se asumen tanto los derechos como las tareas y responsabilidades en la colectividad, éstos están, inevitablemente, atravesados y configurados por la “diferencia” de género.•

NOTAS Y REFERENCIAS: I. En Cuadernos Feministas, año 1, no. 2.

II. Engel, S., Ponencia magistral, Congreso de Antropología Jurídica, Oaxtepec, octubre de 2006, Ms. P. 16.

III. Idem.

IV. Hernández, A., “El Encuentro Continental de Mujeres Indígenas, Quito, Ecuador, 1995”,presentación de la Primera Conferencia del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, Lima, Perú, 2004, p. 3.

V. Hernández, Aída, op. cit., p. 3.

VI. Véase la Bibliografía, al final de este libro.

VII. Rivera, Tarcila, Ms, p.11.

VIII. P. 31.

IX. P. 12.

X. “Propuesta de las mujeres indígenas en la fundación del CNI”, Congreso Nacional Indígena, del 8 al 12 de octubre de 1996. Ms. XI. Sierra, Teresa, “Conflicto cultural y derechos humanos: en torno al reconocimiento de los sistemas normativos indígenas”, en Memoria, no. 147, México, mayo de 2001, p. 19.

XII. Se encontrarán variantes —quechua, kichwa— que, en el fondo, denotan referencias identitarias a diversas comunidades en la zona andina de Sudamérica.

XIII. Rivera, T., op. cit.

XIV.Speed, S., 2008, p.130.

XV. Notas de la autora.

18 de julio de 2009.

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POBLACIÓN INDÍGENA

Creadores y promotores de política

LETICIA APARICIO SORIANO Indígena Nahua, originaria de San Francisco Altepexi, Puebla, México. Es Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin; Especializada en Educación Intercultural Bilingüe. Universidad Indígena Intercultural, Programa de Educación Intercultural Bilingüe de los Andes, con sede en la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia; y Licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM. Es docente en la ENTSDivisión de Estudios de Posgrado: Especialización con Jóvenes; coordinadora del Diplomado “Investigación Intercultural” en el Centro de Educación continua de la ENTS; investigadora para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; investigadora para el CIESAS y el UNICEF México; y socia de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México, A.C.

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Existen movimientos sociales de indígenas urbanos en los que sus miembros se pronuncian por derechos que, aunque en texto se tienen, se exige cumplir: “Somos gente de pueblos indígenas radicados en la ciudades que buscamos hacer garantes nuestros derechos”

¿

Qué o quiénes son los indígenas urbanos? Conceptos y definiciones se han traído a la luz desde la academia y los movimientos de los pueblos originarios, pero el consenso apunta a que son miembros de pueblos indígenas que, producto de la migración, así como de distintas dinámicas de desplazamiento, han pasado las fronteras de lo urbano hacia lo rural y de lo rural a lo urbano.

Los indígenas ya asentados en lo urbano, aparentemente están dispersos, sin embargo, se encuentran reproduciendo prácticas propias de la comunalidad en un territorio que cada vez es menos ajeno a ellos, como en espacios de la Ciudad de México y el área metropolitana, tal es el caso de la Delegación Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl, espacios donde lo indígena se manifiesta en el sincretismo: indígenas punks; indígenas “reguetoneros”; indígenas “metaleros”; indígenas “darketos”; indígenas cantantes de ópera.

Gente que por la migración y el contacto con lo urbano no necesariamente habla una lengua del algún pueblo originario

de México, pero que se reivindica en una identidad por sus raíces, las de sus padres, las de sus abuelos y las de sus antepasados.

Seres humanos que, aunque la imposición de dinámicas occidentales hegemónicas les arrebate dicha identidad, pelean el derecho a ésta, ya que sin ella se está en la obscuridad de quien no sabe quién es y a dónde se dirige.

Indígenas urbanos que ante el contacto con estilos de vida citadinos logran desempolvar identidades negadas para luchar con ellas desde lo individual y lo colectivo, identidad compuesta por lo urbano y lo que se reproduce en esta esfera, traído de las comunidades de origen. En la construcción de esta identidad se es indígena aunque ya no se habite en lo rural.

Así, en lo urbano encontramos mayas profesionistas; nahuas empresarios; mazahuas obreros; zapotecos servidores públicos; triquis artistas; rarámuris políticos; mixes docentes; popolocas escritores; totonacos comunicadores; indígenas vendedores ambulantes; indígenas sin empleo; indígenas que niegan serlo; indígenas que están orgullosos de serlo y reivindican

Participación política

identidades y derechos de distintos tipos: “a nosotros nos tocó ser los urbanos”.

En el caso de los indígenas profesionistas, han conformado sus diarias reivindicaciones al ingresar a un espacio de estudios profesionales que les ha permitido conocer y aprender elementos teóricos para la lectura e interpretación de la realidad social, política y cultural de los seres humanos, pero también construir y deconstruir herramientas prácticas para ese actuar hacia una sociedad más equitativa desde otras visiones, filosofías y epistemologías planteadas desde los pueblos indígenas.

Un espacio académico que aunque se critique cerrado hacia las formas de pensar alternativas, como la de los pueblos indígenas, dan algunas posibilidades de abrir brechas para jugar un rol crítico y cuestionar los mismos conocimientos académicos muchas veces excluyentes, hegemónicos y reproductores de exclusión, discriminación, racismo y pobreza. Este tipo de conocimientos que se ponen en tela de juicio deben dar reconocimiento a la ciencia indígena y traer a la luz conocimientos de sabiduría acumulados durante siglos.

Movimiento indígena en el DF Todo el debate aquí planteado lleva a la pregunta para los indígenas en la Ciudad de México: ¿indígenas acaso sin territorio, sin arraigo, quizás sin el derecho a no serlo más? Sin embargo, residentes de una de las ciudades más grandes del mundo en la que se reúnen para pronunciarse por un reclamo con el fin de hacer garantes sus derechos sociales, culturales, humanos e indígenas.

Miembros de diferentes pueblos indígenas de todo el país residentes en la Ciudad de México se han aglutinado para pronunciarse por sus derechos ante la falta de cumplimiento en primer lugar de los sociales: vivienda, salud, educación, empleo; que una y otra vez observamos son negados.

En este sentido, se han creado instituciones cuyo objetivo es promover el cum-

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

plimiento a sus derechos, pero que en realidad se ha visto están para atender a intereses de partidos políticos y de una gran estructura burocrática que se encuentra al servicio de élites de poder; espacios donde los indígenas viven racismo institucional: trato en el que al indígena se le sigue ubicando como el vulnerable, como el menor al que tutelar, el que es incapaz de pensar por sí mismo, de diseñar, proponer, proyectar, y no como aquellos con los que se puede y se debe dialogar, llegar a acuerdos, con el propósito de construir políticas.

Si en realidad se apuesta por una política que transforme radicalmente las realidades de los pueblos indígenas a unas más justas es necesario que los mismos miembros de pueblos indígenas la creen y la conduzcan.

A partir de 20 compromisos firmados por el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, con comunidades y organizaciones indígenas en el Distrito Federal (hasta la fecha sólo se han medianamente cumplido dos, la creación de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y una Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Personas Indígenas), y muy a pesar de decir que se vive en una ciudad de vanguardia, se sigue considerando a los indígenas radicados en la Ciudad de México solo como población receptora de programas sociales, por lo que no se promueve

Se sigue considerando a los indígenas radicados en la Ciudad de México solo como población receptora de programas sociales, por lo que no se promueve su participación plena como creadores de política pública y social

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POBLACIÓN INDÍGENA

consulta para las comunidades hacia la construcción y cabildeo de la Ley de Derechos Indígenas para la Ciudad de México, cuyo proceso de diseño y entrada en vigor ha llevado unos 15 años sin concluir hasta la actualidad.

Continuar unificados

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

15 años ha llevado el proceso de diseño y entrada en vigor de la ley de derechos indígenas para la ciudad de México, sin concluir hasta la actualidad

su participación plena como creadores de política pública y social.

En relación con ello, por poner a concurso una serie de apoyos gubernamentales, traducidos en pequeños presupuestos, se producen en el peor de los casos choques o confrontaciones entre las mismas organizaciones indígenas, lo que a la larga resulta en detrimento del movimiento indígena, corriendo el riesgo de debilitarlo.

Otro ejemplo que va en detrimento del movimiento indígena de la Ciudad de México es lo generado por la falta de condiciones adecuadas para realizar una

Dentro de las preocupaciones de las organizaciones indígenas del Distrito Federal se encuentran seguir fortaleciendo su cultura; continuar reivindicando identidades propias; y fortalecerse al interior de sus agrupaciones, así como de sus comunidades, y para ello seguir trabajando y desarrollando sus autonomías a partir de una filosofía y epistemología propias. Continuar unificados para lograr la Ley de Derechos Indígenas de la Ciudad de México.

Así, la consigna es “fortalecer nuestras organizaciones para poder dialogar y crear desde y con las instituciones para no solo ser tutelados y depositarios de políticas con las que nos identificamos, que no son pertinentes a nuestras necesidades y tampoco responden a nuestras cosmovisiones”.

Reflexión final A la llegada de los españoles se cuestionaba si los indígenas tenían alma; se llegó a la conclusión de que sí la tenían. Ahora el cuestionamiento es saber si en realidad piensan, estamos en pleno debate…•

LO QUE LAS COMUNIDADES PROPONEN • Sensibilizar y educar a funcionarios en materia de derechos indígenas; racismo institucional; clasismo; paternalismo; clientelismo; indigenismo; y de prácticas que perpetúen la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades • Que lo diseñado dentro de las instituciones no sólo cuente con el visto bueno de las agrupaciones o individuos indígenas, sino que realmente se busquen mecanismos de participación donde ellos sean los hacedores de políticas públicas y que estén a cargo de dirigirlas desde las instituciones • Allegar a expertos miembros de las mismas comunidades indígenas, de la sociedad civil y la academia para diseñar metodologías, conceptos y contenidos en materia de consulta indígena, políticas públicas, sociales y legislación

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MÉXICO SOCIAL

DISFRUTO Y APOYO AL ARTE

CONOCE EL PROGRAMA COLABORA Y APOYA AL MUSEO DISFRUTA DE LOS BENEFICIOS ANUALES HAZTE

AMIGO

AMIGO

Vence: 07/13

Alejandra Ramírez Olvera Miembro desde: 07/10

www.amigosmunal.org amigos@patronatomunal.org

@amigosmunal amigosmunal

POBLACIÓN INDÍGENA

GUNTHER DIETZ Investigador Titular en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana; Coordinador del grupo de investigación “Cuerpo Académico: Estudios Interculturales”; miembro del SNI, nivel II, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es Secretario General de la International Association for Intercultural Education (IAIE) y dirige el proyecto “Diálogo de saberes, haceres y poderes entre actores educativos y comunitarios: una etnografía reflexiva de la educación superior intercultural en Veracruz” (InterSaberes), realizado por el Instituto de Investigaciones en Educación y la Universidad Veracruzana Intercultural y patrocinado por el CONACyT. Estudió Antropología Social, Antropología de América, Filosofía y Filología Hispánica en las Universidades de Gotinga y Hamburgo (Alemania); y es Magister Artium (M.A.) y Doctor (Dr.phil.) en Antropología por la Universidad de Hamburgo.

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Hacia una educación superior intercultural en México Desde hace ya varias décadas, y sobre todo a partir del “despertar étnico” de 1992, los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes del continente americano reivindican no solamente el derecho a la tierra y al territorio, a sus lenguas y sus culturas, sino asimismo el derecho a una educación cultural y lingüísticamente pertinente El multiculturalismo como trasfondo En el ámbito político y pedagógico, y por influencia del antecedente anglosajón, esta demanda por el reconocimiento de la diferencia y su inclusión activa en las políticas educativas se ha denominado multiculturalismo –un programa de reconocimiento de los derechos diferenciales de los grupos considerados “minoritarios” (o más bien convertidos a la fuerza en supuestas o reales minorías) por la sociedad hegemónica–.

En el contexto latinoamericano y mexicano son sobre todo los movimientos indígenas y las organizaciones de los profesionistas procedentes de pueblos originarios quienes plantean – ya desde los años se-

tenta la necesidad de ofrecer una educación diversificada y apropiada para los contextos indígenas y afrodescendientes.

Mientras que se han obtenido importantes logros en la educación básica, gracias al establecimiento de un subsistema específico, denominado –según la época y el sexenio– “educación indígena bilingüe”, “educación bilingüe bicultural” o “educación intercultural bilingüe”, la educación media superior y la educación superior, por su parte, padecen un doble rezago, reflejo de una deuda histórica que los Estados-naciones latinoamericanos siguen teniendo con los pueblos originarios.

Por una parte, las estadísticas muestran un evidente rezago en cuanto al acceso a estos niveles educativos; se calcula que so-

Educación

Ampliar la cobertura en educación superior y profundizar la pertinencia regional de la oferta educativa

deberían ser tareas prioritarias de todas las universidades públicas del país

lamente el 1% de los jóvenes indígenas acceden a la educación superior (a menudo viéndose forzados a emigrar del campo a la ciudad para poder seguir estudiando), lo cual nos indica que hay un gravísimo problema de cobertura: la juventud indígena sigue excluida de la educación universitaria.

Por otra parte, la deuda histórica no solamente se traduce en la falta de instituciones de educación superior públicas y de calidad en las regiones indígenas del país. También hay una deuda histórica con los pueblos originarios en cuanto a una educación propia o apropiada para las necesidades, los valores, los saberes y las cosmovisiones indígenas; mientras que a inicios de la Colonia sí se contaba con instituciones específicas para formar a la entonces “nobleza india”, como en los colegios creados por Fray Bernardino de Sahagún o Vasco de Quiroga, a lo largo de la expansión española y de la época colonial esta especificidad se pierde: las lenguas autóctonas ya no son enseñadas en la educación superior, que se vuelve un ámbito exclusivo de criollos y mestizos.

Las universidades interculturales Por ello, por lo menos nominalmente, la creación en la década pasada de las “universidades interculturales” constituye un esfuerzo histórico de descolonizar el sistema universitario, de diversificarlo en términos lingüísticos, culturales y étnicos, de descentralizarlo y de regionalizarlo. Se trata de instituciones de educación superior

(ies) creadas a partir de convenios entre el gobierno federal y determinados gobiernos estatales para extender la cobertura y facilitar el acceso a la universidad a población que históricamente ha sido excluida de este nivel educativo-particular, pero no únicamente jóvenes pertenecientes a los pueblos originarios de México.

Según los lineamientos de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (cgeib) de la sep, no se trata únicamente de ampliar la cobertura, sino de redefinir el modelo de universidad, adaptando las carreras a los contextos rurales e indígenas, ofreciendo una formación que combine excelencia académica con pertinencia cultural y lingüística. Ello también implica repensar y reformular la combinación de las tareas sustantivas de cualquier universidad –la docencia, la investigación y la vinculación– para que las comunidades y regiones anfitrionas se puedan beneficiar directamente de la presencia de una ies.

A diferencia de la tradición occidental, urbano-céntrica y de fuertes sesgos clasistas que arrastra la universidad pública en México hasta la fecha, las doce universidades interculturales existentes en el país se crean en el seno de las regiones indígenas, en contextos rurales caracterizados por altísimos índices de marginación económica e infraestructural.

Reflejando el compromiso con las mencionadas reivindicaciones de los pueblos originarios y sus organizaciones, estas universidades públicas de nuevo cuño ofrecen carreras –de licenciatura y de posgrado, e n e r o 2014 MÉXICO SOCIAL

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aparte de cursos y diplomados de formación continua– pensadas desde y para las regiones indígenas y rurales.

El objetivo consiste en contribuir a generar alternativas locales y regionales para la juventud, tan presionada a emigrar como “mano de obra no cualificada”. Se trata de profesionalizar a estos y estas jóvenes de tal forma que puedan contribuir a impulsar iniciativas socioculturales, asociativas, microempresariales y ambientales desde sus propias comunidades y regiones, sin imponer “desde afuera” o “desde arriba” soluciones desarrollistas o asistencialistas, sino acudiendo a un continuo ir y venir entre los saberes comunitarios y los conocimientos académicos.

Este doble pendiente histórico de ampliar la cobertura en educación superior y de profundizar, a la vez, la pertinencia regional de la oferta educativa debería ser una tarea prioritaria de todas las univer-

sidades públicas del país. Sin embargo, ante la persistencia de visiones sesgadas y discriminatorias acerca de la universidad como supuesta contenedora única y legítima del “Saber” (entiéndase occidental), la gran mayoría de las instituciones de educación superior se siguen negando a abrir sus aulas, sus currículas y sus cánones a los saberes locales y a sus jóvenes portadores: las y los estudiantes indígenas. Por eso, casi todas las universidades interculturales han tenido que ser creadas al margen de las universidades públicas convencionales, como nuevas instituciones estatales dependientes directamente de sus respectivos gobiernos de estado.

Un primer balance provisional ¿Qué balance cabe hacer a final de sexenio de este nuevo tipo de ies? ¿Cuál es la situa-

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Se trata de profesionalizar a estos y estas jóvenes de tal forma que puedan contribuir a impulsar iniciativas socioculturales, asociativas, microempresariales y ambientales desde sus propias comunidades y regiones

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Educación

ción actual de estas universidades interculturales, ahora que ya están egresando las primeras generaciones de estudiantes? En primer lugar, es importante resaltar el difícil y tenso momento político en el que la cgeib decide crear las universidades interculturales. Recordemos que los Acuerdos de San Andrés, que planteaban, entre otras cosas, la necesidad de y el derecho a una educación propia, autónoma y pertinente en todos los niveles educativos, fueron marginados con la Ley Indígena aprobada en 2001.

Y precisamente en ese momento se crean “desde arriba” nuevas instituciones educativas que no parten de la autonomía de los pueblos originarios, sino de la interculturalidad como relación dialógica y armónica entre indígenas y no indígenas. A pesar de sospechas y críticas iniciales, las universidades interculturales están consolidándose paulatinamente. Desde 2004 se han creado universidades interculturales en Sinaloa; el Estado de México; Tabasco; Puebla; Chiapas; Veracruz; Quintana Roo; Michoacán; Guerrero; San Luis Potosí; Hidalgo; y Nayarit. Aparte de estas ies estatales y reconocidas por la cgeib, existen iniciativas independientes, promovidas por actores nogubernamentales, como en el caso del Instituto Superior Intercultural Ayuuk en Oaxaca (perteneciente al sistema universitario jesuita), la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur de Guerrero y la Universidad Campesina Indígena en Red en Puebla.

En la práctica cotidiana de este mosaico sumamente polifacético de instituciones educativas se evidencian logros y retos comunes tanto a las universidades interculturales estatales, creadas “desde arriba”, como a las iniciativas no gubernamentales, creadas “desde abajo”. Independientemente de su origen, de su ubicación y composición cultural y lingüística, todas estas iniciativas coinciden en el desafío de desarrollar licenciaturas novedosas, heterodoxas y regionalmente pertinentes.

En ningún caso se trata de proyectos excluyentes en términos étnicos, sino que se ofrecen carreras al conjunto de la juventud rural, identifíquese ésta como indígena, mestiza o afrodescendiente.

La así naciente educación superior intercultural recurre a los conceptos de interculturalidad y de diversidad para hacer hincapié en su carácter incluyente: no se manejan cuotas por etnia, género o clase social, sino que se selecciona a los jóvenes a partir de sus motivaciones, su apoyo comunitario y su compromiso con la región. Las nuevas carreras que ofrecen las universidades interculturales, fuertemente inclinadas ya sea a cuestiones lingüísticoculturales, sea a cuestiones de desarrollo agropecuario y ambiental, están siendo cuestionadas, revisadas y readaptadas, sobre todo porque los jóvenes egresados compiten en un mercado laboral rural muy reducido y cada vez más marcado por la retirada del estado de las políticas sociales de desarrollo, por su sustitución a gran escala por medidas asistencialistas, y por la consecuente precarización de los empleos, ofrecidos cada vez más como subcontrataciones y autoempleos.

Con muchas carencias y dificultades iniciales, y con tratos discriminatorios sufridos por parte de universidades convencionales, las universidades interculturales constituyen una aún incipiente, pero relevante iniciativa en el largo camino de la descolonización que emprenden las comunidades y los pueblos originarios. Poco a poco se están formando nuevas generaciones de jóvenes comprometidos con sus comunidades de origen y, a la vez, formados en la creativa combinación y traducción entre saberes académicos y saberes comunitarios. Reconocer la deuda histórica que el sistema educativo, científico y tecnológico mexicano tiene con los pueblos originarios, cuyos saberes han sido expropiados, folklorizados o silenciados por la sociedad, primero criolla y luego mestiza, constituye un primer paso hacia una sociedad plural e incluyente.

Sin embargo, la tarea de incluir estos saberes en los cánones académicos no se puede circunscribir a las universidades interculturales. Toda ies deberá tomar medidas contra la histórica exclusión de las lenguas, culturas y saberes indígenas de la educación superior y contra el desconocimiento y desaprovechamiento de la rique-

EL DATO La juventud indígena sigue excluida de la educación universitaria: solamente el 1% de los jóvenes indígenas acceden a la educación superior Existen 12 universidades interculturales en el país, creadas en el seno de las regiones indígenas, en contextos rurales caracterizados por altísimos índices de marginación económica y de rezago social

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POBLACIÓN INDÍGENA

Hay una deuda histórica con los pueblos originarios en cuanto a una educación propia o apropiada para las necesidades, los valores, los saberes y las cosmovisiones indígenas Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

za de la diversidad cultural y biológica, del “patrimonio biocultural” por parte por la sociedad mexicana.

Un ejemplo: la Universidad Veracruzana Intercultural Únicamente la Universidad Veracruzana se ha atrevido en 2005 a diseñar una universidad intercultural dentro de su propio seno, como parte integral de la universidad preexistente. El resultado: la

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Universidad Veracruzana Intercultural (uvi), que es reconocida por ello dentro y fuera del país como un proyectopiloto puntero en el esfuerzo de ofrecer una educación superior culturalmente pertinente y regionalmente arraigada en cuatro regiones indígenas del estado de Veracruz: la Huasteca (con su Sede Regional en Ixhuatlán de Madero); el Totonacapan (con su Sede Regional en Espinal); las Grandes Montañas (con su Sede Regional en Tequila); y las Selvas (con su Sede Regional en Huazuntlán). Tras una primera fase experimental con dos licenciaturas, en 2007 se ha diseñado una Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, que forma a los jóvenes de cada una de las cuatro regiones en la gestión de proyectos e iniciativas locales a través de Orientaciones profesionalizantes, correspondientes a los ámbitos laborales de Comunicación, Sustentabilidad, Salud, Derechos y Lenguas.

Tras haber logrado el egreso exitoso de ya cinco generaciones de estudiantes, los 515 gestores y gestoras interculturales generan en su mayoría iniciativas microempresariales, asociativas o de autoempleo en sus propias comunidades, aunque otras y otros también se emplean en las administraciones municipales, en instituciones gubernamentales o en organizaciones no gubernamentales. Desde la creación de la licenciatura de la uvi, InterSaberes, un proyecto de investigación etnográfica y colaborativa (financiado por Conacyt-Ciencia Básica), ha ido estudiando y acompañando a docentes, estudiantes y egresados de nuestra universidad intercultural para analizar los novedosos intercambios y diálogos de saberes que se dan tanto al interior del trabajo áulico en las sedes como en las prácticas de campo, el servicio social en la comunidad y las posteriores iniciativas laborales y comunitarias de las y los gestores egresados.

Ahora inicia una nueva fase de maduración y consolidación en la aún joven trayectoria de la uvi. Actualmente estamos retomando los resultados de este proyecto, así como los diagnósticos que las y los propios docentes y egresados han realizado a

Educación

través de foros de reflexión y análisis, para revisar el currículum de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, a fin de seguir adecuándolo a las necesidades formativas que los propios gestores y gestoras interculturales detectan.

Un aprendizaje decisivo que hemos obtenido del trabajo colaborativo con docentes, estudiantes y egresados es que el programa educativo, caracterizado por la integración en novedosos “nódulos” (unidades de aprendizaje que integran actividades áulicas y extra-áulicas, aspectos docentes, investigadores y vinculadores), aún requiere de mayor flexibilidad y adaptabilidad local. Dado que la universidad intercultural no enseña de forma unidireccional un determinado tipo de saber, sino que, al contrario, enlaza saberes académicos y comunitarios a partir de proyectos e iniciativas que desarrollan los propios estudiantes, el resultante programa educativo no ha de concebirse desde una oferta a menudo estática, sino a partir de una demanda de soluciones a las múltiples problemáticas de los pueblos originarios y sus comunidades.

Como consecuencia, en esta nueva etapa la uvi inicia un profundo proceso de revisión y rediseño curricular, pero, asimismo, de descentralización y de regionalización organizacional. Los programas educativos de una universidad intercultural no pueden ni deben planearse ni concebirse de forma homogénea desde un centro urbano, sino que han de ser desarrollados y diversificados a partir de las problemáticas locales y con los propios actores regionales. Es por ello que la uvi se propone combinar en esta etapa la regionalización y diversificación de su licenciatura –modificándola desde los contextos específicos de las cuatro sedes– con la transversalización de su enfoque inter-

cultural hacia el interior de los campus regionales de la propia Universidad Veracruzana. Reflejando la política del actual equipo rectoral, esta transversalización no puede hacerse de forma aislada, sino que tiene que incluir de forma explícita cuatro ejes rectores en torno a los cuales deberá girar todo currículo universitario que reconozca y respete la diversidad: la interculturalidad (dialogar entre saberes y visibilizar a quiénes han sido invisibilizados o excluidos de la educación superior); la sustentabilidad (reorganizar la universidad a partir de un manejo ambientalmente sustentable y duradero de los recursos); la equidad de género (luchar contra la discriminación de género y promover activamente la inclusión de mujeres y hombres en términos equitativos en todos los niveles académicos); y la normalización lingüística (diversificar las prácticas monolingües de la universidad e incluir las lenguas indígenas como medios legítimos de enseñanza-aprendizaje, haciendo valer así los derechos lingüísticos de los pueblos originarios en el ámbito universitario).

Tanto la licenciatura actual como la nueva oferta educativa –un posgrado profesionalizante y descentralizado (que estamos diseñando junto con el Instituto de Investigaciones en Educación), diplomados, cursos y talleres de formación continua (para nuestros estudiantes, para los gestores interculturales ya egresados así como para el conjunto de los profesionistas de las regiones– reposicionarán en breve a la Universidad Veracruzana Intercultural como lo que fue desde sus inicios: un programa pionero de educación superior intercultural que forma parte integral, pero específica y diversificada, de la Universidad Veracruzana y que está comprometida con el “bien vivir” de las comunidades y regiones del estado de Veracruz.•

La universidad intercultural enlaza saberes académicos y comunitarios a partir de proyectos e iniciativas que desarrollan los propios estudiantes y su programa educativo ha de concebirse a partir de una demanda de soluciones a las múltiples problemáticas de los pueblos originarios y sus comunidades

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POBLACIÓN INDÍGENA

JOSÉ MANUEL DEL VAL BLANCO Director del “Programa Universitario México, Nación Multicultural de la UNAM” y Presidente de la ONG “Pesquisas y Proyectos Necesarios A.C.”. Fue Director del Instituto Indigenista Interamericano, OEA de octubre 1993 a enero 1995. Desde 1980 ha impartido diversos cursos, seminarios y cátedras en Universidades tanto nacionales como extranjeras. Es titular de la cátedra “México Nación Multicultural”, que imparte en diferentes Facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de la publicación “México, Identidad y Nación”, Vol. 6, de la colección editorial “La Pluralidad Cultural en México” editado por la UNAM, México 2004, y cuenta con más de 60 publicaciones como capítulos de libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras.

En un modelo extremo de desigualdad social La condición de pobreza de los miembros de las familias de los pueblos indígenas, mostrada recientemente en cifras por el coneval indica que el 72.3 % son pobres: trágica ilustración cuantitativa de la situación y circunstancia que ha derivado de las lógicas del “desarrollo y las políticas sociales”, que durante los últimos treinta años, los sucesivos gobiernos de México han impuesto a la sociedad en su conjunto y a los pueblos originarios de manera muy singular

L

a condición real de los pueblos indígenas no es el resultado del olvido, su fragmentación o su lejanía espacial o su negativa a participar en el desarrollo económico y social, como con frecuencia se intenta explicar, sino el resultado permanente y cotidiano del compromiso férreo que los sucesivos gobiernos de México han mantenido y perpetuado con la lógica y la política establecida y refrendada, sexenio a sexenio, de mantener un modelo extremo de desigualdad social, oculto sistemáticamente tras uno de sus resultados visibles, la medición y las categorizaciones de pobreza,

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MÉXICO SOCIAL

y el desarrollo bizantino de la pobretología y las pomposas y sexenalmente renombradas estrategias de combate, que muestran reiteradamente su inocultable inoperancia y su ausencia de resultados visibles.

Los pueblos indígenas se mantienen férreamente subsumidos bajo el modelo de despojo clasista y colonial instalado por el capitalismo, como alternativa única al desarrollo y crecimiento en cualquiera de sus versiones y que ha dominado y ha sido impuesta autoritariamente, con matices diversos, sobre estos pueblos, sus recursos y sus territorios, y no sólo sobre ellos sino, como las cifras

Desigualdad

Los pueblos indios reclaman cada vez con mayor insistencia una nueva inserción en la sociedad, un nuevo pacto social en el que las estructuras políticas de los Estados reconozcan sus derechos a la autonomía, a la autodeterminación y al control de sus tierras y territorios

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

nacionales indican, sobre la mayoría de los mexicanos.

Estas políticas y estrategias ha sido y son profundizadas y desarrolladas jurídica y operativamente, mediante los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), a través de las instituciones, sus programas y proyectos, y legitimadas por las insistentes y reiteradas reformas de la Constitución, disfrazadas como un ejercicio incesante de la modernización democrática del país.

Dadas estas circunstancias, cualquier reflexión sobre las políticas sociales específicas para los pueblos indígenas que resultarían necesarias y adecuadas para contribuir significativamente en el ejercicio de sus derechos legítimos no puede establecerse con el mínimo criterio de viabilidad si se elude u obvia el análisis de la condición económica y política estructural del Estado nacional y del mundo en un determinado momento: el presente, lo cual determina, en primera y

última instancia, cualquier tipo de política, económica, social o cultural.

Establecido lo anterior, debe señalarse y reconocerse que los pueblos indígenas de México y del mundo han podido incidir de manera significativa en el trascurso de las recientes tres décadas en la legislación internacional y en las legislaciones nacionales, en este orden: primero en las instancias planetarias y después en los Estados, logrado establecer, con enorme dificultad e innumerables oposiciones, un corpus de derechos de los pueblos indígenas, cuyo ejercicio y cumplimiento real permitirían vislumbrar –en caso de hacerse efectivos– un cambio en sus condiciones de vida y de reproducción social.

Estas conquistas en las estructuras jurídicas de los Estados nacionales se enfrentan a un sinnúmero de obstáculos e incumplimientos en su aplicación, en razón de ser contrarias y contradictorias con las estratee n e r o 2014 MÉXICO SOCIAL

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POBLACIÓN INDÍGENA

Las conquistas en las estructuras jurídicas de los Estados nacionales son los únicos instrumentos con que cuentan los pueblos indígenas para garantizar su sobrevivencia gias generales en el mundo contemporáneo globalizado. Sin embargo, son estos instrumentos jurídicos los únicos con que cuentan los pueblos para garantizar su sobrevivencia.

La revisión de todos los campos de la realidad y de los espacios territoriales donde los pueblos indígenas desarrollan su supervivencia y continuidad muestra que están siendo sometidos a nuevas iniciativas de despojo. Los programas y proyectos responden a un doble proceso, ya que la responsabilidad del Estado mexicano ha marchado al parejo con su debilitamiento y su clara asociación y complicidad y con las ofensivas financieras y productivas, extractivas y de megaproyectos de las voraces empresas globales.

Se ha instalado una deriva gubernamental en la que México, como otros países del mundo, han elegido el camino del extractivismo intenso, por encima y en contra del bienestar social y ambiental en general.

Esta estrategia de “desarrollo” se basa en la intensificación de las transferencias y apropiación de recursos naturales, disfrazados de comodities, apostando a los altos precios y a la demanda renovada de las materias primas en los mercados globales. El ejemplo paradigmático de este proceso está en las cifras de concesiones mineras que durante los últimos 12 años alcanzaron en México la cifra descomunal de 56 millones de hectáreas, lo cual supone una enorme amenaza a la supervivencia de muchas comunidades y pueblos del país.

Es precisamente en este campo –el del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas–en donde debemos centrar nuestros análisis y reflexiones, para establecer políticas públicas realmente capaces de modificar la avalancha de potenciales etnocidios que amenaza a las comunidades nativas en el mundo contemporáneo.

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La agencia especializada del Estado mexicano, la responsable de la atención directa a los pueblos y sus programas, la custodia del indigenismo de Estado (la actual cdi, heredera de una de las instituciones emblemáticas del Estado mexicano, el Instituto Nacional Indigenista), languidece hoy sumida en la ineficacia, supeditada a programas generalizados impuestos desde el centro, a reiterados subejercicios de los exiguos recursos asignados, infestada de corrupciones y a cargo de funcionarios sin antecedente ni preparación alguna en temas de enorme complejidad, desarrollando un ejercicio trivial y sistemático de cooptación y simulaciones declarativas.

Frente a esta triste realidad institucional, los pueblos indios reclaman con cada vez mayor insistencia una nueva inserción en la sociedad, un nuevo pacto social en el que las estructuras políticas de los Estados reconozcan sus derechos a la autonomía, a la autodeterminación, al control de sus tierras y territorios, en fin, su derecho inalienable a establecer las condiciones de un desarrollo propio como sujetos políticos plenos.

Sin duda alguna, la profundidad de los cambios que actualmente le exigen al Estado y a la sociedad mexicana, y que garanticen la viabilidad de nuestra nación, están hoy sometidos a una intensa presión y debate sin interlocución social. Desgraciadamente, las señales de las reforma que cotidianamente van estableciéndose no auguran cambio alguno sustantivo en la relación de los pueblos indígenas y el Estado nacional mexicano; por el contrario, las propuestas de reforma pueden implicar la vulneración definitiva de los derechos de los pueblos indígenas, hasta lograr su extinción como pueblos y cometer explícitamente un etnocidio tipificado en la legislación internacional.•

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Desigualdad

FRENTE A LA POTENCIAL AMENAZA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS, PARECERÍA IMPRESCINDIBLE CONCRETAR LAS SIGUIENTES CONSTRUCCIONES INSTITUCIONALES Y PROGRAMÁTICAS: 1. La creación de una institución que procure y garantice el ejercicio y cumplimento de los derechos de los pueblos indígenas, que subsuma o sustituya a la fallida cdi por una Procuraduría de los Derechos de los Pueblos Indígenas, con capacidad y atribuciones de informar, evaluar, vigilar y sancionar en su caso el cumplimiento de los derechos, las acciones y el ejercicio de los recursos establecidos en los presupuestos nacionales, ejercidos por el conjunto de las instituciones del Estado mexicano.

2. La instauración de la Subprocuraduría de los Territorios Indígenas, cuya función sea la de garantizar los derechos territoriales de los pueblos, vigilar, acompañar y legitimar cualquier proyecto que involucre a esos espacios geoculturales, garantizando la participación plena y justa en condiciones de asociación equitativa, con respecto a la planeación y desarrollo del proyecto, al reparto de beneficios y utilidades del mismo, asegurando la propiedad y potestad de los pueblos sobre su territorio y los proyectos que se realicen en los mismos.

3. Una reforma jurídico-legislativa que establezca, en monto y procedimientos reglamentarios, un Fondo Multianual Compensatorio, con carácter de justicia distributiva, que establezca un horizonte real y verificable de avance hacia la igualación de las condiciones sociales de los pueblos indígenas a la media mexicana, es decir, que se haga realidad el cumplimiento los derechos establecidos en la Constitución Mexicana.

4. El establecimiento de un Plan Nacional de Educación Indígena, garantizando financieramente becas de manutención suficientes y acompañamientos profesionales, mediante sistemas tutoriales permanentes, con criterios restitutivos y compensatorios en todo el sistema educativo nacional; así también como el garantizar financieramente las iniciativas de proyectos educativos alternativos que emanen directamente de los pueblos indígenas, dotando a estos de recursos suficientes, respaldo a la profesionalización y garantías de reconocimiento técnico y legal.

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POBLACIÓN INDÍGENA

EUFROSINA CRUZ MENDOZA Indígena zapoteca de Santa María Quiegolani, Oaxaca. Es diputada federal y preside la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura Federal. Ejerció la docencia y es contadora pública titulada. Fue la primera mujer indígena en presidir la Cámara de Diputados de Oaxaca.

Recibió el Premio Nacional de la Juventud 2007, el Premio Griselda Álvarez del Senado de la República y fue nombrada una de las 50 personas que mueven a México en el 2010 (Revista CNN-Expansión), así como uno de los 300 Líderes Mexicanos en el 2012. Su vida y su lucha en pro de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas quedaron plasmadas en dos filmes documentales: “Las Sufragistas” y “La revolución de los alcatraces”, así como en un libro: Alas de maguey.

Responsabilidad

compartida E n muchas comunidades aún no podemos alzar la mano para expresar nuestro acuerdo o nuestro rechazo a la forma en la que se organiza el mundo que nos rodea. Algunas veces ni siquiera somos capaces de opinar acerca de lo

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que le depara a nuestra comunidad, a nuestro municipio o a nuestra propia etnia, mucho menos a nuestro estado o a nuestro país.

Hoy, por primera vez en nuestra historia, las políticas públicas de México tratan de dar un salto en el tiempo y establecer las

Políticas públicas

Por razones culturales, económicas y políticas, durante muchos años, más de los que alcanzan a contar nuestras abuelas y abuelos, las personas que habitamos en los pueblos indígenas hemos sido tratadas como objetos, como mercancías de poco valor; no hemos sido libres ni iguales a los demás; nacemos con un destino que no elegimos; crecemos y vivimos la vida entera en medio de la pobreza y apartados del resto del mundo. bases para el fortalecimiento de los grupos sociales menos favorecidos. Todo ello es resultado de la alternancia democrática de los gobiernos.

En México, el año 2000 marcó el fin de la hegemonía del partido de Estado, y con

ello se abrieron las alamedas de la democracia para inaugurar el tránsito hacia una nueva manera de ver y hacer la política.

Comenzó entonces en México un cambio de rostro, un relevo generacional y un cambio en la manera de ejercer el goe n e r o 2014 MÉXICO SOCIAL

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POBLACIÓN INDÍGENA

¿Alcanzaremos al fin la verdadera libertad, la justicia y el respeto a nuestras formas ancestrales de convivencia, con arreglo a los derechos constitucionales y a los derechos humanos de todos los mexicanos? bierno. Con la llegada de un gobierno de cambio terminaron 85 años de políticas autoritarias y terribles que segregaron del progreso a nuestros pueblos y sepultaron todo esfuerzo de alzar la voz en favor de los más desposeídos.

En muchos rincones del mundo se recuerda el alzamiento zapatista de 1994 como el primer intento de dar voz a los “sin voz”, a los que nada poseen y a los que durante siglos, incluso generaciones sin tiempo y sin memoria, han poblado esta sagrada tierra mexicana. Sin embargo, este alzamiento no pudo consumar su principal demanda: la integración de nuestros pueblos al proceso de toma de decisiones del país.

El cambio de gobierno vino inspirado por la intención de cambio de todo un pueblo; sus sueños, sus anhelos más profundos, sus antiguos deseos de progreso y democracia fueron el acicate para lograr el triunfo de un gobierno que puso fin a casi un siglo de autoritarismo, pobreza, abandono y olvido.

Ese gobierno democrático sentó las bases para la construcción de un nuevo modelo de nación para escuchar y atender todas las voces. Transformó la democracia, la economía y el desarrollo social.

Dejó atrás una etapa de oscuridad e inauguró un nuevo tiempo de transparencia.

Pero, sobre todo, dio un nuevo aliento a nuestros pueblos para romper con el pa-

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radigma de que los indígenas no estamos hechos para gobernar, sino para ser gobernados. Sin embargo, no logró responder a todas las expectativas de nuestros pueblos originarios.

Por eso, como mujer originaria de una de las 62 etnias de México, y como Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, estoy comprometida a seguir impulsando el cambio a través de mi participación en el poder Legislativo Federal, a las mujeres mexicanas y a los pueblos indígenas de todo el país.

En el nuevo tiempo de México, los paradigmas políticos para los casi 16 millones de mexicanas y mexicanos que nos reconocemos como indígenas han cambiado.

Vivimos no sólo el fin de un sexenio sino de una era que cambió para bien y para siempre el rostro de México. Pero estas nuevas circunstancias, ¿nos harán menos egoístas y más comprensivos de los sectores de población menos favorecidos? Y especialmente entre los pueblos indígenas, ¿alcanzaremos al fin la verdadera libertad y la justicia, que no son solo una estrategia política o una cruzada para mitigar el hambre, sino el respeto a nuestras formas ancestrales de convivencia, con arreglo a los derechos constitucionales y a los derechos humanos de todos los mexicanos? Imposible saberlo en tan corto tiempo.

Políticas públicas

El pasado reciente nos enseña que nadie tiene las llaves para abrir de golpe las puertas de la democracia ni existe una fórmula mágica para el buen gobierno. Algo sabemos, sin embargo: la sociedad actual y la estabilidad política, económica y social de México, la vida cotidiana, como la conocemos todos y como la recibimos de nuestros padres y abuelos, corre graves riesgos.

La estabilidad que alguna vez distinguió a nuestra economía se está perdiendo. Hoy México se encuentra en una espiral crítica de parálisis económica y política. Pero, además, estamos en una encrucijada de intranquilidad y temor por el acecho de la inseguridad en su expresión más cruda y terrible: la del crimen organizado.

Más allá de esta realidad política, México es hoy un país plural que ha sabido demostrar que la democracia es la única vía para resolver los desafíos de nuestro desarrollo. Ello implica respeto a la voluntad de la mayoría, pero también un gran compromiso para atender los problemas nacionales con una visión de Estado.

Por eso he señalado, una y otra vez, que la responsabilidad de dar respuesta a esta grave problemática que afecta a la gran mayoría de las familias mexicanas es de todas y todos: de la sociedad y del gobierno; y como gobierno, no solo del Poder Ejecutivo Federal, sino de los tres poderes y de las autoridades estatales y municipales.

Mi compromiso como parte integrante de los pueblos y las comunidades indígenas ha tenido un cauce de expresión en el trabajo legislativo, en donde he propuesto un nuevo modelo de gobierno basado en la transversalidad de las políticas públicas en cuatro tópicos de gran impacto para nuestras comunidades: desarrollo social integral con preeminencia desde el ámbito constitucional; desarrollo de capacidades sociales y productivas en las comunidades indígenas; protección de los derechos humanos y políticos todos los pueblos indígenas; y mayor representación política de los indígenas en los órganos administrativos y políticos del país, como un asunto de causas pero no de cuotas.

Las políticas públicas de transversalidad son actualmente parte de la agenda parlamentaria del Congreso, y particularmente de la Comisión de Asuntos Indígenas que presido, y han servido para abonar también en otras direcciones, porque fortalecen el tejido social del país y contribuyen a la paz y la justicia, la dignidad y el respeto, pero, sobre todo, la igualdad de las mujeres y los hombres de todo el territorio nacional.

De la hermandad y de la igualdad debe surgir la fuerza vital que mueva a nuestros pueblos hacia una nueva etapa de desarrollo que sirva para impulsar y coadyuvar al progreso del país.

Con dignidad pero con esperanza, el Congreso de México tiene la oportunidad de tomar en sus manos el destino de México y trabajar con el Poder Ejecutivo una nueva era de cambio y de esperanza.

En ese sentido, mi propósito desde el Legislativo ha sido llevar al ámbito de la realidad los fundamentos constitucionales mediante la aplicación de políticas públicas que reconozcan la añeja deuda social y política que todavía subsiste con los grupos sociales menos favorecidos, entre ellos, las mujeres, los grupos indígenas, las comunidades urbano-marginales y todos aquellos que son sujetos de discriminación por el color de su piel, lengua, credo, raza, estatus social o preferencia sexual, ideológica o política.

Somos un país joven, con una democracia en ciernes y nos atrevemos a desafiar al destino proponiendo nuevas políticas públicas para saldar la deuda histórica con las mujeres, los pueblos indígenas, los excluidos y los pobres entre los pobres. Somos un pueblo con rostro indígena, pero también somos mexicanos y como tales queremos el mismo derecho y la misma posibilidad de crecer y desarrollarnos.

Los indígenas somos mexicanos y como mexicanos pensamos que Benito Juárez tenía razón cuando afirmaba: “El primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley; la felicidad común debe ser su norte, e iguales los hombres (y las mujeres) ante su presencia, como lo son ante la ley”.• e n e r o 2014 MÉXICO SOCIAL

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COLABORACIÓN ESPECIAL

MANUEL DE J. CAMPA G. Especialista certificado “In Tempore” por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (U.V.) desde 1966; fue Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz de 1999 a 2008.

Planificación familiar y salud reproductiva: piedras angulares del desarrollo

D

esde principios de los años sesenta del siglo pasado se integró a nivel mundial la Federación Internacional de Planificación de la Familia, en inglés International Planned Parenthood Federation (ippf). Con la con-

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vicción de que la planificación familiar es un derecho humano fundamental y de que el equilibrio entre la población del mundo y sus recursos naturales y de su productividad es condición necesaria para la felicidad, la prosperidad y la paz, la ippf propugna:

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

a) Incrementar la educación de los distintos países del mundo en materia de planificación familiar y paternidad responsable, con el interés de lograr el bienestar familiar y de la comunidad, además de las buenas relaciones internacionales

b) Aumentar la comprensión de las personas y los gobiernos respecto a los problemas demográficos de sus propias comunidades y del mundo c) Alentar la educación en materia de población, sexual y consejo matrimonial e n e r o 2014 MÉXICO SOCIAL

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COLABORACIÓN ESPECIAL

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

La subordinación de las mujeres y su falta de autonomía en la toma de decisiones son barreras para el conocimiento y la adopción de métodos anticonceptivos

d) Estimular la investigación científica apropiada en los temas siguientes: las consecuencias biológicas, demográficas, económicas, eugenésicas, psicológicas y sociales de la fertilidad humana y la forma de regularla; métodos de anticoncepción, fecundidad, subfecundidad y esterilidad; y reunir y dar a conocer los resultados de tales investigaciones e) Estimular y ayudar a la formación de

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asociaciones de planificación familiar en todos los países f) Estimular y alentar la planificación familiar en todos los países por medio de otras organizaciones adecuadas g) Fomentar y organizar la capacitación de todo el personal profesional, o sea: médicos, personal sanitario, educadores, trabajadores sociales y de desarrollo comunitario para poner en práctica los objetivos de la ippf

Las inequidades en salud que todavía caracterizan a nuestro país solo pueden

resolverse a través de los esfuerzos coordinados de todos los sectores y por medio de políticas de población, desarrollo, educación y salud h) Organizar sesiones de trabajo, seminarios y conferencias regionales e internacionales i) Tomar todas las medidas adecuadas para promover los objetivos enunciados.

Así, en 1960 se crea en la Ciudad de México, una Asociación denominada inicialmente “Para el Bienestar de la Familia”, y posteriormente “Pro-Salud Maternal”.

Este fue el primer servicio organizado para ofrecer planificación familiar y durante algunos años el único. La primera clínica de Planificación Familiar se estableció en el entonces Hospital de Enfermedades de la Nutrición hacia finales de 1965, cuando en México privaba una actitud pronatalista en el gobierno y en algunos sectores de la sociedad. El mismo año se formó una organización civil, la Fundación para Estudios de la Población, que en 1983 cambió a Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C. (mexfam).

A partir de 1967 se inician en el imss las primera acciones de protección anticonceptiva anteriores a la política oficial de población, con carácter de investigación medica sobre la regulación de la fecundidad.

Transcurrieron más de 15 años de la creación de la ippf, para que el Consejo Nacional de Población el 28 de Octubre de 1977 en Palacio Nacional llevara a cabo su ix Sesión para someter a la consideración del Presidente de la República el Plan Nacional de Planificación Familiar del Sector Salud, el cual fue aprobado, señalando que el aumento de la población debe adecuarse

al desarrollo socioeconómico del país para que sea racional, creándose una Coordinación Nacional del Programa de Planificación Familiar, dependiendo administrativamente del imss, y estableciendo como Meta Nacional el reducir el Crecimiento Demográfico.

Para 1978 ya estaba formado el Voluntariado de Planificación Familiar, dependiente del Voluntariado Nacional que presidía la esposa del Presidente de la República.

Con la aplicación de este Programa se disminuyó la Tasa de Crecimiento Demográfico de 3.2% a finales de 1976 a 2.4% a fines de 1982, año en que se suprimió la Coordinación Nacional del Programa.

Para esas fechas se publicó el libro “La Revolución Demográfica en México 19701980”, con textos en castellano y en inglés.

En marzo de 1983, The Population Institute de la ciudad de Nueva York publicó en relación con este libro: “Se trata de un documento verdaderamente impresionante que acaba de editarse en México y debe interesar a los oficiales gubernamentales y a los lideres de los medios masivos de comunicación que colaboran en las campañas demográficas”; “la Revolución Demográfica es un término apto para un país que ha visto bajar su tasa de natalidad a un ritmo más acelerado que casi cualquier otro país en la historia. Es importante recordar que México mantuvo una política pronatalista hasta 1972”.

En 1983 desaparece la Coordinación Nacional del Programa de Planificación e n e r o 2014 MÉXICO SOCIAL

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COLABORACIÓN ESPECIAL

Todas las personas tienen derecho a estar informadas y tener acceso a métodos de regulación de la fertilidad seguros, eficaces y

asequibles, así como a disponer de servicios accesibles de planificación familiar y salud pública Familiar, pasando el programa nacional a las instituciones de salud ssa, imss e issste, las cuales se encargaron de su elaboración y aplicación.

La Ley General de Salud es publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1984 mencionando los Servicios de Planificación Familiar. En 1993 se dio a conocer la Norma Oficial Mexicana 005-SSA2-1993, de los Servicios de Planificación Familiar con el objetivo de uniformar los criterios de aplicación, políticas y estrategias para la prestación de los Servicios de Planificación Familiar en México.

En 1995 se reformó el sector salud, adoptando más medios gubernamentales dirigidos a descentralizar dicho sector, creándose las Jefaturas Estatales de Salud.

Como resultado de las conferencias de población que se realizaron a partir de 1990, las más importantes han sido: sobre medio ambiente y desarrollo, en Río de Janeiro (1992); la mundial sobre Derechos Humanos en Viena (1993); la internacional sobre población y desarrollo en El Cairo (1994); y la iv conferencia mundial sobre la mujer, en Pekín (1995), donde surgió el concepto de Salud Reproductiva.

En estas conferencias se abordaron las temáticas que se focalizaron principalmente en grandes temas como la reproducción y los derechos relacionados con ella; los problemas sanitarios y la sexualidad; la planificación familiar, la libre elección y el perfil de los servicios de anticoncepción; la familia y su función social; los grupos a quienes se dirige el programa y finalmente los actores responsables de poner en práctica las recomendacio-

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nes. Estas dimensiones en el plan teórico dan lugar al surgimiento del concepto de Salud Reproductiva como producto del replanteamiento de los efectos de los programas de acción aplicados con anterioridad y frente al nuevo entorno de la globalización.

Según la Organización Mundial de la Salud (oms), ésta es el estado de bienestar físico, mental y social, en los aspectos relativos a la sexualidad y la reproducción en todas las etapas de la vida. No es, por tanto, una ausencia de enfermedades o dolencias. La salud reproductiva implica que las personas puedan tener una vida sexual segura y satisfactoria, la capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuando y con qué frecuencia (derechos reproductivos). Tanto el hombre como la mujer tienen derecho a estar informados y tener acceso a métodos de regulación de la fertilidad seguros, eficaces y asequibles, así como a disponer de servicios accesibles de planificación familiar y salud pública que permitan la adecuada asistencia profesional a la mujer embarazada y permitan que el parto se produzca de forma segura y garantice el nacimiento de hijos sanos.

La Salud Reproductiva no abarca solamente la planificación familiar y la anticoncepción, sino que tiene un campo de acción más amplio en la vida familiar y el desarrollo humano. Incluye la educación sexual; la maternidad sin riesgo; el control de las infecciones de transmisión sexual; la atención de las complicaciones del aborto; la incorporación de la perspectiva de género; y la presencia de violencia de género.

De acuerdo con la oms, la salud reproductiva es la piedra angular del desarrollo humano, tanto individual como social.

Equidad de género Un aspecto que es indispensable tomar en cuenta para enfrentar de manera adecuada y efectiva los aspectos relacionados con salud sexual y reproductiva es la perspectiva de género en la salud. A lo largo de la historia se han justificado como “naturales” muchas de las diferencias que se observan cotidianamente en la distribución de tareas, derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, y que han colocado a las mujeres en una situación de subordinación, incorporándolas a las costumbres y tradiciones de cada cultura y grupo social. Sin embargo, la realidad es que están determinados socialmente los papeles entre ellos; en el caso de la salud y las relaciones de género tienen impactos negativos en las mujeres, pues la subordinación y la falta de autonomía en la toma de decisiones se constituyen en barreras para el conocimiento y la adopción de métodos anticonceptivos.

Las inequidades en salud que todavía caracterizan a nuestro país por causas geográfica; cultural; étnica; socioeconómica; edad; género o discapacidad solo pueden resolverse a través de los esfuerzos coordinados de todos los sectores y por medio de políticas de población, desarrollo, educación y salud.

Durante más de dos decenios la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (usaid) brindó a México asistencia en sus programas de población, planificación familiar y salud reproductiva. Entre 1992 y 1999 fue el último periodo en que prestó dicha asistencia a instituciones del sector público, así como a dos organizaciones del sector privado: la Fundación Mexicana para la Planeación familiar (mexfam) y la Federación Mexicana de Asociaciones Privadas de Salud y Desarrollo Comunitario (femap). mexfam es la filial mexicana de ippf fundada en 1965 con sede en México DF; la fundación disponía en 1999 de 35 centros en 25 entidades federativas.

En 2003 el Programa Mujer y Salud de la Dirección General de Salud Reproductiva se

integró en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quedando bajo su responsabilidad todos los programas que dichas áreas venían desarrollando. Sus atribuciones: proponer políticas nacionales en materia de Salud Reproductiva, incluyendo Planificación Familiar, Carcinoma Cervico-uterino y Mamario; de Atención Materno-Infantil; de Salud Perinatal; de Equidad de Género; y de Prevención y Atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres como un problema de salud pública, y evaluar su impacto. Asimismo, propone modificaciones al marco jurídico con el propósito de eliminar toda forma de discriminación por razones de género, así como combatir la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y garantizar el respeto a los derechos sexuales y reproductivos.

El Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción para 2007-2012, actualmente en aplicación, tiene como misión: contribuir a mejorar la salud de la población a través de la incorporación de la perspectiva de género en programas y acciones del sector salud, así como de la salud sexual y reproductiva, con pleno respeto a los derechos humanos y la visión de ser una organización de referencia en materia de equidad de género y de salud sexual y reproductiva, con reconocimiento nacional e internacional; caracterizada por una alta competencia técnica y profesional; fundamentada en las evidencias científicas, las mejores practicas y necesidades de salud de la población; con un sentido humanitario y compromiso social; y con capacidad propositiva e innovadora, incluyente y abierta a la participación de la sociedad civil.

La aplicación de este programa desde sus inicios es una de las prioridades de nuestro sistema de atención a la salud en todo el país. Para darle cumplimiento es necesario conocer nuestra compleja dinámica demográfica y personal entrenado con mística de servicio. El reto es hacerlo llegar a los sitios donde las condiciones de pobreza se manifiestan con mayor intensidad, en particular a las y los jóvenes. Así como el conocimiento del marco económico, social, cultural y político en donde opera la familia en sus pautas reproductivas.•

EL DATO Salud reproductiva Es el estado de bienestar físico, mental y social, en los aspectos relativos a la sexualidad y la reproducción en todas las etapas de la vida, e incluye: los derechos reproductivos; la educación sexual; la maternidad sin riesgo; el control de las infecciones de transmisión sexual; la atención de las complicaciones del aborto; la incorporación de la perspectiva de género; y la presencia de violencia de género

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COLABORACIÓN ESPECIAL

AÍDA IMELDA VALERO CHÁVEZ Doctora en Educación, Maestra en Educación Superior y Licenciada en Trabajo Social. Es Profesora Titular C de Tiempo Completo en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Sus principales líneas de investigación son problemas sociales de la Ciudad de México; e Inseguridad y Victimología, determinantes sociales de la salud. Es decana del H. Consejo Técnico y ha sido distinguida con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz y Cátedra José Vasconcelos.

¿Existen, se otorgan, se exigen?

El acceso de los mexicanos a los derechos sociales ha sido una aspiración que no ha logrado convertirse en una realidad para vastos sectores de la sociedad mexicana; para asegurar su vigencia, estos deben tener carácter de exigibilidad

L

os derechos sociales se sustentan en la búsqueda de la igualdad social y en proporcionar oportunidades a los ciudadanos que les permitan el acceso a los medios necesarios para tener condiciones de vida dignas. La sociedad se sirve del Estado para la satisfacción de sus necesidades, y cuando la sociedad ha impuesto al Estado la obligación de servirle es cuando ha logrado elevar sus derechos al marco legislativo, surgiendo entonces el derecho social.

En 1917 fue cuando el Derecho Social se convirtió en norma jurídica fundamen-

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MÉXICO SOCIAL

tal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta se crearon por primera vez los derechos sociales para los campesinos y los trabajadores, quedando plasmados en los Artículos 27 y 123, naciendo así el Derecho Social Positivo, el cual fue incorporado en el Tratado de Paz de Versalles de 1919 y en las constituciones de diversos Estados (Trueba, 1979).

El Derecho Social ha sido, desde su nacimiento, el gran equilibrador de las desigualdades sociales y por ello el instrumento de estabilidad política de que se han valido los gobiernos para mantenerse en el poder; en la medida en que los sectores de

la sociedad que caen bajo sus disposiciones vean disminuidos, formal y materialmente, las garantías que se les otorgan y que obtuvieron mediante la lucha, existirá el riesgo de verse obligados a continuar la misma, pero adoptando medidas que trasgredan el orden establecido, toda vez que éste los oprime, les coarta la posibilidad de desarrollo (Dávalos, 2000).

Los derechos sociales son: derechos a prestaciones en sentido estricto, que consisten en “derechos del individuo frente al Estado a algo que –si el individuo poseyera medios financieros suficientes y si encontrase en el mercado una oferta suficiente– podría obtenerlo también de particulares” (Dávalos, 2000).

La rama del derecho social nace en el derecho público a partir de los cambios en las formas de vida. Su objetivo es ordenar y corregir las desigualdades que existen entre las clases sociales, con la intención de proteger a las personas ante las distintas cuestiones que surgen en el día a día.

En torno al surgimiento del Estado Social confluyen las siguientes circunstancias: a) el individuo es incapaz de satisfacer por sí solo, o con la ayuda de su entorno más inmediato, sus necesidades básicas; b) surgen riesgos sociales que no pueden ser enfrentados por vías tradicionales, basadas en la responsabilidad individual; c) se desarrolla la convicción de que el Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar a todos los ciudadanos un mínimo de bienestar.

Los derechos sociales son los que humanizan a los individuos, sus relaciones y el entorno en el que se desarrollan. Son garantías de la igualdad y la libertad reales, pues la libertad no es posible si es imposible ejercerla por las condiciones materiales de existencia. Inspirados en postulados de justicia, los derechos constituyen el orden institucional encargado de regular los comportamientos humanos en sociedad.

Se trata, por lo tanto, de un conjunto de normativas que permiten resolver los conflictos sociales.

Los derechos sociales son aquellos que se le garantizan universalmente a cada individuo; son un equivalente a los derechos humanos. Estos son de alguna manera los derechos que humanizan a los individuos, a sus relaciones y también al entorno en el cual se desarrollan. Entre ellos se destacan los siguientes: derecho a un empleo, a un salario, a la protección social, en caso de necesitarlo, derecho a la jubilación, a un seguro de desempleo, bajas laborales por maternidad, enfermedad, accidentes laborales, entre otros, derecho a una vivienda, a la educación, a la sanidad, a un ambiente sano y saludable, a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública.

Para otros los derechos sociales se derivan directamente de los Derechos humanos o naturales, en el sentido que son facultades o derechos inherentes a todo ser humano, por lo tanto anteceden y prevalecen sobre (son implícitos en) cualquier

En muchas ocasiones se

jerarquiza el disfrute de los derechos sociales, por lo que no se asegura el acceso de toda la población al desarrollo social bajo los principios de libertad, justicia distributiva y equidad

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COLABORACIÓN ESPECIAL

LOS DERECHOS SOCIALES SON: • Un empleo y acceso al salario digno • Protección social en casos de necesidad (jubilación, seguridad social, desempleo, bajas laborales por enfermedad, maternidad o paternidad, accidentes laborales) • Vivienda • Educación • Sanidad • Medio ambiente saludable, acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública • Alimentación y soberanía alimentaria

Fotos: cortesía de EXCÉLSIOR

LAS VARIABLES ASOCIADAS A ESTOS DERECHOS SON: • Educación: asistencia a la escuela y nivel educativo obligatorio.

• Salud: acceso a servicios de salud • Seguridad social: población económicamente activa, servicios médicos, incapacidad, jubilación, pensión, entre otros • Alimentación: inseguridad alimentaria • Vivienda: material de pisos, techos y muros, nivel de hacinamiento • Servicios de vivienda: agua, drenaje, electricidad y combustible para cocinar

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Hay que fortalecer a las instituciones y vigilar que sus programas

sociales no caigan en populismos ni irresponsabilidad en el manejo de la economía

otro compromiso, consecuentemente, son derechos que ninguno puede perder o conceder. Su principal y gran misión es la de ordenar y corregir las desigualdades que existen entre las clases sociales con el claro objetivo de proteger a las personas ante las diferentes contingencias que pueden ir surgiendo en el día a día.

Actualmente, los mecanismos para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país se ven reflejados entre otros en la Ley General de Desarrollo Social, cuyo objetivo principal es garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social, bajo los principios de libertad, justicia distributiva, solidaridad, integralidad, participación social, sustentabilidad, respeto a la diversidad, Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades y transparencia (Diputados, 2004).

Sin embargo, a pesar de este objetivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó una sentencia a favor del Ejecutivo Federal relacionada con la controversia en torno a la aplicabilidad de los derechos sociales, presentando el siguiente argumento:

“Que la Constitución establezca que los derechos sociales deben tener un alcance general no significa universalizar en la implementación de todos y cada uno de los mismos. La pretendida obligación de prever el acceso universal a la totalidad de los derechos sociales con exclusión de las políticas focalizadas, haría impracticable la política pública del Estado en relación a los grupos más marginados de la sociedad. (…) Llevado al absurdo, el argumento haría superflua la definición misma de pobreza, ya que no solamente los derechos de aplicación universal, sino que la totalidad de los programas de desarrollo tendrían que ser para todos sin poder distinguir entre grupos o personas para su asignación.

“Con esto no quiere decirse en ningún sentido que los derechos sociales son derechos programáticos, ya que sí establecen una obligación específica al Estado; sin embargo, estos derechos no excluyen la prioridad de los grupos más desaventajados frente a los menos desfavorecidos (…)

“La Constitución en materia de derechos sociales es, por tanto, un complejo entramado normativo que conjunta las obligaciones prestacionales del Estado con la concurrencia y coordinación de las sus facultades en materia e n e r o 2014 MÉXICO SOCIAL

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financiera y presupuestal, lo cual, si bien no vacía de obligatoriedad a los derechos sociales ya que los mismos mantienen su exigibilidad frente al ciudadano, si permite que se jerarquice y se establezcan prioridades para su asignación en materias específicas dependiendo de las necesidades particulares de los ciudadanos para alcanzar un nivel general de bienestar al cual se encuentra obligado el Estado”.

Lamentablemente observamos que en muchas ocasiones a la luz de nuestro entendimiento supedita el disfrute de los derechos sociales para todos los ciudadanos, ya que permite que se jerarquice y se establezcan prioridades para su asignación, por lo que no asegura el acceso de toda la población al desarrollo social bajo los principios de libertad, justicia distributiva y equidad.

La cuestión social y los derechos sociales en México

REFERENCIAS: I. CONEVAL. (2013). Mrdiciòn de la pobrea 2010. México.

II. Davalos, J. (2000). Derecho de los menores trabajadores. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. III. Diputados, C. d. (20 de Enero de 2004). Ley General de Desarrollo Social. Diario Oricial de la Federaciòn.

México, Distrito Federal, México: Talleres Gràficos de la Nación.

IV. Fuentes, M. L. (2011). La cuestion social en Mèxico. Revisiòn y Alterntivas. México: Instituto de Investigaciones Jurìdicas de la UNAM. V. Iamamoto, V. M. (1997).

Swervicio Social y Divisiòn del Trabajo: Un anàlñisis crìtico de sus fundamentos. Rio de Janeiro.

Brasil: Cortes Editora.

VI. Peña, N. E. (2013). Plan Nacional de Desarrollo.

Presidencia de la RepúMèxicoblica.

VII. Trueba, U. A. (1979). Derecho Socialo Mexicano. México: Porrua.

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Los indicadores de carencia social nos permiten distinguir los elementos mínimos o esenciales sin los cuales no se pueden ejercer los derechos sociales definidos por la ley como lo son el rezago educativo, carencia por acceso a la seguridad social, carencia por calidad y espacios de vivienda, carencia de acceso a los servicios básicos en la vivienda y carencia por acceso a la alimentación.

En un breve diagnóstico en torno a la cuestión social hoy en nuestro país, encontramos que aumentó el trabajo precario, informal y sin prestaciones, lo que provocó que durante 2010 y 2012 se detonaran los bajos ingresos y que tres de cada cinco mexicanos no tuvieran acceso a la seguridad social (coneval).

Como nos indica Mario Luis Fuentes, la cuestión social de hoy exige del replanteamiento de la estructura institucional, de sus funciones y de su organización interna, con el propósito de construir una nueva serie de alternativas al Estado de Bienestar y es precisamente ese debate el que no se ha dado y que hay que impulsar, y con la mayor urgencia, en nuestro país (Fuentes, 2011).

El acceso de los mexicanos a los derechos sociales ha sido una aspiración que no ha logrado convertirse en una realidad para vastos sectores de la sociedad mexicana; para asegurar su vigencia, estos deben tener carácter de exigibilidad, para ello es necesario crear en la ciudadanía una auténtica cultura de derechos sociales, para que estos sean concebidos como derechos y no como dádivas.

Asimismo, es preciso fortalecer a las instituciones y vigilar que sus programas sociales no caigan en populismos que pretendan solucionar los conflictos sociales con demagogia vinculados a intereses partidistas, e irresponsabilidad en el manejo de la economía.

Resulta prematuro negar que el Estado mexicano logre un “México Incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos”, que el Ejecutivo Federal planea en su Plan Nacional de Desarrollo, al señalar que debe irse más allá del asistencialismo, que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la más amplia participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía. Se propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva. (Peña, 2013).

En tanto la Agenda Social sigue en espera de acciones efectivas que logren al menos aminorar los lacerantes efectos de una sociedad desigual, excluyente, individualista, que se polariza en dos grandes visiones de la realidad nacional.•

VIVIENDA

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Desde el 23 de abril de 2013, México Social llegó a la televisión para consolidarse como un espacio donde los grandes temas de la cuestión social son analizados por expertos, miembros de la academia, investigadores de institutos y universidades, funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil y de organismos internacionales, quienes, a través de un extenso diálogo con Mario Luis Fuentes, presentan diagnósticos y generan propuestas para la construcción del país justo y equitativo que queremos y un Estado social de pleno derecho.

En 2014 inicia la segunda temporada del programa a través de Canal Once, cada martes a las 22:00 horas.

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DR. ROLANDO CORDERA CAMPOS Coordinador Académico del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM el diagnóstico

“En México existe el derecho a no ser pobre, el derecho a no ser vulnerable, el derecho a no tener hambre, y el encargado de asegurar que esto se cumpla es el Estado, pero si vemos el discurso que en éste se ha impuesto los últimos 30 años, así como el comportamiento y las actitudes de los responsables del gobierno y las políticas mismas, tendríamos que convenir que el Estado realmente no es un Estado a la altura del mandato de la Constitución” “Hemos logrado una democracia representativa, mala o buena, con elecciones más o menos libres y más o menos equitativas; sin embargo, los poderes cambian, pero no hay un subsuelo de ciudadanía, de mexicanos conscientes de sus derechos, y, consecuentemente, tampoco tenemos una masa social consciente de sus obligaciones”

programa: “¿En dónde estamos en lo social?” transmitido por canal 11 el día

23 de abril de 2013 @CanalOnceTv www.canalonce.mx

“No detectamos a tiempo que México estaba cambiando aceleradamente en su demografía para dejar de ser disperso, pequeño y medio rural, y volverse un país urbano muy concentrado, grande, cada vez con menos niños, en términos relativos, y cada vez más jóvenes y adultos jóvenes. Un cambio demográfico formidable, promisorio, pero que se plasma en una juventud muy estratificada y muy desalentada que en grandes porciones quizá esté generando actitudes anómicas, es decir, de no reconocimiento e incluso de enfrentamiento a las normas para la convivencia” las propuestas

“Tiene que asumirse como compromiso del Estado y no de una Secretaría el tema social y desde ahí diseñar estrategias y políticas focalizadas, en un contexto de universalización progresiva de derechos” “Hay que crecer económicamente, pero para crecer necesitamos cambiar la perspectiva, cambiar el modelo. El tema del crecimiento y la equidad debe verse como un compuesto: no funciona primero crecer para que haya equidad, y tenemos que empezar a cambiar la política económica para que la política social recupere la dignidad que ha perdido” “Tenemos que asumir que fuimos demasiado lejos privilegiando al mercado como mecanismo generador de ingresos, de productividad, de inversión, de crecimiento y de bienestar; tenemos que reconocer que no es así y que el mercado per se no genera tanto bienestar como se requiere, porque el mercado per se genera desigualdad y concentración, incluso para funcionar bien. Tiene que entrar el Estado como promotor de un nuevo tipo de formas de distribución, en un contexto real de acción institucional sólida y sostenida que solamente pueden hacer los Estados modernos, tenemos que plantearnos una forma de combinar estos grandes vectores de toda sociedad moderna” •

programa completo en:

http://www.oncetv.mexicosocial.org/en_donde_estamos_en_lo_social/

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LIC. ALFONSO NAVARRETE PRIDA Secretario del Trabajo y Previsión Social

el diagnóstico programa:

“El mundo del trabajo” transmitido por canal 11 el día

21 de mayo de 2013 @CanalOnceTv www.canalonce.mx

“El mundo del trabajo, lo que mueve al país, son 48 millones de mexicanos, y 60% de ellos son trabajadores informales, lo que significa que cada vez que el país camina diez pasos avanza cuatro, porque trae tras de sí una carga de personas que no pagan impuestos y que no son beneficiarios de seguridad social formal ni de prestaciones” “Una tasa de desocupación abierta del 4.9% al 5.1% esconde cifras engañosas, porque hay otros 8 millones de mexicanos que tienen un empleo precario, no remunerador o donde trabajan muchas horas de más a cambio de un salario muy bajo” “El país no ha tenido la capacidad para crecer en la misma medida que su población se incorpora a las actividades productivas y va siempre teniendo un rezago de mexicanos que no tienen un empleo formal, un empleo digno, y que pasan al subempleo y a la informalidad” “En los últimos 30 años el salario mínimo virtual ha perdido el 78% de su poder adquisitivo.

No puedes elevar el salario si no tienes garantizado que eso está sustentado en un nivel de crecimiento económico que el país no ha tenido” “La inequidad en términos laborales, que es una forma de discriminación, sigue siendo un padecimiento grave. En el caso de género, dependiendo del sector, las mujeres reciben del 30% al 40% menores ingresos haciendo un trabajo igual que los varones. Lo mismo sucede con las personas con discapacidad y con los jóvenes” las propuestas

“Hay que aplicar la ley y tener políticas claramente incluyentes, así como programas de carácter cultural que cambien la mentalidad de la población en general, para ayudar a que nuestra economía sea más equitativa, crezca más y distribuya mejor el ingreso entre la población” “El Estado debe tener una política claramente identificada con la población que no ha completado la educación obligatoria, para brindarle la oportunidad de continuar un estudio o generarles capacitación y certificación de habilidades” “Todos los esfuerzos de la Secretaría están avocados a una función específica, que es verificar las condiciones del trabajador, y ayudar en el tránsito de la informalidad hacia la formalidad en el empleo” “Si sacamos las reformas estructurales que el país requiere (Financiera, Hacendaria y Energética) y tenemos oportunidad de crecer a tasas superiores al 5%, con buena capacitación y metiéndonos a las cadenas de valor en materia de productividad, México está perfectamente en condiciones de crecer y dar más de un millón de empleos por año” •

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programa completo en:

http://www.oncetv.mexicosocial.org/el-mundo-del-trabajo/

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C.P.C. JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ Auditor Superior de la Federación

el diagnóstico

“Hay controles (sobre el uso de los recursos), pero no existe un sistema efectivo y suficiente que dé los resultados esperados. Esto es muy importante, hablando de corrupción, ya que el sistema de control no sólo puede disuadir, sino prevenir, o evitar el desvío de recursos, y lo puede hacer en caso de ser más oportuno en su detección” “Actualmente no hay compatibilidad en fechas y contenidos con las cuentas públicas estatales y se complica, además, con las municipales mientras no se aplique el Sistema de Contabilidad Gubernamental a nivel nacional, y eso todavía va a tardar algunos años, en los que no tendremos cuentas públicas integrales”

programa: “Transparencia y rendición de cuentas” transmitido por canal 11 el día

18 de junio de 2013 @CanalOnceTv www.canalonce.mx

las propuestas

“En abril del año pasado fue aprobada por la Cámara de Diputados una propuesta (cuya minuta se encuentra en la Cámara de Senadores para ser analizada y aprobada) para modificar la Constitución y hacer adecuaciones que nos permitan ser más útiles, más oportunos. En primer lugar proponemos que la cuenta pública no sea hasta el 30 de abril del año siguiente al que corresponde el gasto, sino que se recorra y estemos por lo menos al 28 de febrero” “Adicionalmente, estamos proponiendo poder iniciar las revisiones preliminares antes del cierre del ejercicio, cuando ya hay cortes al segundo, tercer semestre; podemos avanzar aunque sin emitir resultados, sin emitir juicios, porque faltaría terminar el ejercicio” “También se encuentra la petición para que la Auditoría Superior pueda iniciar la revisión de la Cuenta Pública del año que terminó al siguiente día hábil de enero. Esto nos va a permitir que entreguemos el informe con mayor oportunidad, antes de que esté el periodo de revisión del presupuesto de egresos” “Se menciona también el reconocimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, que es una coordinación entre todos los que participamos en la fiscalización, en donde los titulares de los órganos de fiscalización superior tengan un perfil académico, de experiencia y ética reconocidas. Se evitarían duplicidades y se aseguraría una cobertura mejor identificada a nivel nacional, usando las mismas normas técnicas reconocidas internacionalmente, y divulgando las mejores prácticas, con programas de capacitación y certificación de conocimientos” “Es necesario tener gente competente que pueda hacer investigaciones oportunas para identificar y ayudar a que aquellos que tengan intención de usar indebidamente los recursos no lo hagan; pero, sobre todo, que quienes ejerzan los recursos sean honestos, que haya mejores pruebas de confianza cuando se incorpora personal al servicio público manejando recursos” • programa completo en:

http://www.oncetv.mexicosocial.org/transparencia-y-rendicion-de-cuentas/

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DR. FERNANDO CORTÉS Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores

programa:

“Población y Cuestión Social” transmitido por canal 11 el día

9 de julio de 2013 @CanalOnceTv www.canalonce.mx

el diagnóstico

“Los tamaños de población se obtienen cuando se aplican los censos, pero en los años intermedios hay que hacer estimaciones, y esto implica una serie de procedimientos que no están totalmente estandarizados: tenemos que usar registros administrativos que no son de muy buena calidad y muestras que a su vez dependen de los datos censales para hacer las estimaciones y el cálculo de la población año por año” “No hay un solo resultado, porque estos dependen de las fuentes y de los métodos que uno utilice para la medición; varios investigadores pueden encontrar respuestas consistentes de cuál es el tamaño de la población, pero son distintas entre sí” “La política de población tal vez es la única política de Estado que ha tenido el país desde el año 1974; una política fuerte y exitosa que empieza a titubear en el momento en que hay un cambio de régimen político. La alternancia en el año 2000 lleva al poder a sectores que, o están en franco desacuerdo con la regulación del crecimiento de la población y el control natal, o bien consideran que no es un problema relevante para el Estado” “Pareciera que el Conapo se ha debilitado, ya no están las grandes figuras de la demografía al frente de la institución, que siempre había sido dirigida por gente que tenía una visión clara del papel de la población en el desarrollo del país. En los últimos tiempos se ha desdibujado, lo que revela la poca importancia que se le está dando al tema” “Las cifras de pobreza son muy importantes, porque si bien estos cambios en las mediciones de la población no afectan las proporciones, sí afectan los volúmenes y los programas sociales tienen como población objetivo volúmenes de pobres” las propuestas

“Tenemos que entrar mucho más en detalle para saber efectivamente qué está pasando con las dinámicas demográficas, ya no sólo a nivel estatal, ni siquiera a nivel municipal: los programas sociales se plantean a nivel localidad. Estamos en una etapa en que sabemos mucho, pero que falta muchísimo más por conocer en profundidad” “Para Conapo lo que habría que hacer es idear un organismo asesor con una legitimidad que imponga los resultados, como en el caso de la Sedesol, cuando en la alternancia se convocó a un Comité Técnico para establecer una metodología para la medición de la pobreza” “Se debe abrir la discusión, y que entren la academia y los funcionarios de gobierno; que se evalúen las distintas formas de resolver el problema y se genere el método mexicano para conciliar y hacer las estimaciones poblacionales, y que sea claro cuál es el método, que sea general, y que si se tiene la información, se pueda reproducir” •

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programa completo en:

http://www.oncetv.mexicosocial.org/poblacion-y-cuestion-social/

México Social TV

MTRO. JOSÉ WOLDENBERG KARAKOWSKY Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM

el diagnóstico

“Las fuentes fundamentales del malestar y el desafecto con los partidos y con los Congresos están en el no crecimiento de la economía; en el deterioro de las condiciones de vida materiales; en la desigualdad y en la enorme franja de pobreza que existe en México” “Tenemos un déficit de comprensión de lo que es la democracia, que es un régimen de gobierno que intenta que la diversidad política que existe en un determinado país pueda expresarse, recrearse y contender de manera pacífica, institucional y con la participación de la gente”

programa: “Democracia y Desarrollo” transmitido por canal 11 el día

30 de julio de 2013 @CanalOnceTv www.canalonce.mx

“La democracia está acompañada de fenómenos de corrupción, de concentración de poder y de concentración de poder de los poderes fácticos que en muchos momentos actúan incluso por encima de las normas y los poderes constitucionales; esta es la agenda de déficits que tiene la germinal agenda democrática” “No hemos sido capaces de socializar el tránsito democratizador que pasó en México en las últimas décadas. Todo el mundo de la representación cambió de manera muy radical: hoy tenemos un pluralidad de partidos; elecciones competidas; fenómenos de alternancia; ejercicio de las libertades de manera más profunda; y los poderes constitucionales legislativo y judicial son contrapesos del Presidente de la República” las propuestas

“El gran tema es cómo, desde un democracia germinal, somos capaces de construir una sociedad más cohesionada, una sociedad menos desigual, menos polarizada, porque esa podrá ser la base para la reproducción de un sistema democrático” “Formalmente todos los mexicanos mayores de 18 años somos ciudadanos, pero la ciudadanía tiene que ver con la apropiación de los derechos y el ejercicio de esos derechos, y eso no se decreta, sino que es una auténtica construcción a través de la organización, la participación y la educación en materia de derechos y su ejercicio” “Para que una persona sea sujeto de derechos lo óptimo es que participe organizada con otros para poner sobre la mesa de la discusión sus reivindicaciones, su visión y sus intereses, y en ese terreno la sociedad mexicana ha construido una sociedad organizada muy débil e incluso polarizada” “Entre más fuerte sea la participación ciudadana, más fuertes serán las instituciones democráticas del Estado. •

programa completo en:

http://www.oncetv.mexicosocial.org/democracia-y-desarrollo/

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DR. GONZALO HERNÁNDEZ LICONA Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

programa:

“La nueva medición de la pobreza” transmitido por canal 11 el día

13 de agosto de 2013 @CanalOnceTv www.canalonce.mx

el diagnóstico

“En México es pobre quien sufre dos problemáticas económicas y sociales: quien gana menos de alrededor de 2,200 pesos por persona al mes y quien tiene una o más carencias sociales (educación; salud; seguridad social; alimentación; vivienda). En 2012 eran 53.3 millones de personas las que sufrían ambas. Quienes sufren la pobreza extrema son quienes tienen un ingreso aún menor y tres o más carencias sociales, ellos en 2012 fueron 11.5 millones” “En prácticamente cada municipio hay población en pobreza o en pobreza extrema. Aunque ciertamente en los estados del sur y sureste del país la concentración es mayor, en municipios urbanos de estados del norte también hay números altos de pobreza” “La población indígena tiene en general indicadores de pobreza más altos que la población en su conjunto: el 72% de los indígenas es pobre, mientras que el 45.5% de la población de todo el país lo es” “Las niñas, los niños y las y los jóvenes menores de 18 años son la población con más altos índices de pobreza: cerca del 53%; así que los jóvenes y los niños indígenas son una población muy pobre y muy vulnerable” “Es interesante entender las cifras de pobreza y desarrollo humano pensando que el país ha caminado lentamente en términos de generar ingresos y buenos empleos. A la población no le alcanza con sus ingresos laborales para adquirir la canasta alimentaria, sobre todo porque los precios de los alimentos han crecido más de lo que han crecido los ingresos de los mexicanos” las propuestas

“El Estado está comprometido al acceso efectivo a todas las mexicanas y los mexicanos de los derechos humanos, y si bien hemos avanzado en coberturas básicas, lo que nos falta -y mucho- es la calidad para que el derecho sea efectivo” “Es importante tener acuerdos para avanzar como país en cambios fuertes (reformas o cambios estructurales), porque pensar que a base de programas presupuestarios sociales y con transferencias es la forma de salir de la pobreza que estamos equivocados” “En las entidades en términos de política pública nos faltan muchos elementos de transparencia. Existen cerca de 2,300 programas sociales y no es fácil saber qué hace cada uno de ellos, pues la información que ponen los estados y los municipios a disposición de los ciudadanos es bastante restringida” “Que la evaluación y la medición que hace el Coneval logre cambiar la política social para mejorar implica estar en permanente contacto con los ciudadanos y las autoridades, incluyendo el Congreso, para tratar de que esta información tan valiosa se escuche y se tome en cuenta” •

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MÉXICO SOCIAL

programa completo en:

http://www.oncetv.mexicosocial.org/la-nueva-medicion-de-la-pobreza/

México Social TV

MTRO. OLAC FUENTES MOLINAR Catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional

el diagnóstico

“Tenemos muchas cosas que sobran y que estorban en la escuela. Hay demasiados contenidos, de temas que se consideran indispensables, pero que realmente son irrelevantes, existe muchísimo enciclopedismo superficial, y faltan ciertos contenidos para la vida de hoy que deberían estar incorporados” “Queremos una escuela que enseñe a pensar, a explorar, a desarrollar la curiosidad, y tenemos unas prácticas educativas que con mucha frecuencia matan la curiosidad, fomentan la memorización precaria y no desarrollan lo que es el fondo del asunto y que distingue a quien aprende bien y duraderamente y a quien no, que es entender lo que estás haciendo”

programa: “La calidad de la educación en México” transmitido por canal 11 el día

27 de agosto de 2013 @CanalOnceTv www.canalonce.mx

“pisa no trata de evaluar cuánta información recuerdas, sino qué puedes hacer mentalmente con las competencias que deberías haber adquirido (comprensión de lectura, resolución de problemas), y te dice mucho más que un examen como enlace, que te hace preguntas totalmente irrelevantes, y en este examen (pisa) nuestros resultados son muy malos sostenidamente desde el año 2000. Aproximadamente la mitad de los jóvenes registra entre el nivel más bajo y una proporción bajísima, del orden del 2%, en el nivel avanzado, cuando se considera que con los recursos que México destina se deberían estar obteniendo resultados por lo menos 30% más altos de los que se logran” las propuestas

“Es fundamental que el maestro tenga la competencia para priorizar lo fundamental y para desarrollar formas de trabajo con ello; ponerle el ritmo que fijan sus propios niños, con su diversidad y su grado de desarrollo; y trabajar sobre un conjunto de metas mucho más reducido, pero de grandes metas; generando un ambiente en el que los niños tienen claro por qué están haciendo las cosas y qué van a aprender” “Una exigencia fundamental de la mente humana es la de hacer sentido de lo que le piden que haga, y es bastante inútil carecer del sentido y hacerlo por disciplina, porque está en el programa, porque “cuando seas grande te servirá y le entenderás”. La comprensión no se puede postergar. Comprender debe ser uno de los ejes básicos de un nuevo proceso” “Los ejes fundamentales que deberían comprometer a toda la educación son el dominio y riqueza del lenguaje; entender el mundo; el trabajo con las representaciones y el pensamiento estadístico fundamental; e incorporar la recuperación de una capacidad que hemos perdido en la escuela, que es mirar la realidad externa; no todo está en los libros” •

programa completo en:

http://www.oncetv.mexicosocial.org/rezago-educativo/

e n e r o 2014 MÉXICO SOCIAL

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MTRA. ROSARIO ROBLES BERLANGA Secretaria de Desarrollo Social

programa:

“Las políticas del desarrollo social” transmitido por canal 11 el día

10 de septiembre de 2013 @CanalOnceTv www.canalonce.mx

el diagnóstico

“Desde el cambio del Ramo 26 al Ramo 33 se perdió mucha de la fuerza de Sedesol en la capacidad de conducir hacia dónde iban los recursos; los recursos que se les transfieren a los estados y a los municipios para este fondo de apoyo a la infraestructura social quedan a juicio de los presidentes municipales, y muchas veces no se destinan a atender las necesidades básicas de los propios municipios” “Nos enfrentamos con una falta de coordinación y concurrencia entre las dependencias federales; las dependencias vinculadas a la política social no se hablaban entre sí, y la falta de concurrencia generaba duplicidad de los padrones de beneficiarios y un escaso impacto de las acciones”.

“Los programas sociales que hasta ahora se han instrumentado y sobre todo la idea del subsidio, de la transferencia monetaria directa, han logrado contener, pero no transformar la condición de pobreza de la gente. Se han invertido billones de pesos para estas transferencias y, sin embargo, seguimos teniendo el mismo porcentaje de población en esta condición” las propuestas

“La Cruzada Nacional contra el Hambre protege al sector más vulnerable, que está en condición de pobreza extrema alimentaria, y se lleva a cabo en 400 municipios en función de ocho indicadores y cada Secretaría tiene su indicador: educación, salud, vivienda, economía, trabajo, agricultura, para que la vía productiva, que es lo que hemos planteado como política social de nueva generación, podamos construirlo a partir de este grupo de trabajo” “Hemos revitalizado enormemente la Comisión Nacional de Desarrollo Social, con la participación de los 32 Secretarios de Desarrollo Social. Todo este andamiaje institucional lo estamos construyendo al mismo tiempo que construimos un andamiaje desde abajo, en los municipios, en las asambleas de planeación participativa y en los comités que estamos construyendo con la gente en la localidad” “Tiene que haber crecimiento; con estas tasas no podemos combatir la pobreza, la podemos paliar y ‘administrar’ la conflictividad social que eso te implica, pero no estás resolviendo de fondo” “Tenemos la posibilidad de rediseñar los programas y en eso estamos, como es el caso de Oportunidades, rompiendo el mito de que las comunidades pobres sólo pueden vivir del subsidio; eso lo tenemos que erradicar” “Hay que modificar el Ramo 33 para que, si bien siga siendo un presupuesto ejercido por los estados y los municipios, sea en torno a los indicadores que queremos modificar, a estos derechos a los que queremos que la gente tenga acceso” •

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México Social TV

DR. MANUEL GIL ANTÓN Investigador del Colegio de México

el diagnóstico

“La sociedad mexicana ha generado una gigantesca tolerancia a la desigualdad, que es uno de los problemas que más nos impiden generar un proyecto de nación; y tenemos un sistema educativo que sigue a la letra la desigualdad social”

programa: “Educación Superior”

“Hoy la educación superior tendría que ser un bien público y un derecho, y no lo es no por falta de escuelas –que también hacen falta–, sino por falta de demandantes, y es que éstos, en el ‘tren educativo’, van siendo expulsados por la injusticia, la desigualdad y las peores condiciones sociales para los pobres”

8 de octubre de 2013 @CanalOnceTv www.canalonce.mx

transmitido por canal 11 el día

“Sigue siendo ventajoso haber tenido algún año de Universidad o haberla terminado, en términos del empleo que consigues y del ingreso, aunque ya no es aquél que tuvimos en las décadas de los cuarenta o los cincuenta. Antes con la licenciatura te ibas al empleo, ahora necesitas una maestría o un doctorado” “La cuestión social es la desigualdad, dado que a la hora de terminar la educación superior operan tres factores: no cuánto conoces, sino a quién conoces; no tanto la solidez de tu conocimiento, sino la ‘marca registrada’ de donde vienes; y la escasez de empleo” “La barbaridad hacia la informalidad, el encontrarte muchachos con estudios superiores que están vendiendo pilas en una esquina en el centro, nos habla de una inadecuación entre el sistema educativo y el aparato productivo, pero es que el aparato productivo es el que va a jalar al sistema educativo: por más que generemos físicos nucleares no vamos a hacer plantas nucleares” las propuestas

“Los universitarios necesitamos retomar el control de la regulación de nuestro oficio, aliarnos con las autoridades educativas; hacer, por ejemplo, de la anuies una institución que haga un análisis crítico de cómo nos hemos desarrollado y que le proponga al gobierno un plan de desarrollo más maduro” “O se modifica el modelo de desarrollo y de distribución del ingreso o el país no es viable, y ahí es donde la educación puede jugar, ya sea en paralelo o con cierto retraso, hacia la política de desarrollo” “Una propuesta de desarrollo de la educación superior, desde la anuies, puede pasar por recobrar las autonomías; recobrar la necesidad de reconocernos como profesionales de la educación; reconstruir el tejido social en las universidades; y empujar a nuestras autoridades a que nos digan por dónde ir. Los universitarios tenemos que hacernos agentes del cambio y la anuies es el recurso” •

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http://www.oncetv.mexicosocial.org/educacion-superior/

e n e r o 2014 MÉXICO SOCIAL

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DR. MIGUEL SZÉKELY PARDO Director del Instituto de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

programa:

“Programas de transferencia de ingresos” transmitido por canal 11 el día

3 de diciembre de 2013 @CanalOnceTv www.canalonce.mx

el diagnóstico

La federación debe de tener un papel más de planeación y definición de prioridades, de reglas del juego, de creación de programas, pero son los estados e incluso los municipios los que al estar más cerca de las necesidades de la población deberían tener un margen para decidir qué programas se aplican y cuáles no” “Las transferencias a los estados se habían dado de manera muy discrecional y se habían prestado a manejos muy poco claros de los recursos. La reacción a programas de transferencias condicionadas fue centralizar la selección de los beneficiarios, el tipo de beneficios, quitarle ese ámbito de discrecionalidad a los estados y municipios, pero a cambio se perdió la oportunidad de definir claramente reglas muy claras y atribuciones para los estados y municipios y la capacidad de la federación para penalizar a aquellos que no utilicen los recursos de manera adecuada” “El sector social, a diferencia de los de salud y educación, es un sector que tiene una institucionalidad mucho menor. Todavía no tenemos una política social como un derecho; y es todavía vista incluso como una dádiva de los gobernantes para la población” “La lógica de una transferencia monetaria, a diferencia de subsidiar un bien, es que, a final de cuentas, quien mejor sabe qué necesita es cada persona, y no necesariamente necesitan lo mismo. Cuando se da en especie, el problema es que eso genera muchas veces un mercado secundario y una serie de distorsiones” “Con un programa ligado a la asistencia escolar puedes aumentar el número de años de escolaridad de la población, pero, ¿están generándose los empleos para aprovechar toda esa inversión en capital humano?” las propuestas

“La mejor política social es la generación de actividad económica, empleos bien remunerados y condiciones dignas; esto es lo que realmente permite a un país cambiar las condiciones estructurales de su población” “La política social no es la solución del problema de bienestar del país, éste solamente se puede revertir con una política económica consistente que promueva la competitividad, la productividad y el crecimiento económico, en donde el papel de algunos programas sí puede garantizar que todos tengan las oportunidades” “Paradójicamente la discusión de la política social en México debe estar más en temas como la Reforma Hacendaria o la política laboral. La prioridad debe ser el crecimiento y los programas ser algo temporal que apoye a determinada población para asegurar que todos participen en el crecimiento” •

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