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ELEMENTOS BÁSICOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO PARTE 1

HUANCAYO- PERÚ


I. FUENTES DEL DERECHO

Las fuentes del Derecho, son todo tipo de norma, escrita o no, que determina que tan vinculado se encuentra el comportamiento de los ciudadanos y los poderes de un Estado o comunidad, estableciendo reglas para la organización social y particular y las prescripciones para la resolución de conflictos. En general, cuando se habla de fuentes del derecho, se refiere a todas aquellas reglas que integran el marco normativo, que imponen conductas positivas o negativas (De hacer o no hacer) a los habitantes de un estado. El Conjunto de las fuentes del Derecho es muy heterogéneo. La jerarquía de las fuentes hace que en la llamada pirámide normativa, la cúspide de nuestro Derecho se encuentre ocupada por la constitución, como horma de normas. Bajo ella, rigen las normas

que

cuentan con carácter de ley formal mientras que en la base de dicha pirámide hallamos los reglamentos.

1.1.

CLASIFICACION DE LAS FUENTES DEL DERECHO.

Son muchas las clasificaciones que se ofrecen de las fuentes del Derecho, entre ellas se tiene:

1.1.1.

FUENTES MATERIALES Y REALES.

Son los problemas que surgen de la realidad histórica de cada pueblo y que son regulados por el Derecho, es decir, son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas como aquellos factores políticos, sociales, y económicos que contribuyen a la formación del derecho y


que deben ser tomados en cuenta por los legisladores para crear normas jurídicas. Por ejemplo en Venezuela, la aparición de la riqueza petrolera a principios del siglo XIX fue la "fuente material o real "de las leyes de hidrocarburos que fue dictada en 1910 (ya derogada).

1.1.2.

FUENTES ESCRITAS Y NO ESCRITAS.

Las fuentes del Derecho pueden ser también: escritas y no escritas. Entre las primeras

están

los

escritos

en archivos y bibliotecas.

Las

de

diversa

segundas

índole,

que

corresponden

se a

conservan

las

fuentes

arqueológicas y la costumbre. En general: Las fuentes escritas, también se conocen como fuentes directas, y se dan de esta manera cuando encierran en sí las normas jurídicas aplicables (ley, costumbre). Se refiere a las fuentes jurídicas según que estas contengan la norma en sí mismas. Serán directas las que contienen: la Constitución, la ley, los reglamentos, las ordenanzas, etc. Las fuentes no escritas, también conocidas como racionales o indirectas, se presentan cuando, sin contener en sí mismas las normas jurídicas, ayudan a interpretarlas, aplicarlas, producirlas, coadyuvan a su explicación y sirven para su conocimiento. Tales por ejemplo: jurisprudencia, doctrina, principios generales del Derecho, analogía y equidad.

1.1.3.

FUENTES HISTÓRICAS:

Son documentos históricos que hablan o se refieren al Derecho. En la antigüedad estos documentos eran muy diversos (papiros, pergaminos, tablillas de arcilla en


las que algunos pueblos estampaban sus leyes y contratos). Se refiere a las fuentes jurídicas según su aplicación en el tiempo. Serán vigentes las fuentes positivas actuales que no han sido derogados por otra ley o el reglamento que no ha sido substituido por otro. Serán históricas las fuentes que han perdido su vigencia y se sitúan en la historia del Derecho

Positivo.

Es

el

caso

de

la

recordada

Ley

de Hidrocarburosde 1945. También del Hábeas Iuris Civile, compilación Justinianea de la cual arrancan importantes instituciones jurídicas que han tomado desarrollo a través de los siglos.

1.1.4.

FUENTES FORMALES:

Se definen por ser "aquellos hechos o actos a los cuales se les atribuye una específica aptitud para crear normas jurídicas. Se considera que la fuentes formales son las mismas directas. Pero, se les da esta denominación pretendiendo aludir a dos aspectos: A la fuerza o poder creador, por ejemplo: El Poder Legislativo. A la forma misma de la creación de ese poder, en el ejemplo: La ley. Para algunos tratadistas solamente la ley es fuente formal del Derecho (Aguilar Gorrondona. Derecho Civil, Personas. 4ta.Edición, Universidad Católica Andrés Bello).

Para otros, las fuentes formales son únicamente: La ley y la costumbre. Este sector doctrinal ha logrado imponer dicha opinión, no obstante, que de acuerdo con la definición, serian también formales: La doctrina y la jurisprudencia. La primera, que es la obra de los estudiosos y la segunda, que es el producto del trabajo en los tribunales.


II.

JURISPRUDENCIA

Jurisprudencia es el conjunto de sentencias o resoluciones judiciales emitidas por órganos judiciales y que pueden repercutir en sentencias posteriores. En algunos países, la jurisprudencia puede ser una fuente del Derecho, directa o indirecta. Este termina también se refiere a la doctrina jurídica que estudia las sentencias judiciales. Hace referencia también a un criterio o forma de ejecutar una sentencia basado en otras sentencias anteriores. Esta palabra procede del término latino iuris prudentĭa. Se forma con el término ius, iuris('Derecho') y prudentĭa, derivada de la palabra prudens, prudentis ('sabiduría', 'conocimiento'). Jurisprudencia en el Derecho Romano En el Derecho Romano, la jurisprudencia se entendía como la ciencia del saber del Derecho o simplemente, sabiduría del Derecho. La concepción de la jurisprudencia en la época de la Antigua Roma evolucionó, otorgándosele en un principio un carácter divino para después evolucionar a una concepción secular. Aunque la jurisprudencia romana no se aplica como tal en la actualidad, su importancia sigue vigente debido a su influencia en muchos modelos jurídicos y como fuente histórica de estudio.

2.1. CLASES DE JURISPRUDENCIA

2.1.1.

JURISPRUDENCIA TÉCNICA


La jurisprudencia técnica es la sistematización de las reglas que constituyen un ordenamiento jurídico. Su finalidad es exponer de forma ordenada, precisa y coherente los preceptos jurídicos vigentes en un sistema de Derecho.

2.1.2.

JURISPRUDENCIA VINCULANTE

El concepto de jurisprudencia vinculante significa que las sentencias o resoluciones judiciales sientan un precedente. Algunos de los motivos por los que forma son por la reiteración de criterios o para su unificación. Se da especialmente en casos en las resoluciones efectuadas por órganos jurídicos que afectan a otros órganos dependientes o de menor orden jerárquico.

2.1.3. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

El concepto de jurisprudencia constitucional hace referencia, de una forma genérica, a las sentencias emitidas por un Tribunal Constitucional. Aunque su valor puede variar en función de cada país, debido a la naturaleza propia del órgano judicial que las emite, pueden sentar precedente y constituir una fuente del Derecho.

2.1.4. JURISPRUDENCIA LABORAL

La jurisprudencia laboral es la jurisprudencia referida a las sentencias judiciales propias del Derecho Laboral o del sistema jurídico del Trabajo. La temática se centra en estudios jurídicos que tratan, por ejemplo, aspectos


referidos a los derechos de los trabajadores como el despido improcedente o las indemnizaciones.

III.

DIVISIONES Y/O ESTRUCTURA DEL GOBIERNO CENTRAL El

Estado

peruano

tiene

un

gobierno

unitario

y

representativo

y

descentralizado, en el que existen tres poderes, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Presidente Constitucional es quien encabeza el Poder Ejecutivo y gobierna desde el 28 de Julio. El poder Ejecutivo también consta de dos vicepresidentes y un consejo de Ministros.

3.1

EL PODER LEGISLATIVO (Art. 90° al 109°)

El encargado de dictar, modificar y derogar las leyes. Tiene atribuciones de fiscalización con respecto a las instituciones públicas y a los funcionarios que las ejercen a través de comisiones investigadoras. Su expresión es el Congreso de la República, que en el Perú está integrado por cámara única de 130 representantes, elegidos por 5 años mediante voto electoral directo. CONGRESO DE LA REPUBLICA Pleno Consejo Directivo Mesa Directiva Presidencia Comisiones Oficialia Mayor


3.2

EL PODER EJECUTIVO.

Es el órgano administrador del Estado. Su atribución es cumplir y hacer cumplir las leyes. PODER EJECUTIVO GOBIERNO NACIONAL/PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CONSEJO DE MINISTROS PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS El Presidente de la República; es el Jefe de Estado, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, personifica a la Nación. (Artículo 110° C.P.P). El Consejo de Ministros, está conformado por los ministros, nombrados por el presidente de la República , quien lo preside. Presidencia del Consejo de Ministros; es el órgano responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo. Los ministerios son organismos encargados de diseñar, establecer, y ejecutar y supervisar políticas nacionales para su sector, actualmente en el Perú son 18 Ministerios.

3.3 EL PODER JUDICIAL

Es el encargado de administrar justicia en una sociedad, mediante la aplicación de normas jurídicas en la resolución de conflictos. Ejerce su función a través de órganos judiciales: Juzgados y tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional, y que gozar de imparcialidad y autonomía.


IV.

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

4.1. Gobiernos Regionales del Perú

En el Perú, los Gobiernos Regionales son las instituciones autónomas encargadas de la gestión pública de las regiones y departamento s del país. Son consideradas personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.


Este nivel de gobierno fue introducida en la legislación peruana con la puesta en vigencia de la Constitución del 79, pero inició su activación en la forma que en la actualidad lleva a partir de los años 2002. La Provincia Constitucional del Callao y la Provincia de Lima, territorio último el cual cuenta con autonomía regional por ser la sede de la capital, Lima, por cuanto la Municipalidad tiene tanto funciones de Gobierno Regional como de Municipalidad Provincial.

4.2.

ESTRUCTURA

Los gobiernos regionales del Perú se componen de dos órganos: un Consejo Regional y un Presidente Regional.

De

acuerdo

a

la

Ley

Orgánica

de

Gobiernos

Regionales,

las

responsabilidades de los gobiernos regionales incluyen

El desarrollo de la planificación regional, ejecución de proyectos de inversión pública, promoción de las actividades económicas y administración de la propiedad pública

Los gobiernos regionales están compuestos de un presidente y un consejo, los cuales sirven por un periodo de cuatro años; adicionalmente, existe un consejo

de

coordinación

integrado

por

los

alcaldes

provinciales

representantes de la sociedad civil.

El Presidente Regional es el jefe de gobierno; sus funciones incluyen

y


Proponer y ejecutar el presupuesto, designar a los oficiales de gobierno, promulgar decretos y resoluciones, ejecutar planes y programas regionales y administrar las propiedades y rentas regionales.

El Consejo Regional debate y vota sobre el presupuesto sugerido por el presidente regional, también supervisa a todos los oficiales de gobierno y puede deponer de su cargo al presidente, su vicepresidente y a cualquier miembro del consejo.

4.3.

FUNCIONES

Sus funciones son:

Función normativa y reguladora: Elaboran y aprueba normas de alcance regional y regulando los servicios de su competencia.

Función de planeamiento: Diseña políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa.

Función administrativa y ejecutora: Organiza, dirige y ejecuta los recursos

financieros,

bienes,

activos

y

capacidades

humanas,

necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.

Función de promoción de inversiones: Incentivan y apoya las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el


desarrollo de los recursos regionales y creando los instrumentos necesarios para tal fin.

Función de supervisión, evaluación y control: Fiscaliza la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.

4.4.

FINANCIAMIENTO

Son bienes y tributos de los gobiernos regionales:

Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.

Las asignaciones y transferencias específicas para su

funcionamiento, que se establezcan en la Ley Anual de Presupuesto.

Los tributos creados por Ley a su favor.

Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional.

Los recursos asignados por concepto de canon.

El producto de sus operaciones financieras y las de crédito interno

concertadas con cargo a su patrimonio propio. Las operaciones de crédito externo requieren el aval o garantía del Estado, y se sujetan a la ley de endeudamiento público.


4.5.

Sus ingresos propios y otros que determine la ley.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

La elección de los miembros del Consejo Regional-inclusive el presidente y el vicepresidente- se realiza por sufragio directo por un período de 4 años. Sus mandatos son irrenunciables, pero revocables.

V.

MUNICIPALIDADES DEL PERÚ

En la política del Perú, las Municipalidades son las instituciones públicas encargadas de la prestación gestión de las provincias y sus distritos y centros poblados del país, así como de la prestación de servicios de ámbito local en sus respectivas jurisdicciones. Se constituyen como personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. De acuerdo con el ordenamiento jurídico peruano, corresponden al gobierno a nivel local. Según la Ley Orgánica de Municipalidades, éstas se clasifican en Municipalidades provinciales y Municipalidades distritales. Las provinciales tienen además funciones de distritales dentro del cercado, es decir, del distrito capital, el cual carece de municipalidad distrital. Estructura El Consejo, compuesto por el alcalde y los regidores, es el ente normativo y fiscalizador. La Alcaldía, en cambio, es el organismo ejecutor. Los órganos de coordinación:


El consejo de coordinación local (provincial o distrital)

Las Juntas de Delegados Vecinales

Estructura orgánica administrativa está compuesta por: la gerencia municipal, el órgano de auditoría interna, la procuradoría pública municipal, la oficina de asesoría jurídica y la oficina de planeamiento y presupuesto. Elección de autoridades La elección de los alcaldes y regidores se realiza por sufragio universal para un periodo de cuatro años, desde el año 1998, anteriormente desde el año 1980 se elegía por un período de tres años. El número de regidores es definido por el Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo a la Ley de Elecciones Municipalidades.


VI.

ESTRUCTURA JERARQUICA DEL SISTEMA JURIDICO NORMATIVO DEL PERU

6.1.

ORDENAMIENTO JURÍDICO

Según Hans Kelsen, es el "Sistema de normas ordenadas jerárquicamente entre sí, de modo que traducidas a una imagen visual se asemejaría a una pirámide formada por varios pisos superpuestos. Esta jerarquía, demuestra que la norma "inferior" encuentra en la "superior" la razón o fuente de su validez. La Constitución Política del Perú, establece una rígida sistematización jerárquica del ordenamiento jurídico peruano y a continuación se conceptualizan cada una de ellas de acuerdo a su relevancia: 6.2.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.

Es la norma primaria del ordenamiento legal, constituye el marco dentro del cual deben ubicarse las normas jurídicas. Contiene entre otros, los principios básicos que permiten asegurar los derechos y deberes de las personas, así como la organización, funcionamiento y responsabilidaddel Estado. Prima sobre cualquier otra norma jurídica y es expedida por el congreso constituyente.

6.3.

LEY ORGÁNICA.

Es la que delinea la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la constitución, así como las materias que esta expresamente contempla que se regulen por tales leyes. Para ser aprobadas se requiere el voto de más de la mitad del Congreso.


6.4.

LEY ORDINARIA.

Es la norma escrita de carácter general que emana del congreso, de acuerdo al procedimiento que fija la constitución. Son de las más variadas ramas: civiles, tributarias, penales, etc.

6.5.

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA.

Se expiden con una finalidad específica del Congreso, y por sus características especiales tienen fuerza de ley. El jurista Chirinos Soto, las ha definido como la "ley del caso particular".

6.6.

DECRETO LEGISLATIVO.

Es una norma "sui generis" que se deriva de la autorización expresa y facultad delegada del Congreso al PoderEjecutivo en base a una ley específica, que en doctrina se llama "legislación delegada". Su emisión debe sujetarse a la materiaen cuestión y dictarse dentro del término que señala la ley autoritativa. El Presidente de la República, debe dar cuenta al congreso o comisión permanente, de los Decretos Legislativos que dicta.

6.7.

DECRETO DE URGENCIA.

Es expedido por el poder Ejecutivo como medida extraordinaria y válida para regular situaciones de carácter económico - financiero, cuando así lo requiera el interés nacional.

6.8.

DECRETO SUPREMO.

Es un precepto de carácter general expedido por el poder Ejecutivo. Con este dispositivo se reglamentan las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas.


Llevan la firma completa del presidente de la República y son refrendadas por uno o más ministros según la naturaleza del caso.

6.9.

RESOLUCIÓN SUPREMA.

Es una norma de carácter específico, rubricada por el Presidente y refrendada por el Ministro del Sector respectivo que conlleva decisiones de importancia gubernamental a nivel nacional.

6.10.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL.

Son dispositivos que permiten formular, ejecutar y supervisar la política general del Estado, dentro del ámbito de su competencia. Son expedidos por los Ministros del ramo respectivo.

6.11.

RESOLUCIÓN VICE MINISTERIAL.

Regulan aspectos específicos de un sector determinado, y son dictadas por la autoridad inmediata a un ministro de estado.

6.12.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL.

Son actos que se expresan situaciones adoptadas por el funcionamiento del nivel respectivo. Es expedida por los Directores administrativos en función a las atribuciones que señala las respectivas leyes orgánicas del sector y reglamentos de organización y funciones.


VII.

LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES

ARTÍCULO 200º Son garantías constitucionales:

7.1.

LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS.

Que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.


7.2.

LA ACCIÓN DE AMPARO.

Que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. (*) No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.

7.3.

LA ACCIÓN DE HÁBEAS DATA. Que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el Artículo 2º, incisos 5 y 6 de la Constitución.

7.4.

LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.

7.5.

LA ACCIÓN POPULAR, Que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.

7.6.

LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO.


Que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas. El ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el Artículo 137º de la Constitución. Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio

(*) Incisos modificados por el Artículo único de la Ley Nº 26470, publicada el 12/06/1995.

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