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Año 1 - No. 22, mayo de 2012, Precio: $35.00 m.n.

HOMENAJE A JORGE CARPIZO: José Narro 30

ELECCIONES 2012

El Auditor Superior de la Federación y Germán Pérez Fernández (UNAM) analizan las condiciones del proceso electoral México Social

@mexicosocialorg

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www.mexicosocial.org

Millones de niñas y niños mexicanos viven en condiciones de profunda desigualdad y rezago educativo, enfrentándose posteriormente a un mundo laboral precario en el que difícilmente podrán acceder a un empleo digno y estable

LAS DOS GRANDES CRISIS:

EDUCACIÓN Y TRABAJO

EN ESTE NÚMERO ERNESTO SABATO ADRIÁN DE GARAY JAVIER ALEJO

MANUEL GIL ANTÓN ROSALINDA MORALES ROSARIO GONZÁLEZ

NORMA SAMANIEGO LUIS IGNACIO ROMÁN MATEO LEJARZA


índice LA TRAGEDIA SILENCIOSA es una publicación del

LES QUIERO PEDIR A LOS JÓVENES QUE LEAN

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¿Derecho a la educación o acceso a un pupitre?

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EDUCACIÓN, FUNDAMENTO INSOSLAYABLE

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LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

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UNA EDUCACIÓN PARA TODOS

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CULTURA POLÍTICA: ¿CÓMO FORMAR CIUDADANOS?

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Confiar y Esperar

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HOMENAJE A JORGE CARPIZO

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DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

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LA FISCALIZACIÓN EN EL ENTORNO ELECTORAL

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GOBERNABILIDAD Y PROCESOS ELECTORALES Germán Pérez Fernández del Castillo

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Ernesto Sabato

Manuel Gil Antón

Mario Luis Fuentes Director General CONSEJO EDITORIAL Mario Luis Fuentes Jesús Kumate Rodríguez Rolando Cordera Fernando Cortés Carlos Rojas Gutiérrez Miguel Concha Javier Guerrero García Irasema Terrazas Enrique Provencio Durazo Jacobo Jasqui Amiga Marcela Rovzar de González Gustavo Gordillo Antonio Argüelles Saúl Arellano Almanza Director Editorial Laura Ilarraza Gálvez Coordinadora Editorial Ma.Teresa Lazcano Ahuatl Relaciones Públicas Jesús Mendoza Franco Edición electrónica DISEÑO Formato, Consultoría Visual www.formato.mx Fotos portada: Cortesía: Excélsior / Salomón Ramírez México Social es una publicación inscrita en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. http://pnmi.segob.gob.mx PRÓXIMO NÚMERO: ADICCIONES Y RIESGOS SOCIALES DE LA SEQUÍA

Francisco Javier Alejo Adrián de Garay

Rosalinda Morales (DGEI) Rosario González Rogelio Flores

Mario Luis Fuentes José Narro Robles

Jorge Carpizo McGregor (In memóriam) Juan Manuel Portal (ASF)

LA GRAN FRACTURA DEL EMPLEO

REVALORAR AL TRABAJO, AL TRABAJADOR Y A SUS ORGANIZACIONES

Mateo Lejarza

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¿DESMANTELAMIENTO O RENOVACIÓN?

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DEL TRABAJO COMO DERECHO, AL TRABAJO COMO MERCADO

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ACCESO MEJORADO AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO

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Norma Samaniego

Luis Ignacio Román

Sarah Lewis

México Social, Año 1, No. 22, mayo 2012, es una publicación mensual editada por el Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). Jardín Centenario No. 18-1, Col. Villas de Coyoacán, C.P. 04000, Delegación Coyoacán, México, D.F. Tels. 56596120 y 5659-6209 www.ceidas.org, información@ceidas.org. Editor responsable: Saúl Arellano Almanza. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2010-032312331700-102, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Contenido No. 15077, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX IM09- 0840. Impresa por Ediciones de Computación S.A. de C.V., Avenida Ceylán 959, Bodega 4, Col. Industrial Vallejo, CP. 02300, México, D.F., este número se terminó de imprimir el 24 de abril de 2012 con un tiraje de 5,000 ejemplares. Distribuida por Publicaciones CITEM, S.A. de C.V., Av. Del Cristo 19, Colonia Xocoyahualco, C.P. 54080, Tlalnepantla, Estado de México. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS).

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editorial Esta edición de México Social está dedicada a la memoria del Dr. Jorge Carpizo Mc Gregor

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uestra democracia se encuentra amenazada por dos grandes fisuras que están desgarrando el tejido social: la gran crisis del empleo y la crisis de la educación. Ambas ponen en tensión las capacidades y posibilidades presentes y futuras para un desarrollo con inclusión, y ambas representan los signos más evidentes del agotamiento del modelo de desarrollo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, llegamos en el cuarto trimestre de 2011 a una cifra récord de prácticamente 13 millones de personas ocupadas en el sector informal de la economía; mientras que, del total de personas ocupadas, 6.6 millones (equivalente al 13.3%) perciben menos de un salario mínimo al mes. Por otro lado, el 11% de la población que desarrolla alguna actividad productiva se encuentra en lo que se denomina “condiciones críticas de ocupación”, es decir, son personas que laboran más de 48 horas a la semana con el propósito de complementar su ingreso. En el mismo sentido apunta el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (elaborado por el CONEVAL), el cual muestra una permanente masa de trabajadores que aun teniendo empleo no consiguen los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica al mes; dicho de otro modo, incluso teniendo trabajo no logran escapar de la pobreza. Asimismo, enfrentamos lo que varios expertos han llamado una “tragedia silenciosa” en el ámbito educativo, pues no sólo no hemos logrado el acceso y permanencia de todas las niñas, niños y adolescentes a la escuela, sino que, además, vivimos ante la realidad de una educación que adolece tanto de calidad como de oportunidad en sus distintas modalidades y niveles. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el nivel de logro y rendimiento escolar en prácticamente todos los niveles sigue siendo muy bajo. Además, según los datos del Censo, 2010, había en ese año más de 407 mil niñas y niños de 6 a 11 años que no asistían a la escuela; a ellos deben agregarse los más de 554 mil niñas y niños de entre 8 y 14 años que en 2010 no sabían leer ni escribir. En el mismo año, había también casi 539 mil niñas y niños de 12 a 14 años que estaban privados de su derecho a la educación secundaria, mientras que sólo 6 de cada 10 y 3 de cada 10 adolescentes tenían la oportunidad de asistir al bachillerato o a la universidad, respectivamente. Los datos indican, pues, una enorme fractura en dos de los espacios que tradicionalmente se habían considerado como los instrumentos privilegiados para la inclusión y la movilidad social en el país; en efecto, a lo largo del siglo XX se consideraba que de tener una buena educación formal, se tendría una muy alta probabilidad de conseguir un empleo digno; hoy la realidad indica que no es así, y el reto se encuentra en cómo generar una nueva política pública que permita cerrar las fisuras que separan a ambos mundos. Lo anterior, sin embargo, no podrá lograrse si no se comprende que el gran telón de fondo de estas dos fracturas es el de la profunda desigualdad que limita y, en muchos casos, impide el pleno cumplimiento de los derechos a la educación, el trabajo y el salario digno para todas y todos los mexicanos. Finalmente, debo hacer público, a nombre de nuestro Consejo Editorial, nuestro más profundo reconocimiento a la excepcional trayectoria y legado del Doctor Jorge Carpizo McGregor, quien, generosamente, en el mes de noviembre de 2011 entregó a México Social una serie de ensayos sobre los derechos humanos y de la cuestión social, mismos que, en homenaje a su trabajo, seguiremos publicando a lo largo del año.

Mario Luis Fuentes

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Foto: Cuartoscuro

Apoyando a la Fundación CEIDAS usted contribuye a: generación de investigaciones estudios en materia de desarrollo social protección de los derechos humanos Para realizar un donativo a la FUNDACIÓN CEIDAS puede hacerlo a la cuenta: 1424709-7 de IXE Banco Sus donativos son deducibles de impuestos. fundacion@ceidas.org


educación

Tragedia

silenciosa

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ientras en México se siga privando a las niñas, niños y adolescentes de su derecho a la educación, nuestro futuro

continuará viéndose comprometido: según el Censo de 2010, en nuestro país hay 5.39 millones de personas mayores de 15 años analfabetas; 10 millones en el mismo grupo de edad sin terminar la primaria; y 16.42 millones sin secundaria concluida. En total, habría 31.2 millones de hombres y mujeres en rezago educativo, cifra similar a la de la población matriculada en algún nivel de estudios. De ese tamaño es la tragedia, y de esa dimensión también es el reto F

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Ernesto Sabato (1911-2011) Escritor argentino acreedor del Premio Miguel de Cervantes. Fue autor de tres novelas, “El túnel”, “Sobre héroes y tumbas” y “Abaddón el exterminador”, y de numerosos ensayos; recibió el nombramiento de Doctor Honoris Causa por las Universidades de Murcia, en España; de Rosario y San Luis, en Argentina; y de Turín. Se desempeñó como Secretario General de la Federación Juvenil Comunista y presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas; y, entre otros reconocimientos a su obra y labor humanitaria, recibió el Premio a la Mejor Novela Extranjera en Francia; el Premio Medici en Italia; y la Gran Cruz al mérito civil en España.

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an pasado tantos años y, sin embargo, aún conservo el recuerdo de mi escuela de Rojas y de aquel colegio de mi adolescencia donde, igual que ustedes, fui conducido a los umbrales del pensamiento y de la imaginación. Con una mezcla de rigor y de ternura, nuestras maestras y nuestros profesores nos enseñaron a buscar la verdad, a la vez que se iba formando nuestro espíritu con valores esenciales. Junto a los saberes que integran la educación básica, ellos nos transmitieron algo de la heroica epopeya del hombre. A menudo nos sentíamos extraviados ante aquellos acontecimientos cuyos motivos últimos, sin duda, sobrepasaban lo que podíamos comprender. Por esos relatos, llenos de peligro y de pasión, lograban suscitar nuestro asombro, que es la piedra angular de la verdadera enseñanza. En aquel tiempo se forjaron las ideas esenciales que me acompañaron a lo largo de la vida, y se echaron las raíces de todo lo que tuvo que ser. Por eso he venido hoy, especialmente, para hacerles un pedido: les quiero pedir a los chicos y a los jóvenes, con la autoridad que me dan los años, que lean. Yo también he leído de chico, y fueron los libros quienes me ayudaron a comprender y a querer la grandeza de la vida. Quienes sembraron en mi alma lo que luego los años pudieron expandir. Leía cuanto llegaba a aquellas bibliotecas de barrio; primero libros de aventuras, y luego, porque un libro lleva, inexorablemente, a otro libro, los más grandes de todos los tiempos, ésos que nos entregan los abismos del corazón humano, la belleza y el sentido de la existencia. Leer les agrandará, chicos, el deseo, y el horizonte de la vida. Leer les dará una mirada más abierta

LES QUIERO PEDIR A LOS JÓVENES QUE LEAN Ernesto Sabato (I)

He venido hasta acá porque quiero hablarles de la educación, de los libros, de la importancia decisiva que tienen en la vida de los pueblos y de las personas, y de la que han tenido en mi vida F

sobre los hombres y sobre el mundo, y los ayudará a rechazar la realidad como un hecho irrevocable. Esa negación, esa sagrada rebeldía, es la grieta que abrimos sobre la opacidad del mundo. A través de ella puede filtrarse una novedad que aliente nuestro compromiso. Privar a un niño de su derecho a la educación es amputarlo de esa primera comunidad donde los pueblos van madurando sus utopías. Créanme, es necesario que nos dejemos todos empapar por la utópica

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búsqueda de una gran educación para nuestros chicos. Lo he dicho en otras oportunidades y lo reafirmo: la búsqueda de una vida más humana debe comenzar por la educación. Como supo señalar Simone Weil, su tarea es “preparar para la vida real, formar al ser humano para que él mismo pueda entretejer, con este universo que es su herencia, y con sus hermanos cuya condición es idéntica a la suya, relaciones dignas de la grandeza humana”•

NOTA I. Discurso pronunciado durante la presentación del Plan Nacional de Lectura (Buenos Aires, 2004) * Artículo publicado con la autorización del Centro de Colaboraciones Solidarias. ccs@solidarios.org.es

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Manuel Gil Antón Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Es Doctor en Metodología y Teoría de la Ciencia por el CINVESTAV; Maestro en Ciencias con especialidad en Sociología por la FLACSO-México; y Licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del SNI Nivel III; y autor de seis libros y 96 artículos y capítulos en libros. Desde 2010 es Director Académico del portal periodístico EDUCACIÓN A DEBATE (www.educacionadebate.org).

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Nacho Galar

¿DERECHO A LA EDUCACIÓN O ACCESO A UN PUPITRE?

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o es requisito que los funcionarios sean santos ni apóstoles, sólo responsables; y que respondan y rindan cuentas no del pueril logro de alcanzar un indicador –todos en le escuela–, sino de incluir a la mayoría de la población en las bondades, dolores, sacrificios, placeres y en el espíritu crítico del saber fundado que tiene como característica nunca ser definitivo. Es un valor que va más allá de las mediciones: es parte de un proyecto de futuro para cualquier sociedad. El principal reto que tenemos para que se cumpla el derecho a la educación es no confundir a la educación con escolarizar, con esas promesas tan viejas y actuales de “universalizar” las cosas, como si de repartir latas de atún se tratase. En plenas campañas electorales, este mes de mayo es especial: sobre la educación, todos dirán hasta misa –generalidades y eslóganes que se quieren escuchar–, pero no ideas, propuestas que descansen en una idea. Está caro el dinero, pero más, al parecer, las ideas (al menos por su escasez). No habrá sido logrado el derecho a la educación sin una reforma académica que permita, en el contexto de la escolarización como instrumento o vía, ya sea presencial o no, acceder a los procederes propios del aprendizaje. Y esos no se enseñan, sino que sólo los aprende el que aprende. Es decir, al estar ausente un proyecto académico de fondo, sustituido por metas pusilánimes de lograr equis puntaje en PISA o ENLACE, carecemos de un rumbo. Si el rumbo no es incrementar la capacidad de aprendizaje, autónomo, de cada vez más mexicanos, la escuela pierde sentido, y la educación se empalma, es soterrada, mejor dicho, con y por la escolarización. ¿Cómo se puede ilustrar el tipo de

Manuel Gil Antón

La diferencia entre cobertura (escolarización) e inclusión en el acceso al conocimiento es vital. La primera es asunto de gerentes, administradores, contadores (de cuentos y de cuentas). La segunda, el arribo real al conocimiento que transforma la vida; es cuestión de estadistas, de pensadores, de personas que encuentren en el servicio público la satisfacción de sus intereses sobre la base de un horizonte para el país F

reforma académica que hay que parir, y que serviría de guía en los cambios pausados pero firmes que requerimos? Olac Fuentes ha mostrado que en México, y en muchos otros lados, se pretende que los estudiantes “sepan” una hectárea de datos, con menos de un milímetro de densidad. Esto es: que el programa de estudios del curso de química en la secundaria sea la versión compacta y sintética de la carrera de química en las universidades. Si usted, que ahora lee estas palabras, ya cursó la secundaria o la prepa, ¿recuerda algo de las covalencias? Pues fíjese que las “estudió”, las aprendió y pasó exámenes con ese tema, aunque ahora no tenga ni idea de ello. ¿Para qué? Mejor sería que el programa de estudios tuviese 10 metros cuadrados, pero un metro de profundidad. El tema, los temas a abordar, pueden ser variados, con la condición que sean interesantes y no dignos de “aprendizaje” para un cotorro de circo. Por ejemplo: entender a fondo la

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importancia del agua en la vida del planeta, los seres que la compartimos y las sociedades es interesante. Si se estudia con cuidado, remite a muchos temas aledaños, y si se aproxima un estudiante a él, importando que comprenda, lea, escriba, sintetice, discuta y piense, el resultado en la construcción de sus estructuras de aprendizaje futuro son mucho más importantes que memorizar, porque toca ese día, los ríos de España: Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Ebro y Duero… (Todavía los recuerdo, pero también a las fanerógamas y criptógamas, y a las dicotiledóneas y las monocotiledóneas sin saber qué digo.) Algunos, al parecer, les llaman competencias, pero si se refieren, como parece, a que sean competentes, el lunes 18 de abril, de resolver el binomio cuadrado perfecto, pasamos de una noción de contar con la competencia para pensar, a la de una capacidad de cumplirle a la SEP con un acuerdo que debe ocurrir ese día, desde Sonora a Yucatán… aunque ya no

Al estar ausente un proyecto académico de fondo, sustituido por metas pusilánimes de lograr equis puntaje en PISA o ENLACE, carecemos de un rumbo. Si el rumbo no es incrementar la capacidad de aprendizaje autónomo de cada vez más mexicanos, la escuela pierde sentido, y la educación empalma –es soterrada, mejor dicho–, con y por la escolarización méxico social • mayo abril 2012 2011

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Walter Shintani

educación

> La brutal desigualdad en la que vive el país tiene impacto en el acceso a la educación: cada año, 1 millón 300 mil niñas y niños son abandonados por el sistema y alejados de este derecho.

se usen los sombreros Tardán. Creo que son capacidades: las de entender, las de hablar, las de leer y comprender lo que se lee, las de inferir, relacionar, discutir, buscar información en otros lados que en el libro de texto… Y lograr eso, que todos los niños y jóvenes del país vayan a la escuela, pero a aprender a estudiar, aprender a entender, aprender a dialogar, aprender a escribir, es lo que remite a una reforma académica de fondo, que entonces sí, asegura el derecho a la educación, al cultivo de la capacidad de ordenar, lógicamente, información, hacerla comprensible, entenderla, compartirla y ponerla en relación, cuestión o difusión. Con esto en mente, como condición ineludible a lograr, podemos hacernos cargo de otras cosas. Una de ellas, fundamental, es el impacto que en el acceso a este derecho tiene la brutal desigualdad en la que vive el país. Datos oficiales aseguran que cada año 700 mil niños dejan la escuela básica y 600 mil la educación

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En la mitad de las escuelas se carece de una de las siguientes tres cosas: agua potable, drenaje o luz eléctrica, cuando México destina a la educación cerca del 23% del gasto programable este año. ¿A dónde va el dinero si en el 7% de las escuelas faltan los tres servicios? media. Sumados, 1 millón 300 mil personas son abandonadas por el sistema y alejadas del derecho a la educación. Para hacernos una idea de lo descomunal del impacto de la inequidad e iniquidad de lo que esto significa, pensemos en salones de 30 alumnos cada uno como factor para dividir a los que “los fueron” este año: la ausencia de esos mexicanos

significa que, súbitamente, ante nuestros ojos, 43,333 salones se quedaran vacíos. O bien, 13 entradas completas al Azteca, escurriendo por las avenidas circundantes, es equivalente a la pérdida anual de muchachas y muchachos. ¿Derecho a la educación? No hay, ni siquiera, derecho a permanecer en la escuela. Y veamos qué pasa en las escuelas.


Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Quetzalli Gonzalez

Una de cada dos escuelas carece de una de las siguientes tres cosas: agua potable, drenaje o luz eléctrica, es decir, en la mitad de las escuelas hay al menos una de estas carencias. El dato es duro, pues México destina a la educación cerca del 23% del gasto programable este año. ¿A dónde va el dinero? En 7% de las escuelas faltan los tres servicios. Pero ése es el promedio nacional: el 42% en Oaxaca si se trata de la energía eléctrica; 30% en Durango; y 28% en Chihuahua. En la Antigua Antequera, al 35% de los planteles de educación básica les faltan las tres cosas. No hay para beber ni para desalojar el agua empleada en inexistentes baños ni cómo conectar un radio. ¿Me da permiso de ir al árbol, maestra? El país está partido: en el DF, Colima, Aguascalientes y otros estados, las escuelas con carencias son menos del 3%. ¿Computadoras e Internet? En el 50% de los planteles del país no hay ninguno de estos dos bienes. Sólo el 13% de las escuelas tienen ambos servicios. Mientras que en el DF el 95% de los establecimientos escolares tiene acceso a cómputo e Internet, en Oaxaca el 98% no lo tienen, ni sueñan ya en tenerlo(I). El problema central del acceso a la educación como derecho en serio, de contacto con el saber, radica en la profunda desigualdad social como condición de inicio, y luego, como estructura de proceso, en una forma de organizar las actividades académicas que permite todo, hasta mejorar en ENLACE, pero no aprender. Es falso que primero se tuviera que atender a la cobertura y luego a la calidad. Cobertura y calidad han ido juntas para un sector social minoritario; para la gran mayoría, primero les dieron una especie de escuela, un remedo –incompleta, en ruinas al estrenarse, con maestros sin capacidad de enfrentar el reto– y luego la promesa de que llegaría el conocimiento. El sesgo es claro: hay quienes tienen derecho, y los que tienen que suponer que ir a la escuela es un privilegio, y aprender una utopía. Así, el país no va a ningún lado. O sí: al desbarrancadero. La reforma académica, y la social que implica en concomitancia son complejas. Más vale empezar ayer.•

El sesgo es claro: hay quienes tienen derecho y quienes suponen que ir a la escuela es un privilegio, y aprender una utopía. El país está partido: en el DF, Colima y Aguascalientes, las escuelas con carencias son menos del 3%, mientras en Oaxaca el 42% de los centros educativos no tienen energía eléctrica. El problema central del acceso a la educación radica en la profunda desigualdad como condición de inicio

REFERENCIA:

I. Nurit Martínez, El Universal, lunes 16 de abril, 2012. Nación, página A13. Datos divulgados por la SEP

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Francisco Javier Alejo López Doctor en Economía por la Universidad de Oxford, con posgrado en Planificación Económica y Social en el ILPES de la ONU y Licenciatura en Economía por la UNAM. Ha sido profesor en la ENE/UNAM, el ITAM y el Colmex, así como director de la Maestría en Economía en este último. Fue Subsecretario de Ingresos de la SHCP y de Promoción y Fomento en la Secretaría de Turismo; Secretario del Patrimonio Nacional; Embajador de México en Japón, Corea e Italia; y Vicepresidente de la IFC del Banco Mundial. Es autor de tres libros y más de cien artículos sobre temas económicos, políticos y sociales. En 1971 recibió el Premio Nacional de Economía.

Educación, fundamento insoslayable

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Francisco Javier Alejo

En el trasfondo del desempeño de los fenómenos de la “socio-esfera” se encuentran arreglos institucionales y procesos históricos que se cristalizan en distribuciones específicas de acervos (conocimientos, salud, bienes de producción, riqueza y habitación, entre otros) que determinan accesos diferenciados al bienestar y capacidades para generar innovaciones. Desde la época Helénica, con su concepción de la educación como “paideia” (II), ha sido ampliamente conocido y aceptado por la mayoría que la educación es un factor fundamental en la socialización de los seres humanos en tanto tales F

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Hector Lopez Ramirez

> La educación requiere de un cambio de paradigma pedagógico para desarrollar seres humanos plenos, útiles para sí mismos y su comunidad, y que no sólo memoricen y acumulen la información, sino que la analicen.

LA HIPERTROFIA DE LAS INSTITUCIONES “El Hombre –nos dice Jaeger(III)– sólo puede propagar (y desarrollar, diría yo) su forma de existencia social y espiritual mediante las fuerzas por las cuales la ha creado, es decir, mediante la voluntad consciente y la razón (…) La naturaleza del hombre (…) crea condiciones especiales para el mantenimiento y transmisión de su forma peculiar y exige organizaciones físicas y espirituales cuyo conjunto denominamos educación”. Werner Jaeger concluye primero que “(…) la educación no es una propiedad individual (…) pertenece, por su esencia a la comunidad (…) y es, en el hombre (…) fuente de toda acción y de toda conducta. En parte alguna adquiere mayor fuerza el influjo de la comunidad sobre sus miembros que en el esfuerzo

El paradigma del sistema educativo se fundó en crear una ciudadanía consciente de su humanidad y de su pertenencia a la nación, pero el altísimo aumento de la población, aunado a la aguda centralización de las instituciones, generó una creciente cauda de jóvenes que llegaban a las edades laborantes en condiciones de rezago educativo (…) para educar a cada nueva generación de acuerdo con su propio sentido (énfasis mío) (…) Las dificultades de la

acción educadora, y aun su destrucción, resultan de la tradición o de una íntima decadencia de la misma.

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Abdel Meza

“Para el espíritu helénico, la ‘paideia’ tenía por fin la formación de un alto tipo de hombre (…) la idea de la educación representaba el sentido de todo humano esfuerzo (…) la justificación última de la existencia de la comunidad y de la individualidad humana”. Por ello es que “(…) todo pueblo altamente organizado tiene una organización educadora” (hasta aquí W. Jaeger; énfasis mío). Éste fue el espíritu que animó a los creadores del sistema educativo nacional, desde Justo Sierra hasta Jaime Torres Bodet, pasando por los redactores del Artículo 3° de la Constitución de 1917, José Vasconcelos y Narciso Bassols. Fue fundamento del paradigma educativo fundacional de la Escuela Normal de Maestros nacional, de la Escuela Normal Superior. Un paradigma educativo fundado en la idea de crear ciudadanía consciente de su humanidad y de su pertenencia a la nación mexicana, del universo de lo humano, del poder transformador y enriquecedor del conocimiento, de la “paideia” mexicana. Como resultado de la Revolución de 1910 y su consecuencia, la Constitución de 1917, la comunidad y el universo de “lo mexicano” tenían sentido y, por ende, lo tenía el sistema educativo que empezaba a desarrollarse: emancipar al hombre, humanizarlo y enriquecer al conjunto. Casi nadie, sin embargo –con la distinguida excepción de Narciso Bassols en la década de los cuarenta y de Víctor L. Urquidi en los cincuenta–, se percató de que en el horizonte se advertía la llegada de un problema demográfico en el país, el cual pondría en peligro la efectividad de las políticas públicas fundamentales de la época, en primer término la educativa. El altísimo y creciente aumento mostrado por la población en edades infantiles y juveniles, y más aún por la población urbana, en un ambiente de aguda centralización de las instituciones responsables de implementar las políticas públicas, condujeron aceleradamente a la hipertrofia de las instituciones, y no sólo de las educativas. Los correlatos inevitables de la hipertrofia fueron: la desmesurada expansión de las burocracias y los presupuestos siempre insuficientes; la caída de la eficiencia general del sistema educativo y la progresiva pérdida del propósito y sentido original del mismo; la hipertrofia de la organización gremial del magisterio –ya evidente a finales de los años

> Un gran reto para el país es lograr vincular la pertinencia educativa con el mercado laboral.

cincuenta– y la transmutación de su sentido hacia la ampliación y disfrute de su poder político; la pérdida de relación directa de los responsables de la política educativa con los destinatarios de la misma; y, finalmente, la transmutación de la gestión del sistema educativo básico en su totalidad de un fenómeno normal de administración pública en otro de naturaleza esencialmente política y completamente partisano, en el mejor de los casos. Al paso y medida en que el sistema centralizado se obsesionaba con la vorágine de los números, producto de la explosión demográfica, sin lograr alcanzarla hasta hace poco tiempo – a consecuencia del descenso de aquéllos–, y mientras la calidad y eficiencia terminal del sistema se deterioraban aceleradamente y la asignación de plazas docentes era capturada por la organización gremial, el sistema educativo nacional iba generando una creciente cauda de jóvenes que llegaban a las edades laborantes en condiciones de rezago educativo, es decir, sin haber terminado la educación primaria, o quienes, habiéndolo hecho, no ingresaron a la secundaria, o terminaron la primaria

pero no concluyeron el siguiente ciclo. A mayor agravante, una proporción significativa de los “rezagados” califican como “analfabetas funcionales”.

UNA AGUDA DESIGUALDAD El resultado es que, al día de hoy, entre 34 y 35 millones de personas con más de 15 años de edad –o sea, miembros de la fuerza de trabajo– se encuentran en condiciones de rezago educativo (INEA, Informe Anual, 2010). De entre ellas, 32.4 millones no concluyeron la educación básica y la población analfabeta comprende a 4.4 millones. Este macrofenómeno tiene enormes consecuencias económicas y sociales: baja empleabilidad formal de todos los involucrados; baja productividad de los que consiguen empleo formal; salarios en nivel de pobreza y familiares en la misma condición (de allí, acumulación transgeneracional de la pobreza); alto incentivo para insertarse en la economía informal y/o en actividades delictivas. En todo caso, la adopción de un mecanismo interconstruido en la fábrica social


(la llamada curva “Gran Gatsby”): alta y creciente desigualdad de ingreso que suspende la movilidad ascendente de la población (ver: Paul Krugman, “How Fares the Dream”, The New York Times, enero 15, 2012). O sea, conforme es más desigual una sociedad, mayor es la probabilidad de que el estatus económico y social de un individuo sea determinado por el de sus padres. En tanto esta situación continúe –y más aún si continúa empeorando– no podrá afirmarse legítimamente que la sociedad mexicana sea democrática; no se superará la aguda desigualdad imperante ni se alcanzarán los niveles de competitividad a los que aspiramos y que requerimos en los mercados globales; no accederemos plenamente a la economía y a la sociedad del conocimiento ni será factible lograr y sostener un grado razonable de solidaridad interna ni, en última instancia, será posible dotar nuevamente de sentido a la nación, en términos de nuestro filósofo Guillermo Hurtado.

RESULTADOS INSATISFACTORIOS Conforme a los datos del INEE y la SEP, tanto las pruebas EXCALE como ENLACE (ésta tiene el defecto de enfatizar el enfoque memorístico) arrojan resultados sumamente insatisfactorios, si bien en el segundo caso se registraron avances entre 2006 y 2010. En conjunto, los alumnos de primaria con desempeño “insatisfactorio” representaron una elevada proporción: 66.1% en matemáticas, 63.1% en español y 79.1% en historia. El nivel de “insuficiencia” académica es aún más elevado en el caso de los alumnos de secundaria: 87.3% en matemáticas, 82.4% en español y 75.6% en historia. No existen formas amables de calificar estos resultados. De mayor trascendencia es la prueba PISA (Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos), la cual se aplica en los países miembros de la OCDE, y que ha ubicado a México en los últimos niveles de la escala internacional de tales países. En general, el desempeño de los alumnos mexicanos es muy bajo: en matemáticas, el 21.9% no llega siquiera al nivel 1; en lectura el 14.6% se encontró prácticamente en condiciones de ser analfabeta funcional; y sólo 3,500 estudiantes por generación se ubicaron en los dos niveles más altos de la prueba, frente a un promedio de 12.7% en el conjunto de la OCDE.•

LA REFORMA EDUCATIVA PENDIENTE 1. La problemática educativa de México es de extrema gravedad tanto en cobertura como en calidad, y su solución es crucial para el futuro del país como proyecto nacional 2. La solución –dada la gravedad del problema– no se presta para ajustes marginales ni parciales ni gradualistas. Requiere, en cambio, una reconceptualización de amplios alcances, a modo de crear un nuevo paradigma educativo que guíe la plena reestructuración del sistema de educación, con el objetivo de acceder a una “paideia” mexicana

NOTA:

I. Basado en el ensayo del autor: “Conocimiento, Tecnología y Política Social para el Bienestar”, presentado en el IV Diálogo Nacional para un México Social, organizado por el Seminario Universitario de la Cuestión Social de la UNAM.

REFERENCIAS: II. Werner Jaeger, Paideia, FCE, México, 1942-1957. III. (Op. Cit., p.3)

3. El nuevo paradigma debe partir de una nueva ideación de México, que lo dote de sentido nacional. El nuevo sistema educativo, a su vez, contribuirá a recuperar el sentido de Nación 4. El nuevo paradigma deberá atender a los siguientes principios y consideraciones: • El objetivo primario de la educación es formar hombres plenos de humanidad y ciudadanos imbuidos de democracia, nacionalidad, utilidad para sí mismos y su comunidad. • La educación debe desarrollar seres humanos plenos, con capacidad de pensar, indagar, analizar e inconformarse, a diferencia de los enfoques memorísticos de acumulación de información, lo cual implica un cambio de paradigma pedagógico. • Es preciso otorgar la más alta prioridad a un programa efectivo en gran escala de educación especializada para adultos, a fin de abatir drásticamente el rezago existente. • La relación laboral de los docentes es –en el plano de los significados– con el pueblo de México. De hecho, la negociación laboral colectiva debe asumir características especiales estatuidas en la Constitución. • El nuevo sistema educativo requerirá de nuevas instituciones y arreglos institucionales autónomos: un elemento central será una auténtica descentralización hacia las comunidades.

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Adrián de Garay Sánchez Doctor en Antropología; es Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, de la cual fue rector; y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Alejandro Meléndez

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

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COBERTURA

Al iniciar el presente sexenio, en 2007, la tasa bruta de cobertura en el nivel superior alcanzaba el 24.3%. Los datos más recientes dados a conocer por la Presidencia de la República indican que la tasa de cobertura para este año ha alcanzado el 32.6%. Se trata de un avance notable, pero que todavía se sitúa por debajo de países como Chile, Colombia, Argentina, Costa Rica, Bolivia y Venezuela. Sin duda, en los próximos años la ampliación de la cobertura educativa seguirá siendo una prioridad en las políticas públicas nacionales, para lo cual deberá ponerse especial atención en aquellos estados de la República que manifiestan tasas de cobertura que aún no alcanzan el 20%, como, por ejemplo, Oaxaca, Zacatecas y Chiapas. Para lograr aumentar la cobertura educativa, será preciso que el gobierno federal y los gobiernos estatales se comprometan a destinar mayores recursos financieros, a fin de crear más instituciones y aumentar la capacidad de las actualmente existentes. Las autoridades deben atender lo establecido en el Artículo 25 de la Ley General de Educación, según el cual debe destinarse el 8% del Producto Interno Bruto a la educación pública. En la actualidad se destina aproximadamente sólo el 4%. Por lo mismo, las universidades e instituciones de educación superior han reiterado públicamente la importancia de contar con una política de Estado que garantice un mayor presupuesto y que sea de carácter multianual.

EQUIDAD Para lograr mayor equidad educativa no basta con ampliar el número de instituciones, es preciso contar con diversas políticas que garanticen el acceso y la permanencia en la educación superior de sectores sociales desfavorecidos. Si bien en los últimos diez años hemos sido testigos de una mayor incorporación de jóvenes provenientes de familias de escasos recursos, previsiblemente, en los próximos años aumentará su presencia en la educación superior. Pero, para lograr que permanezcan y concluyan sus estudios profesionales, es necesario que los diversos programas de becas que se han establecido desde el año 2001 aumenten su rango de cobertura y que los montos que se destinan para cada estudiante sean revisados, cuestión que no se ha realizado en el presente sexenio.

Adrián de Garay

Cobertura, equidad, calidad y pertinencia son cuatro cuestiones fundamentales que han estado presentes en los planes de desarrollo y en los programas sectoriales de la educación superior del país en los últimos años, mismos que, seguramente, se mantendrán en el programa de gobierno del próximo sexenio. Revisemos cada una de ellas F

Un asunto importante para propiciar una mayor equidad consiste en elevar la participación de las mujeres en la educación superior. Si bien a nivel nacional la mitad de la matrícula la componen las mujeres, siguen existiendo áreas donde la presencia de las mismas es aún insuficiente, en particular en algunos campos de las ingenierías y en las ciencias. Asimismo, una dimensión de la equidad que no se ha atendido tiene que ver con la población discapacitada. Las instituciones de educación superior no cuentan con las instalaciones, equipamiento, tecnología y docentes habilitados para recibir en sus aulas, talleres, laboratorios y bibliotecas a un sector de la población que tiene todo el derecho a recibir educación superior de calidad. Es urgente que diseñe un programa nacional para miles de jóvenes y adultos que no acceden a estudios superiores por no tener las

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condiciones institucionales para hacerlo. Por supuesto que el fomento a la creación de más universidades interculturales para atender a la población de las comunidades indígenas deberá seguirse impulsando con objeto de favorecer la equidad educativa.

CALIDAD El mejoramiento de la calidad se ha convertido en un elemento clave para propiciar múltiples cambios en diferentes áreas del quehacer educativo, y en los últimos 12 años se han adoptado diversos mecanismos de evaluación y rendición de cuentas que han permitido que las instituciones de educación superior lleven a cabo diversas reformas. Igualmente, se ha impulsado de manera considerable la formación académica de la planta docente y de

El incremento de la tasa de cobertura del nivel superior para este año ha alcanzado el 32.6%; un avance notable, pero que todavía sitúa a México por debajo de países como Chile, Colombia, Argentina, Costa Rica, Bolivia y Venezuela. Según el Artículo 25 de la Ley General de Educación, debe destinarse el 8% del PIB a la educación pública, cuando en la actualidad se destina aproximadamente sólo el 4% méxico social • mayo abril 2012 2011

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investigadores, a través de diversos programas que han permitido que la mayoría de los académicos contratados de tiempo completo en las instituciones públicas cuenten con grado de Maestría o Doctorado. La calidad de la educación superior ha estado en el centro del debate nacional e internacional. Por ella se ha entendido la eficiencia en los procesos, la eficacia en los resultados y la congruencia y relevancia de estos procesos y resultados con las expectativas y demandas sociales. Uno de los instrumentos de evaluación de la calidad de los programas de estudio a nivel licenciatura ha sido la acreditación de los mismos ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) o en las distintas agencias acreditadoras, reconocidas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES), organismos sin fines de lucro y externos a las instituciones que certifican la calidad de la oferta educativa. En este terreno, si bien se ha avanzado en los últimos años, al lograr que el 55% de los programas y planes de estudio del país estén acreditados y reconocidos por su calidad, falta mucho camino por recorrer, sobre todo en el caso de las instituciones privadas. Según los datos disponibles de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la > Si bien a nivel nacional la mitad de la matrícula la componen las mujeres, siguen existiendo áreas donde la presencia de las mismas es aún insuficiente, en particular en algunos campos de las ingenierías y en las ciencias.

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Enrique Olivares

Las instituciones de educación superior no cuentan con instalaciones, equipamiento, tecnología y docentes habilitados para recibir en sus aulas, talleres, laboratorios y bibliotecas a un sector de la población que tiene todo el derecho a recibir educación superior de calidad: las personas con discapacidad. Es urgente que diseñe un programa nacional para miles de jóvenes y adultos que no acceden a estudios superiores por no tener las condiciones institucionales para hacerlo


Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Alejandro Meléndez

> Es preciso contar con políticas que garanticen el acceso y la permanencia en la educación superior a toda la población.

Secretaría de Educación Pública (SEP), para febrero del presente año, mientras que el 85% de los alumnos matriculados en universidades públicas estatales estudian en carreras que han sido certificadas como de buena calidad, así como el 89% en las universidades públicas federales, en las instituciones privadas la proporción únicamente abarca a un raquítico 17%. De tal suerte que, conforme a lo que la propia SEP ha establecido como educación de calidad, es un hecho que la gran mayoría de los estudiantes que cursan una carrera universitaria en alguna institución privada, lo hace en programas y planes de estudio que no tienen reconocimiento de buena calidad. Para el conjunto de las instituciones privadas se requieren mecanismos más rigurosos de operación, supervisión, control y transparencia de parte de la autoridad educativa correspondiente. El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que es el mecanismo mediante el cual la SEP, las autoridades educativas estatales y las universidades e instituciones de educación superior públicas autónomas otorgan validez oficial a los planes y programas de estudio que una institución privada imparte, o pretende impartir en el sistema educativo nacional, debe revisarse a fondo.

La Ley General de Educación no establece prohibición expresa para que las instituciones privadas ofrezcan e impartan programas si no cuentan con el RVOE. La cantidad de programas de licenciatura sin RVOE es de tal magnitud en el país que, según el propio Subsecretario de Educación Superior, abarca a cerca del 80% de los jóvenes matriculados en alguno de los programas que se ofrecen en las instituciones de educación superior privadas.

PERTINENCIA La calidad no puede entenderse desligada de la pertinencia, es decir, de la responsabilidad social como valor que sustenta a la educación superior. La referencia a la responsabilidad social de las instituciones se expresa en su permanente compromiso con el desarrollo nacional, lo que se traduce en tener, entre otras cosas, una oferta educativa adecuada a las necesidades de la sociedad mexicana. Lamentablemente, en esta cuestión el sistema educativo superior no ha llevado a efecto un proceso nacional que busque corregir los serios desequilibrios existentes. Según los últimos datos oficiales proporcionados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones

de Educación Superior (ANUIES), para el año 2009 el 45.6% de la matrícula de licenciatura se concentraba en las licenciaturas del área de Ciencias Sociales y Administrativas, particularmente en las carreras de Administración, Derecho, Contaduría, Comunicación y Psicología. En contraste, solamente el 2% de la matrícula se localiza en el área de Ciencias Naturales y Exactas, en carreras como Matemáticas, Física, Biología y Química. Proporción muy por debajo de lo que ocurre en países con altos niveles de desarrollo como Holanda con 22%, Francia 18%, Alemania 20%, Estados Unidos 14%; todos ellos países que le apuestan seriamente a la formación de recursos humanos para el desarrollo científico. En el futuro inmediato, es urgente que se establezcan políticas públicas que regulen el tipo y la cantidad de la oferta educativa en cada entidad de la República. No es pertinente ni responsable seguir formando a miles de jóvenes en profesiones que ya no cuentan con espacios laborales suficientes para atraerlos. Cobertura, equidad, calidad y pertinencia serán cuatro cuestiones que habrá que seguir de cerca en la manera y los mecanismos que llevará a efecto el nuevo gobierno federal, que entrará en funciones a fines del presente año.•

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ROSALINDA MORALES GARZA Titular de la Dirección General de Educación Indígena de la SEP. Es Maestra, Socióloga, Historiadora y Candidata a Doctora en Administración Pública. Se ha especializado en los temas de educación rural e indígena, migrantes y zonas urbano-marginales, y ha desarrollado programas y proyectos nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones se encuentra el documento “Transformación posible de la educación para la niñez indígena. Contextos, alianzas y redes”.

UNA EDUCACIÓN PARA TODOS Rosalinda Morales

Los derechos humanos tienen a la educación como factor de concreción, y ésta es imprescindible para abrir la puerta al conocimiento, a la igualdad y a la demanda del cumplimiento del resto de los derechos; por tanto, es obligado que el Estado mexicano observe y reconozca que hay una gran diversidad que permea en los universos del Sistema Educativo Nacional e intervenga en forma eficaz, garantizando la educación a toda la infancia en México F

DERECHO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: RETOS Y DESAFÍOS Las situaciones, condiciones y contextos en los que se lleva a cabo la educación pública en nuestro país son marcadamente diferenciados. Baste mencionar que en educación básica podemos reconocer a por lo menos 4 millones de niñas y niños que transitan su escolarización en muy distintas maneras y con riesgos de quedar excluidos; sólo por mencionar algunos, tenemos que lo hacen: a) acompañando a sus familias en los campos jornaleros agrícolas (Sedesol registra 400 mil menores en esta condición); b) siendo madres antes de los 18 años y sin haber concluido su educación básica (INEGI habla de 280 mil niñas); c) más de 400 mil niñas y niños tienen alguna discapacidad; mientras que d) 2.4

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millones de indígenas cursan su educación básica en cualquier tipo de escuela, indígena o no, de acuerdo con la SEP. Si sumamos a éstos la niñez en situación de calle; la niñez que en zonas urbano-marginales vive una cotidianeidad entre la escuela y el trabajo; la niñez que es repatriada; y aquéllos menores que viven parte de su desarrollo en cárceles donde sus madres purgan una condena, encontramos que la educación para todos como meta presenta una serie de retos que exigen identificar los elementos clave que hagan factible la inclusión social y el pleno ejercicio del derecho a la educación, partiendo de una educación básica pertinente y de calidad que funde y sustente la posibilidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, adquiriendo aprendizajes básicos y capacidad de autogestión para proponerse proyectos en lo individual y lo colectivo. El aseguramiento del derecho a la

educación no se limita al acceso a algún tipo o modalidad educativa, sino que pasa por poner en claro, desde la función pública y en todos los niveles operativos, el tipo de retos pedagógicos y de contexto que han de enfrentarse con éxito para que se cumpla con la disponibilidad, la asequibilidad y la calidad de la educación, desde la perspectiva de la atención a la diversidad social, étnica, lingüística, cultural y de capacidades, entre otros. Las y los docentes que se desempeñan frente a la diversidad en educación tienen responsabilidades mayores para garantizar el derecho a la educación de calidad: por una parte, han de considerar el entorno para su intervención pedagógica y de gestión escolar, además de valorar y afirmar las identidades locales; por otra parte, deben ser facilitadores para animar el diálogo con un mundo plural y complejo; y, finalmente, identificar situaciones específicas del estudiantado,


Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Mateo Reyes Arellano

Asegurar el derecho a la educación no se limita al acceso a algún tipo o modalidad educativa, sino que pasa por poner en claro, desde la función pública y en todos los niveles operativos, el tipo de retos pedagógicos y de contexto que han de enfrentarse con éxito para que se cumpla con la disponibilidad, la asequibilidad y la calidad de la educación, desde la perspectiva de la atención a la diversidad social, étnica, lingüística, cultural y de capacidades, entre otros

preparándose para generar contenidos básicos imprescindibles que abonen a la continuidad, más allá de educación básica. En este sentido, no solamente se requiere de líneas discursivas de política pública, presentes ya en los planes nacionales, sino de estrategias eficaces que, focalizadas en los universos diferenciados, signifiquen una transformación en los contextos, los procesos y los resultados educativos, entendidos estos últimos

como logros de aprendizaje y perfiles de egreso suficientes para las trayectorias escolares subsiguientes o los desempeños que la vida exige en los ámbitos laboral, comunitario, político, familiar… La política de educación inclusiva supone también gestionar las condiciones de educabilidad y las condiciones de operación que permitan equiparar recursos disponibles y procesos normalizados, de modo tal que, a la par que se educa a la niñez, sus progenitores

tengan oportunidades laborales e incluso de avanzar en su escolarización; que se combata la falta de nutrición para que el desarrollo cognitivo y afectivo sea posible; que los programas y proyectos prioricen a quienes estén en riesgo de exclusión dado que sus garantías sociales no están cubiertas. Adicionalmente, que se actúe en congruencia con las evaluaciones que marcan la necesidad de que los organismos, dependencias e instituciones y sus

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Juan Herrera

> El derecho a una educación de calidad es alcanzable en tanto se legitimen los saberes ancestrales y vigentes valorados por los pueblos indígenas.

funciones sean reestructurados para que las acciones sustantivas no se enmarquen en las compensatorias y que las condiciones de infraestructura, acceso a recursos materiales, didácticos y TIC, sean equiparables en las escuelas rurales, aisladas e indígenas a las del promedio nacional, teniendo claramente definidas las responsabilidades institucionales para demandar la rendición de cuentas al respecto; y que, además, se atiendan con la suficiencia técnica especializada y con una administración transparente, a la par que se consideran las expectativas que sobre la educación tienen los participantes-beneficiarios como agentes irreemplazables. La instancia de la educación pública que encabeza la propia de la niñez indígena desde los años setenta, a nivel de Dirección General y responde a la demanda de los pueblos indígenas, por primera vez

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ha incluido no solamente las propuestas pedagógicas, sino también las estrategias operativas y los recursos didácticos para atender la diversidad en un Plan de estudios de educación básica, el 2011. Un campo en la diversidad que exige niveles de especialización es la educación de la niñez indígena, la cual hoy tiene la asignatura de Lengua Indígena a lo largo del currículum y desde preescolar hasta secundaria, sin eximir su uso con el marco curricular de Educación Inicial. A partir de 2008, y en el centro de los factores que impactan en la calidad, se lleva a cabo un fuerte activismo académico y de gestión por parte del profesorado indígena en aras de tornarse los mejores interlocutores de los desafíos de la educación, así como de profesionalizar al gremio por diferentes vías de certificación y reconocimiento de saberes en la práctica, incluyendo el dominio

de competencias lingüísticas para la docencia en ambientes escolares bilingües, multigrado y de la apropiación de metodologías para un desarrollo curricular por el que se diversifiquen contenidos y contextualicen aprendizajes. El derecho a una educación de calidad es alcanzable en tanto se parta del principio de pertinencia con perspectiva de atender la diversidad para avanzar hacia una educación apreciada y cercana en las comunidades, mirando al entorno e incluyendo las prácticas socioculturales que modifican la gestión de los aprendizajes en el desarrollo curricular. Hablamos de la educación pública que legitima y dignifica en lo escolar los conocimientos y saberes ancestrales y vigentes valorados por los pueblos indígenas, cumpliendo con ello las leyes, además de valorar las situaciones que el entorno presenta para intervenir integralmente en la transformación de la vida comunitaria en el marco de los valores universales para la convivencia, el buen vivir y el bienestar. En esta ruta de acción, han sido fundamentales las sinergias conformadas entre la educación básica indígena y las instituciones de educación superior que realizan investigación y aquéllas que ofrecen las licenciaturas especializadas, sus trabajos en el campo con el profesorado y la armonización de los principios éticos, pedagógicos y didácticos, entre ambos niveles. Los desafíos para la política pública están ahí, pero hay estrategias que en los ámbitos descritos han probado su efecto positivo en los indicadores nacionales, en la actitud, las prácticas y la percepción de las y los docentes indígenas y en los resultados educativos que mejoran en forma sostenida. En términos de dinamizar avances e incrementar la progresividad, es urgente atender la serie de recomendaciones de las instancias evaluadoras para que la atención educativa a la diversidad cuente con todos los componentes articulados en una instancia educativa de alto nivel de decisión que rinda buenas cuentas y haga de los nuevos modos de gobernanza la mejor vía para no sólo cumplir una misión institucional, sino concretar el derecho a la educación de los pueblos indígenas, de los migrantes, de las madres jóvenes, con identidad y amplia participación que asegure la inclusión de todos, especialmente de las sociedades indígenas, en la nación mexicana.•


educación

Rosario Leticia González Hurtado Coordinadora de la Maestría en Gestión Directiva de Instituciones Educativas del ITESO, institución en la cual es Profesora Titular e Investigadora. Es Maestra en Antropología Social por el CIESAS, con especialidad en Educación Cognoscitiva por el ITESO; y autora de diversos artículos y ensayos sobre ciudadanía, educación y aprendizaje, entre los que se encuentra “La cultura política, una mediación para la formación ciudadana desde la escuela”, documento ganador del concurso de ensayo político del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 2011.

CULTURA POLÍTICA

¿CÓMO FORMAR CIUDADANOS? ROSARIO GONZÁLEZ

Cuestionarnos sobre la cultura política nos sitúa frente a retos concretos en torno a los cuales es posible desplegar acciones, desde los diversos grupos de ciudadanos, para propiciar procesos formativos eficaces

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Nacho Galar

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Ana Maria Ortiz

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no de los principales retos será preguntarnos por el perfil de ciudadano que deseamos, para definir desde ahí los contenidos y la metodología de la cultura política que requerimos construir. Una opción puede ser formar ciudadanos pasivos, ignorantes de sus derechos y obligaciones, ajenos a las problemáticas de su entorno, apáticos ante su responsabilidad de fortalecer la convivencia democrática y participativa. O bien, podríamos formar ciudadanos conscientes de su poder, dispuestos a la participación, interesados en el ejercicio de sus derechos y obligaciones; ciudadanos críticos y comprometidos con las decisiones que definen el país en que

quieren vivir. Hasta hace un par de décadas, más o menos, el enfoque con el que se ha trabajado la formación de los ciudadanos se ha orientado a la conformación de una identidad nacionalista–patriótica más que al desarrollo las capacidades para construir la democracia (González, 2003 y 2004). Cabe señalar que, si bien este enfoque resultó útil para construir la identidad unificada del ciudadano en el siglo XIX, y podría ser práctico en los primeros años de vida para favorecer la formación de la identidad nacional, resulta poco pertinente para las necesidades un país que busca consolidarse como una nación democrática. Puede afirmarse que la formación básica de los ciudadanos durante los siglos

XIX y XX estuvo predominantemente enfocada en la transmisión de una ética prescriptiva del comportamiento del cívico, limitada al patriotismo y a “la observancia pasiva y marginal de las leyes”. Al enfrentar como reto la decisión de avanzar en la conformación del perfil de ciudadanos tendremos de entrada que asumir los siguientes desafíos: Superar la fragmentación y desencuentros entre las principales agencias formadoras de la sociedad. Considerando que la cultura política construye un proceso complejo en el que están presentes las familias, las escuelas y los medios masivos de comunicación, es indispensable articular sus esfuerzos y sumar recursos y capacidades enfocándose en proveer experiencias, prácticas

Trabajar como una comunidad de aprendizaje en la construcción y desarrollo de una cultura política de corte democrático incluyente podría ser una de las mejores innovaciones con las que las organizaciones educativas podrían contribuir en la formación de los ciudadanos, de cara a las exigencias del siglo XXI

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e información que contribuya al perfil de un ciudadano corresponsable de la vida democrática. Proveer desde la familia un entorno incluyente, de participación y diálogo. En general, la familia tiene una acción muy limitada como formadora política, en particular porque no es suficientemente consciente de su papel como formadora de ciudadanos. Las familias proveen experiencia e información social elemental en las edades más tempranas del desarrollo y de manera directa, en la cotidianeidad, pueden formar en la corresponsabilidad; el cuidado y mantenimiento de los bienes comunes; la distribución equitativa de tareas; y formar opinión sobre el acontecer del país al nivel que está a su alcance. Entre otros, la familia cumple el papel de mediar y seleccionar la oferta de contenidos de medios de entretenimiento e información, privilegiando aquéllos que nutren la cultura política orientada hacia la democrática, y sumarse como aliada de las escuelas y los profesores a fin de alcanzar una educación de mayor calidad para las niñas, los niños y los jóvenes. Generar desde los medios de comunicación una oferta cultural e informática responsable en la consolidación de la democracia. Los medios masivos han subestimado el impacto que tienen sobre la formación social y ética de los niños y jóvenes. Sus programas de entretenimiento proyectan una gran cantidad de valores antidemocráticos que poco nutren las concepciones de convivencia y participación solidaria entre las familias y los grupos. Más que aportar modelos y experiencias que ilustren las posibilidades de manejar constructivamente el conflicto, están sobrecargadas de violencia física y psicológica que los protagonistas presentan como modos naturales de vida. Es indispensable que reconceptualicen sus ideas en torno a las noticias, superando un concepto empobrecido centrado en el amarillismo, la nota roja y la reiteración a lo largo del día de datos fragmentados, en lugar de abarcar la amplia gama de asuntos que son noticia en un país, incluyendo aquéllos que ayudan a fortalecer el tejido social, desarrollar la confianza y favorecer el encuentro de los ciudadanos en el espacio público. Asimismo, su papel debe ser el desarrollo de productos y propuestas informativas –asesorados por especialistas– que estén orientados a los

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / David Solis

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segmentos de adolescentes y jóvenes y ayuden a hacer accesible la información en contenidos, lenguajes y formatos, de tal manera que contribuyan a formar ciudadanos informados e interesados por los asuntos públicos, con mayor experiencia en la comprensión del sistema de gobierno y elementos para ir formando su opinión. Estos recursos comunicativos deben llegar de manera gratuita a los centros educativos y otros lugares públicos en los que los adolescentes y jóvenes tengan oportunidad de revisarlos y comentar con otros pares y adultos. Conformar a los centros educativos como instituciones formalmente destinadas por el Estado y la sociedad a la formación de los ciudadanos. Es necesario distinguir dos vertientes educativas de acción. La primera nos remite a la institución encargada de poner en acción los planes y programas de estudio en los diferentes grados y niveles; acercar la información científica y tecnológica; y evaluar la adquisición o dominio de conocimientos, entre otras de sus actividades. Desde otra vertiente, como una

comunidad social que tiene lugar en la confluencia de cientos de alumnos, familias, profesores y otros actores que se encuentran y conviven en este espacio por largos periodos de tiempo. De manera interesante, ambas vertientes se articulan, se sobreponen y entran en conflicto, contribuyendo en esa dinámica a la construcción de la cultura política de los nuevos ciudadanos. A partir de las experiencias socio-escolares, los niños y jóvenes adquieren la experiencia de las jerarquías de poder en torno a las cuales descubren y elaboran formas de relación con la autoridad. Experimentan también formas de grupalidad y de alianza ante las cuales tendrán que posicionarse respecto de “los otros”, sus compañeros; exploran y apropian una serie de códigos de valor sobre las formas de actuación social, construyen un modelo de mundo que les es presentado a través de la información que se difunde, como contenidos educativos, en particular los históricos; aprenden a tomar la palabra, a callar, a obedecer y a participar en las formas específicas que


> La formación de ciudadanos activos como parte fundamental de la misión escolar requiere de una reflexión continua y de trabajar como una comunidad de aprendizaje, superando la idea de que esta labor es equivalente a cursar una materia.

la escuela promueve, predominantemente formas verticales y excluyentes. Todos estos procesos propios de la acción escolar en su conjunto forman parte de lo que podemos llamar cultura política (González, 2011). En esta dirección, uno de los retos para los centros educativos consiste en ser más consciente de estos procesos, que subyacen tras las acciones curriculares, tenerlos presentes como parte de la “vida cotidiana escolar” (Goffman, 1971, Woods, 1998) y trabajar sobre ellos para orientarlos hacia la conformación de una cultura política de corte democrático. Considerar que, al ser prácticas de vida cotidiana, impactan significativamente los aprendizajes. Trabajar como una comunidad de aprendizaje en la construcción y desarrollo de una cultura política de corte democrático incluyente podría ser una de las mejores innovaciones con las que las organizaciones educativas podrían contribuir en la formación de los ciudadanos, de cara a las exigencias del siglo XXI.

Así, retomando la dimensión institucional de la escuela como encargada formal de la instrucción de los ciudadanos, algunos de sus principales retos se relacionan con: Declarar la formación de ciudadanos activos como parte fundamental de la misión escolar, y ser consistente a través de las prácticas en el aprovechamiento de los espacios formativos y, fundamentalmente, que los docentes, directivos y estudiantes reconozcan éste como un propósito colectivo que requiere una reflexión continua y trabajar como una comunidad de aprendizaje, superando la idea de que formar ciudadanos es equivalente a cursar una materia y asumiéndose como sujetos de derechos. Los profesores como equipo necesitan construir una conceptualización compartida de la formación ciudadana para mejorar la comprensión sobre las competencias cívicas y éticas necesarias en los ciudadanos acordes a las diferentes etapas de vida y a su nivel de desarrollo cognitivo. Es de suma importancia tener en cuenta que los profesores de la asignatura de “Formación Cívica y Ética” no son los únicos responsables de formar ciudadanos; toda la comunidad escolar está implicada y debe contribuir a esta formación desde una perspectiva transversal. Sin duda, la formación de ciudadanos plantea una meta compleja y siempre habrá algo más que reflexionar, no obstante, en este corto ejercicio se plantean algunos de los retos urgentes a la luz del contexto más inmediato. Concluyo señalando, para la reflexión personal, que resulta inmoral transferir la deuda añeja de una raquítica cultura política democrática a los jóvenes, esperando que ellos asuman una ciudadanía corresponsable y madura, cuando dejamos en manos del azar este proceso, cuando ellos son un gran segmento excluido de la participación social, y cuando no logramos presentarnos como modelos enriquecidos en la vida democrática. •

REFERENCIAS

I. Goffman, Irving (1971), La presentación de la persona en la vida cotidiana, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, Argentina. II. González, Hurtado Rosario (2001), “La ciudadanía como construcción sociocultural”, en SINECTICA No. 18, pags. 89-104. México. III. González, Hurtado Rosario (2003). “Del patriotismo a la ciudadanía participativa”, en Revista RENGLONES No. 55 ITESO. México. IV. González, Hurtado Rosario (2011). “La cultura política, una mediación en la formación ciudadana desde la escuela”, en PERSPECTIVAS SOBRE LA DEMOCRACIA. Participación ciudadana, cultura política y comportamiento electoral. IEPC del estado de Jalisco. México. V. Kohlberg, Laurence (1998), La educación moral según Lawrence Kohlberg, Barcelona, España: Gedisa. VI. López, De la Roche Fabio. “Aproximaciones al concepto de cultura política” http://usuarios.lycos. es/politicasnet/articulos/culturapol.htm VII. Recuperado en abril 19, 2009. VIII. Peschard, Jacqueline. La cultura política democrática, IFE, México 2001 (versión electrónica). Mateos, Araceli. El concepto de cultura política www.usal.es/~dpublico/areacp/ materiales/Culturapolitica.pdf IX. Recuperado el 24 de abril, 2008. X. Schmelkes, Silvia (2004), La Formación de Valores en la Educación Básica. SEP. Biblioteca Actualización el Maestro. XI. Woods, Peter (1989), La escuela por dentro: la etnografía en la investigación educativa, tr. por Marco Aurelio Galmarini. Barcelona, España, Paidós, Ministerio de Educación y Ciencia.

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desde las letras

Confiar y Esperar rogelio flores

Rogelio Flores. Escritor. Cursó estudios de Ciencias de la Comunicación en la UNAM, de Creación Literaria en la Escuela de Escritores de la SOGEM (Sociedad General de Escritores de México), y de Realización Cinematográfica en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba (EICTV). Ha colaborado en publicaciones como Arcana, Cambio y El Semanario. Es coautor de los libros de cuento Abreletras, Prohibido fumar: cuentos contra la represión, Palabras Malditas y Códices en el asfalto; y autor de Adiós, Princesa y Rocanrol Suicida, también de cuento. Recientemente, ganó el concurso Palabras Malditas.

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En eso se resume la sabiduría de todos los tiempos; en dejar a la vida seguir su curso y hacer lo suyo, para que así sea ella quien se encargue de pagar a quien haya que retribuirle, o de cobrar a quien no haya saldado sus deudas. Lo anterior, no desde una posición pasiva, sino todo lo contrario: esta sabiduría nos invita a asumir nuestro destino, a no resignarnos ante él y encararlo, mirándolo a los ojos; nos lleva a echar a andar la maquinaria, actuar y “tomar al toro por los cuernos”, evitando siempre caer en la tentación del engaño y la autoindulgencia o, peor aún, de la autocompasión. Nos invita a ser responsables, honestos y a dar a los hechos su dimensión verdadera

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onducirse bajo esta filosofía nos hace ser humildes y justos y, de igual manera, tener principios y defenderlos, aun con el mundo en contra, aun con los bolsillos del alma vacíos, aun desde un agujero infrahumano. Ésa es la forma más digna de vivir (y de sobrevivir), luchando. Pero no de forma irracional, sino con fe y con paciencia: confiando, esperando. Se dice que no hay mejor maestro que la vida, y es cierto. Todos los seres humanos aprendemos de cada paso que damos por el mundo. Lamentablemente, envejecemos muy pronto, y a veces contamos con un caudal de conocimiento cuando ya no nos sirve o es poco lo que podemos hacer con él. Es por ello que se torna necesario adelantarse un poco, ganar la carrera contra nuestra propia ignorancia; no sólo oír, sino escuchar; no sólo ver, sino observar… aprender. Insisto, ser humilde. Sólo así aprendemos de los otros (principalmente de los viejos), y por ello

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las dos palabras que comenzaron estas líneas. Confiar significa “tener fe” y enfrentarse a lo que ignoramos y desconocemos, siempre implica eso: un acto de fe, un salto al vacío y con los ojos vendados. Por otro lado, esperar significa “tener esperanza”, permanecer hasta que algo suceda, aunque no sepamos que es ese “algo”; esperar es, entonces, “estar listo”. Confiar y esperar: en eso se resume la sabiduría de todos los tiempos, y en eso también se resume el libro que nos ocupa en esta ocasión, y que, dicho sea de paso, todos debemos leer al menos una vez en la vida: El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, novela a la que poco le falta para llegar al bicentenario de su publicación (se publicó en entregas folletinescas allá por 1844, en Francia) y que más allá de ser la historia de aventuras por excelencia, viene a ser el sumario de la justicia. Sin embargo, no todos los lectores comparten este punto de vista, y para muchos esta obra viene a ser el ejemplo más acabado de lo que es la venganza. Y, en efecto, esta


novela también es eso último (fue la fuente de inspiración para V de Venganza, cómic y película de culto sobre los feroces embates de un anarquista hacia un Estado totalitario), pero también va más allá. A manera de resumen, su historia cuenta lo siguiente: una mezquina y pequeña conspiración, fruto de la envida más vulgar, lleva a un joven marino, Edmundo Dantés, a ser encarcelado en un calabozo de por vida. Poco importa su inocencia y lo inhumano del castigo para los responsables de este acto, quienes no tendrán empacho en seguir sus vidas como si nada hubiese pasado. Una afortunada casualidad hace que el desdichado Dantés conozca a otro reo, el abate Faría, con quien urdirá un plan para escapar. Pero esta fuga se

todos sus recursos para hacer justicia, no únicamente castigando a sus enemigos, sino beneficiando (incluso de manera anónima) a las víctimas de la injusticia que encuentra a lo largo de su implacable ajuste de cuentas. Al término de la historia, y habiendo apaciguado sus demonios, Dantés dará a dos de sus amigos, una pareja de jóvenes enamorados, un último legado, y precisamente será eso: el consejo de no renunciar nunca a la fe y a la esperanza. Confiar y esperar, según sus propias palabras. Con ello, es posible soportar todo, y discernir entre la felicidad y la desdicha. Pero lo anterior no lo concluye el joven marino que fue apresado injustamente, sino el adulto maduro en el que se ha convertido;

antoja casi imposible. Así, durante el encierro, Dantés será educado por el cura en todo tipo de conocimientos, desde el esgrima hasta la religión, pasando por la historia, los idiomas, la etiqueta, la ciencia y el arte… principalmente el teatro. Posteriormente, Faría morirá, dejando solo a Dantés en su intento de fuga, no sin antes informarle de un cuantioso tesoro, una fortuna más allá de lo imaginable, escondido en la caverna de una isla. Finalmente, Edmundo escapará de la prisión –de forma espectacular, por cierto–, y con el tesoro legado por su viejo maestro, emprenderá la venganza contra quienes destruyeron su vida y lo dan por muerto, asumiendo la identidad del Conde de Montecristo. Y, en efecto, todas las deudas serán saldadas con creces; pero no sólo eso, Dantés usará

quien, en su afán por la justicia, rozó con la crueldad, y finalmente decidió cerrar el círculo de la venganza para comenzar una nueva vida. Ese hombre, insisto, ya no es el chico enamorado y con la vida por delante que fue, sino el resultado de lo que ha vivido: ese infierno de injusticia en el que fue reducido a una rata de calabozo y del que pudo liberarse gracias a un hombre cuya generosidad le salvó la vida con el conocimiento y la educación. Sí, el tesoro de joyas y oro heredado que encontró en la isla convirtió a Edmundo Dantés en el Conde de Montecristo, pero las lecciones del Abate Faría que recibió en el peor momento de su vida, encerrado en un calabozo y en condiciones infrahumanas, confiando y esperando, lo mantuvieron como el hombre bueno que nunca dejó de ser. Ése fue el verdadero legado del Abate Faría.• méxico social • maYo 2012

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Homenaje a Jorge Carpizo

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Paola Hidalgo

El fallecimiento del Doctor Jorge Carpizo McGregor constituye una lamentable pérdida para el país. Como homenaje para quien fuera un académico de excelencia, un líder ejemplar y un promotor incansable de los derechos humanos, en México Social presentamos las palabras con que el Rector José Narro lo recordara en la UNAM; una breve reseña de su participación en la revista; y su sección “DERECHOS HUMANOS” (páginas 34-37)

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MARIO LUIS FUENTES

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n noviembre de 2011 invité al Doctor Jorge Carpizo a colaborar en la revista México Social. Como respuesta, me envió cuatro vastos ensayos: UNA CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA JUSTICIA SOCIAL; LOS DERECHOS HUMANOS: NATURALEZA, DENOMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS; UNA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS; y EL ESTADO DE LOS DERECHOS DE LA JUSTICIA SOCIAL. Los cuatro textos son invaluables por el poderío de la síntesis explicativa que lleva a cabo, y hemos desglosado mes con mes su contenido en los artículos de la sección “DERECHOS HUMANOS”, un legado que continuaremos publicando como reconocimiento a su enorme talento y compromiso con México. Asimismo, retomamos el discurso pronunciado por el Rector José Narro Robles el día 31 de marzo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas: un recuento sobre un personaje lúcido, íntegro, ejemplar, un universitario de excelencia. En síntesis: un hombre como pocos, que fue capaz de transitar por el poder sin abandonar su sentido ético ni su compromiso con la nación; hecho que, a todas luces, nos muestra que sí es posible transformar a México con base en la integridad y la sobriedad.

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“Para Jorge Carpizo, universitario magnífico, nuestro recuerdo permanente y el reconocimiento de todos a su obra, a su ejemplo, a su lucha de siempre en favor de la dignidad humana”. José Narro 30

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El pasado 31 de marzo, el Doctor José Narro Robles, Rector de la UNAM, encabezó el homenaje que se rindió al Doctor Jorge Carpizo McGregor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la institución. A continuación, reproducimos el mensaje con el que Narro despidió al jurista, quien fuera un líder invaluable para la máxima casa de estudios del país: F

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Mateo Reyes Arellano

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a tarea que me han encomendado es cruel y complicada. Lo es porque debo dar, en nombre de todos, un adiós a un gigante de nuestro país. Lo es porque me inunda el dolor y porque temo que la fuerza me abandone. Lo es en virtud de que los sentimientos de agobio nublan mi razón. Hoy es un día triste, muy triste. Padecemos la ausencia de un ser muy querido. Nos hemos reunido para recordarlo, para sumar nuestra pena y también para expresar el orgullo que sentimos por un ser extraordinario. Lamentamos la desaparición del Doctor Jorge Carpizo. La lamentamos profunda y sinceramente. A causa de ella, todos hemos perdido. De muchas y muy diversas formas, a todos nos falta algo desde ayer. Todavía no nos reponemos de la terrible noticia. Es muy temprano para aceptar la fatalidad. Por esto nos hemos congregado para compartir la desesperanza, para apoyarnos en el dolor. Para rendir un homenaje al Doctor Carpizo. Su vida fue extraordinaria. Nació en 1944 en Campeche y en su terruño realizó, entre 1951 y 1959, sus estudios de primaria y secundaria. En 1963 ingresó a la Universidad Nacional, la perla de sus amores, para cursar sus estudios de Derecho. El 9 de febrero 1968 presentó su examen profesional con el que obtuvo el título correspondiente. Su destacada trayectoria, reconocida por alumnos y maestros, le permitió configurar un jurado fuera de serie presidido por Don Mario de la Cueva e integrado por Luis Recaséns, Jorge Sánchez Cordero, Niceto Alcalá Zamora y Castillo y el Maestro Héctor Fix Zamudio. Luego de obtener la Maestría en la London School of Economics and Political Science, de la Universidad de Londres, realizó sus estudios doctorales en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, en donde, el 21 de agosto de 1978, se graduó como Doctor. Fue profesor de derecho constitucional en su querida facultad y también impartió cátedra en la de Ciencias Políticas y Sociales, al igual que en otras instituciones de educación superior como profesor o conferenciante invitado.

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A lo largo de su vida profesional alcanzó, desde muy temprana edad, responsabilidades extraordinarias. Fue secretario del Instituto de Investigaciones Jurídicas y subdirector general de Asuntos Jurídicos y Abogado General de la UNAM antes de cumplir treinta años. En nuestra institución también fue coordinador de Humanidades, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Rector entre 1985 y 1989. La investigación y la vida académica fueron su mayor área de interés y como parte de los productos de su trabajo, son numerosas sus aportaciones al pensamiento jurídico y democrático del país. Sus contribuciones al derecho constitucional son bien conocidas en México y más allá de sus fronteras. Sus obras más importantes fueron traducidas a otras lenguas y tuvieron repercusiones no sólo en la doctrina jurídica, principalmente en la vida colectiva. Su reconocida capacidad también la proyectó fuera de la Universidad. En los años sesenta laboró en la Secretaría de Educación Pública y a fines de los ochenta fue Ministro de la Corte. Poco después fue el fundador y primer Presidente de la Comisión Nacional de Derechos

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Humanos, Procurador General de la República y Secretario de Gobernación durante el año que cambió la historia de México. Para describir a Jorge Carpizo faltan sustantivos y adjetivos. Fue un referente, un líder, un guía y un ejemplo a quien vamos a echar de menos en los grandes momentos del país. Se trata de un personaje que fue recio, serio, profesional, dedicado, comprometido, valioso y valiente, estudioso e innovador. Nunca fue, me consta, un hombre cautivado por el poder y menos todavía dispuesto a la autocomplacencia, a la comodidad, a hacer concesiones cortesanas. Sobresalía por su inteligencia y don de gente con sus amigos, con las personas correctas, con los que mostraban una conducta positiva. Era duro con sus detractores, con los que se desviaban del cumplimiento de la norma, con los que

“Para describir a Jorge Carpizo faltan sustantivos y adjetivos. Fue un referente, un líder, un guía y un ejemplo a quien vamos a echar de menos en los grandes momentos del país. Se trata de un personaje que fue recio, serio, profesional, dedicado,comprometido, valioso y valiente, estudioso e innovador. Nunca fue, me consta, un hombre cautivado por el poder y menos todavía dispuesto a la autocomplacencia, a la comodidad, a hacer concesiones cortesanas” aprovechaban en beneficio personal una posición, con los que mentían o tenían un comportamiento francamente delictivo. Hombre de gran capacidad de análisis y de síntesis, constantemente rechazaba la retórica intrascendente. Todo el tiempo estuvo comprometido con la verdad y la justicia, con la ética y los valores laicos, con el trabajo y la defensa de la dignidad de las personas. Siempre dispuesto a encabezar causas justas, fue un ser primordialmente congruente. Con él era muy difícil equivocarse. Una línea recta articulaba su pensamiento con su decir y con su hacer. No había el menor punto de quiebre en

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esas dimensiones. Fue alumno de grandes maestros y mentor de estudiantes sobresalientes, investigador conocido, querido y reconocido en México y fuera del país. Para muchos de quienes asistimos a este acto de homenaje a su biografía, Jorge Carpizo fue un puente entre generaciones. Él nos acercó con muchos de los grandes universitarios, con científicos y creadores, con intelectuales y políticos. También lo hizo con las nuevas generaciones, con sus alumnos del aula, del cubículo, de la vida, que lo seguían con fidelidad por haber sido genuino y generoso. Él supo ser maestro, discípulo, jefe, colaborador y ante todo amigo muy querido. Un gran amigo como pocos hay en la vida. Un amigo solidario y compartido. Un amigo entusiasta y divertido. Un amigo sin par. Jorge Carpizo fue muchas cosas pero se destacó en especial por ser un universitario, uno de los nuestros, uno de los mejores que yo haya conocido. Universitario con la mente y con el alma. Universitario desde la piel hasta la médula. Fue igualmente un mexicano excepcional. Por eso nos deja un hueco enorme. México y la UNAM han perdido a uno de sus hijos más grandes, por eso nuestro luto y nuestro dolor. Todo lo que emprendió lo hizo bien. A lo largo de su vida y su trabajo nunca pasó inadvertido, siempre destacaba y sus aportaciones en muchos campos son notables. La academia y la cultura, la democracia y la justicia, el magisterio y los derechos humanos están llenos de ejemplos de sus aportaciones. Fue un hombre capaz de imaginar, de proponer, de convencer, de ejecutar, de evaluar y de corregir. Se trata de un personaje de nuestra actualidad, preparado, culto, con sensibilidad y capacidad de decisión. En la Universidad Nacional y en muchas áreas fue Rector. Él sigue siendo Rector en nuestra casa y fuera de ella. Fue un hombre honesto y honorable. Siempre aportó, nunca sacó ventaja personal alguna. Es un ejemplo de probidad. Ahí está su austeridad en su vida personal. Ahí está su forma de ser y de conducirse en todo, en su hogar, en el trabajo, en la cotidianeidad. Su calidad de vida dependía de la paz interior, de su consistencia, nunca de los símbolos externos y menos de la frivolidad. Dos ejemplos los dejó por escrito hace veinte o treinta años y ahora procedo a recordarlos. El 1º de mayo de 1989, y en virtud de la designación que recibió como Ministro de la Suprema Corte de Justicia, el Doctor Carpizo decidió renunciar a su plaza de Investigador Titular “C” de tiempo completo. Podía haber pedido una licencia. En este sentido refirió una serie de consideraciones que muestran su estatura moral y la dimensión de


“Jorge Carpizo fue muchas cosas, pero se destacó en especial por ser un universitario, uno de los nuestros, uno de los mejores que yo haya conocido. Universitario con la mente y con el alma. Universitario desde la piel hasta la médula. Fue igualmente un mexicano excepcional. Por eso nos deja un hueco enorme. México y la UNAM han perdido a uno de sus hijos más grandes, por eso nuestro luto y nuestro dolor” su afecto por el Instituto. Por eso paso a revisar lo que él escribió en su carta de renuncia y selecciono cinco de sus argumentos y cito textualmente su carta: 1.- “Presento la renuncia y no solicito licencia por considerar que jurídica y moralmente es lo procedente”. 2.- “Me duele profundamente tener que retirarme jurídicamente de nuestro querido Instituto. Él es parte de mi existencia y en él he pasado los años más agradables de mi vida. Me propongo continuar académicamente ligado a él”. 3.- “Desde 1965 he estado físicamente y moralmente muy cerca del Instituto. Cuando en octubre de 1967, el maestro Héctor Fix-Zamudio me invitó a colaborar como su Secretario del Instituto me sentí muy honrado, y al aceptar, estaba decidiendo algo muy importante: realizaría una carrera académica dentro de la Universidad Nacional”. 4.- “Durante los tiempos difíciles de mi Rectoría siempre sentí la solidaridad y el afecto del Instituto, lo cual mucho me animó. En este sentido, quiero dejar constancia de la lealtad y devoción universitarias de Usted (se refiere a Jorge Madrazo) y del Maestro Héctor Fix-Zamudio. 5.- “Hoy, el destino me aparta jurídicamente de la Universidad, del Instituto y de la Facultad de Derecho. Sin embargo, tengo toda la intención de continuar, sin ninguna relación jurídica, cerca del Instituto y de la Facultad, que siento son una parte importante de mí”. La otra muestra que forma parte de su expediente universitario se remonta a los años setenta, cuando, joven y sin que le sobrara el dinero, recibió un incremento por concepto de su antigüedad como académico. Al considerar que el aumento le correspondía

sólo en su tarea como profesor y no en su plaza de investigador, se dirigió al director general de Personal para que “(…) a la brevedad posible se me descuenten las cantidades que me han sido indebidamente cubiertas”. La respuesta del área técnica correspondiente corrigió su obsesiva pulcritud, cito la respuesta: “Su antigüedad académica es una sola y los pagos que sobre el particular le ha hecho la Universidad son correctos”. A la familia del Doctor Carpizo, a sus amigos y compañeros de aventura, mis sentimientos más profundos de solidaridad. La tranquilidad me alcanza cuando pienso en lo que hizo y en lo que creyó. La angustia me inunda cuando comprendo que no lo veré ya más. Sus enseñanzas y su fortaleza me cobijan, su pérdida me abruma y me conmociona. ¿Qué vamos a hacer sin sus consejos y sin sus propuestas? ¿Qué vamos a hacer sin su lucidez y determinación? ¡Qué falta nos genera su partida anticipada! ¿Por qué tenía que pasar? ¿Por qué teníamos que perderlo de forma tan prematura? No estábamos preparados para ello. No es posible alcanzar la resignación que reclama nuestra aflicción. Concluyo recordando la frase de don Alfonso Reyes pronunciada en la despedida luctuosa del Maestro Antonio Caso, la cito: “Ha de pasar mucho tiempo para que el polvo se organice en otra estructura de igual excelsitud y fineza”. Para Jorge Carpizo, universitario magnífico, nuestro recuerdo permanente y el reconocimiento de todos a su obra, a su ejemplo, a su lucha de siempre en favor de la dignidad humana. Hoy, hoy es un día muy triste. El primero que vivimos sin la presencia física de Jorge Carpizo. “Por mi Raza Hablará el Espíritu” •

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derechos humanos > Jorge Carpizo (1944 – 2012) Investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual fue Rector; estuvo adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se desempeñó como Director. Fue Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional; Investigador nacional Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores; Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (1990-1993) y Secretario de Gobernación.

Derechos de los trabajadores JORGE CARPIZO

En su propuesta de clasificación de los derechos de la justicia social (Ver México Social No. 20, marzo, 2012), el Doctor Carpizo incluyó como parte de los ‘‘Derechos de pertenencia a un grupo vulnerable’’ a los ‘‘Derechos de los trabajadores en general’’, enlistados en el presente artículo. F

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Walter Shintani

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Los derechos de los trabajadores se pueden subdividir en: a) los de quienes tienen un contrato o una relación de trabajo; b) los de quienes laboran en los poderes de la Unión y en el Distrito Federal; y c) los de quienes están regidos por relaciones especiales. a) Los derechos de los trabajadores que tienen un contrato o una relación de trabajo, a su vez, se subdividen en: I) de naturaleza colectiva, II) de naturaleza individual, y III) de naturaleza jurisdiccional. La Constitución, en el encabezado del apartado A del Art. 123 c., expresamente señala que los derechos de ese apartado rigen para los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de manera general, todo contrato de trabajo. La Ley Federal del Trabajo (LFT) se refiere a relación de trabajo; sin embargo, los efectos jurídicos que ambos producen son idénticos. No desconozco la diferencia doctrinal que llevó a la LFT a referirse a relación de trabajo. Para la clasificación es intrascendente la diferencia. Dichos derechos son precisados en las leyes de trabajo; la principal es la LFT.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES QUE TIENEN UN CONTRATO O UNA RELACIÓN DE TRABAJO DE NATURALEZA COLECTIVA – Derecho de sindicación (Art. 123, A, XVI). – Derecho de huelga y requisitos para su licitud (Art. 123, A, XVII y XVIII).

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES QUE TIENEN UN CONTRATO O UNA RELACIÓN DE TRABAJO DE NATURALEZA INDIVIDUAL

– Jornada máxima de trabajo de ocho horas (Art. 123, A, I). – Jornada máxima de trabajo nocturno de siete horas (Art. 123, A, II) – Un día de descanso cuando menos por cada seis de trabajo (Art. 123, A, IV). – Salarios mínimos generales o profesionales. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos (Art. 123, VI). – Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad (Art. 123, VII). – El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento (Art. 123, A, VIII). – Derecho a una participación en las utilidades de las empresas de acuerdo con una serie de reglas (Art. 123, A, IX). – El salario deberá pagarse sólo en moneda de curso legal (Art. 123, A, X). – Reglas para el trabajo extraordinario (Art. 123, A, XI). – Las empresas situadas fuera de las poblaciones están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios para la comunidad (Art. 123, A, XII). – Las empresas estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo (Art. 123, A, XIII). – Las causas por las que el patrón estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir con el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario (Art. 123, A, XXII). – Los créditos en favor del trabajador por salario o sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra (Art. 123, A, XXIII). – Únicamente el trabajador es responsable de las deudas que hubiese contraído con su patrón, asociados, familiares y dependientes, y no deben exceder de su salario en un mes (Art. 123, A, XXIV). – El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito y en igualdad de condiciones, tendrán preferencia, en este específico asunto, para quienes representan la única fuente de ingresos en su familia (Art. 123, A, XXV). – Derechos en todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero (Art. 123, A, XXVI). – La enumeración de las condiciones nulas, aunque se expresen en los contratos de trabajo, y las que impliquen renuncia de algún derecho consagrado en las leyes (Art. 123, A, XXVII). – Si un trabajador infringe un reglamento gubernativo o de policía no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. – El Art. 123 c. garantiza derechos a los menores, los mencioné en ese rubro porque la garantía es para todos en general, y los derechos de la maternidad los coloco en el rubro de seguridad social por idéntica razón.

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derechos humanos DERECHOS DE LOS TRABAJADORES QUE TIENEN UN CONTRATO O UNA RELACIÓN DE TRABAJO DE NATURALEZA JURISDICCIONAL – La resolución de los conflictos de trabajo a través de juntas de conciliación y arbitraje, integradas por igual número de representantes de los obreros y de los patrones, y uno del gobierno (Art. 123, A, XX)(I).

Los derechos de los trabajadores de los poderes de la Unión y del Distrito Federal se subdividen en: I) de naturaleza colectiva, II) de naturaleza individual y III) de naturaleza jurisdiccional. Los derechos de naturaleza colectiva de los trabajadores de esos poderes son: derecho de sindicación (Art. 123, B, X); y derecho de huelga cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que ese artículo consagra (Art. 123, B, X). Con ese requisito el derecho de huelga de los “burócratas” es casi imposible que pueda ejercerse. Es realmente una cortapisa muy difícil de que ocurra: la violación de manera general y sistemática de esos derechos. Los derechos de naturaleza individual de los trabajadores de esos poderes son: – Jornada máxima de trabajo diurna y nocturna y horas extraordinarias igual que los trabajadores del apartado A (Art. 123, B, I). – Descanso semanal igual que los trabajadores del apartado A (Art. 123, B, II). – Vacaciones que nunca serán menores de veinte días al año (Art. 123, B, III). – Salarios fijados en los presupuestos, pero no podrán ser disminuidos durante la vigencia de aquéllos y no podrán ser inferiores a los mínimos en el Distrito Federal y en los estados (Art. 123, B, IV). – A trabajo igual corresponderá salario igual sin tener en cuenta el sexo (Art. 123, B, V). – Sólo se podrán hacer retenciones, descuentos, deducciones o embargo al salario en los casos previstos en las leyes (Art. 123, B, VI). – La designación se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes (Art. 123, B, VII). – El Estado organizará escuelas de administración pública (Art. 123, B, VII). – Derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad (Art. 123, B, VIII). – Sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley (Art. 123, B, IX). – En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización (Art. 123, B. IX). – En caso de supresión de plazas, tendrá derecho a que se le otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley (Art. 123, B, IX). – Los trabajadores de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social (Art. 123, B, XIV). Derecho de los trabajadores de esos poderes de naturaleza jurisdiccional: – Justicia laboral especializada a cargo de un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria (Art. 123, B, XII).

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO QUE SE RIGEN POR UNA RELACIÓN ESPECIAL Estos trabajos especiales son: a) Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico (Art. 3, VII). b) Las relaciones laborales tanto del personal académico como del administrativo en las instituciones señaladas en el inciso anterior se regirán en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación, y los fines de esas instituciones (Art. 3, VII). c) Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente (Art. 5, párr. 4).

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d) Los servidores del Instituto Federal Electoral rigen su relación de trabajo de acuerdo con las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que, con base en ella, apruebe el Consejo General de dicho Instituto (Art. 41, V, párr. 2). e) El pleno del Consejo de la Judicatura Federal resuelve sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, decisiones que pueden ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia sólo para verificar que hayan sido adoptadas conforme a la ley respectiva (Arts. 94, párrafo 2; 97, párrafos 1 y 3; y 100, párrafos 4 y 5) La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial (Art. 100, párr. 7). Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal (Art. 123, B, XII, párr. 2). f ) La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la responsable de la vigilancia y disciplina de sus funcionarios y trabajadores (Arts. 94, párr. 2, y 97, párr. 3). Los conflictos entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por ésta (Art. 123, B, XII, párr. 2). g) El personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) regirá sus relaciones de trabajo de acuerdo con las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley (Art. 99, párr. 26). El TRIFE resuelve los conflictos o diferencias laborales entre él y sus servidores, y entre el IFE y sus servidores (Art. 99 c., VI y VII). h) Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 c. –sin especificar si es el apartado A o B–, y sus disposiciones reglamentarias (Art. 115, VIII, párr. 2), por lo cual se discute cuál es el apartado pertinente, cuestión que rebasa los fines de la clasificación. i) Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores siguen los mismos criterios que en el inciso anterior (Art. 116, VI). j) Se regirán por sus propias leyes: I) Los militares II) Los marinos III) El personal del servicio exterior IV) Los agentes del Ministerio Público V) Los peritos VI) Los miembros de las instituciones policiales (Art. 123, B, XIII, párr. 1).

REFERENCIAS:

I. Trueba Urbina, Alberto, El nuevo artículo 123, México, Porrúa, 1967, pp. 143-184; Cueva, Mario de la, El nuevo derecho mexicano del trabajo, México, Porrúa, 1993, t. I, pp. 266-390; Buen L., Néstor de, Derecho del Trabajo, México, Porrúa, 2000, pp. 575611; Dávalos, José, Un nuevo artículo 123 sin apartados, México, Porrúa, 1998, pp. 2554; del mismo autor, Derecho individual del trabajo, México, Porrúa, 2010, pp. 177-274; del mismo autor, Tópicos laborales. Derecho individual, colectivo y procesal. Trabajos específicos. Seguridad social. Perspectivas, México, Porrúa, 2006, pp. 196-279; Sánchez Castañeda, Alfredo, Las transformaciones del derecho del trabajo, México, UNAMInstituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, pp. 46-56.

En el párrafo 2 se contiene una disposición que quiebra los principios de la estabilidad en el empleo, de la presunción de inocencia y de respeto a la cosa juzgada: los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de todos los niveles de gobierno podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en esas corporaciones, o removidos por incumplimiento de su responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Esa disposición es entendible en virtud de la naturaleza del trabajo que desempeñan; lo grave consiste en la continuación de la disposición: si la autoridad jurisdiccional resuelve que la separación o remoción fue injustificada, el Estado sólo estará obligado al pago de indemnizaciones y prestaciones “sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido”. En la propia Constitución se demuestra una desconfianza fenomenal a los poderes judiciales, especialmente al federal, ya que en última instancia, es quien resuelve de manera inapelable. Las consecuencias de esta disposición son graves: se deja a todo ese personal a la posible arbitrariedad de sus superiores, y se les desmotiva para el buen desarrollo de sus funciones. •

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ELECCIONES

ELECCIONES: DOS MIRADAS

REFLEXIVAS

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n medio del proceso electoral, la transparencia y la reflexión en torno al desarrollo de las campañas

es siempre un ejercicio indispensable. En este sentido, ofrecemos dos visiones: el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, explica el papel de la ASF frente a los procesos electorales, y Germán Pérez Fernández del Castillo analiza el riesgo de caer, una vez más, en campañas sin propuestas… F

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Juan Manuel Portal Martínez Auditor Superior de la Federación. Es Contador Público por la UNAM con grados de Contador Público Certificado, Auditor Interno Certificado, Examinador de Fraude y Auditor de Control Interno. Es Maestro en Administración Pública por el Instituto de Estudios en Administración Pública, y cuenta con un posgrado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Fue el primer auditor latinoamericano en recibir el premio Bradford Cadmus, el cual le fue otorgado en 2010 por The Institute of Internal Auditors, Inc. (IIA) por sus valiosas contribuciones en el campo de la Auditoría Interna.

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / David Solis

La Fiscalización en el entorno electoral

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ELECCIONES Juan M. Portal

Existe un nexo sólido entre democracia y fiscalización; sólo podremos hablar de un gobierno orientado a atender las necesidades de la ciudadanía cuando éste asuma plenamente la obligación de rendir cuentas del uso que da a los recursos públicos que le son confiados para su administración F

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La nueva etapa de la fiscalización superior en México, de la que podemos marcar el inicio a raíz de la creación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el año 2000, fue coincidente con el relevo del partido en el poder en el cargo del titular del ejecutivo. La transición democrática abrió entonces la necesidad de reformar las instituciones más tradicionalmente vinculadas con la rendición de cuentas, entre las que destaca la entidad fiscalizadora superior a nivel federal, que sucedió a la Contaduría Mayor de Hacienda. Más allá de un mero cambio de siglas, lo que estuvo en juego fue asumir una concepción diferente de la labor pública y la necesidad de hacer de la fiscalización una herramienta efectiva que forme parte del sistema de pesos y contrapesos que rige las relaciones entre los tres poderes de la Unión. En contraposición a quienes están encargados de ejecutar el gasto, la labor de la fiscalización superior de la Cuenta Pública tradicionalmente ha sido dominio del legislativo y, al ser la Cámara de Diputados la institución que de manera más clara representa la pluralidad política y los distintos intereses de la ciudadanía, es a través de una de sus comisiones, la de Vigilancia, que el Congreso ejerce esta facultad, valiéndose de un órgano técnico especializado. Podemos ver que la génesis y la base de la actuación del ente encargado de la fiscalización superior son de naturaleza eminentemente política, sin embargo, existen límites muy precisos a los que se deben circunscribir los actores partidistas en relación con el ejercicio de la labor fiscalizadora. En esencia, la actuación de la ASF es apartidista, puesto que de ello depende la credibilidad de sus resultados cuando evalúa el uso de los recursos federales en la gestión gubernamental. Esta institución tiene, como uno de

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Retos y Expectativas

> Un público informado es, sin duda, la base de la democracia. Quien consulte los resultados de la fiscalización superior podrá emitir su voto con base en información objetiva y confiable.

sus principales cometidos, la generación de confianza entre la ciudadanía; confianza en que sus intereses se verán protegidos a través de la conducción de auditorías de manera rigurosa y profesional, buscando perfeccionar la

administración pública, detectar irregularidades, proponer modificaciones y, de ser el caso, detectar manejos indebidos por parte de los ejecutores de ingresos y gastos. Así pues, la ASF constituye una línea de defensa del interés público ante


fenómenos como la ineficiencia, el dispendio e, inclusive, la corrupción. Es por ello que se han generado los candados y las disposiciones legales necesarias para garantizar que la fiscalización superior a nivel federal no pueda convertirse en un botín político de ningún partido; desde dotar a la institución con autonomía técnica y de gestión, hasta la manera de designar a su titular a través de un procedimiento abierto y público, existen medidas que ponen a la ASF a resguardo de un manejo partidista o basado en intereses de grupo. Posteriores reformas a nivel constitucional han venido a reforzar esta estructura legal, por lo que la ciudadanía cuenta con garantía suficiente de que la acción fiscalizadora se atendrá exclusivamente a consideraciones técnicas y que sus hallazgos se basarán exclusivamente en evidencia documental. Ahora bien, ¿qué papel juega la fiscalización superior en el entorno político, si no está sujeta a sus vaivenes? Esencialmente, podemos distinguir ese papel a través de proporcionar información objetiva a la ciudadanía respecto del desempeño de los actores públicos. En una república democrática, además de la posibilidad de participación política directa, que está restringida a un número reducido de ciudadanos, se espera que la totalidad de quienes estén habilitados políticamente participen a través de los comicios. Es en las urnas en donde, a manera de una consulta popular, la sociedad avala o rechaza los proyectos de los partidos políticos en función de que éstos hayan o no correspondido a sus expectativas. Desde una perspectiva ideal, el voto del ciudadano es un acto razonado, libre e independiente; sólo a través de contar con la información necesaria se puede esperar que la ciudadanía norme su criterio y emita un sufragio de acuerdo con los resultados de la gestión de las autoridades. Sin embargo, las maquinarias electorales, a través de distintos medios, pretenden orientar la voluntad del votante, por lo que en ocasiones no se

cuenta con una visión objetiva del desempeño gubernamental. En este sentido, la utilidad de los resultados de la fiscalización superior radica en que aquel ciudadano que los consulte podrá emitir su voto basándose en información objetiva y confiable. De esta manera, se premiará –a través de mantener la opción partidaria en el poder si la gestión fue la adecuada– o se censurará –sufragando por otras opciones– al partido en el poder. Un público informado es, sin duda, la base de la democracia. La rendición de cuentas se ha convertido en un tema de debate de actualidad en nuestro país, dadas las grandes necesidades existentes y el deseo de que el aparato gubernamental haga el mejor

al cumplimiento de las obligaciones que contraen quienes ocupan cargos públicos. La sociedad civil, a través de distintas organizaciones, ha asumido una actitud crítica y de vigilancia a la gestión gubernamental, y esta exigencia se ha ido diversificando hasta abarcar prácticamente la totalidad del ejercicio público. Las leyes de transparencia y las instituciones oficiales han dotado a la ciudadanía de importantes recursos para obtener información que antes estaba restringida. Por ello, la rendición de cuentas ya no es vista como una concesión que hay que agradecer, sino como un requisito mínimo que el servidor público debe cumplir. Es por ello que, en la actual coyuntura electoral, la fiscalización superior y su ejercicio han cobrado una importancia mayúscula, en tanto que son garantes de un ejercicio gubernamental limpio y fortalecen los procesos democráticos al arrojar luz sobre el desempeño de quienes gestionan el uso de los recursos públicos. El manejo de esta información debe ser, asimismo, responsable; en muchas ocasiones se hace un uso político de la información técnica proveniente de las auditorías; podemos responder de la veracidad de nuestros hallazgos, pero el uso y la interpretación que se haga de los mismos para cumplir objetivos de carácter político implica desvirtuar un mecanismo que busca la mejora, no el ataque a la persona del funcionario o de la institución auditada. Es necesario recordar que el objetivo de la fiscalización superior no es, primordialmente, el de sancionar las malas prácticas, sino más bien perfeccionar el ejercicio gubernamental para dotar a la administración pública de parámetros objetivos respecto a su desempeño y sugerir vías de prevención y mejora, así como informar al ciudadano, de manera clara, comprensible e imparcial, el destino que se le da a los recursos que le pertenecen. Un mayor grado de madurez política, tanto del electorado como de los propios actores, dará a la fiscalización superior el lugar que le corresponde en la creación de una democracia más perfecta.•

En la actual coyuntura electoral, la fiscalización superior y su ejercicio han cobrado una importancia mayúscula, en tanto que son garantes de un ejercicio gubernamental limpio y fortalecen los procesos democráticos al arrojar luz sobre el desempeño de quienes gestionan el uso de los recursos públicos uso posible de recursos, que resultan, en muchos casos, limitados respecto a las tareas que hay que emprender. Por ello, quienes deseen ocupar un cargo de elección popular deberán hacer una ponderación adecuada del rol que jugará en su proyecto de país el compromiso que propongan establecer con las instancias vinculadas con la transparencia y la rendición de cuentas, entre las que destaca la Auditoría Superior de la Federación. Los procesos democráticos, que permiten actualmente la sucesión de distintos signos partidarios en el poder, han traído como consecuencia adicional una sociedad más reactiva a manejos inadecuados de los recursos públicos y sustancialmente más demandante respecto

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ELECCIONES

Germán Pérez Fernández del Castillo Profesor e Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es Doctor en Filosofía por la Universidad de Frankfurt, Alemania, y autor de diversas publicaciones, entre las que se encuentra el libro “Los límites de la política en la globalización”. Es miembro del SNI y ha sido director del Seminario de Procesos Políticos y electorales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como Consejero Magistrado del IFE.

Gobernabilidad y procesos electorales Germán Pérez Fernández del Castillo

Los procesos electorales de 2006 pusieron en riesgo la gobernabilidad del país y proporcionaron lecciones que no debemos olvidar de cara al proceso electoral de 2012

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uiero recordar algunos de los hechos que dieron por resultado un país fracturado y una lastimada legitimidad del presidente electo: a) El discurso del candidato de la Coalición de izquierda. Andrés Manuel López Obrador tomó como eje central la clara distinción entre los pobres y los demás: “Por el bien de todos, primero los pobres” fue el leitmotiv de su campaña. En su discurso, López Obrador golpeó a los ricos, a los monopolios, a los empresarios, a los industriales y al sector financiero. También criticó a la iglesia católica y a los medios de comunicación. No tomó nunca en consideración a las clases medias y con ello extrapoló al pueblo: a los pobres frente a los ricos y poderosos. b) El ejecutivo en México de manera tradicional, con alguna excepción, apuntalaba a los candidatos de su partido, pero nunca lo hizo de manera abierta a través de los medios. Sus acciones

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Las campañas negativas dividen sin razonar, destruyen al opositor y vulneran a quien las utiliza; además, producen una legitimidad reducida sólo a quienes votaron por ellos, dificultando el posterior accionar gubernamental se daban siempre de manera soterrada, fundamentalmente con transferencias ilegales de recursos públicos para las campañas o a través del condicionamiento de servicios públicos. Pero en 2006 el ejecutivo tomó partido abiertamente y a través de los medios de comunicación, por el candidato de su partido. El presidente Vicente Fox, como después lo aceptaría con orgullo, dejó de ser el presidente de todos los mexicanos para devenir en un elemento más de la

campaña de su candidato. c) El Consejo Coordinador Empresarial tomó parte en la contienda electoral al realizar una campaña publicitaria en la que se afirmaba que López Obrador era un “Peligro para México”. Esto, más otras campañas sucias emprendidas por diversos actores, puso de un lado a las izquierdas y a buena parte de los sectores populares, quienes hicieron suyo el discurso de un candidato que demandaba menor desigualdad y mayor inclusión


Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Quetzalli Gonzalez

> Es necesario que los actores políticos acaten las normas electorales y promuevan una cultura de legalidad durante el proceso.

social, y de otro lado a quienes pensaron que realmente era un peligro para el país. La posibilidad del uso de campañas negativas sería grave porque ese tipo de campañas de impactos, acusaciones y denuncias radicalizan a la población, ya de por sí con un tejido social fracturado y con una cohesión social lastimada. Como afirma Pierre Rosanvallon: “las campañas negativas condensan la opinión y reducen el razonamiento (…) el ciudadano cree que la política es una porquería (…) una vez que se conocen los resultados, los partidos y los candidatos vencedores y vencidos (difícilmente) vuelven a una vida pública normal (…)”. Quienes recurrieron a campañas negativas, pues, dividen sin razonar, destruyen al opositor y se vulneran a sí mismos, producen una legitimidad reducida sólo a quienes votaron por ellos y se dificulta el posterior accionar gubernamental. El segundo elemento que pudiera repetirse es que el presidente de todos los mexicanos participe activamente a favor de un candidato, tal y como lo hizo Vicente Fox, porque en el imaginario colectivo esas declaraciones pueden traducirse en una elección de Estado, justamente aquello a lo que se opuso el PAN durante décadas. Pero un tercer elemento insoslayable que con seguridad jugará un papel importante en las elecciones es el llamado narco. Éste puede intervenir de varias formas: 1. En tanto imaginario, es decir, intervenga o no, de manera más o menos efectiva, si hay campañas negativas, los partidos políticos y eventualmente los candidatos se acusarán unos y otros de estar apoyados por este o aquel cártel. 2. En caso de intervenir real y efectivamente, tendría varias alternativas: i. En tanto poder fáctico local, su actuación estaría orientada a la coacción o compra del voto. Ciertamente, la compra y coacción del voto ha sido ejercida por todos los partidos y por los poderes fácticos; esto es, por empresarios, iglesias y sindicatos, entre otros, y este tipo de prácticas han sido usadas por los distintos niveles de gobierno. ii. En tanto poder nacional, financiando directamente a partidos o candidatos. iii. La intervención mediante el miedo, amenazando candidatos que no le convengan. iv. Intimidando a los ciudadanos a no votar por un partido determinado. En estos casos, la diferencia con las formas tradicionales de compra y

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Javier Otaola

ELECCIONES

> La intervención en el proceso electoral de factores como el ejecutivo federal, el narcotráfico y las campañas sucias podrían reforzar los problemas de legitimidad en estas elecciones.

coacción del voto es que aquí se juega con la vida de votantes y candidatos. El problema principal es que las leyes electorales no están adecuadas para prevenir estos casos y resulta claro que ni la FEPADE ni la PGR en su conjunto están en posibilidades de prevenir este tipo de intromisiones para evitar que se actúe de manera reactiva, teniendo muy poca efectividad, como hasta ahora se visto. Ello puede provocar la utilización política de un fenómeno al que todos los partidos están expuestos con el preciso objeto de descalificar el triunfo de candidato ganador. Otro tema que puede contribuir a la ingobernabilidad es la cultura política de los actores políticos, sobre todo de los partidos políticos, quienes para justificar sus derrotas siguen acusando a las instituciones electorales de fraudulentas y parciales. Desde hace tiempo el IFE, a pesar de ser una de las instituciones con mayor credibilidad en México, se enfrenta a las disputas de los partidos, por tratar de controlar a su Consejo General y rompen con ello los principios constitucionalmente instituidos a los que debe sujetarse el mismo. Lo anterior nos lleva a un punto muy importante, y que es muy complicado de resolver: ¿cómo hacer que los actores políticos realmente acaten las reglas del juego? Con demasiada frecuencia se observa cómo los partidos perdedores terminan judicializando el proceso electoral

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Las leyes electorales no están adecuadas para prevenir la intervención de poderes fácticos como el narco, y resulta claro que ni la FEPADE ni la PGR en su conjunto están en posibilidades de evitar que se actúe de manera reactiva. La diferencia en el caso del narcotráfico es que, más allá de las formas tradicionales de compra y coacción del voto, se juega con la vida de votantes y candidatos en turno, a pesar de que los recursos que presentan carezcan de fundamento jurídico. Ello señala que lo que se intenta es poner en duda justamente la legitimidad de la elección, aun si sus fundamentos son falsos. Lo anterior crea un clima de confusión en la población que termina por desatar una abierta desconfianza tanto en las instituciones electorales como en los partidos políticos y en los candidatos electos. Hasta hoy pareciera que los actores políticos no son capaces de cumplir con las reglas que ellos mismos se han puesto. Las elecciones de 2012 pueden

presentar problemas de legitimidad, sobre todo si los resultados de la misma no favorecen a un candidato de manera clara. Las tentaciones de que los poderes fácticos intervengan (desde el narco hasta los medios de comunicación), así como la falta de una cultura de la legalidad por parte de los partidos políticos, pueden crear un clima en el que el candidato ganador asuma el poder con una legitimidad debilitada y, por lo mismo, dispuesto a acciones heroicas que lo refuercen políticamente, como se ha visto en este sexenio, pero cuyos costos sociales pueden ser muy altos.•


trabajo

La gran

fractura del empleo

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ay una severa parálisis económica nacional. El promedio

de crecimiento en las últimas dos décadas es de apenas 1.5% anual y, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2011, al cuarto trimestre del año pasado, el

29% de las personas ocupadas lo estaban en el sector informal; el 41.34% no cuenta con acceso a las prestaciones de ley; y el 11% trabaja en condiciones críticas de ocupación. De quienes logran conseguir un empleo, más de 6 millones ganan menos de un salario mínimo, mientras que el número de desocupados es de aproximadamente 2.43 millones de personas. Sin duda, uno de los grandes dilemas de la cuestión social es la gran fractura del mundo laboral F

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Mateo Lejarza Leo Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la ESIME IPN. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (1976-2010); del Comité Fundador de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios; del Comité Fundador de la Unión Nacional de Trabajadores; del Comité de Responsabilidad Social Empresarial de CEMEFI; así como miembro Presidente de la Comisión de Telecomunicaciones del Consejo Económico y Social del DF; Coordinador del Grupo Negociador Sindical de la Privatización de Telmex; y Vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales

REVALORAR EL TRABAJO, AL TRABAJADOR Y A SUS ORGANIZACIONES Mateo Lejarza

Un grave error estratégico del gobierno federal y del empresariado mexicano ha sido el creer que la productividad y la competitividad basadas en el bajo costo laboral se podían prolongar indefinidamente sin consecuencias. Me parece oportuno señalar que, si algo ha confirmado la crisis del sistema financiero global –además de que es falso que los mercados se autorregulen–, es que lo único que produce riqueza es el trabajo

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a afirmación anterior es un referente que hay que tener, porque de otra manera podría parecer que se hace una defensa ideológica del trabajo, de los trabajadores y de sus organizaciones, que, sin duda, es una triada temática central a la que hay que caracterizar adecuadamente y dar respuestas consecuentes para poder resolver muchos de los viejos problemas y superar los nuevos a los que se

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enfrenta la economía nacional, su competitividad y la cohesión social en nuestro país. Hoy existen datos que dan cuenta de que promover políticas públicas deliberadas para mantener bajos los salarios y los ingresos de los trabajadores desde 1976 como incentivo para atraer inversiones ya causó daños estructurales mayores y nos ha dejado desarmados para usar la fuerza del mercado interno para dar salida a la crisis global.

En efecto, el subsidio salarial ha traído como consecuencia que las instituciones de seguridad social como el IMSS, el ISSSTE, el INFONAVIT y el FOVISSSTE estén desfondadas al haber caído las aportaciones de las que se nutren, pues éstas corresponden al monto de los salarios. Las propias afores están imposibilitadas para ofrecer pensiones dignas por la misma circunstancia; y el fisco igual está impactado por una recaudación cautiva que no crece porque

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la masa salarial está contenida. Los efectos no están sólo en el plano de lo económico, ya que al decidirse que el trabajo era un componente sacrificable, también se sacrificó la justicia laboral y el diálogo social. Se les dejó a los empresarios nacionales y multinacionales que impusieran los términos de las relaciones de producción y el valor del trabajo, claro, siempre con el gobierno fijando los criterios, poniendo el techo con los incrementos al salario mínimo y con sus políticas laborales en la relación con sus empleados. No olvidemos que el mayor contratante es el gobierno en sus distintos niveles. Asimismo, al abandonar la tutela de los derechos laborales se dejaron sin protección no sólo los derechos individuales, sino también los colectivos, entre ellos, el derecho a la contratación, a la huelga y a la sindicalización. Es constatable que no se ha registrado un sindicato importante en las dos últimas décadas y que la sindicalización total no rebasa el 10% de la PEA y la mayoría de estos sindicatos no tienen una vida autónoma y democrática, ya que son organizaciones corporativas o, peor aún, se conducen por esquemas de protección controladas por despachos de abogados que sirven a empresas que prefieren gastar en esa protección que en beneficios para sus trabajadores. Hay pocas excepciones en las que se practica la consulta a sus bases y tienen una relación bilateral con sus empleadores, pero son consideradas privilegiadas y hasta nocivas porque son un mal ejemplo. Esta situación no puede prolongarse más sin riesgo a un colapso, sobre todo porque dos de las válvulas que existían para quitarle presión al proceso, como lo son la migración y el trabajo informal, han llegado a sus límites.

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Con todo ello, podemos afirmar que la situación en el mundo del trabajo es profundamente injusto, pero sobre todo irracional, porque se está desperdiciando uno de los más importantes potenciales y energías sociales al grado de que a una parte importante de la burocracia gubernamental y de dueños del capital le resulta alarmante que haya cientos de miles de jóvenes, y otro tanto de desempleados, que están demandando un lugar de trabajo, ya que para ellos representa un problema en lugar de entenderlo como una condición excepcional y beneficiosa. La democracia ha sido dañada también por esta política de exclusión dado que, si bien es cierto que los trabajadores, por más modestos que sean, urbanos o del campo, tienen el derecho a votar y a que su voto se cuente desde elecciones locales hasta para Presidente de la República, y existe la incongruencia de que no pueden elegir a su representante sindical o votar en una revisión salarial o contractual y menos para formar un sindicato. Son responsables y aptos para decidir sobre los destinos de la democracia nacional, pero son un peligro si quieren participar en sus centros de trabajo. Gobierno y empresarios se cansan de decir que creen en la democracia, en la participación ciudadana, en la transparencia y en el diálogo, pero siempre y cuando esto no se dé en sus territorios o con sus empleados, porque eso atenta con el libre mercado y la eficacia de la función pública, y hay que controlar esa variable, pues puede llevar al país a la catástrofe. Entre menos sindicatos, menos negociaciones y menos diálogo, las cosas marchan mejor para ellos. Su cinismo se va al extremo porque, a pesar de que ya flexibilizaron al máximo la relación laboral, promueven una reforma para legalizar el despojo y

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Alejandro Meléndez

Promover políticas públicas deliberadas para mantener bajos los salarios y los ingresos de los trabajadores como incentivo para atraer inversiones ya causó daños estructurales mayores y nos ha dejado desarmados para usar la fuerza del mercado interno para dar salida a la crisis global

la justifican diciendo que el costo laboral y de seguridad social impide que las empresas sean mejores y que haya más empleo. Si ya aplicaron todo lo que les vino en gana, si ya pueden contratar a personas como pequeñas empresas y pagar vía factura de servicio a cada uno de sus trabajadores y eludir toda la responsabilidad social, fiscal y laboral que más desean, más allá de eso no hay nada más que esperar a que estalle el conflicto social, cosa que tal vez no les preocupa mucho porque ya está el ejército en la calle dispuesto a actuar contra cualquier barrunto de conflicto que altere la paz. Han mandado al diablo a la Responsabilidad Social Empresarial y a los lineamientos de la OCDE sobre Gobierno Corporativo


> El trabajo se ha visto como un componente sacrificable, y se ha dejado a los empresarios nacionales y multinacionales imponer los términos de las relaciones de producción, abandonando la tutela de los derechos laborales, y dejando sin protección a los derechos individuales y colectivos.

y el gobierno se hace autista respecto de las recomendaciones de la OIT. En el TLC, de manera deliberada, México concedió a EEUU y Canadá la flexibilidad del cumplimiento de las normas laborales y medioambientales, aceptando la no inclusión de esos temas en el cuerpo del Tratado. Privilegios de país autoritario que, sin embargo, en nuestros socios comerciales –particularmente EEUU–, deja pasar desapercibido el que no se cumplan las leyes laborales ni las medioambientales en los emplazamientos empresariales provenientes de ese país, no obstante que el derecho laboral y el medioambiental son catalogados como importantes derechos humanos. Ni se diga del comportamiento

de gobierno mexicano que ve como un gran éxito que esto pase porque dejó libre de obstáculos al mercado. Es lamentable que empresas con fuertes inversiones en tecnología y de grandes dimensiones no tengan sindicatos e impongan unilateralmente y de manera arbitraria las condiciones laborales, igual empresas maquiladoras que productoras de tecnología y bancos, a todos se les exentó del cumplimiento de esas leyes como incentivo para que se asentaran en México, la pregunta es: ¿y cuándo acabará este subsidio antiproductivo? El daño está, además, en la formación profesional, en uso de nuevas tecnologías y las capacidades de gestión y operación, dado que existe una sobreoferta de mano

de obra y, habiéndose hecho a la idea de competir en razón del bajo costo laboral, no hay por qué invertir ni en el capital humano ni en modernización, menos en el rediseño de estructura organizacional. En este momento de incertidumbre, y después de más de tres décadas de políticas equivocadas, se requiere revisar el modelo y diseñar los cambios para establecer nuevos equilibrios locales y globales; es oportunidad de ver con otros ojos lo que pasa en el mundo del trabajo, comprender debidamente que revalorar al trabajo, al trabajador y a sus organizaciones no es sólo un problema de elemental justicia, sino que representa la base misma de un nuevo paradigma productivo.•

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Norma Samaniego Presidenta del Patronato de la UNAM, institución en la cual se graduó como Economista. Tiene estudios en el Institute of Social Studies de la Haya, Holanda. Ha ocupado, entre otros, los cargos de Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y Subsecretaria del Trabajo. Ha sido también consultora de organismos internacionales.

Norma Samaniego

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Salomon Ramirez

La fuerza de trabajo ha vivido transformaciones radicales; los efectos combinados de estas tendencias son síntomas de una profunda revolución que ha cimbrado las estructuras en que se basó la legislación laboral en el mundo desde los inicios del siglo XX; y, dentro de este nuevo contexto, los sistemas de bienestar social están en retroceso. El mundo se encuentra en la búsqueda de un nuevo equilibrio entre las nuevas formas de producción y las instituciones reguladoras y protectoras del trabajo

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¿DESMANTELAMIENTO O RENOVACIÓN?

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a celebración del “Día del Trabajo” conmemora la ardua lucha del movimiento obrero por lograr un conjunto de garantías esenciales al trabajador al propagarse la industrialización y el trabajo masivo, que rompía con los cánones del taller y el oficio de padres a hijos. Nos remite a los orígenes del “derecho del trabajo” que hoy nos rige y del marco institucional construido en esta materia, en lo que constituyó una revolución social de enorme trascendencia a principios del siglo XX. La conmemoración data de fines del siglo XIX, cuando en la ciudad de Chicago surgió el clamor por establecer, a partir del 1º de mayo de 1886, la jornada máxima de 8 horas. La lucha por este postulado desembocó en una cruenta represión, sin embargo, despertó la conciencia y la solidaridad de las organizaciones laborales en el mundo, que proclamaron al 1º de mayo como el Día Internacional del Trabajo. En nuestro país, el movimiento obrero naciente se sumó a estas demandas y a la celebración de esta fecha a partir del primero de mayo de 1913. La Constitución de 1917, surgida de la Revolución, recoge estas inquietudes, muchas de las cuales habían terminado en violentos sofocamientos, como los de Cananea (1906) y Río Blanco (1907), y es la primera en el mundo en consagrar los derechos de los trabajadores. Incluye un conjunto de garantías que en otros países formarían parte de códigos secundarios, con objeto de dar certidumbre de que esos principios tendrían el más alto rango jurídico y guiarían a las instituciones que habrían

de surgir después del movimiento revolucionario y asegurar la paz social. El Artículo 123 constitucional constituye la esencia del nuevo derecho del trabajo del siglo XX en México. Garantiza, desde su inciso I, la jornada máxima de 8 horas, motivo de las movilizaciones que

trabajo, trabajo infantil o prestaciones a la mujer durante el embarazo. Establece el salario mínimo y el derecho de empresarios y trabajadores de coaligarse en defensa de sus propios intereses, y reconoce el los derechos de huelga y de paro. Sienta, además, las bases de las instituciones procesales del trabajo y apunta ya a la creación de lo que posteriormente sería un Seguro Social. El texto del Artículo 123 está así fuertemente inspirado en las demandas laborales de la época en torno al trabajo industrial. Sin embargo, otro tipo de trabajo asalariado -como el del ramo de los servicios- no contaba con principios igualmente explícitos para su regulación o protección. Es hasta 1960 que se regula el trabajo entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, al agregarse un Apartado B, como un apartado distinto al texto original, y hasta 1990 que se incorpora a los trabajadores bancarios.

La empresa base del modelo, ideada para la producción masiva, estandarizada, y ubicada en un entorno nacional protegido por barreras arancelarias, ha dado paso a organizaciones en permanente mutación y a proyectos efímeros, en un marco en el que los insumos, los procesos y el propio capital no tienen fronteras ni responden ya a intereses nacionales. En este marco, el Estado ha quedado atrás como promotor del empleo, en un contexto en el que su soberanía se ha menguado y hoy da prioridad a la lucha contra la inflación y el control presupuestal llevaron a establecer como fecha emblemática el Primero de Mayo. Introduce, además, un conjunto de derechos y obligaciones que hoy en día siguen dando forma al contrato del trabajo, en materia de condiciones de trabajo, días de descanso, indemnizaciones por riesgos del

EL TRABAJO EN EL MUNDO CONVULSO DEL SIGLO XXI

Pocos ámbitos han experimentado un cambio más profundo en los últimos cien años que el mundo del trabajo. Se ha alterado diametralmente la forma en que se diseñan, producen y distribuyen los bienes y servicios en el espacio económico mundial; se están borrando las fronteras nacionales; se han transformado radicalmente las comunicaciones; y el avance tecnológico está ocurriendo a un paso jamás contemplado por la humanidad. La gran corporación no emplea ya ejércitos de trabajadores de base, y hoy la empresa se organiza en proyectos efímeros y

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trabajo El reto es actualizar el contrato de trabajo, pero, al mismo tiempo, revisar a fondo los esquemas de seguridad y protección social, incorporar el enfoque de género y diseñar una nueva estructura institucional que rija un trabajo de naturaleza global. Es ésta una reforma de gran alcance que exigiría un planteamiento visionario: hoy se requiere una legislación laboral del siglo XXI y una seguridad social no constreñida al asalariado formal, sino creadora de derechos sociales básicos de corte universal no ligados a la nómina

dispersos. La carrera laboral de toda una vida es algo inusual y los puestos basados en tareas concretas están en proceso de desaparición o son sustituidos por máquinas. La fuerza de trabajo ha vivido transformaciones radicales. Quizá la más ostensible ha sido la irrupción masiva de la mujer en el mundo masculino del trabajo remunerado, que ha venido a trastocar de raíz muchos de los parámetros en que se fundaba el contexto socio-laboral de principios del siglo XX. Otros rasgos de esta dinámica son la extensión de la esperanza de vida y la proliferación de los movimientos migratorios internacionales de trabajadores. Los efectos combinados de estas tendencias son síntomas de una profunda revolución que ha cimbrado las estructuras en que se basó la legislación laboral en el mundo desde los inicios del siglo XX.

La legislación laboral y la protección social se construyeron alrededor de un arquetipo de trabajo: el empleo asalariado fabril, masculino, en un entorno económico nacional cerrado. En torno a esta modalidad se erigieron los sistemas de pensiones, seguros de enfermedad, de incapacidad y de vida; se definió la jornada máxima de trabajo, el salario mínimo y los estatutos para la negociación colectiva. Hoy, sin embargo, las bases de estos sistemas se están colapsando: • El empleo asalariado permanente, basado en el modelo de un trabajador predominantemente masculino, jefe de familia y de un solo perceptor está en extinción. El empleo no protegido y no convencional se multiplica, se difumina la frontera entre empleo y autoempleo, surge el trabajo femenino, y con él nuevas necesidades no contempladas, al tiempo que la familia tradicional es cosa del pasado. • La empresa base del modelo, ideada para la producción masiva, estandarizada, ubicada en un entorno nacional protegido por barreras arancelarias, ha dado paso a organizaciones en permanente mutación y a proyectos efímeros, en un marco en el que los insumos, los procesos y el propio capital no tienen fronteras ni responden ya a intereses nacionales. En este marco, el Estado ha quedado atrás como promotor del

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / David Hernandez

CRISIS EN LAS INSTITUCIONES DEL TRABAJO


Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Ulises Castellanos

La irrupción masiva de la mujer en el mundo masculino del trabajo remunerado ha trastocado de raíz muchos de los parámetros en que se fundaba el contexto socio-laboral de principios del siglo XX, surgiendo nuevas necesidades no contempladas, y dejando a la familia tradicional como cosa del pasado.

empleo, en un contexto en el que su soberanía se ha menguado y hoy da prioridad a la lucha contra la inflación y al control presupuestal. • Las organizaciones laborales se han visto obligadas a incorporar nuevos objetivos. Hoy su lucha no es tanto la mejoría de los niveles salariales o las condiciones de trabajo, sino la supervivencia misma de las fuentes de trabajo. • Dentro de este nuevo contexto, los sistemas de bienestar social están en retroceso.

LA DIFÍCIL ENCRUCIJADA En este nuevo entorno mundial, las legislaciones nacionales del trabajo han perdido peso. “Los pilares de protección de corte nacional han sido desmantelados progresivamente y se ha puesto a competir a los trabajadores de todo el mundo”(I); el salario mínimo mundial lo fija, de hecho, China; y se requiere de una nueva estructura institucional que rija un trabajo de naturaleza global, distinto al modelo fordista de economía cerrada. El mundo se encuentra en la búsqueda de un nuevo equilibrio entre las nuevas formas de producción y las instituciones

reguladoras y protectoras del trabajo. Es ésta una encrucijada difícil. El reto es actualizar el contrato de trabajo, pero al mismo tiempo revisar a fondo los esquemas de seguridad y protección social, incorporar el enfoque de género y diseñar una nueva estructura institucional que rija un trabajo de naturaleza global. Es ésta una reforma de gran alcance, que exigiría un planteamiento visionario. Al igual que nuestros antecesores supieron construir la legislación laboral del siglo XX, hoy se requiere una legislación laboral del siglo XXI y una seguridad social no constreñida al asalariado formal, sino creadora de derechos sociales básicos de corte universal no ligados a la nómina. Como lo señala el Informe Supiot(II), más que proteger un puesto de trabajo o un empleo fijo, hoy se requiere asegurar la trayectoria del trabajador a lo largo de su vida laboral ante un riesgo más ubicuo, derivado de la mayor incertidumbre. Una reforma laboral de fondo no es simplemente “flexibilizar el despido o la contratación”, sino que exige un cambio de paradigma; es éste el reto que corresponde afrontar a nuestra generación en un nuevo entorno mundial del trabajo.•

REFERENCIAS:

I. Supiot, Alain, 2010. “La Perspectiva de la Crisis de 2008”. Revista Internacional del Trabajo, vol. 129 II. Supiot, Alain, et al. 1998. Transformation of labour and future of labour law in Europe. Final Report. Brussels.

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Luis Ignacio Román Morales Profesor-Investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y miembro del SNI desde 1999. Es economista por la Facultad de Economía de la UNAM y Doctor en Estructuras Productivas por la Universidad de París VII. Se especializa en temas de empleo, política económica y coyuntura socioeconómica.

DEL TRABAJO COMO DERECHO AL TRABAJO COMO MERCADO Luis Ignacio Román

Todos los seres humanos tienen una serie de derechos sociales fundamentales, entre los que resalta la de satisfacer sus necesidades esenciales. Todos los Estados tienen obligaciones conducentes a que dichos derechos se cumplan. En México, planteado como un Estado de Derecho, el acceso a la educación y a los servicios de salud, así como el contar con una vivienda, seguridad social y trabajo se constituyeron como ejes de la legislación del siglo XX F

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Eduardo Jimenez Fernandez

> Los problemas del subempleo, la precariedad laboral y la inestabilidad, entre otros, son resultado del funcionamiento económico de las sociedades y no una responsabilidad puramente individual del empresario o del trabajador.

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n particular, el derecho al trabajo fue instituido como tal el 19 de diciembre de 1978, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el párrafo inicial del Art. 123 constitucional citado en el epígrafe de este artículo. Las especificaciones de “trabajo digno” y “socialmente útil” pueden ser interpretadas, la primera, como un antecedente del denominado “empleo digno” promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la segunda, como un referente al sentido social del mismo y a su pertinencia en la reproducción social. Sin embargo, en este derecho la acción del Estado queda circunscrita a una función promotora del empleo y de la organización social para el trabajo. Cabe entonces preguntarse quién y cómo puede cumplir con tal función. El derecho al trabajo está planteado de tal forma que se genera una profunda ambigüedad entre éste y la acción estipulada: el derecho es al trabajo, pero la acción es promover la creación

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley”. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, introducción al Art. 123

de empleos. ¿Se entienden como sinónimos empleo y trabajo?; ¿es el empleo la condición para que una persona trabaje?; ¿qué son, entonces, el empleo y el trabajo? Una segunda ambigüedad se encuentra en la delimitación de responsabilidades: si, como dice el texto constitucional, “se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo”… ¿A quién se refiere el “se”? ¿El Estado cumple una función directa al respecto (por ejemplo, a partir de su intervención específica en la generación de bienes y servicios, o mediante sus políticas sectoriales), o la promoción debe limitarse a favorecer el funcionamiento libre del mercado para que éste genere los empleos requeridos? El derecho parece claramente establecido en un

principio, pero se desdibuja al momento de definir los quiénes y los cómos, lo que permite la utilización de razonamientos encontrados con respecto al logro del objetivo. En cuanto a la relación entre trabajo y empleo, el primer concepto es más vasto que el segundo. En la historia del pensamiento económico, desde Platón, se concibe que la generación de la riqueza se logra mediante la división del trabajo, es decir, de las actividades humanas conducentes a la generación de los bienes que satisfagan sus necesidades. En la economía clásica se refiere la forma humana de apropiación y transformación de la naturaleza para satisfacer igualmente tales necesidades. En todo caso, el trabajo no está circunscrito a una remuneración

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Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Salomon Ramirez

específica o a la inserción de quien transforma la naturaleza o genera bienes (o servicios) en una estructura de mercado. En cambio, el concepto de empleo es más exiguo, aunque es igualmente sujeto de diversas interpretaciones económicas. En la XIII Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo de la OIT se acordó definir al empleo como el conjunto de personas de un rango de edad especificado que en un breve periodo de tiempo (una semana o un día) se encontraban en alguna de las siguientes circunstancias: trabajando a cambio de un pago o salario; con un trabajo pagado aunque no estuviesen trabajando en ese momento (por vacaciones, enfermedad, permiso, etcétera); bien autoempleados; empleadores; personas con licencia (por ejemplo de maternidad); trabajadores familiares, trabajadores orientados al autoconsumo; trabajadores sin pago contabilizables como autoempleados (por ejemplo, en trabajo comunitario productor de bienes eventualmente incorporables al mercado); aprendices, sean pagados en especie o en moneda; y estudiantes, amas de casa u categorías similares que simultáneamente se encuentren en alguna de las categorías previas. En todo estos casos se requeriría que las personas hubiesen trabajado al menos una hora en la semana de referencia. El criterio de la OIT no se circunscribe entonces sólo a una inserción laboral estricta en el “mercado de trabajo” (oferta y demanda de trabajo regladas por un pago efectuado al trabajador a cambio una cantidad de trabajo realizada), sino que incluye una gran diversidad de formas de trabajo (como los autoempleados, trabajadores familiares sin pago o productores de autoconsumo), cuya actividad puede ser registrada como parte del Producto Interno Bruto y, por ende, de la riqueza que produce una sociedad. El criterio adoptado por la actual Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI, ENOE) circunscribe al empleo al ejercicio de un trabajo subordinado asociado al mercado de trabajo. Así, la metodología de la ENOE señala: “Más allá del conjunto de conceptos básicos que subdividen a la población en PEA y PNEA para una encuesta de estos propósitos, es muy importante señalar que en su denominación se hacen ahora explícitos los términos ‘ocupación y empleo’ para dejar en claro que, si bien, al igual que sus encuestas antecesoras (ENEU-ENE), ésta capta el vasto y

> Según la OIT, el empleo no es estrictamente una inserción laboral en el “mercado de trabajo”, sino las actividades que forman parte del PIB y de la riqueza que produce una sociedad.

En la exposición de motivos de las propuestas de modificación a la Ley Federal del Trabajo se advierten iniciativas del PAN y del PRI que dejan un vacío interpretativo, al admitir que el responsable de garantizar el cumplimiento al derecho al trabajo sería el mercado, y que, aunque el trabajador no sea una mercancía, las políticas públicas deben tratarlo como tal heterogéneo universo de todas las estrategias de la población para realizar una actividad económica, distingue al empleo como una situación particular en la que una persona presenta la condición de estar ocupado por mantener una relación laboral con una instancia superior, a la que le rinde cuentas, lo cual le permite

ocupar una plaza o puesto de trabajo” (ENOE: Una Nueva Encuesta para México, INEGI, 2005, p. 10). La visión del empleo restringida implícitamente a sólo una relación de mercado de trabajo no supone tan sólo una restricción teórica, sino un conflicto con respecto a la lógica fundamental con


La orientación de las modificaciones de la LFT implica identificar los problemas del empleo (su obtención, características y remuneración) como dependientes de la interacción entre agentes individuales. Por el contrario, el considerar al trabajo como un derecho y un deber sociales hubiese implicado considerar que los niveles y las características del empleo dependen del funcionamiento, particularmente económico, del conjunto de una sociedad

la que se concibe el derecho al trabajo. En el sentido que se le da al trabajo en la Ley Federal del Trabajo (Art. 3º de la Ley actual), así como en las principales propuestas de modificación a la misma, se refrenda que éste no es un artículo de comercio. Si se entiende por comercio el intercambio de unos bienes por otros, o por dinero (Diccionario Enciclopédico Grijalbo, 1995), entonces cabe afirmar que, según la LFT, el trabajo no es una mercancía (cualquier cosa objeto de comercio) (Grijalbo, ídem). Si el trabajo no es una mercancía, sino –según la ley– un derecho y un deber sociales, la Ley debe contribuir al cumplimiento de tal deber y derecho y, sobre todo, no debe considerarlo como un producto intercambiable en el mercado. Sin embargo, en la exposición de motivos de las propuestas de modificación a la Ley Federal del Trabajo se advierten iniciativas del PAN y del PRI contradictorias con esta lógica: el primer propósito de la iniciativa del PAN es “facilitar el acceso al mercado laboral y la creación de empleos”. En el caso del PRI, ocurre

una situación similar al plantearse “la posibilidad de facilitar el acceso al mercado laboral y la creación de empleos”. Si el trabajo no es un artículo de comercio (por consiguiente una mercancía), no puede plantearse como objetivo de la legislación laboral el fortalecimiento del trato al trabajo como mercancía, es decir, del mercado de trabajo. Además, al optar por una visión económica centrada en el mercado, admiten que su funcionamiento es predominantemente el que asigna la distribución del producto entre recursos escasos (definición básica de economía). Dicho en otros términos, la riqueza es limitada y hay un problema distributivo que se resuelve en el mercado. Bajo este razonamiento, el responsable de garantizar el cumplimiento al derecho al trabajo sería el mercado, aunque se considere que el trabajo no es mercancía. En otros términos, ningún actor social ni agente económico tendría una responsabilidad específica en el cumplimiento del derecho al trabajo y, aunque éste no sea mercancía las políticas públicas, deben tratarlo como tal. Ello significa, en términos de regulación social y de políticas públicas, la inoperancia del derecho y, en consecuencia, la violación del mismo y del propio Estado de Derecho. Curioso discurso oficial el que alerta a la población para defender las instituciones pero en su lógica niega los derechos sociales que les dan sentido a tales instituciones. La cuestión no es puramente semántica ni banal. Se mezclan y confunden

conceptos, se utilizan de forma incoherente, y queda un vacío interpretativo. La orientación de las modificaciones específicas al articulado de la LFT conduce a concluir en un razonamiento esencial de mercado de trabajo tradicional, que implica identificar los problemas del empleo como asuntos de oferta y demanda individuales (el oferente y el demandante de trabajo). Siendo así, la obtención de un empleo, las características y la remuneración de éste dependen de la interacción entre estos agentes individuales. Por el contrario, el considerar al trabajo como un derecho y un deber sociales hubiese implicado considerar que los niveles y las características del empleo dependen del funcionamiento (particularmente económico) del conjunto de una sociedad. Los problemas del desempleo, del subempleo, de la informalidad, de la precariedad laboral, de la inestabilidad, etcétera, son el resultado del funcionamiento económico de las sociedades y no una responsabilidad puramente individual del empresario o del trabajador. Cabría preguntarse si el simplemente achacar el desempleo o el mal empleo a la falta de capacitación (o de capacidad) del trabajador o, por ejemplo, a las decisiones subóptimas de un microempresario individual, que apenas sobrevive en una estructura oligopólica, son explicaciones científicas o meros prejuicios que atentan contra la dignidad del trabajador o del microempresario, al contrario de los principios que se dice defender la retórica política.•

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visión experta Sarah Lewis

Maestra en Población y Salud Internacional por la Universidad de Harvard. Se desempeña como investigadora de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud). Entre sus múltiples trabajos destaca la investigación que realizó durante su estancia en Harvard, sobre aspectos de la reforma del sistema de salud mexicano. Su experiencia le ha permitido colaborar en países como México, Ecuador, Cuba, El Salvador y Chile.

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR / Luis Enrique Olivares

SALUD AMBIENTAL

Acceso Mejorado al Agua Potable y al Saneamiento Sarah Lewis

Una de las prioridades mundiales es optimizar la salud a través de intervenciones en el ámbito ambiental, y algunas de las áreas más importantes de la salud ambiental –especialmente en los países en desarrollo– son el acceso al agua, el saneamiento y la higiene, las cuales tienen consecuencias importantes sobre la salud y la enfermedad FFF

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> El agua es un elemento fundamental para preservar la salud, y asegurar su acceso a toda la población contribuye a disminuir los riesgos mortales de enfermedades como la diarrea y la influenza.

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e estima que casi el 10% de la carga mundial de enfermedad se asocia con la falta de acceso a saneamiento adecuado y agua potable, la higiene inadecuada y a la falta de gestión eficaz del agua(I). Algunas enfermedades relacionadas con el uso del agua son aquéllas causadas por microorganismos y sustancias químicas presentes en el agua potable y la malaria, cuyos vectores están relacionados con el líquido vital(II). Asimismo, el alcantarillado insuficiente (carencia de acceso a un inodoro o letrina higiénica) propicia la propagación de infecciones como la esquistosomiasis, el tracoma, la hepatitis vírica y el cólera, enfermedades que tienen parte de su ciclo de vida en el agua. La diarrea, causante del 4% de las muertes a nivel mundial, casi siempre es síntoma de una infección gastrointestinal generada por una serie de organismos bacterianos, virales y parasitarios, la mayoría de los cuales pueden transmitirse por el agua contaminada(III), y es más común cuando hay escasez de agua limpia para beber, cocinar y limpiar. El agua contaminada con heces humanas, por ejemplo, de las aguas residuales municipales, los tanques sépticos y las letrinas es de especial preocupación, tal como los excrementos de animales, los cuales también contienen microorganismos que pueden causar diarrea. El agua contribuye a la salud, pues la higiene básica es importante en la prevención de la diarrea: esta enfermedad puede propagarse de persona a persona, agravada por la falta de higiene personal. La comida es otra de las principales causas de la diarrea, cuando se prepara o se almacena en condiciones antihigiénicas; la irrigación puede contaminar los alimentos, y los pescados y mariscos que provienen del agua contaminada también pueden ocasionar este padecimiento. La práctica de lavarse las manos también ayuda a prevenir enfermedades infecciosas tales como la influenza. Por eso las mejoras en el saneamiento pueden reducir la mortalidad infantil en más del 30% y la morbilidad global en casi un 37%, sobre todo en combinación con el abastecimiento adecuado del agua y la práctica de lavarse las manos con jabón(IV). El acceso al agua potable y al saneamiento básico se encuentra entre los Objetivos de

LLEGA AGUA A ZONAS RURALES

De 1990 a 2010, las fuentes de agua registraron una mejoría en zonas urbanas y rurales, pero el avance en estas últimas fue visiblemente mayor Fuente: Estimaciones para el uso de fuentes de agua potable mejorada: México. WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. Marzo, 2012.

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SIN AGUA DE SUPERFICIE

El incremento en el porcentaje de fuentes de agua en zonas rurales probablemente deriva de la eliminación en 1990 del uso de agua de superficie como fuente de uso de este elemento Fuente: Estimaciones para el uso de fuentes de agua potable mejorada: México. WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. Marzo, 2012.

Desarrollo del Milenio: reducir a la mitad el número de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento entre 1990 y 2015 (ODM 7). Esta meta se cumplió cinco años antes de lo previsto, pero en 2010 todavía 783 millones de personas carecían de fuentes mejoradas de agua potable, y 2.5 millones de personas no tenían acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento(V). En 2010, el 96% de la población mexicana tuvo acceso a una fuente de agua mejorada y el 85% al saneamiento mejorado(VI). En comparación con los niveles de acceso al agua potable y saneamiento de hace 20 años, estas cifras representan un incremento del 11% para el primer indicador y del 21% para el segundo. Sin embargo, hay diferencias importantes entre zonas urbanas y rurales para ambos: aunque las poblaciones rurales tienen menor acceso al agua potable que las poblaciones urbanas (91% versus 97% en 2010), las zonas rurales han mejorado sus fuentes de agua mucho más rápidamente durante los 20 años pasados (Ver gráfica “Llevan agua a zonas rurales”). Este mejoramiento relativamente rápido en las fuentes de agua de las zonas rurales tal vez se debe a la disminución drástica del uso del agua de superficie, que se eliminó desde méxico social • MAYO 2012

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visión experta

Las carencias en la salud ambiental causaron el 16% de la morbilidad y mortalidad en el país durante 2009 como consecuencia de la diarrea, la contaminación del aire y los padecimientos causados por vectores. Además, se estima que casi el 10% de la carga mundial de enfermedades se asocia con la falta de acceso a saneamiento adecuado y agua potable, la higiene inadecuada y a la falta de gestión eficaz del agua REFERENCIAS:

I. http://www.worldwaterforum6.org/en/commissions/ thematic/priorities-for-actionand-conditions-for-success/priority-for-action-13/?id=132 II. http://www.who.int/water_ sanitation_health/diseases/es/ III. http://www.who.int/water_ sanitation_health/diseases/diarrhoea/en/ IV. http://www.worldwaterforum6.org/en/commissions/ thematic/priorities-for-actionand-conditions-for-success/priority-for-action-13/?id=132 V. http://www.who.int/water_ sanitation_health/es/index.html VI. Estimates for the use of Improved Drinking-Water Sources: Mexico. WHO / UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. March 2012 VII. Estimates for the use of Improved Sanitation Facilities: Mexico. WHO / UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. March 2012 VIII. Country profile of Environmental Burden of Disease: Mexico. WHO: Geneva, 2009

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PIPAS, LAS MÁS UTILIZADAS

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Tanto la población rural como la urbana utilizan las pipas como principal tipo de fuente de acceso al agua mejorada

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Fuente: Estimaciones para el uso de fuentes de agua potable mejorada: México. WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. Marzo, 2012.

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1990, cuando el 36% de la población rural la tuvo como una fuente de agua (Ver gráfica “Sin agua de superficie”). Casi el mismo porcentaje de la población urbana (del 4 al 5%) obtuvo durante la década pasada su agua de fuentes que no son pipas, mientras que el 17% de la población rural la obtuvo de otro tipo de fuente (Ver gráfica “Pipas, las más utilizadas”). Hay tendencias similares en cuanto al saneamiento mejorado(VII): Solamente el 34% de la población rural tuvo acceso al saneamiento adecuado en 1990, y para 2010 esta cifra casi había alcanzado la de las zonas urbanas (79% versus 87%). Este nivel de

OBJETIVO SUPERADO

Con el nivel de cobertura de saneamiento mejorado en las zonas rurales conseguido para 2010 (79%) México rebasó la meta de los ODM fijada para este rubro (75%) Fuente: Estimaciones para el uso de saneamiento mejorado: México. WHO/ UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. Marzo, 2012.

cobertura supera el ODM que busca un porcentaje global de 75% de la población con acceso al saneamiento mejorado. Aun así, en 2009 las carencias en la salud ambiental causaron el 16% de la morbilidad y mortalidad en el país: por diarrea (como consecuencia de la falta de agua, saneamiento e higiene adecuados), por la contaminación del aire y por las enfermedades causadas por vectores (tales como la malaria)(VIII). Los aspectos básicos que muchos países enfrentan incluyen una infraestructura débil, una base inadecuada de recursos humanos, así como escasos recursos para mejorar la situación.•



Número 22- Mayo